Blogia
mQh

argentina

sobreviviente recorre cárcel secreta


La sobreviviente Emma Buna recorrió La Calamita. Tuvo dudas, atenta a los importantes cambios edilicios que sufrió la casa donde se presume estuvo detenida junto a su marido desaparecido. Pero aseguró que algunos elementos presentes en su recuerdo están nítidos en el lugar.
[Sonia Tessa] Argentina. Emma Stella Maris Buna bajó del auto y no pudo evitar el llanto. Estaba frente a la casa conocida como La Calamita, el lugar donde se presume que estuvo cautiva durante 40 días, a partir del 18 de febrero de 1977. En el mismo centro clandestino de detención mantuvieron prisionero a su esposo, Guillermo White, que continúa desaparecido. Buna se tapó la cara, llorando. Luego, enfrentó al pasado, e ingresó a la casa. Una vez adentro, no se produjo la revelación que ella esperaba, pero sí reconoció algunos lugares. Caminó mirando las baldosas como lo hacía debajo de la venda que le tapaba los ojos cuando estaba secuestrada. Uno de los recorridos lo repitió con los ojos cerrados. Tuvo dudas, atenta a los importantes cambios edilicios que sufrió la casa, pero aseguró que algunos elementos presentes en su recuerdo están nítidos en el lugar.
Antes de entrar a La Calamita, en Granadero Baigorria, Buna se abrazó con Marta Bertolino, también sobreviviente de otro centro clandestino y coordinadora de la Unidad Terapéutica de Atención a Testigos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. En ese momento, ante la conmoción de la testigo, los integrantes del Tribunal, Beatriz Barabani de Cavallero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, les pidieron a los abogados defensores, querellantes y otros funcionarios judiciales que se alejaran hasta que se tranquilizara.
Buna tardó pocos minutos en recomponerse y comenzó ese recorrido que, como había dicho el día anterior en su declaración, era también una necesidad personal de saber adonde estuvo. Buna se fue del país en 1979 y actualmente reside en Francia, desde donde llegó para dar su testimonio en el juicio contra cinco represores de Rosario.
Una vez adentro, Buna recorrió cada uno de los espacios. Del baño, recordaba con nitidez que tenía dos puertas, y una de ellas daba a la habitación donde estaban los prisioneros hombres. Esa segunda puerta ahora está tapialada, y la habitación contigua fue derrumbada, aunque queda el techo de chapa con canaleta como testigo de su existencia. La sobreviviente también recordaba que para llegar al baño debía recorrer lo que funcionaba como cocina -donde ahora sólo hay entradas de agua y gas , y otro espacio, que imaginaba como una galería, con un piso viejo, como son las baldosas de la habitación de ingreso a la casa. "Podrían ser", indicó. Recordaba la vueltita a la izquierda que debía dar para ingresar al baño, otra situación que pudo reconocer ayer. La testigo había mencionado anteayer, en su declaración, que el baño tenía una ventana hacia a un jardín, donde se veía césped y algunos árboles. Esa ventana -entonces siempre entreabierta, ahora también tapialada es tal como ella la recordaba. Luego, Buna salió de la casa y se paró delante de la ventana, con los ojos fijos en aquel horizonte que durante 40 días fue su único contacto con el mundo exterior.
Fueron casi dos horas de recorrida. Los tres magistrados la acompañaron en todo momento. También estuvo la fiscal Mabel Colalongo con su equipo, los defensores, y varios abogados querellantes. Los espacios eran pequeños para albergar tanta gente. El baño fue el primer lugar, y luego el espacio de la habitación derrumbada donde pudieron estar los hombres. Luego volvieron adentro de la casa, y fueron hacia la parte de atrás, donde Buna pudo reconocer el desnivel que recordaba para entrar a la habitación donde estuvo cautiva. Estaba al fondo. Para ir al baño, pasaba por un espacio más largo que ancho, donde quedaban restos de una vieja cocina. Más tarde, atravesaba la habitación de entrada, y allí daba la vueltita a la izquierda para entrar al baño. Por la puerta situada a la derecha del inodoro la testigo recordaba haber escuchado las voces de los hombres que estaban secuestrados. Una de las veces que pasó por la habitación de ingreso -un espacio amplio, tipo galería, que recordaba como un paso hacia el baño , también dijo que sabía que allí había una abertura grande, "por donde ellos entraban". Ellos eran los integrantes de la patota.
Buna estuvo serena. Caminaba despacio, respondía preguntas, cerraba los ojos para rememorar sus pasos de entonces. Ponía en su cuerpo los pocos indicios que pudo recolectar durante los días que pasó tirada sobre un colchón. Mientras caminaba con los pasos de entonces, hacía señas con las manos, para orientarse en aquellos viejos lugares. Una de las veces que estuvo en el baño volvió a mencionar los aviones que escuchaba desde su lugar de cautiverio. Para ella, durante años, esa fue una prueba concluyente de haber estado en Funes. Sin embargo, más tarde, una de las abogadas querellantes, Nadia Schujman, puntualizó que muchos sobrevivientes de La Calamita recordaban haber escuchado aviones.
En un momento se escuchó un tren. La defensora de Pascual Guerrieri, Mariana Grasso, pidió que constara, ya que durante su declaración de anteayer Buna había dicho que no oía ruido de trenes desde su lugar de cautiverio, pese a haber pasado "varias veces" por vías del ferrocarril cuando la secuestraron y la llevaron hasta su lugar de cautiverio. Barabani se lo mencionó a la testigo, pero Buna tampoco pudo negar terminantemente haber escuchado trenes.
Una vez que el recorrido terminó, cuando Buna volvió a pararse frente al lugar donde -se presume estuvo su esposo secuestrado, Barabani le preguntó cuál era su sensación. Ella le dijo que había cosas que podía reconocer, pero no quería apresurarse. También Bertolino se acercó a preguntarle cuál era su sensación. Buna repitió que podía reconocer la ventana del baño, la puerta que llevaba a la otra habitación -hoy inexistente , el desnivel para llegar a la habitación donde ella estaba, la cocina, las baldosas de aquello que recordaba como galería. Pero no había aparecido aquel detalle que despertara nuevos recuerdos. En cambio, apenas llegó al predio de Funes donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Castillo, fue contundente: allí no estuvo secuestrada.
Mientras Stella Buna estaba en el baño, el espacio que recordaba con más nitidez porque era en el único en el que le permitían estar sin los ojos vendados, mil y un detalles que podían observarse en la casa -hoy habitada hacían contraste con el anterior destino del edificio. Una mochila escolar de Barbie colgada de la pared, un juego de metegol apoyado sobre una escalera de material en el costado izquierdo de la primera habitación, trofeos de campeonatos de fútbol infantil en un viejo aparador. Más allá de la apariencia actual del predio, Buna estuvo concentrada en recordar ese espacio tal como era cuando ella estuvo privada de su libertad allí, cuando "los tipos" (como ella les dijo durante su declaración) se habían apoderado de la vida y la muerte.

1 de octubre de 2009
©página 12 
rss

amenazan a hija de juez


Amenazan a hija de juez en caso de derechos humanos.
Argentina. Una hija del presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Roberto López Arango, que juzga a seis represores de la dictadura, recibió dos llamadas telefónicas anónimas en su casa, en Rosario. "Habla Juan Mordaza", le dijeron. Y cortaron. Las amenazas ya están en conocimiento del Programa de Protección a Testigos de la provincia que ofreció custodia policial a la hija del magistrado. En las próximas horas se radicará la denuncia ante el juez competente. La justicia federal ya investiga las amenazas al fiscal José Ignacio Candioti, al abogado querellante Guillermo Munné y a una de las denunciantes, Patricia Isasa.

1 de octubre de 2009
©página 12 
rss

detienen a tres represores más


Por crímenes de lesa humanidad. Se esperan más detenciones. Diab, Ferger y Arrieta fueron los primeros detenidos porque residen en Santa Fe. Es inminente la captura de otros jefes militares.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez ya detuvo a tres militares de alto rango por crímenes de lesa humanidad, mientras espera que en las próximas horas se cumplan otras órdenes de captura que firmó en una megacausa que investiga 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. Desde el martes a la tarde y hasta la madrugada, el magistrado indagó al teniente coronel Roberto Pedro Arrieta y a un ex oficial de Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de Santo Tomé, Mario Carmelo Ferger y hoy seguirá con el tercero: el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab. Los tres ya están alojados en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores, que comparten con otros represores de la dictadura.
Diab, Ferger y Arrieta fueron los primeros detenidos porque residen en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, mientras que la captura de los otros jefes militares imputados en la megacausa puede demorar un poco más porque tienen domicilio en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. "Puede haber novedades en las próximas horas", dijo una fuente cercana a la investigación cuando Rosario/12 le preguntó si había más detenidos.
El martes, Rodríguez ordenó la detención nueve militares y tres policías, pero seis de ellos ya estaban bajo arresto domiciliario, así que quedaron a su disposición para indagarlos cuando lo considere oportuno. Otros tres Diab, Ferger y Arrieta fueron detenidos el mismo martes, por lo que ahora el juez espera novedades sobre los tres restantes: el general de brigada Carlos Alberto Settel, el teniente coronel Adolfo Ernesto Álvarez y el capitán Domingo Morales. Settel es el de más alto rango imputado en la mega causa.
El juez citó también a indagatoria el 8 de octubre al coronel Carlos Enrique Pavón y al ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, en una causa que investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, en febrero de 1977, cuando tenía catorce meses. Veinte años después, en 1998, Carolina supo que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que su padre biológico, Enrique Cortassa está desaparecido y su madre, Blanca Zapata, fue asesinada de un disparo en la cabeza con un embarazo a término y perdió el bebé.
Estos son los doce militares y policías detenidos o con pedido de captura:

- José María González: coronel, jefe del Área 212 desde diciembre de 1974 hasta diciembre de 1976. En el golpe del 24 de marzo copó la Casa de Gobierno y asumió como el primer interventor de la dictadura en la provincia hasta mayo de 1976. Fue el primer represor procesado por homicidio en Santa Fe por el secuestro y asesinato del militante político Mario Osvaldo Marini, el 9 de diciembre de 1975.

- Juan Orlando Rolón: coronel, sucedió a González en la jefatura del Area 212 a fines de 1976 y hasta diciembre de 1979 cuando asumió como ministro de Bienestar Social de la provincia. El Tribunal Oral Federal lo apartó del primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Santa Fe por su estado de salud. Tiene prisión domiciliaria y está imputado en la causa por asociación ilícita, pero el conjuez Lazzarini no resolvió su situación procesal porque no lo puede indagar.

- Adolfo Ernesto Álvarez: teniente coronel, era el segundo de Rolón. Fue el jefe de su plana mayor y responsable del Centro de Operaciones Tácticas (COT) que comandaba la represión de las fuerzas conjuntas.

- Domingo Manuel Marcellini: teniente coronel, jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 desde diciembre de 1975 hasta fines de 1977. Tiene prisión domiciliaria en su departamento céntrico en la ciudad de Mendoza. Debía comparecer en el juicio que se inició a seis represores santafesinos, entre ellos el ex juez Víctor Brusa y cinco policías, pero fue apartado por su estado de salud. Está imputado y procesado en otra causa por asociación ilícita junto con Brusa y compañía que instruye el conjuez Ricardo Lazzarini.

- Jorge Roberto Diab. Teniente coronel, prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 122 entre enero de 1976 hasta 1979, primero como jefe de la 1ra Sección y luego como segundo jefe. La semana pasada en el juicio oral a los represores el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Área 212, comisario Juan Calixto Perizzotti, lo acusó de haberle entregado a fines de marzo de 1977 diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé. Perizzotti dijo que el operativo se cumplió por orden de Rolón.

- Domingo Morales: Mayor del Ejército. Operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar con el grado de capitán. En el juicio a los represores, en la audiencia del martes, una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundaria, Cecilia Mazzetti, lo acusó de haberla torturado en la comisaría 4a cuando tenía 17 años y estaba embarazada.

- Roberto Pedro Arrieta: ex jefe del Distrito Militar Santa Fe.

- Carlos Alberto Settel, general de brigada. Es el militar de más alto rango imputado en la megacausa. Está acusado en la desaparición de un soldado que hacía el servicio militar obligatorio bajo sus órdenes.

- Mario Carmelo Ferger. Ex oficial del Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé.

- Juan Calixto Perizzotti: comisario. Jefe de la Oficina de Coordinación del Área 212 entre enero 1977 y noviembre de 1983.

- Mario José Facino: comisario, jefe del Comando Radioléctrico entre diciembre de 1976 y agosto de 1979

- Héctor Romeo Colombini: involucrado en un operativo con dos muertos el 6 de septiembre de 1976, en un piso de alto en Martín Zapata al 2500.

1 de octubre de 2009
©página 12 
rss

argentina pide extradición de poch


El juez federal, Sergio Torres, pidió a España la extradición del piloto de los "vuelos de la muerte", el ex teniente de fragata, Julio Poch, por su presunta participación en casos de violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Está imputado en otras causas como la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.
Argentina. Fuentes judiciales confirmaron que el represor Poch, imputado entre otros casos en los que tuvieron como víctimas a la joven sueca Dagmar Hagelin, a las monjas francesas Alice Domón y Leonie Duquet y al periodista Rodolfo Walsh, habría participado en los denominados "vuelos de la muerte", aviones que arrojaban cuerpos humanos al Río de la Plata.

1 de octubre de 2009
©página 12
rss

se inicia juicio contra massera


Se inicia el juicio a Massera por la muerte de tres italianos durante la dictadura militar. El pasado 4 de marzo el juez del Tribunal de Roma, Marco Mancinetti, recibió la pericia médica que certificaba que el ex almirante que presidió la Junta Militar en 1976, Emilio Massera, está en "plenas facultades" para afrontar un proceso por la tortura y muerte de los italianos Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana.
Argentina. El caso que trata la desaparición, tortura y asesinato de las tres personas italianas mencionadas entre 1976 y 1977, había sido suspendido en 2005 luego de que se considerase que el represor no podía ser sometido a proceso por padecer "demencia".
Massera "debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios", según el estudio médico.
El sumario sobre Massera, que fue apartado del proceso principal por la muerte y desaparición de los italianos, quedó suspendido en 2005, después de que un anterior informe pericial médico determinara que el acusado padecía demencia.
Anteriormente habían sido condenados en rebeldía a cadena perpetua los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek por la muerte de Angela Aietta Gullo, Giovanni Pegorato y su hija Susana, además del secuestro de la hija de ésta, nacida en prisión.
El Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado 26 de febrero la condena a cadena perpetua de Astiz, ex oficial de la Marina argentina y el único que había presentado recurso.

1 de octubre de 2009
©página 12 
rss

cómo acelerar los juicios


El VI Encuentro de la Comisión de la Memoria Bonaerense sobre Justicia. Con la sola ausencia de los integrantes de la Corte Suprema, fiscales, abogados, camaristas y jueces debatieron sobre las causas por las que se demoran los procesos por delitos de lesa humanidad.
[Diego Martínez] Argentina. "Es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia asuma el rol que le corresponde, que no es condenar o sobreseer a nadie sino garantizar la administración de justicia." La reflexión pertenece a Pablo Parenti, coordinador de la unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa y coordina el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad, y resume el principal punto de acuerdo de quienes integraron ayer la mesa de trabajo "Justicia y crímenes de lesa humanidad: una política de Estado", convocada por la Comisión por la Memoria bonaerense en el marco del VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria.
Los representantes del alto tribunal fueron los grandes ausentes de la tarde. Hubo jueces, fiscales, abogados, miembros de organismos de todo el país, testigos y periodistas, coordinados por el anfitrión Leopoldo Schiffrin, juez de la Cámara Federal de La Plata. La agenda fue abierta. Los temas, añejos: los operadores de la impunidad disfrazados de fiscales y jueces; la necesidad de acelerar y unificar procesos; la ausencia de una política de Estado que amerite tal denominación; los flancos débiles de los programas de protección de testigos; la resistencia del Tribunal Oral Federal 5 de garantizar la publicidad de los juicios.
El juez federal Daniel Rafecas, miembro de la Comisión Interpoderes creada a instancias del máximo tribunal y "relanzada" el martes, fue el portavoz de una buena nueva: a propuesta del procurador Esteban Righi, la comisión que encabeza Ricardo Lorenzetti resolvió realizar visitas periódicas a los departamentos judiciales con problemas más acuciantes, como Mendoza o La Plata, para tratarlos en persona y buscar soluciones en plazos razonables. "Eso tendría un efecto tremendo. Es imprescindible que la Corte tenga un mapa actualizado de los juicios y que los ministros recorran los juzgados todos los meses", celebró Schiffrin.
Rafecas describió con crudeza el presente de la Justicia federal. Destacó que tras las leyes de impunidad y los indultos "hubo un tercer gran momento" para garantizar la obstaculización de los procesos. Fue "la designación sistemática y planificada de jueces y fiscales en todo el país con el objetivo de asegurar la impunidad". Mencionó casos de "absoluta y deliberada resistencia" y planteó que "llegó el momento crucial de plantear qué vamos a hacer con estos jueces, fiscales y camaristas". Agregó que percibía "una postura muy ingenua" frente al tema y destacó que los operadores de la impunidad "no van a defraudar a quienes los designaron".
El fiscal federal Jorge Auat, titular de la unidad especial de la PGN, compartió el diagnóstico y destacó que "nunca antes de los procesos por crímenes de lesa humanidad el Poder Judicial puso tanto énfasis en las garantías constitucionales". Auat sostuvo que "la herramienta más idónea y la única respuesta posible es el trabajo cotidiano, la actitud permanente de lucha para derribar cada nueva barrera", y enfatizó la necesidad de disponer de "una ingeniería política" que permita hablar "de una verdadera política de Estado, no de respuestas aisladas ante hechos consumados".
Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya! en La Plata, sostuvo que "una política estatal no es sólo tener voluntad: implica una inercia en la que los procesos fluyen" sin que organismos y abogados controlen cada día la actuación de la Justicia. Lamentó que "dependemos de personas puntuales, un fiscal, un juez, en tanto sigue faltando una estructura acorde" con la entidad de los procesos. Manifestó que "no vemos todavía resultados de la comisión interpoderes" y dedicó "una crítica específica al Centro de Información Judicial, que difunde las noticias que sugieren que el proceso marcha sobre ruedas pero oculta todas las trabas que impone la Justicia".
Parenti admitió cierto "estancamiento" en La Plata y destacó los avances en jurisdicciones del interior del país que no suelen trascender. Coincidió en que "todos esperábamos más de la comisión interpoderes", que "aún no se logró que la Corte tenga una unidad fuerte" y confesó que "nos sentimos bastante solos" en la unidad de la PGN. "Falta que la Corte asuma su rol, que es garantizar la administración de justicia", resumió.
Gerardo Fernández, abogado del CELS, planteó el problema de "la renuencia de algunos testigos a seguir declarando, porque están agotados", y "la amenaza del TOF-5 de no empezar el juicio ESMA si sólo se realizan dos audiencias por semana, que eternizarían el proceso". Inti Pérez Aznar, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordó que por orden de la Cámara de Casación ayer "estuvieron a punto de ser excarcelados once represores de la Unidad 9, que superaron los tres años de prisión preventiva", mientras "esperamos desde hace diez meses que la Corte se expida sobre el criterio a aplicar a la hora de excarcelar a procesados por crímenes de lesa humanidad".

25 de septiembre de 2009
©página 12
rss

confesiones de otros pilotos


Sólo falta detenerlos. En 1995, el testimonio del capitán Scilingo confirmó los relatos de los sobrevivientes de la ESMA sobre los vuelos. Página/12 informó que otro capitán, Emir Sisul Hess, participó y sigue libre.
[Diego Martínez] Argentina. Julio Poch es el primer marino detenido por la Justicia argentina por su participación en vuelos de la muerte. El capitán Adolfo Scilingo, que en 1995 confesó su trabajo sucio ante el periodista Horacio Verbitsky, purga su condena en España, ya que entonces regían en la Argentina las leyes de impunidad y las causas permanecían cerradas. Poch no es, sin embargo, el único piloto cuya confesión está en manos de la Justicia. Tal como informó Página/12, hace cuatro años que concluyó la investigación sobre el capitán Emir Sisul Hess, quien contó ante más de un testigo que los secuestrados adormecidos "iban cayendo como hormiguitas". Hess vive libre e impune en las afueras de Bariloche y planifica desde hace dos semanas un viaje a Europa junto con su esposa. La investigación, realizada por orden del ex juez Juan José Galeano, está en manos del juez federal Sergio Torres.
El método de desaparecer personas arrojándolas al vacío desde aviones en vuelo fue utilizado por las tres Fuerzas Armadas, con la colaboración de miembros de fuerzas de seguridad y también civiles. Scilingo fue elocuente sobre la cantidad de victimarios. "La mayoría participó, era una especie de comunión. Era para comprometerlos. Alguno puede haberse salvado, pero de forma anecdótica", contó, y categorizó: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, "invitados especiales" que daban "apoyo moral",y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión. Scilingo mencionó entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que continúa en libertad.
Los vuelos que protagonizó Scilingo partieron desde el aeroparque Jorge Newbery. Los testimonios que publicó Página/12 demuestran que también fueron habituales los vuelos desde el área militar del aeropuerto de Ezeiza, donde operaba la Fuerza Aeronaval 3. El suboficial Roberto Del Valle contó que en 1976 vio sangre y restos de ropa en un DC3. Cuando comenzó a circular la información, el capitán Norberto Horacio Dazzi convocó a todos los miembros de la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de Ezeiza. "Dijo que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos", les explicó. También el suboficial Rubén Ricardo Ormello, que hoy trabaja en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza, confesó ante compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían desde Ezeiza. La sugerencia más curiosa la realizó hace cuatro meses el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, preso por sus andanzas en la ESMA. "Es imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza desde 1975 hasta 1980", propuso a la Justicia.

24 de septiembre de 2009
©página 12
rss

hiena se jactaba de sus crímenes


Julio Alberto Poch, piloto de una aerolínea holandesa, fue detenido en España por los vuelos de la muerte. El marino contó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia que piloteó vuelos desde los que se arrojaba a "terroristas". Lo denunciaron ante la Justicia holandesa.
[Diego Martínez] A un tercio de siglo de los crímenes y a catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo, la Justicia detuvo por primera vez a un piloto de la Armada por arrojar personas vivas al mar durante la última dictadura. El teniente de fragata retirado Julio Alberto Poch, radicado desde 1988 en Holanda, donde se recicló como piloto civil, fue capturado el martes en la pista del aeropuerto de Manises, en Valencia, por agentes de la Policía Nacional de España. Ese mismo día, por orden de un juez penal del Reino de los Países Bajos, la policía holandesa allanó su domicilio en la ciudad de Alkmaar, donde encontró el arma reglamentaria que usaba cuando pertenecía a la Armada y documentación sobre sus vuelos registrados entre 1974 y 1980. Poch pasó su primera noche preso en el centro penitenciario Picassent, donde ahora deberá esperar su extradición a la Argentina.
La denuncia contra el ex aviador naval de 57 años la formularon hace dos años sus propios compañeros de la aerolínea Transavia, que lo marginaron luego de escucharlo justificar su actuación en vuelos de la muerte. La investigación de la Justicia y del gobierno del Reino de los Países Bajos fue corroborada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, que en diciembre ordenó la detención. En el mismo juzgado hiberna desde hace cuatro años una instrucción idéntica originada en la confesión del capitán de corbeta Hemir Sisul Hess, quien tras la publicación de su historia en Página/12 comenzó a organizar un largo viaje a Europa.
Poch nació el 20 de febrero de 1952 e integra una familia con tres generaciones en las filas de la Armada. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 e ingresó a la Escuela Naval. Pertenece a la promoción 101 del Comando Naval. En 1974 aprobó el curso de aviadores navales con la mejor calificación sobre 16 participantes. Cuando se produjo el último golpe de Estado tenía el grado de teniente de corbeta y estaba destinado en la Escuela Aeronaval de Ataque. En 1977 pasó a integrar la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En esos dos años se produjeron la mayor parte de los vuelos con los que la Armada borró del mapa a sus enemigos, delito que la Justicia argentina nunca investigó.
La carrera militar de Poch duró apenas ocho años. Pasó a retiro voluntario en 1980, con el grado de teniente de fragata. A fines de mayo de 1982, a sus treinta años, fue convocado por la Armada para participar de la guerra de Malvinas. Seis años después se trasladó a Holanda junto con su esposa, Elsa Margarita Nyborg Andersen, y sus tres hijos, todos nacidos durante la dictadura. El mayor, que también es piloto de Transavia, fue registrado en agosto de 1976 en la localidad de Verónica, cerca de la base aeronaval Punta Indio. Las dos hijas mujeres fueron inscriptas en 1979 y 1980 en Bahía Blanca.

Gracias, Máxima
Los primeros datos sobre las confesiones de Poch se conocieron en 2007, luego de que las autoridades holandesas recibieron las denuncias de los empleados de Transavia y comenzaron a indagar sobre su pasado durante la dictadura. A mediados de 2008, un fiscal holandés y dos miembros del equipo de investigación se trasladaron a la Argentina para profundizar la pesquisa y notificaron formalmente al juez Torres, que poco después viajó a Europa para escuchar en persona a los testigos.
Un piloto contó que el detonante del relato del marino fue un comentario sobre Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura del dictador Jorge Rafael Videla. Cuando un comensal afirmó que el padre de la princesa Máxima de Holanda "fue miembro del régimen criminal", Poch "comenzó a defender a ese gobierno y nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época".
El marino confesó "que durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas desde su avión al mar" y que "el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas", relató un testigo ante el juez y su secretario Pablo Yadarola. "Poch todavía cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado y que puede vivir con eso sin problemas emocionales", agregó.
"Contó que desde su avión se echaba fuera de la borda a personas con vida, con el fin de ejecutarlas", reiteró un piloto que escuchó a Poch durante una cena en un restaurante en la isla de Bali, en Indonesia. El testigo confesó haberse "enojado fuertemente, porque uno no puede imaginar cosas tan terribles", y agregó que Poch se justificó diciendo que "era una guerra" y que las víctimas "habían sido drogadas previamente". Luego añadió que los familiares de los desaparecidos "no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas".
Otro testigo sugirió que Poch "tiene dos caras: puede comportarse como una persona amable pero a su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior, y puede que ello tenga que ver con su pasado como militar". "Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda", recordó.
El 30 de diciembre pasado el juez Torres solicitó a Holanda la detención de Poch "con miras de extradición", y a Interpol su captura en el resto del mundo. Dos meses atrás, en el marco de una investigación sobre los vuelos, Página/12 intentó sin suerte obtener una explicación sobre los motivos de la demora. Días después, a pedido de Holanda, el juzgado realizó modificaciones en la solicitud. Según fuentes diplomáticas, la captura no se concretó en los Países Bajos porque la doble nacionalidad del imputado habría dificultado su extradición.
Poch tenía previsto realizar el martes su último vuelo antes de jubilarse. Partió desde el aeropuerto de Schipol, en Amsterdam, con rumbo a Valencia, donde debía hacer una escala de cuarenta minutos. Cuando bajó la escalerilla fue recibido por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española. Excepto su esposa y su hijo, que integraban el pasaje, el resto del vuelo no sufrió ningún perjuicio porque ya había otro piloto listo para reemplazarlo.
El 7 de septiembre, cuando Página/12 informó sobre las confesiones del capitán Hess y los aviones Electra en exposición, apuntó que varios pilotos "trabajan en aerolíneas nacionales y extranjeras". A pedido de diplomáticos holandeses y del juzgado, donde el caso tramitó bajo "secreto de sumario", se omitió mencionar a Poch. La captura en España sugiere que tampoco sus camaradas procesados por crímenes en la ESMA hicieron nada para evitarlo. Lo saben al menos desde el 12 de enero, cuando el juez Torres, al procesar al capitán Juan Arturo Alomar, mencionó con todas las letras el pedido de extradición "por su vinculación con los vuelos de la muerte".

24 de septiembre de 2009
©página 12 
rss