Blogia

mQh

murió carl oglesby


Dirigió a Estudiantes por una Sociedad Democrática.
Murió Carl Oglesby, el dinámico activista que, en los años sesenta, encabezó la organización universitaria Estudiantes por una Sociedad Democrática (Students for a Democratic Society) y leyó un influyente y frecuentemente citado discurso en el que denunciaba la Guerra de Vietnam y a aquellos que habían roto su "corazón americano." Tenía 76 años.
Oglesby murió el martes en su casa en Montclair, Nueva Jersey. Todd Gitlin, amigo y colega activista que escribiría sobre esa época, dijo que Oglesby había estado luchando contra un cáncer al pulmón que se extendió por todo su cuerpo.

Nacido en 1935 en Akron, Ohio, y estudiante en la Universidad de Kent State, Oglesby tenía varios años más que Gitlin y otros estudiantes radicales de los años sesenta con los que trabó amistad y llevaba una vida mucho más conservadora en la época en que los conoció. Estaba casado, tenía tres hijos, y estaba trabajando como contratista para Defensa. Pero mientras estudiaba en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, se sintió tan disgustado por la Guerra de Vietnam y tan entusiasmado con la entonces emergente Estudiantes por una Sociedad Democrática, que pronto fue su presidente y su más memorable orador.
"La única persona que se comparaba con él era Martin Luther King", dijo Gitlin. "Era maestro de las frases agudas y tenía un gran poder de convocatoria."
La organización SDS fue fundada en 1960 en la Universidad de Michigan, y su primera declaración, la Declaración de Port Huron, contribuyó a personificar el idealismo de los primeros años sesenta. La SDS apoyaba los derechos civiles y se oponía a la carrera de armas nucleares. Criticaba fuertemente al gobierno de Estados Unidos, y pedía mayores esfuerzos para combatir la pobreza y los monopolios. A mediados de los años sesenta, cuando Oglesby se enroló, Estados Unidos había enviado tropas terrestres a Vietnam y la SDS se había extendido a todo el país, con un objetivo más radical -que fue bien captado por su nuevo presidente.
Oglesby ayudó a organizar las sentadas y las manifestaciones y su poder alcanzó su clímax en noviembre de 1965 con su discurso en una temprana y masiva manifestación contra la guerra en Washington. En un discurso titulado ‘Demos forma al futuro’ (Let Us Shape the Future), Oglesby habló como un patriota decepcionado y como un liberal que rechazaba no solamente la guerra, sino además gran parte de la política exterior estadounidense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y creía que el sistema de libre empresa exigía interminables conflictos. Era igualmente crítico de los presidentes republicanos y demócratas como víctimas y facilitadores del estado corporativo e insistía en que los padres fundadores del país estarían con él.
"Nuestros revolucionarios muertos se asombrarían pronto de por qué su país está luchando contra lo que parecía ser una revolución", declaró.
En su más memorable pasaje, retó a los que lo llamaban anti-estadounidense. "Yo digo, no me culpen por eso. Culpen a los que me dieron valores liberales y rompieron mi corazón americano."
En los últimos años, Oglesby se obsesionó con el asesinato del presidente Kennedy. Escribió los libros ‘Who Killed JFK?’ y ‘The JFK Assassination’ y contribuyó un epílogo a ‘On the Trail of the Assassins’, de Jim Garrison. En 2008 publicó sus memorias ‘Ravens in the Storm’. También grababa música y enseñaba en el Dartmouth College y en el Massachusetts Institute of Technology.
Entre sus sobrevivientes se encuentran su pareja, Barbara Webster, y tres hijos.
30 de septiembre de 2011
16 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

quién mató a víctor jara


Caso Víctor Jara: buscan a asesino entre ex alumnos del Saint George. Según la agencia EFE, el juez Alejandro Madrid sigue la pista de una supuesta venganza de "El Príncipe" –oficial acusado del homicidio- por los "insultos" que habría recibido el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic en ese establecimiento, durante un recital del cantautor en 1969.
Santiago, Chile. El juez Alejandro Madrid, que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara tras el golpe militar de 1973, busca identificar entre los ex alumnos del exclusivo colegio Saint George de Santiago al oficial militar apodado "El Príncipe", que presuntamente remató al artista.
Así lo dijeron este jueves a EFE fuentes del caso, que precisaron que el juez ya entregó algunas órdenes específicas a una unidad especializada de detectives que trabaja en el esclarecimiento del crimen del autor de ‘Te recuerdo Amanda’, de cuyo nacimiento se cumplieron este miércoles 79 años.
La pista que conduce al colegio Saint George se remonta al año 1969 y a unos incidentes ocurridos a raíz de una actuación de Jara en dicho centro, donde fue golpeado por algunos alumnos por haber cantado una canción, ‘Preguntas por Puerto Montt’, en la que el cantautor denuncia una matanza de civiles por parte de la policía.
En esa canción, Jara culpa de la masacre de Puerto Montt al entonces ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y destacado dirigente demócrata cristiano, Edmundo Pérez Zujovic, uno de cuyos hijos era alumno del Saint George cuando tuvo lugar el recital.

Supuesta Venganza por los Insultos
Según han declarado algunos testigos en el proceso, cuando Víctor Jara llegó detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe, al estadio Chile, fue recibido por el oficial apodado "El Príncipe", que lo torturó diciéndole que se tomaba "venganza" por los insultos al ministro Edmundo Pérez que profirió en el Saint George.
Otros testigos han dicho que "El Príncipe", cuya identidad no se ha podido determinar en todos estos años, ordenó a unos soldados que dispararan a Jara y luego él lo remató.
Aunque varios ex oficiales han declarado como inculpados en el juicio por el asesinato de Jara, hasta ahora sólo ha sido procesado en el caso José Paredes, un ex recluta que fue detenido en junio de 2009 tras confesar que había disparado a Jara por orden de un oficial, aunque posteriormente se retractó.
Durante la investigación judicial han surgido algunos sospechosos de haber sido "El Príncipe", pero hasta ahora no se han reunido pruebas suficientes para inculpar a alguno de ellos.
Víctor Jara fue detenido al día siguiente del golpe en la entonces llamada Universidad Técnica del Estado (UTE), de la que era profesor, y fue conducido al Estadio Chile, convertido en prisión por los militares, que lo sometieron a torturas, según testimonios de supervivientes.
El cadáver de Jara, con casi 40 impactos de bala, fue abandonado en la calle el 17 de septiembre e identificado en el Servicio Médico Legal por su viuda, Joan Turner, la única persona que además acompañó su funeral, en el Cementerio General de Santiago.

Colegio Buscaba la Integración Social
El colegio Saint George se destacó durante el gobierno de Salvador Allende por desarrollar programas de integración social, incorporando como alumnos, de forma gratuita, a niños y jóvenes de sectores populares.
Por esa causa, fue el único colegio privado de Chile ocupado e intervenido por los militares tras el golpe de 1973, situación que inspiró hace algunos años la laureada película ‘Machuca’, de Andrés Wood.
El ministro Edmundo Pérez Zujovic, al que Jara menciona en su canción ‘Preguntas por Puerto Montt’, fue asesinado el 8 de junio de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, por integrantes del ultraizquierdista grupo Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP).
30 de septiembre de 2011
29 de septiembre de 2011
©la nación

no procesarán a piloto renegado


Juez Carroza rechaza procesar a comandante del bombardeo a La Moneda. Magistrado que investiga la muerte del ex Presidente Salvador Allende dijo que no hay mérito para encausar al general (R) FACH Mario López Tobar. Con el grado de comandante, este oficial encabezó el ataque contra la sede de gobierno el 11 de septiembre de 1973.
Santiago, Chile. El ministro en visita Mario Carroza, quien investiga la muerte del ex Presidente Salvador Allende, rechazó someter a proceso al general (R) de la Fach, Mario López Tobar, el único piloto de Hawker Hunter que reconoció su participación en el bombardeo a La Moneda en 1973.
La petición de procesar a López Tobar, quien con el grado de comandante encabezó el ataque contra la sede de gobierno, la realizó el abogado querellante Roberto Ávila, representante del Movimiento Socialista Allendista.
Según el abogado, López Tobar cometió el delito de homicidio frustrado y debía ser procesado por ello, pero el ministro Carroza desestimó la solicitud, por estimar que no hay mérito para acceder a la petición.
Esta era una de las últimas diligencias que el magistrado debía resolver antes de cerrar esta investigación. Según fuentes judiciales, esto ocurriría en los primeros días de octubre, sin perjuicio de que el querellante pueda recurrir a la Corte de Apelaciones para recurrir del procesamiento negado por el juez Carroza.
El proceso por la muerte de Allende se inició el 24 de enero pasado, luego de que la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó una serie de denuncias por víctimas de violaciones a los derechos humanos, en casos que no registraban investigación judicial.
El ministro Carroza, el 23 de mayo pasado, ordenó la exhumación de los restos del ex Presidente Allende para determinar la causa de su muerte y realizar una serie de peritajes en el Servicio Médico Legal (SML) y en otros organismos internacionales.
El 19 de julio, el  magistrado recibió  los resultados que concluyeron que la causa de muerte del ex Mandatario fue por una "lesión perforante de la cabeza por proyectil de arma de fuego de alta velocidad a contacto", lo que en medicina legal puede ser atribuible al suicidio.
30 de septiembre de 2011
29 de septiembre de 2011
©la nación

sobreseen a asesinos de woodward


Caso Woodward: confirman sobreseimiento de altos oficiales (R) de la Armada. Corte Suprema rechazó recursos de queja que buscaban condenar a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga, junto con otros tres capitanes y 14 suboficiales en retiro, por el crimen del sacerdote Michael Woodward (en la foto).
Valparaíso, Chile. La Corte Suprema confirmó este jueves el sobreseimiento de 19 personas que estaban acusadas de secuestro calificado en el caso Woodward. La medida beneficia a varios oficiales en retiro de la Armada.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó los recursos de queja presentados para anular anteriores resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El magistrado Miranda Lillo investigó la muerte del sacerdote y militante del Mapu Michael Woodward Iribarry (42), quien falleció el 22 de septiembre de 1973 en el Hospital Naval de Valparaíso, después de ser torturado en el busque escuela Esmeralda.
El 12 de mayo pasado, el ministro declaró cerrado el sumario y acusó a 10 personas como autoras del delito: coronel de Carabineros (R) Nelson Roberto López Cofré, capitán de Fragata (R) Marcos Cristián Silva Bravo y los suboficiales en retiro de la Armada Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Héctor Fernando Palomino López, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso y Bertalino Segundo Castillo Soto.
Sin embargo, en la misma resolución, el ministro decretó el sobreseimiento temporal de 19 personas, entre ellas a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; los capitanes de la Armada (R) Ricardo Riesco Cornejo, Víctor Valverde Steienlen y José Yáñez Riveros; y el teniente (R) de Sanidad, Carlos Costa Canessa, quien como médico del Hospital Naval extendió un certificado de defunción en nombre de Michael Woodward sin ver cadáver alguno. Los restantes sobreseídos son suboficiales en retiro de la Armada.
Contra ambas medidas del ministro en visita, que después fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, recurrieron el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa de Defensa del Estado (CDE) y los abogados querellantes.
Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau- rechazaron las presentaciones por estimar que no se encontraba probada la participación de estas 19 personas en el delito.
30 de septiembre de 2011
29 de septiembre de 2011
©la nación

malos tratos en cárceles de los ángeles


Un informe denuncia extendidos abusos en sistema penitenciario de Los Angeles.
[Jennifer Medina] Los Angeles, California, Estados Unidos. Un reo dijo que lo obligaron a caminar desnudo por un pasillo después de que alguaciles del sheriff lo acusaran de robar correspondencia. Se burlaron de él en español, llamándolo con términos peyorativos para referirse a homosexuales.
Un monitor de ACLU dijo que vio a varios alguaciles golpear a un hombre en la cárcel de las Torres Gemelas.
Otro ex reo dijo que después de protestar de que los gendarmes estaban molestando a un reo que es un enfermo mental, los mismos alguaciles lo llevaron a otro cuarto, golpearon su cabeza contra la pared y le dieron repetidos puñetazos en el pecho.
Y un capellán dijo que vio a los alguaciles golpear a un reo hasta que este colapsó. Entonces empezaron a patear la cabeza y el cuerpo del hombre aparentemente inconsciente.
Los ejemplos son sólo una fracción de las decenas de detalladas acusaciones de maltrato en la Cárcel Central de Hombres y la cárcel de las Torres Gemelas del condado de Los Angeles, de acuerdo a un informe que se espera que la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) presente en la Corte de Distrito Federal aquí el miércoles. El sistema penitenciario del condado de Los Angeles, el más grande del país, es también el más difícil, de acuerdo a abogados, activistas y ex funcionarios policiales.
"Esta situación, el tiempo que se ha prolongado, el volumen de las quejas y la naturaleza atroz de estas son mucho, mucho peor que cualquier cosa que yo haya visto", dijo Tom Parker, funcionario retirado del FBI, que dirigió la agencia en Los Angeles durante años y supervisó las investigaciones sobre la golpiza de Rodney King y los cargos de corrupción en el Departamento de Policía de Los Angeles. "Están maltratando a los reos con total impunidad, y lo peor de todo es que creen que pueden hacerlo y no pagar las consecuencias."
El sistema tiene una larga historia de acusaciones de malos tratos y malas condiciones. La ACLU presentó una demanda federal hace 35 años y finalmente un acuerdo permitió a la organización estacionar monitores en las cárceles. Pero esos monitores dicen que reciben seis a siete quejas a la semana, fundamentalmente de las dos grandes cárceles en el centro de Los Angeles, que albergan a miles de hombres. El FBI también empezó a investigar varios episodios en las cárceles.
El sheriff Lee Baca ha desechado repetidas veces toda sugerencia de problemas sistemáticos en las cárceles, diciendo que todas esas acusaciones de malos tratos son investigadas y que la mayoría resultan ser infundadas.
Esta semana, Los Angeles Times informó que agentes del FBI pasaron a escondidas un celular a un reo como parte de una investigación. El sheriff Baca reaccionó enfadado ante la investigación, diciendo que la agencia no sabía lo que estaba haciendo, y era que estaba poniendo en peligro a reos y gendarmes.
El sheriff Baca discutió el asunto con un funcionario del ministerio de Justicia en una reunión el martes. Nicole Nishida, la portavoz del sheriff, dijo que el departamento de policía investigaba exhaustivamente todas las quejas de malos tratos y que la mayoría eran infundadas.
Una vez que California cumpla la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de deshacerse de miles de reclusos de las prisiones estatales, se espera que las cárceles de condados reciban muchos reos más el próximo año, lo que podría agravar la sobrepoblación y otros problemas. Funcionarios del departamento del sheriff dijeron que no enviarán a nadie del estado a la Cárcel Central de Hombres, que conceden que es un edificio anticuado.
Pero abogados de la ACLU dicen que el sistema del condado de Los Angeles es, de muchas maneras, incluso peor que las prisiones estatales, que han sido declaradas inconstitucionales. Dicen que muchas quejas no son nunca investigadas propiamente, y que a menudo los mismos gendarmes acusados de malos tratos están en la habitación cuando un reo es entrevistado sobre una queja.
En los últimos meses, la organización de derechos civiles ha reunido setenta declaraciones de ex reos y civiles que presenciaron golpizas. Las declaraciones sugieren pocas regularidades: las quejas cubren todos los momentos del día en múltiples unidades de la cárcel. Pero, dice la ACLU, los gendarmes parecen usar las mismas palabras gritando "¡No se resista!" y "¡Deje de pelear!" cuando golpean a los reos, incluso cuando los reos no se están moviendo o están esposados.
Paulino Juárez, capellán católico que trabaja en la cárcel desde 1998, estaba visitando a un reo en su celda una mañana de febrero de 2009 cuando oyó varios ruidos y gritos en el pasillo. Cuando se acercó a mirar a la puerta de la celda, vio a tres gendarmes golpeando a un hombre y gritando: "¡Deje de pelear!"
"Pero él no estaba peleando. Ni siquiera se estaba defendiendo", dijo Juárez en una entrevista. "Cuando me vieron, se inmovilizaron. Yo también me paralicé. No dije nada. Estaba demasiado impresionado, y estaba aterrado."
Juárez presentó un informe al departamento del sheriff, pero no oyó nada sino hasta hace unos meses. Más de dos años después, durante una reunión con su supervisor y Sheriff Baca, a Suárez le dijeron que el departamento había concluido que el reo se había negado a entrar a su celda. No existen copias del informe de Juárez, aunque un gendarme indicó en el expediente que el capellán había exagerado lo que había visto. Le dijeron que el reo, cuyo nombre no conocía entonces, había sido liberado más tarde.
"No confío en nadie", dijo Juárez. "Siempre dicen que los reos son mentirosos y nadie les cree. Pero yo vi cómo los trataban."
Aunque el sheriff ha desechado repetidas veces quejas de reos, el número de civiles que han presenciado golpiza ha aumentado firmemente, mostrando la desfachatez de muchos de los gendarmes en las cárceles, dijo Peter Eliasberg, director jurídico de la Fundación de California del Sur de la ACLU.
Este año, Esther Lim, actual monitor de la ACLU, dijo que vio a varios gendarmes golpear a un hombre en la cárcel de las Torres Gemelas, junto a la Central de Hombres, como si fuera un "saco de arena humano." El ataque fue ampliamente cubierto en la prensa local, y en la época un portavoz lo desechó, diciendo que Lim debía haberles informado antes y que el reo había atacado a los gendarmes.
Eliasberg y Lim dijeron que los reos que eran golpeados eran rutinariamente encerrados durante varios días en celdas de aislamiento, conocidas como "el hoyo", y eran a menudo acusados de agredir a los gendarmes.
La ACLU planea pedir una investigación federal de alcance amplio, y la renuncia del sheriff Baca.
29 de septiembre de 2011
28 de septiembre de 2011
©new yokr times
cc traducción c. lísperguer

inmigrantes abandonan libia


Nigeria sufre el impacto de los desplazamientos en Libia. Decenas de libios cruzan la frontera hacia Nigeria.
[Adam Nossiter] Niamey, Nigeria. Para decenas de miles de nigerianos, la caída del coronel Muamar al Gadafi ha sido una catástrofe económica, zambulléndolos repentinamente en el precario universo de su país natal, uno de los más pobres y más dependientes del planeta -después de vivir en el mundo de los buenos salarios en Libia.
De acuerdo al gobierno nigeriano, desde marzo, más de doscientos mil nigerianos han huido del conflicto, atravesando penosamente el desierto libio, país donde estaban ganando salarios asombrosos impensables en Nigeria, como sastres, guardias de seguridad, cocineros y choferes.
La mayor parte de los que huyeron se encuentran ahora en la indigencia, hambrientos y, junto con miles de familias que dependen de remesas desde Libia, sin perspectivas. Funcionarios en Nigeria calculan que al menos doscientas personas siguen llegando diariamente, y probablemente lo hacen cruzando los porosos cruces fronterizos. El gobierno admite que no tiene recursos para ayudarlos y está suplicando ayuda a donantes extranjeros, como hizo cuando un puñado de gadafistas cruzaron la frontera.
Para junio, el desplazamiento forzado había hecho un hoyo de ochenta millones de dólares en la economía nigeriana, declaró aquí el gobierno. Esa cifra ha crecido desde entonces, y es desastroso en un país sobre el que el Banco Mundial dice que más del sesenta por ciento de sus habitantes viven en pobreza extrema, donde el hambre acecha cuando no llegan las lluvias y donde la mitad del presupuesto nacional ha provenido en años anteriores de donantes.
Repentinamente, los emigrantes que habían proporcionado fuerza de trabajo a Libia -y, en el camino, entrado al mundo de las vacaciones pagadas, horas extras y coche de la compañía-, terminaron viviendo en un mundo en el que los vagabundos mutilados se reúnen en los cruces de calles y se puede comprar comida en rudimentarias chozas con techos de hojalata. La transición, después de un extenuante y a veces mortal viaje de un mes a través del hirviente Sahara, ha sido difícil.
Para tener la posibilidad de ganar salarios diez veces más altos que en Nigeria, valía la pena aguantar la persecución y los prejuicios en un país dominado por los árabes donde los africanos eran tratados como ciudadanos de segunda clase.
"Esa vida es algo que no puedes tener en Nigeria", dijo Abubakar Hassan, que trabajaba como cocinero para una multinacional en Trípoli antes de huir del conflicto en Libia y emprender el peligroso viaje por el desierto. "En realidad, fue excelente."
Dos hombres murieron en el camión, repleto hasta los topes de bolsas y pasajeros, que sacó de Libia a Hassan y otros y siguió su ruta a través de las ardientes arenas. "Treinta días de sufrimiento", dijo, recordando la sed, el hambre, el calor y la indigencia.
Llevaba un camisa blanca de buena hechura con la palabra Armani bordada. Como decenas de otros en un centro de ayuda a orillas de Niamey, la capital de adobe de Nigeria, lleva más de cinco meses sin trabajo. En el centro, la desesperación domina los ánimos.
"Tener trabajo es el sueño de todo el mundo aquí", dijo, mirando alrededor en la sofocante habitación en la que los hombres se habían hacinado para recibir asesoría.
Adamou Hamani, un ex funcionario de seguridad ambiental, de veintinueve años, que trabajaba haciendo inspecciones de sitios en obras en Libia con una paga de unos seiscientos dólares al mes, dijo que había dejado sin ningún resultado su currículum en seis diferentes compañías en Nigeria. Como la seguridad laboral no es una prioridad en este mísero país, "ni siquiera entienden lo que hago", dijo. "Estoy empantanado. No tengo planes. No tengo idea de lo que voy a hacer."
Otros hablaron de comidas saltadas, aunque nunca pasaron hambre en Libia. "Es muy difícil encontrar comida suficiente para comer", dijo Mamadou Issa, que trabajaba como tapicero en Trípoli, pero está sin trabajo desde hace seis meses. "Ojalá encuentre usted algo para comer antes de dormir", dijo.
El sastre Hassan Jibo, que tuvo que vender su ropa para llegar a Nigeria, dijo: "Es difícil. A veces tenemos suficiente para comer, a veces no."
Fuera de la capital, en el arruinado campo, la repentina interrupción de las remesas de Libia ha sido todavía más doloroso. Gran parte de la población sobrevive en la agricultura de subsistencia. En el periodo previo a la cosecha, lo que los nigerianos llaman "la brecha", el dinero de Libia es crítico.
"Ahora estamos en la brecha, y no hay nada", dijo Abibatou Wane, director de la oficina en Nigeria de la Organización Internacional para las Migraciones. "Es un problema que no ha sido resuelto. ¿Cómo lo vamos a solucionar?"
Un asociado de la OIM que viaja entre las aldeas habló de la desesperación de la gente. "Tan pronto como llegas en coche, la gente se reúne alrededor de ti porque piensan que traes ayuda", dijo el asociado, Boubacar Seybou, desde la ciudad de Abala. "Las transferencias monetarias de esos emigrantes son el recurso económico de esas familias."
Durante la entrevista, el funcionario de gobierno que la supervisaba, suplicó por ayuda del exterior.
"Esta es una situación que clama a la conciencia: necesitamos sesenta millones de dólares", dijo Abdelkader Agaly, jefe de gabinete del primer ministro. "Los dos millones de dólares que hemos distribuido no representan absolutamente nada."
Se han distribuido algunos sacos gratuitos de granos -varios en el centro de ayuda de Niamey se quejaron de que los sacos se habían acabado para cuando llegaron ellos- y se han fijado los precios de los artículos básicos. Pero Agaly sugirió que eso era mínimo. "Es verdad, lo que hemos hecho es muy poco."
La presión sobre la frágil economía de Nigeria es "muy fuerte", dijo.
"En términos económicos, esto es un desastre. Está causando una recesión económica. Todo un sector de nuestra economía se está derrumbando."
En el centro de ayuda, los hombres expresaron indignación por lo que dijeron que era la falta de ayuda del gobierno.
"Pensábamos que el gobierno nos ayudaría", dijo Hassan, el cocinero. "Hasta el momento, no ha hecho nada."
Hassan Salah, ex guardia de seguridad en una compañía de perfumes en Trípoli, dijo: "El gobierno no ha hecho nada, nada. Desde que volví no he trabajado ni un solo día."
Agaly hizo una advertencia a Occidente: los miles de jóvenes desesperados que ahora inundan su país, podrían representar un seductor objetivo de reclutamiento en una región donde hay presencia, según dijo, de "fuerzas malignas" -las sucursales norteafricanas de al Qaeda ya han hecho incursiones aquí.
"No es fácil", dijo Ali Jibo, otro sastre que huyó de Libia. "Me fui para tener una vida mejor. Libia es un país rico. Aquí hay pobreza. La gente sufre. Los jóvenes sufren."
[Issa Ousseini contribuyó al reportaje.]
29 de septiembre de 2011
27 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
 

justicia después de troy davis


Si desaparece la pena de muerte en EUA, lo será no porque nadie quiera ya ejecutar a culpables, sino porque nadie quiere matar a inocentes.
[Ross Douthat] Es fácil ver por qué el caso de Troy Davis, el hombre de Georgia ejecutado la semana pasada por el asesinato de un agente de policía de franco, se convirtió en una causa célebre para los que se oponen a la pena de muerte. Davis fue identificado como el tirador por testigos que confesaron más tarde haber sido presionados por los detectives. Fue procesado y condenado sobre la base de las mismas declaraciones de testigos oculares dudosos, antes que sobre evidencias forenses. Y sus apelaciones fueron laboriosamente lentas y no entregaron nada parecido a la certeza: tomó a tribunales veinte años decir no al segundo juicio que Davis puede haber merecido.
Para muchos observadores, la lección de este caso es simple. Tenemos que abolir inmediatamente la pena de muerte. El argumento de que la pena capital es inherentemente inmoral ha perdido terreno hace mucho tiempo en la política estadounidense. Pero en la edad de las evidencias por ADN e interminables excavaciones en los medios, el argumento de que las cortes y los jurados son simplemente demasiado falibles como para confiarles asuntos de vida o muerte puede ser más efectivo.
Si la pena capital desapareciera de Estados Unidos, no sería porque los votantes y los políticos ya no quieren ejecutar a los culpables. Lo será porque tienen miedo de ejecutar a los inocentes.
Este es uno de los temores sanos que cualquier sociedad puede tener. Pero para los partidarios de la reforma de la justicia penal, aquí acecha un peligro. Después de todo, en un mundo sin pena de muerte, probablemente Davis no habría sido ni juzgado nuevamente ni exonerado. Sus apelaciones seguirían siendo rechazadas, pasaría el resto de su vida en prisión y mucho menos gente se habría preocupado por él o enterado de su destino.
En lugar de eso, recibió ayuda jurídica, atención de los medios y apoyo de los activistas que pocos convictos reciben. Y su caso se convirtió en un ejemplo de cómo la finalidad misma de la pena de muerte puede concentrar la atención de la opinión pública en temas que muchos estadounidenses prefieren ignorar: el celo exagerado de polis y fiscales, los límites del proceso de apelación y las adversas condiciones a las que hacen frente muchos de los más de dos millones de estadounidenses actualmente en prisión.
Simplemente tirar la toalla y eliminar completamente las ejecuciones podría, en contraste, ser una forma de evasión moral: un modo de consolarnos a nosotros mismos con el conocimiento de que ningún inocente es ejecutado nunca, incluso si abusos más generalizados no son controlados. Debiésemos querer un sistema judicial en el que podamos confiar en asuntos de vida o muerte, y que pueda resistir el tipo de presión pública que recibió el caso de Davis. Y reformar, poco a poco, la pena de muerte -imponiéndola en menos ocasiones y con más salvaguardas, de las que se puedan beneficiar igualmente otros acusados- puede ser más conveniente que la abolición absoluta para abordar problemas mayores relacionados con el crimen y el castigo en Estados Unidos.
Este punto fue bien hecho la semana pasada por Pascal-Emmanuel Gobry, en The American Scene. En cualquier sistema penal, señaló, pero especialmente en el nuestro -que puede ser brutal, de extremo hacinamiento, lleno de violaciones y otras formas de violencia- una sentencia a prisión perpetua puede ser más cruel e inusual que una ejecución rápida. Y una sociedad que presuntamente valora la libertad tanto o más que la vida no se civiliza necesariamente si conserva la vida de sus convictos mientras viola consistentemente sus derechos y dignidad. Simplemente se engaña mejor a sí misma acerca de qué está pasando realmente.
En lo esencial, la mayoría de los estadounidenses que apoyan la pena de muerte lo hacen porque quieren creer que nuestro sistema judicial es justo, y no meramente un mecanismo para encerrar a los peligrosos y garantizar seguridad a los que respetan la ley. La defensa de la ejecución de asesinos es un caso de proporcionalidad en el castigo: de sentencias que se correspondan con el delito, y penas que cierren el círculo.
En lugar de desechar este punto de vista como atrasado y bárbaro, los reformadores de la justicia penal deberían tratar de aprovecharlo, señalando que demasiado a menudo nuestros castigos no se corresponden con el delito, que las sentencias para muchos delitos relacionados con las drogas son desproporcionados, o que la violación y el abuso sexual se han convertido en una parte implícita de muchas sentencias de prisión. Los estadounidenses deberían ser llamados a apoyar la reforma penal no a pesar de su creencia de que algunos asesinos merecen la ejecución, sino que debido a ella: porque ambos son intentos de asegurarse que criminales acusados reciban lo que merecen.
Abolir la pena capital en una especie de desesperación sobre su falibilidad enviaría un mensaje muy diferente. Le diría a la opinión pública que nuestras leyes y tribunales y jurados son fundamentalmente incapaces de entregar lo que la mayoría de los estadounidenses considera justicia genuina. Alentaría un punto de vista más cínico y utilitario sobre por qué existen fuerza pública y cárceles, y en qué orden de normas morales deben responder. Y mientras se pone fin a las ejecuciones erróneas, podría producir todavía más injusticias.
[Foto viene del blog de Emily L. Hauser.]
29 de septiembre de 2011
24 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

represores apuestan a la dilación


Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas en la causa ESMA. La renuncia del abogado que defendía a seis represores ya demoró una semana el juicio, cuyo veredicto estaba previsto para mediados de octubre. Los fiscales y los abogados querellantes revisarán los casos de Rodolfo Walsh y de María Cristina Lennie, entre otros.
[Alejandra Dandan] Argentina. El juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA entró en la lógica de una partida de ajedrez. La renuncia del abogado Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, desató un efecto en cadena que suspendió una semana el proceso. Faltan pocos días para el veredicto previsto para mediados de octubre, pero a la luz de los dos años de juicio aún esas dimensiones parecen eternas. Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas. Revisarán el caso Walsh y el de María Cristina Lennie, entre otros. La semana próxima responderá la defensa de los marinos que, de acá en adelante, seguramente intentará buscar todas las formas posibles para seguir retrasando el veredicto.
Acaso la intención de demorar el final del juicio pudo empezar a verse en los últimos días. El abogado Alfredo Solari representaba a seis marinos, entre ellos al represor Ricardo Cavallo. Su renuncia generó un dislate en la sala de audiencias. El Tribunal Oral Federal 5 ese día le había encargado además la representación de Julio César Coronel, otro imputado cuyo abogado (que además es su hijo) no estaba en la ciudad. En los últimos días, los seis marinos que eran representados por Solari nombraron a un nuevo abogado: Olmedo Barrios, con domicilio en La Plata, quien pidió un plazo de diez días para ponerse al tanto de la causa. Un plazo que puede hacer demorar nuevamente todos los plazos y que alguno se ocupará de pedir que quede reducido al mínimo legal disponible: tres días en total.
Barrios lleva adelante la defensa de otros represores en varias causas por delitos de lesa humanidad y una firma con su nombre aparece entre los abogados de la Agrupación por la Justicia y la Concordia, que en una carta abierta al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se quejan por el avance de los juicios. Su nombre aparece como autor de un blog que recientemente publicó la carta en la que Francisco Solari se define como perseguido político porque un alumno suyo de la Facultad de Derecho denunció sus posturas pro dictadura.
En ese contexto, el juicio oral hoy debería empezar con la etapa de réplicas. Primero hablará la fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky durante unas tres horas, aunque no "replicarán", sino que responderán "planteos de las defensas". La diferencia entre uno y otro criterio no parece sólo semántica porque permitiría ganar días, pero la fiscalía dice que es por otra razón: "No hay réplicas porque realmente en este caso no corresponden", explicaron. El planteo no va a discutir hechos o pruebas, sino ejes como el de "cosa juzgada" o la prescripción de las causas.
Luego será el turno de las querellas integradas por los organismos de derechos humanos. Volverán sobre algunas claves de los alegatos, entre ellos algunos tramos con los que intentaron avanzar sobre criterios duros y ortodoxos de la Justicia, cuestionados más tarde por las defensas. Pero retomados aun así en otros ámbitos judiciales, como sucedió por ejemplo con el caso de la violencia sexual.
Entre esos puntos más críticos volverán al caso Rodolfo Walsh. La defensa objetó que el caso haya empezado por "privación ilegal de la libertad y tormentos" y termine con una imputación extra por homicidio. Eso que para la lógica penal es un problema de "derecho", para las querellas en cambio es un hecho habilitado porque el juicio arrojó pruebas claras de la presencia del cuerpo asesinado de Walsh dentro de la ESMA. Algo similar ocurre con el caso de María Cristina Lennie, que tomó cianuro cuando iba a ser secuestrada por una patota de la ESMA en 1977. La ingesta, hasta aquí leída como "suicidio", el CELS la enmarcó como "homicidio", por "una situación que en forma dolosa crea el autor mediato, que deviene penalmente responsable". El caso Lennie es importante no sólo en el juicio ESMA, sino como lógica para revisar el modo en el que se investigan las hasta ahora muertes de otros militantes políticos.
29 de septiembre de 2011
©página 12