argentina

queja por indulto a martínez de hoz

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El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, presentó un pedido de "pronto despacho" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requiriéndole se pronuncie acerca de la inconstitucionalidad del decreto firmado por Carlos Menem que indultó a José Alfredo Martínez de Hoz.

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Argentina. La inconstitucionalidad fue decretada en primera y en segunda instancia y tuvo ingreso en la Corte hace un año y medio, el 4 de julio de 2008, siendo girada a la Procuración General de la Nación, que emitió su dictamen el 26 de junio de 2009, fecha desde la cual la causa está en condiciones de ser fallada, explicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Para Duhalde, "resulta inexplicable la demora judicial en el caso Martínez de Hoz, teniendo en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado en otros casos similares en materia de indultos. Hay delitos de lesa humanidad, imputados al superministro del terrorismo de Estado, cuya investigación no puede prosperar por la tardanza en resolver de la Corte".
Martínez de Hoz debe responder por la detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, a quienes se secuestró para obligarlos a firmar un convenio con empresarios de Hong Kong en el cual el ministro de Economía estaba personalmente interesado.
Además debe responder por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la estatización de la Italo.

23 de marzo de 2010
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marcela y felipe son hijos robados

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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, definió por primera vez como "apropiados" a Marcela y Felipe Herrera de Noble, hijos adoptivos de la directora del grupo Clarín. "Estamos hablando de apropiación. Son prisioneros de la impunidad, que pasa por la práctica de la Justicia", explicó. La organización presentó un recurso para rechazar el pedido de suspensión del cotejo de ADN.

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Argentina. "Ya hablamos de apropiados por el tiempo pasado. En ningún otro caso ha pasado esta dilación. No explicaron el porqué", sostuvo Carlotto en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el abogado de la organización Alan Iud, Aída Kancepolski Rosenfeld, Abel Madariaga y el legislador Juan Cabandié, nieto de desaparecidos.
Es la primera vez que la organización de DDHH habla de "apropiados" al definir el carácter de la relación entre Ernestina Herrera de Noble y los dos jóvenes adoptados.
El abogado Iud informó además que hoy las Abuelas presentaron un recurso de "pronto despacho" ante la Cámara de Casación para rechazar el pedido de suspensión del cotejo de ADN y para que se realice la comparación de las muestras genéticas con las del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Según el representante de las Abuelas, la Cámara podría expedirse el próximo jueves y, en el caso de que no hiciera lugar a la solicitud de la organización de DD.HH., ésta podría ir en queja ante la Corte Suprema.
Carlotto manifestó también que "el poder de Noble sobre sus hijos está perturbando" el desarrollo de la causa judicial.
"Si fueran hijos de desaparecidos, van a seguir siendo lo que son. Nada va a cambiar en la herencia. Lo que va a cambiar es que la sangre que corre por sus venas no es la que creen", señaló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Estamos hablando de apropiación. Son prisioneros de la impunidad, que pasa por la práctica de la Justicia", añadió, y consideró que los jueces merecen una sanción. "Yo denuncio a la Justicia por corrupta e injusta. ¿Adonde quieren llegar?", acusó.
Frente a la serie de impedimentos de tipo procesal que ejercen los abogados de la directora del Grupo Clarín, Carlotto expresó "ojalá que el día que encuentre a mi nieto, no pase esto".

23 de marzo de 2010
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derechos, modelo para armar

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Un inédito manual de derechos humanos para organizaciones sociales. Qué hacer frente a una conducta policial abusiva, cómo llevar adelante una protesta, de qué manera apropiarse de la ciudad. El derecho a tener derechos propone buscar estrategias colectivas ante la vulneración de derechos sociales.

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Argentina. No es un manual cualquiera: es un manual de derechos humanos para organizaciones sociales. No es un manual hecho sólo por profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): es un manual nacido del diálogo con las organizaciones de base, que en el devenir diario muestran que derechos como a la alimentación, la vivienda digna y el trabajo no se cumplen. "La idea es partir de una situación problemática para la gente, revisar los derechos y establecer las estrategias para alcanzar un objetivo de cambio", explicó Gabriel Appella, coordinador del proyecto. El derecho a tener derechos es el nombre del manual y del programa universitario que un abogado, un comunicador social y una geógrafa llevan adelante desde 2006 con el objetivo de agregar nuevos ejes de discusión en las organizaciones sociales y generar estrategias de lucha bajo dos premisas: "El derecho a la protesta es el primer derecho" y "Sin organización colectiva no hay derechos".
La experiencia comenzó con talleres de capacitación para los referentes de organizaciones sociales de las localidades de Berisso, La Plata y el conurbano bonaerense que realizaba ad honorem un grupo de estudiantes y profesores universitarios, por iniciativa de los actuales coordinadores del programa, que además son militantes en el Frente Popular Darío Santillán y el Centro de Investigación y Acción Jurídica. Luego de tres años de trabajo militante, en 2009 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP decidió incorporar los talleres como parte de los programas de extensión universitaria.
Para entonces, "el derecho a tener derechos" ya tenía en la calle la primera edición del manual (publicado por Editorial El Colectivo) que reunía la experiencia de debate entre lo académico y lo barrial. "El proyecto permite acercar al estudiante a las problemáticas sociales que desde carreras como la de Derecho se miran desde una perspectiva en la que el principal afectado está ausente", resaltó Esteban Rodríguez, abogado, docente y coordinador del programa que tuvo sus orígenes en una cátedra sobre "criminalización de la pobreza y la protesta".
Las preguntas surgidas al calor del debate abrieron varios ejes: derecho a la protesta, derechos frente a las prácticas abusivas y violentas de la policía y derecho a la ciudad. Esas problemáticas luego se transformarían en capítulos y a la hora de la publicación se sumaría uno más: comunicación comunitaria. "El abordaje comunitario del manual intenta ser una herramienta de mediación en los problemas y permitir la construcción de una solución colectiva entre organizaciones de derechos humanos, territoriales y una efectiva transmisión de los contenidos del manual por parte de los referentes en el barrio", indicó Appella.
Los cinco capítulos del libro resumen problemáticas concretas, brindan recursos legales, divulgan documentos elaborados por otras organizaciones y recogen el aporte de las experiencias barriales en recuadros denominados "qué hacer", algo así como una solución colectiva para la ausencia de derechos cotidiana.
"El manual no tomó como punto de partida el deber saber: ‘Vos tenés derecho a...’. No apuntamos a esa mirada del derecho porque trabajamos con organizaciones sociales que vienen cargando faltas concretas frente a los intereses de los sectores que los recluyen a la vulnerabilidad. Lo que se busca es que cada organización debata qué se puede hacer frente a las problemáticas y generar acciones colectivas", resumió el abogado.
Con el manual editado y distribuido entre más de 300 organizaciones de base, sindicales y bibliotecas populares en todo el país, el trabajo continúa. "No es sólo entregar el manual y que se arreglen sino que, con un trabajo y acompañamiento, hay que apuntar sobre qué problemática del barrio se va a trabajar con el manual. Los ejes que acercamos lejos están de abarcar todas las problemáticas y tampoco dan soluciones. El manual viene a insertarse en una dinámica existente en las organizaciones para aportar nuevas miradas", explicó Mariana Relli, geógrafa y coordinadora del programa.
Bachilleratos populares y docentes de nivel secundario llegaron a utilizar material del manual, que inicialmente no estaba preparado para esos espacios. Tampoco se esperaba trascender la frontera, pero la edición llegó a países como Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela y México. "El material tiene distintas formas de apropiación porque el manual se debe completar en el uso, según las problemáticas que vive cada organización", advirtió Appella.

Informe de Nahuel Lag.

22 de marzo de 2010
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ardió baradero

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La muerte de dos chicos accidentados en una moto derivo en una pueblada y la quema de la municipalidad. Dos chicos que viajaban en moto colisionaron con una camioneta de inspectores de tránsito. La gente denunció que los estaban persiguiendo para sancionarlos. Después se desató una pueblada, quemaron la camioneta, la Intendencia y varios edificios.

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[Horacio Cecchi] Argentina. A las 6 de la mañana, la ciudad de Baradero, en el norte bonaerense, se transformó en una sumatoria de absurdos previsibles. Una parejita de adolescentes, de 16 años, que viajaba en una Gilera y sin casco, colisionó contra una camioneta Ford F-100 del cuerpo de inspectores de tránsito de la Municipalidad. La chica, Giuliana Giménez, murió en el acto. El chico, Miguel Portugal, falleció cuando llegaba al hospital. Las primeras versiones denunciaban que la moto era perseguida por los inspectores que intentaban sancionar a los chicos porque no llevaban casco. Las versiones fueron cargadas sobre los hombros de una pueblada, con motivaciones difíciles de discernir, pero que terminó con el incendio casi total de la Municipalidad y el ataque a otros edificios. Entre los absurdos a contabilizar figura la destrucción de la principal prueba para encontrar la demandada justicia: la camioneta municipal fue completamente incendiada y los bomberos, impedidos de acceder al lugar luego. Fuentes judiciales confiaron a este diario que, absurdamente, hasta ayer los únicos testigos presenciales presentados a declarar desmentían la persecución. La causa, por el momento, fue considerada como un doble homicidio culposo, con responsable(s) a definir recién cuando surjan otras pruebas que hayan sobrevivido a su reclamo. Los inspectores fueron demorados y liberados. A última hora, los concejales de la oposición intimaban al intendente a tomar medidas o a renunciar.
Durante la mañana de ayer, alrededor de las 6, la esquina de las calles Gallo y Anchorena fue escenario de una tragedia que terminó en pueblada, muchedumbre o grupo enardecido, según el punto de vista de quien lo narre. Miguel había pasado a buscar a Giuliana por su casa el sábado, con su motito Gilera. De allí fueron al cumpleaños de una amiga, una fiesta de disfraces, de donde luego, según el relato de sus compañeros, pasó a dejar la moto en la casa de un amigo, fueron a un boliche y ya pasada la madrugada volvieron a la casa del amigo en busca de la Gilera. Ya montados sobre ella, Miguel apuntó hacia la casa de Giuliana. En el camino, no está claro si por Anchorena o Gallo, ocurrió la colisión, a las 6 de la mañana, que finalmente derivó en la muerte de ambos.
La Gilera embistió o fue embestida por la camioneta Ford F-100 int. 224 de la Dirección de Tránsito municipal, tripulada por los inspectores Jorge Micussi y Luciana Romero. Ninguno de los chicos llevaba casco. En la caída, Giuliana murió al golpear su cabeza contra el pavimento. Miguel fue trasladado al hospital y falleció más tarde. A partir de allí se sucedió un cúmulo de versiones a cual más incierta, versiones que fueron inflamando ánimos hasta desatar una suerte de pueblada, corta pero violenta.
Se hablaba de una persecución de los inspectores que intentaban detener a la parejita para sancionarla y retirarle la moto por falta de casco. Incluso el padre del chico sostuvo públicamente, la tarde de ayer, que había trabajado en el equipo de inspectores hacía tres años, y había renunciado por la violencia con la que los empujaban a perseguir a los chicos (ver recuadro). Se hablaba de que los inspectores en la persecución habían tocado la rueda trasera de la moto, desestabilizándola. También se dijo que luego de la colisión dieron la vuelta a la manzana, "hicieron como si recién llegaban y descubrían a los chicos", según interpretaron en una de las versiones. Y también se decía que habían bajado de la F-100, habían llamado por celular después de estacionar la camioneta perpendicular contra una vereda, sobre Gallo. Incluso se mencionó que había un ciclista herido.
Las versiones abundaron, pero ninguna se había hecho eco, hasta la noche de ayer, ante la investigación que lleva adelante el fiscal de San Pedro, Marcelo Manso. Según confió un investigador a este diario, "el único dato concreto que pudo recoger el fiscal es el de cuatro testigos que iban en un auto, atrás de la camioneta de los inspectores. Dos de esos testigos no vieron nada porque uno dijo que estaba durmiendo y el otro no prestó atención. Los otros dos fueron coincidentes en que no vieron ninguna persecución. Dijeron que la camioneta avanzaba por una calle y la moto por la otra. Lo que se está investigando es si alguno de los dos conductores había violado alguna norma, como la velocidad, por ejemplo. Alguno de los dos, o los dos. Eso no se sabe. El fiscal ya pidió que se realizaran muestras para los peritajes toxicológicos y de alcohol en sangre. Para los dos conductores, y la jovencita fallecida".
Una prueba clave, que determinaría la posible responsabilidad del inspector que conducía, no pudo ser levantada. El motivo es tan sencillo de explicar como inexplicable. La camioneta fue incendiada en reclamo de justicia. El reclamo se extendió prendiéndole fuego a la Municipalidad, al Registro Civil, al Juzgado de Faltas, una oficina del Instituto de Obra Médico Asistencial, y a la casa de los abuelos de Pablo Scarfoni, titular de la Dirección General de Inspección y Seguridad, a esa altura ubicado en el ojo de la tormenta tanto como el intendente Aldo Carossi.
Mientras canales como TN anunciaban un volcán en erupción, y había alrededor de 2 mil personas levantadas en un reclamo popular, una fuente judicial indicó que "no eran más de 200 personas". Desde la jefatura platense, el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, envió refuerzos de infantería y caballería después de que la policía local se viera "desbordada" y los bomberos, imposibilitados por grupos de manifestantes. Más tarde, cuando los ánimos se habían apagado con ayuda de una tormenta, Carossi respondía en una suerte de conferencia de prensa sobre las cenizas de su despacho. "Tiene que investigar la Justicia", sostuvo Carossi, mientras intentaba apuntalarse contra la acometida de los micrófonos de la TV, que avanzaban con preguntas sobre el estado procesal de los inspectores, con un insidioso hincapié en que habían sido liberados, mientras en off los relatores documentaban el incendio de la Municipalidad, cuestionaban moralmente el vandalismo del incendio, y lo transformaban en un curioso giro moral de vandalismo justiciero.

Informe de Nahuel Lag.

22 de marzo de 2010
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diez testigos contra barcos

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Diez testigos citados para declarar en causa contra espía del ejército.

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Santa Fe, Argentina. Diez testigos fueron citados esta semana en el juicio oral al ex PCI del Ejército, Horacio Américo Barcos, acusado de integrar un grupo operativo que secuestró a Amalia Ricotti y a su ex esposo ya fallecido, José Alberto Tur. Hoy deberán declarar el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, José Manuel Benvenutti; el periodista Rogelio Alaniz y el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann.
Mañana, le tocará a otro PCI, César Luis Frillocchi, amigo de Barcos, que ya declaró como testigo en la causa, en la etapa de instrucción, el 9 de junio de 2006, pero antes de que el juez federal Reinaldo Rodríguez supiera que él también había sido agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122. Luego, lo harán Stella Maris Ricotti, prima de Amalia, y el médico psiquiatra Carlos Alberto Spitzer
Las testimoniales seguirán el jueves con los esposos Daniel García y Alba Sánchez, que también estuvieron secuestrados en 1978; Santiago Deheza y Hernán de la Peña. El Tribunal Oral que juzga a Barcos tiene previsto escuchar los alegados de las partes entre lunes 29 y martes 30: Y el miércoles 31 de marzo se conocerá el veredicto.

22 de marzo de 2010
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rata con tres alias

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Muy mencionado por testigos y querellantes. Tenía tres alias: Lolo, Turco, Vicente.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El PCI del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque fue uno de los más denunciados en el juicio que condenó a seis represores a penas de 23 a 19 años de prisión, entre ellos el ex juez Víctor Brusa, en diciembre último. Cuatro testigos lo acusaron por tormentos, traslados, un atentado con explosivos y operar una central de inteligencia a pocas cuadras del Batallón de Ingenieros Anfibios 601 de Santo Tomé.
Hauque ya había sido señalado en 1984, ante la Conadep, como integrante del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe que operaba en los centros clandestinos de detención. "El sargento primero retirado Hauque, alias El Turco o El Lolo, que vive en Santo Tomé", lo identificó Roberto Fermín de los Santos. Pero en el juicio a Brusa y compañía lo apuntaron varios testimonios:

-El ex detenido Alejandro Faustino Córdoba dijo que en noviembre de 1976 lo trasladaron desde la comisaría 4ª de Santa Fe hasta la Base Aérea de Reconquista, junto con un compañero, Alcides Scheneider. Los llevaron "en un Renault 12, que conducía una persona de cabellos ondulados, robusta, que probablemente haya sido Hauque". Adelante iba a otro represor joven que no pudo identificar y en el asiento de atrás, él y Schneider, sin vendas y con un bidón de combustible en el medio.

-Otro testigo, Roberto Jorge Cepeda, dijo que a él también lo trasladaron desde el centro de exterminio Campo La Rivera, en Córdoba, hasta la comisaría 4ª, en Santa Fe, a bordo de un Renault 12. Fue en junio de 1977. "El que conducía el vehículo era un represor y torturador al que le decían Lolo, o Tío, de apellido Hauque, Y el jefe del traslado un capitán del Ejército, Morales". Hoy, uno de los detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores es el teniente coronel Manuel Morales, que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122.

-El 23 de marzo de 1977, Silvia Abdolatif tenía 20 años y un hijo de 9 meses cuando una patota de la dictadura asaltó su casa. La amenazaron con matar a su bebé al que apuntaban con un arma en la cabeza. En la puerta, esperaba un Peugeot 504 blanco, donde la llevaron en el asiento de atrás. Uno de los que iba al lado, le dijo: "Turquita, a mí me dicen Turco como a vos". El mismo apodo de Hauque que después volvió a escuchar en el centro clandestino.

-El comisario Avelino Canteli también denunció a Hauque y a otro imputado en el juicio que murió impune, Nicolás Correa, que también figura en la lista de los PCI del Destacamento de Inteligencia 122. "Correa y otro delincuente Hauque me pusieron una bomba. El le dio la orden a Hauque, pero gracias a Dios, la bomba no explotó. A mi mujer y a mi hija les agarró un ataque de pánico" que les dejó secuelas hasta hoy, dijo en el juicio a Brusa, el 25 de noviembre de 2009.

-El periodista José Luis Pagés publicó el 4 de noviembre de 1998, en El Litoral, una investigación sobre "La casita del Lolo". Una central de inteligencia de la dictadura que estaba en la esquina de Mitre y Roverano, a 200 metros de los cuarteles de Santo Tomé. El Lolo era Hauque, "uno de los que capitaneaba la represión en la zona. Muchas personas me hicieron referencia a la casa de Hauque en Santo Tomé. Los testigos que entrevisté me comentaban que todas las noches (en esa casa) se escribía a máquina, que tenía las ventanas tapadas con diarios. También me dijeron que algunas noches sacaban armas envueltas, mochilas o equipos de comunicación", relató el periodista.

22 de marzo de 2010
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otro represor con nombre y apellido

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Identificaron a uno de los PCI que secuestraron a José Tur y Amalia Ricotti. Una querellante del juicio contra Horacio Barcos no dudó en señalar a Eleodoro Jorge Hauque como uno de los integrantes de la patota. "Es Vicente", lo identificó por su nombre de guerra. El torturador murió impune hace unos años.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Amalia Ricotti reconoció a otro integrante del grupo de tareas que la secuestró en mayo de 1978 junto a su ex esposo, José Alberto Tur y los sometió a torturas y vejámenes en un centro clandestino al que llamaban "Fábrica" aún no localizado y que después de dejarlos en libertad los siguió controlando y vigilando. "Sí, ese es ’Vicente’", dijo cuando Rosario/12 le exhibió la fotografía del ex suboficial del Ejército, Eleodoro Jorge Hauque, que ilustra esta nota. Hauque operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe como Personal Civil de Inteligencia (PCI), cumplía un rol clave en el aparato represivo de la dictadura y sus víctimas lo mencionan también con otros apodos que utilizaba en el circuito represivo: "Lolo" o "Turco". Murió impune hace algunos años, y si nunca fue investigado por la justicia, su identificación es un avance de la memoria histórica.
"Si, este es ’Vicente’. No tengo dudas", precisó Amalia cuando este diario le mostró la foto de Hauque al salir de una audiencia en el juicio a otro PCI, Horacio Américo Barcos, el primero de los integrantes de la patota que ella identificó por su apodo: "Quique" y luego por su nombre y apellido. Barcos era un agente civil del Ejército que operaba encubierto en el ámbito gremial y en el sindicato de los obreros de la construcción (Uocra). El Tribunal Oral de Santa Fe lo juzga por "la privación ilegítima de la libertad y tormentos" al matrimonio Tur Ricotti.
En el juicio a Barcos, Amalia dijo que el grupo de tareas que la secuestró estaba integrado por "entre diez y quince" represores. Sólo pudo identificar a cinco. A uno por su nombre (Barcos que era "Quique"). Y a los otros cuatro por sus alias: "Oca" (que la custodiaba en el centro clandestino junto con "Quique"), "José" (un ex montonero quebrado que colaboraba con la represión ilegal), "Carlitos" (que "era el jefe de todos ellos") y "Vicente" (que después de la liberación pasó a controlarla en la calle y hasta intentó propasarse con ella).
Ricotti ya había señalado a Hauque ante la justicia hace dos años. El 29 de mayo de 2008 participó en un reconocimiento de personas en una galería fotográfica. El juez federal Reinaldo Rodríguez le exhibió 29 fotos y Amalia identificó dos: la número 22 que era la de Hauque y la número 12 que era de otro PCI, César Luis Frilocchi, quien el martes está citado a declarar como testigo en el juicio a Barcos. La identificación de dos PCI en una serie de 29 fotos de la época permite deducir que entre las 27 restantes también podría haber más soplones de la dictadura.

En realidad, el juez Rodríguez desdobló las investigaciones. Elevó a juicio oral la que involucra a Barcos, pero siguió con la que apunta a develar la identidad de los otros secuestradores de Tur y Ricotti. Y fue en esa segunda causa, y en la audiencia del 29 de mayo de 2008, cuando Amalia identificó a Hauque como uno de sus verdugos. "Presenció y actuó durante los interrogatorios", en el centro clandestino, dijo. "Tanto él como Barcos me exigían favores sexuales a cambio de mejorar la situación de mi marido que estaba siendo brutalmente torturado, encontrándome en una situación de sometimiento total", precisó.
Tur y Ricotti fueron secuestrados el 16 de mayo de 1978. Los liberan el 31 de mayo, pero siguen bajo el control de la patota. "Recibimos consignas y órdenes expresas que debíamos cumplir bajo amenazas de muerte para nosotros y nuestros familiares. Nos decían qué teníamos que hacer una vez liberados", relató Amalia. Una de las personas que impartió esas "órdenes" fue Hauque, quien la siguió hostigando. La llamaba por teléfono o le aparecía "en forma imprevista". "A mí me daba mucho terror", dijo en el juicio a Barcos. Hasta que una mañana cuando iba a su trabajo, Hauque intentó propasarse con ella. La tomó del brazo y la metió en un vehículo. "Pensé que la única opción que tenía era matarme y me tiré del auto en marcha. Tuve una crisis nerviosa. Él me decía: ’a mí también me están controlando’".

¿Ese tal Vicente también estaba en el centro clandestino dónde estuvo usted? le preguntó la abogada querellante Zulema Rivera.
Sí -contestó Amalia.

Y después de ese incidente en el auto, ¿lo volvió a ver?
No hubo otro encuentro, pero lo volví a ver, siempre de civil -agregó.

El 21 de noviembre de 2006, el Ejército informó al juez Rodríguez que Barcos había operado como PCI desde el 1º de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997. Y el 24 de abril de 2007, le envió una nómina con los cincuenta PCI que prestaban servicio en el Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe en 1978, cuando estuvieron secuestrados Tur y Ricotti. Un dato llamativo: en la lista del Ejército, Hauque aparece dos veces con distintos números de orden: 20 y 21, pero con el mismo nombre y el mismo documento de identidad: 6.201.556.
A mediados de febrero pasado, la revista Ventitres publicó un documento histórico: la lista de militares y civiles que integraron el aparato de inteligencia de la dictadura, entre 1976 y 1983. Y el nombre de Hauque vuelve a figurar dos veces: entre los PCI que integraron el Batallón de Inteligencia 601 como "agente de recolección de datos" (producción) y en la nómina de quienes prestaron servicio del Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe.

22 de marzo de 2010
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revuelta en baradero

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Tras la muerte de 2 jóvenes, hubo protestas y destrozos, Baradero se transformó en la ciudad de la furia. Dos adolescentes murieron cuando la moto en la que se movilizaban fue embestida por un móvil de tránsito municipal que aparentemente los perseguía por una infracción vial. Al conocerse la noticia, vecinos y amigos de los fallecidos se movilizaron por la ciudad e incendiaron varios edificios públicos.

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Argentina. Unos dos mil vecinos de Baradero protagonizaron graves incidentes, que incluyeron el incendio de la municipalidad y destrozos en otros inmuebles, al protestar por la muerte de dos adolescentes que fallecieron cuando la moto en la que viajaban fue embestida por una camioneta de inspección de tránsito de la comuna.
Los manifestantes prendieron fuego también otros edificios públicos y el vehículo municipal, por lo que el intendente de la ciudad, Aldo Carossi, pidió "que impere la cordura y responsabilidad de la sociedad para calmar el tema y que no se destruyan más inmuebles de la ciudad".
Fuentes policiales dijeron que el accidente vial ocurrió a las 6 de hoy, en el cruce de Gallo y Belgrano, a unas cinco cuadras de la plaza principal.
En ese intersección, los adolescentes, una mujer y un varón de unos 16 años, eran perseguidos por la camioneta municipal, al parecer, por circular sin usar cascos.
Producto del choque, la mujer falleció en el acto y el otro adolescente resultó con graves heridas, por lo que fue trasladado al hospital de la ciudad, donde perdió la vida.
Poco después, amigos y familiares de las víctimas incendiaron la camioneta municipal que había sido abandonada en el lugar por sus dos ocupantes, inspectores de la comuna, quienes fueron detenidos poco después de manera preventiva.
Los manifestantes impidieron durante unos minutos que una dotación de bomberos extinguiera el fuego y cambiaron de actitud al ser convencidos por los socorristas de que las llamas podían extenderse a un local comercial.
Otros habitantes de Baradero se sumaron a media mañana a la protesta de familiares y amigos de las víctimas, para incendiar luego la Municipalidad, el Concejo Deliberante, el Registro Civil, el Juzgado de Faltas y una oficina del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), además de provocar destrozos en el inmueble de la radio FM El Tiempo.
Poco después, arribaron a la ciudad bonaerense socorristas de Bomberos Voluntarios de San Pedro para reforzar la tarea de sus colegas locales frente a los múltiples focos ígneos.
Por su parte, el intendente admitió el "desborde" de la protesta y pidió en declaraciones a la prensa "que impere la cordura y responsabilidad de la sociedad para calmar el tema y que no se destruyan más inmuebles de la ciudad".
El jefe comunal, además, advirtió que "tiene que investigar la Justicia" la causa del siniestro vial.
Al mediodía, una gran cantidad de policías arribó a Baradero para ayudar a los efectivos locales a contener a los pobladores que protestaban con violencia.
El jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, sostuvo que tuvo que ordenar el desplazamiento de "refuerzos para contener la situación para colaborar con autoridades y recobrar la tranquilidad pública".
Poco antes de las 13.30, los manifestantes comenzaron a regresar a sus respectivos hogares, en medio de una lluvia intensa que contribuyó a extinguir los incendios.

22 de marzo de 2010
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