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dream team de la represión


Videla, Massera, el uruguayo Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a los que la Justicia italiana pidió su captura y extradición por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco del Plan Cóndor.
Argentina. A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el lunes la captura y extradición de 140 militares y servicios de inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del '70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.
"Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de tantos países, que da una idea acabada de la coordinación represiva y de la investigación que se realizó", celebró desde España el abogado Carlos Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid consideró que la medida tendrá "un efecto de repetición y contagio" y contribuirá a "acelerar los juicios" en nuestro país.
Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.
El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.
En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres –que subrogó en esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri– consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.
"La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a tener un efecto de repetición y contagio en los países afectados por las dictaduras", advirtió Slepoy. "Las medidas adoptadas por juzgados de distintos países como Italia, España y Francia dan una idea fehaciente de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del mundo", concluyó.
No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena perpetua a los marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Vildoza (prófugo de la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto Héctor Febres (quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión VIP de Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en 2000, la Justicia italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros.

26 de diciembre de 2007
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investigan plan cóndor en italia


Derechos humanos: en cárcel romana uruguayo de lista con chilenos.
Roma, Italia. Mientras se prepara solicitud de extradición de otros implicados en crímenes de italianos en el marco de la ‘Operación Cóndor', Néstor Troccoli fue ingresado a un penal a la espera de juicio.
El ex represor uruguayo Néstor Jorge Fernández Troccoli, ex agente de los servicios de inteligencia de la marina de su país (FUSNA) arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde vivía desde hace años, fue trasladado a la cárcel de Regina Coeli, de Roma.
Troccoli, de 60 años, será interrogado en los próximos días en el ámbito de una investigación sobre las víctimas de origen italiano derivadas del ‘Plan Cóndor', el programa de coordinación represiva entre las dictaduras militares latinoamericanas en los años '70 y '80. El interrogatorio de garantía de Troccoli -acusado de la muerte de cuatro italianos- aún no fue establecido, pero todo parece indicar que debería tener lugar el próximo jueves.
El ex militar uruguayo es el único de los 140 destinatarios de las órdenes de arresto, entre las que se incluyen las de 22 chilenos como el fallecido Auguisto Pinochet, dictadas por la jueza de investigaciones preliminares, Luisanna Figliola, por pedido del fiscal adjunto Giancarlo Capaldo. Todos los demás, responsables de juntas militares y servicios de seguridad, se encuentran en Sudamérica.
Por este motivo, en los próximos días, la magistratura italiana pedirá al ministerio de Justicia que ponga en marcha las prácticas para la búsqueda de los indagados a fin de solicitar su extradición a Italia. Entre éstos destacan el ex dictador argentina Jorge Rafael Videla, de 82 años; el almirante Emilio Eduardo Massera, ex responsable de la marina argentina y actualmente en estado vegetativo; y el ex dictador Jorge María Bordaberry, de 78 años, ex jefe de la junta militar uruguaya.
La noticia de las 140 órdenes de detención representó una "sorpresa agradable" para el abogado Giancarlo Maniga, defensor de familiares de víctimas, luego de que en verano (boreal) se había producido una suerte de parada en la larga investigación preliminar que había causado cierta desilusión.
"Ha sido una sorpresa bajo el perfil temporal, ya que no sabíamos que iba a ser en estas fechas, por lo que desde este punto de vista ha sido algo imprevisto, pero no ha sido una sorpresa en lo demás ya que efectivamente existían las premisas para ello y nosotros habíamos contribuido facilitando material al respecto", explicó a ANSA por teléfono.
En cuanto a lo que ocurrirá de ahora en adelante Maniga recordó que existe el "mandato de cautela internacional" y que para hacer efectivas estas órdenes de arresto es necesaria la colaboración de las autoridades de los países latinoamericanos donde se encuentran las 139 personas involucradas.
"Argentina parece en este sentido vivir una nueva estación de redescubrimiento de la justicia, después de la abolición de las leyes de impunidad, así que veremos si dará aplicación a estas medidas", añadió.
En este sentido, Maniga recordó que el Plan Cóndor fue organizado por las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. El fiscal Capaldo ha reconstruido, a través de elementos de prueba documentales, los acuerdos entre las dictaduras militares de estos países que tenían por objeto la eliminación física de los opositores.

26 de diciembre de 2007
©la nación
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los antichavistas de miami


[Irina Hauser] De la telenovela a la valija. Viven en lujosos condominios con piletas, laguna artificial, canchas de tenis y campo de golf. Siguen la actualidad venezolana por televisión y critican todas las medidas del gobierno de Chávez.
Miami, Estados Unidos. "¡Callen a ese hombre!", regaña una mujer de labios pulposos y acento caribeño mientras hace la cola para pedir su comida. Ese hombre que grita desde tres televisores de plasma amurados en hilera es Johnny Yanez Rangel, gobernador del estado venezolano de Cojedes. Se lo ve fuera de sí, rodeado de micrófonos, mientras protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir que lo despeguen de Guido Antonini Wilson, con quien jura no tener nada que ver. Los parroquianos no sacan la mirada de la pantalla. Se devoran la historia de la valija como a una telenovela. El parador de comida rápida, pegado a una estación de servicio, es un punto de reunión de los venezolanos que viven en Miami, una multitud acomodada casi ciento por ciento anti Chávez. El lugar se llama El Arepazo, porque allí los inmigrantes pueden deleitarse con arepa, una comida típica de su patria.
El local, lleno de banderitas de Venezuela que cuelgan del techo, ofrece como atractivo extra la posibilidad de ver Globovisión, el canal venezolano. El noticiero salta de Caracas a Buenos Aires, donde se escucha a la fiscal María Luz Rivas Diez confirmar que una funcionaria aseguró que Antonini estuvo en la Casa Rosada. Luego pasa a Miami, donde el Gran Jurado anuncia que habrá un juicio contra los ex socios del valijero por actuar como agentes ilegales para ocultar el origen y destino de ese dinero: la campaña de Cristina Kirchner, según grabaciones que dice tener el fiscal Thomas Mulvihill.
"Ahí hay gato encerrado entre Argentina y Venezuela", le dice Yarli de Blanco a Página/12, mientras toma un café parada y con apuro junto al televisor. Tiene 37 años y lleva dos en la Florida, adonde llegó desde Caracas tras los pasos de su marido, que emigró hace 20. El, Andrés Blanco, asiente detrás de unos anteojos negros y le tira de la blusa con flores negras, rojas y marrones en señal de partida. "Es que estamos en el break del trabajo", justifica ella. "Pero déjame que te diga algo", agrega como quien ha llegado a una gran conclusión. "Chávez está hasta la médula, ya se sabe, pero ahora están buscando la manera de que el gobierno argentino quede libre en todo esto", acusa mientras camina hacia la puerta.
El Arepazo está ubicado en una de las avenidas de ingreso a El Doral, una urbanización de clase media alta donde se concentra la mayor parte de los venezolanos de la zona, que son unos 300 mil desde Orlando hasta Miami. También viven allí colombianos, cubanos y brasileños de buen pasar. Al boliche no para de entrar gente que se sumerge en el olor a fritanga a la hora del almuerzo como si llegara a un oasis. "Bar, café, sodas", ofrecen los carteles de neón. La arepa, especialidad de la casa, es un pan redondo hecho a base de maíz cocido y molido que se rellena con queso, verduras o trocitos de carne saltada.
"La mía tiene queso amarillo", exhibe su arepa desbordante Olga Fontana, que se instaló hace apenas cinco meses y extraña la comida. Tiene 49 años y a casi toda su familia en Miami. Entre otros, a su hijo de 25 años, ciudadano norteamericano. "Me vine a vivir con él, me puede mantener. ¡Para algo lo parí!", festeja. "Muchos venezolanos vinieron para acá desde que llegó Chávez al poder. Tengo algunos vecinos que trabajaban en Pdvsa, pero cuando cambió quedaron afuera", comenta. Como tiempo libre no le falta, Olga –pelo corto y blusa rosa con pintitas blancas– conoce vida y obra de Antonini Wilson y sus ex socios. "Hay algo que está mal desde el comienzo: en Venezuela hay control de cambios y nadie puede sacar 800 mil dólares del país ni mucho menos", afirma con aires de sabiduría. La acompaña un sobrino de 20 años, Fernando Álvarez, que mira por sus anteojos rectangulares de marco negro para otro lado. Estudia ingeniería en Michigan pero tiene vacaciones por las fiestas. "Mi papá, que vive en Venezuela, dice lo mismo que ella", se suma con fastidio adolescente.
Carlos Aular, 36 años, está sentado a una de las mesitas de afuera. Lleva una remera blanca adherida al cuerpo y se presenta como manager de una empresa de software. Habla enojado: "Esto de la valija es más de lo mismo: negocios de Chávez. Y al final nadie va a ser culpable". Carlos ya cuenta seis años en Miami y, con una esposa norteamericana y un puesto de trabajo importante, ninguna razón para volver, asegura.
Las calles de El Doral son anchas y hay un condominio al lado del otro. Cada cual con su gran piscina, su laguna artificial, canchas de tenis, algún que otro campo de golf y enormes parques con césped reluciente, bien cortado, y flores de colores dignas de revista de jardinería. En 2003 los pobladores impulsaron la ruptura de lazos con el condado y consiguieron convertirse en una ciudad independiente. Ahora tiene administración, autoridades, recaudación y policía propia. Periódico también. Es un importante centro de negocios, a unos 20 kilómetros del downtown de Miami. Por estos días, en las tiendas sólo se escuchan canciones de Navidad en versión hip hop, soul, rock'n roll, reggae, country, o lo que sea.
El restaurante Brasero's, situado en un centro comercial de la zona, también es frecuentado por venezolanos. Colmado de campanitas, muérdagos y caritas de Papá Noel, propone un menú especial para ir despidiendo el año. "Estamos tan ocupados con la Navidad que no tenemos tiempo de hablar de Antonini Wilson, aunque por supuesto sabemos quién es. Política ahora no, ¿me comprende?", advierte María Corina, una venezolana de 55 años que oficia de recepcionista. Rubia platinada, con corte carré y una blusa que parece a punto de estallar, María se deshace hablando de la hija que la invitó a vivir a Miami "mucho antes de Chávez", aclara.
El "antes o después de Chávez" es una referencia temporal que marca todas las biografías de por aquí. "Me vine a hacer un posgrado en bussines diez años antes de que él llegara al poder. Después me quedé por eso, porque ganó Chávez", dice Alejandra Arrieta, 37 años, dos hijos, maquillada con glamour. Alejandra trabaja en una compañía que vende persianas y pertenece al club de los que intentan huir de las noticias de su tierra. "No tenemos Globovisión en casa. Pero me tiento cada vez que veo en un televisor sintonizado en ese canal", dice mientras espera su almuerzo en El Arepazo y escucha las noticias.
El encono con el gobierno de Hugo Chávez, llevado a extremos irracionales, es una constante entre la gran mayoría de los habitantes de Miami, sean latinos o norteamericanos. Forma parte del lenguaje y es exhibido casi como un rasgo de pertenencia. Es, incluso, un punto infaltable en cada emisión del programa televisivo de Jaime Baily. A partir del escándalo de la valija y la respuesta del Gobierno argentino a la Justicia estadounidense el repertorio popular local incorporó un nuevo lugar común: el que describe a Cristina Kirchner como una "izquierdista revolucionaria".
En diagonal a Brasero's, los venezolanos comen el postre y toman café en la pastelería Don Pan. Edith Monaca, 25 años, de cachetes regordetes blancos y con pequitas, abona de lleno la teoría del financiamiento político. "No me sorprende que Chávez haya ayudado a Cristina Kirchner con su campaña, debe ser eso. Chávez está tratando de comprar a todos los países izquierdistas latinoamericanos", sostiene, mientras saborea un postre relleno de dulce de leche con el que celebra que se acaba de graduar como licenciada en relaciones internacionales. "El tema es turbio por donde se lo mire. De hecho, por el control de cambios nadie puede sacar más de 600 dólares en cash de Venezuela", se explaya Edith, que usa una chomba rosa con el logo Lacoste. Daniela Morales, una amiga suya que vino a estudiar inglés, se muestra en sintonía, pero dice que no está convencida de intentar instalarse en Estados Unidos. "Allá hay pobreza e inseguridad. Corrupción también, claro", dice, y se queda pensando. Hasta que descubre su propia conclusión: "Allá tenemos lo que tenemos, pero aquí te encuentras un psicópata en cualquier momento". "Peor –enfatiza–, aquí hay como una gran locura mental".

24 de diciembre de 2007
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guerra contra las drogas ha fracasado


[Mariana Carbajal] Ricardo Soberón Garrido, experto en geopolitica regional del narcotráfico. No hay un modelo global para la lucha contra el narcotráfico, cada país debe buscar su propia respuesta, dice este sociólogo peruano, analista internacional en asuntos de drogas y seguridad.
Argentina. Ricardo Soberón Garrido es un reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. Profesor de la Universidad de Lima, este peruano experto en geopolítica regional del narcotráfico explica en detalle por qué está convencido de que la actual política represiva contra el comercio ilegal de estupefacientes es un verdadero fracaso. "Nuestras democracias y nuestras instituciones, además, se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. La pregunta es qué va a pasar cuando nos empiece a afectar a los que vivimos en las ciudades y observemos que estos sectores vinculados al narcotráfico comienzan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada", advierte en una entrevista con Página/12, durante una visita a Buenos Aires. "No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional", agrega el especialista. Consultado sobre el enfrentamiento entre narcos de origen peruano en el Bajo Flores, Soberón Garrido no duda: "Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino. (Han descubierto) que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia".
Soberón Garrido vino a la Argentina invitado por la Asociación Civil Intercambios, una ONG que desde hace 12 años trabaja para el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas.

¿Por qué sostiene que fracasó la política represiva para combatir el narcotráfico?
El dato de la realidad más evidente es que en el caso de la cocaína en el país mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, no se aumentó el precio, que era el objetivo fundamental. Todo lo contrario, se ha hecho cada vez más accesible a la población. Un kilo de cocaína se mantiene en un rango de unos 50 mil dólares en el estado de Florida: mientras antes un gramo de cocaína se podía encontrar a 40 o 50 dólares, ahora se puede obtener a 20 o 30 dólares. Ese es un primer factor que indica que los 20 años de interdicción no lograron afectar el precio sino que lo bajaron. En segundo lugar, de acuerdo con el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, la calidad de la cocaína ha aumentado. Es decir, lejos de convencer a los usuarios de que deben dejarla porque por su calidad es perjudicial para la salud, ha mostrado que los niveles de pureza son mayores. Y en tercer lugar, a pesar de los enormes esfuerzos financieros, la cocaína está más disponible para la gente en términos de cantidad: hoy los riesgos que corre una persona para conseguir su gramo de cocaína son menores que antes.

¿En Estados Unidos o en cualquier lugar?
Hablamos del principal país consumidor, pero lo que ocurre en términos genéricos en Estados Unidos también ocurre en cualquiera de nuestras ciudades. Le puedo hablar de Lima, donde un gramo de cocaína costaba 25 a 30 soles y hoy cuesta 10 a 15 soles. Y estoy seguro de que vamos a encontrar esa misma situación en otras ciudades. Por tanto, el principal indicador de resultados nos demuestra que la política represiva contra el narcotráfico ha fracasado. Si eso lo llevamos al tema de los daños colaterales que las políticas han tenido, vamos a ver que nuestras democracias y nuestras instituciones se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. Pensemos en la corrupción que involucra. Además, la guerra contra las drogas tal como la pensó el señor Nixon en su momento en los años '72 y '73 y tal como la piensa el señor Bush, está siendo absolutamente funcional a todos aquellos intereses que desde el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa de Estados Unidos se tienen para seguir la guerra contra las drogas en la región andina amazónica. Algunos ejemplos: instrumentos muy puntuales como el Plan Colombia I, Plan Colombia II, Plan Puebla Panamá, Plan México, Iniciativa Regional Andina y otros instrumentos de política internacional. Ninguno de ellos ha logrado reducir la calidad, la disponibilidad y la cantidad de droga, y aumentar el precio de la cocaína. Eso lo señalan los organismos legítimamente considerados para poder hablar de este tema. Veinte años de aplicación de estos instrumentos y sí han conseguido otras cosas. Por ejemplo: han podido lograr la conformación de una liga de seguridad militar alrededor de Colombia a propósito del conflicto armado en ese país; han logrado reconstruir el tema de las amenazas a la seguridad hemisférica para pasar del problema puntual y concreto que significaban las FARC, Sendero Luminoso o cualquier movimiento irregular, subversivo o terrorista, como quieran llamarle, para poder incorporar nuevas amenazas que van más allá del narcotráfico: nacionalismos, movimientos indigenistas, movimientos radicales, están incorporados dentro de las nuevas visiones y programas de reforzamiento de la seguridad hemisférica, particularmente muchos de nuestros ejércitos y organismos de seguridad trabajan con esos esquemas, y en ese sentido la guerra contra las drogas ha sido sumamente incierta. El problema está en que los que hacen las políticas nos pretenden hacer pensar que el giro que planteamos es necesariamente la legalización o la liberalización de las drogas.

¿Y hacia dónde debe ir el giro?
Hacia permitir que los países adopten sus propias prioridades. Allí donde deban aumentar los precios, aumentarán los precios; allí donde deban reprimir selectivamente, reprimirán selectivamente; allí donde deban liberalizar el consumo y penalizar alguna droga, que lo hagan. No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional.

¿Por qué desde los organismos internacionales no se reconoce que esta política ha fracasado o al menos no ha dado los resultados esperados?
El lenguaje de la diplomacia es muy sutil para poder decir las cosas y obviamente Naciones Unidas y muchas de sus instancias dependen de la cooperación internacional, particularmente de los Estados Unidos. Es el caso de la OMS, de la Unesco, de varias organizaciones. Si sus funcionarios no reproducen ese discurso corren serio peligro de ver cortados sus presupuestos.

¿A quién le interesa mantener este esquema represivo?
Fundamentalmente a sectores del aparato empresarial y militar de los Estados Unidos. En el terreno empresarial obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales. En el terreno militar estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras, el control del narcotráfico, el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etc. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores de la Iglesia Católica, muy conservadores, que son incapaces de aceptar fórmulas muy individuales de alteración de la conciencia. También del partido conservador norteamericano y de movimientos de apoyo a esas posiciones que hacen lobby dentro del Congreso.

¿Cómo analiza los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica?
Al compartir enemigos, escenarios geográficos, target sociales, ambos fenómenos adoptan decisiones compartidas para poder usufructuar mutuamente de ciertos beneficios. Eso pasó en Perú, en Colombia, en los Balcanes y en Medio Oriente. Pero no puede llevar a la terrible confusión de asemejar a dos fenómenos que tienen causalidades completamente distintas: una, el narcotráfico, un terreno estrictamente capitalista de oferta y demanda; otro, el terrorismo, obedece a criterios distintos de entendimiento del mundo. Ese es un terrible error de distorsión. Sin duda es otro elemento que ha sido funcional por parte de esta guerra contra las drogas, es que por primera vez se logró el consenso internacional para armonizar la ecuación: narcotráfico igual a terrorismo. Porque eso no es nuevo ni es solamente posterior al 11 de septiembre de 2001. Los intentos por tratar de vincular narcotráfico con terrorismo vienen de la década del '70 y, sin embargo, había mucha resistencia de carácter académico, político, operativo, para poder hacer este equilibrio. Hoy por hoy, drogas es igual a terrorismo a todo nivel. Imagínese que la oficina más importante de Naciones Unidas era el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas" (Undcp, por su sigla en inglés) y ahora es la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, donde la palabra "crimen" se refiere fundamentalmente a delitos sobre drogas y delitos por terrorismo. Y más allá de eso, en las calles hoy por hoy se empiezan a criminalizar conductas sociales que tienen que ver con reacciones críticas frente a las políticas de drogas. Por lo menos en mi país, se aprobó un proyecto por el cual cualquier oposición social a las acciones de erradicación compulsiva de hoja de coca son criminalizables con penas de entre 8 y 12 años. Obviamente no podemos caer en la ingenuidad de decir que no hay situaciones de alianza y relaciones. Y de hecho, de eso se trata, de tener la habilidad como gobernantes para poder dictar políticas sensatas para poder abordar esa convergencia entre el narcotráfico y lo que corresponda al terrorismo. El punto de vista fundamental es señalar que son dos fenómenos social y económicamente totalmente distintos. El tráfico de drogas es un fenómeno que responde a una lógica empresarial como cualquier otra, a nivel local, regional, hemisférico, global. El narcotraficante va a aprovechar de la mejor manera posible los mecanismos de integración, las zonas francas, las redes hidroviales, y cualquier otro instrumento que esté diseñado para promover el comercio regional. Mas aún, la Comunidad Andina puede fracasar, el Mercosur puede fracasar, las relaciones entre ambas institucionalidades pueden fracasar, pero el narcotráfico ha sabido responder de la mejor manera posible en ese escenario. Por que si no qué explica, entre otros factores, a partir de 2000 este boom de la aparición y presencia de la pasta base de cocaína y del clorohidrato de cocaína en las ciudades como Buenos Aires, Río y San Pablo, procedentes de Bolivia o de Perú. El narcotráfico, en ese contexto, ha sabido responder comercialmente. Acabo de estar en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. El río Amazonas es un eje fluvial fundamental para la salida de la cocaína para Manaos y Belem do Pará. Y de retorno, esas mismas embarcaciones traen las armas y los precursores para las FARC y los grupos de traficantes, y esto es sostenido por gente de la policía federal brasileña.

¿Han cambiado las estructuras de los carteles de la droga?
Sí, observamos un cambio en las estructuras criminales que no se había visto con anterioridad. Antes estábamos acostumbrados a los carteles colombianos, Medellín, Cali, los carteles mexicanos, Golfo, Juárez, Sonora, etc., las yacuzas, las tríadas, es decir, compuestos piramidales ocultos claramente identificados y una vez identificados, claramente desmontados. Los cambios que estamos observando ahora señalan con claridad que el narcotráfico responde a esta lógica de represión al crimen organizado: segmentación, tercerización. Aquel que se acerca más al dinero de la droga, se aleja más de las drogas, de modo que el material probatorio con el que un juez, o un policía o un fiscal puedan tener como para procesar a una persona de alto vuelo, ya es mucho más difícil. Entonces, es claro que el narcotráfico en estos diez años ha logrado mimetizarse, responder a estas nuevas estrategias, y por lo tanto, lo que estamos evidenciando es que los sistemas nacionales de represión están apuntando mal, están gastando plata y están generando problemas sociales que hasta ahora son casi solamente perceptibles en cárceles o en algunos barrios de algunas de nuestras ciudades. La pregunta es qué va a suceder cuando en nuestras ciudades esto comience realmente a afectar a aquellos que hacen las políticas, o a aquellos que realmente deseamos vivir en democracia, tener ciertas costumbres, ciertos usos, y observemos que estos sectores empiezan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada. Es curioso, pero por el caso de Colombia y de Perú, los que tuvimos la oportunidad de evidenciar la vinculación entre narcotráfico, corrupción y poder político, a las más altas cotas del poder, vimos que cualquier acción del Estado es absolutamente inútil para abordar los problemas que están detrás del narcotráfico.

¿Qué consecuencias sobre el espacio público puede traer este tipo de políticas represivas en el terreno de las drogas ilegales?
Una, la reducción de los espacios de convivencia y de ejercicios de derechos. Cada vez se piensa más en el establecimiento de normas de interceptación telefónica, en el aumento de los casos de flagrancia para poder detener a las personas sin mandato judicial, en incrementar los controles administrativos aduaneros y migratorios para impedir el libre tránsito de las personas; en penetrar intrusivamente en los espacios de la libre intimidad de las personas, por ejemplo, en el ámbito del trabajo para poder determinar si una persona ha consumido una determinada sustancia. Si uno toma en consideración todos estos distintos mecanismos que existen, nos encontramos con que el individuo, el hombre de la calle, cada vez va a encontrar menores espacios de ejercicio de derechos, mayores posibilidades de ser amenazado por este Big Brother que es el Estado, que curiosamente se reduce en determinados ámbitos pero aumenta su capacidad de acción alimentado además por instrumentos tecnológicos que permiten saber hoy en día qué hace o qué no hace una persona hasta dentro de su intimidad personal. Ese es un resultado muy puntual y concreto.

¿La respuesta debe ser la misma para distintos tipos de drogas?
Para ser realista, cualquier cambio debe ser progresivo y paulatino. No va a haber cambios de paradigmas totales. Estoy a favor de un proceso progresivo de desmantelamiento del programa penal que se basa en la separación de lo legal y lo ilegal porque eso es una distorsión, es un error. Hay que reformular ese concepto para hablar más que de sustancias, de usos. Habrá usos posibles, usos aceptables, usos problemáticos, usos socialmente no aceptables, usos potencialmente peligrosos. Ese me parece un nuevo criterio para poder empezar a trabajar.

¿Se debería empezar con la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal?
Es lo más inmediato. Lo que menos resistencia debe de ofrecer a la luz de la evidencia estadística. Pero en definitiva yo no me puedo quedar solamente con una planta. No es posible que el sistema represivo criminalice plantas. No corresponde.

¿Cómo ve la guerra desatada en el Bajo Flores por la venta de drogas, en la que se involucra a una banda liderada por peruanos?
Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino, pero que sin duda no debe llevar a la equivocación de pensar ergo, todo peruano puede ser un potencial traficante o que todo traficante es peruano. Sino que ese nicho y esa ventana de oportunidades de esa cadena productiva pueden ser utilizadas por cualquiera que en su momento determine y descubra que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia.

¿Por qué cree que se extiende en forma exponencial el consumo de paco o de pasta base de cocaína?
Creo que es inversamente proporcional a las carencias con las que se enfrenta la población joven de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Y no me refiero solo a la de Argentina. La empresa del narcotráfico ha encontrado en el paco la droga más barata disponible y accesible para poder sacar de este mundo frustrante a esta población joven y engancharla de una manera empresarialmente muy funcional. Se sabe que a la segunda semana de consumo ya voy a tener enganchada de modo irreversible a esa persona, por tanto eso facilita enormemente las tareas de marketing y de publicidad para la droga: puedo regalar algo de droga a muchachos que terminan de jugar un picadito de fútbol, de manera que puedan celebrar; sé que de esos diez o doce que han jugado, al menos dos van a volver luego para poder engancharse con el paco. Esa es una de las ventajas enormes y graves que tiene este tipo de derivados de la hoja de coca. De eso se han dado cuenta los empresarios del narcotráfico.

¿Qué respuesta considera que debería dar la Argentina a la problemática de las drogas ilegales?
Encuentro una ventana de oportunidades por las distintas respuestas positivas que he encontrado a nivel local, provincial y federal. Disposición y voluntad para poder revisar lo andado y poder generar nuevos paradigmas. Yo vengo de un país donde un debate distinto no es posible, los medios me lo evitan, en el Perú no estoy en condiciones de publicar artículos de lo que estamos hablando. Es un "non issue". En Perú el paradigma es ese: continuar haciendo lo mismo porque es lo mismo que funciona. Para ellos los indicadores de gestión son "droga secuestrada", "bandas desmanteladas". Pero no se dan cuenta de los problemas de consumo, marginación, exclusión y violencia que generan las políticas represivas sobre drogas. En ese sentido soy medianamente optimista del nivel de debate que observo en la Argentina. Le soy sincero.

¿Cómo analiza la región latinoamericana?
A nivel político encuentro un tablero de ajedrez muy interesante: una ficha blanca, una negra, "una blanca, una negra", eso es lo que vemos en los trece países de la región. En el terreno de la carpeta de drogas observamos que los mayores discursos alternativos y progresistas que hay se dan en el Cono Sur; en desmedro de lo que ocurre fuera de Brasil, Uruguay y Argentina, en donde el patrón sigue siendo insistir en las reglas de lo mismo. Eso me parece sintomático porque son dos mapas distintos: el político y el de drogas, y muestran resultados distintos.

¿Se refiere a que Cuba y Venezuela coinciden con el paradigma de Estados Unidos?
Sin duda. Lo más curioso y contradictorio es que los dos países formalmente acusados en lo político a romper el Consenso de Washington, Cuba y Venezuela, en el terreno de drogas conservan discursos altamente represivos. Y las capacidades para poder repensar el problema alrededor se reducen a la mínima expresión. Recuerdo alguna vez haber hablado con una consejera política de la embajada de Cuba en Perú y le planteaba la urgente necesidad de adecuar el discurso antiimperialista, de reinvindicar lo latinoamericano y ponerlo en la autopista de la drogas para repensar el problema. Me dijo: "Sin haber hecho eso tenemos el embargo desde hace 40 años, tú qué crees que vaya a pasar si los gobernantes de mi país plantean un nuevo paradigma de drogas. Prácticamente nos pondrían en el paredón". Y algo similar me ha pasado en el último viaje a Caracas: tratar de incorporar la problemática de las drogas en el socialismo del siglo XXI, es prácticamente imposible o está ausente del debate. Ahí hay un reto enorme.

24 de diciembre de 2007
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ex primera dama despechada


[Ian James] Ex emprende campaña contra Chávez en Venezuela.
Barquisimeto, Venezuela. Ha surgido una nueva voz para oponerse a las intenciones de Hugo Chávez de hacer de Venezuela una sociedad socialista, alguien que tiene un poco habitual conocimiento de las pasiones y vulnerabilidades del presidente: su ex esposa.
Marisabel Rodríguez dice que su retorno a la arena política no es una venganza personal.
"Esta lucha no es contra una persona", dijo en una entrevista con la Associated Press en su casa. "Esta lucha es contra el peligro que representa dejar a una persona durante tanto tiempo en el poder".
Rodríguez se había mantenido fuera de la atención pública desde que ella y Chávez se divorciaran en 2004. Pero la ex primera dama volvió a surgir con una serie de anuncios llamando a los votantes a votar ‘No' en el referéndum del domingo pasado sobre las reformas constitucionales que habrían permitido que Chávez se presentara como candidato a la presidencia de manera indefinida.
Chávez perdió el referéndum por un estrecho margen, su primera derrota en las urnas en casi nueve años en el cargo.
"Estuvimos a punto de entregar el país al presidente, como si fuera un cheque en blanco", dijo la mujer, agregando que eso hubiese sido "un camino en línea recta hacia el totalitarismo".
Rodríguez niega que tenga interés en postular ella misma al cargo, pero su declarada resistencia se ha convertido en una piedra en el zapato en las relaciones públicas de Chávez.
Como primera dama, participó en la asamblea que redactó la actual Constitución de 1999.
Ahora está proponiendo una reforma para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años, diciendo que Chávez lleva demasiado tiempo en el cargo. También a hablado a favor de políticos de la oposición y de las manifestaciones estudiantiles.
Y en domingo fue a votar con Rosines, la hija de diez años que tiene con Chávez, mientras los partidarios del presidente le gritaba: "¡Largo de aquí!"
Chávez no le ha respondido directamente, aunque en un discurso el miércoles sugirió que le estaba impidiendo ver a su hija.
"Ahora ha colocado a mi niña en el ojo del huracán, y eso me duele. Rosines, que Dios la bendiga. Espero poder verla. Prácticamente no me deja verla. Tendré que recurrir a tribunales. Ella tiene un padre", dijo.
Rodríguez, 43, dijo que nunca ha negado a Chávez el derecho a ver a su hija. "Las puertas de mi casa estarán siempre abiertas".
"Tiene que calmarse", dijo.
Dijo que supone que Chávez tocó el tema de su hija "para asustarme".
"Es un modo de decirme que me calle", dijo. Agregó: "No se atreve a decírmelo, porque yo no me voy a callar".
Su matrimonio, en 1997, un año antes de que Chávez fuera elegido presidente, fue el segundo para Chávez, que tuvo tres hijos con su primera esposa.
El presidente sigue soltero, mientras que Rodríguez se casó en mayo con Félix Lisandro García, 39, un instructor de tenis de un hotel.
Rodríguez, que renunció hace poco como directora de la organización venezolana Fundación del Niño, trabaja ahora en régimen de media jornada en la gestión de una clínica de nutrición.
Dijo que no tenía intenciones de marcharse del país.
"Si tengo que pelear por mi país, quiero hacerlo desde aquí", dijo.
Previamente se pudo oír a Chávez en televisión en su comedor reprochando a algunos de sus seguidores por abstenerse de votar, llamándoles "cobardes" y "holgazanes".
"Ahora dice que los que votaron al No, votaron por Bush", se burló Rodríguez. "Está curando sus heridas... A veces cuando una persona está triste, la tristeza no se puede ocultar".
Rechaza casi todas las políticas de Chávez. Dice que Venezuela está interfiriendo incorrectamente en países como Bolivia y Ecuador y está gastando demasiado en los militares. La escasez de artículos básicos como leche, dice, demuestra que el gobierno está fracasando.
¿Qué aconseja a la oposición? Estar alertas, dijo, porque "va a tratar de engañarnos" intentando implementar las reformas por otros medios.
Interrogada sobre si tiene buenos recuerdos de Chávez, hizo una pausa de algunos segundos y dijo: "Nadie es tan malo que no tenga un lado bueno".
Luego, hablando más ampliamente, agregó: "Pero tengo que admitir que tenía una extraordinaria capacidad para engañarnos".

11 de diciembre de 2007
8 de diciembre de 2007
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procesan a fujimori por ddhh


[Carlos Noriega] El proceso al ex presidente peruano se centra en crímenes emblemáticos del Grupo Colina: 15 asesinatos en Barrios Altos y la ejecución de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta.
Lima, Perú. En medio de una gran expectativa, hoy se inicia el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, que gobernó autoritariamente entre 1990 y 2000, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen. Fujimori deberá responder ante los tres magistrados de la Corte Suprema que lo juzgarán por los asesinatos cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte formado durante su gobierno con miembros en actividad del ejército. El proceso a Fujimori se centra en dos crímenes considerados los más emblemáticos: el asesinato de 15 personas, incluido un niño, en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, en noviembre de 1991, y el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de Lima, en julio de 1992.
Junto a estos dos hechos, Fujimori también deberá responder en el juicio que se le inicia hoy por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Ambos fueron detenidos ilegalmente en 1992 luego del autogolpe de abril de ese año y permanecieron varios días recluidos en instalaciones militares antes de ser liberados. La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori, de 69 años, por los delitos de secuestro, lesiones graves y homicidio calificado. Para ser juzgado, Fujimori no tendrá que salir del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde está recluido, como el único preso de ese lugar, desde su llegada a Perú, el 22 de septiembre de este año, extraditado desde Chile. Cerca de su habitación se ha construido una Sala de Audiencias exclusiva para los juicios que se le seguirán, que también incluyen cuatro casos de corrupción. La Sala de Audiencias está separada por un vidrio antibalas del ambiente donde se ubicarán los periodistas y el público.
El Grupo Colina fue creado al interior del ejército durante el gobierno de Fujimori por quien fuera su brazo derecho y encargado de los trabajos sucios, Vladimiro Montesinos, el hombre que controlaba los servicios de inteligencia. La noche del 3 de noviembre de 1991, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó violentamente en un viejo solar de Barrios Altos, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, donde vendedores de helados hacían una fiesta para recaudar fondos para mejorar el vetusto lugar donde vivían. Para los servicios de inteligencia los heladeros estaban conectados con el grupo maoísta Sendero Luminoso. Los militares, armados con ametralladoras HK con silenciadores, les ordenaron a los asistentes a la fiesta tenderse boca abajo en el piso y ahí los acribillaron. Murieron 15 personas, entre ellas un niño que corrió a abrazarse con su padre cuando le estaban disparando. Ese fue el bautizo de sangre del Grupo Colina.
El 18 de julio de 1992 los miembros del Grupo Colina ingresaron en los dormitorios de la Universidad La Cantuta, que semanas antes había sido tomada por el ejército, y secuestraron a nueve estudiantes y un profesor. Gracias a una infidencia salida del propio Servicio de Inteligencia, los cuerpos de los diez desaparecidos fueron encontrados en un descampado de las afueras de Lima. Habían sido ejecutados y sus cuerpos quemados. Ante el escándalo por los asesinatos de los universitarios y las revelaciones en la prensa opositora sobre la existencia del Grupo Colina y la identificación de sus principales integrantes, el gobierno armó una parodia de juicio militar en el que se condenó a los miembros de Colina, encabezados por el mayor Santiago Martin Rivas, su jefe operativo, pero se dejó de lado a quienes ordenaban sus acciones. Un año después del juicio militar, todos los miembros de Colina, que pasaron su breve condena en un cómodo cuartel militar, fueron amnistiados por Fujimori. Cuando cayó el régimen fujimorista, en noviembre del año 2000, la amnistía a los miembros del Grupo Colina fue anulada y sus integrantes comenzaron a ser detenidos y actualmente están siendo juzgados.

10 de diciembre de 2007
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bolivia ratifica constitución


[Pablo Ortiz] Mientras los movimientos sociales festejan, la oposición anuncia resistencia. La Asamblea, en la que participaron 165 de los 255 constituyentes, ratificó todos los artículos en detalle.
Oruro, Bolivia. La Asamblea Constituyente boliviana llegó a su fin luego de más 16 meses de deliberaciones, enfrentamientos y disputas políticas que la pusieron en peligro. Al mediodía de ayer, en las afueras de Oruro, 165 de los 255 representantes nacionales aprobaron un texto constitucional con 407 artículos y enviaron uno de éstos a referéndum, que deberá votarse antes del mes de abril. En ese momento, la euforia contenida durante más de un año se transformó en llanto y baile. Una banda orureña que se encontraba en el centro de convenciones de la Universidad Técnica de Oruro comenzó a tocar el himno nacional, que fue cantado con fervor. Luego, el último escenario de la Constituyente se transformó en una pista de bailes y abrazos con la cueca ‘Viva mi patria Bolivia'.
La última sesión se extendió desde las 19 del sábado hasta las 11.25 del domingo (hora local). Las poco más de 15 horas sirvieron para aprobar todos los artículos en detalle y concluir con el proceso que, en el reglamento original, debió llevar al menos tres meses. Durante la noche se vivieron momentos de tensión. A las 20 del sábado, los asambleístas de la fuerza opositora Podemos ingresaron en el recinto exigiendo la suspensión de la plenaria por considerarla ilegal. Su argumento era que no se había convocado con 24 horas de anticipación, ya que la llamada a sesión se había realizado a la una de la madrugada del mismo día. Luego de discusiones, la sesión determinó seguir y los podemistas salieron del lugar entre abucheos y empujones de los mineros cooperativistas que se encontraban alrededor del recinto. Así, sólo estuvo presente una fuerza política no aliada al oficialista Movimiento Al Socialismo, la centrista Unidad Nacional. Su participación sirvió para dejar 20 artículos observados que ahora deberán ser tratados por una comisión redactora. Este órgano, conformado por miembros de la directiva de la Asamblea, tiene hasta el viernes 14 de diciembre para concluir la nueva Constitución y entregársela al presidente, Evo Morales. No deberá volver a la aprobación de la plenaria, ya que la Asamblea le dio plenos poderes para modificar el texto sobre la base de las discusiones de la última sesión.
Entre los cambios centrales del nuevo texto se establece que Bolivia pasa a ser un Estado plurinacional, social y comunitario. Es por ello que el oficialismo define este cambio como la creación de la segunda república boliviana y como la primera vez que los indígenas se encuentran reconocidos por un texto constitucional. Esto permitirá que los pueblos originarios logren su autodeterminación y puedan gobernar sus territorios basados en sus normas propias y usos y costumbres. Habrá múltiples sistemas de justicia, además de control y poder de veto sobre los recursos naturales que se encuentren en su territorios.
En el campo social, la nueva Carta Magna amplía la carta de derecho y garantiza seguridad social para todos los bolivianos. Ya en lo político, el cambio más importante es que se permitirá la reelección inmediata del presidente y vicepresidente de la República por sólo un período, además de que se podrá optar por la revocatoria de mandato.
Y todo parece que desembocará en festejos, al menos para los seguidores del mandatario indígena. Desde Argentina, Evo Morales anunció una fiesta para el viernes 15 de diciembre que se realizará en la Plaza Murillo, de La Paz. Además de todas las organizaciones sociales, ha invitado a Néstor y Cristina Kirchner y al secretario general de la OEA, Miguel Insulza.
Del otro lado del país, desde el oriente, los opositores a Morales se preparan para dar resistencia a la nueva Constitución en el referéndum, ya que se consideran afectados. Es más, el único artículo que va a consulta ciudadana está destinado al oriente, ya que se definirá si una persona o empresa puede acumular más de 10.000 hectáreas de terreno. Anoche, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó a la resistencia civil y aseguró que "está en peligro nuestra existencia como pueblo, nuestros hogares", y llamó a defender "la verdadera revolución, la del Patujú, la autonomía ganada a través del referéndum del 2 de julio de 2006".
Mañana se reunirán las provincias autonomistas a definir las medidas a tomar de aquí en adelante y no se descarta que se convoquen cabildos para el 15 de diciembre. Así, mientras la mitad del país festeje la nueva Constitución con invitados internacionales, la otra estará protestando contra ellas. Las pujas serán dirimidas en las urnas.

10 de diciembre de 2007
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plan tenaza contra venezuela


[José Sant Roz] Once millones de dólares gastados para desestabilizar a Chávez y al referéndum del 2 de diciembre. El plan ‘Operación Tenaza' de la CIA opera a gran velocidad en Venezuela
Venezuela. La Revolución Bolivariana de Hugo Chávez sigue en la mira de poderosas fuerzas extranjeras aliadas a elementos nacionales venezolanos que promueven planes desestabilizadores en el país. Todo pretexto es bueno. Por el momento es generar el caos interno. Muchos venezolanos no han comprendido todavía que la causa principal de esta lucha son los enormes recursos petroleros del país que escapa al control del lobby internacional. Piensan ingenuamente que su país nunca será invadido como lo ha sido Irak. La Tercera Guerra Mundial no declarada por la apropiación de los recursos energéticos del planeta ya ha comenzado.

Quieren Provocar Guerra Civil
Nada fortuito fue la inusitada reacción del Presidente Uribe, al eliminar al Presidente Chávez como mediador en el canje humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC. En América Latina las fuerzas de derecha se organizan para emprender una dura batalla contra el proceso bolivariano, extendido ahora a varios países de la región.
A medida que comprenden los oligarcas que este despertar coloca en serios aprietos sus intereses, sus viejos y antiquísimos privilegios, íntimamente relacionados con el poder de los capitalistas del Norte, están ahora desesperadamente moviendo todas sus piezas coaligados con la Iglesia, con las transnacionales, con empresarios lacayos y con todos los medios de comunicación poderosos, principalmente los dirigidos por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En esta nueva arremetida, un caballo de batalla importante que ha entrado en escena es el de los medios de comunicación españoles, liderados por el grupo PRISA, del extinto Jesús Polanco.
Se cuentan entre otros: Televisión Española Internacional, El País, El Mundo, ABC [son los principales diarios de España] , La Razón, televisora Antena 3, quienes tienen el trabajo de tergiversar todas las informaciones que salen de Venezuela.
El canal nacional Globovisión da las pautas informativas a CNN, y la Conferencia Episcopal Venezolana se comunica directamente con los medios españoles. Por ejemplo, en la falsa noticia transmitida ayer martes, 27 de noviembre, por Televisión Española Internacional de que un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estaban siendo sitiados por la policía, fue el padre Luis Ugalde, rector de esta casa de estudios, quien la envió directamente a Televisión Española Internacional. Sin procesarla, sin confirmarla, fue inmediatamente lanzada al mundo.
El gran plan desestabilizador fue confeccionado hace tres meses; la CIA movió sus piezas en el país, y organizó otra nueva arremetida introduciendo elementos nuevos que venían siendo trabajados desde hacía más de dos años: al general Raúl Isaías Baduel y al jefe del partido PODEMOS, Ismael García. Los lanzaron a la pelea mediática a pocos meses antes del inicio de la campaña por el referendo sobre la Reforma Constitucional. En el informe que envía Michael Middleton Steere, de US Embassy in Venezuela a Michael Hayden, Director Agencia Central de Inteligencia, le dicen que Baduel y García hicieron un buen papel porque lograron quitarle «a Chávez 6 puntos en su posición de arranque inicial, tal como NO había ocurrido en otras campañas, donde ha partido con una ventaja entre 15% y 20%. Sin embargo, se puede esperar un congelamiento del impacto esperado, ya que tales tendencias tocaron piso.»
Todo esto en el documento ‘Avance de la Fase Terminal de la Operación Tenaza'. Hasta ahora han gastado en este Plan, más de 11 millones de dólares y están implorando por más dinero, porque en los pagos realizados a políticos y militares han usado más de cinco millones de dólares. Baduel e Ismael García están muy contentos y con la vida de sus familiares muy asegurada. Piensan pasar las navidades en el Norte, porque cuentan con varias invitaciones a Nueva York, Washington, Boston, Chicago y, claro, Miami.
Los contactos con Baduel se iniciaron a finales de 2004. La CIA consideró que Baduel representaba una de las bases esenciales del bolivarianismo; lo analizaron y consideraron que tenía carisma, fuerza dentro de las filas del chavismo, hombre moderado y disciplinado, de extremada confianza del Comandante Presidente. Ya para principios del 2005, el general Baduel aceptó parte del trabajo que le encomendó la CIA y se reunió con un grupo de intelectuales extranjeros que por cierto dirigen una importante revista marxista para América Latina.
Baduel fue convencido por este grupo de que debía ir parándole el trote a Chávez en sus ataques desmedidos a los Estados Unidos.
Convocaron a una reunión en Maracay que debía realizarse el 11 de abril del 2005. Quien esto escribe, por error, fue invitado a esa reunión.
Yo les comuniqué de esta grave situación a altos revolucionarios del chavismo, y se alarmaron tanto de lo que les referí que llegaron a pensar que yo estaba delirando, que estaba totalmente paranoico o seguramente tenía alguna aversión personal contra Baduel.
Tuve que callarme y dejar de lado unos artículos que había redactado sobre este asunto. Pero la CIA también ha hecho su trabajo con varios gobernadores y alcaldes, que no han saltado la talanquera sencillamente porque carecen de la fuerza estremecedora a nivel internacional, y la CIA no les ha «embarrado» suficientemente todavía los bolsillos.
Ya el pronunciamiento de ciertos gobernadores «chavistas» ha quedado para otro momento (o quizá nunca se dará ya).
En la Fase Terminal de la ‘Operación Tenaza' se informa que las tendencias de intenciones de voto se mantienen: dan al SI una ventaja entre 10 y 13 puntos (57 % SI, 44% NO ), y que tal estimación porcentual se dan en el marco de una abstención que ronda el 60% de los votantes inscritos.
La CIA sabe que esta tendencia es irreversible en el corto plazo, «es decir, en los próximos quince (15) días no se pueden modificar esos porcentajes de una manera significativa.»
Por lo tanto la CIA ha organizado todos sus cuadros: estudiantes burgueses, Iglesia, los grupos empresariales, para llamar a votar por el NO al tiempo que preparan un escabroso plan para que el mismo día del 2 de diciembre, lanzar una furiosa y terrorífica alerta nacional e internacional de que se ha producido un espantoso fraude.
Hay paramilitares muy bien entrenados y apertrechados con armas sofisticadas, para esta acción, en los Estados Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Carabobo, Aragua y Miranda.
Al tiempo que se tratará de impedir el referendo incitando al caos, a las guarimbas, a los ataques armados, estarán también llamando al NO.
Los días lunes y martes, 26 y 27 de noviembre, varias ciudades: Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracay, Barquisimeto fueron sacudidas por estos planes, con saldos de varios heridos y de un chavista (que iba para su puesto de trabajo) muerto salvajemente a tiros en la ciudad de Valencia.
De modo que la Fase Terminal de la ‘Operación Tenaza' apunta al «acondicionamiento político del no reconocimiento de los resultados del referéndum». Ya se tiene montada toda «una matriz de opinión sobre un triunfo seguro del NO y en tal sentido seguiremos trabajando con las encuestadoras que hemos contratado».
Al mismo tiempo que mantenemos una sostenida campaña por el NO –sigue diciendo el informe al jefe de la CIA Michael Hayden-, se viene trabajando en la crítica al CNE y su conexión con una serie de trampas, lo cual genera en la opinión pública la sensación de fraude. En ese sentido hemos venido insistiendo en los tópicos referidos a las inconsistencia del registro electoral permanente, donde contactamos con un equipo de expertos de las universidades, que por su prestigio académico hace creíble una manipulación de la data por parte del CNE, igual ocurre sobre las dudas sobre la tinta y el comportamiento de las máquinas de votación.
Sigue diciendo el informe de esta Operación: «hemos convenido con fuerzas aliadas comenzar a dar información en las primeras horas de la tarde del Domingo 2 de Diciembre, explotando los sondeos preliminares en las mesas de votación. La operación montada requiere de una coordinación con medios de comunicación a nivel internacional, según lo pautado».
La CIA tiene grandes esperanzas de que esta Operación, culminará con el levantamiento general de una parte sustancial de la población. Pero al unísono, implora Michael Middleton Steere, todas estas acciones debe ir acompañadas «de un sostenido esfuerzo diplomático para aislar aún más a Chávez en el terreno internacional, tratar de lograr la unidad de la oposición y buscar la alianza de los abstencionistas y los que votan por el NO, incrementar la presión de calle en los días previos al 2 de Diciembre, sostener con firmeza la propaganda contra el régimen, ejecutar las acciones militares de apoyo a las movilizaciones y tomas propagandísticas, culminar los aprestos operacionales de nuestras fuerzas acantonadas en la Base aledaña. El apoyo de los equipos externos provenientes del país verde y azul, esta coordinado, la acción marítima de azul esta prevista y, las fronteras con verde en los puntos determinados esta libre.»
La coordinadora clave de todas estas acciones las hace la periodista Patricia Poleo (implicada en el asesinato del fiscal Danilo Anderson) desde Miami. Patricia es la agente estrella de la CIA para la acciones contra Venezuela. Ella ha sido la gran mediadora para conseguir que se pongan de acuerdo los rectores Rudolph Benjamín Scharikker Podolski de la Universidad Simón Bolívar y Ugalde de la Universidad Católica Andrés Bello, junto con los dirigentes estudiantiles como Yon Goicochea (UCAB), Juan A. Mejías (USB), Douglas Barrios (U. Metropolitana), Ronel Gaglio (U. Monte Ávila), Gabriel Gallo (U. S M), Ricardo Sánchez (UCV), con el Comando Nacional de la Resistencia y con Primero Justicia.
En su último viaje a Miami, el dirigente estudiantil Stalin González, reunido con Patricia Poleo [la periodista fugada del país], mostró cierta oposición a la manera como está conduciendo el movimiento opositor, Goicochea y el recientemente elegido Presidente de la FCU de la UCV, Ricardo Sánchez. Para Stalin González hay que evitar la violencia que buscan los grupos sometidos a la CIA.
Teme Stalin González que se desboquen y sean reducidos a cero como ocurrió con los intentos golpistas del 11-A del 2002. Hay que agregar que Stalin González se está haciendo pasar por marxista, cuando realmente su mundo es la frivolidad, la moda y las necedades consumistas. A todos les encanta pasar días enteros por los centros comerciales de Miami. Patricia Poleo le pone al servicio excelentes guías, con buenas sumas de dinero.
La CIA ha medido sus ‘Operación Tenaza', dejándose llevar otra vez por las indicaciones de Patricia y están contando con un pronunciamiento militar. Patricia les ha hecho saber que el componente más averiado es la Guardia Nacional, y les ha dado nombres para que se reúnan con ex militares que antes estuvieron Chávez, entre ellos Guyón Celis y Luis Alfonso Dávila.
La CIA, siguiendo indicaciones de Baduel, ha hecho algunos contactos y han conseguido comprar a unos altos oficiales a los que les han ofrecido toda clase de protección desde la mediática hasta la diplomática, con asilo y seguridades para todos sus familiares. Pero estos oficiales, a pesar de que ya han cobrado parte de su trabajo, ahora dicen carecer de dirección real en los comandos.
Hace poco fueron detectados y decomisados parte del armamento para la acción en Caracas, en Mérida y Valencia, y han dejado montones de evidencias y rastros en celulares y en laptos. La guerra decisiva empezará el 2 de diciembre.
Hay mucho arsenal escondido todavía, pelotones de paramilitares organizando sus puntos de combate y un plan desestabilizador en la calle que promete ser de película según el propio Michael Middleton Steere, con más quinientas cámaras repartidas por toda Venezuela.
Bien tontos hemos sido hasta ahora los chavistas que después de ocho años de gobierno, casi nunca disponemos ni de una cámara en escenas cruciales, para luchar contra Globovisión y las tramas golpistas de la Embajada norteamericana.

1 de diciembre de 2007
©voltaire
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