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murió michael stern hart


Pionero del e-book. Empezó el Proyecto Gutenberg para hacer disponibles libros a través del ordenador mucho antes de la propagación de internet.
[Elaine Woo] Murió Michael Stern Hart, el corpulento rebelde cuya visión de una sociedad instruida lo condujo a introducir el libro electrónico décadas antes de la difusión de la Internet. Tenía 64 años.
Fundador de la biblioteca online Proyecto Gutenberg, Hart había estado mal de salud y fue encontrado muerto en su casa en Urbana, Illinois, dijo el director ejecutivo de Proyecto Gutenberg, Gregory B. Newby. Una autopsia determinará la causa de su muerte.
Hart cursaba el primer año en la Universidad de Illinois en 1971 cuando le dieron acceso gratuito al enorme ordenador central del campus. No tuvo claro cómo usar el valioso tiempo en el ordenador sino cuando le llegó la inspiración bajo la forma de una reproducción de la Declaración de Independencia que le habían metido en su bolsa de las compras como parte de una promoción del Cuatro de Julio.
Tecleó el histórico texto en el sistema del ordenador, que enlazaba a cien usuarios en importantes instituciones como Harvard, UCLA y el ministerio de Defensa. Fue descargado por seis miembros de esta red pre-Internet, lo que fue suficiente para estimular a Hart a que continuara.
Transmitió la Declaración de Derechos, la Constitución, la Biblia y las obras de Shakespeare. Cuarenta años después, el Proyecto Gutenberg, bautizado así en homenaje al inventor de la imprenta, es una de las colecciones de literatura online más antiguas, ofreciendo más de 33 mil libros gratuitos en sesenta idiomas. La inmensa mayoría son de dominio público, y todos son digitalizados por voluntarios repartidos en todo el planeta.
Hart era "un ferviente tecnólogo y futurista", dijo Newby, un informático de la Universidad de Alaska. Mucho antes de la invención del ordenador personal y los lectores electrónicos, "predijo que la información contenida en libros y otros medios nos rodearían y estarían asequibles gratuitamente."
Otros lo compararon con pioneros de la edición, como Barney Rosset, paladín de la libertad intelectual a través de Grove Press, que publicaba a autores controvertidos, como D.H. Lawrence y Henry Miller. "Barney Rosset, el legendario fundador de Grove Press, era para el libro impreso lo que Michael Hart para el libro digital: animado por una incansable visión, idiosincrásico pero inmensamente capaz", dijo el editor independiente Richard E. Nash, por email el jueves.
Hart, el "hippie cyber" como se describía a sí mismo, nació en Tacoma, Washington, el 8 de marzo de 1947. Su padre era un académico de Shakespeare; su madre, matemática. Antes de estudiar en la universidad, fue músico callejero en San Francisco y sirvió un periodo en el ejército. Estudió brevemente en el Dartmouth College antes de matricularse en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1971. Un escandaloso estudiante que disfrutaba de retar a sus profesores, se graduó en dos años con las notas más altas.
Para sobrevivir y financiar el Proyecto Gutenberg, trabajó en una variedad de empleos, incluyendo la instalación y reparación de estéreos hi-fi. Su entusiasmo por el futuro de la edición electrónica le granjeó un nombramiento ad honorem en el Illinois Benedictine College, lo que le otorga prestancia para solicitar donaciones para su proyecto literario.
De acuerdo a Newby, que describió a Hart en un tributo online como "extremadamente frugal."
"Se recetaba medicinas caseras antes que visitar un doctor. Reparaba él mismo su casa y su coche. Construyó muchos ordenadores, estéreos y otros equipos, a menudo de componentes desechados", escribió Newby.
También fue un habilidoso buitre de ventas de garaje, cuya casa, de acuerdo a un amigo, era "un cruce entre museo y vertedero."
Casado brevemente, le sobreviven su madre, Alice, y su hermano Bennett.

El Proyecto Gutenberg creció lentamente durante sus primeros dieciocho años. Para agosto de 1989 había completado su décimo e-libro, la traducción de King James, de la Biblia. Algunos años después, subió ‘Alicia en el país de las maravillas’, de Lewis Carrol, que produjo una epifanía. Estaba hablando por teléfono con un amigo cuando su hijo de once invitó a unos amigos a leer ‘Alice’ en el ordenador. Cuando trataron todos de sentarse en una silla frente al televisor, esta se rompió en pedazos y ellos cayeron todos al suelo -pero querían seguir leyendo.
Cuando Hary se enteró del incidente, "se hizo la luz en mi cabeza." Empezó a concentrarse en convertir textos literarios en e-libros, convencido de que el futuro de la literatura era electrónica. Desde ese día, "toda vez que alguien me debía un favor", recordó en un artículo en Forth Star-Telegram en 1996, "le pedía que me tipeara un ‘Hamlet.’"
La colección online creció exponencialmente en las siguientes dos décadas, satisfaciendo un creciente rango de preferencias de lectura. El e-libro más leído es ‘The Kama Sutra of Vatsyayana’, con más de veinticinco mil descargas. El Proyecto Gutenberg también edita sus colecciones en CDs y DVDs.
En 1998, la revista Wired incluyó a Hart en su ‘Wire 25’, una lista de personas de todo el mundo que estaban "activamente, incluso hiperactivamente, inventando el mañana."
Hart tenía críticos. Era a menudo menospreciado por académicos que se quejaban de sus errores tipográficos y otros en los libros del Proyecto Gutenberg. No era estimado en el mundo editorial tradicional, que a menudo lo atacaba por sacar provecho de las obras de escritores muertos. Rechazaba las leyes de derechos de autor de Estados Unidos, que mantenían las obras populares fuera del dominio público durante décadas después de la muerte de un autor.
Hart desechaba los ataques de sus críticos.
"No estoy haciendo esto para contentar a la comunidad académica", dijo al Chicago Tribune en 1999. Su objetivo era servir a las masas. "Soy un revolucionario de esta revolución neo-industrial. Es por eso que tienen problemas conmigo. ¿Cómo puede alguien molestarse porque la información sea libre?"
22 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

ejecutan a asesino racista


Supremacista blanco fue ejecutado en Texas.
Huntsville, Tejas, Estados Unidos. El militante de una organización de supremacistas blancos, Lawrence Russell Brewer, fue ejecutado el miércoles en la noche por el infame asesinato de un hombre negro de Tejas Este, James Byrd Jr., arrastrándolo por el suelo.
Byrd, 49, fue encadenado a la parte de atrás de una camioneta y arrastrado violentamente por un camino de asfalto lleno de baches en uno de los crímenes de odio más espantosos ocurridos en la historia reciente de Tejas.
Le preguntaron a Brewer, 44, si quería decir sus últimas palabras, y respondió: "No. No tengo nada que decir."
Miró a sus padres que lo observaban desde una ventana cercana, suspiró varias veces profundamente y cerró sus ojos. Una solitaria lágrima colgaba al borde de ojo derecho cuando fue declarado muerto a las 6:21 p.m., diez minutos después de que fármacos letales fueran inyectados en sus brazos, ambos cubiertos por intrincados tatuajes negros.
En un cuarto adyacente, las hermanas de Byrd se encontraban entre los testigos.
"La ejecución hoy de Brewer debe hacernos recordar a todos que el odio y el prejuicio racial tienen terribles consecuencias para las víctimas, las familias de las víctimas, para el perpetrador y para la familia del perpetrador", dijo Clara Taylor, una de las hermanas de Byrd.
Dijo sobre el castigo que era "un paso en la dirección correcta."
"Estamos progresando", dijo Taylor. "Yo sé que era culpable, así que no tengo reparos sobre la pena de muerte."
Brewer agotó las apelaciones a las cortes y no hubo intentos de última hora para salvar su vida.
Además de Brewer, también fue condenado -por homicidio- a la pena capital, John William King, ahora de 36 años, y enviado al corredor de la muerte por el asesinato de Byrd, que por su brutalidad causó conmoción en el país. La condena de King y la sentencia de muerte fueron recurridas. Un tercer acusado, Shawn Berry, 36, fue condenado a reclusión perpetua.
"Todavía falta uno", dijo Billy Rowles, el sheriff jubilado del condado de Jasper que fue el primero en investigar la horrible escena. "Es cruel, pero es la realidad."
Eran cerca de las 2:30 a.m. del domingo 7 de junio de 1998 cuando testigos vieron pasar caminando a Byrd, no muy lejos de su casa en Jasper, un pueblo de no más de siete mil habitantes a unos doscientos kilómetros al nordeste de Houston. Muchos sabían que vivía de una pensión de discapacidad, no tenía coche y caminaba donde tuviera que ir. Otro testigo lo vio luego en la parte trasera de una camioneta oscura.
Seis horas más tarde y a dieciséis kilómetros de distancia en el Huff Creek Road, se creyó al principio que los restos ensangrentados que fueron encontrados después del amanecer eran los de un animal atropellado. Rowles, ex policía montado de Tejas que había asumido como sheriff el año anterior, creían que la víctima había sido arrollada [por un conductor que se había dado a la fuga], pero las evidencias no correspondían con las de alguien atrapado debajo de un vehículo. Había partes de cuerpo desparramadas en el lugar y el rastro de sangre empezaba con huellas de lo que parecía haber sido el lugar de una refriega.
"No bien me adentré en ese camino, supe que el asunto olía mal", dijo en el juicio de Brewer.
Huellas digitales tomadas del torso sin cabeza identificaron a la víctima como Byrd.
Según declaraciones de testigos, los tres hombres y Byrd se adentraron en el condado unos dieciséis kilómetros y pararon junto a un camino maderero aislado. Estalló una pelea y Byrd, superado por los tres hombres, fue amarrado al parachoques de la camioneta con una gruesa cadena. Cinco kilómetros más allá, lo que quedaba de su cuerpo despedazado fue arrojado entre una iglesia negra y un cementerio donde termina el pavimento en un remoto camino.
Brewer, King y Berry fueron detenidos a final del día siguiente.
El crimen puso a Jasper en el centro de la atención en todo el país y atrajo a grupos como el Ku Klux Klan y los Panteras Negras, entre otros, que quieren explotar la notoriedad del caso, que continúa -muchos dicen, injustamente- estigmatizando a Jasper más de diez años después.
El primero en ser juzgado fue King, en Jasper. El juicio de Brewer fue trasladado a Bryan, a 241 kilómetros. Berry fue juzgado en Jasper. Las muestras de ADN mostraron sangre de Byrd en sus tres asesinos.
Brewer era de Sulphur Springs, a unos 290 kilómetros al noroeste, y había sido condenado por posesión de cocaína. Conoció a King, un ladrón convicto de Jasper, en una cárcel de Tejas donde se incorporaron a una facción disidente del KKK conocida como los Caballeros Confederados de Estados Unidos, y se adornaron con tatuajes. Las evidencias muestran que Brewer había violado su régimen de libertad vigilada y estuvo implicado en varios robos en el área de Jasper.
King trabó amistad con Berry y se mudó a casa de Berry. La evidencia muestra que Brewer viajó a Jasper para quedarse con ellos.
23 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

libertad de expresión en la acera


Libertad de expresión en la calle: jornaleros (inmigrantes) ganan batalla en una corte federal. (NYT)
Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en un fallo que debería provocar que algunas ciudades y pueblos en el país despierten y vuelvan a leer la Constitución, ha mantenido los derechos de los jornaleros a reunirse y hablar libremente en público cuando buscan trabajo.
La corte, en una votación de nueve a dos, desechó la ordenanza contra la solicitación en Redondo Beach, California, describiéndola como una "restricción manifiestamente inconstitucional de la libertad de expresión." Rechazó el argumento de funcionarios locales de que la ley era un intento definido estrechamente para mejorar la seguridad pública, impidiendo que personas y coches interrumpan el tráfico.
Los jueces resolvieron que una cosa es invocar restricciones razonables sobre cuándo, dónde y cómo la gente pide trabajo en público. Pero aunque Redondo Beach había dicho que el problema se confinaba principalmente a algunas calles principales y medianas, los jueces observaron que la ordenanza se aplicaba en toda la ciudad, convirtiendo en ilegal "estar parado en una calle o carretera y solicitar o intentar solicitar empleo, negocios o ayudas de los ocupantes de vehículos motorizados." También prohibía a los conductores "detenerse o aparcar un coche" cuando se trata de contratar a alguien. No hacía ninguna distinción entre coches estacionados legalmente y coches en el tráfico.
"La ordenanza restringe la libertad de expresión mucho más de lo necesario", escribieron los jueces, observando que se podía aplicar igualmente a niños con puestos de limonada o vendedores ambulantes de comida en la acera.
Redondo Beach, suburbio de Los Angeles, aprobó la ordenanza en 1989. Desde entonces, decenas de ordenanzas similares se han adoptado en todo el país. Aunque los funcionarios formulan sus inquietudes en términos de seguridad, la hostilidad hacia los inmigrantes es normalmente clara. Una detestable opinión disidente a la resolución del Noveno Circuito, del juez Alex Kozinski, resumió un pernicioso estereotipo. Llamó a los jornaleros "un montón de hombres desaliñados, fumando y escupiendo mientras esperan trabajos" y escribió que no veía razón alguna por la que Redondo Beach no debiera ser autorizada para expulsarlos a nombre de "la seguridad, la hermosura, la tranquilidad y el orden."
Ninguna razón, excepto la Constitución, por supuesto. Los jornaleros han estado largo tiempo expuestos a hostigamientos, pero ahora pueden agregar una nueva victoria en la Corte de Apelaciones a una larga lista de decisiones de tribunales federales a su favor. El derecho a la libertad de expresión y reunión es esencial en una democracia, no importa quién quiera hablar o reunirse.
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

murieron quemados en una celda


Los cuatro chicos murieron quemados en una celda en Catamarca. Renunciaron el subsecretario de Seguridad y el jefe y subjefe de la policía catamarqueña. Dos fiscales pidieron investigar a las dos juezas de Menores que mantenían detenidos a los chicos. Dos de ellos tenían 15 años. La historia de la Alcaidía.
[Horacio Cecchi] Argentina. La cabeza política de la seguridad en Catamarca quedó acéfala, si es que esto fuera posible, y si es que no venía ocurriendo desde antes. El radical Eduardo Brizuela del Moral, gobernador catamarqueño, aceptó las renuncias del subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; del jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria; y del subjefe, Dionisio Amando Ahumada. Fueron consecuencia inevitable de las muertes evitables de cuatro chicos, calcinados en una celda de una Alcaidía que no estaba en condiciones de albergar a nadie, mucho menos a menores de 18 años. La reacción del Ejecutivo fue lerda. Brizuela aceptó las renuncias 11 días después del incendio, y cuatro años después de que el edificio fuera abierto para alojar a adolescentes sin medidas tan básicas como instalaciones contra incendios. La Alcaidía fue abierta como lugar de alojamiento de adolescentes en 2007. Si durante el propio gobierno de Brizuela siguió siendo un centro de detención contrario a la ley, la Convención de los Derechos del Niño, es dable pensar que no modificará nada en sus últimos tres meses de gestión.
El incendio tuvo lugar en la Alcaidía, sobre la avenida Colón, a menos de diez cuadras de la plaza central de Catamarca. Alcaidía porque se encontraba pegada a la vieja cárcel que fue trasladada al departamento de Capayán. La Alcaidía era utilizada como lugar de detención de procesados. En 1993, ya prenunciaba su inutilidad cuando fue escenario de otro incendio en el que murieron 13 detenidos sin condena. Sin modificaciones a la vista, desde 2007 pasó a ser un anexo de la Comisaría del Menor, donde eran alojados los menores de 18, legalmente sólo por unas horas, pero ilegalmente, como ocurrió con los cuatro jóvenes que murieron tras el incendio, detenidos entre una semana y 20 días, por orden judicial.
La gravedad del caso aumenta en relación inversa a la edad de los chicos fallecidos: el mayor tenía 17; otro, 16, y dos, a los 15 años, es decir, ni siquiera eran punibles, pero estaban alojados entre rejas. Los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago secuestraron los libros de la comisaría y presentaron una serie de pedidos al juez de garantías José Antonio Carma, para que se investigue a las juezas de menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, quienes dispusieron la detención de las víctimas en la presunta Alcaidía. Lo que sigue es que Carma decida si corresponde solicitar un jury que quite los fueros a las juezas, para poder avanzar la investigación penal sobre la actuación judicial. Por otro lado, los fiscales sí están en condiciones de continuar investigando las responsabilidades directas y superiores. Posiblemente hoy puedan contar con el resultado de los peritajes de Gendarmería.
Tal como surge de los datos a la fecha, los chicos, que no debían estar alojados en sede penal (habían sido detenidos por hurtos) tenían problemas de adicción y no había personal capacitado para contenerlos. Por un motivo que por el momento se desconoce, iniciaron un reclamo que derivó en una protesta suicida. Según esos datos, a confirmar, trabaron el acceso a la celda, se cubrieron con colchones y prendieron fuego. Una versión dice que uno de los chicos amenazaba con incendiarse y un policía le dijo "animate" y le arrojó un encendedor. Otra versión sostiene que no se los revisó correctamente y ya contaban con el encendedor. Lo cierto es que penalmente no será posible responsabilizar a un aparatito que enciende fuego, ni a los chicos que lo encendieron, no por muertos sino por adolescentes. Más probable pareciera que el interrogante debiera fijarse en el lugar de alojamiento y, más arriba aún, en la política penal aplicada sobre menores de 18.
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©página 12

vera candioti directo al banquillo


La Cámara Federal de Rosario -por unanimidad- ratificó el fallo de Rodríguez que procesó al ex juez de menores por supresión de identidad de María Carolina Guallane.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La Cámara Federal de Rosario -en un fallo unánime- confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura, Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún desaparecido y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula, como se llama Carolina, que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón -que no apeló el procesamiento- seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.
La resolución de la Cámara salió en un pleno de cinco vocales: Fernando Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo, José Toledo y Elida Vidal. El primer voto fue de Barbará, quien rechazó los planteos de la defensa y repasó la legislación vigente cuando Vera Candioti era juez de Menores. En Santa Fe, existía la ley 3.460, que asignaba a los jueces de menores la responsabilidad en la materia "con exclusión de toda otra autoridad" (artículo 10) y preveía que "todo menor de que hayan dispuesto los jueces, conforme a los preceptos de esta ley, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria" (artículo 95).
Tras repasar el caso, Barbará coincidió con el juez Rodríguez, que la niña fue entregada por Vera Candioti -a un matrimonio que la adoptó de buena fe- sin cumplir su obligaciones. "Vera Candioti ocupaba el cargo de juez de menores y debió haber controlado la situación que tuvo por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la ’legalidad’ formal, como su posición de magistrado lo exigía", explicó Barbará en el fallo de la Cámara.
El segundo voto es del doctor Bello, quien apoyó los fundamentos de Barbará, pero agregó una cronología de los hechos que resulta "de interés para el caso", dijo. Entre ellos, mencionó la nota del COT firmada por Pavón, el 4 de febrero de 1977, en la que puso a disposición de Vera Candioti "una niña no identificada de treces meses, cuyos presuntos padres fueron abatidos en un operativo antisubversivo que se llevo a cabo en la finca de Castelli 4.700". El documento ingresó al Juzgado de Menores, el 8 de febrero de 1977, según el cargo de mesa de entradas. Ya se dijo que los Cortassa y su hija fueron secuestrados el 13 de febrero, siete días antes de que Pavón tecleara la nota y tres días antes de que ingresara al Juzgado de Vera Candioti.
"De lo expuesto se derivaría una sucesión de acciones y/o omisiones por parte del juez de Menores que tornaron incierta la filiación de la menor, situación que luego llevaría a la misma a ser depositada en guarda y adopción en la ciudad de Venado Tuerto, bien distante de su lugar de origen, en la ciudad de Santa Fe", precisó Bello. Los demás camaristas Carrillo, Toledo y Vidal coincidieron con sus colegas.
En el auto de procesamiento -que ahora quedó firme- el juez Rodríguez dijo que Vera Candioti ocultó "deliberadamente" que Carolina era sobreviviente del "procedimiento de calle Castelli". Posiblemente, para "para ocultar la detención de Enrique Cortassa", "evitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor", "ocultar las responsabilidades del Juzgado en relación a la custodia y supervisión del estado sicofísico de la nena y "encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército".
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©rosario 12

reclamo contra un caso de gatillo fácil


Pidieron por Bruno Pappa, baleado por un policía de la Metropolitana. El joven fue baleado por el policía Enzo Alvarez, cuando después de asaltarlo con una pistola de plástico fue reducido y rematado. La Secretaría de Ddhh pidió que se analice el caso como de gatillo fácil y ser admitida como querellante.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Encolumnados por el reclamo de justicia para Bruno Pappa, quien murió hace 12 días luego de recibir un disparo de Enzo Alvarez –policía de la Metropolitana fuera de servicio–, ayer marcharon por el barrio de Chacarita familiares, vecinos, organizaciones sociales y políticas. El hecho fue calificado como "homicidio" en el acta labrada en la comisaría 29 de la Policía Federal y Alvarez continúa detenido. Pappa, un joven que vivía a pocas cuadras, en la villa Fraga, intentó asaltarlo con un arma de juguete y, según dos testigos presenciales, fue ultimado de un balazo en la cara por el oficial, cuando ya se encontraba reducido. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pedirá una copia del expediente para evaluar si se trató de un caso de gatillo fácil e intervenir como querellante.
La marcha concentró en la esquina de Corrientes y Dorrego, a pocas cuadras de donde Pappa recibió el tiro del arma reglamentaria de Alvarez, en Lemos al 200, el 8 de septiembre. La consigna de los organizadores fue repudiar la política de seguridad del gobierno porteño. "Lejos de brindar mayor seguridad a los ciudadanos que habitamos la comuna, generan mayor violencia y discriminación", consignaron en un comunicado. "Para nosotros la seguridad es tener trabajo, vivienda, educación... cosas que le deben haber costado bastante a Bruno", agregaron.
"Lo que está en debate es el concepto de seguridad", le dijo a este diario Mirta "Mini" Pérez, de la asamblea barrial de Corrientes y Juan B. Justo. La construcción de la comisaría de la Metropolitana atacada a piedrazos el mismo día de la muerte de Pappa, comentó, es un buen ejemplo del debate. "Los vecinos habían votado en el presupuesto participativo que ahí, que era un predio de los talleres Guzmán, se hiciera un polideportivo –aseguró Pérez– y ahora ellos se pusieron a construir; van a construir la comisaría y eso que presentamos amparos para detenerlos."
La protesta fue promovida por una multisectorial que abarca la comuna 15, integrada por organizaciones políticas como el Partido Solidario en Nuevo Encuentro, Unidad Socialista para la Victoria, Partido Comunista, Corriente 17 de Agosto y Buenos Aires para Todos. Además, contó con las adhesiones de los legisladores porteños María Elena Naddeo, Francisco ‘Tito’ Nenna y Laura García Tuñón. También se solidarizaron organizaciones barriales y otras defensoras de los derechos humanos.
Pappa tenía 25 años y vivía junto a su concubina, embarazada de cinco meses, en la villa Fraga, cerca del cruce de esa calle y Conesa, bordeando las vías del ferrocarril Urquiza. Según detalló Magdalena Pace, de Jóvenes por la Igualdad, el lugar existe desde el 2001 y actualmente allí viven alrededor de dos mil personas. "Estamos luchando para que el lugar no siga siendo tomado como un asentamiento y sí como una villa. Con eso lograríamos que se apliquen algunos planes sociales."
A partir de una serie de amparos, en 2009 los vecinos consiguieron traer el tendido eléctrico, un tramo de las cloacas y camiones con agua. "A través de la diputada (nacional) Fernanda Reyes planteamos en el Congreso que los terrenos, que son de la Nación, pasen a la Ciudad para que en la Legislatura porteña se debata la urbanización. Además, ya están en marcha las elecciones para legitimar delegados y delegadas de esta villa, que ya entró en un proceso de reacomodamiento interno para que se puedan abrir calles, por ejemplo", comentó Pace.
Gracias a sus ahorros y a la colaboración de vecinos y organizaciones sociales, Claudia Beatriz Resina pudo pagar una tumba en el cementerio de Chacarita para Pappa, a quien crió desde pequeño por pedido de su madre biológica, fallecida hace pocos años. "Tardaron una semana en darme el cuerpo", se quejaba ayer la mujer, que desde el martes de la semana pasada podría haberlo retirado. Sin embargo, como no adoptó legalmente a Pappa y el joven tampoco estaba casado la situación era compleja, pero se resolvió por gestiones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Bruno cumplió condena por robo y cuando salió estudió para chef. Se recibió y quería hacer una nueva vida, pero no lo dejaron", contó Resina. El caso está siendo analizado por Pablo Barbuto y Leonardo Martínez, abogados del área jurídica nacional de la Secretaría, quienes hoy presentarán un escrito a la jueza Alicia Iermini pidiendo una copia del expediente para evaluar la posibilidad de que el organismo se constituya como querellante.
El secreto de sumario fue levantado el lunes pasado y la fiscalía interviniente debe aún elevar el requerimiento de instrucción, es decir, ratificar la investigación y dar su postura sobre el caso. Por los prejuicios del sistema legal, la concubina de Pappa no está habilitada para ser querellante. "Y eso que estamos en el siglo XXI", observó Barbuto.
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©página 12

ex agente rompió pacto de silencio


Dio pistas clave para dar con el paradero del mellizo de Negro. Costanzo declaró ayer en el juicio que se sigue en Paraná y pidió investigar si Navone, un agente de Inteligencia que se suicidó en 2008, se apropió del mellizo varón de Negro y lo inscribió como propio. "Háganle un ADN a su hijo", sugirió.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. Eduardo Rodolfo Costanzo, el ex agente civil de inteligencia que el año pasado fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención rosarinos, acusó en duros términos a sus compañeros de armas por el secuestro y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Inclusive dio los nombres de algunos de quienes realizaron la custodia de la mujer mientras duró su estadía en la capital entrerriana. Pero el dato más relevante que aportó fue la certeza de que Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, se apropió del mellizo varón y lo inscribió como propio. "Háganle un ADN al hijo de Navone, al que mandaron a España a los pocos días del suicidio del padre y al hijo del hermano de Navone", dijo. "En Casilda comentaban que los Navone tenían un hijo de desaparecidos", acotó Costanzo. Además se dirigió a los hijos de Negro, Sebastián y Sabrina: "Miren bien a este hombre (por el represor Marino González) porque es el último que toca a su madre".
Ochenta minutos estuvo Costanzo ante el tribunal. El Tucu pidió investigar si un agente de inteligencia que operó en Santa Fe se apropió del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Se trata de Navone, que se suicidó el día que estaba citado a declarar como imputado por la sustracción y sustitución de identidad de los bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná.
Navone era un mayor del Ejército oriundo de Casilda que se suicidó el 25 de febrero de 2008 de un balazo en la cabeza, en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga, el mismo día en que debía presentarse a declarar como imputado en esta causa ante el Juzgado Federal de Paraná.
Lo que dijo Costanzo ya lo había manifestado Pascual Oscar Guerrieri durante su indagatoria y que motivó una presentación de los fiscales federales Mario Silva y José Candioti para investigar esa posibilidad en la causa que busca dar con el paradero del mellizo de Sabrina Gullino.
Fue importante el testimonio de Costanzo porque dio precisiones sobre el rol que tuvo cada uno de los integrantes de la patota en el operativo. En su declaración, El Tucu afirmó que Raquel Negro estuvo con el resto de los detenidos de la Quinta de Funes y que fue trasladada a Paraná cuando su embarazo ya estaba avanzado. En el Hospital Militar se instrumentó un sistema para su custodia con agentes que llegaban desde Rosario, permanecían con ella en la habitación, comían lo mismo que ella y se relevaban cada 24 horas. "No se quién dio la orden para el traslado, si fue Galtieri, Jáuregui o Guerrieri, pero quien se encargó de todos los trámites fue Marino González, y él era un capitán, no podía mandarse solo", acotó.
Costanzo explicó que el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 era Alcides Juvenal Pozzi, aunque lo definió como "una figura decorativa", y precisó que a cargo estaba Pascual Oscar Guerrieri. En tanto, Jorge Alberto Fariña era jefe de operaciones especiales y ahí también operaba Juan Daniel Amelong; mientras que Marino González era jefe de la sección calle. "No se quién llevó a Raquel Negro a Paraná, pero cómo no iba a estar al tanto Fariña, si sabía vida y milagro de todos", apuntó. Y sostuvo además que González debió estar en contacto con Navone.
Costanzo señaló que "los compañeros que hacían las guardias contaron que había dado a luz a mellicitos". A algunos los identificó y de otros solo dio sus nombres de guerra: Ariel Porra, alias El Puma; Ariel López, Aldo; Juan Andrés Cabrera, Andrés o Barba; Walter Pagano y Walter Ruscoe, alias Barbeta. "Inclusive ellos decían que el varoncito había nacido muerto y después me enteré que a la nena la dejaron tirada en la puerta de un convento. Pagano contó que Amelong se quedó en el auto y él dejó a la nena y puso un escarbadientes para trabar el timbre y que siguiera sonando, pero una monja lo llamó desde una ventana y entonces salió corriendo", detalló.
Costanzo insistió en que Guerrieri era quien manejaba los centros clandestinos de detención y contó cómo se orquestó el asesinato de los presos políticos que estaban secuestrados en La Intermedia. Costanzo contó que "la noche en que mataron a los 16 hubo un asado para celebrar que supuestamente iban a liberar a una detenida; después de comer Fariña pidió que buscaran dos botellas de whisky que tenía en el auto, una para ellos y otra para los presos. Esa tenía un veneno, decían que la habían traído de Campo de Mayo y que la habían probado con un perro que tomó esa bebida y se murió. Después los fueron llevando uno por uno a una salita y los mataron de un tiro y tuvimos que cargar los cadáveres en un camión. Más tarde apareció un Peugeot 504 y en el baúl estaba Raquel Negro, desnuda, atada de pies y manos y con una bolsa en la cabeza".
"No se con qué fin dijeron que el varoncito había muerto y si fue porque se lo quedó uno de ellos", dijo luego, reafirmando lo que había manifestado antes sobre la posibilidad de que Navone se apropiara del mellizo. Y también tuvo lugar para un gesto de reconocimiento a él mismo: "Orgulloso estoy que Sabrina tenga su identidad gracias a mí".
Tampoco se privó Costanzo de denostar uno a uno a los imputados: "Estos no eran combatientes, eran delincuentes y ladrones", afirmó. Dijo, por ejemplo, que Amelong es un "psicópata asesino" y que Guerrieri un "ladrón hijo de puta".
A Marino González lo calificó de "mentiroso y cagón que no tiene las pelotas para afrontar esta situación. ¿Por qué no habla de cómo tiraba gente al mar?". Y les habló de él a los hijos de Raquel Negro: "Sebastián y Sabrina, miren bien a este hombre porque es el último que toca a su madre, él es quien tiraba a la gente de los aviones".
Y les hizo una advertencia a los que fueran sus compañeros de armas: "Nadie me va a hacer callar. Si me cortan la lengua, usaré las manos para escribir; si me cortan las manos, escribiré con los dedos de los pies; y si me cortan los pies haré señas como Bernardo, el mudo de El Zorro".
22 de septiembre de 2011
©página 12

mujeres y niñas como trofeo


Según Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, dice en su informe sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto, que las autoridades "siguen negando el derecho a la justicia".
Colombia. El informe de Amnistía Internacional ‘Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia’, difunde historias y cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están relacionados con el conflicto armado.
Según la organización, en el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea inferior al de los casos reales.
Y es que el informe precisa que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.
Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron.
A su vez, según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión.
En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas.
El informe expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para "explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios".
Se recuerda entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor.
El ente acusador agrega que además de esos casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.
En el informe también se explica que las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.
Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.

Justicia Ausente, Autoridades Ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que impiden el ejercicio de la justicia: "la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional".
Tras su estudio de casos y su diálogo con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que las autoridades "no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado" y que aún les niegan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
"En Colombia, las mujeres y las niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas", asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Agrega que a pesar de la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los derechos humanos, "aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia sexual contra mujeres". Lee añade que se debe combatir la discriminación de mujeres y niñas.
El movimiento global critica además que la "inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes" dificultan evaluar el alcance real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima denuncia, la investigación no es "efectiva".
La organización pide a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice "prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas".
El informe subraya además que muchos de los casos de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.

Testimonio
Para su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su seguridad.
Carolina era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.
En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina hace poco.
Tras difundir historias de víctimas como la de Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las cifras más destacadas.

Conflicto Armado
- Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto en Colombia.

- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.

- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior.

- Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren particularmente los abusos.

Actores del Conflicto
- Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

- El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Cauca.

- A los grupos paramilitares, responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa también de liderar operaciones de "limpieza social" en barrios pobres urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas.

Proceso de Justicia y Paz
- De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados.

- Cerca del 90 por ciento de las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.

- A finales de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes de violencia sexual.
[Nota: Las cifras sobre la violencia sexual de las guerrillas pueden estar adulteradas o exageradas. En otros sitios donde se ha debatido sobre el tema, algunos lectores y ex guerrilleras y guerrilleros han desmentido o contrarrestado esas cifras.]
22 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
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