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la muerte en el salvador


El Salvador asolado por ola de asesinatos. La violencia de las pandillas es uno de los factores que explican la tasa de homicidios del país, que es una de las más altas del mundo. En los primeros tres meses de 2009 hubo doce asesinatos por día.
[Tracy Wilkinson] San Salvador. El Padre Antonio Rodríguez guarda la imagen en su celular. Un niño de doce años. Decapitado. Sus asesinos fueron probablemente niños de su misma edad o apenas mayores.
Cuando Josue desapareció, su abuela pidió frenéticamente la ayuda del sacerdote. Rodríguez empezó a buscarlo y encontró el cuerpo. El crimen lo estremeció y repugnó.
De algún modo, tenía que documentar la pérdida de otra vida joven en un vertiginoso remolino de muertes diarias y casuales. Y así, la foto borrosa, mostrando el cuerpo delgado e inerte, con vaqueros azules y camisa roja, que fue arrojado por un barranco, la cabeza a un lado, sigue en el celular del sacerdote.
"Es la historia de miles", dijo Rodríguez.
Aunque México se gana los titulares por el espantoso número de bajas en su guerra de las drogas, El Salvador sufre una tasa de homicidios mucho peor, una de las más altas del mundo.
Hace dos décadas, era una guerra civil, con soldados, escuadrones de la muerte y guerrilleros derramando sangre. Ahora son las pandillas (con miles de miembros provienen originalmente de Los Angeles), el crimen alimentado por las drogas, los agentes de policía abusadores -resultado todo de una carnicería que ha aterrorizado a la población y contribuyó en las elecciones recientes a la derrota del partido que gobernó durante veinte años.
En los primeros tres meses de 2009, según cifras oficiales, murieron asesinadas un promedio de casi doce personas por día. Esto ocurre en un país pequeño y densamente poblado con casi siete millones de habitantes. (La tasa de homicidio es casi cinco veces la de México y diez la de Estados Unidos).
La vida es barata en El Salvador. Combinad drogas e impunidad, y un poder judicial defectuoso donde es raro que se resuelva un asesinato, y las disputas de negocios y los resentimientos personales son resueltos a menudo por la agresión física.
Armerías, que hace diez años apenas si existían, son ahora vistas comunes en los barrios. Puedes contratar a alguien para matar a un rival por cincuenta dólares; cien dólares si quieres ver el cuerpo.
"Es una epidemia", dice Rodríguez.
La parroquia de Rodríguez está en el barrio Mejicanos de San Salvador, una zona de clase obrera donde las viejas caminan con pollos vivos metidos debajo del brazo y pupusas encima de la cabeza, y donde farmacias y panaderías son custodiadas por guardias armados con escopetas.
El sacerdote dirige en su iglesia un programa de prevención de la violencia. Ha ayudado a cerca de mil ochocientos jóvenes, la mayor parte de ellos activos o ex miembros de pandillas, enseñándoles aptitudes básicas para el trabajo, orientación psicológica y quizás lo más importante, la posibilidad de borrar sus tatuajes.
Rodríguez dice que las pandillas protegían sus barrios, su territorio, y sólo atacaban a desconocidos. Pero con más y más miembros en la cárcel, el resultado de una política de mano dura del gobierno es que hacen cualquier cosa -asaltan, roban, extorsionan, asesinan- porque necesitan dinero para mantener a sus amigos y familiares encarcelados.
No hace mucho tiempo, Rodríguez presidió los funerales de cinco víctimas de homicidio en un solo día: dos jóvenes que fueron encontrados semi enterrados en sepulturas superficiales, y dos hermanos, de 26 y 28 años, que estaban visitando a su madre cuando un grupo de encapuchados les disparó; el hermano mayor había salido hace poco de la cárcel.
Y Josue Pintin, el niño de doce.
Como tantos niños salvadoreños con padres que trabajan, han emigrado o muerto, Josue fue criado por su abuela. Perdieron su casa en un terremoto, y el chico no iba casi nunca a la escuela.
"Era algo rebelde, siempre paseando por las calles, buscando problemas", dijo su abuela, Hetelvina Clara, 75. Viuda, vive con algunos de sus veinte nietos en un conjunto de cuartos de cemento que caen a un lado de un camino de tierra y rocas. En una húmeda muralla cuelga una foto de Josue, cerca de una de Monseñor Óscar Romero, que fue arzobispo de San Salvador, adorado por los pobres y asesinado por un escuadrón de la muerte.
Con la foto de Josue cuelga una medalla que ganó en una competencia de carreras -la única evidencia de normalidad de su corta vida.
Josue quería unirse a una pandilla, dice su familia. Estaba coqueteando con el peligro, dice Clara. Le advirtió mantenerse alejado de los chicos mayores que pasaban de vez en vez, silbando, como si dando una señal secreta.
"No tenía perspectivas", dice Rodríguez. Finalmente, Josue se marchó y no volvió. Rumores en el barrio dicen que estaba tratando de usar la información que tenía sobre una pandilla para congraciarse con otra, y terminó muerto. Juegos peligrosos para un niño de doce.
Pero Rodríguez y otros dicen que es fácil responsabilizar a las pandillas de toda la violencia, y, de hecho, un gran porcentaje de los homicidios del país son cometidos por otros.
Una de las más importantes organizaciones de derechos humanos de El Salvador, afiliadas a la iglesia católica, analizó los homicidios de todos los años desde 2004 y concluyó que cientos de ellos fueron cometidos por agentes de policía renegados, guardias de seguridad privados y gente contratada para realizar ‘limpiezas sociales’ -la eliminación de indeseables mediante ejecuciones extrajudiciales.
Quien quiera que sea responsable de los asesinatos, los jóvenes son los más afectados. La mitad de los homicidios del año pasado fueron cometidos por personas de entre 18 y 30 años, de acuerdo a la Policía Civil Nacional, y el 70% de las víctimas tenían entre 15 y 39.
Casi dos décadas después de la guerra civil de El Salvador, una nueva generación está viviendo lo que Rodríguez llama la naturalización de la muerte. Dice que ha visto el cambio en su propia evolución personal desde que llegara de España en 2000.
"La muerte se ha convertido en algo natural para mí. Hace diez años, este tipo de cosas eran para mí de un escándalo inconcebible. Ahora vivo con la muerte de un modo muy natural. Si me ocurre a mí, imagine a los que nacieron en esta cultura.

19 de mayo de 2009
13 de mayo de 2009
©los angeles times 
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la violación como arma


En Colombia, ahora la violación está siendo juzgada como arma de guerra. En mayo de 2007, sólo doce casos de violencia sexual fueron presentados por fiscales nombrados para implementar la Ley Justicia y Paz de Colombia. Hoy se han presentado 228 casos.
[Sibylla Brodzinsky] Bogotá, Colombia. Amelia pasó años tratando a una mujer que fue violada por un señor de la guerra de extrema derecha y sufrió un embarazo indeseado. Así que cuando la mujer la llamó pidiéndole consejo después de que el mercenario la amenazara con volver y quitarle el hijo, Amelia se apresuró a visitarla.
Los dos mujeres se quedaron hasta tarde debatiendo sobre cómo proteger al bebé en un rancho aislado en la provincia de Antioquia de Colombia. Repentinamente, tres hombres enmascarados irrumpieron en la casa y advirtieron a Amelia que no se metiera "en los asuntos de otra gente". Los hombres las secuestraron a las dos.
"Me dijeron que lo tomara como aviso", dice Amelia, agregando que los hombres le dijeron que no saliera de casa durante tres días. Cuando salió, no le contó a nadie lo que le había ocurrido.
"Había insistido tanto en que las otras víctimas denunciaran las agresiones, pero el miedo me había paralizado. Tenía demasiado miedo como para hablar", dice Amelia, una mujer nerviosa, en los cuarenta, que pidió que no se utilizara su nombre verdadero. Ahora entendía, a un nuevo nivel, por qué las víctimas que había tratado se resistían a denunciar las agresiones.
En los conflictos en el este del Congo, en la región de Darfur en Sudán, en Serbia y Ruanda, la violación sistemática y masiva de mujeres ha sido bien documentada. En Colombia, sin embargo, la escala de las violaciones y violencia sexual como parte de la guerra que lleva ya cuatro décadas siguen siendo en gran parte desconocidas.
Organizaciones femeninas locales y nacionales dicen que hay miles de casos de violencia sexual -cometida por paramilitares de extrema derecha y guerrilleros de izquierdas- que no son denunciados por las víctimas porque tienen miedo de hablar. Pero ahora, las organizaciones están haciendo una campaña para informar a las mujeres sobre sus derechos como víctimas y presionar a los fiscales para que interroguen a los paramilitares sobre la violencia sexual.
Parece estar funcionando. En mayo de 2007 hubo sólo doce casos de violencia sexual interpuestos por fiscales nombrados para implementar la ley especial Justicia y Paz de Colombia. Hoy hay 228.
"No ven toda la dimensión del problema", dice Patricia Buriticá, que dirige una ONG conocida como Mujeres Colombianas por la Paz, que ofrece ayuda psicológica y jurídica a víctimas de la violencia sexual.

La Violencia Sexual como Arma de Guerra
La violencia sexual fue una constante de las masacres cometidas por las fuerzas paramilitares cuando extendían su control sobre el país entre 1997 y 2005, dice Buriticá, que ha viajado por todo Colombia entrevistando a mujeres y a sobrevivientes de masacres sobre el nivel de violencia sexual. Hay cientos de historias de mujeres que fueron violadas, torturadas sexualmente y mutiladas antes de ser asesinadas.
Una vez que establecieron su control, los paramilitares a menudo usaban a las campesinas como esclavas sexuales. En un pueblo de la provincia de Cauca hay tantos hijos de mercenarios paramilitares que son conocidos localmente como los ‘paraquitos’. En la provincia de Magdalena, el señor de la guerra Hernán Girlado era conocido como ‘el Taladro’ y se dice que violaba a una mujer diferente cada noche. Un tendero se negó a enviarle a su mujer y fue asesinado al día siguiente", dice Buriticá.
Los comandantes paramilitares dijeron que se trataba de casos aislados.
Pero Buriticá dice que los testimonios que ha recogido muestran que la práctica era sistemática y estaba muy extendida, pese a los pocos casos denunciados. Un informe de 2006 del informador especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo: "Los actores del conflicto armado en Colombia, especialmente los paramilitares y las guerrillas, usan la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres como una estrategia de guerra".

Víctimas No Ven la Violación como Guerra
Parte del problema es que las mujeres no se reconocen como víctimas de la guerra. Buriticá dice que conoce innumerables casos de mujeres que denuncian el asesinato de sus maridos, las desapariciones de sus padres, o la tortura de sus hermanos, pero no hablan sobre qué pasó con ellas. "Había una mujer que denunció un asesinato, pero le tomó dos años de terapia para que denunciara su propia violación", dice Buriticá.
Sobre la base de su propia investigación, Buriticá cree que la cantidad de mujeres que han sido abusadas sexualmente durante la guerra podría elevarse a varios miles y solamente considerando los abusos cometidos por paramilitares. De acuerdo a mujeres que han desertado, las mujeres y niñas reclutadas como combatientes por los rebeldes de izquierda terminan a menudo como esclavas sexuales de los comandantes.
Las cifras no incluyen a mujeres como Amelia. Debido a que fue violada después del acuerdo de paz con los paramilitares en 2003, su caso no cae dentro del ámbito de los fiscales especiales.
Poco después de ser violada, Amelia se dio cuenta de que había quedado embarazada. Pero luego tuvo un aborto. Meses después del ataque, reunió suficiente coraje como para denunciar su violación. "Oía mi propia voz diciéndole a las víctimas: ‘Si no lo denuncias, habrá más casos y la impunidad será total’", recuerda. "Yo les decía las otras que denunciaran sus casos, pero yo callaba el mío".
Por miedo a las represalias después de que contara su historia a la policía de su pueblo, abandonó a su familia para ocultarse en el anonimato que ofrece la extensa capital colombiana, Bogotá.
Las mujer que fue violada junto a Amelia no ha denunciado la violación a la policía, y aunque fue interrogada como testigo de la violación de Amelia, no se refirió a la suya propia. "Es la segunda vez que la violan, y todavía se niega a denunciarla", dice Amelia. "Le pregunté: ‘¿Cuántas veces más tendrán que violarte para que empieces a hablar?"
Amelia espera que su decisión de denunciar su violación alentará a otras mujeres en su pueblo y en todo Colombia a hacer lo mismo. "Mientras más seamos, más fuertes seremos", dice. Pero teme que el hecho de que haya tenido que marcharse tendrá el efecto opuesto. "Estoy segura que las mujeres en mi pueblo están ahora hablando sobre el precio que he tenido que pagar por hablar", dice. "No podré volver a casa durante un largo tiempo".

15 de mayo de 2009
11 de mayo de 2009
©christian science monitor 
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ideólogo de la extrema derecha


Mones Ruiz, un admirador de Seineldin y los grupos de tareas. El carapintada argentino relacionado con los derechistas bolivianos es autor de un libro sobre fuerzas que utilizan métodos paramilitares, admira a Seineldín y a Rico y es delegado de la organización ultraderechista UnaAmérica.
[Carlos Rodríguez] Bolivia/Argentina. El ex carapintada Jorge Pedro Mones Ruiz, quien tendría vinculación con algunos de los comandos de extrema derecha que participaron del intento de magnicidio del presidente de Bolivia, Evo Morales, es un confeso admirador de las llamadas Fuerzas de Adiestramiento Especial, como los Rangers o los Boinas Verdes de los Estados Unidos, de oscura participación en Vietnam y en otras guerras imperialistas. En un libro de su autoría publicado en 1986 por el Círculo Militar y que se titula ‘Fuerzas de Adiestramiento Especial’, Mones Ruiz hace una apología de estos grupos orgánicos de los ejércitos que utilizan los mismos métodos que los "paramilitares". En su trabajo de investigación, el militar incluyó un capítulo dedicado al "equipo especial de lucha contra la subversión" llamado "Halcón 8", creado en febrero de 1978 en la Argentina, con el objetivo de impedir "hechos subversivos de diferente tipos" durante el Campeonato Mundial de Fútbol jugado en junio de ese año en el país. Integrado por 50 oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, el cuerpo estuvo al mando del también ex carapintada Mohamed Alí Seineldín.
En el capítulo, el autor del libro resalta las condiciones personales de Seineldín, a quien presenta como un "jefe reconocido por sus dotes personales que lo han distinguido para la conducción de operaciones especiales y para la formación de individuos aptos para ejecutarlas". Los dos ex carapintadas, Mones Ruiz y Seineldín, participaron del alzamiento militar contra el ex presidente Carlos Menem, ocurrido el 3 y el 4 de diciembre de 1990. Mones Ruiz fue uno de los que coparon la guardia del Regimiento I de Patricios, utilizando los métodos de las "fuerzas especiales" que dan fundamento al libro. En el ataque al regimiento murieron el teniente coronel Hernán Pita y el mayor Federico Pedernera.
Mones Ruiz también despliega elogios a otra formación, creada en el año 1982, como fue la Compañía Comando 601, cuyo jefe fue el entonces mayor Mario Castagneto y que fue trasladada a las islas Malvinas en el mes de abril de ese año. Sin hacer mención alguna al triste papel que jugó, sobre todo el Ejército, en ese conflicto bélico, el autor del libro ensalza también a la Compañía Comando 602 "movilizada con cuadros provenientes de unidades del resto del país". Ese cuerpo estaba bajo el mando del entonces mayor Aldo Rico y realizó, según Mones Ruiz, "exitosas misiones (incursiones, exploración y emboscadas) contra el invasor inglés".
Como se sabe, Aldo Rico siguió luego haciendo "emboscadas", pero en contra del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. En la Semana Santa de 1987, Rico movilizó tropas para exigir la finalización de los juicios contra represores por crímenes de lesa humanidad y, luego de sofocado ese intento, volvió a comandar una nueva aventura golpista en Monte Caseros, Corrientes, en enero de 1988. Tanto Rico como Seineldín fueron condenados, pero ambos recibieron el indulto presidencial, el primero firmado por Carlos Menem y el segundo por Eduardo Duhalde en el año 2003.
Al describir las funciones de "Halcón 8", liderado por Seineldín durante el Campeonato Mundial de Fútbol, Mones Ruiz asegura que su misión fue la "propia de un equipo o grupo de acción directa" y "estaba orientada a prevenir, neutralizar la acción del oponente o, en su caso, aniquilarlo". Mones Ruiz aclara que Halcón es "una sigla formada por las primeras letras de las siguientes palabras: Hábil, Agil, Ligero, Combativo, Original y Novedoso", mientras que el número 8 deriva del último correspondiente al año de su formación: 1978. El grupo tenía una plana mayor de 9 miembros cuyos nombres no son mencionados.
Uno de los grupos operativos era el de "asalto", integrado por el jefe, un tirador especial, un motociclista, un conductor de automóvil y dos tiradores. Siempre era secundado por el grupo de "apoyo", constituido por el jefe, un tirador de arma de apoyo (ametralladora), un conductor de autos y otro de camioneta, un especialista en comunicaciones y un enfermero. El autor del libro sostiene que esos grupos que actuaron en el país durante la más feroz de las dictaduras estaban equipados en forma similar a las fuerzas especiales "GSG-9 de la República Federal de Alemania, los equipos SWAT (Special Weapons and Tactics) de las policías de EE.UU., del SAS (Servicio Aéreo Especial) británico y de los ‘Blue Lights’ de las fuerzas especiales norteamericanas".
Luego se describe el increíble equipamiento, que incluía un arsenal, con el que contaban los integrantes de "Halcón 8", a saber: "Automóviles, motocicletas, equipos de comunicaciones individuales y vehiculares, armas livianas con silenciador (pistolas ametralladoras), fusiles para tiradores especiales, escopetas automáticas, ametralladoras MAG, fusiles automáticos con miras para tiro nocturno, máscaras antigás, chalecos antibalas, paracaídas, armas silenciosas (ballesta, arco y flecha, cuchillos, dardos, rifles de caza mayor, etc.), lanzacohetes 88,9 milímetros, anteojos para observación nocturna de 1ra. y 2da. generación, equipos de esquí y andinismo individuales, camiones Mercedes Benz 608 equipados para diversas tareas, equipos de buceo, botes de goma con motores fuera de borda, equipo de comunicaciones para guiado de aeronaves, etc.".
En el cierre del capítulo dedicado al grupo "Halcón 8", Mones Ruiz dice que fue desactivado, pero que "las experiencias recogidas y las necesidades de contar con elementos de este tipo hicieron posible que al poco tiempo el Ejército creara, después de varios años expectantes, la Compañía de Comandos 601". Mones Ruiz, en abril de 2001, se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Defensa, donde había sido nombrado por el ex titular de esa cartera Ricardo López Murphy, según lo publicado por la revista Veintitrés. De acuerdo con lo que se señalaba en la nota, su función era la de "asesorar en temas relacionados con el área de inteligencia".
El militar, delegado de la organización de ultraderecha UnaAmérica, ofrece conferencias, donde es presentado como licenciado en Estrategia y Organización, ex mayor de Caballería, oficial del Estado Mayor y especialista en temas de Defensa. En varias ocasiones fue columnista invitado del portal La Historia Paralela, donde se critica en forma permanente a Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. El 8 de noviembre de 2006 escribió: "La situación que vive nuestro país en sus instituciones fundamentales y fundacionales, nos agobia".
En un tono francamente golpista, aseguró que hay que ser "optimistas" porque "abunda información pública que nos permite adquirir conocimiento cabal de que estamos viviendo ‘tiempos estratégicos’ a los que solamente falta definir ‘el momento estratégico’". En ese contexto, expresó su apoyo incondicional, como figura política pública, a Juan Carlos Blumberg, a quien calificó de "genuino, auténtico, honrado", al punto de que, desde su visión de las cosas, representa "a los nuevos que tienen que venir, para ocupar el lugar de los que nunca se fueron".

12 de mayo de 2009
©página 12
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carapintadas en bolivia


Once ex militares argentinos estarían en la zona del Beni, en Bolivia, colaborando con las fuerzas derechistas. La Cancillería argentina recibió esa información de la embajada en Bolivia luego de que el gobierno de Evo Morales desbaratara una célula terrorista integrada por húngaros, croatas y bolivianos en el departamento de Santa Cruz.
[Nora Veiras] Bolivia. "Estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando." La información, fechada el 4 de mayo, que recibió la Cancillería argentina de la Embajada en Bolivia y a la que accedió Página/12, señala que "empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales". Las piezas del rompecabezas se empiezan a colocar en posición a partir de la investigación sobre el grupo de supuestos terroristas, liderado por Eduardo Rózsa Flores, ‘Héroe de la Guerra de los Balcanes’, que fue desbaratado por la Policía Nacional de Bolivia el pasado 16 de abril. El presidente Evo Morales denunció que la banda planeaba un magnicidio.
El pasado 21 de abril este diario informó que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había comunicado con el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos "por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia". En ese momento se mencionaban los viajes a Bolivia del mayor retirado Jorge Mones Ruiz, uno de los reincidentes carapintadas que entre el ’87 y el ’91 se alzó en armas para exigir la impunidad de los represores.
El nuevo informe da cuenta de que "Mones Ruiz habría estado en contacto con el presunto terrorista/mercenario ultimado Rózsa Flores y con (Luis Enrique) Baraldini", otro compañero de armas prófugo de la Justicia argentina por su actuación durante la represión ilegal en La Pampa y radicado en Santa Cruz de la Sierra con nombre falso. Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas bolivianos.
Al ex carapintada lo seducen sus vínculos con la ultraderecha latinoamericana. En el ’87, el Círculo Militar le publicó un libro en el que desarrollaba su expertise sobre la formación de grupos comandos contra los procesos revolucionarios en Centroamérica. Este año, encontró un anclaje institucional en la llamada UnAmérica, una ONG que pretende ser la contracara de la Unasur, la organización que integran los presidentes de América latina. Justamente, los gobiernos ‘izquierdistas’, especialmente los de Bolivia y Venezuela, provocan los desvelos del comité liderado por el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa.
Mones Ruiz despunta el vicio de difundir su pensamiento en distintos formatos pero con la misma obsesión. Con otro de sus camaradas carapintada, Breide Obeid, formó el ‘Conjunto Patria’ y sale a cantar sus propias letras en encuentros católicos. Más académico, publicó varios libros, entre ellos ‘Argentina ¿sin destino? Estudio sobre las nuevas amenazas’, y se explaya en páginas web sobre "el desgobierno y las falencias institucionales (aprietes a empresarios, control de precios, crisis energética, caso ‘Papeleras’, inseguridad ciudadana, corrupción, justicia ‘tuerta’, agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, legisladores ‘borocotizados’, violencia social, comandantes militares desmemoriados, fuerzas policiales con menos garantías que los delincuentes, etc.), están generando las condiciones para el cambio estructural que la sociedad reclama". Hiperactivo, el año pasado empezó a hacerse tiempo para recorrer las asambleas rurales y azuzar el conflicto.

Esclavo de las Palabras
La violenta irrupción de la policía en el cuarto piso del hotel Las Américas que terminó con la muerte de Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), Arpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Dwyer (irlandés) y la detención de Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) potenció la virulencia opositora en Bolivia. El presidente Evo Morales aspira a ser reelecto el próximo 6 de diciembre y leyó la actuación de esos comandos transnacionales como una prueba cabal de un plan para asesinarlo. En el entramado de relaciones en ese campo minado aparecen indicios de la participación de los personajes de siempre.
Cinco días después del operativo en el hotel, la Red de Televisión Húngara emitió una entrevista realizada por el periodista Andras Kepes el 8 de septiembre de 2008 en la que Rózsa confirma que viajó a Santa Cruz de la Sierra a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y que, si no se lograba la coexistencia pacífica con el resto del país, se buscaría su independencia. El diario El Deber, de Santa Cruz, detalló que "el hombre, de 49 años, aseguró que su misión ‘tenía respaldo legal’, ya que la decisión de organizar la milicia se basaba en la autorización del Consejo de Santa Cruz. Consultado el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Parada, aseguró que no conocía nada al respecto y que no sabía a cuáles de los consejos o asambleas que funcionan en Santa Cruz pidió permiso. Según Rózsa, un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. ‘Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país’, dijo Rózsa."
Rózsa grabó la entrevista como un testamento: sólo podía ser difundido en caso de muerte. El extraño personaje que supo militar en el Opus Dei, convertirse al islamismo y ser consagrado ‘Héroe de la Guerra de los Balcanes’ terminó reclutando mercenarios para defender a la ultraderecha boliviana. La participación en el frente croata le abrió lazos con militares latinoamericanos que encontraron en esas milicias el nicho buscado para desarrollar sus competencias de comandos.

Mano de Obra
El detallado informe que se está analizando en la Cancillería argentina cuenta que empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían apelado a los ex militares "con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales y avasallamientos de distintos tipos, incluyendo la toma de tierras privadas por parte de entidades sociales como el MAS", en alusión al Movimiento Al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales.
El modelo de los terratenientes brasileños que instauraron virtuales escuadrones de la muerte para contrarrestar la acción de los Sin Tierra ilumina el imaginario de las fuerzas reaccionarias de los secesionistas de la región más rica de Bolivia. La organización Human Rights Foundation Bolivia, que responde a Victor Hugo Achá, sería el alma matter de la estrategia encuadrada en los objetivos de UnAmérica, evalúa el texto que recaló en el Palacio San Martín.
El 30 de abril, el fiscal Marcelo Sosa quien instruye la investigación por la actuación del grupo de Rósza convocó a declarar a Achá para corroborar las declaraciones de algunos de los detenidos en la causa. El presidente de HWF había viajado una semana antes a los Estados Unidos y anunció que no regresará hasta que no le den garantías legales para defenderse de las acusaciones. Sin embargo en una comunicación telefónica con un canal local reconoció que conversó en más de tres ocasiones con Rózsa pero, obviamente, negó cualquier vínculo con la milicia que organizaba el boliviano-húngaro-croata.
Según consignó el diario La Prensa, de La Paz, Juan Carlos Gueder, el detenido declaró: "Sé que había otra persona vinculada dentro del campo político (para ser asesinado en Bolivia), pero tampoco sé su nombre, porque hay otra gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Hugo Achá dando la cara". Gueder aseguró que el dirigente de HWF había estado en las reuniones con la presunta banda terrorista. A Gueder le otorgaron la prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.
El 1° de mayo, el presidente boliviano dijo que si la organización no aclara sus vínculos con "los terroristas" podría ser expulsada del país como ya ocurrió en Venezuela. El comité Pro Santa Cruz, centro de la flor y nata de la oposición que reiteradamente intentó desestabilizar a Morales, convocará a una asamblea para evaluar qué hacer ante el avance de la investigación por los vínculos de empresarios con los presuntos terroristas abatidos en el hotel America.
En ese marco actúan los sectores representados en UnAmérica, organización en la que el carapintada argentino Mones Ruiz se desempeña como secretario, y proyectan presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Morales acusándolo de ser el responsable de la Masacre de Pando. El objetivo es contrarrestar el informe aprobado por la Unasur que derivó en la prisión, entre otros, del prefecto de Pando por la persecución y los asesinatos racistas fogoneados desde la ultraderecha.

12 de mayo de 2009
©página 12 
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el mea culpa de chiquita


La multinacional bananera reconoció en un informe de 269 páginas el pago de dinero durante 15 años a guerrilleros y paramilitares en Urabá.
Colombia. La multinacional bananera realizó una investigación interna en la que reconstruye la forma y las personas de la compañía que estuvieron involucradas en el pago de extorsiones a la guerrilla y financiamiento de grupos paramilitares durante cerca de 15 años en Colombia.
"No conozco  un caso en el que una compañía estadounidense haya entregado con tal grado de detalle este tipo de cosas", dijo  al diario The Cincinnati Courrier,  Steven Steingard, uno de los abogados de la firma  Kohn Swift y Graf de Filadelfia que representa a las viudas de cinco misioneros gringos secuestrados y asesinados por las Farc en 1993 y 1994.
Según el reporte, Chiquita entregó entre 100 mil y 200 mil dólares al año en promedio a la guerrilla.
En marzo de 2007 la compañía bananera reconoció ante los tribunales que realizó pagos regulares a grupos paramilitares por más de una década y que dejó de hacerlo en 2004. Según la empresa, era la única forma de poner a salvo la vida de sus empleados.
Chiquita se declaró culpable de hacer negocios con terroristas y hasta la fecha ha pagado 10 millones de dólares en multas de los 25 millones que le han impuesto. Todavía enfrenta 10 procesos penales a nivel federal que suman miles de millones de dólares por daños y perjuicios.
La investigación compilada en un informe de 269 páginas detalla como la compañía pagó primero a las guerrillas de las Farc y el ELN que operaban en la zona de Urabá y posteriormente también dio dinero a las AUC.
Según establece el informe divulgado por el diario de Cincinnati, desde 1995 la compañía poseía mecanismos internos para monitorear lo que entonces llamaba "pagos delicados" y desde 1994 produjo el primero basándose en conceptos legales que decían que los pagos estaban acordes con la ley colombiana.
El Comité investigador estableció que más de una docena de empleados de la empresa y miembros de la junta directiva sabían de los pagos a grupos armados, antes de que se enteraran que habían sido catalogados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Estos incluyen a los ex presidentes de la compañía Keith Lindner, Steven Warshaw y Cyrus Freidheim, así como los abogados de la empresa Charles Morgan, Robert Olson y Gregory Thomas.
El informe detalla y reconstruye también la difícil situación de orden público que vivía Colombia en la época y en especial en la conflictiva zona de Urabá, donde operaba la compañía.
Uno de esos incidentes es el ataque a un bus que llevaba empleados de la compañía y en el que murieron 25 personas. Según varios testigos consultados el ataque fue perpetrado por las Farc.
A partir de 1997, dice el informe, Chiquita comenzó a pagar también dinero a las AUC, una organización criminal reportada como grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que convertía los pagos en una violación flagrante de la ley estadounidense.
Los pagos a las AUC continuaron durante 28 meses después que este grupo fuera listado como terrorista en 2001 y por casi un año más desde que Chiquita se enteró de la designación en 2003. Según el reporte, los pagos no fueron suspendidos de inmediato en parte por el temor de los directivos de recibir represalias y en parte por subestimar las acciones que podía tomar contra ellos la justicia.

Una Contrición a Medias
El mea culpa de la empresa no es sin embargo un mero acto de contrición. Es también una estrategia jurídica que dentro del sistema judicial estadounidense sirve para evitar  demandas de los accionistas. Precisamente la compañía le pide al juez  Kenneth Marra  del sur de la Florida  -el cual lleva 9 de los 10 procesos contra la empresa en Estados Unidos-, que desestime ocho acciones judiciales en las que se solicita que Chiquita sea también responsable ante las familias de personas asesinadas por los grupos criminales que habría financiado.
Sin embargo, el informe reafirma lo que ya varios directivos involucrados han señalado en los tribunales: que ninguno de los directivos supo hasta 2003 que se trataba de una organización terrorista para su gobierno. Sólo cuando supieron de este hecho, reportaron ante el Departamento de Justicia las violaciones a la ley que habrían cometido.
"La junta directiva de Chiquita así como personal administrativo, enfrentados a una situación insostenible, lucharon para actuar en favor de los intereses de la empresa y hacer lo correcto", dice el informe en uno de sus párrafos finales. "Continuar con este litigio solo servirá para prolongar un enredo que ha absorbido, distraído y afectado a la empresa por cerca de 6 años.
La investigación fue realizada  un Comité Especial (Special Litigation Commitee) conformada por una junta de directores que ingresaron a la compañía después de que la firma dejara de operar en Colombia y suspendiera los pagos.
El Comité conformado por  Howard Barker, William Camp y Clare Hasler contrató su propia firma de abogados y un grupo de investigadores independientes que durante 9 meses recogieron evidencias, entrevistaron a más de 50 testigos y revisaron 750.000 páginas de documentos.
El informe hace también un recuento de los cerca de cuatro años de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde uno de los puntos cruciales era el dilema de si podían seguir pagando a los grupos armados en Colombia mientras los fiscales revisaban los hechos y daban un concepto sobre su legalidad.

29 de abril de 2009
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secuestrado por paramilitares


Tibú se moviliza por un desaparecido. El joven Pablo Emiro González de 24 años, dedicado a la venta informal de gasolina, fue secuestrado el pasado 23 de abril en un sitio conocido como El Tablazo, en Norte de Santander y no se supo más de él. Su pueblo ha salido a a calle a exigir que lo devuelvan.
Colombia. Pablo Emiro González Monsalve, de 24 años, no gana más de 70 mil pesos a la semana. Tanto él como sus papás, viven de la venta informal de gasolina en Tibú, Norte de Santander, gracias a la cercanía del pueblo con Venezuela que les permite conseguirla más barata. A veces también hace viajes con pasajeros en un carro viejo de placas venezolanas.
Hace unos dos meses, cuando llegaba a su casa del barrio Santander, al norte del municipio, un grupo de desconocidos lo abordaron y le pidieron una especie de "vacuna" por su negocio de la gasolina.

- "¡No me gano yo los 50 mil a la semana y sí se los voy a dar a ustedes!", les gritó Pablo Emiro a quienes lo estaban extorsionando que son, al parecer, miembros de las Águilas Negras. Los desconocidos lo botaron al piso y lo golpearon. El joven denunció el caso ante la Sijín.

Seguramente esa fue la razón por la que el pasado jueves 23 de abril, Pablo Emiro desapareció.
Pasadas las 2 de la tarde, el joven tomó un taxi en Tibú, rumbo a Cúcuta, para practicarse unos exámenes a causa de una úlcera gástrica que padecía. Se subió al vehículo, que llevaba más pasajeros, y a la altura de El Tablazo, corregimiento del estado de El Zulia, el taxi se detuvo luego de que un grupo de hombres vestidos de civil le hiciera el pare. Según los viajantes, a Pablo lo hicieron bajar del carro y le dieron la orden al conductor para que siguieran sin él. Vestía una camiseta rosada a rayas, jeans, sandalias negras y llevaba una mochila.
El viernes, cuando la familia no supo más del muchacho, pusieron en alerta a las autoridades. "Hacía rato muchos pimpineros (vendedores de gasolina) se habían quejado ante la Policía y ante el Ejército por la extorsión a la que estaban sometidos", dijo a Semana.com un líder cívico de la región.
Una comisión conformada por familiares y habitantes de Tibú fue personalmente a buscar a Pablo Emiro González, pero no encontró pistas de su paradero. Según el mayor Miguel Alvarado, comandante de la Policía en el municipio, ya se activaron unidades especiales para que busquen al joven, pero no tienen la certeza de que los autores de su secuestro sean integrantes de las Águilas Negras.

Sin embargo, la población en general sospecha seriamente de esta banda emergente que se apoderó de la región, luego la desmovilización del Bloque Catatumbo de los paramilitares. Por eso este lunes Tibú prácticamente se paralizó para protestar por la desaparición de Pablo Emilio. "¡Preferimos vivir un día de libertad que mil encadenados!", decía uno de los carteles que pendían de los camioncitos que transportan gente y que bloquearon la principal vía de acceso al municipio como mecanismo de presión para que las autoridades investiguen y esclarezcan los casos de desaparición, extorsiones y amenazas que se vienen presentando en el pueblo.

Rosario de Amenazas
Pero tal parece que esta situación de intimidación no es nueva. La Defensoría del Pueblo, en forma reiterada, venía advirtiendo a través del Sistema de Alertas Tempranas los factores de amenaza y vulnerabilidad en la que se encontraban los habitantes de Tibú.
En la segunda Nota de Seguimiento emitida el 18 de noviembre pasado se advirtió que los escenarios de riesgo en el municipio estaban relacionados con las amenazas de muerte contra pobladores de la cabecera municipal, al parecer, por parte de las ‘Águilas Negras’, que los señala como auxiliadores de la guerrilla o porque se niegan a pagar las extorsiones.
"En el área rural de este municipio, los factores de riesgo que se derivan de la presencia de este grupo armado ilegal se focalizan en el corregimiento de Campo Dos, donde se han presentado homicidios, extorsiones a vendedores informales de gasolina, comerciantes y transportadores de madera por el río Sardinata y se estarían regulando y restringiendo el tránsito nocturno y la movilización de los habitantes de dicho corregimiento", dijo la Defensoría en el informe.

29 de abril de 2009
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dole financiaba a paramilitares


Dole también financió paramilitares en Colombia, según demanda. Los demandantes son parientes de 51 asesinados por paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Segunda compañía estadounidense demandada luego de Chiquita Brands.
[Frank Bajak] Bogotá, Colombia. La estadounidense Dole Food Co. pagó regularmente durante década a grupos del paramilitarismo acusados aquí de asesinar a miles de colombianos, de acuerdo con una demanda presentada el martes.
Los demandantes son parientes de 51 asesinados por paramilitares de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las víctimas era sindicalistas o pequeños agricultores opuestos a vender sus tierras para que Dole cultivara bananas, según la demanda.
Presentada en una corte de Los Angeles, en California, la demanda busca conseguir de Dole millones de dólares en indemnizaciones por daños, al asegurar que la empresa actuó "con malicia", dijo Terry Collingsworth, el abogado de los demandantes, en una entrevista telefónica con AP.
La empresa con sede en Westlake Village, California; rechazó en un comunicado las imputaciones.
Dole "rechaza categóricamente los señalamientos sin fundamento que acusan a la compañía de actividades ilegales en Colombia", dijo la empresa en su nota y destacó que los reclamos "reciclados" eran "tan falsos hoy" como lo fueron al surgir en 2007.
Collingsworth dijo que la empresa estadounidense realizó pagos regulares a las AUC que totalizaron unos 10 millones de dólares entre 1997 al 2007, así como hizo otros pagos menores a esas milicias incluso tiempo atrás como en 1994.
De acuerdo con la demanda, a cambio las AUC se encargaron de "mantener alejados a los sindicatos de las plantaciones de banana de Dole, a través de asesinar a líderes sindicales y usar tácticas de terror para desestimular el ingreso de trabajadores a los sindicatos".
Un testigo clave de los demandantes es un encarcelado comandante de las Autodefensa llamado José Gregorio Mangones, quien se desmovilizó como parte de un acuerdo con el gobierno colombiano y quien ha admitido su responsabilidad en más de la mitad de los asesinatos citados en la demanda, dijo Collingsworth.
Mangones figura entre al menos otros cuatro ex comandantes de las AUC quienes han dicho que todas las empresas bananeras foráneas que operaron en Colombia, incluyendo Dole y Chiquita, hicieron pagos.
También han confesado haber ordenado varios miles de asesinatos, principalmente en la región de la costa caribeña colombiana y dirigidos específicamente a sindicalistas y supuestos simpatizantes de las guerrillas.
A Chiquita se le impuso una multa de 25 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y luego que esa empresa admitiera haber hecho pagos regulares a los paramilitares.
Collingsworth, quien también representa a las supuestas víctimas de Chiquita en un caso aparte, dijo que los demandantes han pedido permanecer en el anonimato porque paramilitares siguen operando en zonas donde residen y podrían "encarar represalias por su disposición a enfrentar a la empresa" en los estrados judiciales.
Mangones, alias ‘Carlos Tijeras’, dijo que su unidad paramilitar recibió anualmente 70.000 pesos (unos 30 dólares) por hectárea de la empresa, que tenía al menos unas 3.400 hectáreas de bananas sembradas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte de Colombia.
"Tijeras nunca nos dio un monto total de dólares, pero aseguró que en un año cualquiera Dole representaba el 40% del presupuesto operativo" de su bloque paramilitar, aseguró Collingsworth.
Indicó que los demandantes probarían que los gerentes de la importadora de banano en la región no eran "inocentes transeúntes pagando extorsiones", sino socios activos en una sangrienta conspiración para reducir los costos.
"Los administradores de Dole sabían de eso cuando daban un nombre a las AUC por problemas de seguridad o preocupación, lo que significaba que las AUC ejecutarían a esas personas sin investigar o ninguna otra averiguación", según la demanda.
Tijeras y varios de sus subcomandantes le dijeron a investigadores de los demandantes que "cuando Dole quería que algo se hiciera, el gerente de la plantación llamaba directamente a uno de los subcomandantes y le daba un nombre o una descripción y las AUC iba y se hacía cargo", dijo Collingsworth.
Dijo que no podía ofrecer nombres de ejecutivos que hubieran estado presuntamente involucrados en esa conducta ilegal.
Agregó que Tijeras dijo no poder recordar ningún nombre y que los demandantes carecían de evidencias escritas sobre esos pagos, aunque esperaban que surgieran en el proceso de juicio.

29 de abril de 2009
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militares mataron a secuestrado


Procesan a 8 militares por muerte de un secuestrado en Colombia.
Colombia. La procuraduría colombiana procesó a ocho militares por la muerte de un secuestrado que estaba en manos de la guerrilla del ELN y al que presentaron como rebelde abatido en combate, informaron hoy fuentes de la entidad estatal en Bogotá.
Los encausados son un oficial, dos suboficiales y cinco soldados de un batallón destacado en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta, precisó la dependencia, que indicó los ocho incurrieron en "grave infracción al derecho internacional humanitario".
El cargo se derivó del homicidio de Mauricio Ernesto Vives, empresario de la ciudad norteña de Santa Marta, que había sido secuestrado en noviembre de 2005 por insurgentes del ELN y que murió en mayo de 2007 durante una operación del ejército.
La Procuraduría General explicó en un comunicado que, en medio de la redada militar, Vives fue herido y abandonado en la zona de las acciones por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los responsables de la operación militar lo encontraron herido y le dieron muerte a bala, agregó la dependencia de control de los funcionarios del Estado, que indicó que las pruebas forenses corroboraron el testimonio que sobre los hechos ofreció una rebelde desertora de la facción que lo tenía cautivo, el Frente Gustavo Parmesano.
La procuraduría agregó que uno de los soldados implicados también afirmó que Vives había sido dado de baja por la patrulla militar.
El cadáver, sin identificar, fue sepultado en un cementerio de Santa Marta, pero sus familiares lo encontraron posteriormente tras ser informados de lo ocurrido por una fuente anónima.
Los implicados incurrieron en una "falta disciplinaria considerada como gravísima y que se endilga a título de dolo", señaló la procuraduría, que recordó que los militares estaban en la obligación de prestar auxilio a Vives.
La procuraduría dijo que los procesados son el capitán Carlos Mauricio García Mafla, el sargento viceprimero Javier Cárdenas Pinto, el cabo tercero Jilson Eduardo Valencia Ospina y los soldados profesionales Cristian Eduardo Cuevas Imbachi, Roberto Antonio Domínguez de la Cruz, Roland Fabián Palencia Medina, Albeiro Cerquera Vargas y Jorge Armando Tamayo Rengifo.
Vives era hermano de Luis Eduardo Vives, antiguo senador detenido y procesado por vínculos con grupos paramilitares.

29 de abril de 2009
©la nación
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