procesarán al exjefe de el vesubio

---

La Cámara Federal confirmó el procesamiento, con prisión preventiva, del coronel Gustavo Adolfo Cacivio -alias ‘el Francés’-, jefe del centro clandestino de detención ‘el Vesubio’, a quien se lo imputa de cometer un centenar de secuestros y torturas durante la última dictadura militar.

---

Argentina. La Sala I del tribunal de apelaciones ratificó la imputación contra el represor por "el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en ciento un ocasiones, de las cuales 64 se encuentran agravadas por su duración, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados" en la misma cantidad de casos.
En una resolución, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, explicaron que el "plan criminal" fue aprobado por los ex comandantes quienes "ordenaron a sus subordinados que: privaran de su libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas de tener relación con ‘organizaciones terroristas’; que las condujeran a lugares de detención clandestinos".
Los delitos de lesa humanidad atribuidos al ‘Francés’ fueron cometidos en ese centro clandestino "emplazado en el cruce de la autopista Richieri y Camino de Cintura, localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires", entre abril de 1976 y septiembre de 1978.
Para ratificar la prisión preventiva, los camaristas indicaron que "existen elementos concretos de mayor peso que hacen suponer fundadamente, de acuerdo con las siguientes consideraciones, que el imputado podría entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar su libertad, lo cual impide, de momento, aplicar la regla de la libertad durante el proceso".
27 de septiembre de 2011
26 de septiembre de 2011
©página 12

servicio secreto implicado en atentado

---

Servicio secreto paquistaní implicado en atentado contra embajada estadounidense.

---

[Elisabeth Bumiller y Jane Perlez] Washington, Estados Unidos. Altos oficiales militares del país dijeron el jueves que el servicio de espionaje de Pakistán jugó un papel directo en el apoyo a los insurgentes que realizaron el mortífero atentado contra la embajada norteamericana en Kabul la semana pasada. Fue la acusación más grave hecha por Estados Unidos contra Pakistán en los diez años que lleva de guerra en Afganistán.
El almirante Mike Mullen dijo que las evidencias demostraban que el servicio de inteligencia paquistaní estaba detrás del atentado de junio contra el Hotel Intercontinental de Kabul.
En comentarios que fueron los primeros en vincular al servicio de espionaje, el Directorado de Inteligencia Inter-Servicios (ISI), con el atentado contra Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, que preside el Comando Conjunto, fue más lejos que todos los otros funcionarios estadounidenses en condenar al ISI por minar la campaña estadounidense en Afganistán. Sus observaciones ciertamente debían desgastar la frágil relación de Estados Unidos con Pakistán, un aliado nominal.
Estados Unidos ha dicho siempre que el servicio secreto de Pakistán respalda a la red Haqqani, basada en las áreas tribales de Pakistán, como un modo de extender la influencia paquistaní en Afganistán. Pero el almirante Mullen dejó en claro que creía que el apoyo se extendía cada vez más a publicitados atentados en Afganistán directamente contra blancos norteamericanos.
Entre estos, un atentado con camión contra un puesto de avanzada de la OTAN al sur de Kabul el 10 de septiembre, que mató al menos a cinco personas e hirió a 77 soldados de la coalición -uno de los peores números de baja de tropas extranjeras en un solo ataque en la guerra- así como el asalto contra la embajada, que se cobró la vida de dieciséis policías y civiles afganos.
"Los operativos de Haqqani planearon y realizaron el atentado con camión bomba, así como el asalto contra nuestra embajada", dijo el almirante Mullen en una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado. "También tenemos evidencias creíbles de que están detrás del atentado del 28 de junio contra el Hotel Intercontinental en Kabul y un puñado de otras operaciones más pequeñas y efectivas." En resumen, dijo, "la red Haqqani actúa como un verdadero brazo de la Inteligencia Inter-Servicios." Sus observaciones formaban parte de un esfuerzo deliberado de funcionarios estadounidenses para aumentar la presión y quizás allanar el camino de más ataques con aviones no tripulados u operaciones incluso al otro lado de la frontera de Pakistán para sacar a los insurgentes de sus refugios. Oficiales militares estadounidenses se negaron a discutir las medidas que se estaban tomando, aunque las declaraciones del almirante Mullen dejaron en claro que enfrentarse a los Haqqani se había convertido en una prioridad urgente.
El jueves, Rehman Malik, ministro del Interior de Pakistán, rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que el ISI estuviera implicado en los atentados en Afganistán. "Niego categóricamente que el ISI haya estado implicado en este atentado", dijo en una entrevista con Reuters. "No tenemos la política de atacar o de colaborar en ataques a través de fuerzas paquistaníes o de cualquier grupo paquistaní." También dijo que su gobierno "no permitiría" una operación estadounidense dirigida contra la red Haqqani en Waziristán Norte, una remota parte de la anárquica región tribal de Pakistán.
Malik indicó que los funcionarios estadounidenses habían amenazado el martes en reuniones en Washington con el director del ISI, al teniente general Ahmed Shuja Pasha, diciéndole que las tropas norteamericanas estaban preparadas para cruzar la frontera de Afganistán y atacar a los militantes de Haqqani. Un funcionario estadounidense sólo dijo que David H. Petraeus, el nuevo director de la Central de Inteligencia Americana, le había dicho al general Pasha que la CIA continuaría su campaña de ataques con aviones no tripulados contra los Haqqanis en Pakistán y los perseguiría en Afganistán.
"El pueblo paquistaní no aceptará nunca botas en nuestro territorio", dijo Malik en una entrevista con Reuters. "Nuestro gobierno está colaborando con Estados Unidos, pero también deben respetar nuestra soberanía."
Un alto funcionario estadounidense dijo el jueves que no se había tomado ninguna decisión sobre las acciones que emprendería el gobierno de Obama contra los Haqqanis.
Las operaciones ilegales norteamericanas en Pakistán son raras -sólo dos, incluyendo la redada que terminó con la muerte de Osama bin Laden en mayo, se han hecho públicas-, aunque algunos funcionarios de la inteligencia estadounidense alegan que se necesitan redadas terrestres más agresivas en Pakistán.
Estados Unidos le da a Pakistán más de dos mil millones de dólares por concepto de ayuda al año, aunque este verano el gobierno de Obama decidió suspender y en algunos casos cancelar cerca de un tercio de esa ayuda este año. En total, se podrían ver afectados unos ochocientos millones de dólares en ayuda y equipos militares.
La suspensión tenía por objetivo castigar a Pakistán por expulsar este año a instructores militares y presionar a su ejército para que luche con más efectividad contra los militantes. La decisión fue tomada después del ataque contra bin Laden en Pakistán, donde el líder de al Qaeda había estado viviendo cerca de una importante academia militar.
El almirante Mullen debe jubilarse a fin de mes, y viniendo de él, las declaraciones tenían un peso excepcional. Había sido durante años el oficial militar estadounidense que dirigía los esfuerzos para mejorar la cooperación con los paquistaníes. Pero desde la captura de bin Laden, las relaciones han alcanzado su nivel más bajo. Funcionarios paquistaníes reaccionaron indignados de que no se les hubiese informado de antemano sobre la operación, y persisten las dudas sobre si el servicio secreto paquistaní estaba protegiendo a bin Laden.
Aunque funcionarios militares estadounidenses creen que el ISI está en muchos casos incitando a la red Haqqani a atacar a las fuerzas norteamericanas en Afganistán, no llegaron al punto de decir el jueves que el ISI específicamente hubiera dirigido el asalto de la embajada de Estados Unidos. Oficiales estadounidenses no describieron el tipo de apoyo que creen que prestó el ISI a la red Haqqani para el ataque contra la embajada, y tampoco mostró evidencias de sus afirmaciones. En julio de 2008, Estados Unidos comprobó que el ISI estaba detrás del atentado con bomba contra la embajada india en Kabul basándose en comunicaciones interceptadas de agentes del ISI.
El almirante Mullen declaró con el ministro de Defensa, Leon E. Panetta, que dijo a la comisión que el ataque contra la embajada y el asesinato esta semana de Burhanuddin Rabbani, presidente del Alto Consejo para la Paz de Afganistán y ex presidente afgano, eran "un signo de debilidad de la insurgencia." Considera los ataques como indicios de que el Talibán ha recurrido a objetivos de alto perfil en un intento de interrumpir el progreso que han hecho las fuerzas militares estadounidenses.
Nadie ha reivindicado el atentado contra Rabbani, el que ha propinado un devastador golpe a los esfuerzos por negociar la paz con el Talbán.
En sus observaciones a la comisión, el almirante Mullen expresó un serio aviso a oficiales paquistaníes, sobre los que dijo que estaban minando sus propios intereses así como los de Estados Unidos en la región.
"Pueden creer que usando estos símbolos, están asegurando sus apuestas o corrigiendo lo que creen que es un desequilibrio en el poder regional", dijo. "Pero en realidad, esa apuesta ya la habían perdido. Al exportar la violencia, han erosionado su seguridad interior y su posición en la región. Han minado su credibilidad internacional y amenazado su bienestar económico."
También dijo que no pensaba que había perdido el tiempo dedicando tantos esfuerzos para mejorar los lazos con el gobierno de Pakistán.
"Lo he hecho porque creo que una relación difícil e imperfecta es mejor que no tener ninguna relación", dijo. "Algunos pueden decir que he perdido el tiempo, que Pakistán no está más cerca de nosotros ahora, y se puede haber alejado aun más. No estoy de acuerdo. La cooperación militar se está activando."
[Elisabeth Bumiller informó desde Washington, y Jane Perlez desde Islamabad, Pakistán. Mark Mazzetti contribuyó con reportes desde Washington.]
26 de septiembre de 2011
22 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

piden procesar a pilotos parias

---

Querellante del caso Allende pide procesamiento de jefe de pilotos Fach que bombardearon La Moneda. El abogado Roberto Avila solicitó al juez Mario Carroza la medida en contra del general (r) Mario López Tobar.

---

Santiago, Chile. El abogado Roberto Avila, querellante en la investigación que pretende determinar las causas de la muerte del ex presidente Salvador Allende, solicitó al ministro en visita del caso, Mario Carroza, el procesamiento del general (r) de la Fach Mario López Tobar.
El ex uniformado, de acuerdo a los antecedentes de la causa, era el jefe de la operación de los pilotos que comandaron los Hawker Hunter que atacaron el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El jurista, que representa al movimiento socialista-allendista, explicó que pretende que se dicte el encausamiento de López Tobar como autor del delito de homicidio calificado en grado de frustrado.
En su petición, el profesional agrega parte de la declaración que el general (r) entregó al juez Carroza cuando fue interrogado, en que dice "el 11 de septiembre de 1973, como teniente coronel, me desempeñaba como el comandante de la unidad de la cual dependían los Hawker Hunter, dos de los cuales dispararon cohetes contra La Moneda".
"A las 10:00 partí de Concepción y en el trayecto escuché la orden de atacar La Moneda (...). En un comienzo, la instrucción fue atacar las antenas de radio y el ataque a La Moneda; el ataque a la casa de Tomás Moro provino después", se agrega.
26 de septiembre de 2011
23 de septiembre de 2011
©la tercera

el retorno del río elwha

---

Desmantelarán dos presas, gracias a la presión ciudadana. Editorial de TNYT.

---

En los siguientes tres años, dos enormes presas hidroeléctricas en el río Elwha en el estado de Washington, construidas en el siglo pasado, serán desmanteladas para restaurar los antiguas migraciones del salmón. Esto es un tributo a la tenacidad de los ciudadanos y a las organizaciones medioambientales que contribuyeron a que ocurriera. También es un ejemplo de las cosas buenas que se pueden cuando hay colaboración bipartidista genuina.
El presidente George H. W. Bush firmó el proyecto de ley original autorizando la restauración del ecosistema del río Elwha en 1992. El presidente Bill Clinton convenció al Congreso para que proporcionara los fondos para demoler las presas. Inspectores de tres gobiernos realizaron estudios medioambientales y se encargaron de las detalladas negociaciones con las comunidades locales y los dueños privados de las presas.
Las presas ya han superado largamente su utilidad como generadores de energía. Pero su presencia se ha cobrado un alto precio medioambiental y económico. Las migraciones que antes llegaban a cuatrocientos mil salmones al año, bajaron a menos de tres mil después de que los diques bloquearon las rutas migratorias, despojando a las tribus indias de ingresos y de turistas y deportistas a la región.
El coste final del proyecto se calcula en 350 millones de dólares. Eso incluye desmantelar las presas y revegetando 112 kilómetros del nuevo río. Algunos biólogos creen que los peces finalmente volverán a su población máxima de antes de la construcción de las presas.
Antes que celebrar este progreso, los republicanos en el Congreso están determinados a destripar la Ley de Conservación de Aguas y Tierra, que empezó el proyecto Elwha. Y están bloqueando el nombramiento de Rebecca Wodder a la subsecretaría del Interior, en parte debido a su posición a favor del desmantelamiento de las presas cuando era presidente de la organización conservacionista American Rivers.
El proyecto Elwha es un recordatorio de que hubo una época en que los líderes republicanos se preocupaban por el medio ambiente y entendían que la protección también podía ser un buen negocio. ¿Dónde están?  
26 de septiembre de 2011
21 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

policía fuera de la ley

---

Ministerio de Justicia llama a Puerto Rico a reformar su corrupta fuerza pública. Editorial de TNYT.

---

El ministerio de Justicia ha emitido un devastador informe sobre la galopante corrupción y violaciones constitucionales cometidas por el Departamento de Policía de Puerto Rico, la segunda fuerza policial de Estados Unidos. El informe concluye que "una reforma duradera exigirá nada menos que la intervención judicial federal." Y cuanto antes, mejor.
La División de Derechos Civiles del ministerio de Justicia empezó a investigar en 2008 bajo una ley federal que permite al fiscal general de Estados Unidos iniciar acciones civiles contra gobiernos estaduales y locales. La investigación concluyó que el Departamento de Policía, con diecisiete mil agentes, estaba "quebrado" y carecía de sistemas básicos de responsabilidad a todo nivel. El resultado fue "un sorprendente nivel de delincuencia y corrupción" y un prolongado patrón de "violaciones de la Constitución recurriendo a la fuerza letal, cuando no se requiere ni esa fuerza ni ninguna", así como el uso rutinario de allanamientos e incautaciones ilegales.
La investigación también concluyó que los agentes eran aberrantemente parte del problema de la delincuencia. En los últimos años han habido casi mil doscientas detenciones de agentes por homicidio, tráfico de drogas y otros delitos, y casi mil quinientas quejas contra agentes por violencia intrafamiliar.
El gobierno federal tiene la autoridad para obligar a Puerto Rico a reformar su Departamento de Policía mediante la fuerza de una demanda o mediante el medio menos polémico de un decreto vinculante del ministerio de Justicia sobre lo que debe hacer la policía. De cualquier modo, el acatamiento de la agencia de policía tendrá que ser supervisado por un juez federal.
El informe avanza 133 recomendaciones de reforma, incluyendo el reemplazo de jefes nombrados políticamente por funcionarios policiales profesionales; desarrollar y adherir a altas normas de contratación, ascensos y despidos; formar, entrenar y capacitar a supervisores y agentes; y hacer que la policía sea responsable ante la comunidad.
Estas radicales reformas tomarán tiempo. Una investigación federal similar sobre la brutalidad y corrupción en el Departamento de Policía de Los Angeles -realizada después del caso Rodney King- resultó en ocho años de supervisión judicial federal antes de que la agencia de policía hiciera suficientes progresos como para suspender la supervisión.
El departamento de Puerto Rico es dos veces más grande y sus problemas son más generalizados. Es urgente que la iniciativa empiece de una vez. La tasa de homicidios de Puerto Rico es dos veces mayos que la de Luisiana, el estado con la tasa de homicidios más alta del país, y este año, en ruta a cifras récord. Si Puerto Rico debe restaurar el orden con el derecho, es esencial que la fuerza policial demuestre que puede hacer su trabajo sin romper la ley.
25 de septiembre de 2011
14 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el pacto roto

---

Un juez destituido, un fiscal que renuncia para que no lo echen, procesamientos confirmados y un camarista que se escapa como un fugitivo: este año empezaron a cobrar forma las investigaciones sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura.

---

[Irina Hauser] Argentina. Primero vino la destitución del camarista mendocino Luis Miret, el que a un ex detenido le dijo la frase memorable "hay que aguantar", tras una sesión de tortura. Le siguió una denuncia contra el juez de Casación Gustavo Mitchell hecha por el tribunal que juzga la apropiación de hijos de desaparecidos, el mismo que a los pocos días hizo abrir una causa contra el entonces fiscal Juan Martín Romero Victorica. En La Rioja fue detenido el ex juez Roberto Catalán; en Rosario, la Cámara confirmó el procesamiento del ex juez de menores Luis María Vera Candioti y ordenó reabrir causas contra otros dos. Fue anulado el sobreseimiento del ex camarista de Salta Ricardo Lona, y al final llegó otro mendocino, Otilio Romano, o mejor dicho se fue –a Chile– para eludir ser juzgado por 103 crímenes de lesa humanidad y evitar presenciar su juicio político. Hay más, y todo ocurrió en lo que va de este año. Como si se hubiera roto algo, algún pacto que los amparaba. La complicidad de jueces, secretarios y fiscales con la maquinaria del terrorismo de Estado durante la última dictadura y también con posterioridad devino uno de los grandes temas en tribunales. O un gran desafío, que tardó en pasar filtros y de todos modos aún debe capear ciertas resistencias corporativas residuales.
El día que Victoria Montenegro se sentó ante el Tribunal Oral Federal N0 6 (TOF6) y decidió contar lo que se había guardado durante una década, abrió un mundo. Repasó su historia personal de manera lisa y llana, entre lágrimas, y dijo que estaba marcada por un poderoso fiscal de la Cámara de Casación que había hecho de todo por ayudar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, cuando era investigado por la Justicia. Reveló que le anticipaba información y llegó a ponerle abogados cuando lo detuvieron. Aseguró incluso que sabía que había sido el propio Tetzlaff quien mató a sus padres en 1976. Victoria, la nieta recuperada número 78, repitió y amplió su relato en la radio y la televisión. Quizá sin planearlo, conmovió a miles de personas. Volvió cercano y palpable parte de ese enunciado que nombra a la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Hablaba, además, de Romero Victorica, quien ese 25 de abril todavía ocupaba un despacho de fiscal de Casación Penal en el mismo edificio donde ella declaraba. Su testimonio derivó en una causa penal, a cargo del juez Norberto Oyarbide, a quien Romero Victorica ya le fue a pedir el sobreseimiento, y dio lugar a la apertura de su juicio político en la Procuración General. Pero renunció antes de que lo expulsaran.
La actuación atribuida a Romero Victorica es una de las caras de la cooperación civil con el régimen dictatorial: la de quienes, ya en democracia, buscaron poner obstáculos para juzgar a los represores, o incluso a otros jueces, como garantes de su impunidad. El ex fiscal nunca disimuló su postura, pero no avanzaban los planteos en su contra.

Avances y Resistencias
En la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violación a los Derechos Humanos de la Procuración contabilizan sesenta personas que tienen o tuvieron cargos en la Justicia que "se encuentran vinculadas con diferentes grados de responsabilidad" con delitos de lesa humanidad desde la época de la Triple A. Representan otra faceta de la "relación del Poder Judicial con la represión": la de quienes desde los tribunales fueron funcionales, cómplices o garantes de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado mismo. Pablo Parenti, coordinador, dice que el avance de los juicios de derechos humanos fue haciendo lugar a "nuevas hipótesis que complementan las iniciales" o "aspectos que no aparecían como los más urgentes", y que hay "más testimonios sobre el tema y análisis documentales de expedientes". Además, dice, "para avanzar penalmente hay que vencer una resistencia que proviene de la propia administración de Justicia, que no siempre se explica por motivos ideológicos, sino también por lazos familiares o de amistad, identificación o pertenencia a la misma corporación; pero los juicios y el trabajo permanente van haciendo mella en estas resistencias".
El testimonio de Victoria Montenegro tuvo otras consecuencias no tan perceptibles, pero existentes, como haber llenado de sentido a un hecho ocurrido un mes antes de su declaración, pero no tan difundido: la destitución del camarista mendocino Luis Miret. Los testimonios de ex detenidos que lo vieron durante su cautiverio fueron impactantes. Como el de León Glogowski, que contó que Miret lo vio torturado y con el labio roto y que él le denunció sin eco las golpizas y torturas que recibían los detenidos, incluso el ataque sexual sufrido por su novia de 17 años, a quien escuchaba gritar desde el calabozo vecino. Glogowski además recordó que con él se ensañaban por ser judío, y que el ex juez comentó: "¡También, con ese apellido!". Su novia era Luz Faingold, a quien siendo menor de edad llevaron al D2, un centro de detención de adultos. Miret se negó a restituirla a sus padres y la mandó a un internado, contó ella ante los consejeros. Luz, además, es querellante en la causa penal en la que no sólo Miret fue procesado, por cerca de treinta casos de violaciones a los derechos humanos sino también el entonces fiscal, que en estos últimos días se hizo famoso tras fugarse a Chile justo un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para abrirle juicio político: Otilio Romano, también camarista en Mendoza.
Romano está procesado por 103 secuestros, desapariciones, torturas y robo de bienes de desaparecidos y camino a juicio oral. Su posible destitución elevaba las chances de que terminara preso al quedarse sin inmunidad de arresto. Por eso huyó, y pidió asilo político en el país vecino, que le dio ocho meses de visa mientras lo analiza. Lo único que podría precipitar todo es que un tribunal pida la detención sin esperar la destitución, un planteo que han hecho el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) mendocino y el fiscal Omar Palermo. El juez Walter Bento supeditó la captura al juicio político. Ahora deben decidir tres camaristas. El escándalo que implica la fuga de un juez de Cámara, acusado de delitos de lesa humanidad, bastó para que fuera tema en todos los medios.
Romano también fue visto por ex detenidos recorriendo centros clandestinos, incluso en La Plata. El abogado del MEDH Pablo Salinas suele explicar que "sin la actuación del fiscal, los represores no podían haber avanzado; porque no investigaba las torturas que le denunciaban; o porque les daba valor de cargo a testimonios obtenidos bajo tortura".
El origen de la causa penal contra Romano, Miret y otros dos ex jueces es curioso: los organismos de derechos humanos se preguntaban por qué no avanzaban las causas contra represores en Mendoza, por qué los liberaban, y encontraron que el mayor escollo estaba en la Cámara, y ahí las víctimas empezaron a atar cabos, y a recordar quiénes habían sido estos jueces. Para Salinas el asunto no está saldado todavía, ya que el actual presidente de ese tribunal, Julio Petra Fernández, "es el mismo que votó el apartamiento del juez que había procesado a su amigo Romano y que luego del fallo salió a festejar con él, situación en la que fueron fotografiados". Petra tiene también causas penales y el Consejo de la Magistratura lo citaría como sospechoso esta semana.
En La Rioja, en mayo fue detenido el ex juez Roberto Catalán, denunciado por el escritor Leopoldo Juan González. Después de su secuestro y detención en 1976, donde sufrió torturas y simulacros de fusilamiento, Catalán se fue a tomarle declaración pero se negó a recibir sus denuncias sobre los tormentos en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141. "Esas cosas no tienen valor porque pasaron hace mucho tiempo", le habría dicho. En Tucumán, fue indagado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, por el asesinato de cinco militantes de Montoneros y por haber mandado a un detenido a un centro clandestino. Un sorprendente fallo reciente, de la Cámara de Casación, reabrió una causa contra el ex juez de Salta Ricardo Lona por el presunto encubrimiento del secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. En Bahía Blanca, un tribunal oral ordenó detener este mes al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del fallecido Guillermo Madueño, y fue acusado de participar en interrogatorios en centros clandestinos.

Los Jueces y los Niños
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, declaró en abril en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y contó una vieja anécdota, para algunos olvidada. En 1978 buscaba a su nieto, el bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después de lo cual fue asesinada. Acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir. Pero ya la habían dado en guarda. El juez de Menores era el actual juez de Casación Gustavo Mitchell. Ella lo fue a ver, y recibió, contó, un mensaje a través de un emisario: "El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja". Años más tarde, Carlotto supo que su nieto era varón, y todavía sueña con encontrarlo. El TOF6 denunció a Mitchell: ahora lo investiga Oyarbide, que ya había iniciado una causa contra él por la entrega del hijo de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en 1976 en un operativo del Plan Cóndor. Su bebé, Simón, tenía sólo veinte días y el juez se lo dio en guarda al subcomisario Osvaldo Parodi, sospechado de estar vinculado con el secuestro de ella. Por estos días, el Consejo de la Magistratura decidió impulsar la investigación contra Mitchell y quien fuera su secretario, el actual juez José Martínez Sobrino. Pidió que den testimonio Carlotto, Méndez, la fundadora de Abuelas, María Isabel Chorobik de Mariani (primera en denunciar el caso), y la directora del programa de asistencia a testigos, Fabiana Rousseaux.
Oyarbide avanza lento. Una de sus medidas más fuertes fue incautar todos los expedientes de adopciones de la dictadura de los Juzgados de menores porteños. Un trabajo similar hizo otro juez en Lomas de Zamora, en el ex juzgado de la fallecida Delia Pons, que les decía a las Abuelas en la cara que no les devolvería a sus nietos. Son caminos para detectar casos de apropiaciones disfrazadas de legalidad. "En el 30 por ciento de los casos de apropiación de niños ya resueltos hubo procesos judiciales de adopción, muchos de los cuales no eran más que mecanismos de blanqueo del robo de bebés, con la complicidad de la Justicia", dice Alan Iud, abogado de Abuelas. "Todavía hay mucho por avanzar en este terreno", advirtió. Aunque hay fallos recientes que "son un punto de partida": La decisión de la Cámara Federal de Rosario de reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, ex juez de Menores en la dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves, quien recuperó su identidad en 1995, y de Paula Cortassa. La confirmación del procesamiento, la semana pasada y en el mismo tribunal, que dejó cerca del juicio oral al ex juez Luis María Vera Candioti por la supresión de la identidad de Carolina Guallane, única sobreviviente de una masacre donde murió toda su familia en 1977.
25 de septiembre de 2011
©página 12

murió mary fickett

---

Actriz, conocida por su prolongado papel en ‘Todos mis hijos’. También apareció en 'Al filo de la noche' y 'Las enfermeras.'

---

[Claire Noland] Murió Mary Fickett, que fue durante décadas la enfermera de ‘Todos mis hijos’ [All My Children] y en 1973 ganó el primer Emmy dado a una actriz en una serie en horario diurno después de que su personaje hiciera un apasionado discurso contra la guerra de Vietnam. Tenía 83 años.
Fickett, que también actuaba en teatro, cine y televisión en horario estelar, falleció el jueves en su casa en Callao, Virginia. La portavoz de ABC, Jori Petersenw confirmó la muerte de Fickett, pero no mencionó la causa.
‘Todos mis hijos’, creada por Agnes Nixon, fue emitida por primera vez el cinco de enero de 1970 y se hizo pronto conocida por sus guiones socialmente relevantes. Nixon, que también era la guionista jefe de la serie, estaba resuelta a tratar temas diversos, incluyendo entre ellos el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el alcoholismo, la epidemia del SIDA, el aborto, la homosexualidad, el racismo y los trastornos alimentarios.
Cuando el hijo adoptivo de Ruth Martin, Phil Brent (Richard Hatch), fue enviado a Vietnam, ella expresó sus dudas sobre la guerra y su preocupación sobre su seguridad. La actuación de Fickett le reportó un Emmy en 1973, la primera vez que el trofeo se otorgó a actores individuales de series diurnas.
Fickett estuvo en el reparto original de actores de series del canal ABC, con Susan Lucci como Erica Kane, Ruth Warrick como Phoebe Tyler y Ray MacDonnell como Dr. Joe Martin, que se convirtió en el marido de Fickett en la pantalla. Fickett apareció en la serie de 1970 a 1995 y nuevamente de 1998 a 2000 (la actriz Lee Meriwether tomó el papel de Ruth Martin durante su ausencia.)
Aunque la trama seguía los altibajos de su reparto en el imaginario Pine Valley, Pensilvania, algunos personajes siguen siendo referencias para sus fieles seguidores.
‘Todos mis hijos’, que ABC anunció que dejaría de ser emitida el 23 de septiembre, ha dedicado a Fickett su episodio del 21 de septiembre.

Nacida el 23 de mayo en Bronxville, Nueva York, Fickett fue introducida tempranamente al mundo del espectáculo. Su padre, Homer, era productor y director de radio.
Tras estudiar en Wheaton College y en el Neighborhood Playhouse, Fickett debutó en Broadway en 1949 en ‘I Know My Love.’ En obras posteriores en Broadway en los años cincuenta, reemplazó a Deborah Kerr en ‘Té y simpatía’ [Tea and Sympathy] y fue nominada a un Tony por su papel como Eleanor Roosevelt en ‘Amanecer en Campobello’ [Sunrise at Campobello.]
El primer rol de Frickett en el cine le llegó en 1957, cuando actuó con Bing Crosby en la serie sobre un divorcio ‘Hombre en llamas’ [Man on Fire.]
Encontró trabajo estable en televisión en los años cincuenta y sesenta, incluyendo programas antológicos, como ‘Kraft Theatre’, ‘Armstrong Circle Theatre’ y ‘The United States Steel Hour’, así como ‘Al filo de la noche’ [The Edge of Night], ‘Las enfermeras’ [The Nurses] y otras series en horario estelar. Cuando ‘Las enfermeras’ fue transformada en una serie diurna en 1965, ella continuó su rol.
Fickett también co-presentó, con el periodista Harry Reasoner el temprano programa de CBS en las mañanas de los años sesenta, ‘Calendar.’
Sus matrimonios con el actor James Congdon y el hombre de negocios Jay Leonard Scheer terminaron en divorcio. Su tercer marido, el director de culebrones Allen Fristoe, murió en 2008.
Entre sus sobrevivientes se encuentran Bronwyn ‘Anne’ Congdon y su hijo Kenyon Congdon, ocho nietos y dos biznietos.
25 de septiembre de 2011
12 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

homicidios que comete el estado

---

La abogada norteamericana Sandra Babcock habló sobre ejecuciones y pena de muerte. Defensora de presos que viven en el "pasillo de la muerte", tras participar en un congreso sobre el tema en Buenos Aires, Babcock dijo a Página/12 que esa pena es alentada por políticos oportunistas, bajo el mito de que disuade a los delincuentes.

---

[Carlos Rodríguez] La abogada norteamericana Sandra Babcock, defensora de presos condenados a muerte por delitos comunes o supuestos actos de terrorismo, afirmó que la pena capital "debe ser abolida, pero se mantiene en 23 países porque los políticos oportunistas" siguen afirmando que "disuade a los delincuentes que cometen delitos violentos, cuando criminólogos y sociólogos han demostrado que no hay ninguna prueba de ello". En una entrevista con Página/12, sostuvo que las "ejecuciones" –como se denomina a la puesta en práctica de la pena de muerte– deberían llamarse "homicidios cometidos por el Estado". Recalcó que "esos homicidios son más graves que los que cometen personas bajo el efecto de las drogas o con problemas mentales, porque mientras ellos actúan espontáneamente, el Estado actúa en forma premeditada. Son homicidios cometidos a sangre fría". Babcock participó en Buenos Aires del Congreso Sobre Abolición Universal de la Pena de Muerte, organizado por la Defensoría General de la Nación.
Directora clínica del Centro Internacional de los Derechos Humanos, Babcock defiende a un ciudadano saudita que está preso en la cárcel de Guantánamo por su presunta participación en el atentado contra las Torres Gemelas. "Hace nueve años que está preso sin acusación, sin testigos, sin pruebas", a pesar de que el gobierno de Estados Unidos reconoce que "no entró al país" cuando ocurrió el hecho "y cuando también se reconoce (oficialmente) que ha sido sometido a torturas".

¿Cómo es posible que a esta altura de la historia de la civilización se mantenga vigente una medida extrema que remite a la Edad Media?
Es una buena pregunta. Lo que se ve es que cada año más países están aboliendo la pena capital. En todo el mundo tenemos sólo 23 países que el año pasado llevaron a cabo ejecuciones. Creo que estamos avanzando, pero Estados Unidos o Japón, y otros países, todavía aplican la pena capital. Es cierto que es algo difícil de entender. Creo que la pena de muerte persiste porque es alimentada por mitos perdurables, pero falsos.

¿Por qué persisten esos mitos?
Porque hay políticos oportunistas que reclaman medidas, como la pena de muerte, para los casos muy graves de delitos violentos. Eso se aplica como respuesta a las preocupaciones de una población que tiene miedo por la inseguridad y los políticos se aprovechan de esa inseguridad y de la ignorancia. La población no sabe realmente cuáles son las causas, los factores que contribuyen a la delincuencia. Es mucho más fácil, para un político, decir: "Bueno, yo tengo una solución". Esa solución muy simple, muy rápida, es la pena de muerte. Es como decir "vamos a matar a todas esas personas que están causando ese daño en la sociedad".

Pero está demostrado que es una medida que no soluciona nada.
Claro, es una solución que no funciona porque sabemos que otro mito es que la pena de muerte disuade a los delincuentes, que ya no van a cometer delitos violentos porque tienen miedo de que se les aplique la pena de muerte. Sabemos, a través de criminólogos y de sociólogos, que no hay ninguna prueba de que sirva para disuadir.

En Japón o Estados Unidos, ¿con qué frecuencia se aplica?
Ahora, en Japón, no hay muchas ejecuciones porque hay un ministro de Justicia que está en contra de la pena capital. En Japón hay normalmente menos de media docena de ejecuciones cada caño. En Estados Unidos está disminuyendo (el número), pero el año pasado tuvimos 46 y en lo que va de éste hemos tenido más de 30.

¿Se puede hacer una comparación entre la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, por agentes del Estado, que ocurren en países latinoamericanos que no tienen pena capital?
Son dos cosas relacionadas, pero distintas. En Estados Unidos, la pena de muerte es una política de gobierno abierta, deliberada, proyectada. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales también podría ser, en algunos casos, una política deliberada, pero es más escondida, no es abierta. Es más difícil abordar el tema porque las causas son distintas. En muchos países son las fuerzas armadas las que cometen estas ejecuciones extrajudiciales y eso es posible por la impunidad que existe. En Estados Unidos no tenemos tanta impunidad, aunque seguramente tenemos abusos en el trato de los presos.

Cuando usted habla sobre la pena de muerte, dice que se las llama "ejecuciones", pero que en realidad son "homicidios".
Las ejecuciones son homicidios cometidos por el Estado. Habría que modificar la palabra "ejecución" y decir "matanza" u "homicidio", porque es lo que son. Es aún peor que un homicidio cometido por una persona bajo la influencia de drogas o alcohol o que tiene daño cerebral y actúa de una manera espontánea. El gobierno, cuando ejecuta a personas, actúa de manera calculada, deliberada, premeditada. Es un homicidio a sangre fría.

Usted habla de la necesidad de educar a los detenidos, de darles atención adecuada a los que cometen delitos graves, porque por lo general son personas con daño cerebral, enfermedades psicológicas o que provienen de familias abusivas. En Argentina se condena al violador, pero no se le brinda atención psicológica. De nuevo en libertad, vuelve a violar.
Claro, por supuesto, eso ocurre. Es uno de los problemas más perdurables que tenemos. Nos hemos rendido y no aplicamos el concepto de rehabilitación. Los criminólogos, muchas décadas atrás, decían que las unidades penitenciarias tenían que ser lugares donde los presos pudieran ser rehabilitados. Ahora no ocurre eso. En Estados Unidos no tenemos educación, no tenemos trabajo para los presos. Están encarcelados como animales. Para parar la violencia, es necesario primero entenderla. Y segundo, intentar tratar a las personas, con psicólogos, sociólogos, con educación, con personas que puedan entender mejor los factores que llevan a esa violencia, tanto en ese individuo como en la sociedad. Ese medio ambiente que contribuye a la delincuencia.

¿Las personas que comenten delitos graves pueden recuperarse?
La mayoría de los que cometen delitos violentos pueden sobrevivir y aprender a contribuir con la sociedad. En Estados Unidos tenemos personas en las cárceles que abusan de las drogas, pero que no representan una amenaza para la sociedad. Lo que necesitan es tratamiento. Son personas que no deberíamos tenerlas en la cárcel, porque no es necesario. Nosotros, como país, tenemos la tasa de encarcelamiento más alto en el mundo, más que China, más que Rusia. Y hay otro problema grave: la discriminación en las sentencias. Es mucho más probable que recibas una condena más severa si eres afroamericano o latino, que si eres blanco. Y si alguien cometió un delito, aunque sea robo, sin agresión ni daño a las personas, igual pierde sus derechos civiles y ya no puede votar, por ejemplo.

Las medidas contra la inseguridad crean muchas veces más inseguridad.
Exactamente. En Estados Unidos, después del 11 de septiembre (de 2001), hemos abandonado algunos principios fundamentales, del debido proceso, del tratamiento humano de las personas, sobre todo en Guantánamo.

Es difícil ser el abogado defensor de los que están imputados por supuestos delitos relacionados con el 11 de septiembre.
Lo que es difícil es ganar los casos. Perdemos mucho, porque las cortes son muy conservadoras, los políticos también y entonces es algo muy frustrante, porque no puedes ayudar a tus clientes. Intentamos, pero es muy duro. Para mis clientes que están en el corredor de la muerte o para el que está en Guantánamo, es una tortura.

¿Cuál es la situación de su defendido en Guantánamo?
Es de Arabia Saudita. Hace nueve años que está detenido, sin juicio. No fue formalmente acusado en las cortes penales. El gobierno dice que cree que es una persona que iba a participar en los ataques del 11 de septiembre. Según el gobierno, él no pudo entrar al país y por eso no tomó parte en el ataque. Pero según el gobierno, él ayudaba a Al Qaida. Hasta el momento no han presentado ningún testigo, ninguna prueba, no hemos tenido un proceso. El gobierno, además, ha reconocido que mi cliente fue torturado. No sabemos qué va a ocurrir, pero sigue en Guantánamo.
25 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©página 12