quién financió la dictadura argentina
Informe de Gabriel Morini 24 de marzo de 2010
Un conflicto de competencia frena la investigación sobre el financiamiento de la dictadura. Una causa judicial apunta por primera vez a los bancos privados que prestaron dinero a la Argentina entre 1976 y 1983. Fue impulsada hace un año por dos hijos de desaparecidos. Está paralizada y podría terminar en la Corte Suprema.
Argentina. Un conflicto de competencia dilata el inicio de la primera investigación sobre el último eslabón en la cadena de complicidades que permitió sostener a la dictadura militar: el financiamiento por parte de la banca privada extranjera. La causa podría por primera vez en la historia acusar de complicidad a los bancos que prestaron dinero a sabiendas de que colaboraban para el sostenimiento de un Estado que perpetraba delitos de lesa humanidad. El caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, que deberá expedirse además sobre la imprescriptibilidad de los resarcimientos derivados de delitos contra los derechos humanos. El CELS presentará un recurso judicial para apoyar la investigación.
El expediente 95.019/2009 deambuló por tres juzgados desde el 18 de marzo de 2009, cuando Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe –ambos hijos de desaparecidos– realizaron la presentación ante la Justicia Civil y Comercial federal. La carátula del expediente consigna que se trata de una "diligencia preliminar" para que el Banco Central informe acerca de los montos que entidades financieras internacionales prestaron al Estado argentino entre 1976 y 1983.
Ese pedido se sustenta en la investigación de Juan Pablo Bohoslavsky –director de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro–, que junto a la investigadora de la Universidad de Nueva York Veerle Opgenhaffen logró establecer el nexo entre los préstamos de bancos comerciales y el mantenimiento del aparato represivo interno que llevaba adelante la dictadura.
Ese trabajo fue presentado por Bohoslavsky en la Universidad de Harvard el pasado 18 de febrero, en el marco de un simposio sobre derechos humanos. Entre los asistentes estaba John Ruggie, representante de Naciones Unidas para el área de Negocios y Derechos Humanos. El caso argentino cobró relevancia porque, basándose en esa experiencia, la ONU podría fijar los estándares globales que regularán en el futuro la responsabilidad de las empresas cuando de violaciones a los derechos humanos se trate. "Hasta ahora se habían concentrado en las contribuciones no financieras que facilitan violaciones a los derechos humanos, pero no en aportes de dinero", afirmó Bohoslavsky en diálogo con Página/12.
Con la llegada a la presidencia del demócrata Jimmy Carter en 1977, la política de los Estados Unidos con respecto a la ayuda financiera a gobiernos dictatoriales dio un vuelco: los préstamos a países con conocidas violaciones a los derechos humanos como la Argentina fueron negados. La banca privada vio entonces la puerta abierta para ofrecer préstamos a altas tasas. Esa financiación permitió que la Junta Militar ampliara la deuda externa de 6648 millones de dólares en 1977 a 31.709 millones en 1983. El crecimiento exponencial del déficit entre ingresos y egresos estuvo acompañado de un aumento del porcentaje del PBI destinado al gasto militar, que creció del 2,04 al 4,39 por ciento durante esos años. La tesis de Bohoslavsky se sustenta en el derecho internacional y en las políticas que regulan la actividad financiera a nivel global. Es imposible que los bancos que prestaron dinero a los dictadores argentinos desconocieran que se producían crímenes de lesa humanidad, tras la postura explícita de la administración Carter y los informes sobre la Argentina publicados en ese momento por organismos de derechos humanos. Los bancos cuanto menos "incumplieron el deber de evaluar adecuadamente el riesgo crediticio del prestatario" al no respetar las reglas básicas que rigen la actividad financiera, donde no sólo se analiza la capacidad de pago sino el destino de los fondos. Las entidades "sabían" o "debían haber sabido" que los préstamos que giraron "permitieron, facilitaron o exacerbaron" los abusos a los derechos humanos, afirma el análisis. Esto los convierte en "responsables por complicidad", remata.
El expediente está paralizado. El juez civil y comercial Luis María Márquez se declaró incompetente. Lo mismo hicieron las juezas María Gabriela Vasallo y Graciela González Echeverría. La Cámara en lo Civil y Comercial debe resolver ahora qué hacer con la causa. Si ratifica la incompetencia de ese fuero, la Corte Suprema tendrá que dirimir el asunto.
La causa es un hierro candente. El pedido de resarcimiento podría apuntar, entre otros, al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D. G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp. El listado corresponde a los registros asentados en el fallo de la denominada sentencia Olmos, que prueba que las entidades facilitaron dinero a través de YPF, fachada tras la que se escondía el verdadero sistema de financiamiento a la Junta Militar.
El CELS, con la colaboración de la universidad británica de Essex, presentará en los próximos un recurso judicial con nuevos argumentos para la investigación, donde citará jurisprudencia internacional que avala la acusación por complicidad. Los abogados no descartan elaborar un listado propio de bancos y avanzar con la demanda civil contra ellos en base a sus antecedentes o recurrir a tribunales internacionales.
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[Ramiro Rearte] Tucumán, Argentina. El represor Antonio Domingo Bussi fue dado de alta ayer al mediodía, luego de que los médicos de parte y los peritos dictaminaran que está en condiciones de regresar al coqueto country de Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria. Los jueces de la megacausa "Jefatura de Policía", que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán, accedieron al pedido de los médicos de Bussi para que no sea trasladado a la sala de audiencias el próximo 30 de marzo. Sostienen que, si bien fue dado de alta, la recuperación total deberá realizarla en el domicilio, por lo que se pidió que se instale un circuito cerrado de TV para que el genocida pueda seguir las instancias de manera remota, acompañado por su abogado defensor, para intervenir las veces que sea necesario.
Argentina. A 34 años del último golpe de Estado, puntapié inicial de la dictadura más brutal de la historia argentina, decenas de miles de personas marcharán hoy en todo el país para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. A partir de las 10.45 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ubicado en la ex sede de la ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de la Armada. A las 14, con la consigna "Por un bicentenario sin impunidad. Juicio y castigo ya" y una bandera de quinientos metros con los rostros de miles de desaparecidos marcharán hacia Plaza de Mayo la mayoría de los organismos de derechos humanos, encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora. Una hora después, con trece consignas, partirá el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En tanto, a las 17 habrá un recital en el escenario montado de espaldas a la Casa Rosada organizado la Asociación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini y que cuenta con el respaldo de la Presidencia de la Nación.
[Diego Martínez] Argentina. A los 66 años, luego de media vida libre e impune, fue detenido el lunes en Ciudadela el suboficial naval retirado Carlos Galián, ex jefe de los guardias que custodiaban a los secuestrados de la ESMA, quienes sólo lo conocían por su nombre de cobertura: Pedro Bolita. Según testimonios obrantes en la causa, Galián acompañaba a las víctimas en los "traslados", término que la Armada usaba para referirse a la ejecución en los vuelos de la muerte. También se encargaba junto con el finado prefecto Héctor Febres de retirar de la ESMA a los niños nacidos en cautiverio. Galián fue identificado luego de una paciente investigación realizada por secretarios del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez federal Sergio Torres. El magistrado ordenó su captura el sábado, luego de que seis sobrevivientes no dudaran en identificarlo al ver su foto. Pedro Bolita se negó a declarar ayer y ahora pasa sus días en el penal de Ezeiza.
[Victoria Ginzberg] Argentina. Camilo Juárez abrió la puerta del noveno piso del edificio de Brasil y Defensa. Tenía siete años y se encontró con una fila de hombres armados y vestidos de verde. Atinó a cerrar antes de que pudieran entrar. "Esperen un momento, estoy en calzoncillos", les dijo. Venían a buscar a su tía. Y se la llevaron. Ya había desaparecido su papá. Su mamá estaba en Devoto, donde poco después murió. Camilo y sus dos hermanos vivieron con sus abuelos hasta que ellos, con el tiempo, también se fueron. Camilo y sus hermanos hicieron lo que pudieron: crecieron, estudiaron, militaron. Hoy Camilo tiene 41 años, es músico y espera su turno para sentarse delante de tres jueces y contarles qué es la ausencia.
Argentina. La Cámara Federal ratificó la nulidad del indulto al ex ministro de economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, al considerar que está imputado por delitos de lesa humanidad, informó Télam.
Argentina. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 11,30, en el predio del Espacio de la Memoria, ubicado en el barrio porteño de Núñez, y donde entre 1976 y 1982 funcionó el principal centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
[Raúl Kollmann] Argentina. Una Cámara de Apelaciones conformada especialmente para el caso AMIA confirmó ayer los procesamientos de Carlos Menem, Munir Menem, el comisario retirado Jorge Palacios, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano y otro policía federal, Carlos Casteñeda, por el delito de encubrimiento. En concreto, se trata de los hechos ocurridos el 28 de julio de 1994, diez días después del atentado contra la mutual judía, cuando se ordenó una profunda investigación sobre el ciudadano sirio-libanés-argentino Alberto Kanoore Edul, lo que incluía también el allanamiento de sus domicilios. La Cámara consideró probado que la familia de Kanoore Edul hizo una gestión, a través de Munir Menem, para que esa investigación no avanzara y, como resultado, se suspendieron las escuchas telefónicas que le estaban haciendo al sospechoso. Antes de proceder a los allanamientos, Palacios hizo una llamada en la que supuestamente avisó lo que iba a ocurrir, desaparecieron las cintas con las escuchas anteriores y se produjeron otras tantas irregularidades descriptas por el fiscal Alberto Nisman y el juez Ariel Lijo.