polémica por detención de sarmiento
22 de marzo de 2010
Oposición y gobierno alrededor de la detención de Sarmiento.
Argentina. Las repercusiones por la orden de detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, ex ministro de Gobierno de Misiones durante la dictadura militar, continuaron ayer con un nuevo cruce entre oficialistas y opositores. La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que la orden de captura contra el represor –padre de María José Sarmiento, la jueza que falló en contra del decreto que creaba el Fondo del Bicentenario– era un episodio de "extrema gravedad institucional" y responsabilizó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Aníbal Fernández, por su parte, explicó que la causa data de 2006 y que el militar "tiene cuarenta y dos casos puntualmente denunciados por familiares de muertos y desaparecidos". "Nuestro objetivo es que lleguen todos los que tengan que llegar y paguen por lo que tengan que pagar, aunque sean abuelitos de 85 años y estén enfermos", sostuvo el funcionario.
La diputada Elisa Carrió expresó que el pedido de detención contra el militar fue un "uso de la política de derechos humanos al servicio de la presión y la venganza de los jueces que son independientes". La chaqueña –que el viernes se refirió al evento como "una venganza pedida por Néstor Kirchner"– afirmó que el episodio revistió una "extrema gravedad institucional". "Presionar de esta manera a través de la familia, usar a una persona de 85 años y enferma de Alzheimer es terrible", opinó Carrió, haciendo referencia a la condición sufrida por el represor. Por último, la diputada enmarcó la orden de detención con el proyecto del kirchnerista Alejandro Rossi de "investigar" a los jueces y responsabilizó por el hecho a Eduardo Luis Duhalde: "El autor de esto es el secretario de Derechos Humanos", aseguró.
Pronto se sumaron a las críticas el ex presidente Eduardo Duhalde y el jefe de bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. El bonaerense sostuvo que el Gobierno "está detrás" de la orden de detención del coronel retirado y calificó el hecho como una "acción coordinada para intimidar a los jueces". En declaraciones radiales, el ex mandatario afirmó que es "obvio" que se trata de un mensaje enviado a la jueza Sarmiento y al resto de los integrantes del Poder Judicial que fallaron en el pasado contra el oficialismo. Pinedo, por su parte, aprovechó una respuesta a críticas del jefe de Gabinete para repudiar "los aprietes como el de la jueza Sarmiento y las mentiras sistematizadas de Aníbal Fernández".
Las respuestas oficiales no tardaron en llegar. En el asado con diputados y senadores en la quinta de Olivos, Cristina Kirchner aseguró que desconocía el hecho de que el padre de la jueza Sarmiento tuviera una causa en la Justicia por delitos de lesa humanidad, lo cual a su entender demostraba "la buena fe" con la que había actuado el Gobierno. Por otro lado, el diputado Héctor Recalde expresó en diálogo con Página/12 que la actuación de la jueza "es una vergüenza, porque ella ya sabía que su padre había sido querellado por la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que debió haberse excusado". El legislador explicó que en enero pasado la jueza dictó una medida cautelar contra el uso de reservas para el pago de la deuda, "cuando el artículo 195, párrafo tercero, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación niega expresamente esa potestad". "Por último –argumentó Recalde–, la jueza emitió la cautelar alegando ‘extrema urgencia’, pero si había urgencia y peligro en la demora, ¿por qué no dejó un empleado de guardia en el juzgado para recibir la apelación del Gobierno? Prácticamente dejó en indefensión al Ejecutivo". De acuerdo con el legislador, toda esta serie de hechos "tienen una explicación y ahora que sale a la luz lo del padre queda claro. Ella tenía una animosidad contra el Gobierno".
Por la mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había defendido la actuación del Gobierno al afirmar que las acciones contra los militares represores no son actos de venganza. "Nuestro objetivo no es venganza sino justicia", subrayó el ministro, que detalló que el fin último de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos "no es ‘dos condenas más y a olvidarse del tema’ sino que paguen todos los que tengan que pagar, aunque sean abuelitos de 85 años y estén enfermos".
En declaraciones radiales, Fernández detalló que "la causa (del militar) tiene cuarenta y dos casos puntualmente denunciados por familiares de muertos y desaparecidos y de las propias víctimas de privación ilegítima de libertad y torturas". Su hija, la jueza Sarmiento, había intentado vincular la orden impartida por la Justicia de Misiones con el fallo emitido contra el decreto oficial que creaba el Fondo del Bicentenario para el uso de reservas del Banco Central. Fernández respondió que esa acusación era "una mentira atroz" y negó que la orden constituya "presión" alguna para la jueza. "Sarmiento le mintió a todo el pueblo argentino diciendo que no sabía de qué se trataba cuando la causa databa de 2006", argumentó el ministro.
La orden de arresto del coronel retirado Luis Sarmiento fue emitida este viernes por el juez Ramón Chávez, quien horas después dio marcha atrás con la medida luego de que un informe médico oficial indicara que el octogenario imputado padece un grave estado de salud. En aquel momento, María José Sarmiento aseguró que se trataba de "una presión" y que a veces sentía "miedo".
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Argentina. Después de pasar 17 días prófugo y tras una cinematográfica fuga del penal de Piñero; se presentó ayer en los tribunales de Rosario Raúl Flores, el confeso asesino del sindicalista de Camioneros Abel Beroiz. La fuga de Flores del flamante penal de la provincia había generado una amplio malestar en las autoridades de seguridad de la provincia y puso bajo sospecha a personal del servicio penitenciario cuando se supo que Flores había fugado escondido en una camioneta que sacaba el pan fabricado en esa cárcel. Fuentes policiales aseguraban ayer que la presentación de Flores en el juzgado a cargo de Juan Donnola, se dió después de "un intenso trabajo policial y judicial para encontrarlo".
[Martín Granovsky] Argentina. A los 63 años, Rubén Dunda sigue recomponiendo piezas sueltas de su vida y recuerda siempre un nombre, el del coronel Luis Alberto Sarmiento, que en 1972 ya revistaba en la inteligencia militar y luego del golpe de 1976 siguió haciéndolo gracias a su especialidad: era un experto en el interrogatorio con picana eléctrica.
Argentina. En su edición 2009, la Jefa de Estado entregará a las 11 el premio Azucena Villaflor a la trayectoria en Derechos Humanos a Julio Morresi, Norberto Palermo, Marcos Weinstein y a familiares de Eduardo Fermín Mignone (fallecido).
[Luciana Peker] Argentina. Pasar por el molinete, bajar las escaleras, arrimarse a la línea amarilla y esperar. Pero no se trata, únicamente, de aguantar sin respirar y sin soplar y empujar para entrar o salir, sino, además, de comprimirse hasta querer volverse invisible, porque en la montonera las manos nos rozan, nos tocan, nos invaden. No siempre –casi nunca– por casualidad o puro amontonamiento, sino porque el amontonamiento tapa la agresión de tocar a una mujer, de tocarnos, de ser tocadas.
[Nora Veiras] Argentina. "No sé si contar esto. Es que comparado con lo que le pasó a Natalia Gaitán no es nada. No sé por qué cuando leí en los diarios que esa chica encaró al padrastro de su novia, le explicó que se querían y que el tipo le contesta fusilándola, retrocedí unos 25 años, los ochenta, cuando yo tenía 17 o 19 y conocí a la mujer que fue mi primer amor. Claudia era bastante más grande que yo. No sé cuánto, yo soy del ’65 y ella era del ’59. Bueno, sí, no era tanto, para mí ella era toda una mujer. Estudiábamos juntas. Mamá encontró unas cartas. Por donde las miraras, eran cartas de amor. Inmediatamente Claudia pasó de ser ‘la amiga de Susi’ para convertirse en una palabra obscena, una mancha. Que me había llenado la cabeza, que me había convencido y arrastrado a su guarida y que yo estaba enferma. Me mandó a terapia. A la noche mamá me esperaba a oscuras en el living para pescarme, ver quién me traía, con qué cara llegaba, sacarme de mentira verdad. Me acuerdo una vez que mirábamos el noticiero de Mónica Cahen D’Anvers, y Mónica estaba como distraída. Mi hermano comentó algo, preguntó qué le pasará a Mónica. Y mamá respondió sin sacarme la vista de encima: ‘¿Cómo qué le pasa, con la hija que tiene cómo querés que esté?’. Y más cosas que me voy acordando ahora, trabajó duro para que yo saliera de esas garras."
[Sonia Tessa] Argentina. Los valientes testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado han sido, desde la recuperación de la democracia, la llave para descorrer el velo, dar dimensión del terror en el Juicio a las Juntas, buscar los intersticios jurídicos que dejaron las leyes de impunidad y los indultos y, en los últimos años, motorizar los juicios que se multiplican en todo el país. Cada testimonio revive el horror en los cuerpos de esos hombres y mujeres prisioneros del aparato represivo. Muchos relatos incluyen la violencia sexual a la que fueron sometidas especialmente las mujeres, pero también los hombres, en los centros clandestinos de detención. Claro que ponerlo en palabras fue difícil, debieron superar el espanto y la vergüenza para denunciar que los integrantes de las patotas violaban y cometían todo tipo de crímenes contra su integridad sexual. Como parte de la cotidianidad, sin recibir sanciones. Los cuerpos de las mujeres eran campos de batalla, y sumaban un estigma. Dos querellantes en la causa contra Santiago Omar Riveros denunciaron la violencia sexual que sufrieron estando desaparecidas en centros clandestinos de detención de Zárate-Campana, pero el juez federal de San Martín, Juan Yalj, decidió dictar falta de mérito a los acusados por violación por considerar que los abusos sexuales fueron "eventuales" y no merecían la calificación de crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de esa localidad confirmó la decisión. Alertadas de este fallo, las organizaciones no gubernamentales Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer (Cladem) e Insgenar (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) presentaron un amicus curiae (el dictamen de una organización "amiga del tribunal" que tiene interés legítimo probado en la resolución de la causa) ante el juzgado, en el que argumentan que la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal, y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. La sanción de la violencia sexual permitiría dar visibilidad de una práctica que se ensañó con las mujeres por haberse apartado del rol históricamente asignado.
Parte del Plan
Argentina. La Cámara de Casación Penal suspendió ayer la realización de las pruebas de ADN a los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble, contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín que había ordenado realizar "en forma inmediata" las pericias en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La medida provocó la reacción de Abuelas de Plaza de Mayo, que expresaron su "profunda preocupación" por la demora en la que incurre sistemáticamente la Justicia en la causa que intenta develar si Felipe y Marcela Noble son o no hijos de desaparecidos. El abogado de la organización, Alan Iud, sostuvo que la decisión "es una dilación incomprensible de la Justicia que ya lleva ocho años y que estaría resuelta si no fuera porque los involucrados tienen mucho poder".