genocidio indígena en argentina
El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de ‘Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias’, un libro del periodista Darío Aranda.
[Darío Aranda] Argentina. Campos de concentración. Desaparecidos. Torturas. Asesinatos masivos. Robo de niños.
Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.
A fines del siglo XIX el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos del nazismo (juicios de Nüremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
En la actualidad, tras resistir y anular las llamadas leyes de impunidad, en distintas ciudades del país están siendo juzgados y condenados los responsables militares y civiles de crímenes consumados durante la dictadura.
No hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. "Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente", explica el historiador Walter Delrío, autor de ‘Memorias de expropiación’, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).
Delrío es codirector de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda pruebas de cómo, luego de la conquista militar, el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde "el crisol de razas" negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.
Diana Lenton –doctora en antropología, especialista en temas de política indígena y codirectora de la Red de Estudios sobre Genocidio– llama "pecado original" al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los derechos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo XIX, coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el cuerpo de discursos sobre la población.
Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, también llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y en los algodonales. También se los obligó a incorporarse al Ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.
La isla Martín García, ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y De la Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En sólo un año, 1879, fueron apresados (y luego bautizados) 825 indígenas, según consta en un trabajo en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alexis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobispado.
Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.
Los investigadores explican que la población era más numerosa, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura.
Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872 hasta 1886), donde se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.
No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración. Papazian y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque los registros son desordenados e imprecisos, dado que muchas veces no se contabilizaba a niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investigadores afirman que por la isla Martín García pasaron al menos 3000 personas, privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó todo derecho.
La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcionó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país.
El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, ser enviados a canteras, a estancias, o a formar filas del mismo ejército que los había atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de que familias acomodadas de Buenos Aires pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e incluso en el campo. "Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio", precisa Papazian, que también forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba muchas opciones: Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas de familias o la muerte.
La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo esclavo.
Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huarpe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provincia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidas en estancias, en propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomodadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición que padecieron hasta, al menos, la década de 1890.
En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y entrevistas de principios del siglo XX se establece que, entre 1879 y 1886, fueron repartidos en Mendoza al menos 3000 indígenas. Escolar y su equipo de investigación –Leticia Sald y Carla Rigió– estiman que el número es mayor. Los lugares de detención ya comprobados fueron al menos seis, ubicados en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en la capital provincial.
Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y el barrio de Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla Martín García. Allí eran confinadas familias enteras, sin diferencia de sexo y edad. Su mayor crimen era ser indígenas y habitar un territorio preciado.
El investigador del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, afirma que, en base a partes del Ejército, la avanzada militar del siglo XIX dejó una cantidad de víctimas estimada en un número inquietante: "30 mil desaparecidos".
A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no tienen ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con calles, escuelas y monumentos. Uno de ellos llega al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que obliga al Estado a pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por cada víctima del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena.
Tampoco, como en todo lo referido a pueblos originarios, existen datos oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones dan idea de su magnitud: Diana Lenton señala que en 1883, a sólo cinco años de iniciada la avanzada militar, 20.000 prisioneros habían sido trasladados a Buenos Aires. Luego serán asesinados, desaparecidos o esclavizados.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires Mariano Nagy, en base a ‘Estado y cuestión indígena’, de Enrique Mases, precisa que habitaban la Patagonia 25.000 indígenas. En el primer año de la Campaña del Desierto hubo 1300 indígenas muertos "en combate" y 13.000 prisioneros que pasaron a quedar bajo tutela del Estado.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio no fueron sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas: los distintos modelos productivos del último siglo y medio –agroexportador, petrolero, forestal, minero– tuvieron y tienen como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
‘Argentina Originaria’ (lavaca-IGWA) se presenta mañana en Hipólito Yrigoyen 1440, ciudad de Buenos Aires, a las 19, con la presencia del periodista y escritor Osvaldo Bayer.
18 de octubre de 2010
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[Sonia Tessa] Argentina. Roberto De Vicenzo compró facturas y preparó el mate en la mañana del lunes 27 de septiembre de 1976, para esperar a su esposa, Miriam Moro. Los dos eran militantes montoneros, y estaban en la clandestinidad. Ella había salido la noche anterior a repartir volantes contra la dictadura, pero fue secuestrada en Villa Diego, cerca del frigorífico Swift. Cuando pasaron las horas, él empezó a desesperarse, llamó a Ana -la hermana gemela de Miriam , para que se movieran y se fue a esconder en la casa de unos amigos, Zuni y Miguel, que le brindaron cobijo. Las facturas quedaron allí, intactas. Esa misma tarde, Roberto concurrió a una cita, y lo secuestraron, en la zona de El Reloj, en Villa Gobernador Gálvez. Tenían dos hijos y uno en camino. Darío, de un año y nueve meses y Gustavo, de siete meses, que tomaba la teta, quedaron al cuidado de tíos y abuelos. A Miriam la tuvieron secuestrada un par de días, la mataron, y la dejaron en Casilda, donde fue enterrada como NN. Su cuerpo se arrojó a una fosa común donde sería muy difícil encontrarla. Roberto tenía 24 años. Fue llevado al Servicio de Informaciones, y continuó desaparecido hasta marzo pasado, cuando el Equipo de Antropología Forense identificó que era de él uno de los tres cadáveres que habían aparecido en un camino, a la altura de Barrancas. El sábado próximo, 23 de octubre, de 11 a 15, en el local del Movimiento Evita (Rioja 1065), será el acto de despedida del militante, cuyo cuerpo se trasladará al cementerio de Granadero Baigorria.
Argentina. El Consejo de la Magistratura resolvió en su reunión plenaria de ayer solicitar una audiencia pública urgente a la Corte Suprema de Justicia para tratar la situación de "extrema gravedad institucional" que reina en la Cámara Federal de Mendoza. El organismo tomó la decisión luego de escuchar al titular de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi, quien desmenuzó las maniobras del tribunal cuyano para obstaculizar las investigaciones por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Righi destacó en particular el rol del camarista Otilio Roque Romano, imputado por encubrir secuestros y torturas hace un tercio de siglo, y respaldó la actuación del fiscal general Omar Palermo, coordinador de la Oficina de Asistencia a las causas vinculadas con el terrorismo de Estado en Cuyo, que fue amenazado de muerte luego de pedir la citación a indagatoria de Romano. El tribunal mendocino, mientras tanto, marcó ayer otro hito en la historia de la impunidad en Cuyo, al excarcelar a los oficiales Jorge Antonio Olivera y Eduardo Vic, imputados por torturas en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan y ex prófugos de la Justicia.
Argentina. A menos de un día de conocerse la condena a los catorce penitenciarios que trabajaron en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura, un integrante de la agrupación Justicia YA! y una estudiante de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron haber recibido amenazas. Hoy realizarán la denuncia ante la fiscalía. 
Argentina. Raúl Alberto Marciano da clases en una escuela que años atrás era parte de un terreno baldío, en un predio abandonado de Escobar, donde compartió el trabajo de militancia social con Gastón Gonçalves. "Muchos de los padres –dijo ayer– eran personas que nosotros conocíamos durante esos años." Marciano estuvo secuestrado en el celular donde estuvo Gonçalves, detrás de la comisaría de Escobar. "Gastón –explicó ayer al declarar como testigo– era la cara visible de nuestra actividad, trabajaba en prensa, en difusión, frecuentemente estaba él a la vista de todo el mundo." Antes del secuestro, recordó, tuvo un "apriete" de parte de (Luis) Patti que fue bastante serio. "Patti lo amenazó y le dijo que si seguía en lo que estaba iba a terminar mal, y le aconsejó que se quede tranquilo, que no aparezca en Escobar." El 29 de marzo de 1976 lo secuestraron a él y a su mujer de una casa en Pilar. Les robaron los electrodomésticos, pero dejaron tirado en el suelo al hijo de ambos, de poco más de dos años. Pese a estar vendados, ellos notaron que los llevaban a Escobar porque "el camino era un subir y bajar de la Panamericana, curvas, y cuando llegamos nos introducen en un camión celular con celdas chiquitas, individuales, donde había mucha gente". Tomaron contacto con Gastón, pudieron hablar con él. Y con otro detenido, Tomanelli. Había dos o tres personas más que conocían o iban a conocer más tarde durante el tiempo de cautiverio en otros centros clandestinos. "Gastón me dice que estábamos en la comisaría de Escobar", un dato que luego le confirmó otro detenido. "Estaban muy golpeados y muy torturados, cruzamos algunas palabras con Gastón, nos dimos mensajes para las familias y nos dimos la promesa de tomarnos unos vinos juntos si quedamos en libertad, pero eso no fue posible." El celular salió con ellos hacia la zona de Zárate-Campana, pero en el camino, dijo, dejó de escuchar a Gonçalves.
[Alejandra Dandan] Argentina. "A fines del año '95 supe que mi papá era Gastón Gonçalves, soy uno de los nietos recuperados", se presentó Manuel Gonçalves ante el tribunal. "Supe que el 24 de marzo de 1976, sabiéndose perseguida, mi mamá dejó de tener contacto con su familia, estaba embarazada y pasó a la clandestinidad; después de varios meses, tuvo el parto, sé que no estaba en las mejores condiciones, con lo cual no sé donde nací." A partir de 1995, Manuel reconstruyó esa historia que ayer intentó explicar a los miembros del Tribunal Oral Federal de San Martín, en la primera audiencia de testigos del juicio contra Luis Abelardo Patti y otros tres represores. Después hablaron su hermano Gastón y otros familiares. También se escucharon dos testigos clave: ex compañeros de militancia que narraron su encuentro con Gastón Gonçalves mientras todos permanecían secuestrados en las pequeñas celdas de un camión celular estacionado en el predio de la comisaría de Escobar.
[María Laura D’Amico] Argentina. Prisión perpetua y entre diez y veinticinco años fue la condena que dictó ayer el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata a los catorce ex penitenciarios que trabajaron en la Unidad 9 durante la última dictadura militar. La resolución que leyó el juez Carlos Rozanski calificó los hechos que se juzgaron como "delitos de lesa humanidad" que fueron cometidos "en el marco de un genocidio" que hubo en Argentina entre 1976 y 1983.
[Lorena Panzerini] Argentina. El 70 por ciento de los rosarinos no sabe que existe una cárcel para mujeres en la ciudad. Para revertir esa situación, el colectivo femenino Las Juanas lanzará la revista ‘Mariposas libres’, realizada por las propias internas de la Unidad 5. La penitenciaría está ubicada en Pasaje Thedy al 300 bis, en la zona norte de la ciudad, a pocas cuadras del parque Scalabrini Ortiz. "La cárcel las daña, y en el Estado no hay políticas de género pensadas para aplicar en estos casos", apuntó Gabriela Sosa, coordinadora de Las Juanas. Además, señaló que dentro de la unidad de detención, "no hay un fortalecimiento de sus derechos ni aportes de capacitación para que cuando salgan puedan insertarse en el mercado laboral actual. Eso sumado al prejuicio social contra las chicas jóvenes que salen con marcas de cortes, quemaduras y tatuajes, hace que sea muy difícil su regreso a la vida social en libertad y fomenta la reincidencia", aseguró. Por eso, los textos y fotografías de las presas, plasmadas en esas páginas, serán también una excusa para crear un espacio de expresión en un lugar de encierro.