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en un lugar impensado

mqh - 08 de noviembre de 2009 - 02:02 - argentina

Búsquedas de familiares de victimas.

Argentina. Ayer por la tarde, tras la declaración de Olga Moyano por la mañana, continuó la etapa de declaraciones de lo sucedido en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Fabrica Militar de Armas ‘Domingo Matheu’ Ov Lagos al 5200 durante la última dictadura militar; en el juicio a los represores que se sigue en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940).
La audiencia de la tarde se inició a las 17 y hubo dos declarantes: Ricardo Moyano hermano de Olga Moyano y que se intercambiara cartas cuando ella estaba detenida en el Comando del Ejército 121 y Celso Rivero, hermano de Juan Rivero, cuya declaración reveló dos entrevistas con el director de la Fábrica Militar Enrique Jordana Testoni en momentos en que Juan estaba detenido ilegalmente.
Ricardo Moyano relató que cuando Olga desapareció, él estaba haciendo el servicio militar en Santo Tomé y empieza a tomar contacto con ella cuando es trasladada al 121, donde pudo visitarla en dos ocasiones.
El testigo recordó que fue "trasladado a Río Gallegos por el inminente conflicto limítrofe con Chile por el Canal de Beagle y siguió en contacto con su hermana mediante cartas". El testigo mencionó que "el tiempo que Olga estuvo detenida en Fábrica Militar no supimos nada de ella".
El ultimo en dar su testimonio fue Celso Rivero, hermano de Juan, que anteayer debió interrumpir su testimonio por un problema de salud, pero podrá volver a hablar frente al Tribunal en una semana. Celso contó la entrevista que mantuvo con el entonces director de la Fábrica Militar, Jordana Testoni, cuando su hermano fue privado ilegítimamente de la libertad.
Celso mencionó "haber recorrido distintos lugares cuando a Juan lo secuestraron". Y fue "en la comisaría 18 donde le dijeron que preguntara en la Fábrica Militar". El hermano de Juan Rivero, por ese entonces, trabajaba como operario en dicho lugar. El testigo indicó que tuvo dos encuentros con Jordana Testoni. En una primera instancia, el militar lo recibió gritándole que su hermano es un terrorista pero no mucho más de eso.
En una segunda oportunidad según Celso , el director de la Fábrica le menciona "que Juan está vivo". "Lo que no sabía Celso era que Juan estaba precisamente en ese lugar", relató, una vez finalizado el debate la abogada querellante Daniela Asinari.
"La verdad es que Juan nunca me dijo que había estado detenido a sólo cinco cuadras de casa, no lo dijo cuando lo fuimos a ver al 121, ni en Coronda. Recién cuando regresó a casa en diciembre de 1982 nos contó a la familia donde había estado secuestrado", indico Celso.
"Juan recordó claramente cada ruido en el barrio", contó Celso, quien también aclaró que por más que fuera empleado, no tenía acceso a otros sectores de la fábrica. "Nunca íbamos a ningún otro lugar que no fueran los talleres. El sector donde tenían a los detenidos estaba a varias cuadras", concluyó.
Para la audiencia de hoy está prevista la declaración de otros tres testigos: Ariel Alejandro Rivero, Guillermo Germano e Inocencia Deharbe.

7 de noviembre de 2009
4 de noviembre de 2009
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otra identidad recuperada

mqh - 04 de noviembre de 2009 - 16:49 - argentina

Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron el caso de Martín Amarilla-Molfino, el nieto restituido número 98. Es el hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, dos militantes montoneros secuestrados durante la contraofensiva que permanecen desaparecidos. Fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército.

[Alejandra Dandan] Argentina. Cuando alguien le preguntaba por el padre, Martín escondía las fotos. Decía que era un oficinista. Y jamás mostraba aquellas en las que aparecía con el uniforme militar. El hombre, un agente de inteligencia del Ejército, murió cuando él cumplió quince años. A partir de entonces, Martín empezó a sospechar de algunas verdades de su vida. Se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo hace dos años para averiguar si era hijo de desaparecidos, pero la primera búsqueda no dio resultados positivos. Su madre dio a luz ocho meses después del secuestro, su cuerpo desapareció y su familia nunca pudo avisar del embarazo. Un testimonio reciente de un "arrepentido" le permitió a las Abuelas continuar con la búsqueda y enlazar la historia de Martín con sus padres Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, dos militantes Montoneros, secuestrados en octubre de 1979, hoy desaparecidos. Las Abuelas de Plaza de Mayo ayer presentaron la historia de su restitución, la número noventa y ocho. Anoche, Martín Amarilla Molfino fue recibido por la presidenta Cristina Kirchner en su despacho.
"Martín nunca había visto fotos del embarazo de la supuesta madre y eso empezó a provocarle algunas dudas", cuenta Donato Amarilla, hermano del padre de Martín, poco después de la conferencia de prensa, ofrecida por Abuelas en la sede de la organización. "A los quince años, más o menos, empezó a buscar fotos y después, al mirar la partida de nacimiento, cayó en la cuenta de que la señora en cuestión tenía más de cincuenta años cuando nació él."
Las dudas de Martín empezaron tras la muerte de la persona que decía ser su padre. Y probablemente a partir de ese momento haya prestado más atención a su partida. Según ese documento, él nació el 17 de mayo de 1980 en el hospital militar de Campo de Mayo, una de los edificios de la unidad militar que funcionaba como maternidad clandestina para muchas detenidas políticas. Martín no sabía nada de eso, pero iba viendo que en su casa no había fotos de embarazos. Y estaba el pasado de su supuesto padre militar.
"Es una historia de intrigas y de sospechas", dice su tío. "Martín aparentemente empezó a atar los comentarios de esa señora, que pudo sortear esa situación con el marido. El hombre se había dedicado a la bebida, era un padre ausente, pero cuando le preguntamos Martín dice que dentro de todo fue feliz, que sintió mucho cariño y que la mujer lo llamaba para que vea el televisor cuando aparecía la noticia sobre la recuperación de un hijo de desaparecidos."
A lo mejor eran mensajes. A lo mejor, una forma de manejar alguna forma de la locura. Martín intentó terminar de armar algo con lo que empezaba a entender de su vida el 13 de diciembre de 2007 cuando abrió un legajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Hasta ese momento, había terminado el secundario, empezó la universidad, pero dejó todo para entrar en el conservatorio de música. En algún lugar de la provincia de Buenos Aires armó una banda y se puso a estudiar acordeón de piano, era el mismo instrumento que tocaba su madre.
Ante la primera consulta, Abuelas siguió los pasos que habitualmente lleva adelante en una situación similar. Compararon las muestras de ADN con el banco de datos. "En el banco están todas las muestras de los grupos de familiares que denunciaron tener un pariente, hija o hermana desaparecida embarazada, o que tenía un hijo ya nacido, de pocos meses, al momento del secuestro", explica un abogado de Abuelas.
Martín se hizo el análisis el 20 de diciembre de 2007. El 6 de marzo de 2008 le dijeron que el resultado era negativo. Su patrón de ADN aún no había sido denunciado como desaparecido.
Las Abuelas tenía denuncias sobre la existencia del joven como posible hijo de desaparecidos. Los datos de Abuelas no eran mucho más amplios, pero contemplaban los elementos que enumeraba Martín en su relato.
Mientras tanto, la Conadi avanzaba en una investigación paralela con testimonios que permitieran rastrear posibles embarazadas entre los detenidos desaparecidos. En ese contexto, aparecieron tres datos. El 21 de agosto, se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de Campo de Mayo quien aseguró que Marcela Molfino había dado a luz un niño en ese centro clandestino. Un ex conscripto que había pasado un período detenido en Campo de Mayo también denunció que para 1980 había una mujer embarazada. Y el último dato llegó, antes o después, de un arrepentido del Ejército que mencionó el nombre de Molfino, precisó el lugar de detención en Campo de Mayo y su embarazo.
Marcela Molfino y Guillermo Amarilla eran militantes de Montoneros y formaban parte de la dirección de la Juventud Peronista en la regional IV. Ella había nacido el 15 de noviembre de 1952 en Buenos Aires, sus padres se instalaron en Resistencia, y en los ’60 ella empezó Filosofía y Letras, militó en el peronismo de base y luego de en la JP. Guillermo era el Negro Amarilla, de Chaco. Era hijo de un dirigente peronista, estudiaba la carrera de contador, ocupó la secretaria general de la región IV de la JP con jurisdicción en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones y antes de fundar Montoneros en el Chaco integró la JP Regional de la Resistencia. "Mi hermano era delegado de la regional IV", dice Donato. "Y fue el único que viajó en el charter que trajo de vuelta a Perón en el ’73, está en la lista, con el gobernador Bittel, después se fueron al exilio, el último hijo nació en Francia y volvieron de nuevo con la contraofensiva."
Hasta poco antes del secuestro estaban en el exilio. Noemí Gianetti de Molfino, la madre de Marcela, también estaba exiliada, durante la final del Mundial de Fútbol de 1978 entró al país sólo para sacarlos, para irse con ellos, como tenía la apariencia de una señora rubia, mujer de bien, podía darles cierta cobertura. Tiempo después volvieron para la contraofensiva y terminaron secuestrados el 17 de octubre de 1979.
"Primero lo secuestraron a Guillermo en un bar, pero en el saco llevaba una factura por una compra de materiales de construcción", señaló Guillermo Molfino. En ese momento vivían en San Antonio de Padua, cuando los militares llegaron a la casa, Marcela respondió al fuego con un revólver. La hirieron, y los hermanos creyeron que justamente por eso podría haber muerto enseguida. En la casa estaban los tres hijos de Marcela y de Guillermo, también Rubén Amarilla, el cuñado con su mujer y dos hijos. La cuñada escapó pero Rubén, Marcela y los cinco niños fueron secuestrados por el Ejército. Los cinco chicos volvieron quince días después a Resistencia porque un represor conocía a uno de los Amarilla.
Veinte días antes del secuestro, una hermana de Marcela se cruzó con ella en una visita. Se vieron pero nunca hablaron del embarazo. Su familia cree por eso que a lo mejor ni siquiera ella lo sabía.
El encuentro de Martín con los Donato Amarilla se hizo en la sede de Abuelas. Los familiares habían mandado las muestras de sangre para el cruce de ADN y cuando la base de datos comparó nuevamente los datos de todos, incluso el de Martín, el cruce dio positivo.
"Por eso es tan importante la reforma del banco nacional genético que se analiza en el Congreso", explica Alan Iud, abogado de Abuelas. "Lo que se pide es que los ADN que analiza el banco se conserven ahí por si se agregan otros grupos familiares, y el caso como el de Martín muestra que es imprescindible que sea así."
El lunes pasado, Abuelas convocaron a Martín para contarle su historia. En una habitación cercana lo esperaban los hermanos, Mauricio, Joaquín e Ignacio y también sus tíos. La entrevista duró hora y media. Una vez que terminó, le preguntaron si quería conocer a su familia.
"Había mucha gente", dice Donato que viajó especialmente desde Chaco. "Físicamente es muy parecido a Ignacio, el que ahora es el penúltimo y que teníamos como el menor." Apenas lo vieron sus hermanos miraron las orejas, la marca de origen, porque todos tienen el lóbulo pegado a la cara. Era la marca, la constataron, Martín la tenía, y dicen que en ese momento todos se mataron de risa.

4 de noviembre de 2009
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el cineclub a la intemperie

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 20:20 - argentina

La vitalidad de los cineclubes porteños y un proyecto de ley que contempla un estímulo a su actividad. Proyectan en espacios poco convencionales, subsisten con el aporte de sus socios o la colaboración a la gorra. Pero a pesar de ser parte esencial del circuito cultural porteño, los cineclubes de la ciudad están legalmente a la intemperie.

[Ezequiel Boetti] Argentina. Funcionan en casas tomadas, en habitaciones especialmente acondicionadas o en salas oficiales. Algunos proyectan películas de dudosa legalidad; otros preestrenan superproducciones. Sirven café, tortas, copas de vino. Cobran cuota mensual, bono contribución o simplemente pasan la gorra. Los hay especializados en clásicos, los hay vanguardistas. Antiguos reductos para entendidos, los cineclubes son un muestrario de emprendimientos que pugnan entre crisis y nuevos hábitos de consumo por diversificar la estancada variedad de oferta. "Buscamos formar un público que pueda romper con los hábitos audiovisuales adquiridos por la imposición del mercado cinematográfico estadounidense, y que pueda estar abierto a otras culturas poco difundidas", señala Ernesto Flomenbaum, al mando del cineclub TEA, que ideó en 1988.
Sin embargo, pese a lo arraigados que están en el circuito cultural, resulta difícil establecer con exactitud cuántos de estos emprendimientos hay en Capital Federal. "Aparecen y desaparecen con gran velocidad, e incluso hay propuestas que no se asientan", afirma el delegado de la regional Buenos Aires, una de las diez que conforman la Federación Argentina de Cineclubes (FACC), Carlos Müller, quien además programa sus propios ciclos en el cineclub Dynamo.
Siempre al margen de la parafernalia comercial y alejada de los parámetros de exhibición tradicional, este movimiento encuentra su génesis en 1928, cuando el entonces crítico León Klimovsky (décadas después también director y guionista) comenzó a idear lo que un año más tarde sería el Cine Club Buenos Aires. Desde la surrealista Un perro andaluz hasta los primeros dibujos animados de un por entonces ignoto Walt Disney, este espacio exhibió decenas de films destinados a ser clásicos. El proyector se apagó cuando culminó la temporada de 1931, y al año siguiente ya no se encendió. La calidad del material exhibido fue insuficiente ante la escasez de público y la falta de archivo propio.
Pero Klimovsky aprendió (y aprehendió) la lección y dedicó los años posteriores a coleccionar films y a pensar una ingeniería financiera junto su nuevo socio, otro cinéfilo tanto o más apasionado que él, Elías Lapzesón. Los números cerraron en 1937 y fundaron el Cine Arte. Entre los miles de espectadores que concurrieron al cine Baby (hoy teatro ND/Ateneo) y luego a la sala Cine Arte –construida en 1941 gracias al éxito de las de 160 funciones proyectadas durante cuatro temporadas– estaba Salvador Sammaritano. La cinefilia de este quinceañero quedó huérfana cuando las salas comerciales y la economía indómita e impredecible de la posguerra provocaron que el binomio cerrara definitivamente su espacio en 1945.
Pasó menos de una década para que el vicio de aquel adolescente deviniera en profesión. En agosto de 1954, el entonces estudiante de abogacía encabezó un "núcleo de jóvenes amigos del cine", tal como rezaba el programa, que alistó un viejo Kodascope y proyectó el film mudo La carreta, del norteamericano James Cruze. Era la primera función de las casi 7200 que tiene el Núcleo en su haber.
El Núcleo cuenta con el apoyo fundamental del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que los domingos y martes le cede una sala del antiguo Gaumont –hoy Espacio Incaa Km 0– para sus ciclos de retrospectivas y preestrenos, respectivamente. "Nosotros subsistimos con la cuota de los socios. Si bien pagamos los impuestos cinematográficos y nos hacemos cargo de los gastos durante la función, el grueso del costo es el espacio", explica Alejandro Sammaritano, director desde 2001, cuando su padre Salvador enfermó. Carlos Affur, mandamás del Buenos Aires Mon Amour (BAMA), comparte la visión de su colega: "El lugar es fundamental, te allana gran parte del camino".
El siguiente escollo es la inversión y la futura rentabilidad, o no, del proyecto. Affur afirma que el acondicionamiento del departamento de San Telmo donde se instalaron hace un año les demandó entre 10 mil y 15 mil dólares, que lentamente recuperan con el bono contribución que cobran en cada función.
Sin embargo, el riesgo económico podría reducirse si la Legislatura porteña diera luz verde al proyecto de ley presentado por el diputado de Diálogo por Buenos Aires, Raúl Puy, que contempla la creación de un Registro Unico de Cineclubes y el otorgamiento de un subsidio anual por un "valor similar a cinco remuneraciones mínimas del personal de planta permanente del Ministerio de Cultura". Según el Centro Documental de Información y Archivo Legislativo (Cedom), esta iniciativa se presentó en octubre de 2008 y fue girada en noviembre a las comisiones de Cultura, y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, ya que implica la erogación de dinero por parte del Estado.
"Dentro del concepto macrista de la cultura será muy difícil que la traten", vaticina Emiliano Penelas, asesor del funcionario y programador de los cineclubes La Rosa y de la Asociación Cristiana de Jóvenes, en sintonía con el pensamiento de Puy: "Mi impresión es que no va a ser tratado en la actual Cámara. Creo que no le están dando la importancia que merece", se queja el legislador. A dos meses de la renovación de las Cámaras y comisiones, aún descansa en Cultura.
"Ideamos este proyecto basándonos en la Ley de Protección y Fomento de Bibliotecas Populares", agrega el también director de fotografía, en referencia a la normativa sancionada en 2006 y reglamentada un año después, que otorga a esos espacios autónomos una suma anual para la compra de material bibliográfico y desarrollo de actividades sociales.
El proyecto de Puy busca "la protección, el desarrollo y el fomento", según reza su fundamento, pero deja de lado la forma y el contenido de las proyecciones, dos aspectos que conforman una tendencia que genera posiciones encontradas entre los miembros del movimiento: la exhibición de películas ilegales.
"El público sigue privilegiando ver cine en el cine antes que en un televisor o la computadora", reflexiona el rosarino Alfredo Scaglia, presidente de la FACC y director del cineclub de su ciudad, cuando se lo consulta vía mail sobre la piratería. Amada por quienes no imaginan la divulgación del cine sin ella, odiada por los puristas que aún creen en la sublimación que produce una sala a oscuras, el fílmico y la inmensidad de la pantalla blanca donde repentinamente se dibuja una historia en movimiento, la descarga de películas de Internet es para todos una realidad latente.
Ante esa competencia, los cineclubistas coinciden en señalar la importancia del programador, cuyos criterios de elección le dan a cada espacio una impronta propia y distintiva. Desde el BAMA y su apuesta por las óperas primas que circulan por festivales hasta La Gomera y sus ciclos de animación y cine oriental, una programación lógica y coherente forja un séquito de seguidores incondicionales ávidos por una plusvalía que complemente la visión de una película. "El cineclub tiene una función cultural de difusión, discusión y enriquecimiento de la apreciación del cine dirigida al espectador común", señala Flomenbaum. Pero esta diversificación es quizás utópica ante los infinitos vericuetos de la burocracia. Sin reconocimiento por parte del Instituto de Cine y desamparados ante la ausencia de un marco jurídico que organice y regularice la actividad, algunos sienten que esa falta de apoyo los ubica al margen de la ley.
"Queremos abastecernos de películas que no encuentran un lugar en la cartelera comercial, ser un lugar alternativo y no un espacio clandestino. Es importante lograr un reconocimiento, ya que así tenemos un crecimiento bastante acotado", se quejan desde el BAMA. Para el delegado porteño de la FACC, Carlos Müller, el mayor problema no es la subsistencia sino "la dificultad para asentar el movimiento y para saber cuáles son las reglas de la exhibición alternativa". De allí que la Federación planee un encuentro en el inminente Festival de Mar del Plata, con varias entidades de todo el país. "Estamos analizando cómo podemos insertarnos en la ley de Cine. Tenemos que presentarle alguna propuesta interesante al Incaa para que nos considere. Estamos recorriendo un camino trabajoso, pero bien posible", se esperanza el dirigente.
Sin embargo, hay muchos cineclubes que difícilmente consigan amparo bajo el paraguas judicial. Ejemplo paradigmático es un espacio que funciona en una casa tomada en Barracas. Allí, a cambio de una colaboración a voluntad, se ofrecen las películas que están en la cartelera comercial bajadas de Internet. El delegado porteño sabe que el Incaa difícilmente apoye una iniciativa semejante. "No le vamos a decir a un cineclub que queda afuera de la Federación. Todos los cineclubes son bienvenidos y tienen nuestro apoyo, pero no podemos pretender que la ley de Cine los incluya también a ellos –asegura Müller–. El Instituto tiene intereses con los distribuidores y exhibidores. Además, la entrada en el circuito legal implica el abono de un impuesto cinematográfico que no todos están dispuestos a hacer. Por eso pensamos en la categorización de las membresías, estableciendo una diferencia entre las plenas y las adherentes. La FACC no puede imponerles a nuestros miembros el cobro de una entrada mínima o que pasen determinada película", concluye el programador del Dynamo.
Entre debates y discusiones internas, con los bolsillos vaciados de dinero pero cargados de voluntad, compartiendo café o vino, al aire libre o en salas comerciales, mientras existan películas que merezcan difusión, que disparen ideas y reflexiones, los proyectores seguirán imaginando verdades a 24 fotogramas por segundo.

3 de noviembre de 2009
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dos meses de maltratos

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 17:32 - argentina

Una travesti detenida en la Brigada de San Justo estuvo esposada a la intemperie. La acusaron de homicidio, después cambiaron a robo. La detuvieron en pleno invierno. Enferma de tuberculosis, la mantuvieron durante cinco días esposada en un patio porque decían que tenía problemas con los otros detenidos. Al salir libre pasó un mes internada.

[Emilio Ruchansky] Argentina. La imagen difícilmente se borre de la memoria del abogado Alejandro Bois. Había ido a ver a una travesti detenida en la Brigada de San Justo y la encontró en un patio a la intemperie, sola, durmiendo sobre un colchón viejo, tapada con cartones y esposada. Hacía cinco días que Johana Robledo estaba en ese mismo lugar. "La situación era abusiva, la sacaron de la celda porque decían que tenía problemas de población carcelaria y la dejaron tirada ahí", recuerda el abogado. Robledo entró engripada, pero su cuadro se agravó en esa semana fría de agosto que pasó detenida y derivó en tuberculosis. Fue este encuentro con su clienta lo que hizo que Bois, además de defenderla, se transformara en testigo de una futura causa en contra del personal de la Brigada. Johana pasó dos meses en distintos lugares de encierro, acusada primero de homicidio y luego de cómplice de un intento de robo, crímenes que asegura no haber cometido. Al salir de la cárcel, debió ser internada en un hospital durante un mes.
"A mí no me dejaban verla y el abogado salió horrorizado de la Brigada", dice Gladys, la madre de Johana. Ella le llevaba la vianda, pero su hija no podía probarla. "Estaba con cuarenta grados de fiebre, me sentía cansada y encima tenía que tratar de comer con las esposas puestas. No me las sacaban porque decían que me podía escapar", asegura Johana. A su madre le tomó varios días saber por qué estaba incomunicada. La fiscal Cecilia Cejas, de la UFI 1, la acusaba de "homicidio en ocasión de robo" por un hecho ocurrido tres meses atrás.
Por entonces, Johana Robledo vivía junto a su pareja, Marcos, un joven de 18 al que ella le lleva diez años, en el fondo de la casa de la familia del muchacho, en La Matanza. No tenía buena relación con su suegra, pero los dejaban en paz. Después de todo, Robledo aportaba su parte de dinero a la casa, haciendo limpieza en una casa al principio, vendiendo ropa en la feria de La Salada después. Sin embargo, el 26 de mayo, un asesinato terminó con cierta paz cimentada en el hogar.
Gustavo Cáceres, el hermano de su novio, tenía una moto nueva que desentonaba con el barrio, y un día dos muchachos se aparecieron por la casa e intentaron robársela. El hombre se defendió y recibió un tiro mortal a cambio. Los ladrones no se llevaron la moto. "La única testigo era Johana, porque su novio estaba durmiendo. A uno de los ladrones ella lo conocía de chico, era un pibe del barrio. Cuando vino la policía, ella los llevó hasta el lugar donde vivía y después ayudó a hacer un identikit, pero la policía no los capturó", cuenta su madre.
Dos meses después, la suegra de Robledo la denunció como supuesta cómplice del robo. La fiscal elevó la apuesta y le imputó el homicidio. "Ese día también le dispararon a ella, pero la familia estaba sorprendida de que no le den. Le pareció sospechoso", dice su abogado. La hipótesis judicial es que Robledo había pasado el dato a los dos ladrones y les facilitó la entrada. "Los ladrones no necesitaban que les faciliten las cosas, la moto era nueva y en el barrio se notaba", comenta Bois. El juez de Garantías, Raúl Ricardo Alí, en principio aceptó la acusación y dictó la prisión preventiva.
La policía la fue a buscar el 7 de agosto. La madre de Robledo cuenta que su hija estaba enferma, tenía mucha fiebre y estaba tomando Tamiflu, porque sospechaba que se había contagiado de gripe A. Cuando llegó a la Brigada de San Justo, la pusieron con los presos comunes. "Me tiraban agua, me bardeaban todo el tiempo, la verdad es que la situación era peligrosa. Yo les pedí que me sacaran, tenía miedo de que me mataran. Entonces me pusieron en el patio. Al principio sólo me daban agua, nunca me dieron algo caliente, ni un té", recuerda Robledo. Su estado de salud empeoró. "Se pescó una tuberculosis", agrega la madre.
La siguiente parada fue la comisaría de Don Bosco, donde consiguió una celda aparte junto a otra travesti. Ese lugar está pensado para personas que cometieron delitos sexuales y no pueden estar con presos comunes, y también para personas como Johana que, por distintos motivos, arriesgan su integridad física al estar en una celda común. Allí pasó un mes más, enferma, mientras el juez resolvía bajar la calificación de "homicidio en ocasión de robo" a "robo agravado por uso de arma" (en calidad de partícipe), sin sacarle la prisión preventiva.
Luego la pasaron a la Unidad 24 de Florencio Varela, donde estuvo otro mes entero. "Se la veía mal, se moría, no tenía fuerzas", relata la madre. Y no exagera. El propio juez de Garantías dictó una resolución el 30 de septiembre en la que ordenó la excarcelación extraordinaria. "La situación de salud del encausado Robledo resulta ser muy grave y, aun más, ha empeorado", dice el texto de Ricardo Alí, quien consideró que debía primar "el resguardo de la integridad física a fin de evitar un mal mayor".
Johana pasó de la cárcel al Hospital del Pueblo, sin escalas. Allí supo que era portadora de HIV y que sus defensas, por decirlo en criollo, estaban por el piso. Pasó un mes internada hasta que pudo continuar el tratamiento en la casa de su madre (su novio no apareció nunca más). Diana Sacayán, que la conoce hace diez años, cuenta que su amiga perdió 10 kilos en la cárcel. "Nadie en el servicio penitenciario fue capaz de asistirla. La abandonaron de tal forma que esa inacción resultó ser una tortura", dice.
Sacayán milita en el Movimiento de Antidiscriminación y Liberación (MAL), donde Robledo suele participar en varias de las actividades pensadas para que las travestis ganen espacios que históricamente les son negados: educación, salud, vivienda digna y trabajo. "Cuando supimos lo que estaba pasando, presentamos una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en La Plata, en la parte de Igualdad de Oportunidades en la que está Diego Cao."
Ahora, Alejandro Bois, su abogado, planea iniciar una causa contra el personal de la Brigada de San Justo, causa que lo tendrá como testigo. "Ni la fiscal ni el juez sabían dónde estaba detenida ni la situación en la que estaba Johana. El personal de la Brigada debió derivarla en un primer momento a Don Bosco. Había cupo, no les costaba nada. Es más: cuando fui, les pregunté por qué no la trasladaban y me dijeron que ‘estaban en eso’. Media hora después lo hicieron", cuenta Bois. Las pruebas de cómo se deterioró el estado de salud de Johana están en el mismo juzgado que decidió liberarla.

3 de noviembre de 2009
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víctima describe cárcel secreta

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 17:23 - argentina

Rafael Bugna, víctima de la represión en Santa Fe. Describió en detalle ‘La Casita’.

[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Un testigo que declaró ayer en el juicio a los represores santafesinos describió hasta con detalles el lugar donde fue torturado en el centro clandestino de detención llamado ‘La Casita’, que áun no fue localizado a pesar de una búsqueda que ya lleva 30 años. Rafael Bugna es técnico constructor. Un grupo de tareas lo secuestró el 18 de agosto de 1976 en su propio estudio cuando militaba en la Juventud Guevarista. Le robaron hasta un transformador de energía que después sus secuestradores utilizaron para fabricar una picana eléctrica con la que atormentaron a su hermana, Anatilde Bugna, detenida ocho meses después, el 23 de marzo de 1977 y hoy querellante en la causa. Un rato antes, habían declarado ante el Tribunal Oral la madre de Stella Vallejos y el hermano y el ex novio de Ana María Cámara, que ratificaron el testimonio de ambas.
Bugna fue detenido en su estudio del microcentro, en 1º de Mayo y Crespo. Logró identificar a un integrante del grupo de tareas por su alias ‘El pollo’ que después, por el relato de su madre, supo que era el comisario Héctor Colombini, imputado en el juicio. Lo llevaron con las manos atadas a la espalda en un auto particular hasta la comisaría 4ª, donde "me sacaron el gamulán y un reloj que nunca más volví a ver. Y me tiraron en uno de los calabozos del fondo", dijo.
A la noche, el grupo lo volvió a buscar para llevarlo a ‘La Casita’. Lo sacaron de la celda y en el mismo garage de la comisaría 4ª le vendaron los ojos y lo metieron en la parte de atrás de un vehículo que él cree que era un Fiat 128 color bordó. "Salí del calabozo como un preso y pasé a ser un NN", precisó. El paso de un estado a otro era la puerta que conducía al garage de la seccional.
Después de un viaje corto llegó al centro clandestino. "La Casita era un lugar abierto, cerca del río, por el perfume de la noche. Y no estaba lejos de la ruta", explicó. Tuvo que subir unos escalones, lo empujaron a una pieza donde lo maniataron en un sillón de jardín de hierro. "Durante la tortura, me pasaron la música de Los Beatles y Almendra con los mismos discos y en el mismo equipo que me habían sacado del estudio".
Pero la venda en los ojos se fue aflojando y cuando queda solo pudo ver dónde estaba. "Lo primero que veo fue un placard donde había un cartel que decía: ’Mansión Borgia’. Estaba escrito en un papel blanco con letra prolijas", recordó Bugna. Otros detenidos, Daniel García y Alba Sánchez, que hoy declaran en el juicio ya dijeron que el centro clandestino donde estuvieron secuestrados en San José del Rincón desde fines de 1977 hasta mayo de 1978 el grupo de tareas lo llamaba ‘El Borgia’.
Por su propia profesión, Bugna guardó en su memoria el lugar donde lo torturaron. "La casa era un chalet californiano, de esos que se construyeron por los planes Eva Perón y el Banco Hipotecario Nacional. La habitación era de 3 por 4", relató.
Después de la tortura, lo cruzaron a otra pieza, enfrente. La casa tenía un pasillo que comunicaba a las habitaciones de uno y otro lado. Y Bugna pudo reconocer la disposición de los ambientes por un croquis que el abogado de su hermana presentó en el juicio. "Ahí apareció un señor amable, de voz ronca, de una persona mayor, que se me sienta al lado. Alcanzo a ver que era algo gordito, Me convida café, pero me dice que lo tome despacio. Tomo uno o dos tragos. Me lleva al baño que quedaba al lado de la habitación", dijo. Era ‘El Tío’, el apodo con que se hacía llamar el ex suboficial del Ejército y experto en inteligencia militar, Nicolás Correa. A la noche, volvió a la comisaría 4ª.

-¿Sabe quien era el jefe de la 4ª? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.
Con el tiempo me enteré que era (el comisario Mario José) Facino contestó. Facino es otro de los imputados en el juicio.

¿Quién lo buscó en la 4ª para llevarlo a la Casita?
No lo sé. Creo que me llevaron en un Fiat 128 bordó.

¿Eran los mismos agentes de la comisaría o era otros? -planteó el fiscal José Ignacio Candioti.
Eran otros que tenían libre acceso a la 4ª. Me vendaron los ojos. Y me llevaron a La Casita dijo Bugna-, quien recuperó su libertad cinco años después, el 8 de julio de 1981 y nunca tuvo un proceso judicial.

3 de noviembre de 2009
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testimonio de adriana arce

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 16:56 - argentina

Adriana Arce fue la primera testigo en la etapa de la Fábrica de Armas en el juicio los represores de Rosario. La sobreviviente del centro clandestino de detención dio una detallada descripción de la patota que operaba en la zona.

[Sonia Tessa] Argentina. Adriana Arce no dudó un instante en identificar al teniente Daniel como Juan Daniel Amelong, al coronel Óscar Pascual Guerrieri, a Sebastián como Jorge Fariña, a Sergio 2 como Walter Pagano y al Tucu como Eduardo Costanzo. La sobreviviente del centro clandestino de detención Fábrica Militar había dicho que no estaban todos los que participaron de su secuestro y tortura en mayo de 1978. Pero señaló que los acusados en este juicio fueron los responsables de tomar las decisiones. Por pedido de la fiscal Mabel Colalongo y del Tribunal que esta semana preside Otmar Paulucci, la víctima mencionó a los integrantes de la patota que aún no fueron juzgados. De la mayoría dijo sus nombres de guerra y también los apellidos reales. Indicó a quien se hacía llamar Rubén Rébora, en realidad Eduardo Rebecchi; que Pepe era Marino González; Armando, Alberto Pelliza. También señaló al Barba Cabrera, al Puma (Ariel Porra), a Ricardo Ríos (Walter Roscoe), a la señora Cristeler, a Carlitos, Mario el Capitán, y a Tito o Pipo, un médico de apellido Ciciliani, que fue el responsable de practicarle un aborto sin anestesia a la víctima, con secuelas irreparables. La declaración duró casi cuatro horas, y tuvo momentos de enorme dramatismo. "Llevo 30 años esperando decirles estas cosas mirándolos a los ojos", dijo la sobreviviente de frente a los acusados.
Arce fue secuestrada el 11 de mayo de 1978. Fue la última vez que escribió "día del himno" en el pizarrón de la escuela 68, donde trabajaba como maestra. Desde allí se fue a una reunión del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Santa Fe (Sintes), ya que era miembro de la comisión directiva. Tuvo la certeza de que la estaban siguiendo recién al volver, y fue secuestrada cuando salía de la Terminal de Omnibus para tomarse el colectivo de la línea E que la llevaría a su casa.
Cuando cayó, Arce estaba embarazada. Fue torturada con picana eléctrica en todo el cuerpo durante días. También le aplicaron otros tormentos. Sufrió importantes pérdidas, que pusieron en riesgo su embarazo. El 16 de mayo fue llevada primero a un estudio jurídico cerca de la Aduana, y luego a un departamento de Entre Ríos y Tucumán, donde pudo ver un fichero con los nombres de los integrantes de la patota. Allí, el médico apodado Tito o Pipo la revisó, pero luego de unas horas fue llevada de vuelta a la Fábrica Militar.
"Las personas que están aquí imputadas son las que evidentemente tomaban las decisiones en este grupo de tareas", afirmó Arce ante una pregunta del abogado querellante del equipo de Hijos, Lucas Ciarnello.
Arce supo que el general Luciano Jauregui, segundo jefe del Ejército en la zona, estuvo en la Fábrica Militar porque ese día los ataron de los ganchos para caballos que había en la zona de detención. Recordó que el militar preguntó quién era la militante del Sintes. También el máximo responsable del plan de exterminio ejecutado por las fuerzas conjuntas, Leopoldo Galtieri, estuvo en el centro clandestino de detención. Arce rememoró ayer las palabras del Comandante del segundo cuerpo de Ejército. "Yo soy quien decido sobre la vida y la muerte, y vos vas a salvarte porque te llamás como mi hija", le dijo.
Después del campeonato mundial de fútbol, que según dichos de los mismos represores, los tenía muy ocupados, Arce fue trasladada al Batallón 121 el 6 de julio de 1978. Allí, antes de entrar y todavía con los ojos vendados, el mayor Hugo Vidarte le hizo firmar una declaración contra sí misma. Meses después, el 2 de febrero de 1979 ingresó en la cárcel de Devoto. Estaba allí cuando le practicaron un consejo de guerra por asociación ilícita terrorista subversiva, en "hechos probados y no probados". Cuando llegó a visitarla el juez federal de Rosario, Pedro Tiscornia, ella creyó que tendría a quién denunciarle los ilícitos que había sufrido, pero el funcionario judicial se encargó de decirle que no había ido allí para eso, sino para informarle sobre el inicio de una causa penal en su contra, impulsada por el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Después, con la vuelta de la democracia y las investigaciones que la sobreviviente realizó, pudo ver una comunicación que Tiscornia dirigió a Leopoldo Galtieri tras esa visita. En ella, el juez informaba al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército que Arce había querido denunciar secuestros y torturas, pero él se negó a aceptarlo.
"A mí me arruinaron la vida", repitió en varias ocasiones la sobreviviente, que también relató -a pedido de su abogada, Ana María Figueroa cómo el accionar de la represión ilegal había deteriorado para siempre la relación con sus tres hijas mayor. Y por muchos años con su hijo menor. Además, después del aborto practicado sin anestesia en la mesa del centro clandestino de detención, nunca más pudo tener hijos.
La declaración de Arce abundó en detalles, y mencionó investigaciones posteriores. En su búsqueda incesante de justicia, que comenzó el mismo día que fue liberada de la cárcel de Villa Devoto, no paró de indagar lo ocurrido con ella y con miles de desaparecidos. Pudo ver los archivos obtenidos por el juez Francisco Martínez Fermoselle sobre represión ilegal en Rosario antes de que fueran robados de los Tribunales. Declaró en el Juicio a las Juntas y, ante la vuelta de las intimidaciones, debió irse a vivir a España. También allá inició una causa por el genocidio practicado en la Argentina. "Esto es un sueño que nunca pensé que iba a vivir. Quiero que estos señores tengan el juicio justo que yo no tuve", dijo Arce, casi al final, como una declaración de principios. Cuando su testimonio terminó, los aplausos se escucharon por largos minutos.

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las decadentes caras del horror

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 16:25 - argentina

En un galpón de Munro, el último presidente de facto empezó a escuchar las acusaciones en su contra como responsable de cuatro centros clandestinos. El general Espósito fue excluido por su estado de salud. El general Verplaetsen se retiró por "problemas diarreicos".

[Diego Martínez] Argentina. Ante una sala colmada por más de trescientas personas, una docena de camarógrafos, y con los rostros de los desaparecidos en alto sobre las manos de sus seres queridos, comenzó ayer en un galpón de Munro el primer juicio oral y público al dictador Reynaldo Bignone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. La noticia del día fue la ausencia del general retirado Eduardo Alfredo Espósito, que por problemas de salud fue excluido del juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El general Fernando Ezequiel Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares del que dependían cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio, fue autorizado a retirarse a poco del comienzo con diagnóstico de "diarrea autocontenida".
El escenario del proceso al último dictador es la antítesis del subsuelo de Comodoro Py, donde en semanas se comenzará a juzgar a los represores de la ESMA. El tribunal y las partes, incluidos los imputados, se mueven con comodidad sobre un escenario que ocupa la mitad de la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, separados por policías y dos hileras de vallas a la altura del área grande. En la otra mitad trabajan los reporteros gráficos y se ubican los allegados a las víctimas y a los militares, que ayer se contaban con los dedos de una mano. A la izquierda de los jueces hay una bandera argentina. Sobre sus cabezas no está Jesucristo crucificado. Tampoco hay policías ni judiciales de traje hostigando a la prensa o a las Madres para que se saquen los pañuelos. Sólo habrá que ver cuánto rinden los ventiladores los días en que el sol caliente el techo de chapas.
A las 9.47 ingresaron al tribunal los siete imputados, todos mayores de ochenta años. El general Santiago Riveros, al menos a la distancia, aparenta menos. El rostro pálido de Bignone, que sobresale por la altura, sugiere varios años más. Todos tienen el pelo blanco excepto el ex comisario Germán Montenegro, el único policía, a quien los militares dejaron solo durante el cuarto intermedio. El más a gusto con el rol que no eligió parecía ayer el coronel Alberto Roque Tepedino: petiso y corpulento, el pecho inflado, ceño fruncido, anteojos negros pese a las nubes. La imagen se condice con el imaginario de lo que podría ser un ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 y poco tiene que ver con la del anciano en camiseta y con bolsitas de hacer los mandados retratado hace seis años mientras violaba su arresto domiciliario.
La audiencia inicial comenzó con una serie de comunicaciones de Marta Milloc, presidenta del tribunal. El último informe de los médicos forenses sobre la salud de Espósito destacó su "deterioro neurológico", explicó la jueza. La resolución de excluirlo se tomó el miércoles pasado y ayer fue notificada a las partes. Luego informó que las audiencias se realizarán de martes a jueves porque dos jueces son titulares en otros tribunales, y agregó que se tratará de respetar el pedido de las defensas para que no superen las cinco horas, de modo de "preservar a sus defendidos".
Por último hizo constar en actas que a primera hora, cuando agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron a retirar a Verplaetsen del Hospital Militar, los médicos entregaron un informe en el cual le recomendaron "24 horas de reposo" por el cuadro diarreico. Como el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo manifestó que el mal aún lo aquejaba, a las 10.06, veinte minutos después de llegar, fue autorizado a retirarse. El último párrafo de Milloc fueron quejas por los inconvenientes para encontrar una sala acorde y disculpas a los pibes del barrio que se quedaron sin cancha de fútbol.
La lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que continuará hoy, estuvo a cargo de las secretarias Gabriela Basualdo y Débora Damonte. Sus voces se combinaron con el ruido de la lluvia, que por momentos golpeó duro contra las chapas, y con los bombos de los compañeros de Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa, que falleció el año pasado. Desde la primera fila, a la altura de la media cancha, escuchaban atentas Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora; Sara Derothier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Judith Said, del Archivo Nacional de la Memoria; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak –que escuchó sin pestañear las críticas del tribunal–, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. A sus espaldas, cientos de jóvenes, mayoría de remeras negras del Peronismo 26 de Julio, y de organizaciones sociales nucleadas en Justicia Zona Norte y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Floreal Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo por la que se hizo justicia, dos meses atrás, con las condenas de Riveros, Verplaetsen & Cía.

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el nieto número 98

mqh - 03 de noviembre de 2009 - 16:05 - argentina

Nació en el hospital de Campo de Mayo en 1979 y hoy lo anunciarán en rueda de prensa.

Argentina. Su historia es la de un doble desaparecido. Su madre era una militante peronista, secuestrada durante la dictadura en octubre de 1979 y desaparecida. Hasta hace muy pocos meses, ninguno de sus familiares supo que estaba embarazada al momento de la detención. El hijo nació en cautiverio, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero encaró solo su propia búsqueda por la identidad a partir de una sospecha. Las Abuelas de Plaza de Mayo hoy hablarán de esa búsqueda y lo presentarán como el nieto restituido número noventa y ocho.
Con extremo sigilo, las Abuelas preservan los secretos de la causa judicial como lo hacen ante cada expediente. Cuando terminan las pruebas de sangre o las comparaciones genéticas que permiten confirmar la identidad biológica deciden finalmente hacer público todo el relato de la historia, para que otros puedan seguir o empezar ese mismo camino.
La nueva búsqueda terminó de cerrar hace apenas unos días. El viernes pasado, los familiares biológicos del niño secuestrado obtuvieron la confirmación de las pruebas de ADN. Y recién ayer lograron conocerlo.
El niño nació en el Hospital Militar de Campo de Mayo un edificio parecido a un cuartel, con explanada en la entrada, descripto en el Nunca Más con camas como en los hospitales y cubiertos con la inscripción "Ejército Argentino". El lugar era uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo y funcionaba como maternidad clandestina de las parturientas secuestradas. De dos a cinco días después de haber parido, todas volvían a los centros clandestinos, pero ninguna lograba sobrevivir. "Es necesario destacar –dice la página de Abuelas– que las detenidas ilegales que dieron a luz en el hospital permanecen desaparecidas".
Hasta el momento de la detención, sus padres tenían tres hijos. Cuando los secuestraron en octubre de 1979, ninguno de los familiares sabía que ella estaba nuevamente embarazada. Y a lo mejor ni siquiera ella lo sabía, suponen algunos allegados.
Martín empezó a buscar a su familia a los quince años, cuando empezó a sospechar sobre su identidad. El hombre que aparecía como padre supuesto era un agente de inteligencia, que ahora está muerto. Dicen que el chico se acercó a Abuelas porque existía la duda, porque en su partida de nacimiento aparentemente dice que había nacido en esa unidad militar.
Cuando empezó la búsqueda, Abuelas encontró una clave para localizar a la familia. En la mayor parte de los casos, los datos de los que buscan a sus padres o a sus familias se cruzan con las muestras del banco de sangre de Abuelas con los registros de todos los familiares de desaparecidos que empezaron a buscar a sus familiares. Pero en este caso, la base de datos no servía. Las Abuelas encontraron un camino alternativo a través del testimonio de un arrepentido del Ejército, un militar que, quebrado, habría explicado que la mujer había tenido un hijo en Campo de Mayo mientras estaba detenida.
La identidad de la nieta 97 se conoció en febrero de este año cuando Estela de Carlotto contó la historia de una joven de 32 años, hija de Beatriz Recchia y Domingo García, ex militantes de Montoneros, desaparecidos en 1977 y con un embarazo de cinco meses.

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