detienen a criminales del primer cuerpo
15 de abril de 2010
Acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en Junín. Cinco nuevos represores fueron detenidos en las últimas horas imputados por el secuestro y tortura de una treintena de víctimas en Junín, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura militar.
Argentina. La medida la dispuso el juez federal Daniel Rafecas en la ‘megacausa’ que tramita por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Pese a la reserva impuesta por el magistrado, las fuentes indicaron que la nómina de detenidos la integran, además de Mastandrea, el coronel del ejército, Ángel José Gómez Pola, los comisarios, Abel óscar Bracken y Julio Ángel Esterlich y el médico policial, Aldo Antonio Chiacchietta.
A todos los detenidos -quienes serán indagados en las próximas horas- se les imputan violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 1976 y 1977 en Junín y se suman a otros dos represores que ya están detenidos y procesados desde el año pasado por los mismos hechos.
En la causa se investigan el secuestro y tortura de tres decenas de víctimas -tres de las cuales permanecen desaparecidas- y el funcionamiento de cuatro centros clandestinos de detención que habrían tenido asiento en esa jurisdicción.
Esos centros funcionaban en la Comisaría 1ra. de Junín, en la entonces Unidad Regional VIII de esa localidad, en el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse y en la entonces "cárcel en construcción" de lo que es la actual unidad 13 del Servicio Penitenciario Provincial.
El magistrado y funcionarios de su juzgado, realizaron en el mes de marzo último, inspecciones judiciales en esos centros junto a sobrevivientes que estuvieron cautivos y fueron torturados, quienes reconocieron el sector de calabozos que allí funcionaban.
Luego de una intensa investigación llevada a cabo desde que Rafecas recibiera la causa que le fuera enviada por el Juez Federal de Junín, en agosto de 2009, fueron detenidos Pola, quien se desempeñó en 1976/77 como Jefe del Área 131 y Braken, ex titular de la Seccional 1ra. de Junín.
Rafecas también dispuso las detenciones de Mastandrea, por entonces oficial inspector de esa comisaría e integrante del grupo de tareas, Esterlich, entonces oficial subinspector y el médico Chiacchietta, quien controlaba los signos vitales de las víctimas en las sesiones de tortura.
Por los mismos hechos, el magistrado dictó, el 30 de diciembre de 2009, el procesamiento y prisión preventiva de Miguel ángel Almirón, oficial subinspector de la policía bonaerense y Francisco Silvio Manzanares, suboficial inspector de la Comisaría de Junín.
En esa oportunidad, el juez afirmó que "se tuvo por acreditada la existencia de un circuito represivo en dicha jurisdicción que comprometió el funcionamiento de los cuatro centros clandestinos de detención".
Entre los hechos que investiga el juez se encuentran las detenciones de dirigentes gremiales, políticos locales y miembros de la Coordinadora de Arte (COART).
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Argentina. Gabrielle Domon se convirtió en la primera testigo en declarar ante el Tribunal Oral Federal 5 que juzga a los represores Alfredo Astiz y Jorge ‘Tigre’ Acosta, entre otros, en un testimonio que duró casi dos horas y luego del cual los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta esta tarde.
Argentina. La sentencia fue leída por el presidente del tribubal, Odmar Paulucci y en la misma se señala que los represores fueron encontrados culpables de crímenes de lesa humanidad "en homicidios agravados por alevosía" y también "persecución, tortura y desapariciones" entre 16 y 24 oportunidades durante la dictadura militar.
Argentina. Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La investigación del asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en delitos de lesa humanidad, tuvo otro giro en las últimas horas. El juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, procesó a los dos detenidos por el crimen: Rodrigo Sosa, el cuida coches de 19 años que los rafaelinos conocen como "Sosita" y su primo de 22, Rodolfo Cóceres, a quienes acusó por "homicidio calificado" por ensañamiento que se condena con prisión perpetua. Una resolución judicial que cierra la pista del robo. Pero abre la segunda línea investigativa que el fiscal Rodolfo Zehner está dispuesto a agotar para despejar todas las dudas de un crimen por encargo. "Hay que explorar y agotar la hipótesis que más preocupa a los familiares de la víctima, a los organismos de derechos humanos y a nosotros también", dijo Zehnder en un diálogo con Rosario/ 12. El fiscal ya propuso una batería de medidas que por ahora mantiene en reserva, entre ellas el cruce de datos y llamadas telefónicas para detectar cualquier conexión entre los ejecutores de Suppo y los ideólogos y criminales del terrorismo de estado o su entorno. Ayer, Andrés y Marina Destéfani, los dos hijos de Silvia, se presentaron como querellantes en la causa con el patrocinio de la abogada de Hijos, Lucila Puyol y su colega Guillermo Munné.
Argentina. Dentro de pocos días lograremos uno de los objetivos fundamentales de la lucha que llevamos adelante junto a compañeros de distintas organizaciones: conseguir que en nuestra ciudad sean condenados algunos de los responsables directos de la feroz represión implementada por el terrorismo de estado contra cientos de jóvenes luchadores populares.
Argentina. La lectura de la sentencia del primer juicio a represores de la última dictadura militar en Rosario, prevista para mañana, tendrá un marco multitudinario: la movida arranca hoy, con un "aguante por la cárcel perpetua" que se sostendrá con una kermés temática y con participación de artistas y músicos, frente los tribunales federales de Oroño al 900. En igual, sentido el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó desobligar al personal y estudiantes para que puedan concurrir, mientras el Concejo Municipal decidió adelantar su sesión para hoy.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal que excarceló al único militar que no tenía prisión domiciliaria y estaba preso en la cárcel de Las Flores por delitos de lesa humanidad: el teniente coronel Domingo Morales, procesado por dieciséis "homicidios", "asociación ilícita" y la "supresión de identidad de una menor": María Carolina Guallane, una niña de quince meses que sobrevivió a la masacre de su familia biológica, en 1977, y recuperó su nombre veinte años después: Paula Cortassa. El recurso fue interpuesto por el fiscal de casación Ricardo Weschler, que tiene a su cargo las causas de Rosario y Santa Fe y si el tribunal lo rechaza recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según revelaron fuentes judiciales a Rosario/12. La excarcelación de Morales es un precedente en el país. "Es un fallo vergonzoso y de una gravedad institucional inusitada porque significa que ahora más los juicios se harán con los genocidas en las calles", advirtió la abogada de Hijos, Lucila Puyol. "Estamos sorprendidos e indignados. Es muy preocupante porque sienta las bases para otras excarcelaciones de personajes tenebrosos y con mucha responsabilidad en el terrorismo de estado", agregó el director de Investigaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Pedraza.