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cae piloto de vuelos de la muerte


El ex teniente de Fragata, Julio Alberto Poch, acusado de haber participado en los vuelos de la muerte, fue detenido en el aeropuerto de Valencia a pedido de la justicia argentina. La detención se produjo en el marco de la causa en que se investigan delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Justicia pedirá su extradición.
España/Argentina. El militar retirado, con nacionalidad argentina-holandesa, trabajaba en la actualidad como comandante de avión de la aerolínea comercial Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM. Fue arrestado durante una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises-Valencia, antes de regresar a Amsterdam, Holanda.
El juez federal Sergio Torres reclamaba al ex militar por su presunta responsabilidad derivada de su actuación como aviador naval con base en la ESMA en relación a cuatro procesos penales en los que hay más de 1.000 víctimas, indicó la policía española en un comunicado.
El piloto habría participado en los "vuelos de la muerte" ocurridos durante la última dictadura militar argentina, en los que miles de detenidos-desaparecidos fueron arrojados vivos y drogados al mar desde aviones militares.
Poch piloteaba con relativa frecuencia el vuelo que, procedente del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam (Países Bajos), viajaba a Manises (Valencia), y regresaba a su punto de origen tras una escala de unos 40 minutos, en la que recogía nuevos pasajeros tras el desembarque del transportado desde Holanda.
El detenido trabajaba para la empresa aérea desde la década del `80 cuando huyó de la Argentina rumbo al reino de Holanda, donde vive desde entonces con su familia, indicaron a Télam fuentes allegadas a la investigación.
Desde Buenos Aires, fuentes allegadas a la investigación ponderaron la colaboración de la "justicia y autoridades holandesas" y señalaron que la captura del represor "es el fruto del esfuerzo y de la tarea mancomunada que se realizó durante más de un año en el marco de la cooperación y asistencia entre ambos países".
En ese marco, el juez Torres viajó a Holanda en diciembre de 2008 y allí recogió constancias del expediente y testimonios, en los que Poch confesó -en sendas reuniones con sus compañeros de trabajo- que había participado en los "vuelos de la muerte" y "relató el modo en que los prisioneros eran arrojados al mar".
En la ciudad de Amestelveen, el magistrado recogió el testimonio de otro piloto de la misma empresa, quien declaró que el represor "exactamente me dijo cuando a bordo de su avión se echaba fuera de la borda personas con vida con el fin de ejecutarlas" y justificó esas prácticas sosteniendo que "se trataba de terroristas".
El mismo testigo dijo haberse "enojado fuertemente porque uno no puede imaginar cosas tan terribles", pero Poch se justificó diciendo que "era una guerra" y que las víctimas "habían sido drogadas previamente", tras lo cual añadió que los familiares "no se deben quejar porque sabían que sus hijos y sus esposos eran terroristas".
En términos similares se expresó otro piloto que participó de la misma reunión, que se desarrolló en un restaurante de Bali, en Indonesia.
En ese encuentro, el comentario surgió cuando se mencionó que el suegro del príncipe holandés Willem Alexander, en referencia a Jorge Zorreguieta, "fue miembro del régimen ’criminal’ (del dictador Jorge Rafael) Videla; y luego de esas palabras el capitán Poch comenzó a defender ese gobierno y nos decía que teníamos una imagen errónea de esa época".
Por su parte, un tercer piloto de la misma empresa en la que Poch presta servicios afirmó que el represor "tiene dos caras, por un lado puede comportarse como una persona amable, pero su vez tiene algo invisible que lo hace sentirse superior a los demás, puede que ello tenga algo que ver con su pasado como militar".
"Su comportamiento era impresionante, defendía el hecho de haber arrojado gente al mar. El todavía defiende sus argumentos tras pasar treinta años, cree que tiene razón. Lo veo en su cara, en su ferocidad. Habla de terroristas de izquierda", dijo el testigo, quien añadió: "No tengo idea de que lo hayan forzado a que cometiera esas atrocidades".
En tanto, un copiloto de Poch en un vuelo de larga duración sostuvo que el represor aludió a la dictadura de Videla y sostuvo que "ellos deberían haber matado a todos" y sus certezas que "debe haber tenido cierta responsabilidad a bordo de un avión militar, ya que cuando uno vuela con personas abordo la responsabilidad es del piloto".
Otro testimonio recogido por el juez en la causa da cuenta que Poch confesó que "durante el período de su servicio como piloto del régimen de Videla, él realizó vuelos regulares desde los cuales grupos de personas eran arrojadas de su avión al mar" y que "el objetivo de esos vuelos era matar y deshacerse de los terroristas en la Argentina".
"Poch todavía está de acuerdo con las cosas que hizo y cree que hizo lo justo. Nos dio la impresión de que no fue forzado a hacerlo y que puede vivir con eso sin problemas emocionales", dijo el testigo ante el magistrado y el secretario Pablo Yadarola.

23 de septiembre de 2009
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la patota que integró costanzo


Declaró durante mas de dos horas ante el Tribunal Oral Federal nº 1. "Sencillamente se los mataba y se los tiraba", reconoció Costanzo, en una brutal descripción del accionar de sus pares. Los identificó con nombres y apellidos y dio detalles de crímenes cometidos en La Intermedia, uno de los centros clandestinos.
[José Maggi] Argentina. Eduardo ‘Tucu’ Costanzo declaró ayer durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, tiempo en el cual identificó a cada uno los miembros del Grupo de Tareas al que perteneció, y a quienes acusó de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en cinco centros clandestinos de detención: La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. "No había jueces que ordenaran las detencioens, apenas había algunos Consejos de Guerra. Sencillamente se los mataba y se los tiraba", reconoció Costanzo, en una brutal descripción del accionar de sus pares. Además denunció que "Juan Daniel Amelng planeó mandar a matar al camarista federal (Guillermo) Toledo".
Costanzo comenzó su testimonio recordando que "cuando estaba detenido en el Batallón 121 me quiso matar dos veces el teniente coronel (Juan Daniel) Amelong. La denuncia está en el juzgado de Sutter Schneider y no se hizo nada, a pesar de que había testigos como los soldados".
El ex PCI recordó sus cuitas con el ex magistrado a quien acusó de no darle las garantías necesarias. "Cuando estaba en el 121 iba el coronel Chizzini Melo que era el nexo ente el Ejército y la justicia y me dijo que cuando se fuera (Omar) Digerónimo lo iban a nombrar a Sutter Schneider que era ’hombre nuestro y lo manejamos nosotros’. Es un hombre que no me merece confianza porque de lo que yo le he dicho no hizo nunca nada, ni tampoco de lo que le pidió la fiscal Tessio, como muchas detenciones".
Después tuvo un apartado sobre los autores de los 14 asesinatos de los detenidos en La Intermedia: "Los mataron Rodolfo Isach, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, y Pascual Guerrieri, que son los cuatro que estaban en la pieza, los hacían llevar uno por uno y los mataban ahí adentro". Describió a La Intermedia como "una casaquinta de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 23 frente al Automóvil Club, yendo a Santa Fe. Ahí estaban alojados cuatro o cinco meses. Era 1978, dos o tres meses antes del Mundial de Fútbol. El Ejército tenía que deshacerse de esa gente porque tenían que trabajar en el Mundial. Los tuvieron tres o cuatro meses después que los sacaron de la Escuela Magnasco. Antes de eso habían estado dos meses en la Quinta de Funes. Y antes de eso en La Calamita. En la Intermedia los eliminaron por lo cual pido la reconstrucción del hecho para señalar claramante qué fue lo que pasó. Allí hay un chalet, a unos veinte metros había una casa en construcción. A los catorce los mataron con dos tiros en el corazón que les pegaba Isach, el ex comisario general, que hoy se encuentra en Pinamar en una cabaña".
Y nombró entre, los asesinados, a "Tonioli, Nacho (Laluf) y la Nacha, Leopoldo Tossetti y la señora, la Gringa y la Foca, que era el marido, estaba Novillo, el Tío (Retamar)".
Al momento de recordar a sus pares comenzó por Juan Andrés Cabrera alias el Barba, "es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación".
Luego recordó a Víctor ‘Chuli’ Rodríguez, como quien estuvo en el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi, junto con Guerrieri. También nombró a "Carlos Sfulcini que sigue y lo hace detener a Messiez en una fotocopiadora, junto con el Barba, Porra y Gustavo Bueno. Lo chupan en el centro y lo llevan a La Calamita y lo torturan durante cinco horas". Sobre Sfulcini tuvo un aparte: "Lo llamaban Carlos Bianchi y junto a un camarista de la justicia provincial de apellido Paulicelli planearon el robo a los tribunales provinciales de los archivos de la Conadep".
También nombró a "Ariel Porra, alias el Puma; Ariel López que es el que lo mata a Remo y tira a la gente del avión; Juan Carlos Bossi, alias Julio Balonchard que los inyectaba y los mataba".
También recordó "27 detenidos que llevaron a Monje para matar, entre quienes estaba la cieguita de la calle Santiago. A ellos los mataron en Monje y según me contó Hugo Cardozo antes de morir de cáncer cuando vino a mi casa hace ocho meses atrás, a los 27 los enterraron en una finca de Rolón en Santa Fe. Con todo eso la fiscal Tessio le pidió a Sutter que me hiciera declarar con el juez de Santa Fe y no hizo nada".
En tanto sobre Jorge Walter Perez Blanco recordó que "era el jefe de la sección Calle, era el que llevaba a toda la gente, el que los hacía detener y el que los entregaba. Estuvo mucho tiempo también trabajando en La Calamita".
También apuntó contra "Armando Pelliza, era del grupo que iba en el avión que tiraba los cuerpos al mar, en la bahía de Sanborombón. El que manejaba todo ahí era el teniente coronel Marino González que vive en Santa Fe".
En tanto como jefe del Destacamento de Inteligencia señaló a Edgardo Juvenal Pozzi. "Nunca estaba, el que estaba al frente de todo era el teniente coronel Guerrieri, después Fariña que era capitán ascendido a mayor, y el teniente coronel Marino González, y después había un par de sargentos, el encargado de la Patota de nosotros era el sargento Mario Vera".

23 de septiembre de 2009
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sigue proceso a ex juez brusa


El juicio que se le sigue al ex juez federal santafesino Víctor Brusa y otros imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar continúa con testimonios de testigos.
Argentina. En la jornada de hoy será el turno de la declaración de Vilma Pompeya Gómez, quien comparecerá por la mañana a pedido de la Fiscalía y de la Secretaría de Derechos Humanos, y por la tarde hará lo propio Luciano Almirón, a instancias de la Fiscalía.
Además, el imputado Juan Perizotti ampliará su indagatoria luego de que el tribunal aceptó un pedido en ese sentido del defensor Claudio Torres Del Sel.
En total, prestarán declaración más de cien testigos en el marco del juicio a seis acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos, todos en concurso real.
Los enjuiciados son Brusa; el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramos.

21 de septiembre de 2009
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informar y no asustar sobre drogas


Las nuevas campañas en materia de drogadicción. El comité propone hacer campañas preventivas para desalentar el consumo compulsivo y evitar abusos. La estrategia es incorporar la reducción de daños.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Hasta el momento, el mensaje preventivo en los distintos niveles educativos públicos es el mismo: las drogas son malas y hay que mantenerse lejos de ellas. "La mayoría no quiere aceptar que hay usuarios, que los que consumen no son todos adictos; si ésta es la única forma de acercarse desde el Estado, se pierde credibilidad", reflexiona al respecto un integrante del comité que atiende a usuarios problemáticos a diario y charla con sus familiares. El mensaje no puede ni debe ser el mismo para un chico de primaria que para alguien que termina el secundario o está en la facultad. En esto hay coincidencia entre todos los miembros del comité.
Las campañas preventivas, se indica en el documento, tienen que escalonarse por edad y por contexto social. La prioridad son los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El contenido básico consta de información precisa, real, sobre el daño que causa cada sustancia y los límites entre su uso y el abuso. El modelo es desalentar cualquier tipo de consumo compulsivo y promocionar la salud, el cuidado del cuerpo, otros estilos de vida.
"Lo que queremos es alejarlos indirectamente", comenta la fuente del comité consultada. Si hay algún tipo de consumo complejo, agrega, las campañas mostrarán la forma de detectarlo temprano, tanto a nivel familiar como en la escuela o en las guardias de los hospitales. Los distintos escenarios implican coordinar la acción preventiva, como se resalta en el Plan de Drogas, de los ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, así como las secretarías de Cultura, de Comunicación y de Deporte.
"Recomendamos especialmente que el Ministerio de Educación impulse el cambio, por ejemplo, de las currículas en las facultades de Medicina y de Psicología, y se destinen más horas en la formación sobre este tema", comenta el especialista. La información sobre las distintas drogas, sus efectos, sus dosis y los hábitos que las rodean es una información vedada incluso a nivel académico. En este sentido, el principal promotor del cambio de paradigma, Aníbal Fernández, señaló el modelo uruguayo como el ejemplo a seguir.
Desde hace varios años, en Uruguay se aplica la estrategia de reducción de daños, una óptica dirigida a los usuarios de drogas mayores de edad, entre quienes fomenta el consumo informado y responsable. Además, el objetivo de esta estrategia es ofrecer todo tipo de folletería a personas que no son usuarias, pero pueden tener familiares que sí lo son. En Montevideo, la Junta Nacional de Drogas distribuye manuales sobre prevención y reducción de daños destinado a padres, y a través de Internet se facilitan materiales a quienes quieran conocer el tema en toda su amplitud.
Los expertos del Comité piden "extender y generalizar la implementación de los conceptos de reducción de daños" para que el contenido de las campañas de prevención esté "suficientemente actualizado", y abarque "propuestas dinámicas adecuadas para la comunidad". Al igual que en Uruguay, el plan para desalentar la demanda (o al menos contenerla sanitariamente) se centra en incorporar acciones "en forma gradual, continua y sistemática en el ámbito educativo formal y no formal".
Como pasó con la ley de educación sexual, la aplicación de nuevos conocimientos tendrá sus contratiempos. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, ya reconoció a Página/12 las carencias en la currícula y el profundo desconcierto que surge entre maestros y profesores cuando el tema se infiltra en el aula. La política actual, en sus palabras, se traduce en una especie de "prevención inespecífica", sin un contenido puntual y moderno, como reclaman en el Comité.
El año pasado, este cronista escuchó una confesión de parte en los pasillos del Ministerio de Educación nacional. Una importante asesora contó que una vez había visto a su hijo fumar un porro en la casa y se asustó tanto que estuvo a punto de buscar un lugar para internarlo. "Creí que lo que fumaba era cocaína", admitió entre risas.
Tanto en el Ministerio de Educación como en el de Salud cualquier reforma de lineamiento político debe ser consensuada por un consejo federal antes de implementarse. Por lo que cada provincia puede negarse a aplicarla, si no está de acuerdo. "Hay que convencerlos", reconoce el experto del Comité consultado por este diario.
Para establecer un orden de prioridad entre las sustancias cuyo uso indebido quiere prevenirse, el Plan hace hincapié en la encuesta Enprecost 2008, pedida por los expertos e instrumentada por el Indec en 51 mil hogares. De allí surge que las sustancias más consumidas son legales: tabaco, alcohol y tranquilizantes. Y les siguen, más lejos, la marihuana, cocaína, éxtasis y paco.
El control de la publicidad y el expendio, se remarca en el documento, serán cruciales para desalentar el uso de las sustancias legales. Las campañas preventivas con información real, como ya se ha dicho, harán lo propio con las drogas ilegales. Federalizar la prevención es el gran desafío. "La información salva vidas", es uno de los lemas de la reducción de daños.

21 de septiembre de 2009
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usuarios serán atendidos


Habrá equipos multidisciplinarios fijos en todos los hospitales públicos para contener a los usuarios problemáticos de drogas. El Comité asesor sobre drogas presentó los lineamientos del plan a cinco años en esa materia. La idea es que la drogadicción deje de ser un asunto penal y pase a ser un tema de salud.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Luego de presentar proyectos de ley sobre la asistencia a las adicciones y las internaciones, y sugerir reformas penales, los integrantes del Comité asesor en materia de estupefacientes difundieron el documento que concluye con la tarea que les asignó el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Se trata del diseño del Plan Nacional de Drogas quinquenal a ser aplicado entre el 2010 y el 2015. La propuesta incluye crear equipos multidisciplinarios fijos en todos los hospitales públicos y aleatorios en las comisarías y hasta en los juzgados. El propósito es intentar solucionar las causas sociales del abuso y dependencia de sustancias a través de la articulación de "la salud, el trabajo, la educación, el acceso a la justicia, el desarrollo social, la comunicación y la reducción de la oferta".
El documento, titulado ‘Lineamientos para el plan nacional de drogas’, condensa en 26 páginas los objetivos, ejes y "acciones programáticas para las diversas áreas del Estado". Entre otras cuestiones, los expertos insisten en la necesidad de "actualizar" los contenidos en prevención y "capacitar" al personal responsable de la salud de los usuarios de drogas y de la persecución del narcotráfico. Uno de ellos advirtió que "en muchos temas hay que hacer escuela".
Hasta el momento, reconoce una asesora del comité, "no se implementa un protocolo común para atender a los adictos". El que proponen los expertos se basa en el concepto de red. Si la policía encuentra a una persona "fisurada", como suele decirse de quienes abusaron de los estupefacientes, deberá trasladarla a la guardia de un hospital. Allí será evaluado el tenor de la urgencia por el médico. La internación sólo será posible si se trata de una sobredosis o si, como en el caso de los ‘paqueros’, es necesario frenar el uso compulsivo.
Sobre este último supuesto, uno de los integrantes del comité, el toxicólogo Juan Carlos Damín, graficó a Página/12 el procedimiento usual del Hospital Fernández, que forma parte de la Red Metropolitana de Atención a las Adicciones. "Damos un tratamiento de desintoxicación de 7 a 10 días para frenar la compulsión. En esos días aprovechamos para hacerle controles odontológicos, vacunas, exámenes clínicos y de laboratorio."
Una vez estabilizado, el paciente es asistido por psiquiatras y psicólogos en forma ambulatoria. "También tratamos de ver desde lo social, con asistentes sociales, dónde está parado el pibe. Acá el principal problema con los consumidores de paco es la exclusión social. Entonces, el paco pasa a ser la consecuencia, no la causa", sostiene Damín.
El plan de acción esbozado en el documento busca formalizar y sobre todo extender estas prácticas, desarrollando en los servicios de Salud Mental o Psicopatología de los hospitales "equipos interdesciplinarios especializados en adicciones, y modalidades de atención escalonada y alternativa a la internación". Para ello, el plan exige un reposicionamiento a través de "nuevos recursos humanos y presupuestarios" en los hospitales.
Una vez que este equipo determina el perfil del consumidor de sustancias y el contexto social y familiar del usuario, comienza a funcionar la red de asistencia externa. Si la persona está en una situación vulnerable, el equipo deberá derivarlo a los programas de reinserción social dependientes de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, que ofertarán microemprendimientos, pasantías, formación profesional y otros planes afines.
Aquí surge otra aclaración del comité a los agentes sanitarios para evitar la psicosis hospitalaria: "Los casos más graves no configuran más que el cinco por ciento sobre el total de usuarios de sustancias". Sin embargo, las usuarios problemáticos seguirán desfilando por las comisarías y los juzgados, sobre todo en el caso de los menores de edad. Por este motivo, el esquema de equipos interdisciplinario se ampliará a estas jurisdicciones.
"La idea es que estos equipos sean rotativos, que trabajen en distintos territorios, además de asesorar a los juzgados y acercarse a las comisarías. Para esto van a estar coordinados con la red de atención primaria de la salud y con las redes comunitarias y sociales de los barrios", explica una de las asesoras del comité. En el plan se menciona a estos equipos como parte de los programas de seguimiento y atención "de las personas en tratamiento una vez dadas de alta o que hayan sido excarceladas".
El jueves pasado, en una reunión del Consejo Federal que reúne a los ministros de Desarrollo Social de todo el país, se estableció como "prioritario" el tema de las adicciones. Incluso se firmó un acta compromiso. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, estuvo reunido con el jefe de Gabinete el martes pasado y prometió estudiar e implementar los cambios lo más rápido posible.
Esta última cartera deberá crear "un ámbito jerarquizado", según reza el plan, en el que "se investigue y realicen seguimientos y actualización permanente en la evolución del perfil de consumos, efectos clínicos y toxicológicos en el corto y medio plazo". La actualización resulta primordial para que no pasen inadvertidos fenómenos como el del paco o las nuevas drogas de laboratorio. De esta nueva área deberán salir recomendaciones y propuestas terapéuticas precisas ante las situaciones que se vayan presentando. Y, por supuesto, mejorar los tratamientos existentes.
A nivel nacional, la capacitación del personal médico existente estaría a cargo del Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social), un ente propuesto como tutor en el tema. La política de este lugar, que depende del Ministerio de Salud, es analizar caso por caso y elegir el tratamiento menos riesgoso para la persona. También se les prestará atención a los familiares, sobre todo para contenerlos y ayudarlos económicamente, de ser necesario. Por otra parte, se invita a estimular la participación comunitaria en el tema, no sin antes "brindar asistencia técnica a proyectos preventivos que surjan de las comunidades".
Los controles a lugares estatales y privados de atención partirían del Ministerio de Salud y las ONG especializadas en el tema. El gran problema, destacan fuentes del Comité, no es sólo la falta de estructuras y protocolos de atención, sino los excesos perpetrados en granjas de rehabilitación o comunidades terapéuticas. "Muchos no respetan los parámetros básicos de la Organización Mundial de la Salud y encierran indiscriminadamente a los usuarios", asegura uno de los expertos del comité.
Los cambios dejarían mal parada a la Sedronar, la secretaría dependiente del Poder Ejecutivo que viene manejando el tema de las adicciones derivando gente a algunas de estas granjas. El documento, sin rodeos, plantea como primera opción suprimirla. "O en su caso y en forma urgente reformular sus competencias, señalando específicamente las contradicciones con la Ley de Ministerios."
La implementación de este ambicioso plan quinquenal incluye la creación de una Comisión Nacional de Políticas Públicas en materia de drogas con "control parlamentario bicameral y autonomía funcional y financiera, estabilidad y permanencia". Habría un coordinador de la comisión y un miembro por cada ministerio implicado: Salud, Desarrollo Social, Justicia, Educación, Trabajo y Relaciones Exteriores.
El plan del comité fue enviado a todas estas dependencias, bajo la consigna de que la responsabilidad es compartida, si se pretende desjudicializar al usuario y diversificar el "problema de las drogas". Al principio del documento, se recuerda la postura argentina que Aníbal Fernández planteó en las dos últimas sesiones anuales sobre el tema en las Naciones Unidas: "El acceso al sistema de salud es un derecho humano fundamental, al igual que el respeto a la dignidad del usuario como persona, con el respeto inherente que merecen su integridad física y su libertad individual".

21 de septiembre de 2009
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reclamo contra la impunidad


Movilización a tres años de la desaparición del testigo Jorge Julio López. La marcha a Plaza de Mayo aglutinó reclamos sobre casos de brutalidad policial. Hubo organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticas y estudiantiles. Pidieron "el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura".
[Adriana Meyer] Argentina. No importaron la lluvia, el frío y el paso del tiempo. El espacio Memoria, Verdad y Justicia volvió a convocar a centenares de militantes de variadas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, políticas y estudiantiles que marcharon para insistir en el reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo del caso Etchecolatz que está desaparecido desde hace tres años. También hubo manifestaciones en La Plata, organizadas por Justicia Ya! y la Coordinadora de Lucha por Julio López. Y en el barrio platense de Los Hornos la esposa de López, Irene Savegnago, y su hijo Ruben inauguraron un centro cultural en su memoria, acompañados por el intendente Pablo Bruera. "Reafirmamos que el secuestro de Julio López fue posible porque sigue existiendo lo esencial del aparato represivo de la dictadura, y decimos que de no haberlo desmantelado son responsables los gobiernos, desde Alfonsín hasta Cristina Fernández", expresaron los organizadores de la marcha porteña en el documento que fue leído al pie de la Pirámide de Mayo, mientras artistas callejeros pintaban con stencil sobre su blanca superficie "aparición de López y Arruga".
En la cabecera caminaba Myriam Bregman, la abogada que junto a Guadalupe Godoy representó a López en el juicio contra Etchecolatz. "La policía tiene incorporados los métodos del terrorismo de Estado, como lo que pasó con esos dos pibes que aparecieron en un cementerio como NN. Como ocurrió el año pasado, esta marcha por Julio funciona como un catalizador de reclamos de ese tipo de persecución policial, como en Terrabusi que la bonaerense actúa como una patota de la empresa", enfatizó Bregman.
De hecho, en la marcha porteña estuvo presente el conflicto en la fábrica Kraft (ex Terrabusi), con una delegación de los trabajadores despedidos que pidieron solidaridad para su fondo de huelga y ante un posible inminente desalojo. Sin embargo, los ánimos se calmaron cuando llegó la noticia de que la Cámara de San Isidro había rechazado, por ahora, el pedido en tal sentido de la fiscal Laura Capra.
Los carteles más visibles decían Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y "Luciano Arruga, desaparecido en democracia". Entre quienes la encabezaban estuvo Vanesa Orieta, hermana del joven Arruga. "Ocho meses pasaron desde la desaparición de Luciano, y nos une un mismo objetivo, un pedido de justicia y esclarecimiento", dijo a Página/12. "Sólo hay ocho policías desplazados, por supuesto a esta altura sin esperanzas de poder encontrar a Luciano con vida porque los testigos confirman que fue brutalmente golpeado adentro del destacamento de Lomas del Mirador. Mi hermano es una víctima de un sistema, era un adolescente que se encontró con un grupo de policías asesinos, no es una locura de dos personas sino una forma de generar control y miedo en el sector más vulnerable de la sociedad", agregó la joven sin dejar de marchar.

–¿La falta de respuesta en el caso López se relaciona con la desaparición de su hermano? –preguntó este diario.
–Por supuesto, porque genera un clima de impunidad.

Eran las siete pasadas cuando los manifestantes llegaron a la plaza. José Castillo, Marcelo Ramal, Patricia Walsh, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll fueron algunos de los dirigentes que encabezaron la marcha, junto con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; las Madres de Quilmes, Carmen de Guede y Cristina Cabib, Adriana Calvo (AEED), José Schulman y Graciela Rosenblum (LADH) y en la coordinación José Fukman y Carlos Lordkipanidse (AEDD). Los seguían familiares y amigos de las víctimas de Cromañón, Hijos Zona Oeste, Comisión Gremial Banco Provincia, Correpi, Asamblea Popular del Cid, los partidos políticos MAS, PTS, PO, MST, IS. CCC zona Oeste, y los movimientos CuBA MTR y COD. Desde el palco los locutores leyeron las adhesiones y una carta de la presa política Karina Germano. "Llegamos a este nuevo aniversario sin respuestas, mientras siguen llenándose las cárceles de detenidos sociales", dijo Germano, conocida como "la Galle". Sobre Avenida de Mayo porteños y porteñas tomaban café, indiferentes. En una oficina de créditos personales, sin embargo, dos empleados discutieron al ver pasar a los manifestantes. "Qué ganas de molestar, y con esta lluvia", se quejó uno. El compañero replicó: "Mirá, si no tuviera que estar detrás de este escritorio estaba ahí. El viejo se la jugó, sigue desaparecido y nosotros como si nada".

19 de septiembre de 2009
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criado a golpes por un apropiador


El legislador Juan Cabandie declaró contra su apropiador, Luis Antonio Falco, ex oficial de inteligencia de la policía federal. Contó que fue "criado a los golpes".
[Diego Martínez] Argentina. Cruces esvásticas. Armas a la vista. Golpes y maltrato psíquico. Apología del genocidio. Discursos antisemitas. El miedo como compañía omnipresente. El escenario lo padeció durante veintiséis años Juan Cabandié Alfonsín, y el responsable principal, según su propio relato, fue su apropiador Luis Antonio Falco, oficial de Inteligencia de la Policía Federal. El actual legislador del Frente para la Victoria, nacido durante el cautiverio de su mamá en la ESMA, describió ayer su infancia y adolescencia en la primera audiencia del juicio, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría. Falco está acusado de retención y ocultamiento de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. El fiscal Carlos Rívolo y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron condenas de 17 y 25 años de prisión, respectivamente. Hasta ahora, el policía no estuvo un solo día preso: fue excarcelado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Tampoco debió concurrir ayer a escuchar el relato de quien alguna vez fue su trofeo de guerra.
Si bien el juicio se tramita por el viejo Código Procesal Penal, que no prevé audiencias orales y públicas, a pedido de Abuelas son abiertos a la sociedad los relatos de los testigos ofrecidos por la querella. La jornada inicial, en la principal sala del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, comenzó con el testimonio de Cabandié, quien debió extremar su paciencia para compensar la desidia del Poder Judicial: un micrófono para todas las partes, el testigo sentado junto a la jueza, que por momentos parecía una entrevistadora de TV, y un asistente interrumpiendo el relato cada dos oraciones para tomar nota, ya que ni siquiera contaban con un grabador para registrar el audio.
El actual legislador porteño ratificó sus declaraciones anteriores y respondió preguntas de los abogados de Abuelas. El de Falco, Diego Martín Sánchez, no concurrió. Cabandié afirmó que su apropiador "andaba armado todo el día", recibía de regalo cruces esvásticas y símbolos nazis "que ponía en su boina azul de comando y lucía con orgullo", mientras sus camaradas "justificaban el genocidio". "Cuando crezcas vas a saber lo que son los judíos", le advertían los policías.
Cabandié ratificó que Falco era oficial de Inteligencia de la Policía Federal, que tuvo una "activa participación en secuestros" durante la dictadura y que actuaba con el seudónimo Leonardo Fajardo, conservando las iniciales del nombre real como todo servicio. Explicó que el policía se jactaba de haberse infiltrado en la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. "Sostenía que por la Marina había ido (Alfredo) Astiz, y por la Federal, él", contó. También admitía "haber hecho allanamientos y haber adquirido artículos de las casas, como muebles, discos o guitarras", contó y recordó que en una oportunidad le ordenó tomar distancia de un compañero de la escuela primaria que tenía a sus padres desaparecidos.
Cabandié afirmó que el policía "siempre supo que era hijo de desaparecidos" y que era amigo del ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. Cuando ese caso trascendió en la prensa, Falco y su esposa le explicaron que los Miara desconocían el origen de los chicos y enfatizaron que "los criaron con amor, los alimentaron, ya que cuando los recibieron estaban tan flaquitos que parecían dos ratitas". También recordó que "en una ocasión Falco me refirió que fue él quien consiguió falsificar los documentos de los mellizos".
"Tenía que reprimirme para no contar qué hacía Falco, porque en el seno de la familia había una orden, entre comillas, para que no dijéramos su verdadera actividad. Teníamos que decir que era visitador médico", reveló Cabandié, quien aludió al acusado como "este hombre", "el apropiador", "ese sujeto" o directamente lo mencionó por su apellido. "Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a golpes, físicos y psíquicos", reveló el joven, visiblemente emocionado. La casa "era una sucursal de una comisaría", graficó, donde "el miedo estaba presente a cada instante".
El testigo contó que por los golpes y el maltrato dejó de ver a Falco a los 19 años. "Pero el miedo, el clima hostil y la violencia seguían siempre presentes", recordó. Luego contó una anécdota que por algunos segundos descomprimió el clima y generó sonrisas. En enero de 2004, cuando supo que era hijo de los desaparecidos Damián Cabandié y Alicia Alfonsín, llamó por teléfono a Falco, le dijo que tenía los análisis de ADN en su mano y lo increpó por su origen.

–¿Quién más lo sabe? –preguntó el apropiador.
–Lo sabe Estela de Carlotto y (el entonces presidente Néstor) Kirchner –se permitió mentir Juan.

"Para cubrirme le dije Estela y Kirchner, estuve rápido de reflejos", bromeó. El recuerdo dio pie a la narración sobre los conflictos psicológicos que los apropiadores generan en los hijos de desaparecidos. "Nos hacen sentir culpas poniéndonos por delante lo bueno que fueron al darnos comida y estudios", explicó.
En segundo turno declaró Alicia Milia, quien compartió el cautiverio en la ESMA con la madre de Cabandié. Relató que a Alicia Alfonsín la llamaban "Bebé" porque parecía una nena, "muy delgada y con una panza inmensa". Recordó que cuando iba al baño tenían oportunidad de dialogar con las embarazadas y que, cuando nació, Juan era "un bebé grande, hermoso". Contó que los verdugos le habían hecho redactar una carta para enviar a su familia, que nunca llegó a destino. Milia recordó que en los grupos de tareas de la ESMA había varios agentes de la Policía Federal. Más tarde declararon otras tres sobrevivientes: Elisa Tokar, Graciela Daleo y Ana María Martí.
El juicio continuará el martes con los testimonios de Miriam Lewin y Andrés Castillo, que estuvieron secuestrados en la ESMA. Luego declarará como simple testigo el policía Jorge Mario Veyra, viejo amigo del apropiador, quien se benefició con una falta de mérito en la causa por la Masacre de Fátima. El ex inspector Rodolfo Fernández, ayudante del ministro Albano Harguindeguy durante la dictadura, incluyó en 1983 a Veyra entre "los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes (el comisario Juan Carlos) Lapuyole llevó a la Dirección General de Inteligencia" de la Federal tras el golpe de Estado. Veyra continúa libre e impune, ya que ningún juez investiga aún a la Superintendencia de Seguridad Federal.

19 de septiembre de 2009
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piden perpetua para olivera rovere


En coincidencia con la querella, la fiscalía pidió prisión perpetua para Olivera Rovere. El fiscal federal, Félix Crous, también solicitó perpetua para Bernardo José Menéndez, y 25 años para el resto de los acusados, por el secuestro y la desaparición, entre otros, de Haroldo Conti, Marcelo Gelman, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Argentina. La Fiscalía también pidió una pena de 25 años de prisión para quienes fueron jefes del Regimiento de Infantería I ‘Patricios’ entre octubre de 1975 y diciembre de 1979: Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza y Teófilo Saá.
Olivera Rovere, de 82 años, y los restantes ex militares, todos excarcelados, están acusados de 107 secuestros y desapariciones. Entre esos crímenes figuran las desapariciones del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman -hijo del poeta Juan Gelman-, los asesinatos de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz -quienes se habían refugiado en la Argentina- y de sus compatriotas Rosario Barredo y William Whitelaw.
Asimismo, están imputados por las desapariciones de Carmen Lapacó, Alejandro Aguiar, Esteban Ojea Quintana, Jorge Casariego, Noemí Macedo, Osvaldo Ostuni, Leonor Marx Pinkus, Juan Carlos Higa, Leonor Landaburu y Gustavo Fraire, entre otras víctimas.
Las penas solicitadas por la Fiscalía se basaron en que se trata de delitos de lesa humanidad, la cantidad de hechos imputados, que entre las víctimas había mujeres embarazadas y en que la amplía mayoría de los secuestrados siguen desaparecidos.
El teniente coronel Alespeiti fue jefe del Regimiento de Infantería I ‘Patricios’, y como tal, jefe del Area II de la subzona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976, mientras Lobaiza fue jefe del Regimiento Patricios y jefe del Area II de la subzona Capital Federal entre el 6 de diciembre de 1975 y el 30 de noviembre de 1977. El general Saá ocupó los mismos puestos que sus camaradas entre el 5 de diciembre de 1977 y el 18 de diciembre de 1979.
Menéndez, por su parte, fue jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 y jefe del Área V de la subzona Capital Federal entre el 26 de noviembre de 1976 y el 26 de enero de 1979.
En el juicio se juzgan los crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención ‘El Banco’, ‘El Olimpo’ y ‘Automotores Orletti’, que estaban bajo las órdenes de Olivera Rovere, entonces subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército y jefe de la subzona represiva de la Capital Federal.
El juicio continuará el próximo martes, cuando comiencen los alegatos de la defensa de Olivera Rovere.

17 de septiembre de 2009
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