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bolivia resiste presión norteamericana


Estados Unidos presiona a Bolivia en su guerra contra las drogas.
[Simón Romero] Chimoré, Bolivia. El refrán sobre los norteamericanos aquí en la selva del Chapare es breve pero potente: ‘¡Viva la Coca, Mueran los Yanquis!’
Así que cuando el presidente Evo Morales visitó hace poco la región, elevando su puño y gritando esas mismas palabras ante sus partidarios, la ironía no pasó desapercibida a una unidad de elite de las fuerzas armadas bolivianas que sobrevive gracias al apoyo norteamericano.
"Para todo dependemos de los norteamericanos: nuestros bonos, nuestro adiestramiento, nuestros vehículos, incluso nuestras botas", dijo el teniente coronel José Germán Cuevas, comandante de una unidad de las fuerzas especiales bolivianas que persigue a traficantes de cocaína, en una base militar aquí en el centro de Bolivia.
Con helicópteros Huey de la era de Vietnam donados por Estados Unidos sobrevolando la base y decenas de oficiales bolivianos que han sido adiestrados junto a los Boinas Verdes de la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, Bolivia es uno de los frentes más confusos de la guerra contra las drogas en los Andes.
Morales, ex campesino cocalero, el ingrediente básico de la cocaína, es tanto un adversario como un activo socio de la política norteamericana contra las drogas en la región. A menudo describe a Estados Unidos como su principal adversario y ha convertido el derecho a cultivar coca en el símbolo más importante de la soberanía de su país y de la lucha contra el imperialismo.
Sin embargo, también ha hecho lo imposible por restringir el cultivo de coca, y acepta unos treinta millones de dólares al año  -casi todo su presupuesto para la lucha contra el comercio en narcóticos- de parte de Estados Unidos para combatir el tráfico de cocaína.
De momento, Morales y Estados Unidos son compañeros de ruta. Morales se ha mostrado renuente a romper lazos con Estados Unidos, especialmente desde que proporciona a Bolivia cerca de cien millones de dólares en ayuda al desarrollo al año. También garantiza el acceso libre de aranceles para los textiles bolivianos, una ayuda económica indispensable para su país.
Del lado norteamericano, algunos funcionarios dicen que un fuerte aumento del cultivo de coca podría significar más cocaína en Estados Unidos, aunque actualmente el mercado para la cocaína boliviana es desdeñable. Una razón más profunda puede ser que el dinero antinarcóticos le proporcione un poco frecuente acceso al gobierno de Morales.
Pero esta cooperación está sometida a presiones cada vez más fuertes. Los sectores radicales de la base política de Morales, que le ayudaron a llegar al poder, están irritados con las políticas norteamericanas contra la coca, especialmente aquí en el Chapare, donde el mes pasado los cocaleros expulsaron a un grupo de cooperantes norteamericanos en medio de acusaciones de que estaban conspirando para derrocar al gobierno de Morales.
Las tensiones también se sienten en la capital, La Paz. Hace dos meses una turba de unos veinte mil manifestantes marcharon hasta la puerta de la embajada norteamericana, chocando con la policía y amenazando con quemar el edificio, lo que llevó al Departamento de Estado a retirar temporalmente a su embajador, Philip S. Goldberg, a modo de protesta. Después del incidente, Morales elogió a los manifestantes.
"Evo Morales simplemente no puede aceptar las demandas norteamericanas después de haber sido elegido democráticamente por una enorme masa de campesinos indígenas enfadados y hambrientos que no ven otras alternativas reales para ellos y sus hijos", dice Bruce Bagley, experto en las políticas antidrogas en los Andes, de la Universidad de Miami.
Pero en una guerra contra las drogas en la que abundan las contradicciones, Morales se está comportando mejor de que esperaban algunos expertos en antinarcóticos cuando asumió el poder.
En la época, algunos advirtieron que su presidencia conduciría a un retorno a principios de los años ochenta, cuando los gobernantes militares permitieron que se cultivara coca en el Chapare, desestabilizando al país. Pero Morales se ha mostrado ansioso de demostrar que él no gobierna un estado narco, y la colaboración con los norteamericanos contribuye a reforzar su legitimidad internacional.

Cultivo de la Coca
Según Naciones Unidas, el cultivo de coca ha aumentado durante sus dos años en el cargo, pero no se puede hablar de un boom, porque sólo se ha incrementado en un ocho por ciento en 2006 y cinco por ciento en 2007.

Eso coloca a Bolivia muy por detrás de Colombia, el más grande productor de coca del mundo. Pese a ser el aliado más ardiente del gobierno de Bush en la región, Colombia experimentó el año pasado un aumento del veintisiete por ciento en el cultivo de coca y sigue siendo la principal fuente de la cocaína introducida clandestinamente en Estados Unidos.
Mientras los funcionarios norteamericanos felicitan públicamente a Morales por mantener el cultivo a raya, en privado sí expresan sus críticas. "Digámoslo así: Va en la dirección equivocada", dijo un funcionario estadounidense de la embajada de Estados Unidos en La Paz sobre la política antidrogas de Morales, insistiendo en proteger su identidad debido a las tensas relaciones de su país con Bolivia.
Sin embargo, es un milagro que Bolivia y Estados Unidos sigan aliados en la lucha contra el narcotráfico, ahora que Morales está mermando la influencia norteamericana en Bolivia.
En realidad, Morales ha dicho que las décadas de ayuda norteamericana a Bolivia tienen más que ver con su control de gobiernos títeres que con la lucha contra las drogas o con ayudar a la gente. Antes este año disolvió la unidad de inteligencia que recibía dinero norteamericano, y anunció que Bolivia dejaría de enviar a sus oficiales a los cursos de adiestramiento de combate en Estados Unidos.
Entretanto, aquí en el Chapare, las Fuerzas Especiales Antinarcóticos, conocida como los Leopardos, siguen haciendo su trabajo. Cada día al alba equipos de ocho hombres en uniforme de camuflaje abandonan una base militar aquí en un todoterrenos Nissan Patrol nuevo, para recorrer caminos de tierra en la selva. Luego descienden y entran a pie a la selva, abriéndose camino con machetes y blandiendo su rifles M-16, a la búsqueda de los pequeños laboratorios móviles de coca que han llevado la producción de cocaína a sus niveles más altos en diez años. Cuando encuentran uno, lo queman.
Después de encontrar un laboratorio en un claro en la espesa selva, el teniente Freddy Saenz, 27, dijo que él trataba de no pensar en la ideología a favor de la coca que se ha convertido en un elemento definitorio de la presidencia de Morales. "Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es tratar de destruir los laboratorios", dijo el teniente Saenz, mientras gotas de sudor se deslizaban por su frente. "La coca será siempre parte de la vida en Bolivia".
Los arqueólogos dicen que la coca se ha cultivado en los Andes desde antes del nacimiento de Cristo. Mientras gran parte de Occidente asocia coca con cocaína, muchos bolivianos la mascan para aliviar la puna, combatir el hambre o mantenerse despiertos, un ritual de todos los días, como beber latte en los países ricos. En algunas de las cafeterías elegantes de La Paz no es raro que te sirvan una bandeja con hojas de coca cuando te sientas a una mesa.

Caldera de Violencia
Morales, 48, pasó su juventud en las plantaciones de coca en el Chapare después de que su humilde familia llegara acá desde el altiplano. Luego ascendió en las filas de los sindicatos cocaleros en los años ochenta y noventa, una época en que las tropas respaldadas por Estados Unidos
estaban tratando de erradicar agresivamente las plantas de coca de Bolivia.
Como un signo de resistencia, los cocaleros bloquearon cruciales carreteras y chocaron con las fuerzas de seguridad. En una nueva biografía del presidente, el escritor argentino Martín Sivak describe un episodio en que un grupo de Leopardos golpeó a Morales después de que este hablara en una manifestación, hasta que pensaron que lo habían matado. Una fotografía en el libro muestra al presidente, entonces joven, tendido en una camilla.
"El Chapare fue la caldera de violencia donde nació Evo", dice Jim Shultz, politólogo de Cochabamba. "Si no hubiese sido por la guerra norteamericana contra las drogas, hoy no tendríamos un presidente Evo".
Ahora Morales gobierna desde el palacio presidencial, donde las murallas están adornadas con retratos de él y el Che Guevara, de Gastón Ugalde, el enfant terrible del mundo del arte boliviano, que hace composiciones con hojas de coca. Pero, pese a su ideología a favor de la coca, Morales también ha tratado de reprimir la producción de cocaína.
Primero, en un gesto dirigido a los campesinos cocaleros, prácticamente duplicó la cantidad de tierra que los campesinos pueden dedicar legalmente al cultivo de coca, a cerca de veinte mil hectáreas. Pero luego trató de que acataran otra norma, que les impide dedicar más media hectárea al cultivo de coca.
Tomando como modelo a carteles como la OPEC, los organizadores en los sindicatos de cocaleros del Chapare, donde se elogia doctrinariamente al presidente, recorrieron la región para convencer a los cocaleros de que limitando la oferta mantendría estables los precios de la coca.
La presión dio resultado entre los campesinos, que además podían recibir fuertes multas por desacato. También contribuyó a crear un rara paz social en el Chapare. Los campesinos ganan unos cien dólares mensuales con el cultivo de la coca -una suma considerable en un país donde el salario mínimo es de unos setenta dólares al mes-, al mismo tiempo que complementan sus ingresos con cultivos como el arroz, las bananas y la mandioca.
Incluso han emergido signos de relativa prosperidad. Se inaugurará pronto una universidad financiada por el gobierno para formar a maestros, con un currículum en quechua y español. Los fines de semana, en ciudades como Chimoré se producen incluso embotellamientos cuando los campesinos sacan sus recién adquiridas furgonetas de segunda mano, conocidas aquí como surubís, para dar un paseo.
Y mientras los proyectos patrocinados por Venezuela para convertir la coca en productos como champú y pasta de dientes todavía tienen que materializarse, los campesinos cocaleros no parecen preocuparse de que una gran parte de sus cosechas termine convertida en la cocaína que es transportada a Brasil y Argentina, que son sus principales mercados.
"Ahora que tenemos algo de dinero, nos tratan como a seres humanos", dice María Eugenia Ledezma, 30, una funcionaria del sindicato de campesinos cocaleros más importante del Chapare. "Preferimos morir peleando antes que ser esclavos de los norteamericanos o de sus lacayos en Bolivia".

Frágil Cooperación
Mientras Morales ha desafiado directamente a Estados Unidos, entre otras cosas exigiendo visa a los turistas norteamericanos, los funcionarios estadounidenses se han mostrado en general cautos a la hora de disputarse públicamente con Morales sobre las políticas antinarcóticos, en parte debido a que la cooperación entre ellos es muy débil.

"Paradójicamente, Estados Unidos ha sido bastante más tolerante con este régimen que con otros gobiernos en el pasado que eran sus amigos", dijo Roberto Laserna, politólogo de Cochabamba que estudia el tráfico de cocaína.
Esta difícil relación puede cambiar. El gobierno boliviano se ha sentido fortalecido por el referéndum de este mes, en el que la presidencia de Morales fue ratificada por más del 67 por ciento de los votantes. Ahora el gobierno planea hacerse cargo de los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos, declaró Felipe Cáceres, un campesino cocalero que es el zar antidrogas de Morales, lo que sugiere que Bolivia se podría convertir en un socio mucho más asertivo.
El tira y afloja pone al coronel Cuevas, comandante de la base de Leopardos, en una posición difícil, agradeciendo a Estados Unidos por su supervivencia al mismo tiempo que elogiando la defensa de la hoja de coca de Morales. Sonrió, y con la reserva propia de los hombres de armas, mostró una leyenda en una de las murallas de la base, que dice: "Atipasunchaj", que en quechua quiere decir: "Prevaleceremos".

11 de septiembre de 2008
29 de agosto de 2008
10 de septiembre de 2008
©new york times 
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bolivia renuncia a la guerra


Como forma de solución de conflictos. Bolivia renunció a la guerra como forma de solución de conflictos en la región y sólo se defenderá si es agredida, aseguraron hoy en Santiago fuentes diplomáticas de ese país.
La Paz, Bolivia. "En un capítulo de la nueva Constitución del Estado está previsto que Bolivia renuncia a la guerra como medio para alcanzar la solución de conflictos", precisó el cónsul general de Bolivia en Chile, Freddy Bersatti Tudela.
En declaraciones a la prensa extranjera en Chile, Bersatti recalcó que las Fuerzas Armadas estarán sólo "para defenderse en caso de ser agredidas", y eso es importante, agregó, porque es la filosofía del Gobierno del presidente Evo Morales.
"Partiendo de esa base, es que el gobierno boliviano es partidario de la integración y de ahí que estemos dentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)", añadió.
En cuanto a las relaciones bilaterales, Bersatti afirmó que nunca éstas habían estado tan bien como ahora y que su país firmó este año con Chile un acuerdo de cooperación para el intercambio en todos los niveles de entrenamiento de las fuerzas armadas, inclusive ejercicios conjuntos.
Respecto al tema marítimo que afecta a ambos países el también ex comandante en jefe del Ejército, calificó de "profundo y sensible", aunque aseguró que el gobierno de Morales es el primero que no utiliza el tema en su política interna.
Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de negociaciones por un acceso al mar con soberanía que pide el país vecino desde que perdió acceso al Pacífico, tras una guerra con este país a fines del siglo XIX.
Sin embargo, en los últimos años, con los gobiernos de Morales, y de Michelle Bachelet, en Chile, la relación bilateral ha mejorado ostensiblemente
"Yo creo en la integración y soy partidario de ella y lo que queremos nosotros es que avancemos en todos los temas al mismo tiempo", señaló el diplomático en alusión a la agenda de trece puntos que discuten ambos países.
Aclaro que en las conversaciones entre Chile y Bolivia no están amarradas una cosa de otra, pero insistió que el tema del mar es "sensible" y se mostró convencido de la solución en cada uno de los puntos de la agenda.
La salida al Pacífico es el sexto de los trece puntos de la agenda de negociaciones bilaterales que fijaron a mediados del 2006 ambos presidentes.

4 de septiembre de 2008
©la nación
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paramilitares controlan la guajira


Bandas paramilitares controlan gran parte del estado de Guajira, en Colombia. Muchas de las antiguas fuerzas de autodefensa se dedican a la extorsión. La especial posición de la tribu wayuu la convierte en un atractivo blanco.
[Chris Kraul] Ríohacha, Colombia. El asesino de Omaira Arismendi no llegó demasiado lejos. Después de que matara a balazos a la dueña de la tienda de abarrotes, los comerciantes vecinos le dieron una paliza al ladrón que lo dejó al borde de la muerte.
Pero las semillas del terror sembradas en este improvisado laberinto de tiendas llamado Mercado Nuevo, el más grande mercadillo al aire libre en esta ciudad en la costa caribeña de Colombia.
Según la fiscalía, Arismendi, gerente pensionada de una sucursal bancaria que empezó su tienda de abarrotes OK para tener algo que hacer, fue asesinada este mes tras negarse a pagar a los Águilas Negras, una banda que controla gran parte del comercio en Ríohacha.
El asesinato de Arismendi fue un recordatorio de que incluso después de que 31 mil milicianos depusieran sus armas con la desmovilización patrocinada por el gobierno, gran parte de Colombia todavía está infestada de bandas paramilitares.
"Lo único que ha cambiado es el nombre", dijo un abatido funcionario del ayuntamiento, que habló a condición de conservar el anonimato. "Antes, eran paramilitares; hoy, son los Águilas Negras. Hacen lo mismo y se comportan de la misma manera".
Las milicias de extrema derecha fueron formadas en los años ochenta por ganaderos y agricultores como fuerzas de autodefensa contra los rebeldes de izquierda que vienen peleando contra el gobierno desde hace décadas. Pronto se convirtieron en organizaciones criminales para saquear las arcas del gobierno, extorsionar a los negocios locales y compañías internacionales y hacerse con enormes propiedades agrícolas.
Hoy las bandas controlan gran parte del estado de Guajira, cuyas desoladas praderas y radas ocultas son ideales para el tráfico de drogas. Pero la Guajira es atractiva para las milicias por otra razón más: Está dominada por los wayuu, la tribu indígena más grande de Colombia.
Muchas reservas wayuu están a horcajadas en la frontera colombo-venezolana, y los miembros de la tribu pueden optar por la doble nacionalidad. Como resultado, Colombia y Venezuela imponen aranceles simbólicos a las mercaderías que los wayuu transportan de uno y otro lado de la frontera.
Los Águilas Negras y otras bandas controlan ahora gran parte del comercio fronterizo que era antes la provincia exclusiva de los wayuu, incluyendo la gasolina, géneros y comestibles que vienen de Venezuela y el azúcar y los productos lácteos que salen de Colombia.
Un abogado de la oficina de la defensoría pública nacional aquí dice que las ambiciones de las bandas paramilitares incluyen no solamente el tráfico de drogas y armas sino también el comercio legítimo en todo el estado de Guajira, incluyendo la agricultura, la construcción y el transporte.
"Todo el mundo les paga el ‘impuesto’, para poder trabajar en paz", dijo el abogado, que habló a condición de conservar el anonimato por temor a las represalias.
Es decir, casi todo el mundo. Arismendi, 54, una madre soltera wayuu que puso a su hijo a estudiar medicina, fue la tercera comerciante del Mercado Nuevo en ser asesinada en dos años. Los otros también eran miembros de la tribu.
La extorsión de pagos mensuales de los propietarios de puestos como Arismendi, cuyo inventario incluía géneros venezolanos, es el método que tienen las bandas para ‘cobrar impuestos’ al comercio.
"No tiene nada que ver con los wayuu", dijo el funcionario municipal, tratando de explicar el control que ejerce la banda en el estado, que tiene una costa de 320 kilómetros y una frontera compartida con Venezuela. "Tiene que ver con la geografía".
A principios de la década, la condición comercial especial de los wayuu se convirtió en un irresistible objetivo para Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, el brutal cabecilla de la milicia Bloque Norte. El botín: el acuerdo firmado por la tribu con el presidente venezolano Hugo Chávez que dio a los wayuu el derecho a importar tres millones de galones de gasolina al mes, por lo que pagan apenas veinte centavos por galón. En estos días, esa gasolina se revende a diez veces ese valor.
Eso quiere decir que se podían ganar millones y millones de dólares. Para el 2004, Tovar se había hecho con el control de Awatayacoop, una cooperativa formada en la ciudad fronteriza de Maicao para administrar la venta  de la gasolina importada por los wayuu desde Venezuela, dice la fiscalía.
Cuando el directorio de la cooperativa se opuso al control de Jorge 40, uno de sus miembros fue asesinado. Los otros cuatro renunciaron inmediatamente.
Tovar se incorporó al plan de desmovilización de 2006, pero fuentes cercanas a la cooperativa dicen que las bandas todavía controlan las importaciones de gasolina.
"Los wayuu no reciben nada de las ganancias. Les pagan salarios, pero eso es todo", dijo un miembro de la cooperativa.
Casi igual de atractivas para los paramilitares fueron las enormes ganancias que cosechaban los wayuu de la importación de artículos de abarrote venezolanos destinados a la cadena de almacenes Mercal. Los wayuu reempaquetan gran parte de los artículos como mercaderías colombianas y los venden a varias veces su valor. Las milicias se hacen con una parte de la torta extorsionando a los dueños de las tiendas.
En una declaración antes de su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, Tovar admitió haber ordenado, en abril de 2004, la masacre de quince wayuu en Bahía Portete; seiscientos más fueron obligados a abandonar sus tierras, dice la fiscalía.
Tovar declaró que los wayuu fueron asesinados porque eran simpatizantes de izquierda. Pero los fiscales dijeron que creían que esa y otras masacres fueron cometidas para limpiar la zona de testigos de las actividades de narcotráfico.
"Hoy Portete es un pueblo fantasma", dijo el funcionario de la oficina del defensor público aquí.
Las esperanzas creadas por la desmovilización, terminada en 2006, no se han cumplido en absoluto, dijeron varios comerciantes wayuu. En las ajetreadas calles de Maicao, un campesino dijo que todavía tenía que pagar a los paramilitares tres dólares por cada cabra o cerdo que vendiera, como tenía que hacer cuando Jorge 40 controlaba la región.
El temor reina entre los comerciantes del Mercado Nuevo.
"Muchos de nosotros todavía no queremos pagar", dijo una comerciante y amiga de Arismendi que no se atrevió a dar su nombre. "Así que nos estamos preguntando quién será el próximo".

chris.kraul@latimes.com

1 de septiembre de 2008
31 de agosto de 2008
©los angeles times 
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el cuco de la haya


Su paso por Colombia causó un revuelo. El presidente, la Corte Suprema y las FARC escucharon sus sugerencias para evitar acciones penales en el tribunal más mediático del mundo.
[Santiago O’Donnell] Colombia. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya armó un revuelo esta semana en Colombia con su visita de cuatro días. Empezó con el presidente de ese país, Álvaro Uribe, visiblemente nervioso, declarando ante los medios que la oposición quería que La Haya lo metiera preso y que la Corte Suprema había armado un complot para derrocarlo. Al día siguiente el fiscal visitante, el argentino Luis Moreno Ocampo, apareció impecablemente trajeado en una entrevista con la cadena CNN, donde dijo con una leve sonrisa: "Que las víctimas se queden tranquilas: si la Justicia colombiana no actúa, lo haremos nosotros."
Al día siguiente el fiscal y su acompañante, el reputado juez español Baltasar Garzón, viajaron a la selva para presenciar las exhumaciones de fosas comunes encontradas tras la confesión de un paramilitar apodado "H. H". Según había anunciado el gobierno antes de la visita del fiscal, "H. H." será extraditado a Estados Unidos dentro de cuatro meses para enfrentar cargos por narcotráfico. "Esperamos que H. H. no sea extraditado", declaró esa tarde el fiscal.
Al día siguiente los diarios colombianos titularon con más declaraciones del fiscal, que aprovechó los micrófonos y los grabadores para aclarar que no sólo se interesaba por los casos de los paramilitares y los parapolíticos. Advirtió que también investigaba a los guerrilleros de las FARC y sus contactos políticos, sobre todo en Venezuela, pero también en Ecuador, España y Dinamarca.
Al otro día el fiscal se despidió de Colombia con la promesa de contar todo lo que vio en un informe de próxima publicación, no sea cosa de que se relajen en la Casa de Nariño, la sede del gobierno uribista.
El fiscal dice que viajó a Colombia porque ese país es, junto con el Congo y Uganda, el que más víctimas civiles de un conflicto armado tuvo en los últimos años. Más de 5000 desde el 2002. La CPI tiene el mandato de juzgar violaciones graves a los derechos humanos, siempre y cuando esas violaciones no sean juzgadas en el país donde ocurren. Esos crímenes graves son imprescriptibles y no pueden ser perdonados ni amnistiados. Están tipificados en el Tratado de Roma sobre el genocidio, aprobado por las Naciones Unidas en 1957. El tratado es la Carta Magna que rige la aplicación de los derechos humanos a nivel internacional.
El fiscal de la CPI tiene dos funciones. Por un lado debe ayudar al poder judicial de los países donde ocurren esos crímenes para que castiguen a los máximos responsables de las atrocidades. Es la vía más expeditiva de impartir justicia, porque La Haya no puede investigar todas las masacres que ocurren en el mundo.
Pero cuando no es posible impartir justicia por vía de los jueces locales, ya sea porque la justicia local es demasiado débil o porque los responsables de las masacres son demasiado poderosos, entonces el fiscal debe asumir la segunda función que tiene: la de abrir casos y llevarlos ante el tribunal de La Haya. El tribunal fue creado en 1998 para hacer cumplir el Tratado de Roma, y su competencia es reconocida por casi todos los países del mundo, con la notoria excepción de los Estados Unidos.
Hasta ahora la corte penal de La Haya nunca abrió un caso en América latina. En cambio existe otra corte internacional de derechos humanos, la llamada corte de Costa Rica, que sí juzgó muchos casos en todos los países de la región. Así como los de la corte de La Haya son de cumplimiento obligatorio para los países de la región, también lo son los de Costa Rica, que depende de la Organización de Estados Americanos.
Pero existe una diferencia importante entre las dos cortes. Mientras la de Costa Rica sólo acciona contra estados, la de La Haya sólo lo hace contra individuos. La corte de Costa Rica ha condenado varias veces al Estado colombiano por su responsabilidad en masacres perpetradas por los paramilitares, y ha ordenado reparaciones. Pero el impacto mediático de la corte de La Haya es mucho mayor porque le pone cara, nombre y apellido a los culpables y los castiga con penas de cárcel. Ese impacto se multiplica cuando el fiscal maneja un alto perfil, como es el caso de Moreno Ocampo, el ex fiscal adjunto del juicio a las juntas argentinas. Mucho más cuando el fiscal se hace acompañar, como hizo esta semana, por un juez de alto perfil y gran predicamento dentro del movimiento de los derechos humanos, como es el caso de Garzón. Al fiscal de La Haya le gusta pensar que su poder, si se usa bien, sirve para meter miedo. Busca asustar a los que protegen a los criminales, dice él, para no caer en sus garras.
Colombia tuvo decenas de miles de víctimas civiles en los últimos años a causa de una guerra que lleva décadas y que involucra a fuerzas paramilitares, guerrilleras y del Estado, todas ellas cruzadas por el narcotráfico. La guerrilla viene sufriendo duras derrotas políticas y militares. El ELN casi dejó de operar y las FARC se han replegado a los sectores rurales más remotos.
Queda la fuerza paramilitar desatada por el Estado en los ’80, que tuvo su apogeo en los ’90 y que volvió a reciclarse en los últimos años. Los paramilitares son responsables por la gran mayoría de los aproximadamente 30.000 muertos y desaparecidos civiles que ha padecido Colombia desde que se inició el conflicto.
En el 2004, cerca de 20.000 paramilitares aceptaron deponer sus armas y ajustarse a derecho a cambio de una ley que les garantiza penas de cárcel de no más de ocho años. Esa ley, que se llama de Justicia y Paz, obliga a los paramilitares a confesar sus crímenes, colaborar en la recuperación de los cadáveres, pagar reparaciones a sus víctimas y suspender sus actividades delictivas a cambio de la reducción de penas.
Según declaró Garzón esta semana, la ley de Justicia y Paz está al filo del standard internacional. Esto es, el Tratado de Roma no permite indultos ni amnistías, ni abiertas ni encubiertas. Y aunque el tratado no establece penas mínimas, condenar a un paramilitar que confiesa miles de asesinatos a tan sólo ocho años de cárcel se parece demasiado a una amnistía encubierta.
Según el criterio de las organizaciones de las víctimas en Colombia, compartido por Moreno Ocampo y Garzón, el contexto en que se aprobó la ley de Justicia y Paz hace que sea apenas aceptable para el derecho internacional. Ese contexto incluye una situacion de guerra y la existencia de miles de desaparecidos.
La ley no provee mucho castigo, pero cumple en otros aspectos que hacen a un acto de justicia: provee verdad (información sobre los desaparecidos), reparación (resarcimiento para las víctimas) y seguridad (se desarticula un conflicto armado).
Pero ese mismo contexto hace que la ley de Justicia y Paz sea un instrumento vulnerable. Si la ley no se cumple a rajatabla, no alcanza el standard internacional y debe actuar un estamento superior que en este caso sería el tribunal de La Haya. Si los paramilitares no confiesan, si esconden sus bienes y si continúan sus actividades delictivas desde la cárcel, entonces no sirve.
Todo eso viene sucediendo en mayor o menor medida en Colombia en los últimos meses. Pero también se han obtenido testimonios valiosos, suficientes como para meter presos a treinta parlamentarios colombianos, casi todos aliados del presidente, por sus vínculos con los paramilitares.
Diez días antes de viajar a Colombia, el fiscal de La Haya hizo pública una carta a Uribe en la que le señala sus dos preocupaciones principales.
Una es que los jueces colombianos parecen reticentes a juzgar a los políticos vinculados con los paramilitares por crímenes de lesa humanidad, optando en cambio por la figura de un crimen común, "concierto para delinquir".
Pero según el Tratado de Roma, el alcance de los crímenes de lesa humanidad no se limita a los autores materiales e intelectuales. El artículo 253, inciso C, dice que "son penalmente responsables quienes faciliten la comisión del crimen o suministren los medios para su comisión".
El fiscal de La Haya usó su visita a la Corte Suprema para convencer a sus miembros de que se hace evidente la necesidad de investigar a los políticos, especialmente algunos casos emblemáticos, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
También habló con el fiscal general colombiano, Mario Iguarán, que recientemente abrió una investigación contra la multinacional Chiquita Brands, y habría obtenido la promesa de hacer lo mismo contra otras empresas extranjeras vinculadas con el paramilitarismo, como la Drummond y la Coca-Cola.
El otro tema que mencionó el fiscal en su carta abierta para Uribe es todavía más espinoso. Hace tres meses el presidente colombiano extraditó a los 15 principales jefes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico, diezmando de hecho el proceso de justicia y paz. Uribe dijo que lo hizo porque los jefes seguían cometiendo delitos desde la cárcel, porque alcanzó un acuerdo con los Estados Unidos para que sigan declarando en las causas colombianas y porque los paramilitares siguen sometidos a la ley de Justicia y Paz y eventualmente deben volver a Colombia.
La decisión de Uribe causó furor porque lo hizo sin avisar a la Justicia ni a las víctimas, porque lo hizo violando varias leyes y porque el supuesto acuerdo alcanzado con Estados Unidos no figura en ningún papel conocido hasta el momento. Es más: ningún funcionario de Estados Unidos ha reconocido la existencia de semejante acuerdo. En el Departamento de Estado explican que sólo los jueces o los fiscales pueden acordar condiciones de extradición, porque el Poder Judicial actúa de manera independiente.
Tampoco se sabe ni cuándo ni donde van a declarar los extraditados ni por qué lo harían, ya que uno de los principales incentivos de la ley de Justicia y Paz era evitar la extradición a Estados Unidos, donde las penas por narcotráfico superan holgadamente las que los paramilitares negociaron en Colombia. En este escenario, nadie puede garantizar que los paramilitares se conviertan en agentes encubiertos o testigos protegidos y no vuelvan a su país nunca más. Mientras tanto, la mayoría de procesos en Colombia se ha paralizado, a falta de los testimonios de los principales imputados.
La Corte Constitucional y la fiscalía general de Colombia no compraron los argumentos legales de Uribe para extraditar a los paramilitares. Argumentaron que según la ley de Justicia y Paz, si los paras siguen delinquiendo en la cárcel, deben ser separados del proceso y juzgados por la Justicia ordinaria. Dijeron que, según la ley, extraditarlos a Estados Unidos no es una opción, y que en todo caso corresponde a la Justicia y no al gobierno determinar cuáles paramilitares se ajustan al proceso y cuáles no. También señalaron que los crímenes de lesa humanidad tienen precedencia sobre los de narcotráfico porque Colombia es signatario del Tratado de Roma, y que las víctimas colombianas tienen precedencia sobre las víctimas estadounidenses, que es lo mismo que decir que hay que ocuparse de los desaparecidos en Antioquia, antes que cumplir con consumidores de crack en Nueva York.
a Corte Suprema colombiana avaló las extradiciones. Pero antes encarceló a Mario Uribe, primo hermano y estrecho colaborador del presidente, a quien la Corte vinculó con crímenes de paramilitares. El primo Mario fue excarcelado cuatro meses más tarde por el vicefiscal general, un hombre muy vinculado con el gobierno. El vicefiscal se ha caracterizado por ordenar la libertad de varios políticos comprometidos, contradiciendo decisiones adoptadas por la Corte Suprema. Uribe aprovechó la liberación de su primo para acusar de complot al tribunal supremo.
El acusador del primo Mario es Salvatore Mancuso, uno de los paramilitares extraditados. A través de su abogado, Mancuso hizo saber que quiere ampliar su testimonio, pero nadie le toma declaración.
El fiscal de La Haya reconoce que el sustento legal de las extradiciones es endeble, pero cree que hubo razones políticas atendibles para llevarlas adelante. Está convencido de que la violencia disminuyó notablemente desde que se fueron a Estados Unidos, lo cual demostraría que los extraditados seguían ordenando crímenes desde sus celdas. También piensa que en algunos casos los paramilitares usaban sus testimonios para sacar ventajas políticas, ya que cada acusación contra un importante miembro del gobierno, aún antes de ser comprobada, causaba un terremoto en los medios. Más allá de los méritos del caso, el fiscal dice que intenta actuar de la mejor manera ante un hecho consumado. Por eso hace saber sus deseos de que los acuerdos alcanzados, si es que los hubo, se hagan explícitos, y si no los hubo, que el gobierno colombiano haga lo necesario para alcanzarlos, aunque sea caso por caso. También dice que hace todo lo posible para que el gobierno no extradite a nadie más por lo menos hasta que terminen sus confesiones, sobre todo en un caso como el de "H.H.", el paramilitar que localizó las fosas comunes que el fiscal visitó.
El otro tema que interesa al fiscal, aunque no lo mencionó en su carta, es el de los crímenes de la guerrilla, sobre todo la estructura de apoyo internacional que supuestamente los facilitó. En el último día de su visita, el fiscal se reunió con los representantes de la delegación local de Interpol para interiorizarse sobre los contenidos de la computadora secuestrada en el campamento ecuatoriano del líder guerrillero Raúl Reyes, que murió en marzo durante un ataque del ejército colombiano. La entrevista sirvió para cruzar datos que el fiscal viene recibiendo del gobierno colombiano, y que el juez Garzón ya utilizó para detener a una supuesta colaboradora de la guerrilla en España, liberada al día siguiente por una cámara de apelaciones.
El criterio que utiliza el fiscal para imputar crímenes de lesa humanidad a organizaciones guerrilleras como las FARC es distinto del que prevalece en la Argentina y gran parte de América latina. Aquí, siguiendo la doctrina de juristas como David Luban, se interpreta que es el contexto lo que separa a un crimen común de un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, la participación del Estado o de una organización con funciones de Estado y control territorial es una condición necesaria para que un crimen sea considerado de lesa humanidad.
En cambio, el fiscal de La Haya pone el eje en la duración e intensidad de las violaciones a los derechos humanos. Favorece un lectura más literal del Tratado de Roma, que define al crimen de lesa humanidad como "ataque masivo y sistemático a la población civil".
En todo caso la línea de investigación que involucra a las FARC le sirve al fiscal para mantener el equilibrio en la escena internacional, donde ya apostó fuerte al pedir la captura del presidente en funciones de Sudán. Esa medida provocó la reacción de China y de casi todos los países africanos, que lo acusan de desestabilizador, y de un grupo de juristas europeos, que lo acusan de poner en riesgo la credibilidad del tribunal con medidas sensacionalistas.
Más allá de este antecedente, es poco probable que el fiscal solicite la captura del presidente colombiano en las condiciones actuales. Dice que hasta ahora no ha visto ni una prueba que lo vincule con los crímenes de los paramilitares.
Ni siquiera se puede dar por cierto que abrirá casos en Colombia. A diferencia de otros países en los que sí presentó denuncias penales, como el Congo y Uganda, el fiscal cree que en Colombia existen instituciones sólidas. Destaca que el nivel de aprobación de la actuación policial en ese país ronda el setenta por ciento, un índice impensable en varios vecinos de la región, incluyendo la Argentina. Recuerda que hace pocos días un fiscal de provincia no dudó en destituir a un colega, hermano del ministro del Interior, cuando se comprobaron sus nexos con los paramilitares.
Pero no entiende algunas actitudes de Uribe, como sus extradiciones intempestivas o sus ataques no fundamentados contra la Corte Suprema o sus maniobras para perpetuarse en el poder.
A juzgar por ese comportamiento, daría la impresión de que el presidente hizo algo que quiere esconder, pero al fiscal de La Haya no le consta.
Cree que se puede trabajar con Uribe, aunque no sea fácil, y que por ahora un buen susto alcanza para encarrilar el proceso. Le gusta hacerse el cuco. Por eso viajó a Colombia con su arsenal mediático. Lo demás está por verse.

sodonnell@pagina12.com.ar

1 de septiembre de 2008
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corte suprema impugna a uribe


La Corte denunció a Uribe por complot. El máximo tribunal colombiano llevará el caso ante la justicia internacional. El presidente Uribe negó que hubiera una conspiración para empantanar con pruebas de dudoso origen las investigaciones que involucran a políticos con paramilitares.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. El cara a cara entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia alcanzó ayer su punto más agudo. En voz alta y con el dedo índice levantado, Uribe le dijo a la prensa que las reuniones de sus funcionarios con emisarios paramilitares, en un supuesto complot para desprestigiar a la Corte, tenían justificación y no fueron clandestinas. La Corte respondió con un fuerte anuncio: demandará al gobierno colombiano ante la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, visita desde ayer el país para, precisamente, echar un vistazo a las denuncias sobre corrupción en las investigaciones por ‘parapolítica’ que enfrentan a los máximos poderes Ejecutivo y Judicial colombianos.
El ambiente se calentó con la revelaciones de la revista Semana sobre visitas de emisarios paramilitares a la Casa de Nariño para entregar grabaciones que, supuestamente, empantanan al alto tribunal de la justicia de Colombia, con el que Uribe sostiene una diferencia desde su reelección.
En Bogotá y en primera fila, el secretario de prensa y el jurídico de Uribe recibieron al abogado de alias ‘Don Berna’, extraditado a los Estados Unidos en mayo pasado, y a Antonio López alias ‘Job’, asesinado en Medellín hace cuatro semanas, en medio de una escena de mafia con sicarios motorizados enviados, al parecer, por los mismos asesinos de alias ‘Monoteto’, alcanzado por las balas en un shopping de Buenos Aires hace cuatro semanas.
En la reunión, los paras ofrecieron al gobierno grabaciones clandestinas ordenadas por Don Berna, cuando todavía estaban en las cárceles colombianas, con las que el jefe paramilitar pretendía ganar beneficios a favor suyo, como la dilatación de su extradición. El gobierno aceptó las grabaciones, prestándose con ello al juego de los mafiosos de ultraderecha. "En medio de su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, el círculo íntimo del presidente Uribe llegó al extremo de conversar en secreto con los hombres del ex jefe paramilitar Don Berna", denunció la revista Semana.
Ni Uribe ni sus funcionarios informaron del material a las autoridades judiciales. Allí se registran conversaciones entre un supuesto emisario de la Corte con el mismo abogado que visitó Palacio, y le hace tremendos ofrecimientos a cambio de información sobre políticos vinculados con el movimiento paramilitar. Pero la persona, según se confirmó después, no es ni ha sido funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Y, además, en caso de recoger pruebas, según lo explicó la misma Corte a los medios ayer, se trataría de un proceso legal en medio de una investigación que adelantan desde hace ya dos años, la de la parapolítica. En este proceso han sido investigados más de 60 congresistas por tener vínculos con los paramilitares y haber firmado acuerdos con ellos. La mayoría son de las coaliciones uribistas. Entre ellos está el primo del presidente, Mario Uribe, cuya detención fue también motivo de alto enfrentamiento entre las partes.
Lo cierto es que Bogotá recibió las pruebas y guardó silencio, lo que, según el magistrado Francisco Ricaurte, presidente de la Corte, es muestra de que "aquí hay un complot de un sector del gobierno en alianza con los paramilitares para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia". El magistrado dijo que las reuniones de funcionarios del gobierno de Uribe con los paras son "gravísimas". Pero Uribe dice que no. Que el encuentro buscaba reunir información sobre "el manejo del orden público", y con pruebas en mano, llamó en tono desafiante a los periodistas para confirmar que la entrada de los para a Palacio fue registrada y no clandestina. No fue el cómo, presidente –dijeron los comunicadores– sino el porqué y para qué. Complot y conspiración, lo llaman en la Corte Suprema.

26 de agosto de 2008
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militares colombianos siguen matando


Militares colombianos continúan sus atrocidades. Con el asesinato el año pasado de 329 personas, las organizaciones de derechos humanos denuncian aumento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía.
[Chris Kraul] Melgar, Colombia. Según denuncian organizaciones activistas, el número de civiles asesinados por las fuerzas armadas ha aumentado fuertemente. Muchos de los asesinatos son cometidos por unidades de las fuerzas armadas que fueron aprobadas por el Departamento de Estado.
De acuerdo con el informe de una coalición de organizaciones de derechos humanos colombianas, el año pasado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y la policía colombianas llegaron a 329, un 48 por ciento más con respecto a las 223 de 2006.
La Comisión Colombiana de Juristas, un grupo civil de Bogotá responsable de la verificación de muchos de los asesinatos, declaró la semana pasada que hasta el momento han llegado informes sobre un número significativo de homicidios de civiles cometidos por las fuerzas armadas en 2008 en cinco estados colombianos, pero sin mencionar cifras.
Un análisis separado de los asesinatos del año pasado realizado por la Fellowship of Reconciliation, una organización pro-paz de Nueva York, dice que el 47 por ciento de las ejecuciones fueron cometidas por unidades del ejército que habían sido inspeccionadas por el Departamento de Estado en 2006 y 2007, concluyendo entonces que habían respetado las exigencias de derechos humanos y podían recibir, por eso, ayuda y adiestramiento militar norteamericanos.
Respaldados por más de cuatro mil millones de dólares en ayuda militar norteamericana, los militares colombianos han mostrado en los últimos meses un dramático progreso en su lucha de décadas contra los rebeldes de izquierda y las milicias de extrema derecha. Un aumento del cuarenta por ciento en los contingentes de las fuerzas uniformadas, adiestramiento táctico de asesores norteamericanos y mejores comunicaciones han sido factores importantes.
El inmensamente popular presidente colombiano, Álvaro Uribe, se ha convertido en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina en su guerra contra el terrorismo y las drogas, y en el contrapeso político del presidente Hugo Chávez de Venezuela, conocido por sus posiciones antinorteamericanas.
Pero las fuerzas armadas colombianas se han visto plagadas por acusaciones de atrocidades, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales llamadas ‘falsos positivos’, en las que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los hacen pasar por guerrilleros de izquierda.
Las continuadas denuncias han llevado al Congreso a criticar la ayuda militar norteamericana proporcionada en el marco del Plan Colombia y han sido un obstáculo para aprobar el pacto binacional de libre comercio.
El senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, presidente del subcomité del Senado sobre operaciones del Departamento de Estado y en el extranjero, y autor de la ley de 1996 que condiciona la ayuda militar extranjera al respeto de los derechos humanos expresó consternación.
"Mientras el secretario de estado afirma que se han logrado progresos suficientes en derechos humanos en Colombia, numerosas fuentes informan que continúan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército colombiano, pese a los esfuerzos del ministro de Defensa de ponerle fin", dijo en una declaración por e-mail. "Después de gastar billones de dólares en adiestramiento y equipos para el ejército colombiano, esperábamos algo mejor, incluyendo investigaciones serias y el procesamiento de los responsables de esos crímenes".
En una entrevista hace poco, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que los derechos humanos eran el ‘tendón de Aquiles’ de sus fuerzas armadas. Desde que asumiera el cargo hace dos años, dijo, ha convertido la mejora de esos resultados en una prioridad, que habría resultado en una comprehensiva política de derechos humanos revelada en enero.
"Ahora vemos que los militares tienen otro concepto de los derechos humanos que antes en su relación con la sociedad y los ciudadanos individuales, porque saben muy bien que su legitimidad depende del respaldo de la gente", dijo Santos.
Sin poner en duda las cifras, un funcionario del gobierno norteamericano en la embajada en Bogotá, la capital, dijo que esas cifras eran sólo "ejemplos entre una amplia variedad de estadísticas" reunidas por varias organizaciones de la sociedad civil que estudian los derechos humanos en Colombia.
"Al final del día, bajo el gobierno de Uribe Colombia ha hecho enormes avances para resolver el crucial problema de los derechos humanos", dijo el funcionario norteamericano, que habló a condición de conservar el anonimato debido a lo delicado del tema. "Saludamos esos progresos, aunque reconocemos que la situación no es perfecta".
Con la contribución norteamericana, las fuerzas armadas colombianas hicieron circular varias directrices sobre derechos humanos el año pasado, incluyendo cambios en el código de conducta y en las ‘reglas de enfrentamiento’ -las circunstancias en las que los soldados pueden disparar contra lo que consideran son enemigos.
Una directriz, en un intento de luchar contra la impunidad, otorga más atribuciones a investigadores civiles en la pesquisa de asesinatos. Otra hace de la captura y desmovilización de rebeldes, y no la cantidad de víctimas, el principal método de medición de la competencia de los oficiales en el campo de batalla y la base para obtener puntos de ascenso.
Desde que un informe británico determinara que el adiestramiento colombiano en derechos humanos era demasiado teórico y poco práctico, las fuerzas armadas han empezado a exigir que los soldados pasen más tiempo en "la ruta de los derechos humanos", incluyendo una parada en Tolemaida, la más grande base militar colombiana, a 112 kilómetros al sur de la capital.
La ruta consiste en ocho escenarios que dramatizan temas de derechos humanos con los que tienen que ver los soldados en combate, desde el trato que se da a los guerrilleros capturados hasta los derechos y costumbres de los pueblos indígenas.
"Es como un teatro donde los soldados asumen diferentes roles para aprender qué tienen que hacer en ciertas situaciones", dijo el coronel Juan Carlos Gómez, jefe de adiestramiento en derechos humanos del ministerio de Defensa.
Parte del ímpetu para los cambios de política empezó después de un devastador informe de defensores de los derechos humanos en octubre que constató que el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía y las fuerzas armadas colombianas en el período de cinco años que terminaba en junio de 2006 era cincuenta por ciento más alto que durante el período comparable precedente.
El estudio también denunció que para junio de 2007, los tribunales militares colombianos habían dictado sólo cuatro condenas en más de novecientos casos de asesinatos cometidos por soldados y agentes de policía.
"Los cambios no se producen de un día para otro", dijo Santos. "Todavía tenemos problemas. No puedes coger a soldado profesional que lleva diez, doce o catorce años en la selva y pedirle repentinamente que haga un trabajo diferente. Es un enorme esfuerzo y a veces es imposible.
"Pero seguimos progresando, y la historia hoy es diferente a la de hace algunos años".

chris.kraul@latimes.com

Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje.

22 de agosto de 2008
21 de agosto de 2008
©los angeles times
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[El autor de este reportaje, el periodista Chris Kraul, tiene una enervante manera de presentar la situación en Colombia poniendo en el mismo nivel a milicianos de extrema derecha y guerrilleros de izquierda. Al parecer cree que la objetividad es tratar de igual modo a los bandos contendientes. Mi propia idea de objetividad es simplemente contar la verdad. Y la verdad que trasunta de sus propias indagaciones es que los milicianos son en realidad mercenarios y asesinos a sueldo, y no combatientes propiamente dichos -mientras que las organizaciones de izquierda armadas no utilizan a este tipo de delincuentes.
En otros aspectos también deja este periodista bastante que desear. Por ejemplo, cuando escribe muy suelto que las fuerzas armadas colombianas luchan contra las milicias de extrema derecha, mientras que él mismo en otros reportajes ha constatado que las fuerzas armadas y las milicias de derecha colaboran en las campañas de exterminio de campesinos colombianos. Y también falta a la verdad cuando pretende que el gobierno y las fuerzas armadas colombianas son cosas diferentes, como si estas últimas fueran autónomas del poder del presidente Uribe. Si el periodista dice que las fuerzas armadas siguen matando, eso quiere decir que el gobierno colombiano sigue matando.
Pese a mis objeciones a las manipulaciones del periodista, he traducido este artículo que entrega de todos modos una imagen de la impunidad con que actúan las fuerzas armadas y el gobierno, sin temer nunca que algún día puedan ser llevados a justicia por los numerosos crímenes de que son culpables].

una esperanza en el caso gelman


La Justicia uruguaya desarchivó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman en función de nuevos elementos aportados por Macarena, la hija que recuperó su identidad tras más de veinte años de búsqueda de sus abuelos.
[Adriana Meyer] Uruguay. La Justicia uruguaya decidió reabrir el caso de la desaparición en Uruguay de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. Esto ocurrió a pedido de su hija, Macarena Gelman, y luego de un análisis de "nuevos hechos supervinientes" en relación con su traslado clandestino hacia Uruguay, en octubre de 1976. "Es un hecho profundamente emocionante, es un fallo que tiene muchas lecturas, abre muchas expectativas y puertas, y Macarena y Juan se lo merecían porque estuvieron años batallando para que la administración de justicia reaccionara", dijo a Página 12 José Luis González, abogado de la familia.
El juez Pedro Salazar resolvió "desarchivar" la investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman, durante la dictadura uruguaya que se extendió de 1973 a 1985. El caso había sido archivado por segunda vez en 2005 por el fiscal Enrique Moller, pero Macarena Gelman pidió en febrero la reapertura ante el surgimiento de nuevos elementos, tales como el reconocimiento de parte de la Fuerza Aérea Uruguaya de la realización de vuelos clandestinos para trasladar a Uruguay a presos políticos desde Argentina en el marco del Plan Cóndor. También presentó como elementos ampliatorios el hallazgo de restos óseos en predios militares, así como declaraciones públicas de militares en retiro sobre el posible destino de María Claudia.
Salazar había sido el primero en recibir el caso hasta que el gobierno del presidente Jorge Batlle ordenó su archivo en 2004, amparado en la potestad que le otorgaba la Ley de Caducidad, norma que fue validada en consulta popular y que ampara a militares y policías que hubieran participado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, esa ley otorga al Poder Ejecutivo la potestad de decidir qué casos están amparados o no para ser tramitados por la Justicia. De tal modo, el gobierno de Tabaré Vázquez excluyó en 2005 el caso de María Claudia luego que el abogado de la familia pidiera la reapertura.
Aun así, los Gelman sabían que faltaba mucho camino. Más allá de la decisión de Vázquez, el fiscal Moller entendió que el asunto era "cosa juzgada" y un tribunal de Apelaciones le dio la razón en octubre de 2005. La aparición de nuevos elementos fue fundamental para que Macarena Gelman se presentara hace seis meses ante el juzgado letrado penal de segundo turno para solicitar la reapertura de la investigación de la desaparición de su madre. A mediados de abril, el fiscal Eduardo Fernández Dovat se pronunció a favor de volver a impulsar el caso y así lo pidió al juez Salazar, que ayer avanzó en tal sentido. El abogado González se mostró esperanzado en que la resolución hará posible "encontrar a los responsables del secuestro de María Claudia y de su presunta muerte". Otra hubiera sido la suerte si el fiscal Moller no hubiera pedido ser trasladado de destino.
La mujer tenía 19 años cuando fue secuestrada junto a su esposo Marcelo Gelman, el 24 de agosto de 1976, y estaba embarazada de siete meses. Fueron trasladados al centro clandestino Automotores Orletti, donde los torturaron, y un mes después Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca, su cuerpo fue arrojado en un tonel en el Delta y luego enterrado como NN. Sus restos fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. En tanto, María Claudia había sido trasladada en forma clandestina hacia Montevideo y quedó detenida junto a otros uruguayos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID). Luego pasó por el centro Base Valparaíso hasta que dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977 la niña fue entregada al comisario Angel Tauriño, ya fallecido, que la crió junto a su esposa, con quien Macarena aún convive. En 1999 recuperó su identidad y en marzo de 2000 se reencontró con su abuelo paterno, Juan Gelman.
La Cancillería argentina manifestó su "gran satisfacción" por la decisión adoptada por la Justicia uruguaya. Conocida la noticia de ayer, en su casa mexicana el poeta dio saltos de alegría, según refirió su abogado.

15 de agosto de 2008
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paramilitar confiesa atrocidades


Paramilitar colombiano admite haber asesinado a más de 3 mil personas.
[Claudia Jardim] Colombia. El ex-jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza admitió haber sido responsable junto con su grupo armado del asesinato de más de tres mil personas entre los años 1994 y 2003. "Calculo que mis dos grupos asesinaron a 3 mil personas o más. Muchos de ellos eran tirados al [río] Cauca", respondió al ser preguntado sobre cuántas personas había matado.
HH, como fue conocido Veloza, también reconoció que murieron más inocentes que culpables. "Pero así es la guerra", afirmó en entrevista con el periódico colombiano El Espectador, publicada este domingo. "Matamos mucha gente sólo por el hecho de que eran señaladas", en referencia a las personas que eran identificadas como colaboradores o simpatizantes de las guerrillas colombianas.
HH, que fue considerado uno de los más temidos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo haber utilizado la "decapitación" para aterrorizar a las comunidades. "Cuando llegamos a Urabá decapitamos a mucha gente, era una estrategia para promover el terror, para que tuvieran más miedo de nosotros que de la guerrilla".
El paramilitar ingresó en el controvertido programa de desmovilización encabezado por el gobierno de Álvaro Uribe, pero perdió su condición de ‘desmovilizado’ cuando huyó para reingresar en los carteles armados. Ahora, está detenido y espera la marcha de su proceso de extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por el delito de narcotráfico.
El ex-jefe paramilitar reveló también que el grupo actuaba en complicidad con las autoridades locales para promover los asesinatos." En Urabá, cuando comenzamos, dejábamos los cuerpos en el mismo lugar donde las personas eran muertas", relata. "Después de un tiempo el poder público comenzó a presionar y (dijeron) que nos dejarían continuar trabajando, pero teníamos que desaparecer con las personas. Así comenzaron a surgir las fosas comunes", afirmó.
"Asesinábamos a personas todos los días, en todos los municipios de Urabá", agregó. Fue en estos mismos departamentos (provincias) de Córdoba y Urabá que se constituyeron en 1998, bajo el auspicio del Estado colombiano, las AUC con el objetivo de combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN.

Traducción de Daniel Barrantes
barrantes.daniel@gmail.com

15 de agosto de 2008
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