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murió cecilia nazábal


Figura clave en el juicio a los represores. Afectada por una enfermedad pulmonar, el jueves a la noche murió la esposa de Dussex, quien está desaparecido. Su investigación de lo ocurrido en Quinta de Funes fue clave para sentar a los represores de Rosario en el banquillo de los acusados.
[José Maggi] Argentina. Cecilia Nazábal tenía 60 años y una mezcla de variadas complicaciones en su salud que terminaron con su vida la noche del jueves, mientras luchaba por ella en la sala de terapia intensiva del Hospital Español. El mismo donde varios amigos llegaron para dar sangre convocados por los medios de prensa. Fue entonces que muchos empezaron a tomar conciencia de la gravedad de la salud de Cecilia. Pero no la mató el asma, ni siquiera el coctel de complicaciones: el cuerpo de Cecilia había soportado el enorme dolor de la pérdida de su compañero, Fernando Dante Dussex, con quien tuvo a su hijo Fer, militante de HIJOS, y bastón indiscutido en cada una de las audiencias de los juicios por terrorismo de estado que alcanzó ver en sus inicios. Allí estuvo Cecilia cada vez que sus pulmones se lo permitieron, regalando sonrisas, y sin quejarse jamás, por el clima, el tiempo o la incomodidad de estar apiñados en una sala apenas un poco más grande que una cabina telefónica. Cecilia fue velada ayer en cochería Bassi.
En cada cuarto intermedio salía entre abrazos y se sentaba en el hall luminoso del tribunal, siempre rodeada por gestos de ternura. En las audiencias era grandilocuente y su voz retumbaba en el silencio solemne de las audiencias. Pero nadie atinaba a decir una palabra: ella era una de las que más había luchado porque este juicio se realizara. Y gracias a su tozudez, llego a ver a los cinco represores sentados en el banquillo de los acusados. Así soportó el testimonio sobre el secuestro de su esposo, y también tuvo que soportar la vincha de Juan Daniel Amelong pidiendo "legalidad", y hasta las preguntas retorcidas de su defensor. Hasta que un día se aflojó, y se fue relajando tal vez confiada en que había llegado el momento.
Junto a la actual diputada provincial Alicia Gutiérrez, Cecilia investigó lo ocurrido en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, y batallaron incansablemente ante la Justicia. Cecilia no pudo declarar en su momento porque estaba internada en terapia intensiva. "Una pieza fundamental de esta causa, mi compañera y amiga, está luchando por su vida. Estas son las secuelas de la impunidad", recordó Gutiérrez con la voz quebrada, cuando le tocó declarar.
En tren a Rosairo. En la capital santafesina se enamoró del Alemán, o Kiki como lo llamaban a Fernando Dante Dussex. Se casaron el 10 de abril de 1976 en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús donde el Párroco era el Padre Zanello. "Ya había sido el golpe militar y no era tiempo para encontrarnos y festejar con los compañeros entrañables, sólo algunos a lo lejos y la familia", escribió de puño y letra Cecilia el 10 de agosto de 2009.
El 22 de agosto de 1976 se vinieron a Rosario en tren. Fernando estuvo en la secretaría de Prensa de Montoneros. "Al principio vivíamos en un hotel, y luego en pensiones de las que nos mudábamos cuando alguien que las conocía, caía. Trabajó poco tiempo en un negocio que vendía repuestos de autos y autos usados. Yo estaba embarazada, esperábamos nuestro primer hijo. El 1º de mayo nos mudamos a una casa en Pasco al 7300, un barrio en la zona oeste de Rosario, muy pobre. Teníamos muy buena relación con los vecinos, participábamos de reuniones donde nos organizábamos para realizar actividades que mejoraran la calidad de vida: desmalezamientos, zanjeos, extensión de caños de agua para aumentar el número de canillas públicas, construcción de refugios para que esperaran los que iban a trabajar a los talleres ferroviarios de Pérez. Pero este entusiasmo que compartíamos con la gente se transformaba cuando cotidianamente los vecinos nos comentaban: ’destruyeron una casa a dos cuadras y se llevaron a la pareja que vivía ahí’. Los diarios mostraban esta realidad que era cada día más desesperante: el campo popular retrocedía a pasos agigantados", escribió Cecilia.
Esa mujer. Ayer muchos la recordaron, como el concejal Juan Rivero: "Hemos perdido una compañera y una mujer invalorable", recordando que junto a Alicia Gutiérrez "fueron y son bellísimamante testarudas para juzgar a los genocidas y trabajaron incansablemente" con respecto a la causa Quinta De Funes. "Perdimos a una de ellas y nos embarga el dolor", señaló el querellante en las causas a los represores de la última dictadura militar.
"Junto a Cecilia y muchos compañeros logramos poner en el lugar de juzgamiento a los represores. Ella por su amor a la vida y a la justicia fue inclaudicable en eso. Tuvo la dicha de verlos allí sentados para ser juzgados y hoy lamentablemente ya no esta con nosotros. Seguiremos adelante con los juicios por la verdad, la justicia y la memoria y Cecilia nos acompañará siempre como tantos otros compañeros que hoy no están con nosotros. La lucha de ellos y de todos nosotros no será en vano y la patria por la que tanto soñamos en algún momento se hará realidad", concluyó el edil.
Un pilar, un sostén. Pero el recordatorio más emotivo lo hizo Juane Baso, militante de HIJOS, quien la definió como "una luchadora incasable por la verdad, la justicia y la memoria de los desaparecidos, una referente indiscutible para los militantes de HIJOS, que encontramos en ella a una madre en todas sus dimensiones, una maestra que nos enseñó a continuar la lucha por el juicio y castigo y una compañera de militancia".
"Como madre de Fer, nuestro cumpa de HIJOS, ha sido para nosotros un pilar, un sostén y una guía en todos estos años de lucha en los que aprendimos junto a ella cómo transitar este camino de construcción de la justicia. Cecilia fue memoria viviente de los hechos cometidos por los asesinos de la dictadura en Rosario. Dedicó su vida a la búsqueda de la verdad de lo que pasó con nuestros desaparecidos, a denunciar con nombre y apellidos a los responsables de las torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones, robos de bebés y el saqueo a nuestro pueblo cometidos por los terroristas de estado. Fue también contención para muchas familias de compañeros con quienes construyó lazos y contactos afectivos que fueron fundamentales a la hora de conseguir testigos para esta etapa de juicios orales. Su aporte de información, investigación y vínculos con sobrevivientes y familiares a la causa que hoy transcurre en los tribunales federales de Rosario es invaluable", remarcó el militante de HIJOS.
"Nos demostró que la persistencia en la lucha da sus frutos a pesar de los miles de obstáculos que los personeros de la impunidad nos presentaron. Dejó el cuerpo y el alma en la lucha por el Juicio y Castigo a los genocidas, y alcanzó a ver cinco de los asesinos de la dictadura sentados en el banquillo de los acusados. Fue una fuente permanente de generación de vida. Proyecto y construyó proyectos bellísimos y luminosos como el jardín de niños La Nube, una experiencia pedagógica única en la ciudad", enfatizó Basso.
"’La pérdida de tantos compañeros y el esfuerzo de tantos otros no puede ser en vano y alguna vez tendremos la Patria Justa, Libre y Soberana por la que luchamos y con la que soñamos’, nos dijo Ceci alguna vez sintetizando en unas pocas palabras el sentido de nuestra lucha", recordó Juane.
"Fue demasiadas cosas para los compañeros de esta agrupación como para reflejarlo en unas pocas y rápidas líneas. Madre y Compañera son dos palabras gigantes que se acercan bastante a lo que significará siempre para nosotros", concluyó el militante de HIJOS.

8 de noviembre de 2009
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procesan a seis militares y dos policías


En el marco de la megacausa que investiga juez Rodríguez.
Argentina. El juez Reinaldo Rodríguez procesó ayer a seis militares y dos policías imputados en la mecausa que investiga crímenes de lesa humanidad. La lista la encabeza el coronel golpista José María González que copó la Casa Gris el 24 de marzo de 1976 y asumió como el primer interventor de la dictadura, a quien imputó 22 homicidios. Lo sigue el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab con 46 homicidios. Un ladero de éste, el teniente coronel Domingo Morales, con 16 homicidios. Y el ex coordinador del Area 212, comisario Juan Calixto Perizzotti también con 16 homicidios. Los cuatro fueron procesados también por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos, con lo cual el magistrado ordenó un embargo sobre sus bienes de dos millones de pesos a cada uno.
La resolución del juez Rodríguez se conoció ayer a la tarde. Tiene 180 fojas, pero es parcial porque deja pendiente la situación procesal varios imputados, entre ellos el ex comandante del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón; su segundo y jefe de la plana mayor, teniente coronel Adolfo Ernesto Alvarez y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar, coronel Domingo Manuel Marcellini, a quienes no pudo indagar por problemas de salud. Y tampoco resolvió la situación del ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y del teniente coronel Carlos Enrique Pavón, acusados por la supresión de identidad de María Carolina Guallane. Estos son los cargos que reprochó el juez:

-José María González: asociación ilícita, 22 homicidios en 22 casos y cuatro casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.

-Jorge Roberto Diab: asociación ilícita, 46 homicidios, cuatro casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos y supresión de identidad de Carolina.

- Domingo Morales: asociación ilícita, 16 homicidios y supresión de identidad de María Carolina Guallane.

-Juan Calixto Perizotti: asociación ilícita, 16 homicidios y cuatro casos de privación ilegal agravada y tormentos, entre ellos a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sandra Cobacho. Más la supresión de identidad de Carolina.

-Héctor Romeo Colombini: los homicidios de Luis Alberto Viustaz y Miguel Angel Fonseca, en concurso legal.

-Carlos Alberto Settel: presunto autor del homicidio del conscripto Edgardo Ferreira, en calidad de partícipe secundario.

-Mario Carmelo Ferger autor del homicidio de Roberto Daniel Suárez en grado de partícipe primario.

-Roberto Pedro Arrieta: presunto partícipe secundario del delito de homicidio del conscripto Roberto Suárez y le dicta falta de mérito sobre las restantes imputaciones.

-Mario Facino: falta de mérito en todas las imputaciones, por lo que la Fiscalía analiza ahora la posibilidad de recurrir la resolución.

El juez Rodríguez convirtió en prisión preventiva los arrestos domiciarios y dispuso un embargo de 2 millones de pesos por cabeza para González, Diab, Morales y Perizotti y de 800 mil pesos para los demás.

8 de noviembre de 2009
6 de noviembre de 2009
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excluyen a represores de elecciones


Represores con condena o procesados no podrán ser candidatos. La ley -aprobada ayer en la Legislatura- inhabilita a presentarse como candidatos a cargos electivos a condenados y procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad.
Santa Fe. Argentina. La Legislatura santafesina convirtió ayer en ley el proyecto por el cual quedan inhabilitados a presentarse como candidatos a cargos electivos los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad. La iniciativa rige para elecciones provinciales, municipales, y comunales, y ya contaba con media sanción de Diputados. Sin embargo fue modificada por el Senado al eliminar la inhabilitación a imputados en dichas causas, lo que finalmente fue aceptado por la Cámara baja.
La Cámara de Diputados aceptó finalmente en las últimas horas de la tarde de ayer las modificaciones efectuadas por el Senado, eliminando la parte del articulado que extendía la inhabilitación también a "imputados" en dichas causas, razón por la cual el proyecto de ley de autoría del diputado Gerardo Rico quedó convertida en norma provincial, aunque con fuertes reparos por parte del propio Rico y la diputada Alicia Gutiérrez. Esta última insistió y logró un cuarto intermedio para mantener la norma como originalmente la votó Diputados. Pero sus pares no la acompañaron y aprobaron la reforma de la Cámara alta y de esta manera quedó convertido en ley.
En principio, la Cámara de Senadores había dado sanción al proyecto llegado de Diputados que inhabilita a presentarse como candidatos a cargos electivos a condenados y procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad. La iniciativa aclara que la inhabilitación regirá para "elecciones provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes", cualquiera sea el sistema electoral que se aplique.
El proyecto originado en Diputados fue aprobado con modificaciones, ya que se extrajo la parte del articulado que extendía la inhabilitación a imputados en dichas causas, por lo que el proyecto volvió a su cámara de origen.
Por su parte la diputada provincial socialista Lucrecia Aranda, recordó que "el Partido Socialista ha presentado iniciativas que hoy encuentran cauce en una norma provincial que adapta su sistema electoral reforzando sus instituciones democráticas bajo el condicionamiento de la garantía efectiva de derechos humanos".
Para Aranda "el proceso de desestabilización democrática en nuestro país encontró en el golpe de estado de 1976, una idea fundacional que implicaba la destrucción del tejido social y el desmantelamiento del estado de derecho, es por ello que esta ley también tiene implicancias simbólicas, porque implica un paso más hacia la construcción de un estado de derecho comprometido con la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales del estado".
En tanto, el senador Juan Carlos Zabalza (FPCyS Rosario) explicó en el recinto que "este hecho que se produce en el Senado provincial, justamente en el momento en que se están desarrollando a nivel de los juzgados federales de nuestra provincia los juicios por los delitos de lesa humanidad, que significa el dar una respuesta a todos los que a lo largo y a lo ancho del país, y en especial en nuestra provincia, han plantado su lucha por la justicia y por la memoria".
Y agregó que la norma será "un toque de atención a los partidos políticos, porque quienes los integramos no debemos de ninguna manera aceptar situaciones de esta naturaleza".
Entre los argumentos de la ley "se propugna evitar que el procesado por delitos de lesa humanidad, acceda al cargo para adquirir fueros, y así entorpecer la acción de justicia. Ello es así en función ley 25.320, Ley de fueros que dice que el funcionario, legislador, magistrado al que se le abra causa penal, en caso de medida privativa de la libertad que vulnere inmunidad de arresto, no se podrá cumplir con la misma hasta tanto no se realice el desafuero, juicio político, remoción".
El articulo 1º de la nueva ley fija que "las listas de candidatos que presenten los Partidos Políticos, Confederaciones o Alianzas Electorales, para elecciones provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes, no estarán integradas por quienes se encuentren condenados o procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique". En tanto en su artículo 2 dice que "el Tribunal Electoral de la Provincia no oficializará las candidaturas inhabilitadas en virtud de lo dispuesto por la presente ley".

8 de noviembre de 2009
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los niños y la dictadura


Declararon enfermera de Parana e hijo del ex detenido Rivero. Una enfermera del hospital adonde Raquel Negro secuestrada en la Quinta de Funes- fue llevada a dar a luz a sus mellizos, declaró ayer en el juicio en Rosario. También lo hizo el hijo del edil Rivero, quien tenía 11 años cuando la patota llegó a su casa.
[Sonia Tessa] Argentina. Antonia Inocencia Deharbe recordó que una tarde la llamaron porque entraba un bebé a la terapia intensiva del hospital Militar de Paraná. Era la primera vez que llevaban un niño a una sala acondicionada para adultos. La enfermera del centro asistencial adonde Raquel Negro secuestrada en la Quinta de Funes que continúa desaparecida fue llevada a dar a luz a sus mellizos, declaró ayer en la vigésimo primera jornada del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. La mujer relató que trabajaba en el área de terapia intensiva y un día -que no pudo precisar la llamaron porque había ingresado una beba recién nacida, del que se comentaba que tenía un mellizo. Pero ella sólo asistió a la niña, que estaba anotada en la planilla como NN. Aunque al principio la testigo incurrió en algunas contradicciones, luego fue afinando su memoria y contó que el mismo día que ella atendió a la beba, el médico cardiólogo Alfredo Verdú, que estaba de guardia, pedía una cama para el mellizo, que estaba en muy mal estado, en el hospital de Niños San Roque. Y que el niño fue trasladado a ese centro de salud. También recordó que durante esos días hubo un movimiento extraordinario de personal militar en el hospital, y especialmente en el pasillo del sector 1 en la zona de las habitaciones 5 y 6, adonde presume que estuvo internada la parturienta, que -recordó era una civil. El primer testigo de la mañana fue Ariel Rivero, hijo de Juan Antonio Rivero, uno de los militantes que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención Fábrica Militar de Armas.
La enfermera. Estaba nerviosa, y al principio con una actitud reticente, que luego fue aflojando. La mujer que el jefe de la terapia intensiva era el médico anestesista Juan Antonio Zacarías, y dijo que fue él quien inscribió a la niña como NN. Dio los nombres de otras enfermeras que atendían en esa área. Recordó que vio durante dos días a la niña. La tarde en que llegó a la terapia intensiva, la beba tenía secreciones, que ella debió aspirarle. Y también le suministró oxígeno. Luego la puso en una incubadora. Al día siguiente volvió a verla en terapia intensiva, pero al tercer día, cuando llegó, la beba ya no estaba. Hoy se sabe que aquella beba era Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, que fue abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario. Según la declaración de Eduardo Costanzo, los encargados de ese traslado fueron Walter Pagano y Juan Daniel Amelong.
Cuando terminó la declaración de la testigo, la fiscal Mabel Colalongo solicitó que se cite a los doctores Zacarías y Verdú, así como a las enfermeras que estuvieron de guardia en terapia intensiva durante esos días, previa averiguación de su estado procesal. De hecho, Zacarías está procesado en la causa Trimarco, que se lleva adelante en Entre Ríos contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército.
Un niño. Ariel Rivero tenía once años el 12 de mayo de 1978, cuando la patota llegó a su casa de la zona sur, donde estaba con su madre Griselda, su hermana Viviana de 7 años y su primo Manuel, de apenas seis meses. Manuel era el hijo de Adriana Arce, que también fue privada ilegítimamente de la libertad y llevada a Fábrica Militar de Armas.
El relato de Ariel abundó en detalles sobre el día de la detención, y cómo la patota los tuvo cautivos en su propia casa durante muchas horas, primero esperando la llegada de su padre, que había ido a buscar el partido que le correspondía como árbitro de fútbol, un trabajo que combinaba con sus tareas de obrero metalúrgico. Después de haberse llevado a Juan, esperaron a alguien más, ya que permanecieron una semana o diez días ocupando el domicilio.
"Para un chico de apenas once años eran todas personas grandotas, había algunos vestidos con ropa azul y otro morocho tenía un pantalón verde", relató sus recuerdos. También contó que cuando estaban llevando a su padre, él atinó a seguirlo. Y uno de los integrantes de la patota quiso llevarlo también. Lo describió como morocho, morrudo, robusto, con pelo ondulado y corto. En cambio, otro de los represores se lo impidió. "Dejalo que es un pibe, es un pibe muy chiquito", le dijo. "Este otro señor, que no está acá en esta sala, dijo que había que llevarme porque teníamos la cabeza contaminada desde chiquitos", relató Ariel. Finalmente, el otro le dijo: "Te dije que lo dejes". Y Ariel se quedó con su madre, su hermana y su primo en su casa, adonde la patota estuvo algunos días más.
Al día siguiente, su madre los llevó a la casa del abuelo paterno, de donde volvieron cuando la patota se había ido. Encontraron los muebles destrozados, y les faltaban varios objetos. Griselda estaba embarazada, y al poco tiempo tuvo a Fernando. Como los represores le habían dicho que llevaban a su esposo a la Jefatura de Policía, comenzó por allí. Pero no encontró nada. Estuvo meses sin saber nada de su marido, hasta que fue llevado al Batallón 121. La mujer trabajó en la limpieza de casas para mantener a sus hijos durante los 5 años que Juan Rivero permaneció primero secuestrado y luego detenido en las cárceles de Coronda, Caseros y Rawson. El 24 de diciembre de 1982, Juan Rivero recuperó la libertad. "Ahí comenzamos con nuestras nuevas vidas", dijo aquel niño, hoy un adulto, maestro de escuela.

8 de noviembre de 2009
5 de noviembre de 2009
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volver al horror


Trece testigos reconocieron el lugar donde estuvieron secuestrados. La seccional policial fue uno de los centros de torturas más emblemáticos de la guerra sucia en la ciudad de Santa Fe. Un grupo de sobrevivientes identificó la cochera por donde entraba la patota. "Tenían acceso directo a los calabozos", recordaron.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El Tribunal Oral que juzga a los represores santafesinos inspeccionó ayer uno de los centros de torturas más emblemáticos de la guerra sucia: la seccional 4ª, donde volvió a escuchar los relatos de trece testigos que ya declararon en el juicio y a uno de los imputados que hasta ahora no habló: el comisario Mario Facino, jefe de la comisaría hasta fines de 1976. Ana María Cámara y Anatilde Bugna nunca habían vuelto a los calabozos donde estuvieron algunas horas después de su secuestro, el 23 de marzo de 1977, en una escala hacia otro centro clandestino conocido como 'La Casita' que aún no fue localizado. Ayer, regresaron a ese cubículo de un metro por uno y medio, sin ventilación y una puerta ciega. Ninguna de las dos había llorado en su testimonio ante los jueces, pero la pérdida por los que ya no están y sufrieron el martirio de la 4ª las quebró en llanto. "Lo primero que nos golpeó fue olor a sórdido. Tienen el mismo olor que hace 30 años", dijo Ana María, aún impactada por la vuelta a la oscuridad.
La inspección se realizó por etapas. El primero fue Facino que explicó al Tribunal cómo funcionaba la comisaría cuando él estaba al mando. Desde entonces hubo varias reformas, entre ellas el cerramiento de un portón con cadenas que comunicaba la cochera con el resto del edificio. El grupo de tareas ingresaba al garage con los vehículos y secuestrados a bordo: tenían acceso directo a los calabozos y a las celdas con rejas que sus víctimas llamaban "Las leoneras". Hoy, ese acceso no existe, así que para llegar a la cochera hay que caminar por la vereda, como ayer lo hizo Facino, rodeado por jueces, fiscales y defensores. Tres policías lo custodiaban. Una colega lo siguió con su cámara y Facino reaccionó con su mejor pose y una orden: "Dale, saquen ahora", le dijo. Y Gabriela Albanesi tomó la foto que ilustra esta nota.
Después, siguió otro ex policía, Luis Enrique Monzón, que era oficial en la 4ª en noviembre de 1975, cuando los represores trajeron a un estudiante universitario. El escuchó sus gritos de dolor y desesperación casi desde la calle. Ayer, repitió el mismo camino que hizo entonces para asistirlo, darle un sorbo de agua y después llevarle una esquelita a su familia. El detenido era Jorge Pedraza, uno de los querellantes en el juicio. "Hice el mismo recorrido y expliqué lo que había hecho", dijo Monzón a Rosario/12. Ese gesto de humanidad le costó 21 meses de cárcel y la cesantía.
Pedraza recordó la rutina de los represores. "La patota entraba por la cochera después de las diez de la noche, aunque a veces lo hacía antes. Tenía acceso directo a los calabozos y a las celdas que hoy no existe, pero que fue reconocido" por los testigos.
El segundo grupo se completó con Orlando Barquín, Francisco Klarick y José Schullman que pasaron por la comisaría en distintas épocas. "Yo pude reconocer los dos lugares donde estuve secuestrado y confirmar que al lado había una celda chiquita donde estaba Alicia López", dijo. Schullman tiene un recuerdo borroso de sus diálogos con Alicia, pero sabe que fueron reales. "También pude encontrar la oficina donde me interrogó (otro de los imputados en el juicio, Víctor) Brusa, que está sobre la calle Zavalla. Lo principal es que todos confirmamos el lugar donde estuvimos detenidos. Y que la disposición de los espacios ratifica que todos los estaban en la 4ª sabían lo que pasaba", explicó.
Según Schullman y otros testigos surgieron algunas dudas para identificar las salas de torturas y de interrogatorios. En el juicio, tuvieron que reconocer la comisaría 4ª con un plano actual, donde ni siquiera figura la cochera por donde ingresaban los grupos de tareas de la dictadura. Ya en 1984, la Conadep confeccionó un croquis de la 4ª que ubicó el circuito de los detenidos: el ingreso por la cochera, los cuatro calabozos, dos celdas, cuatro salas de torturas y dos de interrogatorios (que daban sobre la calle Zavalla), todo en la planta baja.
Más tarde siguieron Bugna, Cámara y Patricia Isasa. Quedaron impactadas por los calabozos. "Tienen el mismo olor sórdido", dijo Cámara. Las dos estuvieron en esos calabozos junto con otra compañera de militancia, Raquel Juárez. Fueron pocas horas, porque las trasladaron a un centro clandestino en las afueras de Santo Tomé que aún no han podido encontrar. "Las leoneras son de terror. Yo no puedo creer que tantos compañeros hayan estado metidos ahí. Y lo más grave es que lo siguen usando 30 años después y en las mismas condiciones", agregó Bugna.
El reconocimiento siguió con Roberto Cepeda, Mariano Millán Medina y Carlos Pacheco. Al final, les tocó a los esposos Daniel García y Alba Sánchez que estuvieron de paso en la 4ª porque también los llevaron a otro chupadero, en San José del Rincón. "Reconocimos la cochera por el ruido del portón, el lugar por donde nos metían en la comisaría y los calabozos, en uno de esos estuve yo porque cada vez que me golpeaba tocaba pared, era un espacio muy reducido", dijo García. En cambio, Alba reconoció una celda más grande que tenía un banco de porland donde se sentaba.
El defensor oficial Fabio Procajlo, que asiste a Brusa, le preguntó a Sánchez si el ruido que había escuchado era de cadenas o un chirrido. Ya en las audiencias había indagado sobre las características y el material de las capuchas o si eran nuevas o usadas. "Una cosa es venir ahora y reconocer ese ruido y otra que lo traigan a uno aplastado en un auto, con palos encima y la capucha ajustada. Si tengo que venir dentro de cinco años, seguramente el ruido me va a parecer distinto", le contestó Alba.

8 de noviembre de 2009
5 de noviembre de 2009
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robo de niños y adn


Diputados dio media sanción al proyecto para la obtención de ADN y el pase del banco de datos genéticos. Luego de un debate arduo y por momentos emotivo, Diputados aprobó ambas iniciativas, que ahora pasaron al Senado.
[Miguel Jorquera] Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y miembros de otros organismos de derechos humanos siguieron desde las bandejas del recinto de la Cámara de Diputados un debate arduo, difícil, emotivo y extenso, mientras en paralelo se mantenían negociaciones para pulir diferencias. El oficialismo aceptó modificaciones a los proyectos enviados por el Gobierno y sumar adhesiones para incorporar al Código Penal nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la dictadura y darle carácter nacional al Banco de Datos Genéticos, que pasará a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La votación sobre ADN, con 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, dividió transversalmente a la oposición. La del Banco Genético generó mayor resistencia, pero también tuvo una media sanción holgada: 135 a favor y 47 en contra.
"Nos entregaban como si fuéramos cachorros a otras familias", sostuvo la diputada Victoria Donda, nacida durante el cautiverio en la ESMA de su madre desaparecida. Donda afirmó que se trata de una decisión difícil con su propia experiencia: "Yo tardé ocho meses en decidirme a hacerme el análisis" y fundamentó con un agradecimiento su apoyo al proyecto que incorpora al Código Penal nuevos procedimientos para la obtención de ADN: "Gracias a las Abuelas que nos buscaron. Porque yo y 97 nietos más podemos decir nuestros nombres. Ellas llevaron adelante el trabajo del Estado".
El propio jefe de la bancada K, Agustín Rossi, apeló a uno de los párrafos más emotivos del discurso de Donda para pedir el acompañamiento a la iniciativa. "Tratamos los temas tan asépticamente que no nos damos cuenta de la profundidad de las cosas: ‘Cómo es sufrir la contradicción de estar esperando que los padres, a los que yo quiero, se mueran –había dicho Donda– para saber quién soy y que no pase mucho tiempo para conocer a mis abuelos y que ellos cuenten cómo eran mis padres’."
La discusión no había sido sencilla. El kirchnerista Remo Carlo-tto anunció, al inicio de la sesión, una incorporación al texto de la iniciativa: "La medida (la obtención de ADN) deberá ser dictada en un auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto". De esa forma, el bloque K incorporó uno de los reclamos opositores y de algunos organismos de derechos humanos, que proponían no dejar librado el procedimiento a criterio de los jueces.
Pero el cambio no alcanzó para conseguir el respaldo opositor. Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, se opuso tenazmente: "Me niego a que en aras de los derechos humanos se violen los derechos humanos", afirmó y citó una frase del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, en la que afirma que "no hay razón de Estado que justifique la violación a los derechos humanos". De esa manera, la diputada avaló la postura de su líder, Elisa Carrió, quien había calificado al proyecto como "fascismo puro".
"Los que sostienen dictamen de mayoría no son fascistas, ni los que nos oponemos somos Videla", arrancó el radical Pedro Azcoiti, quien consideró que los cambios no alcanzaban para poner límites a la posibilidad de la extracción compulsiva de sangre. Aunque, conociendo las diferencias dentro de su bloque, solicitó permiso para abstenerse si las negociaciones por otras modificaciones no avanzaban. Los socialistas también pedían que se aclarara en el texto que el procedimiento "solamente se llevaría adelante en los casos por delitos de lesa humanidad" para acompañarlo.
En cambio, Horacio Alcuaz, del GEN y socio de la CC, justificó su voto a favor en "un problema de conciencia". Emilio García Méndez, del SI, fundamentó el respaldo de su bloque. Lo mismo que hicieron los radicales K y otros bloques menores. El PJ disidente no se pronunció.
El oficialismo aceptó otra modificación para poner más límites a la discrecionalidad de los jueces y obligarlos a utilizar los métodos menos agresivos para la obtención de ADN, como tomar las muestras biológicas de pelo, saliva o piel. Su incorporación quebró varias objeciones de la oposición y su disciplina partidaria. Muchos bloques votaron divididos entre el apoyo, el rechazo y la abstención de sus propios integrantes, incluso dentro del macrismo y del peronismo disidente.
El tema del Banco Nacional de Datos Genéticos casi no requirió debate. Varios de los reclamos de la oposición y de organismos de derechos humanos fueron incorporados al texto de la iniciativa en medio de las negociaciones por el proyecto de ADN. Entre ellos, que el nuevo Banco Nacional dependiera de un organismo autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y no de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La propuesta era no facilitar las demoras judiciales que proponen los abogados de los represores, que en este último caso apelarían la competencia del Ministerio de Justicia sobre el banco de datos, que será auxiliar judicial en los procesos contra el terrorismo de Estado.
En este caso, el PRO mantuvo su reclamo contra el proyecto porque considera una "expropiación" que el banco siga funcionando en el Hospital Durand, de la ciudad, pero bajo la órbita de la Nación. Aunque el banco fue creado allí por ley, en 1987, antes que la ciudad obtuviera su autonomía.
Tras la media sanción, los proyectos fueron girados al Senado, que los tratará antes de fin de mes.

8 de noviembre de 2009
5 de noviembre de 2009
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represor quiere volver a torturar


Juan Daniel Amelong volvió a exhibir sus convicciones en la audiencia de ayer. La abogada Virginia Blando Figueroa escuchó decir al imputado: "Esto se está poniendo calentito, hace falta un poco de bencina", poco después de que una sobreviviente relatara cómo le quemaron la cabeza con ese solvente a un compañero.
[José Maggi] Argentina. El represor Juan Daniel Amelong tuvo ayer un grave altercado con una abogada querellante, quien reaccionó ante sus dichos. Según relató a Rosario/12 la abogada Virginia Blando Figueroa, todo sucedió cuando los miembros del Tribunal Oral Federal Nº1 se retiraban al inicio del cuarto intermedio luego de escuchar la declaración de Olga Moyano, quien relatara como le habían quemado con bencina el cabello a Ariel Morandi. "Esto se está poniendo calentito. Lo que hace falta acá es un poco de bencina", aseguró Blando que dijo Amelong. "Ante esto, que sonó obviamente intimidatorio a las partes que estábamos presentes en la sala de audiencias, le pido al defensor Héctor Galarza Azzoni que lo haga callar y que el imputado se abstenga de hacer ese tipo de comentarios. Amelong se dirige entonces a mí y me pregunta que es lo que él mismo había dicho, y luego de negarlo en primer término, termina reconociéndolo, ’Sí, acá lo que hace falta es un poco de bencina’, repitió mirándome", relató la abogada. El contexto le da un contenido siniestro. El comentario es más que agresivo, ya que sólo minutos antes, Olga Moyano había relatado su experiencia de escuchar los gritos de Ariel Morandi, mientras era quemado en la cabeza con bencina, y cómo la habían hecho sentar sobre el abdomen de Ariel mientras lo torturaban, pese a que él mismo les pidió a sus torturadores que se la saquen de encima porque ella también iba a terminar quemada. Pocos minutos después del testimonio, Amelong hizo este comentario.
Luego del exabrupto, Virginia Blando pidió al tribunal la expulsión de la sala de audiencias de Amelong, -que fue suscripta por la fiscal Mabel Colalongo- pero al cierre del debate el presidente Otmar Paulucci decidió correrle vista al fiscal en turno para que investigue.
No menos ocurrente fue la postura de Galarza Azzoni, quien hasta ayer era más conocido por su apodo "Mito", y de ahora en más lo podrá ser por la desopilante defensa de su representado: el defensor oficial aseguró que todo fue fruto de una "conversación privada entre defensor y defendido que tiene garantía constitucional", y que la misma no debía ser entendida como una declaración intimidatoria ni un exabrupto.
"Quiero que se revisen las grabaciones televisivas y allí se verá que estoy de espalda a la cámara hablando con Amelong, -aseguró Mito como pidiendo un telebean-. Por lo cual, esas declaraciones fueron en el contexto constitucional, es decir diálogo con el defensor y defendido" remató Galarza Azzoni, reconociendo implícitamente que las habría escuchado.
Pero no todas fueron negras ayer para el Tribunal Oral Federal Nº 1: el presidente Otmar Paulucci accedió ante la requisitoria de la fiscal Mabel Colalongo, para que el juzgado federal de Marcelo Bailaque investigue al ex juez federal Pedro Tiscornia quien fue denunciado por varias víctimas, como Adriana Arce, Juan Rivero y Ramón Verón entre otros, por haberse negado a tomar denuncias por torturas.
Colalongo remarcó: "Hemos escuchado el nombre del ex juez federal Tiscornia, quien fue señalado por posible incumplimiento de sus deberes de funcionario público y el posible encubrimiento de delitos de lesa humanidad".
Hace sólo dos semanas, la abogada querellante Ana María Figueroa había solicitado al tribunal que enviara las desgrabaciones de las declaraciones de Eduardo Costanzo, Mercedes Domínguez, Adriana Quaranta, entre otros, quienes habían señalado a varios represores a los que identificaron por sus alias y en algunos casos con su verdadero nombre.

7 de noviembre de 2009
4 de noviembre de 2009
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testimonios de tres sobrevivientes


Daniel García, Alba Sánchez y Andrea Trincheri testimoniaron en la causa Brusa Fueron secuestrados en diciembre de 1977, primero los llevaron a la comisaría 4ª y los llevaron a un centro clandestino en San José del Rincón hasta 1978.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Fueron ocho horas de relatos del terror. El secuestro, las torturas y el botín de guerra. Los esposos Daniel García y Alba Sánchez y una compañera que ellos habían refugiado en su casa, Andrea Trincheri, la ‘Tana’, como la conocían, contaron ayer ante el Tribunal Oral los meses que estuvieron desaparecidos en un centro clandestino de San José del Rincón, desde diciembre de 1977 hasta el otoño de 1978. Lo perdieron todo: los García fueron despojados de sus bienes: una casa, una camioneta Ford F100 y hasta el último de sus muebles. Lo único que les quedó fue una tetera del juego de casamiento que Alba llevó al juicio para mostrársela a los jueces. "Nunca he podido comprender tanto salvajismo", dijo la Tana. Los ojos se le iluminaron. Ella denunció su martirio en 1997 ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los García ni siquiera sabían su nombre y apellido, hasta que su abogado detectó ese testimonio que los mencionaba. La llamaron a declarar en el juicio. Y ayer, volvieron a reencontrarse ante un Tribunal después de 30 años sin verse, desde aquel día que el grupo de tareas los dejó libre y comenzaron a reconstruir sus vidas: Andrea, en La Plata y los García, en Santa Fe. "Cuando nos llevaron al chupadero cruzamos el puente Colgante, creo que hoy comenzamos a volver", dijo Daniel. La angustia le frenó las palabras.
Los tres testimonios ocuparon las dos jornadas del juicio a los represores santafesinos. Daniel García declaró a la mañana, durante cuatro horas. Su esposa y ‘la Tana’ durante otras cuatro, a la tarde. Los tres fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 en una estación de servicio de Santo Tomé, en la curva de Mauri. Era un grupo de tareas integrado por militares, policías y civiles. A uno de ellos, Daniel lo pudo identificar cuando lo vio detrás de un revólver calibre 38 que le apuntaba a la cabeza, era José Quiroga, un ex montonero que se pasó a la filas de la represión.
Los llevaron a la comisaría 4ª. Andrea recordó el ruido que hacía el portón del garage por donde los entraron a la seccional. Ella no era de Santa Fe, pero ese chirrido le quedó en la memoria. "Me encapucharon y esposaron con las manos en la espalda y comenzaron a interrogarme en una celda", dijo Trincheri. Ya habían comenzado los tormentos.
Después los trasladaron a una quinta en San José del Rincón que los García lograron localizar y denunciar, en octubre de 2004. "Me bajan del auto y me dejan en una habitación. Y empiezan las sesiones de torturas y las presiones. A mi derecha había un tal ’Potín’ y a mi izquierda un tal ’José", dijo Andrea. Y luego llamó por sus alias a otros dos integrantes del grupo de tareas: ‘el Pollo’ y ‘el Tío’. Daniel y Alba Sánchez les pusieron nombre y apellidos a los apodos: ‘Potín’ era el capitán del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Julio César Domínguez; ‘José’ era Guillermo Quiroga; ‘el Pollo’ el comisario Héctor Colombini imputado en el juicio y ‘el Tío’ el suboficial del Ejército, Nicolás Correa. Más adelante, agregaron otros: ‘El gringo’, ‘Óscar’, ‘el Cucaracho’ y ‘el Tuli’ que aún no han podido identificar.
Andrea dijo que se desmayó en uno de los interrogatorios. Cuando recuperó la conciencia, ‘Potín’ le contó que había tenido un paro cardiorespiratorio. "Entonces, no me tocaron más con la picana porque podía tener otro paro", explicó.
En los meses del secuestro, los amenazaban con matarlos. "Hubo simulacros de fusilamiento que ellos hacían para intimidar y quebrarnos". Hasta que en el otoño de 1978 les anuncian que los iban a liberar. "Nos hacen sacar la capuchas. Y ahí estaban Potín y José, es la única vez que los veo a Daniel y a la Negra", precisó Andrea.

¿En esa quinta, había otros detenidos además del matrimonio García y usted? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.
Estábamos nosotros tres contestó Trincheri.

¿Recuerda algún aspecto del inmueble?
Tenía un comedor, había un pasillo largo con habitaciones a los costados, un jardín y parrilla respondió. Su relato coincide con un croquis de la casa que un rato antes se había exhibido en el juicio con la planta original de la vivienda antes de una reforma.

El fiscal José Ignacio Candioti le pidió precisiones sobre los simulacros de fusilamiento. "Recuerdo las voces. Con la capucha veía de la cintura para abajo, pero ’Potín’ era el que lideraba todo. Y a la noche, cuando ponían la musica empezaban las sesiones de torturas afirmó la Tana.

¿Sobre qué la interrogaban? quiso saber el presidente del Tribunal, Roberto López Arango.
-Pedían nombres y apellidos para seguir secuestrando y torturando gente como estaban haciendo con nosotros. Querían datos para seguir persiguiendo en cualquier parte del país.

Fue allí cuando el defensor de Colombini le preguntó por su defendido. Trincheri respondió sin dudar: "Era uno de los torturadores, trabajaba con ’Potín’. Trabajaba con ellos. No puedo comprender qué los llevó a ser tan salvajes", dijo la Tana. El presidente del Tribunal le agradeció su testimonio. Ella se levantó y buscó la salida. Un aplauso de los familiares de las víctimas la recibió en la puerta. Y unos minutos después, se reencontró con los hijos de los García, Emiliano y Diego, que en 1977, cuando ella se refugió en su casa tenían 4 y 5 años y que ayer volvió a abrazar después de tantas ausencias.

7 de noviembre de 2009
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