nuevo espacio para la memoria

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Scioli anunció que en el Pozo de Arana se hará un centro de concientización. En un homenaje a las Abuelas, el gobernador bonaerense informó que el destacamento policial de Arana, donde hubo un centro clandestino, que formaba parte del llamado Circuito Camps, será un espacio para la memoria y la preservación.

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[Ailín Bullentini] Argentina. El destacamento policial de Arana, centro clandestino de detención platense durante la última dictadura, será un "espacio dedicado a la memoria". La definición fue revelada por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el marco del homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo que realizaron ayer el gobierno provincial y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y fue festejada por las decenas de personas que participaron del acto. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, agradeció el reconocimiento y resaltó que "vivir estos tiempos en que todas las puertas se abren, todo se comunica y socializa, es un milagro". De todos modos, Nilda Eloy, sobreviviente de ese centro clandestino e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), remarcó que el Pozo de Arana "no puede tocarse hasta que el proceso judicial en el que está involucrado termine": se refería al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el llamado Circuito Camps.
"Hay muchas acciones que venimos haciendo en nuestra provincia, por la memoria, la verdad y la justicia, y de hecho ahora estamos por convertir al Pozo de Arana en un espacio de la memoria", anunció, escuetamente, el gobernador Scioli, tras entregar a Carlotto una placa conmemorativa: "Ellas han convertido el dolor en lucha, y lo que podemos hacer nosotros es acompañar, reconocer, motivar a este espíritu y este camino que hace 30 años parecía una utopía, pero hoy nuestro país es reconocido internacionalmente en estas políticas de derechos humanos", añadió.
"Estoy gratamente emocionada, por toda la gente que está acá con nosotros para compartir estos momentos inéditos que se dan en nuestra Argentina", mencionó, momentos antes de recibir la placa, la titular de Abuelas. Aprovechó para hacer un poco de memoria sobre la actividad militante del organismo que preside: "Vivir estos tiempos en que todas las puertas se abren, todo se comunica y socializa, es un milagro para noso-tros, porque el proyecto de vida que teníamos las Abuelas era distinto, nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a tener que seguir por siempre con esta lucha".
El anuncio del nuevo destino para el ex centro clandestino de detención platense por el que, se estima, pasaron alrededor de tres mil personas –entre ellas el testigo desaparecido en democracia Jorge Julio López–, fue ampliado a este diario por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. La transformación del Pozo de Arana en "un espacio de preservación" consistirá en la construcción de una estructura de acrílico que encajonará el sitio del destacamento, donde fueron encontrados restos de una decena de personas a fines de 2008. "En lo inmediato, se trata de una obra que apunta a preservar pruebas judiciales, pero en el futuro se trabajará para que el lugar se convierta en un espacio de actividades de concientización para las próximas generaciones", explicó el subsecretario del área, Fernando Cano.
La novedad no fue bien recibida por la Asociación de Ex Detenidos, que nuclea a sobrevivientes de diferentes centros clandestinos que funcionaron en todo el país. "La Justicia es la única que puede intervenir en el lugar. Nadie más que los jueces (que intervienen en el proceso del Circuito Camps) pueden tocar nada del Pozo", avisó Nilda Eloy, sobreviviente del Pozo de Arana. "Hasta que no desalojen a la policía de allí, más que un espacio para la memoria, el Pozo será un museo interactivo de lo que fue la detención clandestina ahí", disparó. Según explicó Cano, la decisión de la secretaria de Derechos Humanos provincial, Sara Derotier de Cobacho, es "mantener el lugar siempre custodiado".
Al estar en una ubicación medianamente alejada de zonas residenciales, el Destacamento de Arana sirvió no sólo como un lugar de detención y tortura, sino también como escenario de parte de los fusilamientos cometidos por los represores que actuaron en el Circuito Camps.
28 de septiembre de 2011
27 de septiembre de 2011
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robo de bebés fue método

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El ex jefe del ejército Martín Balza declaró como testigo en el juicio por robo de bebés. Por teleconferencia, el actual embajador en Colombia dijo que "si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado". Las querellas calificaron como "muy importante" su testimonio.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Martín Balza dijo casi obsesivamente, todas las veces que pudo, que no estuvo en el país en los años más duros de la dictadura militar. Que luego, a comienzos del ’78, llegó para dedicarse a la enseñanza. La jueza María del Carmen Roqueta le dijo que eso ya lo había dicho y lo alentó a seguir adelante. La declaración del ex jefe del Ejército en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés fue "muy importante", política y simbólicamente, para las querellas de los organismos de derechos humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio del juicio la existencia de un plan "sistemático" de apropiación de menores.
"Hoy lo respondo con más convicción", dijo el ahora embajador en Colombia. "No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder."
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un documento reservado del Ejército que él encontró en 1995 y disponía la incineración de archivos de la represión. Hizo especial hincapié en el proceso por el que se dio cuenta de las condiciones sistemáticas de la sustracción de niños, en una lógica que lo enfrentó con las defensas. Atentos a ese punto, corazón probatorio de la causa, los abogados apelaron a viejas declaraciones en busca de contradicciones. La abogada Alcira Ríos se quejó ante el Tribunal por esa suerte de exigencia de escaner de la memoria a más de veinte años de algunas de sus primeras palabras. Balza precisó el peso de las "órdenes verbales". Y al final, amparado en un gesto del fiscal Martín Niklison, abandonó los cuidados personales para sumarse al escenario de las víctimas: "He recibido muchísimas, muchísimas amenazas de las que puedo dar cuenta", dijo. Llamados anónimos. La expulsión del Círculo Militar. Y en 2003 una amenaza directa nada menos que de Pascual Oscar Guerrieri, ex jefe del Batallón 601, jefe del centro clandestino Quinta de Funes, antiguo compañero de promoción de Balza e imputado en otro juicio: "Hasta en el balcón de mi casa me tiraron un artefacto similar a una bomba, pero no me sorprende: en el caso mío fueron amenazas, en otro momento no eran solo amenazas".

La Quema de Documentos
Balza declaró largo para la lógica del Tribunal Oral Federal 6. Habló más de tres horas, con momentos de tensión provocados por cruces entre defensores y querellas. En el comienzo, Niklison lo llevó a una clave: el hallazgo del documento reservado con una orden de Cristino Nicolaides, a pocos días de la asunción de Raúl Alfonsín, con la consigna de quemar documentos. Balza nunca encontró esos documentos. Pero la maquinaria burocrática del Ejército dejó rastros suficientes de la orden porque al menos ese papel no se destruyó.
"Recuerdo bien señor fiscal –dijo el embajador– que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia." Y dijo: "Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi".
Una pantalla mostró el documento ampliado a la sala. La orden se daba mientras Reynaldo Bignone repetía lo mismo desde el Ejecutivo para todas las Fuerzas Armadas. "Eran muy amigos", explicó Balza. "En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país." O, como lo dijo antes: "Para tratar de borrar la memoria histórica".
Quién dijo qué y cómo fue esa orden al parecer quedó escrito en un libro del propio Balza del que dio cuenta en la audiencia. Ahí refiere, a su vez, a un libro de Bignone y el acuerdo con las otras Fuerzas para no presentar listas: "Lo afirmó Bignone en su libro", dijo Balza. "Y dijeron que no iban a dar esas listas porque si no venían preguntas de quién los mató, dónde están."

Robo de Bebés
El juicio no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia. "Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal." Y consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.
"De todo lo que leí había una sistematización –insistió– y si mal no recuerdo no había un número, pero eran varias parturientas que entraban al Hospital (de Campo de Mayo) con una guardia: la norma es que todo lo que entra y sale tiene que estar registrado en libros, en este caso no se anotaba ni el vehículo. Por lo menos nunca tomé conocimiento de los registros. Tendrían que estar quienes entraban ahí. Quién conducía: nada de eso constaba. Las parturientas eran atendidas en un lugar como Epidemiología: y yo no soy experto en la materia, pero no era el lugar para atender embarazadas."
Balza estuvo en Campo de Mayo entre enero y septiembre de 1978, a su regreso de Perú. Enseñó artillería para una guerra "convencional", insistió y dijo que era porque en ese momento había quedado planteada la hipótesis de guerra con Chile. Y la necesidad de una guerra "convencional" y "no de la otra", explicó. En Campo de Mayo, supo que había un "lugar de reunión de detenidos", el eufemismo con el que se hablaba de los centros clandestinos. Explicó que el lugar tenía acceso restringido, que estaba en medio del predio, pero también dijo que nunca lo vio. Los abogados de Abuelas buscaron hacerle explicar un nuevo dato: la relación entre el Hospital Militar y el Comando de Sanidad. Los abogados de Omar Riveros dicen que como el Hospital dependía del Comando de Sanidad, Riveros no tuvo incidencia en ese espacio. "Balza dijo que la relación entre el hospital y el comando existía en cuestiones médicas, pero no operativas –dijo Iud–: con lo que dio a entender que se estaba refiriendo a lo que planteó como irregularidades."

"Menudeces"de Rivero
Para 1999 estaban vigentes los indultos y ése fue el último año en el que Balza permaneció como jefe del Ejército. Dijo que no pudo convocar a Cristino Nicolaides porque, "no tenía atribuciones de hacer una pregunta como ésa". De todos modos, en medio de la revisión que buscaba, sí convocó "al general Omar Riveros" para preguntarle: "Que tuviera a bien decirme dónde estaba el cadáver de (Roberto) Santucho y de (Benito) Urteaga, que yo asumía la responsabilidad de decírselo a la Justicia para satisfacer los requerimientos comprensibles de las familias". Por supuesto que la contestación fue que no sabía nada, dijo Balza. "Que él no estaba en esas menudeces, repito lo que dijo, que no creí, pero no tenía facultades para obrar de otra forma."

Las Amenazas de Guerrieri
Después de preguntas y repreguntas, la declaración llegaba al final. El fiscal Martín Niklison le preguntó a Martín Balza si desde aquella autocrítica que había hecho en nombre del Ejército, recibió alguna amenaza o terminó afectado de alguna manera. Balza dijo que sí. Y en medio del derrotero detalló cómo en 2003 Pascual Oscar Guerrieri, a quien recordó como "viejo compañero de promoción", lo amenazó a través de un coronel amigo: "Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso". Guerrieri es ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y ex jefe de la Quinta de Funes, centro clandestino de la ciudad de Rosario por el que está siendo juzgado en este momento. Pero no fue del único que habló. "Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron ella y mis hijos", explicó el embajador. Recordó al general Gerardo Díaz Bessone, "un general del Proceso que mediante una maniobra burda y mentirosa hasta hizo que me expulsaran del Círculo Militar, que no es una institución del Ejército. Recibí llamadas telefónicas con amenazas a toda mi familia en las que me acusaban de traidor".
28 de septiembre de 2011
27 de septiembre de 2011
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abusos británicos en iraq

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Dos casos de abusos que mancharon la reputación de las fuerzas militares británicas.

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Londres, Inglaterra. Una comprehensiva investigación de los más notorios casos de maltrato de prisioneros cometidos por soldados británicos en Iraq, los describió en su informe publicado el jueves como "una gran mancha en la reputación del ejército", relatando en detalle una serie de espeluznantes abusos cometidos por militares en un regimiento con una historia de trescientos años de honores de guerra en el extranjero. Concluyó que un iraquí, empleado de un hotel en Basra, de veintiséis años, murió en un "escandaloso y grave episodio de violencia arbitraria."
El informe sobre el caso de 2003 fue uno de los golpes más serios a la reputación que ha sufrido el ejército británico, debido a su problemática intervención en la guerra contra Iraq, donde su rol de combate, entre las fuerzas extranjeras, sólo era segundo al de Estados Unidos.
El primer ministro David Cameron habló con periodistas poco después de la publicación de las conclusiones, condenando el "verdaderamente atroz y escandaloso abuso" dejado al descubierto por la investigación y diciendo que "no debería volver a ocurrir." El ministro de Defensa, Liam Fox, comentó sobre las conclusiones diciendo que eran "deplorables, escandalosas, vergonzosas."
La investigación británica, encabezada por uno de los más reputados jueces retirados de Gran Bretaña, duró tres años y costó veinte millones de dólares. Empezó sólo después de que el ministerio de Defensa perdiera una batalla de cuatro años en tribunales para bloquearla. Los comandantes británicos dicen que las medidas que ya se han tomado para supervisar las operaciones con detenidos han minimizado el riesgo de una ocurrencia como en Afganistán, donde las fuerzas británicas también se desplegaron en números sólo inferiores a los estadounidenses en la coalición internacional.
El informe final de mil 400 páginas encontró un patrón de "violentos y cobardes asaltos" cometidos por "un enorme contingente de soldados" de una unidad del Regimiento Lancashire de la Reina, que había resultado en 93 lesiones separadas que debilitaron con fatales consecuencias al empleado de hotel, Baha Mousa, padre de dos hijos. Mousa murió finalmente en el suelo de un retrete abandonado. También criticó al doctor militar y al capellán católico por no informar sobre los abusos después de haber visto las lesiones de Mousa.
Los malos tratos descritos en el informe incluyen encapuchar a los detenidos con sacos de arpillera, obligarlos a estar de pie o agachados en posiciones estresantes, privándoles de sueño durante largos periodos, y una práctica que los soldados británicos llaman ‘harshing’ -gritar directamente a los detenidos desde distancias de seis pulgadas o menos. Los detenidos en Basra también contaron que les habían privado de alimentos, les habían metidos los dedos en los ojos, y les habían pateado en los genitales y riñones.
El informe dice que el asalto final contra Mousa -un chaparrón de puñetazos mientras estaba esposado- tuvo lugar poco antes de su muerte.
El autor del informe, Sir William Gage, dijo que hubo un "fracaso corporativo" en el ministerio de Defensa por los métodos violentos de interrogatorio, incluyendo el encapuchamiento, las posiciones estresantes y la privación de sueño, que habían sido prohibidas en 1972 por el primer ministro Edward Heath después de un escándalo sobre maltratos a detenidos en Irlanda del Norte.
Aunque el caso de maltrato en Basra fue ejecutado por un grupo de soldados dirigidos por un cabo, Gage dijo que los oficiales tenían una "fuerte responsabilidad" por no detener las agresiones.
El ministerio de Defensa había impuesto previamente medidas disciplinarias a varios de los oficiales y soldados implicados, licenciando de las fuerzas armadas a algunos de ellos. El jueves, declaró que suspendería a todos los que todavía estuvieran en las fuerzas armadas, a la espera de una revisión de sus casos.
Seis hombres fueron absueltos por una corte marcial en 2007. El séptimo, el cabo Donald Payne, al que el informe del jueves se refiere como un "matón violento", fue condenado a un año de prisión por someter a Mousa a tratos inhumanos. Fox, el ministro de Defensa, dijo al Parlamento el jueves que había instruido a los funcionarios que hicieran "un poco más para llevar a justicia a los responsables." Los abogados de Mousa exigieron que los implicados sean juzgados en cortes civiles.
Los paralelos entre los casos en Basra y el escándalo estadounidense de la cárcel de Abu Ghraib -incluyendo el uso de técnicas similares y la dificultad de hacer responsables a los oficiales- han angustiado a muchos en Gran Bretaña. Ambos casos giraron sobre maltratos a detenidos civiles bajo custodia militar, y ocurrieron gruesamente al mismo tiempo, unos meses después de la invasión de 2003. Durante ese periodo, tropas de Estados Unidos y británicas habían empezado a hacer frente a sostenidos ataques de parte de insurgentes iraquíes, los que resultaron en crecientes bajas militares.
En la época, comandantes británicos en el sur de Iraq fueron a menudo explícitos al comparar lo que describían a los periodistas visitantes como las tácticas restringidas y amistosas con la población civil de las tropas, con prácticas estadounidenses al norte. Citando la larga historia colonial de Gran Bretaña, dijeron que sus tropas entendían mejor que las fuerzas norteamericanas los resultados contraproducentes de las tácticas agresivas contra los nativos.
Gran Bretaña retiró sus últimas fuerzas de Iraq en 2009, dejando tropas estadounidenses como la única presencia militar extranjera significativa. Muchos analistas en Gran Bretaña, y algunos oficiales en retiro, describieron la intervención de seis años en Iraq como un funesto fracaso, centrado principalmente en la incapacidad de las fuerzas británicas para impedir que las milicias chiíes controlen efectivamente partes de Basra y otras ciudades.
El informe no halló evidencias de que Mousa y otros detenidos fueran abusados sexualmente, un persistente elemento en los casos de abusos contra detenidos en Abu Ghraib, aunque acusaciones en ese sentido han sido frecuentes, de acuerdo a abogados de la familia Mousa, en ciento cincuenta otros casos de abusos contra detenidos por soldados británicos en Iraq entre 2003 y el fin de las operaciones británicas con detenidos. Los abogados dijeron que esos casos serán proseguidos con renovado vigor en tribunales británicos.
El ministerio de Defensa luchó durante años contra los llamados a una investigación independiente sobre la muerte de Mousa, finalmente perdiendo cuando la Cámara de los Lores resolvió que la Carta Europea de Derechos Humanos, incorporada en la legislación británica en 1998, se aplicaba a Mousa cuando estaba bajo custodia militar británica en Ira, En 2007, el ministerio de Defensa accedió a pagar una indemnización de 5.4 millones de dólares a la familia Mousa, incluyendo a su padre, que había sido coronel de policía durante el régimen de Saddam Hussein.
Los intentos de comunicación con la familia Mousa no fueron fructíferos. Después de que la indemnización fuera pagada en Gran Bretaña, dejaron Basra. Un entrevistador de la BBC habló con el padre de Mousa, Daoud, el jueves en El Cairo, donde recibió al periodista británico, pero dijo que su familia no se recuperaría nunca de la muerte de su hijo.
El informe de Basra incluye 73 recomendaciones para eliminar futuros abusos. Fox, el ministro de Defensa, dijo a la Cámara de los Comunes que el gobierno las había aceptado todas, excepto una: prohibir ciertas "técnicas verbales y no-físicas" usadas tradicionalmente por interrogadores del ejército para sacar información de los detenidos. No especificó esas técnicas, pero dijo que había pedido al más alto mando militar británico, el general Sir David Richards, que volviera a redactar las normas de modo que sólo "personas definidas en circunstancias definidas" puedan usarlas.
27 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
©new york times vía
cc traducción c. lísperguer

murió josé miguel varas

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A los 83 años muere el escritor, periodista y locutor radial José Miguel Varas. Quien fuera Premio Nacional de Literatura, director del diario El Siglo, jefe de prensa de TVN y voz de Radio Moscú, entre muchas otras actividades, falleció en su casa en Ñuñoa.

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Santiago, Chile. El destacado escritor, periodista y locutor radial José Miguel Varas, quien obtuviera el Premio Nacional de Literatura el año 2006, falleció a la edad de 83 años en su residencia en Ñuñoa, según confirmaron sus familiares a La Tercera.
Varas nació el 12 de marzo de 1928 en Santiago y era hijo del militar y también escritor José Miguel Varas Calvo y de Elvira Morel Hesketh.
Ya desde los 13 años comenzó a destacar como un precoz cuentista gracias a la versatilidad de su pluma, la que pulió durante sus estudios en el Instituto Nacional.
Posteriormente cursaría sus estudios superiores en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde sólo estuvo dos años, y el Instituto Pedagógico, donde fue alumno libre en las asignaturas de Literatura y Filosofía.
Su pasión, no obstante, ya estaba en la radio, donde trabajaba por las noches y en las no tardaría en convertirse en un locutor destacado tanto en Santiago como en Punta Arenas.
En ese medio desarrollaría su veta periodística, llegando a convertirse en director del diario comunista El Siglo en 1961. Para entonces, ya era un reconocido militante de ese partido.
Hacia 1967 vuelve a la radio, esta vez a la Radio Magallanes, aunque en 1971, con Salvador Allende en la presidencia, es nombrado jefe de prensa de Televisión Nacional.
Tras el 11 de septiembre de 1973, Varas partió a la Unión Soviética y se convirtió en una de las voces más destacadas de Radio Moscú en el programa ‘Escucha Chile’.
Regresaría finalmente del exilio con el retorno de la democracia, retomando en Chile su prolífica obra literaria, que comenzó en 1946 con ‘Cahuín’, un libro que publicó cuando sólo tenía 18 años y que le valió inmediatas críticas positivas.
Varas se paseó, como escritor, por una serie de géneros, desde los cuentos, las novelas y las crónicas periodísticas, destacando obras como ‘Historias de risas y lágrimas’, ‘Las pantuflas de Stalin’, ‘La novela de Galvarino y Elena’, ‘Nerudario’, ‘Neruda clandestino’ o ‘Los sueños del pintor’.
Por todo esto fue destacado como Premio Nacional de Literatura el año 2006.
27 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©la tercera

murió walter righter

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Controvertido obispo episcopal.

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[Elaine Woo] Murió el domingo en su casa en las afueras de Pittsburgh, después de una larga enfermedad, el obispo episcopal retirado de Iowa, Walter C. Righter, que en 1990 fue absuelto de cargos de herejía por haber ordenado como diácono a un homosexual no célibe. Tenía 87 años.
Su fallecimiento fue confirmado por Rich Creehan, portavoz de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, donde Righter fuera ordenado hace sesenta años.
Righter se convirtió en un pararrayos de la disidencia sobre la ordenación de homosexuales en la Iglesia Episcopal, donde era obispo asistente en Newark, Nueva Jersey, bajo el obispo John Spong, un declarado partidario de la ordenación de lesbianas y homosexuales.
En 1990, con la aprobación de Spong, Righter ordenó a Barry Stopfel, del que sabía que era homosexual, como diácono, un rango por debajo del de sacerdote. Al año siguiente, Spong ordenó a Stopfel como sacerdote.
Conservadores en la iglesia han concentrado su indignación en Righter, pero no presentaron cargos contra él sino en 2005. Fue juzgado en 1996 por una comisión de ocho obispos, los que, en una votación de 7 a 1, rechazaron los cargos de herejía y fallaron que no existía una doctrina de la iglesia que prohibiera la ordenación de homosexuales y lesbianas involucrados en una relación estable.
En 1997, el Congreso General trienal de la iglesia emitió una inusual disculpa a lesbianas y homosexuales por los "años de rechazo y malos tratos de parte de la iglesia." Aunque la iglesia sigue luchando con temas que implican la inclusión total de los homosexuales, ordenó a su primer obispo abiertamente homosexual -el obispo Gene Robinson, de Nueva Hampshire- en 2003.
En una declaración el lunes sobre la muerte de Righter, la obispo presidente Katharine Jefferts Schori dijo: "La Iglesia Episcopal puede agradecer por la vida de un siervo fiel y profético... Su ministerio será recordado por su corazón pastoral y su firme disposición para ayudar a la iglesia a superar viejos prejuicios y convertirlos en nuevas posibilidades."

Righter nació en Filadelfia el 23 de octubre de 1923. Después de estudiar en la Escuela de Teología de Yale en Berkeley, fue ordenado en 1951 y sirvió en iglesias en Pittsburgh y Nueva Hampshire antes de ser elegido obispo en la Diócesis de Iowa en 1972.
Poco después de su consagración, fue el voto decisivo en una convención diocesana sobre una resolución que apoyaba la ordenación de mujeres para el sacerdocio. "Los laicos aplaudieron y celebraron", escribió en unas memorias de 1998, ‘A Pilgrim’s Way’, pero el quince por ciento del clero dejó la diócesis, en protesta. En 1976, la Iglesia Episcopal en su totalidad aprobó la elevación de mujeres al sacerdocio.
Después de dieciséis años como obispo de Iowa, Righter se retiró en 1988. Al año siguiente fue nombrado obispo asistente a jornada parcial de Spong, que era considerado ampliamente como el obispo más liberal de la iglesia.
Righter escribió en sus memorias que al ordenar a un diácono homosexual no estaba tratando de hacer ningún punto revolucionario. "En lugar de eso, yo accedí a ordenar a una persona que había cumplido con todos los requisitos para ser ordenada. En cierto sentido, era urgente que ocurriera esta ordenación, honesta y públicamente."
Aunque otros obispos inconformistas habían ordenado a homosexuales, los conservadores en la iglesia cargaron contra Righter. Los cargos formales, llamados una presentación, lo acusaban de herejía por firmar un documento diciendo que apoyaba la ordenación de homosexuales no célibes. La presentación también dice que Righter había violado sus votos de ordenación cuando nombró diácono a Stopfel.
Aunque Righter dijo que estaba enfurecido por las acusaciones, mantuvo su sentido del humor. En el juicio se presentó a sí mismo como "Walter Righter, el hereje." Su esposa, Nancy, llevaba una etiqueta que decía "la esposa del hereje."
En sus memorias de 2000, ‘Here I Stand’, Spong especuló que los conservadores de la iglesia escogieron como blanco de ataque a Righter, un hombre casado y bonachón, porque lo veían como un objetivo fácil, "pero se equivocaron. Estaba hecho de acero y mientras más lo atacaban, más fuerte se hacía."
Además de su esposa, le sobreviven un hermano, cuatro hijos y cuatro biznietos.
27 de septiembre de 2011
13 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

comisión de la verdad con problemas

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El proyecto, que tiene media sanción en Brasil, sería blanco de sabotajes. La diputada socialista y ex alcaldesa del PT Luiza Erundina denunció que el lobby de los militares actúa para impedir que la Comisión pueda revelar los crímenes de la dictadura.

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[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. Presiones cuarteleras, cuándo no. La Comisión de la Verdad sobre los crímenes perpetrados por la dictadura brasileña, aprobada el miércoles pasado en Diputados, merced al empeño político de la presidenta Dilma Rousseff, fue poco menos que mutilada por la presión discreta de las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, cuyo brazo ejecutor fueron "sus aliados de siempre, los políticos de la derecha y la prensa conservadora", resume Luiza Erundina. Ex alcaldesa de San Pablo por el Partido de los Trabajadores y en la actualidad una de las diputadas que expresan las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, Erundina presiente que los mismos engranajes capaces de hacer que Brasil esté "a la cola de la verdad histórica en América latina siguen conspirando" para perpetrar su último servicio a la impunidad: sabotear la labor de la Comisión que aún espera el voto de la Cámara de Senadores.
"No tengo ninguna duda, y lo digo con conocimiento porque es un tema en el que he trabajado desde hace muchos años, continúa actuando el lobby de los militares para impedir que la Comisión pueda lograr su cometido y revelar los crímenes de la dictadura, la táctica de la obstrucción está en pie", declaró Erundina.
El miércoles, Diputados concedió media sanción al proyecto enviado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propuesta que motivó una crisis a fines de 2009, cuando los jefes de las Fuerzas Armadas se declararon en virtual insubordinación con la venia del entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim. En los ’70 Dilma combatió con las armas a la dictadura y tras su llegada al Palacio del Planalto asumió la pelea contra el olvido con más convicción que su compañero Lula, y en sólo 9 meses de gestión dio pasos efectivos hacia el esclarecimiento de asesinatos, desapariciones y torturas. El primero fue deshacerse del aceitoso Jobim, más subordinado a los generales que al poder civil, y luego instruyó al nuevo ministro de Defensa, Celso Amorim, para que, junto a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, y el de Justicia, José Eduardo Cardozo, operen para limar resistencias en los cuarteles y el Parlamento.
Luiza Erundina, que dejó el PT de Rousseff y Lula, para afiliarse al Partido Socialista, opina que "el precio pagado por el Ejecutivo para llegar a un consenso y lograr la votación favorable en Diputados fue excesivo". El texto elaborado por el gobierno "ya era originalmente muy cauteloso desde su concepción, pues para no incomodar a los militares, se descartó la posibilidad de que las pruebas obtenidas en la Comisión de la Verdad puedan ser giradas a la Justicia, o sea ya se admitía desde el Planalto que nunca se procesará a los sospechosos", y quedará en pie la Ley de Amnistía, legado del general-presidente Joao Baptista Figueiredo.
A lo anterior se suma que en Diputados "fue mitigada la capacidad de acción de la Comisión, a través de exigencias de última hora planteadas nada menos que por parte del partido Demócratas, el que se formó con los herederos de la dictadura".
"Alguien debería preguntar por qué será que a la Comisión le dieron nada más que dos años de tiempo para investigar, por qué será que no tiene presupuesto propio y por qué se le exige que investigue violaciones de los derechos humanos entre 1946 a 1988, en lugar de que los esfuerzos se concentren en la dictadura, todo eso es para enflaquecerla."
El parecer de Erundina es minoritario en el Parlamento, donde el proyecto fue aprobado por aclamación, contando con el apoyo de fuerzas opositoras, incluso el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex mandatario Fernando Henrique Cardoso. "Este romance político de Dilma y Fernando Henrique fue muy importante, está comenzando a dar frutos concretos porque influyó decisivamente para que hayamos podido aprobar la Comisión de la Verdad", razona Domingos Dutra, diputado del PT.
Presidente de honor del PSDB, Cardoso telefoneó a los congresistas de su agrupación para que voten a favor de la Comisión. "Eso es algo bueno para el país, no tiene sentido prolongar las peleas que vienen del tiempo del presidente Lula, entre el PT y el PSDB", planteó el diputado petista Dutra, más optimista que la socialista Erundina.
Congresistas del gobierno aún abrigan la esperanza de que en algún momento sea abolida la Amnistía y observan a la Comisión de la Verdad como "un paso dentro de un proceso histórico, que esperamos no se agote en averiguar lo que sucedió, esperamos que algún día se haga justicia", redondeó Dutra.
27 de septiembre de 2011
26 de septiembre de 2011
©página 12

contra la impunidad de romano

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El derecho internacional y la legislación interna chilena prohíben otorgar asilo a personas perseguidas por delitos contra la humanidad.

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[Alicia Landaburu y Sebastián Rey]* Otilio Romano está prófugo de la Justicia desde el pasado miércoles 7, cuando venció el plazo para presentarse ante el juez Bento y demostrar su apego al proceso penal seguido en su contra. La particularidad que tiene el caso del juez federal es que solicitó refugio en el país hermano de Chile. Al magistrado se le imputa haber omitido investigar y castigar durante su desempeño, como fiscal y juez, más de cien hechos de torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, allanamientos ilegales y robos cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad entre 1975 y 1983, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad. Su situación procesal es bastante complicada, ya que el procesamiento se encuentra confirmado y la causa está próxima a ser elevada a juicio oral. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura lo acusó de incurrir en mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos, por lo que un jury deberá determinar si es removido de su cargo. Romano posee inmunidad de arresto dentro del territorio argentino, pero el juez Bento puede dictar una orden de captura internacional para efectivizarla en Chile y que así se dé inicio, lo antes posible, a su extradición. Con respecto a la posibilidad de que Chile le reconozca el estatus de refugiado, tanto el derecho interno chileno como el derecho internacional de los refugiados son muy claros en cuanto a la imposibilidad de otorgarles dicha protección si cometieron delitos contra la humanidad. La persecución que se quiere evitar en el derecho de los refugiados debe fundarse en la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas de la persona que solicita refugio, y no a su participación en crímenes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En relación con el deber del Estado chileno de extraditar a Romano a la Argentina, hay que subrayar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es obligatoria para el Estado chileno, en el Caso Goiburu vs. Paraguay, al analizar delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, destacó que la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal, siendo la extradición un importante instrumento para estos fines, añadiendo que "un Estado no puede otorgar protección directa o indirecta a los procesados por crímenes contra los derechos humanos mediante la aplicación indebida de figuras legales que atenten contra las obligaciones internacionales pertinentes".
[Los autores son integrantes de Abogados por la Justicia Social (AJUS).]
27 de septiembre de 2011
26 de septiembre de 2011
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robo de bebés no fue casual

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Balza: "No fue algo casual sino sistemático".

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Argentina. El embajador argentino en Colombia y ex jefe del Ejército, Martín Balza, mediante una videoconferencia, aseguró ante el Tribunal Oral en lo Federal 6, que investiga el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, que las órdenes para avanzar en la sustracción de los recién nacidos "no fueron impartidas por un subordinado ni un oficial de menor rango" y agregó que "si se tiene en cuenta que ya se han encontrado más de cien niños", en referencia a los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, se concluye que "obedecían a un plan sistemático". Además, confesó que, a días de que asuma el presidente Raúl Alfonsín, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides ordenó destruir "archivos clasificados de la lucha contra la subversión".

Al declarar por videoconferencia, Balza recordó que en 2000, al leer los testimonios que recogidos por el ex juez Adolfo Bagnasco, por entones a cargo de la investigación, que incluían dichos de "médicas, parteras y enfermeras", no dudo en pensar que las apropiaciones de bebés a las madres detenidas en los centros clandestinos de la dictadura "obedecían a una práctica sistemática".
El diplomático, quien aludió a los años de la dictadura como "período trágico de nuestra historia", señaló que en la zona del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde las prisioneras parturientas daban a luz a los niños, que luego eran apropiados por los represores, las mujeres "entraban con una guardia de prevención y no se las registraba en los libros". Y subrayó la intencionalidad al indicar sin "ninguna duda" que existieron listas de víctimas de delitos de lesa humanidad.
Ante una consulta puntual sobre si esas prácticas fueron ordenadas, consentidas o autorizadas por las máximas autoridades militares de entonces, Balsa afirmó: "no tengo ninguna duda de que esas órdenes no fueron impartidas por un subordinado ni un oficial de menor rango".
En ese sentido, el ex jefe del Ejército expresó que "se comentaba" que en la ESMA existía un denominado "lugar de reunión de detenidos" y que se trataba de un sitio cuyo acceso estaba "expresamente prohibido".
Por otro lado, Balza ratificó ante los magistrados durante la videoconferencia una acción ordenada mediante el "mensaje militar conjunto" del 22 de noviembre de 1983, que debía ejecutarse para el 1 de diciembre, nueve días antes de la asunción de Alfonsín, por el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides. El objetivo del pedido era "proceder a la incineración" de la "documentación clasificada de la lucha contra la subversión" que las unidades militares debían entregar a la jefatura de la fuerza.
27 de septiembre de 2011
26 de septiembre de 2011
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