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jueza debería haberse excusado


El subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Martín Gras, recordó que el coronel Luis Sarmiento era el jefe del grupo que lo torturó durante la dictadura de Lanusse. Duhalde consideró que la jueza no podía desconocer que su padre estaba siendo investigado.
Argentina. "Yo lo conocí, fui torturado por un equipo del Ejército que se identificaba como gente del II Cuerpo y Sarmiento hacía pocos meses que se había hecho cargo de Inteligencia ahí, y en las esferas de su peculiar calaña se lo conocía como ‘el mago de la picana’", dijo ayer el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Martín Gras, sobre el coronel Luis Sarmiento, investigado por delitos de lesa humanidad. Fue durante una conferencia de prensa de la que también participó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. "En lugar de excusarse cuando le tocó actuar, intervino y falló en contra del gobierno nacional. ¿Quién entonces usó los estrados judiciales para ejercer presión o represalias?", dijo el funcionario al referirse a la hija del coronel, la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento.
Gras relató que fue detenido cinco días en Rosario en 1971 y torturado por militares al mando de Sarmiento, quien "en esa época no era un anciano de 85 años sino que era un activo y emprendedor oficial jefe recién ascendido". El funcionario explicó que en mayo de 1971, durante la dictadura de Alejando Lanusse, Sarmiento fue designado jefe de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Rosario.
"Fui torturado cinco días en la Jefatura de la Policía provincial, lo cual incluyó varios simulacros de ejecución a orillas del río (Paraná), aplicación de picanas y golpes", rememoró Gras. Añadió que el padre de la jueza estudió en la "Escuela de las Américas, fue entrenado por los americanos en la técnica de terrorismo de Estado y tortura" y en la época en la que fue asignado al II Cuerpo "evidentemente estaba haciendo méritos". El funcionario lo denunció como "directo responsable" de la tortura y muerte del estudiante y militante de la JP Angel Brandazza, en noviembre de 1972 en Rosario, hecho por el cual dos policías lo señalaron como "el aplicador de la picana" al joven.
Gras dijo que más allá de que hoy "el coronel Sarmiento parece ser un anciano en silla de ruedas, lo cual evidentemente suena conmovedor" es "razonable que sea juzgado con todos los derechos y garantías en el marco del sistema legal". Pero destacó que "lo que esta gente hizo no se equipara con las detenciones que en estos momentos pueden llegar a recibir (los represores) por aplicación del Código Penal". A modo de conclusión confesó: "No me alegra, no me satisface, pero tengo que recordar que yo conocí a este hombre y su equipo de operaciones cuando no tenía 85 años. Se busca justicia sobre lo que esta gente hizo no sobre lo que es ahora".
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, acusó a la jueza María José Sarmiento de "usar los estrados judiciales para ejercer represalias", luego de que la magistrada relacionara la detención de su padre con el fallo judicial que adoptó contra el Fondo del Bicentenario. Duhalde precisó que la secretaría "está querellando al padre. Ella debió excusarse" y puntualizó que el Gobierno no había querido ejercer el dato del parentesco en su momento, porque "era ella la que debía excusarse por una cuestión de ética". El secretario agregó que la fiscal Graciela Susana Costa había pedido la indagatoria y procesamiento del coronel Sarmiento en febrero de 2008, para que responda por 43 hechos relacionados con delitos de la represión ilegal.
Según Duhalde, la jueza Sarmiento no podía ignorar que su padre estaba siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. "Ahora nos resulta más clara la arbitrariedad de las resoluciones de la jueza Sarmiento", expresó el funcionario, quien señaló además que la causa contra el militar se inició en la Justicia de Misiones en 2005 y recién en febrero de 2008 la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante para dar impulso a la investigación. "Es lamentable que (la jueza Sarmiento) critique la decisión judicial de otro, suponiendo que es una presión, una venganza, asumiendo que es un acto por otro fallo de ella de hace dos meses y no por los delitos cometidos por su padre", argumentó Duhalde. Cuando se le mencionó que la jueza dijo sentirse presionada, Duhalde ironizó: "Que vaya al psicólogo, la orden de detención contra su padre es una decisión de la Justicia, no existe el delito de parentesco".

20 de marzo de 2010
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prontuarios en misiones


Los prontuarios asolaron Misiones.
Argentina. La Procuración General de la Nación (el organismo al que pertenecen los fiscales) dio a conocer los datos centrales del caso en el que se pidió la detención de Luis Sarmiento:

- La causa abierta desde fines del año 2005. En ella se investiga la actuación de la policía de Misiones durante el terrorismo de Estado.

- Por este tema ya hay dos condenados, los ex jefes de área Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti.

- Otros tres ex policías están procesados. Se trata de Felipe Nicolás Giménez (ex comisario a cargo del departamento de Informaciones durante la dictadura), del oficial principal Guillermo Mendoza y el ex jefe de policía Carlos Omar Herrero. Un cuarto imputado, Julio Argentino Amarilla, fue detenido hace un mes y tiene su situación procesal pendiente.

- La Fiscalía Federal de Misiones pidió por primera vez la detención de Sarmiento en el último trimestre de 2006 por privaciones ilegítimas de la libertad y torturas. En ese momento, pidió además otras tres detenciones.

- El pedido de detención fue reiterado en el 2007 y en el 2008 (en dos oportunidades, en febrero y julio). Y se repitió el mes pasado.

La Secretaría de Derechos Humanos se incorporó en la causa como querellante en junio del año pasado.

20 de marzo de 2010
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impune durante tres décadas


La justicia ordenó la detención del coronel Luis Alberto Sarmiento por delitos de lesa humanidad. La fiscalía de Misiones había pedido la detención del militar a fines del 2006. Quedó libre por razones de salud. Su hija, la jueza que falló contra el DNU del Bicentenario, afirmó que la decisión es una "presión" contra ella. Aníbal Fernández dijo que eso es "un disparate".
[Laura Vales] Argentina. La Justicia de Misiones ordenó la detención por crímenes de lesa humanidad del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, ex ministro de Gobierno de Misiones durante la dictadura, aunque después de su arresto, cuando los médicos constataron que su estado de salud no le permitía declarar, el represor fue dejado en libertad. La noticia hubiera sido una más sobre los militares que están siendo llevados a juicio por terrorismo de Estado de no ser porque se trata del padre de María José Sarmiento, la jueza que en enero desató una crisis política cuando falló en contra del decreto 2010 de creación del Fondo del Bicentenario para el pago de deuda externa con reservas.
El militar vive con su hija en su departamento de Barrio Norte, al que ayer llegó la Gendarmería para cumplir con la orden de detención firmada por el juez federal Claudio Ramón Chávez. Según explicaron a Página/12 fuentes de la fiscalía federal de Posadas, la orden de arresto fue dictada para que Sarmiento respondiera "sobre los secuestros, torturas y, en el caso de las mujeres, violaciones, cometidos en el departamento de informaciones" de la policía de Misiones –que funcionó como centro clandestino de detención– mientras era ministro de Gobierno. "En ese cargo, no pudo desconocer lo que ocurría en la policía, que dependía de él. Por eso está sospechado de ser autor mediato o partícipe primario o secundario" de los hechos.
La causa abarca a 43 víctimas y tiene a otros represores con pedido de indagatoria. Un tramo del expediente fue incluso elevado a juicio oral.
Los investigadores señalaron que el coronel fue ministro de Gobierno de Misiones desde marzo del ’76 a marzo del ’77, es decir que dirigió a la policía provincial en el período de mayor represión de la dictadura. El 85 por ciento de los casos denunciados de secuestros y torturas en la provincia ocurrieron mientras él tenía a su cargo a la policía.
El pasado represivo del coronel Sarmiento no se agota en este juicio. En la nota "El mago de la picana", que este diario publicó en enero (ver página 2), Horacio Verbitsky reveló que el padre de la jueza fue señalado por dos policías como quien torturó al estudiante Angel Enrique Brandazza hasta provocarle la muerte; ocurrió en 1972, durante el gobierno de Lanusse. Sarmiento integró después la SIDE y fue además jefe del grupo antisubversivo en el Ministerio de Justicia de la Nación.

El Dato Clave
Tras la llegada de la Gendarmería a su casa, y mientras los médicos revisaban al imputado, la jueza María José Sarmiento salió a hacer declaraciones a los medios. Atribuyó la orden de detención contra su padre al fallo que dictó en enero contra el DNU de creación del Fondo de Bicentenario (ese día, la jueza también repuso en su cargo a Martín Redrado, que había sido desplazado del Banco Central con un decreto presidencial). "No hay otra causa que haya afectado tanto al Gobierno. Me parece que es muy llamativo, no voy a ser tan hipócrita de decir que no, evidentemente (el Gobierno) está relacionado" con la orden de detención, acusó en un reportaje radial.
Dijo además que se sentía presionada ("esto es una presión, pero no voy a ceder") y que la orden contra su padre le parecía algo "muy raro porque él tiene 85 años y no tuvo nunca una causa". La jueza consideró "muy llamativo que justamente ahora haya un allanamiento con detención sin saber su edad ni su estado de salud".
Sarmiento, sin embargo, estaba omitiendo un dato clave: la fiscalía federal de Misiones venía pidiendo la detención de su padre desde finales del año 2006. Dato que estaba precisado en la nota publicada en este diario y que ella misma citó al ser entrevistada en Radio 10.
Así lo aclaró la Procuración General de la Nación, al informar que el primer pedido de captura contra el padre de la jueza se realizó "en el último trimestre del 2006". En el transcurso del 2007, la fiscalía "reiteró el pedido de detención e indagatoria". En febrero y julio de 2008 insistió en reclamar el arresto, y finalmente en febrero pasado repitió el pedido con un recurso de "pronto despacho".
El avance de la causa siguió un recorrido similar al de muchos otros casos por violaciones a los derechos humanos. Su querellante es Graciela Franzen, una militante peronista que fue secuestrada junto a su hermano Arturo en mayo de 1976 y los dos torturados. Ella presentó la denuncia en 2005, tras ser derogadas las leyes de punto final y obediencia debida. En la investigación ya se procesó al ex comisario Felipe Nicolás Giménez (que estuvo a cargo del departamento de Informaciones), al ex jefe de policía de Misiones Carlos Omar Herrero y al ex oficial Guillermo Mendoza. Hay además condenados y otras personas con pedidos de detención.

"Debió Excusarse"
En este punto, desde el gobierno nacional salieron a contestar a la jueza. "El gesto que ha tenido es absolutamente antidemocrático. Sea quien fuere, familiar de quien fuere, si está en el marco de un delito de lesa humanidad tiene que ser juzgado", sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ministro rechazó que el Gobierno haya tenido que ver con la orden de detención y aclaró que "la única intervención" del Ejecutivo fue la actuación de la Gendarmería, que dio cumplimiento a la orden judicial.
Otros funcionarios, como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, avanzaron un paso más e hicieron el razonamiento contrario al de la jueza: dado que el Poder Ejecutivo impulsó el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos, lo que afectó directamente al padre de la jueza (la secretaría es incluso querellante en la causa en la que se lo investiga), ¿no debería ella haberse excusado en la causa de los DNU, en la que falló en contra el Gobierno?
La polémica, por sus alcances, seguirá en los próximos días. Por lo pronto, el arresto de Sarmiento padre pasó a ser una cuestión abstracta. Los médicos diagnosticaron que "sufre de una enfermedad degenerativa" avanzada. El juez federal Sergio Torres, quien había recibido el pedido de captura firmado por Chávez y enviado a la Gendarmería a realizar la detención, y luego a los médicos para que hicieran el chequeo, transmitió el informe de los forenses al juzgado de Misiones. Y el juez Chávez decidió levantar el arresto, la detención y dejar sin efecto la indagatoria. En Misiones dicen que en esta causa ya pasó lo mismo con otros imputados, que por su edad no pudieron movilizarse. En esos casos personal del juzgado se trasladó al domicilio de los acusados para hacer las indagatorias. Si los médicos evalúan que Sarmiento, que tiene mal de Parkinson, está en condiciones mentales de declarar, el juez podría disponer que se le tome declaración en su domicilio, lo que podría suceder el próximo lunes.

20 de marzo de 2010
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contra el tucu


Abogado de represores.
Argentina. Héctor Galarza Azzoni, defensor de los imputados Daniel Amelong, Walter Pagano y Jorge Fariña, intentó desacreditar ayer el testimonio brindando por Eduardo ‘Tucu’ Costanzo en la causa y ante distintos medios de prensa, entre ellos, Rosario/12.
El abogado alegó en defensa de los tres represores ante el Tribunal Oral Federal Nº 1. El letrado adujo ante los camaristas que "cada vez que Costanzo habló lo hizo movido por distintos intereses, entre ellos el económico", lo que disparó la reacción de la fiscal Mabel Colalongo quien lo cruzó recordándole que la fiscalía a su cargo no había basado sus acusaciones en recortes periodísticos sino en la declaración indagatoria que el propio Costanzo había hecho ante ese tribunal.
En su alegato de ayer el defensor oficial solicitó "la nulidad de la detención del imputado Fariña", y "la extinción de la acción penal por prescripción de sus tres asistidos (Amelong, Pagano y Fariña)".
El letrado requirió "la nulidad de las inspecciones judiciales realizadas en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como Quinta de Funes, Escuela Magnasco, la Intermedia y la Calamita".
En el caso de La Calamita se refirió puntualmente al recorrido que hiciera la justicia junto a Costanzo "porque fue una reconstrucción del hecho, debido al tenor de las preguntas realizadas al co-imputado Costanzo que excedieron el objeto procesal de una inspección judicial que además ya se había realizado con otra testigo-víctima Estela Maris Bunna".
En el caso de los restantes centros clandestinos de detención, Galarza pidió su nulidad porque al no haber estado presente su defendido Amelong se violó "el principio de defensa", ya que estando en el lugar podrían haber sugerido preguntas a través de su defensor. Y como Amelong no participó de las inspecciones, las mismas son nulas, argumentó.
Asimismo, Galarza Azzoni solicitó "la nulidad de las declaraciones" del "Tucu" y del ex Personal Civil de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, realizada esta última en Brasil a fines del año pasado. En el caso de Bueno argumentó que su declaración en Brasil no garantizó el derecho de la defensa de su patrocinado, porque Amelong no pudo preguntar a través de su letrado. La única forma, adujo Galarza, debió haber sido por videoconferencia. En iguales términos pidió se declare nulo el testimonio de Costanzo. "Es evidente que cada vez que habló lo hizo por un interés económico", apuntó, provocando la respuesta de la fiscalía.
El abogado valoró "las declaraciones testimoniales brindadas en la causa Guerrieri por las víctimas, familiares de las víctimas y otros testigos entre los que se encuentran los periodistas Reynaldo Sietecase y Carlos del Frade". No obstante el letrado intentó demostrar que "no serían suficientes para derribar el estado de inocencia de sus representados".

19 de marzo de 2010
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identifican cuerpo de roberto de vicenzo


Tras la identificación del cuerpo de Roberto de Vicenzo, Gustavo, uno de los hijos del militante montonero, expresó: "Siento que nos estamos encontrando con mi padre, y el día que me devuelvan los restos será un gran momento". Fue en una conferencia de los familiares del desaparecido.
la identificación de los restos de su padre, que estuvo enterrado como NN en el cementerio de Barrancas. Gustavo habló en la conferencia de prensa que realizaron ayer los familiares del militante desaparecido en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. "Siempre hemos vivido con esto, es algo que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Siento que nos estamos encontrando con mi padre, y el día que me devuelvan los restos será un gran momento", agregó. Por su parte, Ana María Moro, cuñada de Roberto De Vicenzo, consideró que éste "es un momento histórico, no solamente para la causa sino como familia, porque después de tantos años de lucha vamos a poder enterrarlo y despedirlo como él se merece, como lo que era, un gran hombre, un militante popular que tenía proyectos colectivos, que quería cambiar el mundo".
Gustavo estuvo acompañado por su hermano Darío, su abuela Noemí, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Miguel Nieva, del Equipo Argentino de la Escuela de Antropología (EAAF), José Pedraza, Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Nadia Shujman, de HIJOS, y Gustavo González, subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe. En la conferencia, Gustavo recordó que cuando se llevaron a sus padres tenía solo seis meses. "Este día, aunque sea un día triste, habrá que vivirlo con alegría porque es la recuperación de su identidad. Ya no será más un NN, hoy, ya mismo, vuelve a ser Roberto Enrique Darío De Vicenzo, militante montonero", expresó.
El hijo del militante cuyos restos fueron identificados por el EAAF junto al de Rubén Juan Forteaga -como revelara Rosario/12 el domingo pasado-, agradeció a sus padres "por haber luchado del lado del pueblo, por pensar en lo colectivo y no en lo individual, por luchar por un mundo más justo, por resistir esa feroz dictadura. Y aunque eso les costó la vida, dar la vida por los demás es de una inmensa generosidad". Gustavo agradeció también a "las Madres de Plaza de Mayo, con quienes todos los jueves nos encontramos en la plaza, con ese grupo de gente tan hermosa que se formó ahí; y a los HIJOS, que me brindaron la oportunidad de ser querellante. Al Equipo Argentino de la Escuela de Antropología Forense, por hacer ese trabajo tan importante para nosotros".
Gustavo dijo además que "el modelo económico y sus brazos ejecutores, principalmente la represión, quisieron no sólo desaparecer cuerpos de personas, sino las ideas de libertad, igualdad, de justicia, las acciones colectivas del pueblo, pero de a poco la historia fue cambiando. En casi toda Latinoamérica vemos pueblos y gobiernos que reivindican aquellas ideas".
"Especialmente acá, y a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner hizo eje de sus políticas de derechos humanos, tan ninguneada por gobiernos democráticos -continuó De Vicenzo . A partir de este cambio he podido recuperar la fe en la política, la esperanza y la alegría. Gracias a este cambio, hoy llegaron los juicios, y con ellos la investigación que hizo posible el recupero de la identidad de mi papá. No sólo él, también los hijos de desaparecidos. Ayer fue el 101, mañana será el 102, y seguiremos luchando por la verdad, la memoria y la justicia".
En tanto, Schujman destacó la importancia del hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos. "Quisieron que no los encontráramos, por lo tanto cada uno que recuperamos es una pequeña victoria. Además, en este caso es una prueba muy importante para la causa Feced, que está por empezar y en la que los hijos de De Vicenzo son querellantes", afirmó.
Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Gustavo González, dijo que la identificación de los restos de los militantes asesinados "es el resultado de un trabajo de investigación que viene desarrollando la secretaría desde 2006, y que terminó definitivamente de lograrse la exhumación allá por el 2008, y de esta manera poder ingresar dentro de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos a través del Equipo Argentino de la Escuela de Antropología Forense".

19 de marzo de 2010
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ejercicio de memoria


Seminario internacional sobre los juicios. Especialistas de diversos países debatieron sobre los juicios a los represores, las maneras de referirse a lo ocurrido en la dictadura y la importancia de conservar y otorgar significado a lugares como la ESMA.
Argentina. "Estos lugares son para el futuro de la memoria colectiva y sirven para prevenirnos de que no pase de nuevo", relató ayer Yariv Lapid en el cierre del seminario ‘Argentina: El papel de los juicios’. Es el director pedagógico del Memorial del ex campo de concentración Mauthausen en Austria y participó como invitado especial en el panel sobre "El rol de los sitios de memoria en la construcción de representaciones colectivas". Esa mesa redonda puso el broche final al encuentro que organizó la Universidad de Tres de Febrero para reflexionar sobre las consecuencias del uso de distintas calificaciones –como genocidio, crímenes contra la humanidad o Estado terrorista– en los modos de construir representaciones del pasado en la Argentina. Durante el cónclave también se analizó el papel que en ese aspecto juegan los juicios a los represores.
El seminario arrancó el miércoles. Al cabo de dos jornadas en el Centro Cultural Borges reunió a especialistas de diversos países, que aportaron una visión interdisciplinaria al debate objeto de la convocatoria.
En el último panel la discusión se centró en torno de la importancia de conservar y otorgar significado a los sitios donde funcionaron campos de concentración. Sobre el rol que estos lugares cumplen y su relación actual con la sociedad, expuso Lapid, junto al profesor Alejandro Kaufman y la coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said.
Lapid relató al cabo de su exposición los resultados de su investigación acerca del ex campo de concentración Mauthausen, hoy convertido en un sitio de memoria en Austria y del cual es director pedagógico. Remarcó que lugares como esos "son para el futuro de la memoria colectiva" y también sirven "para prevenirnos de que no pase de nuevo". Lapid destacó, además, que "no debe destruirse la complejidad" de esos sitios y reconoció que aún no han tenido éxito en la transmisión pedagógica a otras generaciones. Al respecto, explicó que las sociedades "buscan evadirse" y muchas veces con las visitas a los lugares que alguna vez fueron escenario del horror se exalta "el voyeurismo" más que una toma de conciencia colectiva.
Por su parte, Judith Said recalcó el trabajo que viene sosteniendo el Archivo Nacional de la Memoria en pos de lograr "señalizar" los lugares que constituyeron centros clandestinos de detención durante la dictadura militar y convertirlos en espacios de memoria como la ESMA o con fines sociales en el resto del país. "Tienen que ser un lugar de enseñanza", subrayó.
Durante la jornada de ayer también se habló de la utilización de diversas calificaciones jurídicas y sus consecuencias durante los juicios que se llevan adelante en el país por crímenes de lesa humanidad. De las mesas de debate participaron Carlos Slepoy, abogado querellante de las causas en Madrid por crímenes cometidos por la dictadura argentina, y el juez federal Daniel Rafecas. También hubo presencia de docentes, ex detenidos-desaparecidos, investigadores y representantes de organizaciones de derechos humanos.
La palabra "genocidio" atravesó todos los discursos como un término inequívoco que describe los crímenes perpetrados en nuestro país. Aun así concluyeron que durante los juicios quedó en evidencia que no todos los tribunales comparten la misma forma de denominar los hechos que están juzgando.
La sociedad argentina atravesó instancias –históricas y simbólicas– como la equiparación de responsabilidades entre víctimas y victimarios, la impunidad, el intento de negación y olvido de los crímenes, hasta estar hoy frente a los juicios contra quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos. En ese marco, las primeras reflexiones de la conferencia giraron en torno de los procesos de memoria y la representación, a través de Gianni Tognoni (secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Milán), junto a Daniel Feierstein (Centro de Estudios sobre Genocidio de la Untref) y Alexander Hinton (Centro de Estudios sobre Genocidio, Rutgers University), entre otros.

Informe de Gabriel Morini.

19 de marzo de 2010
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díaz bessone seguirá preso


General genocida había pedido su excarcelación.
Argentina. La Cámara Federal de Paraná rechazó un pedido de excarcelación del ex comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, quien deberá continuar detenido mientras es juzgado en la megacausa Area Paraná, en la que se investigan una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El segundo cuerpo del Ejército tiene sede en Rosario y jurisdicción sobre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. A Díaz Bessone se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en 44 oportunidades. También está acusado de la imposición de tormentos en 30 casos, del homicidio calificado de Juan Alberto Osuna y de las desapariciones de Victorio Erbetta, Claudio Fink y Carlos Fernández.
Los jueces Daniel Edgardo Alonso, Aníbal María Ríos y Gustavo Alfredo Ibáñez consideraron que los delitos que se le imputan ya eran calificados de lesa humanidad en la época en que fueron cometidos y por lo tanto "gravísimos". El ex jefe militar tiene prisión domiciliaria. Su abogado defensor había pedido la excarcelación argumentado que no hay riesgo de fuga y que el militar tiene derecho a esperar la sentencia en libertad.

19 de marzo de 2010
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chacal lamenta no haber seguido matando


El ex jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2, Jorge ‘Tigre’_Acosta admitió que en la ESMA había detenidos. El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido "dejar gente viva". Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.
[Diego Martínez] Argentina. El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como "un combatiente". No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que "jamás buscó la muerte", aunque admitió "algunas causadas por mi accionar militar". No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que "uno de los grandes problemas" de la conducción naval tras el retorno democrático fue "haber dejado gente viva". "La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano", alertó, y para conocer "la verdad" aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.
Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. "Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho", dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para "amar terriblemente a los chicos" de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en "una concepción cristiana: amar hasta que duela". Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y "no tengo ningún otro apodo", aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: "¡Tigre!".

–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.
–Afirmativo.

Acosta admitió su "actividad antiterrorista" entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y "acostados en el asiento de atrás", y explicó que "actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate".
La declaración comenzó con un "absoluto homenaje" a las víctimas de "los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos". Acosta admitió que "algunas" muertes fueron "causadas por mi accionar militar", pese a que "la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte". Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses "estaba convencido de que esta guerra había terminado" pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda ("la lucha no terminó"), del músico Andrés Calamaro ("los represores de la ESMA tendrían que estar muertos", dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.
"¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?", planteó con humos de filósofo. "La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta", advirtió.
Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. "Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Righi abrieron las puertas de la cárcel", liberando a "jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra", dijo. Agregó que "se aglutinaron en la patria socialista", admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en "la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina". Desatada "la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista", admitió. "Estalló la guerra", dijo, y para justificar el golpe invocó "la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad".
Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. "Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas", resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. "Uno de los grandes problemas" que se planteó la Armada en democracia fue "haber dejado gente viva", admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Massera. "No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito", dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.
"Me niego a aceptar los hechos", dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. "Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción", afirmó como quien devela un secreto de Estado.
Por último denunció "una persecución política-jurídica desde hace tiempo" y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. "Entre la guerra y la paz, propongo la paz", dijo. Y "si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad", el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: "La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate".
A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, "terroristas que pretenden ensuciar a la Armada", y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.

–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.
–Negativo, señor.

19 de marzo de 2010
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