Blogia

mQh

murió andy whitfield


Actor de la serie ‘Spartacus.’
Murió en Sidney, Australia, el actor Andy Whitfield, estrella de la serie ‘Spartacus: Blood and Sand.’ Según informó su agente, Sam Maydew, la causa de su muerte fue un linfoma no-Hodgkin.
Whitfield, que nació en Gales y vivía en Australia, era un virtual desconocido cuando fue contratado para el rol estelar en ‘Spartacus’, una exitosa serie de la red de televisión Starz, que se caracteriza por su violencia gráfica y sexualidad.
Whitfield estaba preparando la segunda temporada cuando lo diagnosticaron hace dieciocho meses.
En enero el canal anunció que otro australiano, el actor Liam McIntyre, lo reemplazaría.
24 de septiembre de 2011
12 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

condenan a pareja de apropiadores


El juez Sergio Torres condenó al marino Policarpio Vázquez y a su mujer, apropiadores de Evelyn Bauer Pegoraro. Señaló que la joven "no sólo fue despojada de su historia, sino también instalada en una realidad que no le pertenecía".
Argentina. Treinta y cuatro años después de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión. El juez Sergio Torres destacó en su fallo "el daño psicológico causado" a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien "no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira". Se trata de la joven que en 2001 se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera servir de prueba contra sus apropiadores y que conoció su identidad a partir de muestras obtenidas en un allanamiento a su casa. "La negativa al análisis y a reconocer su identidad es la continuación de la victimización por otros medios", destacó ayer Alcira Ríos, abogada de las abuelas de Evelyn. "Estos chicos privados ilegítimamente de su libertad al nacer fueron también determinados a ser víctimas de desaparición forzada toda su vida. Hasta que no se liberen de estos tipos no van a ser libres", remarcó.
Susana Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada el 18 de junio de 1977 en Constitución. Su compañero, Santiago Bauer, cayó el mismo día en La Plata. La niña nació en la ESMA y terminó en manos de Vázquez, que en la dictadura fue encargado de contrainteligencia en la Base Naval de Mar del Plata, y de su esposa. La sentencia de Torres alcanzó también a la partera Justina Cáceres, condenada a siete años de prisión por falsificar la partida de nacimiento. Los tres superaron los setenta años, por lo que es poco probable que cuando la sentencia quede firme, si es que están vivos, se revierta el beneficio del arresto domiciliario.
En 1999 el marino admitió que Evelyn no era su hija. Dijo que se la entregaron "para adoptar sin papeles" en el edificio Libertad, que la recibieron "porque la iban a matar" y aseguró desconocer el destino de los padres. "Fue un mandato divino", explicó. Dos años después, la joven se negó a someterse a un análisis de ADN. La Corte de Suprema de Justicia le dio la razón: se imponía la protección de su derecho a la intimidad, argumentó. Sin certezas sobre la identidad de Evelyn, en 2006 la jueza María Servini de Cubría decretó la clausura de la instrucción. Cuando el matrimonio pidió la absolución porque no había más evidencias que la confesión, la jueza ordenó allanar la casa de la joven para extraer muestras de ADN. Las argucias legales permitieron a los victimarios apartar a Servini, pero no evitar la verdad: en 2008, Evelyn conoció su identidad y se reunió con las Abuelas. La causa cayó en manos del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy investigado por gestionar coimas para la Cámara de Casación. En sus manos y mientras la defensa de Vázquez abarrotaba de planteos el expediente, la causa "durmió el sueño de los justos", recordó Ríos. Finalmente recayó en el juzgado de Torres.
El magistrado que instruye la megacusa ESMA destacó en su fallo que muchos niños apropiados continúan como adultos "siendo rehenes o prisioneros de la red urdida por sus apropiadores" y "no les resulta sencillo truncar su vínculo con ellos o iniciar un vínculo sincero y duradero con su familia biológica". Destacó que "la ruptura del vínculo materno-filial provoca secuelas psíquicas en el niño susceptibles de ser transmitidas a sus propios hijos y a otras generaciones", señaló que la negación de la identidad impuesta por los apropiadores produce "efectos patológicos" en "la mente inmadura del niño pequeño", y enumeró "disociaciones psíquicas, depresiones y tendencias adictivas", que además "tienen una repercusión transgeneracional".
El juez Torres consideró que la relación que Evelyn mantiene con sus apropiadores luego de conocer su identidad "puede basarse en lo afectivo, ora en el vínculo reverencial que liga a los padres con sus hijos", y subrayó que la joven mantiene "una incipiente relación" con su abuela materna Inocencia Luca de Pegoraro, quien desde 1984 y con la asistencia de Ríos "nunca renunció a la búsqueda de verdad y justicia".
25 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©página 12

sin espacio para la tolerancia


Una ordenanza municipal de Nueva Jersey que bloquea la construcción de una mezquita plantea interrogantes sobre prejuicios religiosos e intolerancia. Editorial TNYT.
En los últimos diez años han estallado montones de polémicas locales sobre la construcción de mezquitas y centros comunitarios musulmanes. El alcalde Michael Bloomberg defendió justamente la libertad religiosa contra la vitriólica oposición a la construcción de un centro islámico en Lower Manhattan. Con el apoyo del alcalde, la Comisión para la Conservación de Sitios Históricos (Landmarks Preservation Commission) permitió unánimemente que el proyecto prosiguiera, y lo está, aunque lentamente.
Esta sensatez no es tan común como debería ser. Esta primavera, funcionarios de Bridgewater, Nueva Jersey, se opusieron a un plan para convertir una vieja posada, usada anteriormente para bodas y eventos políticos, en la única mezquita de la ciudad. Antes que hacer frente a la oposición, espoloneada parcialmente por el Tea Party, el alcalde, el ayuntamiento y la comisión de urbanismo corrieron para cambiar las normas de zonificación, de modo que un templo no pudiese ser construido en el terreno de la posada.
La petición para la construcción de la mezquita fue presentada en enero. Ignorando los procedimientos establecidos, los funcionarios apresuraron el cambio de zonificación de modo que fuera completado antes del cinco de mayo, la fecha efectiva de un nuevo reglamento estadual sobre regulaciones urbanísticas que habrían permitido que la mezquita continuara bajo la vieja ley de zonificación.
En su defensa de la medida, el ayuntamiento preparó un "informe de reexaminación" que planteaba nuevos y vagos problemas de tráfico pese a que un informe anterior no constató esos problemas, y tanto el experto en tráfico de la ciudad como la comisión de urbanización del condado concluyeron que la mezquita sólo tendría un efecto mínimo sobre el tráfico. El debate se ha centrado mayormente en objeciones relacionadas con la seguridad y la calidad de vida. Las mezquitas, como otras instituciones religiosas, no están exentas de esas consideraciones pero las objeciones deben ser respaldadas por estudios u otros datos fidedignos (ausentes en este caso) y no pueden ser usadas como pretextos para discriminar una religión que busca construir un lugar de culto.
En junio, un juez de instrucción acogió una demanda contra las acciones del ayuntamiento por motivos constitucionales y legales. Entretanto, el ministerio de Justicia está realizando una investigación sobre si las decisiones del ayuntamiento violaron o no la ley federal de 2000 que prohíbe las restricciones de zonificación para limitar de modo irrazonable las estructuras religiosas, un posible preludio a la intervención del gobierno en el caso. El mes pasado, el ministerio de Justicia logró acuerdos en Georgia y Virginia, permitiendo que prosiga la construcción de las mezquitas propuestas.
En lugar de tratar de justificar su curiosa torcedura de las normas de zonificación, Bridgewater debería estar buscando una solución que permita que la mezquita sea construida y cure las lesiones auto-infligidas a la reputación de la comunidad.
25 de septiembre de 2011
18 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

declaró estela de carlotto


Declaró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en Paraná. El encuentro con Torrealday. Afirmó que el médico del instituto privado al que fueron derivados los mellizos de Raquel Negro como NN, le dijo que una persona -a la que no identificó-, pagó los gastos de internación y se llevó a los bebés.
[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. "Somos la voz directa del drama porque algunas todavía no saben dónde están esos chicos y esta lucha es para siempre". El testimonio de Estela de Carlotto vino a cerrar la etapa de testimoniales del juicio contra seis represores por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacidos, durante el cautiverio de su madre, en el Hospital Militar de Paraná.
Carlotto contó la historia de lucha de lucha de las Abuelas, que le permitió restituir la identidad a 105 chicos apropiados después del golpe militar de 1976 y destacó que "esta es una labor que nos impuso la dictadura cívico-militar". Los depredadores mataban a todos los que resultaban peligrosos para su proyecto y dejaban vivir a las mujeres embarazadas hasta que nacieran los bebés para arrebatárselos; entonces las mamás eran asesinadas y los niños eran repartidos como botín de guerra, como objetos, para que fueran criados distinto que sus padres", afirmó a través de un sistema de videoconferencia, ya que un problema de salud le impidió trasladarse hasta la capital entrerriana para dar testimonio.
Su declaración había sido solicitada a raíz de un encuentro que tuvo en 2000 con Miguel Alberto Torrealday, uno de los dueños del Instituto Privado de Pediatría (IPP), al que fueron derivados los mellizos luego del parto en el Hospital Militar. Carlotto recordó que "el médico decía tener elementos importantes sobre el asunto" y en esa reunión le mostró los registros del establecimiento, en el que estaba consignado el ingreso de un bebé como "López, Soledad" el 4 de marzo de 1978 y otro como "López, NN" el 10 de marzo.
Tal como antes había manifestado Torrealday, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló que "del pago se hizo cargo la persona que los retiró, cuyos nombres no figuraban en los libros de registro y el médico no recordaba".
Los médicos del Hospital Militar, en el inicio del juicio, fueron insistentes en afirmar que el varón tenía problemas respiratorios y que probablemente habría fallecido. Sin embargo, esto quedó casi descartado a partir de los testimonios surgidos a lo largo del debate y por el dato que figura en el registro del IPP sobre el egreso de ambos en fecha 27 de marzo.
También llama la atención que la nena ingresara antes al instituto privado. Sobre ese punto, Carlotto dijo que "el médico (Torrealday) suponía, en ese momento, que como la niña lloraba trajeron a su mellizo para que la acompañara, siendo que el varoncito no estaba muy bien de salud, y pusieron a los dos hermanitos juntos para sobrepasar la soledad en el lugar de internación".
Ante una consulta sobre las motivaciones que pudo tener Torrealday para entregar los libros de registro de ingresos y egresos del IPP, Carlotto estimó que "es como que tenía una necesidad moral de poner esa información en conocimiento de las Abuelas, como que quería sacarse un peso de encima de algo que conocía que había pasado en el instituto privado y mostró cargo de conciencia".
24 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011
©página 12

brasil quiere juzgar a represores


Avanza un proyecto debilitado de Comisión de la Verdad en Brasil. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue las responsabilidades por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura. Los culpables no serán castigados: la amnistía no se toca. Se negoció con los militares y la oposición.
[Eric Nepomuceno] Río de Janeiro, Brasil. Hasta el último instante hubo peligro. Irritada por las exigencias del derechista Partido de los Demócratas, el DEM (una contradicción de raíz: es el nuevo nombre del mismo partido que, en tiempos de la dictadura, apoyó al régimen), poco después de las diez de la noche del miércoles la presidenta Dilma Rousseff rechazó cualquier nueva concesión a los que se oponían al decreto que instaura una Comisión de la Verdad para investigar los responsables (sin punirlos) por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 en Brasil.
En aquella noche, cuando el diputado derechista Antonio Carlos Magalhaes Neto (su abuelo ha sido uno de los grandes beneficiarios de la dictadura) expuso las exigencias de su partido, el DEM, los ministros de Justicia, José Eduardo Cardozo, y de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, decidieron llamar por teléfono a Dilma, en Nueva York. La primera reacción de la presidenta ha sido contundente: no ceder ni un milímetro más. La conversación entre Cardozo y Dilma se dio en una circunstancia que bien ilustra la tensión: eran cuatro hombres y una mujer (Cardozo, el presidente de la Cámara, Marco Maia, del PT; la ministra Maria do Rosario; el líder del PT en la Cámara, diputado Candido Vaccarezza, y el ex guerrillero y actual asesor especial del Ministerio de Defensa, José Genoíno) reunidos en el minúsculo baño del despacho de Maia. Cinco personas en tres metros cuadrados, único local donde pudieron encontrar la privacidad exigida. Y entonces se le explicó a la presidenta, con todas las letras: o se aceptaba la exigencia o el proyecto sería retirado y no volvería a ser apreciado antes del año que viene.
¿Y cuál era la exigencia del DEM? Que la Comisión de la Verdad no incluyese a ningún ex integrante de movimientos que se opusieron a la dictadura, ni por familiares de víctimas ni siquiera por quien tuvo militancia pública contra el régimen militar. El proyecto ya prohibía la participación de militares y policías, bien como sospechosos de haber practicado torturas, asesinatos y secuestros. Con la enmienda del DEM, tampoco podrán participar abogados de presos políticos, por ejemplo.
El proyecto fue enviado al Congreso con carácter de "urgencia urgentísima", lo que impone un acuerdo previo para no ser debatido en el pleno de Diputados y ser votado por los líderes de los partidos, tanto de la alianza de gobierno como de la oposición. Dilma y sus asesores directos temían que, en un eventual debate, fuesen presentadas enmiendas inaceptables tanto por los movimientos de defensa de derechos humanos como de los militares. Para llegar a eso, el gobierno ya había, desde la presidencia de Lula, negociado línea por línea con los militares y con los partidos de oposición. Cuando surgieron exigencias de última hora, Dilma perdió la paciencia.
Tensión máxima en la alianza oficialista, tensión máxima en la oposición: en vísperas de la sesión del miércoles, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso llamó por teléfono al líder de su partido, el PSDB, en la Cámara, diputado Duarte Nogueira, pidiendo que se aprobase el proyecto del gobierno. Diputados del PSDB consideraron la intervención de Cardoso como
inoportuna. Al final, todo resultó: se aprobó un proyecto debilitado, pero que es mejor que nada. Tal y como estaba previsto, no habrá castigo para los responsables por el terrorismo de Estado. Ningún torturador, ningún secuestrador, ningún asesino será punido. La comisión tendrá siete miembros, por un período de dos años. No podrán ser dirigentes partidarios ni ocupar cargos en el gobierno, y quien tuvo militancia contra la dictadura estará vetado. En contrapartida, el resultado de los trabajos de la comisión podrá ser consultado por cualquiera, en el Archivo Nacional.
Ahora, el texto sigue para el Senado. Si es aprobada, esa comisión será el tercer grupo que Brasil crea luego de la democratización, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura militar. Las otras dos surgieron en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, él mismo un exiliado en los tiempos del régimen militar. En su primer gobierno (1995-1998), Cardoso creó una Comisión sobre Muertos y Desaparecidos Políticos que, entre otras iniciativas, reconoció oficialmente que por lo menos 136 "desaparecidos" fueron asesinados por militares. Otra estableció indemnizaciones a víctimas de la represión y sus familiares, en casos de asesinatos.
No es, desde luego, lo que esperaban amplios sectores de la sociedad brasileña. Pero es lo que se logró. Como en una canción cantada por Alfredo Zitarrosa, Dilma Rousseff "quiso querer, pero no pudo poder". Logró algo, que es mejor que nada.
24 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011
©página 12

otras revelaciones en caso raquel negro


Estela de Carlotto declaró por teleconferencia en el juicio por robo de bebés en Parana. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo contó que en el año 2000 un médico del Instituto Privado de Pediatría de Paraná la llamó para contarle que en 1978 habían atendido a dos bebés que serían los mellizos de Raquel Negro, quien sigue desaparecida.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Es sospechoso –dijo Carlotto– que desaparezcan datos que nos pueden llevar a los depredadores."
La imagen conectó durante una hora la sala del juicio por el Hospital Militar de Paraná con una pequeña sala del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Ahí, Estela de Carlotto se sentó frente a una pantalla dispuesta a hablar sobre el encuentro que tuvo en el año 2000 con un médico del Instituto Privado de Pediatría de Paraná. El Instituto era una minúscula clínica privada que recibió durante la dictadura a hijos mellizos de Raquel Negro, a días del nacimiento. "Porque era uno de los médicos que estuvieron ahí, él suponía que la niña ingresó primero y como lloraba tanto trajeron a su mellizo para que la acompañara", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. "Como parecía que el varoncito no estaba muy bien de salud, por eso su ingreso fue posterior a la niña, deciden poner a los dos hermanitos juntos para superar de alguna manera la soledad en la que se encontraron en el lugar de internación."
El llanto, la soledad de esos dos bebés, y un cuadro que está cambiando con el avance de la causa: la enfermedad de aquel niño de la que hablan una y otra vez los testigos, que siempre puso en duda su supervivencia, es descartada por las querellas convencidas a esta altura del juicio que todos los testimonios aportan nuevas evidencias de que el niño vivió. El niño, que es el hermano de quien ahora es Sabrina Gullino, en tanto sigue desaparecido.
La reunión de Estela de Carlotto en el año 2000 fue con el médico Miguel Torrealday, uno de los cuatro dueños del Instituto Privado de Pediatría. Participaron él, una hija, Estela y entre otros la entonces abogada de Abuelas, Alcira Ríos. Mientras Estela declaró, los jueces, fiscales y querellas intentaban entender la fiabilidad del relato del doctor. Preguntaron por el libro de registros que él llegó a mostrarle. O desde cuánto tiempo antes tuvo esa información. No lo dijeron, pero: ¿por qué demoró tanto en contarlo? Estela, sin embargo, volvió a la vieja escena sin sospechas, se detuvo y explicó. "Yo lo que creo es que el médico estaba preocupado en dar a conocer ese dato para la búsqueda de identidad de estos chiquitos: lo que él quería, creo yo, era sacarse un peso de encima, decir que sabía algo que había pasado en un instituto al que él pertenecía y no podía obviar que el origen podía ser el de los niños buscados por las Abuelas."
Estela juró por "mi honor, por la patria, por Dios, que voy a ser veraz". Explicó que viajó a Paraná en 2000 porque se iba a exhibir una película de niños secuestrados durante la dictadura. "Y se me convocó a encontrarme con un médico pediatra", dijo. "El médico me dijo tener información importante sobre nuestra búsqueda y eran datos necesarios para nuestra tarea. Fuimos al Instituto Privado de Pediatría, cuando me expone que en 1978 habían llegado en diferentes fechas dos criaturas recién nacidas y cuyo origen y responsables, que están acreditados en el libro de actas de ese Instituto, era de origen militar. Fueron registrados una niña y un varón con pocos días de diferencia, seis días de diferencia, en el mes de marzo de 1978."
Después, los dos niños, dijo, "egresaron el mismo día". "El pago por los gastos de esos bebés los hizo la persona que los retiró, cuyo nombre no figura en los libros y el médico me mostró y me dijo que esos nombres también él los ignoraba." A Torrealday le llamó la atención la cobertura de los gastos porque "todos los demás recién nacidos eran asumidos por una obra social o tenían un origen claro –dijo Estela–, menos estos dos que eran provenientes del Ejército". Enterado, "supongo de la actividad de las Abuelas, facilitó las fotocopias del libro de ingreso y egreso que nosotros estudiamos con posibilidades de que sean los hermanitos buscados por las Abuelas". En diciembre de 2008, Sabrina recuperó su identidad. "Y estamos en búsqueda de su hermanito, su mellizo, que posiblemente nuevos datos ayuden a encontrarlo y devolverle sus derechos conculcados."
Miguel Torrealday era socio del Instituto. Ya declaró en el juicio, y también lo hicieron sus socios. Ninguno dijo haber sabido nada de los niños, un dato extraño para las querellas. Ana Oberlin es querellante de la causa. "El lugar es muy pequeño, tenía una capacidad máxima para ocho bebés, no era enorme, la sala era muy pequeña: los niños estuvieron 23 días la nena y 17 días el varón, en modo alguno pueden haber desconocido esa presencia si ellos además eran quienes atendían a los bebés, como dijeron las enfermeras, e ingresaban constantemente."
El juicio por los crímenes del Hospital Militar de Paraná, ahora centrado en la apropiación de los hijos de Raquel Negro y Tulio "Tucho" Valenzuela, suma nuevos datos cada día. El miércoles declaró bajo juramento Eduardo "Tucu" Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Segundo Cuerpo de Ejército, cuyo testimonio alguna vez fue clave para encontrar a la niña. Constanzo les pidió a los jueces que investiguen al oficial Paul Navone, que está muerto: "Háganle estudios de ADN al hijo y sobrino de Navone que vive en Casilda –explicó–, porque siempre se comentó que Navone tenía un hijo de desaparecidos o él o el hermano".
Una parte de las sugerencias de Constanzo se investigan hace tiempo en una causa paralela: todas las hipótesis son importantes, dijeron, por más descabelladas que parezcan. Más allá de Constanzo, el juicio aportó otros datos. Durante la instrucción se habían recogido pruebas porque varios ex empleados del hospital y del instituto se animaron a decir algunas cosas pero no explicaron demasiado: "En el contexto de este juicio –aclara Oberlin–, al participar y hablar en un escenario más ritualizado, salieron detalles que no teníamos hasta ahora y sin duda se abre con más fuerza la certeza de que el mellizo vive".
Hubo referencias precisas sobre cómo fueron esos primeros días de los niños. Quedó claro por los testimonios, por ejemplo, que si un niño moría, no se lo anotaba en los libros de egresos. Y una de las preguntas que se cree que los médicos del instituto deberían responder es qué paso con el niño, por ejemplo, desde el momento en que salió del Hospital Militar y entró al Instituto de Pediatría. Oberlin cree que durante esos seis días pudo haber sido operado por el problema de cardiopatía y cree que son los médicos quienes deberían saberlo. Otro de los datos que no cierran es un eje sobre los documentos. Una de las fiscales le preguntó a Estela de Carlotto si en aquel año 2000, el médico le dijo que habían perdido todas las historias clínicas en una inundación. Esa fue una de las explicaciones que él mismo dio durante la audiencia. "Es muy sospechoso –aceptó Estela– que desaparezcan datos que nos pueden llevar a perseguir a los depredadores."
24 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011
©página 12

las deportaciones crean desconfianza


El grupo de trabajo que asesora el programa de deportaciones del gobierno de Obama ha criticado fuertemente a funcionarios de inmigración por sembrar confusión sobre sus propósitos y ha constatado que el programa tuvo un "impacto negativo no previsto" para la seguridad pública en comunidades locales.
[Julia Preston] En un informe sobre el programa, conocido como Comunidades Seguras, el grupo de trabajo dice que el programa ha erosionado la confianza pública por implicar la detención de muchos inmigrantes que no han cometido delitos graves, después de que funcionarios dijeran que su objetivo era expulsar de Estados Unidos a "los peores" inmigrantes con antecedentes penales. El informe del grupo de trabajo fue completado el miércoles.
El informe también dice que los funcionarios de inmigración han creado tensiones con las autoridades locales al hacer declaraciones inconsistentes sobre si los estados y ciudades estaban o no obligados a participar.
En la más significativa de sus recomendaciones, el grupo de trabajo dice que las identificaciones por huellas digitales en el programa no deberían significar que agentes federales deporten a inmigrantes detenidos por agentes de policías locales por infracciones de tráfico menores.
El grupo de trabajo, que incluye a los jefes de policía de cuatro importantes ciudades así como a defensores de los inmigrantes y funcionarios de seguridad nacional del estado, instaron al Servicio de Inmigración y Aduanas, la agencia que gestiona el programa, a empezar de nuevo para "reintroducirlo" en muchos lugares donde la oposición local ha aumentado.
El informe agrega leña a la polémica sobre el programa de Comunidades Seguras, un elemento central en los planes del gobierno de Obama para refrenar la inmigración ilegal, deportando a cuatrocientos mil extranjeros por año.
John Morton, director de la agencia de inmigración, llamó al grupo de trabajo en junio para canalizar y tratar la resistencia entre funcionarios del estado, jefes de policías locales y organizaciones de inmigrantes. Pero en las horas finales del informe, en el grupo surgieron nuevos desacuerdos. El miércoles, cinco de los diecinueve miembros, incluyendo a los tres que representaban a los sindicatos, renunciaron antes que endorsar el informe final.
El informe muestra que las divisiones persistieron entre los miembros restantes del equipo. Algunos piensan que el programa tenía demasiados defectos como para continuar. Otros, especialmente los agentes de policía, alegaron que compartir información entre agencias policiales en el programa era demasiado vital como para interrumpirlo.
Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales tomadas de cualquiera que haya sido detenido por las policías local o estadual son cotejadas en los bancos de datos de convictos del FBI -un procedimiento policial rutinario- y también en los bancos de datos del ministerio de Seguridad Interior, que registra las violaciones a la ley de inmigración. Después de empezar el programa en 2008, el Servicio de Inmigración y Aduanas lo ha ampliado a la mitad del país, últimamente haciendo frente a una creciente indignación.
Chuck Wexler, director ejecutivo del Police Executive Research Forum, que presidió el equipo de trabajo, dijo que existía un "fuerte consenso" en el grupo de que Comunidades Seguras debía concentrarse en deportar a delincuentes violentos o que hayan cometido delitos graves.
Pero muchos agentes de policías locales dijeron al grupo de trabajo que el programa había erosionado la relación de confianza que existía entre ellos y las comunidades de inmigrantes, porque causaban la impresión de que estaban encargados de implementar las leyes federales de inmigración. Algunas comunidades se muestran ahora reticentes a la hora de denunciar delitos.
"No puedes remover a infractores de bajo nivel y no perder credibilidad frente a las comunidades", dijo Wexler.
En cuatro audiencias públicas, el grupo de trabajo se enteró de muchos casos de inmigrantes ilegales que habían sido detenidos por la policía por infracciones de tráfico menores -o, en algunos casos, sin que hubieran cometido ninguna infracción- que fueron deportados después de haber sido identificados por un control de Comunidades Seguras.
"En la medida en que Comunidades Seguras pueda dañar la labor policial en las comunidades", constató el informe del grupo de trabajo, "el resultado puede ser que haya niveles más altos de criminalidad."
El grupo de trabajo dijo que los funcionarios de inmigración habían hecho declaraciones confusas sobre las autoridades legales que autorizan el programa. Después de sugerir inicialmente que los funcionarios del estado podían dilatar su participación, los funcionarios del gobierno dicen ahora que para 2013 deben haber extendido el programa a todo el país.
El grupo de trabajo dijo que el servicio de inmigración podía hacer un uso más amplio y mucho más sistemático de su atribución fiscal para concentrar sus recursos en la deportación de delincuentes condenados.
En una carta presentada el miércoles, representantes de A.F.L.-C.I.O. y dos sindicatos de funcionarios de inmigración dijeron que estaban renunciado al grupo de trabajo porque el informe final "demuestra la clara ausencia de nuestra opinión." No dieron detalles sobre los desacuerdos.
Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento, y director de la Law Enforcement Engagement Initiative, una organización policial, dijo en su carta de renuncia que las recomendaciones no iban demasiado lejos para garantizar que los inmigrantes detenidos por faltas menores no fueran deportados. Un representante del National Immigration Forum, una organización de voluntarios, también renunció.
Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson, Arizona, y un miembro del grupo de trabajo que respaldó el informe, dijo que la policía tenía que seguir compartiendo huellas digitales con las autoridades de inmigración. "No creo que, como policías, debemos privarnos de eso", dijo.
Morton dijo que se reuniría con los miembros del grupo de trabajo que habían renunciado, para oír sus quejas.
23 de septiembre de 2011
15 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
 

documental colectivo sobre ddhh


Hablan los participantes de ‘D-Humanos’, un documental colectivo sobre los derechos humanos. La frase de Mariana Arruti se refiere a su corto, pero puede aplicarse a la totalidad del trabajo que realizó junto a Ulises Rosell, Carmen Guarini, Miguel Pereira, Andrés Habegger, Andrea Schellemberg, Lucía Rey, Rodrigo Paz, Javier De Silvio y Pablo Nisenson.
[Óscar Ranzani] El cineasta y productor Pablo Nisenson fue el mentor del proyecto colectivo D-Humanos, compuesto por ocho cortos, dirigidos por diez argentinos que se estrena hoy. La idea era que cada uno tomara un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y reflejara el estado de esos derechos en la Argentina: el derecho a la vida, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión, entre otros. Participaron Mariana Arruti, Ulises Rosell, Carmen Guarini, Miguel Pereira, Andrés Habegger, Lucía Rey, Andrea Schellemberg, Rodrigo Paz, Javier De Silvio y Nisenson, quien comenta que el objetivo fue generar "una mirada múltiple sobre los DD.HH. Era necesaria la participación de muchos directores a los cuales admiro, respeto, me interesa su laburo. Cada uno aportó lo suyo". Nisenson destaca que, aunque se iba a tener en cuenta el tema "Memoria", buscaron centrarse en derechos que son vulnerados o cercenados en la actualidad. Si bien cada cineasta dirigió un corto, Nisenson aspira a que D-Humanos pueda verse como un largometraje. "Nadie puede negar que se trata de ocho cortos, más los articuladores realizados por Javier De Silvio." Nisenson admite que, por las devoluciones que tuvo de quienes ya vieron el film, "se ve como una película completa, que permite meterse de a poquito en los diversos mundos de acuerdo con el interés de cada cual y de cómo le pegue cada historia".
Nisenson no sólo es el productor ejecutivo, sino también realizador del corto Informe sobre la inequidad. Basado en ese estudio, Nisenson convocó a una adolescente de familia rica y a una de familia pobre y las contrastó en cámara para profundizar sobre las diferencias en cuestiones de acceso a la educación, salud y nivel de vida, entre otros temas. En cuanto a los criterios que tuvo en cuenta para elegirlas, sostiene que podían ser tanto varones como mujeres, pero que le interesaba el perfil que tenían las dos chicas. "La idea era mostrar una piba con sus derechos vulnerados y otra con casi todo el futuro por delante. Era la comparación necesaria. Y a partir de ahí, el trabajo consistió en un análisis con lupa, de distintos factores que hacen a un cuerpo completo. A lo largo del corto se van viendo las diferencias de posibilidades", explica el director. Si bien es entendible la razón del contraste desde el punto de vista conceptual, a la hora de fundamentar ese mismo contraste en lo visual, Nisenson quería lograr "que el espectador pueda ser parte, sentir empatía con las pibas".
Andrés Habegger es el director de ‘Dial’ que, como su título indica, tiene que ver con el mundo de la radio, más precisamente con una emisora comunitaria que transmite desde La Boca. "Yo tenía que abordar el derecho a la libertad de expresión. Cuando empecé, apenas se esbozaba y se empezaba a discutir la ley de medios. Más allá de eso, me interesaba encarar el tema de la libertad de expresión no desde las limitaciones, sino desde el ejercicio", comenta Habegger. Por eso que le resultó interesante registrar cómo funciona Radio Gráfica, "un proyecto sumamente interesante porque surgió de una fábrica recuperada: cuando la recuperaron descubrieron que había un estudio de radio y de TV. Y mientras se recuperaba la fábrica, se tomó y se ocupó la radio, que era un estudio bastante importante", cuenta. A partir de una organización barrial y cooperativa se organizó la radio. Y Habegger centró su trabajo en la figura de Lidia López, una mujer con mucho empuje que hace trabajos comunitarios en La Boca: tiene un comedor y organiza actividades deportivas con chicos de zonas carenciadas.
Habegger dio con la emisora en la investigación para el corto. "Había una idea previa de trabajar sobre otra radio, pero a mí me interesaba abrir el abanico e indagar sobre las radios existentes. Muchas las conocía, pero quería tomar una que tuviera un trabajo barrial o zonal. Dimos con Radio Gráfica y lo interesante es que tiene una instalación que no es precaria, como muchas radios comunitarias o cooperativas. Tiene instalaciones casi profesionales, y una llegada bastante importante en la zona." El corto cobra una vigencia enorme a partir del debate sobre el acceso a la información que promueve la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese sentido, el director de ‘Imagen final’ reivindica la tarea de este medio comunitario. "Básicamente, me interesó la idea de que todos tuvieran la posibilidad de expresar sus ideas, que todos tuvieran un canal de comunicación. Y las radios comunitarias, desde hace mucho tiempo, tanto en la ciudad como en las provincias, ocupan un lugar importante porque dan lugar a cosas que otras radios no, por una cuestión de mercado. Y me parecía que el corto tenía que reivindicar parte del trabajo que se hace no sólo en forma militante sino también profesional", completa.
‘Mate o leche’ es el corto que dirigió Mariana Arruti para indagar en el derecho a la vida. Para concretarlo se internó en la Villa 31 (Retiro) y siguió a un grupo de niños que le otorgan emotividad a su trabajo. Arruti, que venía trabajando temas políticos en sus documentales, decidió que era hora de correr el eje y hacer foco en el aspecto social: "Me propuse entrar a un barrio a ver qué estaba pasando. Y se me ocurrió que la idea de un comedor popular que es necesario instalarlo en una villa de emergencia era una buena forma de contar un derecho básico a la vida como es el alimento, y que está vulnerado en grandes sectores de la sociedad". En un principio tenía la idea de hacer un documental de denuncia, pero cuando ingresó a la villa se encontró con otra realidad: "Un grupo de gente que habita la villa desde un lugar de mucha pasión, de alegría y desde una cuestión muy colectiva, donde quienes se alimentan en el comedor sirven la leche, cortan papas y cebollas", afirma. Su punto de vista cambió y la idea "fue, a partir de un compromiso de cómo se iba a mirar ese espacio, pensar en un corto que barriera con los estigmas y mostrara esa villa como lo que es hoy: un barrio donde la gente trabaja, donde hay verdulería, carnicería, peluquería, un señor que arregla zapatos en la calle, un herrero que suelda, panadería... Y en ese marco hay un comedor porque las necesidades no están cubiertas, porque la gente tiene ingresos que no le alcanzan para cubrir todas sus necesidades. Pero ese escenario del comedor se extiende a una situación barrial". Es por eso que en ‘Mate y leche’ adopta una mirada "que tiene que ver con una situación de mucha vitalidad, de un trabajo y de compartir", sostiene la directora.
Arruti coincide con que ‘Mate y leche’ es un documental de observación. Pero también recalca que hubo mucha participación de su equipo de trabajo: "Llevar una cámara a la villa implicó estar mucho allí haciendo el trabajo en el comedor. Y siento que logramos tener una mirada bastante natural de lo que ocurría con la gente. Hubo que participar y trabajar en el comedor como trabaja la gente allí: sirviendo la leche, cortando la papa. Y esto es algo que hicimos todos: el camarógrafo, el editor y el sonidista."
‘Pasarela La Fraternidad’, de Ulises Rosell, detiene la cámara en el puente del mismo nombre que une la Argentina con Paraguay, y donde un grupo de hombres y mujeres trasladan cargamentos de productos haciendo un esfuerzo físico sobrehumano. Cómo conoció ese lugar es lo primero que Rosell comenta. Fue por otro trabajo audiovisual: estuvo en Clorinda filmando con el Chango Spasiuk para un programa del Canal Encuentro, del que Rosell dirigió algunos episodios. "Más allá de la historia que teníamos, un día llegamos a este lugar que es como el corazón de todo Clorinda. Prácticamente, toda la ciudad vive de lo que pasa por ahí. Me habían quedado las ganas de volver allí, centrarme en ese puente y en los tipos cargando", relata el director de ‘Bonanza y Sofacama.’
Rosell asegura que no le interesaba indagar en si lo que transportan es legal o no. "¿Es legal que un tipo tenga que cargar doscientos kilos para morfar?", pregunta. "Yo quería ese registro, poderoso como recorte: un puente y gente que va y viene hasta extenuarse. Eso forma parte de una vida que uno ve que los tipos llevan con un espíritu muy arriba. No está visto por ellos como una opresión. Está a la vista de uno, pero ellos van al frente. Lo asumen y hay gente que te dice ‘Esto es un paraíso’. Son cosas más incomprensibles, que no terminan de cerrar con lo que uno quisiera que dijera el tipo que vive esa vida", comenta el cineasta. Tal vez por eso no planteó su corto como una denuncia explícita. "Yo entiendo que tampoco tenía tanto registro en cuanto a qué estaba denunciando. A mí me provoca curiosidad algo y me pongo a avanzar hasta donde llegue el registro. Después empiezo a ordenar qué es lo que dice el material."
Carmen Guarini venía trabajando sobre la memoria desde hacía un año y medio. Le interesó indagar en la instalación de las baldosas en homenaje a los desaparecidos que fabrican vecinos de Almagro y Palermo. Así nació ‘Baldosas’ en Buenos Aires. "Me parecía muy interesante el trabajo que hacían grupos de la Coordinadora Barrios por Memoria y Justicia", cuenta Guarini, quien se acercó porque ese tipo de actos podía metaforizar el artículo 5 de la Declaración Universal de DD.HH., "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". "Una de las colocaciones que filmé sintetizaba eso: estaban contenidos todos los horrores del pasado", subraya la directora de Gorri. "Siempre me ubico en la situación de alguien que no entiende de qué se trata y cómo puede llegar a comprender a partir de una situación mínima un montón de cosas. Y ahí aparecían dichas de manera muy emotiva, fuerte y en un contexto único, todo lo que había pasado: la dictadura, el robo de bebés, la desaparición, la tortura, la aspiración de toda una generación de tener una vida más justa, el hecho de que los militantes eran gente normal que estudiaba, trabajaba y tenía una familia, la recuperación de chicos."
Guarini entiende que la construcción e instalación de estas baldosas "es una militancia contra el olvido". En su corto puede verse que, una vez colocadas, son pisadas por personas que a veces se detienen a mirar y a veces sólo pasan por encima. Y destaca que es interesante lo que los vecinos proponen: "Que este gesto de memoria se integre al pasaje urbano y no sea una cosa diferenciada. Ellos dicen que si no hubieran querido que las pisaran, no las hubieran puesto en las veredas. Pero es un gesto de integración que prueba la existencia de esa gente. La creación de conciencia social siempre es un trabajo a largo plazo. Pero hay mucha gente, cada vez más, con mayor conciencia", se entusiasma Guarini.
23 de septiembre de 2011
22 de septiembre de 2011
©página 12