américa latina

las nuevas revoluciones latinoamericanas

mqh - 19 de febrero de 2009 - 07:26 - américa latina

Revoluciones latinoamericanas impulsadas por juristas. Equipos de estudiosos españoles ayudaron a reformular constituciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

[Joshua Partlow] La Paz, Bolivia. Aunque fue en el pasado producto de la rebelión armada, hoy la revolución en América Latina está tomando lugar en el papel bajo la forma de nuevas constituciones, un proceso en general pacífico influido por el trabajo de juristas españoles que han jugado un papel desconocido en la reformulación de los documentos populistas.
El referéndum en Venezuela el domingo sobre si reformar la constitución que todavía no cumple diez años para permitir que el presidente Hugo Chávez se postule a la presidencia indefinidamente es sólo el último ejemplo. En la década pasada otros dos países latinoamericanos se embarcaron en la reformulación de las reglas fundamentales de sus sociedades, creando extensas nuevas cartas magnas que amplían enormemente los derechos sociales y económicos garantizados a los ciudadanos, especialmente a los pobres.
En los tres casos, desdela carta magna venezolana de 1999 hasta las nuevas constituciones en Ecuador el año pasado y Bolivia el mes recién pasado, un equipo de juristas españoles influyeron en la concepción, redacción o implementación de los documentos, lo que ha provocado tensiones de clase nacionales y dañado las relaciones con el gobierno estadounidense. El líder es Roberto Viciano Pastor, autor y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, cuya asistencia técnica, según algunos, en la escritura de las constituciones está generando nuevas preocupaciones en toda Sudamérica.
"¿Por qué ahora? Porque yo creo que hay una crisis popular en esos países", dijo Raúl Prada Alcoreza, que fue miembro de la asamblea constituyente de Bolivia. "En estas constituciones recientes hay una fuerte conciencia de la historia política, y han emergido líderes que sintetizan esta pasión y las demandas de la gente".
Los juristas constitucionales señalan las varias similitudes entre las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, incluyendo el énfasis en la ‘refundación’ de esos países para corregir injusticias históricas, consolidar el poder del líder y concentrar las políticas públicas y el gasto en las necesidades sociales de las clases que otros gobiernos han ignorado.
Los líderes de estos tres países se han asociado con "lo que consideran los aspectos más importantes para su país", como el legado del fundador Simón Bolívar, en Venezuela, o la experiencia de los pueblos indígenas en Bolivia, dijo Alfonso W. Quiroz, profesor de historia en Baruch College, en la Ciudad Universitaria de Nueva York, que está estudiando la historia constitucional de los países hispanoamericanos.
"Dependen de eso para tener más control sobre el poder ejecutivo", dijo. "Definitivamente tienes que concluir que las tres son motivadas por objetivos políticos concretos".
Chávez lleva diez años gobernando. Y el presidente Rafael Correa en Ecuador y el presidente Evo Morales en Bolivia ganaron ambos fácilmente las votaciones sobre sus constituciones, que les dan la posibilidad de prolongar su mandato más allá de los diez años.
Todos gobiernan con un estridente tono populista, animado por un espíritu antinorteamericano que los colocan a la izquierda política de gobiernos liberales latinoamericanos como los de Brasil o Chile.
Mientras el discurso de los tres presidente a menudo se inspira en el mensaje antiimperialista de la Guerra Fría, todos ellos han descansado en votaciones democráticas para ser elegidos y aprobar nuevas constituciones, a diferencia de las rebeliones armadas del pasado como la izquierda armada en Cuba y Nicaragua.
"Lo que hemos alcanzado en estos últimos años fue, en verdad, el resultado de la muerte de mucha gente, muchos jóvenes, que decidieron tomar las armas para derrotar a los regímenes autoritarios en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, en casi todos los países", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un foro social el mes pasado. "Murieron, y estamos haciendo lo que ellos soñaron con hacer -y hemos ganado por medios democráticos".
La popularidad de estos nuevos movimientos populistas podrían complicar las campañas antinarcóticos del gobierno de Obama en la zona andina. Venezuela y Bolivia han restringido fuertemente la cooperación con agentes antinarcóticos de Estados Unidos, mientras que la base militar en Ecuador utilizada por el programa de vigilancia aérea norteamericana será cerrada este año. Los tres presidentes también han cuestionado los beneficios del libre comercio, un objetivo estadounidense de largo plazo en la región.
En este proceso, el papel jugado por Viciano y sus colegas españoles ha generado controversia entre algunas figuras de la oposición, que consideran al equipo como agentes de los partidos gobernantes empecinados en convertir los deseos de los gobiernos en textos jurídicos vinculantes. Un diario español, el ABC, describió a Viciano en un artículo de 2007 como la "materia gris" de Chávez y el "principal ideólogo" de las reformas constitucionales de Venezuela. Viciano objetó y el diario se retractó más tarde. Pero todavía ronda un aire de misterio sobre el trabajo del grupo, que opera en gran parte más allá del alcance del debate público, de acuerdo a miembros de la asamblea en Ecuador y Bolivia.
Antes de que Martha Roldós, la hija de un ex presidente ecuatoriano y miembro de la asamblea constituyente del país, conociera a Viciano en una reunión universitaria en Quito, la capital de Ecuador, sólo había oídos rumores sobre este hombre, al que describió como "casi un fantasma".
"Medio bromeando le dije: ‘Ah, usted es el que escribió nuestra constitución’", dijo.
La crítica fue quizás más estridente en Ecuador, donde el grupo fue asesor del presidente de la asamblea constitucional, Alberto Acosta, y recibió más de 120 mil dólares del despacho del fiscal general. Un informe sobre su trabajo, aparentemente co-escrito por Viciano y publicado en la prensa ecuatoriana el año pasado, discute cómo los miembros del grupo bosquejaron las ‘líneas políticas rojas’ para Acosta y reciben sugerencias de la presidencia. También proporcionan análisis sobre temas constitucionales como el matrimonio homosexual, de acuerdo a la página web de noticias Ecuadorinmediato.
La controversia obligó a Acosta a negar que los españoles hubieran escrito la constitución ecuatoriana. Dijo que los expertos constitucionales habían ayudado, pero no contribuido más que sus asesores ecuatorianos. Aunque Viciano comparte una "empatía ideológica" con el presidente Correa, dijo Acosta, "las huellas digitales de Viciano no se encuentran en nuestra constitución".
"No escribieron borradores de la constitución, no que yo sepa. Pero sí contribuyeron con temas", dijo en una entrevista. "No había tiempo para organizarse, así que su experiencia fue muy valiosa".
Kintto Lucas, autor y asesor de la asamblea ecuatoriana sobre temas de soberanía y relaciones exteriores, dijo que su comité pidió a los asesores no inmiscuirse con el trabajo de los asambleístas. "Siempre he estado en desacuerdo con su presencia, porque creo que no conocen verdaderamente el país", dijo Lucas. "Su papel fundamental fue ayudar al gobierno a poner sus ideas en la constitución".
Viciano no ha respondido a preguntas sobre su papel en las constituciones, pero en el pasado ha negado que él o sus colegas influyeran en alguno de los textos.
Rubén Martínez Dalmau, que trabajó como asesor con Viciano en los tres procesos constitucionales, dijo en una conferencia telefónica desde España que su grupo sólo jugó un papel técnico, ayudando a los miembros de la asamblea a "entender cuál sería el resultado si pones una coma aquí o allá, o un artículo en lugar de otro".
"No somos los padres de ningún concepto", dijo. "No somos máquinas que pensamos todos lo mismo. No hay una política común ni una ideología común".
Martínez, también profesor de derecho constitucional en la Universidad de Valencia, dijo que miembros del grupo ocasionalmente diferían entre ellos, así como con los gobiernos a los que asesoraban. Por ejemplo, Chávez quería inicialmente una legislatura bicameral, dijo, pero los asesores defendieron el sistema unicameral, que fue el que la asamblea adoptó finalmente. Acosta dijo que los españoles también se opusieron a la decisión de la asamblea ecuatoriana de definir los derechos inherentes de la naturaleza, que organizaciones ecologistas dijeron que era un lenguaje sin precedentes en una constitución.
Los productos finales son extensos documentos. Mientras que la constitución estadounidense tiene siete artículos y veintisiete enmiendas, la de Venezuela tiene 350 artículos, la de Bolivia 411 y la de Ecuador 444. Cada documento detalla una larga lista de derechos. La constitución boliviana, por ejemplo, garantiza los derechos a la alimentación, agua, educación y enseñanza gratuitas, servicio de alcantarillado, electricidad, gas, correo y teléfonos, identidad cultural, intimidad, honor, dignidad y una vida libre de torturas y violencia física, psicológica o sexual. Hay derechos especiales para los niños, la tercera edad, las familias y los discapacitados y dieciocho derechos diferentes para los grupos indígenas.
"Es casi imposible no votar por ellas, pues todas prometen todos esos derechos", dijo Quiroz sobre el gobierno. "Creo que son claramente tipos populistas de constitución. Algunas de sus disposiciones son tan difíciles o imposibles de implementar, que los criterios para implementar cosas tan difíciles han sido dejados al ejecutivo y al presidente mismo".
Jaime Aparicio, ex embajador boliviano en Estados Unidos, dijo que el problema es que esas constituciones "en las que se mezclan las leyes con los buenos deseos, se convierten en una lista de la compra".
"Los problemas no se pueden solucionar creando una constitución. Tú puedes decir que todo el mudo tiene derecho a la salud pública, pero eso no resuelve el problema de la salud pública", dijo Aparicio, que ayudó a supervisar la elecciones de la asamblea en Ecuador y es vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro.
Las nuevas constituciones también otorgan importancia a los derechos colectivos de los grupos, como los pueblos indígenas y las organizaciones de derechos humanos y ecologistas. En Venezuela, los asesores españoles fueron influyentes en esos temas, de acuerdo a Carlos Ayala, prominente jurista venezolano.
"En nuestra opinión, se estaban apartando de lo que decía la constitución, hacia una orientación popular más radicalizada, en el mal sentido de la palabra", dijo. "Poder popular en términos del imperio de la ley".
Los partidarios de esos cambios las consideran transformaciones necesarias y democráticas.
"Estamos tratando de resolver contradicciones históricas", dijo Carlos Romero, ministro boliviano de agricultura y miembro de la asamblea constituyente. En el pasado, dijo, Bolivia había fracasado a la hora de proteger a los pueblos indígenas, como "actores colectivos", fue débil en su relación con sus regiones y se "divorció de su economía". La nueva constitución intenta rectificar esos problemas, dijo.
En una discusión al día siguiente de que los bolivianos votaran la nueva constitución el 25 de enero, Viciano criticó el documento, particularmente una serie de enmiendas que había aprobado el Congreso Nacional en octubre que dijo que satisfacían demasiadas demandas de la oposición.
"Eso es lo que algunos autodenominados revolucionarios no entienden: En la revolución no siempre puedes alcanzar un consenso", dijo Viciano. "La revolución se hace o no se hace. Pero el consenso no se puede forzar".

Andres Schipani contribuyó a este reportaje.

19 de febrero de 2009
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ex presidentes piden legalización

mqh - 12 de febrero de 2009 - 02:25 - américa latina

Romper el tabú de las drogas. Una comisión liderada por tres ex presidentes latinoamericanos pide la despenalización de la tenencia de marihuana y un cambio de estrategia.

[Juan Arias] Río de Janeiro, Brasil. Los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, pidieron ayer en Río de Janeiro la despenalización de la marihuana para uso personal, al mismo tiempo que han abogado por un "cambio de estrategia" en la lucha contra las drogas.
La intervención de los tres ex presidentes tuvo lugar durante la reunión, en calidad de líderes, de la tercera y última sesión de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por personalidades de 17 países, entre las que se encuentran los escritores Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa, y creada por los tres ex mandatarios. Todos ellos insistieron en la necesidad de acabar con los prejuicios y los miedos que siempre rodean el problema del combate a las drogas sin llegar nunca a tomas de posición concretas y eficaces.
El documento final, firmado por todos los participantes, pide que se rompa el silencio sobre las drogas, que se acabe con el tabú y que se abra un debate en todo el mundo. "La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina" y "frente a una situación que se deteriora cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar las estrategias de la guerra a las drogas, aplicadas en la región durante los últimos 30 años", afirma el texto.
Convencidos de que la despenalización del uso personal de la marihuana sólo podrá ser realizada con eficacia a nivel mundial, los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo se van a dirigir no sólo a los responsables de sus respectivos países, sino también a todos los gobiernos de América Latina, así como en EE UU y la Unión Europea.
"América Latina sufre con el problema y tiene el derecho a exigir a los Estados Unidos responsabilidad", dijo a este diario Miguel Darcy, asesor de asuntos internacionales de la Fundación Henrique Cardoso, presente en la reunión.

Campaña de Información
La comisión ha trabajado durante un año entero, recogiendo material sobre el asunto de la despenalización de la marihuana por toda América Latina y el resultado es que todo lo que se ha hecho para combatir la droga ha sido "ineficaz y negativo", con un balance de muertos y de ingentes gastos de dinero sin que nada haya cambiado.
El ex presidente brasileño, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que tanta importancia tuvo durante sus ocho años al frente del país en la modernización y democratización de Brasil, destacó que él y sus colegas habían pedido sólo la despenalización del uso de marihuana porque haber extendido la petición a las llamadas drogas duras habría sido además de poco realista muy poco eficaz.
Según Cardoso, se trata de llevar a cabo, junto con la despenalización de la marihuana, una campaña de información sin engañar, con un lenguaje claro y hasta chocante, si es necesario. Puso el ejemplo de cómo Brasil ha tratado el problema del sida, que a muchos escandalizó, pero que ha acabado produciendo resultados enormes. La despenalización de la tenencia de marihuana, como es el caso de España, debería llevarse a cabo junto con una fuerte campaña de disuasión a su uso como se hace con el tabaco, por ejemplo.

Colaboración con Obama
El ex presidente Gaviria recordó que en algunos Estados de Estados Unidos, como California, se ha comenzado a cambiar la política en cuanto a la tolerancia de la marihuana para fines terapéuticos, y en Washington existe un cierto consenso de que la política llevada a cabo hasta ahora sobre el combate a las drogas "ha fracasado rotundamente".
La comisión ha demostrado la esperanza de que el actual gobierno estadounidense, bajo la batuta del presidente Barack Obama -tan cercano a las ansias de los jóvenes y que ya había tenido experiencias con la marihuana cuando era aún estudiante-, puede ayudar a replantear de forma nueva, creativa y realística, todo el tema de las drogas.
Sólo después de haber despenalizado el uso personal de la droga, pasando del miedo a la información verídica, sin convertir el tema en simple represión y cárcel, se podrá ser severos con la corrupción, la violencia engendrada por el tráfico de drogas, cada vez más alarmante, y contra los traficantes internacionales, insistió la Comisión.

11 de febrero de 2009
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justicia indígena en bolivia

mqh - 11 de febrero de 2009 - 23:49 - américa latina

Algunos expertos temen que los linchamientos aumentarán ahora que, con la nueva constitución, las comunidades podrán administrar sus propios sistemas de justicia.

[Chris Kraul] Achacachi, Bolivia. Se equivocaron de pueblo. Tras llegar en camioneta a esta sólida ciudad indígena la noche del festival anual, la pandilla pensó que los lugareños borrachos serían una presa fácil. Los vecinos dijeron que en una serie de asaltos, la pandilla, de once miembros, incluyendo a cinco mujeres, atacó a treinta víctimas en las oscuras calles y les obligaron a entrar en sus vehículos, donde fueron desnudadas, agredidas sexualmente y robadas hasta que jóvenes de la localidad dieron la voz de alarma.
Se reunieron rápidamente algunos vecinos, que llevaron a los sospechosos a una cancha de fútbol y los amarraron a los postes de la portería. Aunque varios de los sospechosos se declararon inocentes, fueron todos golpeados y escupidos durante diez horas, luego rociados con gasolina y quemados, muriendo dos de ellos.
El incidente de noviembre, que pudo ser visto en YouTube, provocó indignación aquí y en el extranjero. No fue un caso aislado. El año pasado murieron al menos 45 personas en ciudades y barrios indígenas, a manos de turbas que se tomaron la justicia en sus manos.
Entre otros linchamientos del año pasado, tres agentes de policía acusados de extorsión fueron asesinados por una turba en Epizana, en febrero. El incidente mereció un aviso de Naciones Unidas de que "el frágil aparato judicial de Bolivia, y la lenta reacción de las autoridades favorecen una impunidad que sólo fomenta la repetición de estos actos".
Los incidentes con turbas de este tipo están aumentando como nunca antes en las comunidades indígenas bolivianas, que constituyen una tercera parte o más de la población. La semana pasada los votantes aprobaron la nueva constitución, que eleva los sistemas judiciales locales al mismo nivel que el derecho tradicional, dejando que grupos indígenas y campesinos administren sus propios sistemas jurídicos.
La nueva constitución terminó una campaña de dos años del presidente Evo Morales, de la etnia aimará, de promoción "de la justicia indígena y campesina". Es parte de una campaña más amplia para dar a los bolivianos más derechos y autonomía.
La pregunta de muchos juristas es si esos incidentes disminuirían si los indios creyeran que tienen más recursos legales, o si aumentarán los juicios sumarios, que caracteriza al derecho indígena.
Petronilo Flores, director de justicia comunitaria del ministerio de Justicia, dijo que de hecho la justicia indígena se viene aplicando desde hace siglos y que la nueva constitución era un intento de terminar con "persistentes actitudes coloniales en Bolivia de que la justicia indígena no funciona, de que nada asociado con los indios es bueno".
Flores dijo que los linchamientos no reflejaban la verdadera justicia indígena y que los incidentes disminuirían a medida que las comunidades establecieran su autoridad y procedimientos judiciales.
"En la mayoría de los casos, esta justicia es mucho más rápida, más eficiente y mucho más económica que el sistema tradicional", dijo Flores.
Otros juristas temen que los linchamientos no hagan más que aumentar. Juan Cristóbal Oriuste, experto en derecho constitucional, dijo que la nueva constitución dejaba de lado los temas de derechos humanos y debido proceso. Y no hay recurso de apelación en la justicia sumaria aplicada en algunos lugares, dijo.
"El debido proceso asume el derecho a defenderte ti mismo y el conocimiento de la ley", dijo Oriuste. "Si la ley no es definida o no está escrita, ¿cómo me puedo defender?"
La constitución no aprueba la violencia ni la pena de muerte. De hecho, afirma el derecho a la vida. Pero garantiza a las comunidades indígenas el derecho a ejercer "sus principios, valores culturales, normas y sus propios procedimientos". La constitución dice que sus procesos jurídicos no pueden ser revocados por tribunales tradicionales.
La justicia indígena normalmente no está codificada y se transmite oralmente de generación en generación, dijo Ramiro Molina, director del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, la capital. Las funciones judiciales y de investigación son realizadas por miembros designados de la comunidad que son entrenados desde niños para asumir esas responsabilidades.
Pero los juristas coinciden en que la aplicación de la justicia indígena puede tener dificultades en casos de delitos graves como homicidio, violación y agresión, incluyendo los incidentes de noviembre. Normalmente esos casos son entregados al estado para tratarlos en tribunales tradicionales. Pero los procedimientos son vagos, y usualmente no existe un protocolo de entrega.
Molina dijo que estaba asistiendo al gobierno federal en un proyecto para codificar el derecho indígena para abreviar la brecha entre los dos sistemas jurídicos.
Lo que sí es seguro es que los bolivianos en las ciudades, así como los del campo, están hartos con la policía y los tribunales tradicionales que parecen irremediablemente estropeados.
"Por supuesto se trató de un caso de psicología social y no debería haber ocurrido nunca", dijo en una entrevista la semana pasada Eugenio Rojas, el alcalde de Achacachi, en esta ciudad a unos ochenta kilómetros al noroeste de La Paz. "Pero la gente está harta con el sistema tradicional y con que sólo tenemos ocho agentes de policía para una ciudad de cien mil habitantes. Si hubiese habido un fiscal en la ciudad esa noche al que entregar los sospechosos, eso no habría ocurrido nunca".
El defensor público Waldo Albarracín condenó a los vecinos, pero dijo que entendía que haya podido ocurrir.
"Están equivocados. Cometieron delitos que son asesinatos", dijo. "Pero su reacción tenía un motivo, y fue la falta de protección del estado y la incapacidad de ofrecer a los ciudadanos la seguridad que necesitan".
Interrogados para que explicaran el aumento de los linchamientos, Molina y otros dijeron que la colisión de las culturas indígenas con las urbanas y el cambiante clima político eran factores a considerar. Los linchamientos ocurren cuando la presencia y la influencia del estado y la justicia indígena son débiles, dijeron.
El jurista Gonzalo Mendieta dijo que el derecho indígena era eficiente "mientras creas en él. Si no, entonces te parecerá terriblemente arbitrario".
"Lo que queremos es una sociedad que defienda los derechos humanos", dijo Mendieta. "Los que los defendemos no estaremos siempre a favor de la idea romántica de que la justicia indígena es buena por naturaleza".

11 de febrero de 2009
1 de febrero de 2009
©los angeles times
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no es delito simpatizar con las farc

mqh - 08 de febrero de 2009 - 07:09 - américa latina

Presidente Ecuador dice no es delito simpatizar con las FARC.

[Alexandra Valencia] Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que simpatizar o tener "amigos" miembros de las FARC no es un delito en el país, en momentos en que la justicia investiga supuestos nexos de un ex funcionario con una red de narcotráfico relacionada con el grupo rebelde.
La justicia ecuatoriana ordenó prisión contra José Ignacio Chauvín, ex subsecretario de gobierno y uno de los líderes del movimiento político del mandatario, acusándolo de eventuales vínculos con una banda que traficaba clorhidrato de cocaína de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex funcionario, quien está recluido en una cárcel para investigación, reconoció que mantuvo reuniones con Raúl Reyes, un líder guerrillero que murió en marzo durante un ataque del Ejército colombiano a una base de las FARC asentada en la selva ecuatoriana, lo que desató preocupación en el país respectos a las consecuencias de esos encuentros.
"Hasta ahora lo que sabemos del señor Chauvín (....) es que era amigo de Raúl Reyes y tampoco es delito. Tampoco es delito en este país simpatizar con las FARC", dijo Correa en su informe semanal de labores.
"Otra cosa es asociarse ilícitamente con las FARC para desestabilizar un gobierno vecino como Colombia o el propio gobierno ecuatoriano", agregó el mandatario al señalar que espera un juicio justo para el ex funcionario gubernamental.
Las reuniones de Chauvín con el guerrillero Reyes habrían sido por razones humanitarias. El gobierno ecuatoriano respaldaba estas operaciones conjuntamente con Venezuela y organizaciones internacionales.
El ex funcionario acusado no ha especificado si los encuentros con Reyes fueron en territorio ecuatoriano, si se produjeron mientras era empleado gubernamental y si Correa sabía de sus gestiones en la frontera con Colombia.
"Si lo hizo como funcionario del gobierno nos habría traicionado. Si se reunió en Angostura (lugar del ataque) sabiendo que era territorio ecuatoriano, lo consideraré como una traición, porque no podía permitir que haya fuerzas extranjeras regulares o irregulares en suelo patrio", añadió.
Tras la incursión militar, Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá, que no han podido reanudarse debido a una seguidilla de acusaciones de ambos gobiernos sobre los mecanismos utilizados para controlar la frontera común de unos 600 kilómetros de extensión.
En la base guerrillera destruida se encontró computadoras con documentos que fueron denunciados por Colombia y que vincularían a algunos funcionarios ecuatorianos con las FARC.

8 de febrero de 2009
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la nueva constitución boliviana

mqh - 08 de febrero de 2009 - 05:40 - américa latina

Características de la nueva Constitución boliviana.

[Carlos Alberto Quiroga] La Paz, Bolivia. Bolivia estrenó el sábado una nueva Constitución que da más poder a los pueblos indígenas, abre paso a autonomías regionales y consolida el control estatal sobre la economía.
Las siguientes son características a destacar del nuevo texto constitucional que fue promulgado por el presidente Evo Morales, en el inicio de una prometida "refundación" del país:

Antecedentes:
- La nueva Constitución es la decimoséptima en los 183 años de historia republicana de Bolivia.

- Esta es la primera Constitución redactada por una Asamblea elegida expresamente por voto universal y luego aprobada en un referendo nacional.

- La llamada Constitución plurinacional fue aprobada por un 61,43 por ciento de los votos válidos en un referendo efectuado el 25 de enero, en el cual se registró una participación ciudadana récord de 90 por ciento.

Definiciones Generales:
- Bolivia se define como "Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías".

- Forma de Gobierno: "Democrática, participativa, representativa y comunitaria".

- La religión Católica deja de ser religión oficial y el Estado se proclama independiente de credo, reconociendo "la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones".

- Se declaran oficiales al castellano y todos los idiomas de los pueblos indígenas y se asumen como principios ético-morales de la sociedad antiguos mandatos "originarios" como la trilogía quechua "no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón" y la demanda de "vivir bien".

- A diferencia de la Constitución anterior, que dedicaba sólo un artículo a enumerar derechos, la nueva carta magna los amplía a 89 artículos, clasificándolos en derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos y de los pueblos originarios.

Organizaciones del Estado:
- A los clásicos poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se agrega el Electoral.

Legislativo:
- El Congreso Nacional pasa a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por cámaras de diputados y de senadores.

- La Cámara baja se mantiene en 130 miembros, la mitad elegidos por circunscripciones uninominales y la otra mitad por listas departamentales dependientes de las candidaturas presidenciales.

- El Senado aumentará de 27 a 36 miembros, cuatro por departamento. Sus miembros se elegirán por listas departamentales dependientes de las candidaturas presidenciales.

Tanto entre las 130 diputaciones como entre las 36 senaturías hay varias -en número a determinarse por ley- reservadas para los pueblos indígenas.

- Para ser diputado o senador se requiere tener 18 años de edad, y no 25 ó 35, respectivamente, como lo establece la carta magna sustituida.

Ejecutivo:
- Se incorpora la segunda vuelta electoral y la reelección inmediata por una sola vez. El mandato, igual que para los legisladores, se mantiene en cinco años.

- Para ser presidente o vicepresidente se requiere tener 30 años de edad.

- El vicepresidente pasa a ser parte del Ejecutivo, aunque mantiene la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Judicial:
- A la par de la justicia ordinaria, se reconoce la justicia comunitaria, que rige en las comunidades campesinas e indígenas y se aplica sólo a sus miembros.

- Los miembros del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son elegidos por voto universal, ya no por el Congreso. En el Tribunal Constitucional está representada la justicia comunitaria.

Electoral:
- En el Tribunal Supremo Electoral, al menos dos de sus siete miembros deben ser "de origen indígena originario campesino".

Autonomías/Economía:
- Se reconoce por primera vez autonomías de departamentos, regiones especiales y territorios indígenas, además de las vigentes autonomías de los municipios. Mini parlamentos autónomos tendrán capacidad legislativa.

- El texto enumera atribuciones de los gobiernos autónomos, preservando para el Gobierno nacional áreas clave como relaciones internacionales, seguridad, defensa, comunicaciones, manejo de recursos naturales y política agraria.

- Aunque se define el papel rector del Estado sobre la economía, se reconoce la coexistencia de regímenes económicos y de propiedad estatal, comunitaria, privada y social-cooperativa.

- Los servicios básicos (agua, luz, teléfonos, etc.) son declarados derechos humanos.

- Se prohíbe el latifundio. La propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5.000 hectáreas, aunque se respetan propiedades mayores pre existentes si cumplen funciones productivas determinadas por ley.

- Los recursos naturales renovables y no renovables son declarados de carácter estratégico. Su propiedad no podrá ser concedida a empresas ni a particulares, salvo extensiones limitadas de tierra para fines agrícolas.

- Como recursos estratégicos, los hidrocarburos y los minerales sólo podrán ser explotados bajo la dirección del Estado, directamente o con participación de empresas privadas nacionales o extranjeras mediante contratos de prestación de servicios.

Coca/Seguridad:
- Se protege a la coca como patrimonio y recurso natural.

- Se prohíben bases militares extranjeras.

8 de febrero de 2009
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proponen vender drogas en farmacias

mqh - 08 de febrero de 2009 - 04:34 - américa latina

Alcalde peruano propone vender droga en farmacias para combatir narcotráfico.

Lima, Perú. El alcalde de un distrito de Lima propuso la venta de marihuana y cocaína en las farmacias como forma de combatir la adicción a las drogas y el narcotráfico, desatando con ello una polémica en Perú.
Gustavo Sierra Ortiz, alcalde del distrito de Surquillo, planteó que el ministerio de Salud abra un "padrón de adictos a las drogas" para que esas personas puedan adquirir las sustancias de manera legal en farmacias, según declaró a la emisora RPP.
Si la venta de las drogas se realiza en pequeñas cantidades se podrá ayudar en la lucha contra el tráfico de narcóticos, según el alcalde.
"Basta de hipocresías, tenemos una ley que permite libremente portar la droga hasta 7 gramos de marihuana, 5 de pasta básica de cocaína o 3 gramos de cocaína", dijo Sierra.
Sin embargo, anotó que el adicto no sabe dónde comprarla por lo que acude "a los suburbios de la ciudad y empieza la gran cadena del narcotráfico".
La propuesta de Sierra precisa que los adictos empadronados serían tratados por especialistas del sector Salud que entregarían las dosis máximas permitidas por la ley y luego, poco a poco, se iría reduciendo la cantidad hasta la rehabilitación.
Ante la propuesta, el primer ministro Yehude Simon dijo estar "totalmente en contra porque eso sería hacer un daño tremendo a la juventud y a la niñez" porque se incentivaría el consumo de drogas.
En contrario, el psicólogo social Baldemero Cáceres opinó que es imprescindible cambiar la política antidrogas y dijo "estar a favor de la marihuana y la hoja de coca que son plantas medicinales desechadas por la ciencia por la falsa creencia de que son drogas".

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bolivia ratifica constitución

mqh - 26 de enero de 2009 - 20:12 - américa latina

De momento se ha contabilizado un sesenta por ciento a favor de la nueva Constitución, pero persisten reductos de la oposición en el oriente.

[Simon Romero] El Alto, Bolivia. Parece seguro que el presidente Evo Morales obtendrá una fácil victoria en el referéndum del domingo sobre la radical nueva Constitución diseñada para fortalecer la posición de los indígenas de Bolivia. La votación culmina tres conflictivos años de esfuerzos de Morales por reformar un sistema político asociado con siglos de subyugación de los indígenas.
Según informes preliminares de la votación, boletines de la televisión nacional dijeron que cerca del sesenta por ciento de los votantes aprobaron la nueva Constitución. Si ese margen se mantiene, o aumenta, fortalecería el mandato de Morales, dicen aquí algunos comentaristas políticos.
Sin embargo, los conflictos regionales sobre los resultados podrían estallar en los próximos meses. Sobre esos mismos conteos, tanto la prensa privada como la oficial informaron que al menos cuatro departamentos, o provincias, en las revoltosas tierras bajas del oriente boliviano rechazaron la carta magna por un amplio margen.
Artículos formulados vagamente entre los 411 de la nueva Constitución amplían la definición de propiedad para incluir la propiedad comunal; permitir a los indios aplicar castigos corporales según sus propios sistemas judiciales; extender una forma limitada de autonomía a las prefecturas regionales; y reafirmar el control del estado sobre las enormes reservas de gas natural de Bolivia.
Ahora es el Congreso el que deberá redactar las disposiciones de muchos de esos artículos, pero la legislatura es una institución fluida, en la que los indios tienen garantizada su representación en las cámaras.
"Con mi humilde voto estoy creando un poco de esperanza para mis hijos", dijo Ismael Pocoaca, 42, obrero de la construcción que votó el domingo en la mañana en la Escuela Chuquiago Marka aquí en esta ciudad de barriadas en la meseta azotada por el viento que domina la capital de La Paz.
Tras la votación, Pocoaca y otros aimaraes se reunieron frente a la escuela, donde los vendedores ambulantes vendían bocadillos de cerdo frito y carteles de Morales, que fue pastor de llamas en el pasado. "Finalmente estamos reconquistando nuestra dignidad", dijo María Laura, 30, una vendedora de jabón que votó por la nueva Constitución.
Pero mientras los indios celebran en todo el país el resultado de la votación, la Constitución se inicia con una nueva fase de incertidumbre en la dividida Bolivia.
Pocos reclaman saber cómo funcionarán las leyes bajo la nueva Constitución, en qué consistirá la revisión que se le hará en el Congreso o cómo afectará a un país que hace frente este año a una aguda recesión económica.
Funcionarios regionales de las tierras bajas, donde se produce la mayor parte de los alimentos y el petróleo de Bolivia, ridiculizaron la nueva Constitución: "No se puede implementar ninguna Constitución si no ha sido aprobada en todos los departamentos", dijo Carlos Dabdoub, dirigente político de Santa Cruz, un departamento oriental que rechazó la Constitución.
Dada la enconada resistencia en Santa Cruz y otras ciudades, fue extraordinario que se llegara a votar la Constitución. La violencia sobre la Constitución propuesta alcanzó un punto álgido en septiembre, cuando más de dos docenas de campesinos, en su mayoría partidarios de Morales, fueron asesinados en una emboscada en la provincia amazónica de Pando.
Las conversaciones entre los partidarios de Morales en el Congreso y la fracturada oposición produjo un compromiso sobre anteriores versiones de la Constitución. Uno de los artículos más polémicos en el borrador final revertía un plan para permitir que Morales pudiera postular indefinidamente a la reelección, limitando su mandato a cinco años si llega a ganar las elecciones a fines de este año.
Pero otros artículos reflejan la influencia de Morales, 49, que, pese a su origen indígena, no habla fluidamente ni el aimará ni el quechua, las dos principales lenguas indígenas de Bolivia. Comunicándose con la audiencia en español, el lenguaje de la Colonia, ha forjado sin embargo un movimiento político imbuido de nacionalismo y ha realzado la conciencia étnica.
"Después de quinientos años, hemos retomado la Plaza Murillo", dijo Morales a sus partidarios la semana pasada en un discurso en la clausura de la campaña en la plaza mayor de La Paz, a la que los indios no podían entrar entrados los años cincuenta.
La nueva Constitución permitirá a Morales, cuyo gobierno es apoyado económicamente por Venezuela, reafirmar un mayor control de la economía por parte del estado, con artículos que prohíben que las compañías extranjeras repatríen sus ganancias o que recurran al arbitraje internacional para resolver conflictos sobre las nacionalizaciones.
En realidad, Morales se muestra impertérrito ante la escasez de inversiones y el receso de la economía mientras continúa la caída del precio del gas natural boliviano y el vecino Brasil reduce sus importaciones de combustible.
En vísperas de la votación el presidente anunció la nacionalización de la unidad boliviana del gigante del petróleo británico, BP, y creó un nuevo diario, Cambio, controlado por su gobierno. Y después de la reciente expulsión del embajador estadounidense y de agentes de la Administración de Drogas de Estados Unidos [Drug Enforcement Administration, DEA], a los que acusa de espionaje, repitió sus críticas contra Estados Unidos.
"Poco a poco, Bolivia se está cerrando al resto del mundo", dijo Gonzalo Chávez, un economista de la Universidad Católica de La Paz con diploma de Harvard, que piensa que el crecimiento económico este año se reducirá al dos por ciento, después de llegar al seis por ciento en 2008.
Pero otros dicen que la nueva Constitución resuelve la poca representación de los indígenas, mencionando artículos que reservarán escaños para ellos en el Congreso y en otras áreas de una creciente burocracia. Incluso el gabinete de Morales sólo tiene dos ministros indios; sus principales asesores, el vicepresidente (un ex guerrillero) y el jefe de gabinete (un ex militar) son intelectuales de piel clara.
En importancia simbólica, dijo Xavier Albó, académico y lingüista jesuita, la nueva Constitución será el equivalente de la Reconquista española de la Península Ibérica ocupada por los moros hasta 1492. Pero en lugar de derramar sangre en ese proceso, dijo Albó, Bolivia está "avanzando en un proceso democrático que no excluye ni subyuga a nadie".
Algunos bolivianos que leyeron todo el texto de la Constitución tienen otra impresión.
Edmundo Paz Soldán, un escritor de la Universidad de Cornell, dijo que lo hacía recordar un ensayo de Jorge Luis Borges que describe el intento de una enciclopedia china de dividir la fauna en una miríada de categorías absurdas. Por ejemplo, Paz Soldán dijo que la nueva Constitución reconoce 36 grupos indígenas diferentes en Bolivia, algunos de menos de cien personas, pero que no estaba claro cómo precisamente ejercería cada grupo sus nuevos derechos en un país donde los tres grupos principales -los quechua, aimará y guaraní- tenían mucho más influencia.
"El alucinante texto podrá ser ratificado por la mayoría", dijo Paz Soldán. "Pero quizás no sea la receta para un país viable".

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hoy se vota la constitución de evo

mqh - 25 de enero de 2009 - 16:44 - américa latina

El oficialismo aventaja a la oposición, pero la Media Luna se resiste. La nueva Constitución dispone que la población boliviana sea propietaria de todos los recursos naturales del país. Según cálculos del Palacio Quemado, el nuevo texto tendrá el Sí del sesenta y cuatro por ciento del electorado.

[Sebastián Ochoa] La Paz, Bolivia. La oposición y el gobierno nacional aseguran que muy posiblemente hoy la nueva Constitución de Bolivia será aprobada en referéndum popular. Pero cívicos, prefectos y legisladores de derecha sostienen que puede complicarse su aplicación en los cuatro departamentos de la Media Luna. Lo mismo opinó ayer el vicepresidente, Alvaro García Linera. "Habrá problemas, pero la inmensa mayoría del país está de acuerdo en que hay que cambiar –dijo–. En todas partes del mundo el derrumbe de los mecanismos y las jerarquías coloniales y racistas trae dificultades, porque hay que romper hábitos de considerar al otro como un sirviente o como un inferior." Según cálculos del Palacio Quemado, el nuevo texto tendrá el Sí del 64 por ciento del electorado. Los detractores del presidente Evo Morales rezan para que la aprobación ronde el 50 por ciento, así les será más sencilla su labor opositora.
La nueva Constitución dispone que la población boliviana sea propietaria de todos los recursos naturales del país, cuya administración estará a cargo del Estado. También garantiza el acceso a la educación y a la salud. Y establece un régimen de autonomías exigido desde hace años en varias localidades del oriente boliviano donde se impone la oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Pero estos grupos se manifestaron disconformes con el capítulo de autonomías elaborado en el Congreso el año pasado sobre la base del texto finalizado en 2007 por la Asamblea Constituyente. Según los autonomistas que se dicen "verdaderos", sólo debería haber una forma de autonomía: la departamental. No aceptan la constitucionalización de la autonomía indígena porque advierten que sólo generará ingobernabilidad y dividirá al país "en 36 naciones", en alusión a los 36 pueblos indígenas de Bolivia.
Los regímenes autonómicos establecen la elección directa de las autoridades por la población; la administración de sus recursos económicos; y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por las oficinas del gobierno autónomo dentro de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Las autonomías (departamental, municipal, indígena y regional) se subordinarán en igualdad de condiciones al Poder Ejecutivo.
"Si un alcalde estuviera subordinado a las órdenes de un gobernador departamental, el alcalde ya no sería autónomo, por lo tanto esa autonomía sería un fracaso. Todas las autonomías valen lo mismo, igual que valen lo mismo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial", dijo el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, uno de los escribas del gobierno en el proceso constituyente.
Bajo la marca de la autonomía, la oposición trató de hacer tambalear al gobierno del MAS en varias oportunidades. "La polarización se ha diluido desde que se incorporó el tema de las autonomías en la Carta Magna. Esto no significa que se ha acabado el conflicto. Posiblemente la derecha seguirá exigiendo más autonomía y menos presencia del Estado en la economía", sostuvo el vicepresidente en conferencia de prensa.
El cuarto capítulo de la nueva Constitución, que trata sobre ‘Estructura y organización económica del Estado’, reconoce que en Bolivia funciona una economía plural, "constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa". Pero entre las formas de organización económica tiene mayor relevancia la del Estado, que "tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo".
El diputado cruceño Carlos Klinsky, del recientemente desaparecido Poder Democrático Social (Podemos), denunció ante los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que cientos de personas están habilitadas para votar en dos lugares el mismo día. "Espero que gane el No. En los últimos días creció mucho el voto por el No. Hace días, el presidente decía que su Constitución sería aprobada por el 80 por ciento, pero todavía tiene que seguir de campaña para recolectar votos. Por eso nacionalizó la petrolera Chaco a dos días de la consulta", dijo a este diario.
"Va a ser muy complicado que gane el Sí. Y si gana, va a ser muy complicado aplicar esa Constitución. La parte de autonomía no fue consensuada con cuatro departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca. Creo que lejos de ser una solución, este texto constitucional profundizará la división entre los bolivianos. Es un texto racista: divide a los bolivianos entre indígenas y no indígenas. Y los indígenas podrán votar dos veces. Una vez según sus usos y costumbres y otra por voto universal. Además tendrán derecho a acoger ciertos cargos en la Corte Nacional Electoral (CNE), en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia por el sólo hecho de ser indígenas. Es una barbaridad. De esos cargos deberían ocuparse los técnicos, debería haber algún criterio de selección", dijo el diputado.
"Nunca ningún gobierno se acordó de los pueblos indígenas. Nuestra participación es necesaria para acabar con tanta discriminación y racismo a la que nos sometieron los gobernantes. La nueva Constitución existe por las luchas del pueblo", dijo a Página/12 la aymara Gumersinda Martínez, que vende frutas en la avenida 6 de Agosto de El Alto. En la tierra del Sí es redundante qué se marcará en la papeleta.
Además de decir Sí o No al nuevo texto constitucional, la población deberá decidir cuál es el límite de la propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. Esta medida no será retroactiva, por lo que no afectará a las propiedades ya constituidas. Esta concesión del gobierno permitió que el Congreso aprobara la realización del referéndum en octubre del año pasado, luego del intento de golpe de Estado cívico prefectural en los departamentos de la Media Luna.
Hoy, el presidente votará en Villa Tunari, Cochabamba. A la tarde regresará a La Paz para aguardar los resultados. La CNE concluyó de distribuir el material electoral para que voten 3.800.000 bolivianos.
La aplicación de la nueva Constitución –de imponerse el Sí– requerirá la aprobación de leyes en el Congreso, que pasaría a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional. Posiblemente los legisladores opositores, que controlan el Senado, se resistan. Por ello Morales ya avisó que si los congresistas no colaboran, la nueva Constitución se impondrá mediante decretos.

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