médico dice que nunca vio torturas
El médico Berges declaró en el juicio por el Circuito Camps. Empezó la indagatoria de los 24 procesados por delitos de lesa humanidad. El ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart dijo que durante los tres años que estuvo en el cargo no se enteró de nada: "No sabía más que la gente común".
[Alejandra Dandan] Argentina. Pocos declararon. Los que lo hicieron no permitieron preguntas ni de las querellas ni de la fiscalía. Uno fue el médico de policía Jorge Antonio Bergés, arrastrado en una silla de ruedas. "Nunca presencié ninguna tortura", dijo pese a haber sido quien obligó a Adriana Calvo a limpiar la placenta del parto cuando dio a luz en el auto que la trasladaba de uno a otro centro clandestino. También declaró Jaime Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense. Durante casi dos horas, repitió en su coartada que "un ministro de Gobierno no sabía más que la gente común", pero a la vez recomendó la lectura del fallo del Juicio a las Juntas en lógica de los dos demonios. Habló de límites que le marcó Camps, de un juicio sesgado, pero nunca logró explicar su contradicción principal: cómo en tres años de mandato no supo nada o por qué en 1976 decía que la policía iba a trabajar en la "lucha contra la subversión", tarea para la cual anunció públicamente, en ese momento, que destinaba una partida de presupuesto extraordinario y el nombramiento de 30.000 efectivos.
El juicio por el Circuito Camps entró de esa manera en la etapa de indagatorias, previas al debate. En el teatro de la AMIA de La Plata, entre los 25 acusados, esperó su turno sentado el comisario Miguel Etchecolatz, que sin embargo no será indagado hasta la semana próxima. El Tribunal Oral Federal Nº 1 convocó en el comienzo a una pequeña lista. Alejandro Agustín Arias Duval, ex jefe del batallón de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, lo único que subrayó ante los jueces fue que de chico le decían "Osito". Eros Almilcar Tarela, uno de los jefes más brutales de la patota del Coti Martínez, se negó a declarar sobre "las infamias", pero también dijo eso: que de chico, era "Peti" o "Petiso". Luego alguien arrastró a Bergés hasta el medio del escenario. Y antes de empezar la indagatoria, cuando el Tribunal le preguntó por sus datos personales, desde la sala se escuchó una especie de reprobación colectiva: el médico de policía acababa de decir que vivía en la calle Madres de Plaza de Mayo. Después, agregó: "Ex Magallanes".
No Existía
"A mí me trasladaron a lo que han dado en denominar Puesto Vasco, que era la Brigada de Investigaciones: tampoco entiendo por qué se le dice centro clandestino cuando yo realicé exámenes médicos legales a determinadas personas", dijo Bergés. "Nunca presencié ninguna tortura y en los exámenes médicos legales que hice nunca vi torturados", explicó, pese a que entre la querellante Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, recordaba a Adriana Calvo. Tratando de explicar por qué se habla de médicos en la tortura, Bergés llegó hasta el hijo del poeta Leopoldo Lugones, Polo Lugones: "Inventó la picana eléctrica y en palabras textuales dice: ‘Que practicaba con los presos de la vieja cárcel de Las Heras’ y dice ‘que ahí había siempre presente un médico del ministerio que controlaba el trabajo’: ahí me di cuenta por qué muchas personas dicen eso".
Smart
Smart encuadró su decisión de aceptar el cargo de ministro como un acto "por la patria". Fue el único ministro de Gobierno civil de todo el país, según sus datos. Llegaba de Venezuela. Había integrado el inefable "Camarón", la Cámara Penal Federal creada por la dictadura de Agustín Lanusse para juzgar a las organizaciones políticas y armadas, disuelta durante el gobierno de Cámpora. En este juicio está acusado como autor mediato de los crímenes del Circuito Camps porque de él dependía la estructura de policía: las comisarías reconvertidas en centros clandestinos dedicadas a interrogar, torturar y exterminar a las víctimas.
Smart estuvo tres años en el ministerio. Los cargos no necesitarían más pruebas que el organigrama, pero entre otras pruebas hay una declaración suya de diciembre de 1976, publicada en el diario La Nación, paradójicamente el mismo diario que en su editorial del viernes pasado hizo una defensa corporativa del ex funcionario. En 1976, Smart asumía la "lucha contra la subversión" y daba cuenta de que para esa lucha proveía suministros a las comisarías y recursos humanos, una partida de millones de pesos, 30.000 hombres, y vencida la guerrilla abogaba por avanzar con los "ideólogos". Ese fue uno de los puntos al que volvieron los jueces.
Roberto Falcone le preguntó si durante los tres años en los que fue ministro no tenía conocimiento de lo que sucedía. Smart dijo que "no".
¿De los tiroteos que mencionó usted, no sabía nada?
Sí –explicó–, por los diarios, las noticias que teníamos en los diarios. Yo creí hasta hace unos días que lo de la Calle 30 fue un enfrentamiento entre subversivos y las fuerzas militares. Salió en el diario El Día. No oí el cañonazo.
La sede de su despacho, ¿a cuántas cuadras estaba de la seccional 5ª?
No sé.
¿No asistió nunca?
No.
¿Cuándo usted liquidaba las partidas de alimentos?
¡Cómo voy a liquidar yo las partidas de alimentos! Es una pregunta capciosa.
¿Firmaba los expedientes?
En las 24 horas que un ministro tiene no puede entrar en esas minucias.
Usted describió cuál era el clima previo y dijo que había que luchar contra la subversión. ¿Usted recuerda una nota en el diario La Nación?
Eso lo mantuve siempre, porque el primer encontronazo que tuve con autoridades militares fue porque lo que yo dije es que había que descubrir un grupo que había armado a los jóvenes, había universitarios, y a los jóvenes ideólogos.
En otros tramos, dijo: "La única opción que tenía era no aceptar el cargo". Y luego, cuando las preguntas insistieron sobre qué sabía o qué no, explicó: "No se sabía nada. Cualquier averiguación que usted hiciera lo colocaba en lugar de sospecha".
Los querellantes de los organismos de derechos humanos se sorprendieron. Para la fiscalía, integrada por Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, pareció una declaración paradójica. "Si bien fue bien armada, no puede explicar cómo alguien que estuvo en un cargo tan importante, de tamaña entidad, podía estar ajeno cuando en realidad era quien tenía a cargo la provisión de recursos administrativos, económicos y humanos para la policía", dijo Fernández. "Estuvo dos años más desde ese diciembre: los tres años más intensos de la represión en una función contundente, no hay defensa posible", indicó.
29 de septiembre de 2011
28 de septiembre de 2011
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[Irina Hauser] Argentina. Ricardo Lorenzetti acuñó una frase que, dicha por él, el presidente de la Corte Suprema, tiene un valor agregado. "Con los juicios de lesa humanidad no hay marcha atrás", repite desde hace casi dos años ante jueces, estudiantes, abogados y la sociedad en general. Lo hace en todos los ámbitos, donde siempre subsisten resistencias al juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Pero ayer la consigna se potenció al máximo cuando en medio de su discurso en la presentación del libro Derechos humanos: justicia y reparación, que escribió junto a Alfredo Kraut, un grupo de hijos, nietos y familiares de represores comenzó a increparlo desde las butacas en el momento en que decía que la "experiencia argentina" en los juicios por crímenes de lesa humanidad es "incomparable a nivel mundial". "Acá no hay debido proceso", le gritaban algunos jóvenes, desde el ala derecha del Aula Magna de la Facultad de Derecho. "Basta con los setenta", tronó otra voz en medio de la sala. Lorenzetti no se detuvo, les pidió "tolerancia", dijo que los escucharía, y repitió cada vez con más vigor una, dos, tres, cuatro veces: "No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad". Más tarde advirtió que "el totalitarismo es una maquinaria que no descansa".
Santiago, Chile. El ministro en visita Joaquín Billard Acuña dictó procesamiento en la investigación por los homicidios calificados de Alamiro González Saavedra, Manuel González Allende y Simón Allende Fuenzalida, ocurridos el 21 de septiembre de 1973 en Santiago.
Murió Richard Hamilton, pionero del arte pop británico al que se atribuye haber acuñado el nombre del movimiento marcado por su irónico e icónico uso de la imaginería comercial y la cultura pop. Tenía 89 años.
[Kareem Fahim] Sirte, Libia. Al borde de esta ciudad donde continúa la guerra de Libia, varios hombres de la ciudad de Tawerga se hallaban sentados en el patio de una mezquita, después de haber huido de sus casas y cambiado una zona de guerra por otra. Los proyectiles caían cerca, pero la guerra era uno solo de sus problemas. Hombres armados, sus antiguos vecinos de la ciudad de Misurata, les perseguían, acusándolos de traición.
Cuando la Corte Suprema reinstituyó hace treinta y cinco años la pena de muerte, lo hizo provisoriamente. Desde entonces, ha tratado de articular normas legales vinculantes para los estados que garantizarían la aplicación justa de la pena capital y evitaría la arbitrariedad y la discriminación que ha llevado a la abolición de todas las leyes de pena de muerte estaduales en 1972.
El comisionado Raymond Kelly, del Departamento de Policía de Nueva York, ofreció demasiado poco y demasiado tarde cuando emitió un memo instruyendo a sus agentes a no detener a personas con pequeñas cantidades de marihuana a menos que la droga esté a la vista pública. Una ley de 1977 despenalizó la posesión menor, sin embargo decenas de miles son arrestados cada año. 
Argentina. Durante una nueva jornada de audiencias en la causa denominada Circuito Camps, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Jaime Smart, primer civil con ese rango en ser juzgado en procesos por delitos de lesa humanidad, negó que haya existido un plan sistemático contra civiles, aunque aseguró no haber tenido "participación en lo que se llamó lucha contra la subversión". Además, apuntó que "la utilización de los elementos policiales" no estaban a su cargo sino que "fueron asumidos totalmente por las Fuerzas Armadas". "Un ministro de Gobierno no podía saber mucho más de lo que sabía la gente común", se despegó.