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identifican a jefe de cárcel secreta


El nombre del jefe de Mansión Seré. El juez Rafecas identificó a Juan Carlos Hrubik como quien estaba al mando del centro clandestino. Hrubik era un oficial aeronáutico y falleció en 1998, libre y sin que se determinara su rol durante la dictadura. Rafecas procesó a diez represores que actuaron en Morón, Moreno y Merlo.
[Victoria Ginzberg] Argentina. "Hugo" o "Huguito". Así identificaban hasta ahora las personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino Mansión Seré al jefe del lugar. Desde la semana pasada, el represor tiene nombre y apellido. El juez federal Daniel Rafecas logró establecer que se trata de Juan Carlos Hrubik, un oficial aeronáutico que falleció en 1998, libre y anónimo. El dato consta en la resolución en la que el magistrado procesó a diez represores de los campos de tortura y muerte que funcionaron en los partidos de Morón, Moreno y Merlo, donde el plan represivo del terrorismo de Estado fue puesto en práctica por la Fuerza Aérea.
El fallo de Rafecas abarca el circuito de la Subzona 16, que tuvo como eje la Mansión Seré, la casona que fue incendiada y demolida por los propios represores luego de que el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar, Claudio Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García, que estaban secuestrados en el lugar, lograran fugarse. La I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la comisaría de Castelar, la comisaría de Haedo y la comisaría primera de Morón fueron los otros lugares en los que funcionaron centros clandestinos en la zona.
El juez procesó por secuestros y torturas cometidos en esos sitios a los represores Daniel Alfredo Scali, Carlos Alfredo Cámara, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Óscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Alberto Oscar Lanas, Néstor Ruben Oubiña, Hipólito Rafael Mariano, César Miguel Comes y Miguel Angel Ossés.
Respecto de Hrubik, el juez resaltó que a pesar de su muerte, esclarecer su identidad es necesario para "reconstruir en forma íntegra la cadena de mandos a la cual respondían los autores materiales de estos hechos" y como aproximación a la verdad histórica. "Ello resulta relevante –afirmó– con sólo pensar en todas y cada una de las víctimas que padecieron gravísimas afectaciones a la libertad y dignidad a manos de este autor ya fallecido, de modo que al menos se sepa cabalmente quién fue la persona real, el oficial aeronáutico que se escondía detrás del apodo, determinar fehacientemente que está fallecido y no aún gozando del anonimato y de la impunidad que ostentara hasta su muerte y de este modo erradicar sin más –al menos en este caso– ese recurrente presentimiento que tantas veces las víctimas le han relatado a este magistrado, tan comprensible, de temer reconocer al que alguna vez fuera su secuestrador o torturador, el que alguna vez tuvo en su puño la vida y la muerte de cautivos, en el momento menos esperado, en la vía pública, en un transporte público, en fin, en cualquier momento, lugar y situación."
El nombre de Hrubik surgió durante la investigación porque estaba mencionado, como calificador u hombre de referencia, en los legajos de algunos imputados. La documentación personal del oficial, la descripción de los testigos y su identificación a través de fotografías completaron la pesquisa.
Rafecas señaló en su resolución que en la Subzona 16 operaron los grupos de tareas 10, 11 y 12, que dependía de la Fuerza de Tareas 100 y que estaban enclavados en la estructura verticalizada comandada por el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, entonces jefe de la Fuerza Aérea. En el juicio a las Juntas, Agosti fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

5 de octubre de 2009
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van cayendo los represores


Imputados de la represión ilegal en Santa Fe entre 1976 y 1983. Cuatro militares detenidos por la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en Santa Fe fueron indagados por el juez federal Rodríguez. Se espera la captura del general de brigada Carlos Alberto Settel.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó a cuatro militares detenidos por la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, entre ellos los tenientes coroneles Jorge Roberto Diab, Domingo Morales y Pedro Arrieta y esperaba la captura del general de brigada Carlos Alberto Settel, que ya designó abogado defensor y dejó trascender que si la Policía Federal no lo busca en su departamento en Buenos Aires se presentará ante el magistrado a más tardar el martes. La lectura de los cargos demanda más de dos horas, así que juez el trabajó a destajo: el miércoles indagó a Arrieta y al suboficial retirado Mario Carmelo Ferger -imputado en la desaparición de un soldado ; el jueves a Diab y Morales que operaban en el Destacamento de Inteligencia Militar 122, ayer siguió con el primer policía: el ex jefe de la oficina de Coordinación del Área 212, comisario Juan Calixto Perizzotti y hoy concluirá con los comisarios Mario Facino y Héctor Colombini. Faltan cuatro coroneles que eran los jefes de más alto rango de la dictadura: José María González, Juan Orlando Rolón, Domingo Marcellini y Adolfo Ernesto Alvarez, pero todos invocaron problemas de salud, así que es probable que las indagatorias sean a domicilio, en Buenos Aires y Mendoza.
La megacausa cobró impulso esta semana cuando Rodríguez dispuso la detención de nueve militares y tres policías en una investigación de 28 homicidios, 18 desapariciones forzadas, cuatro secuestros, tormentos y un caso de supresión de identidad de una menor de edad. Seis ya estaban presos o imputados por otras causas González, Rolón, Marcellini, Perizzotti, Facino y Colombini y cuatro quedaron entre rejas entre el martes y el jueves: Diab, Morales, Arrieta y Ferger.
Hasta ahora, el único que no había sido detenido era el general Settel, involucrado en la desaparición de otro soldado en 1977, cuando era segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, donde operaba la jefatura del Área 211. Pero designó defensor al penalista Néstor Oroño, que dijo que su defendido se presentará ante la justicia a más tardar el martes.
Los otros dos imputados son el ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti y el coronel Carlos Enrique Pavón, que serán indagados el próximo jueves, a las 10. Vera Candioti también propuso al doctor Oroño para que lo defienda y presentó un pedido de eximición de prisión.
En realidad, Oroño tendrá cinco defendidos en la megacausa: los tres tenientes coroneles detenidos: Arrieta, Diab y Morales, el ex juez Vera Candioti y ayer sumó al general Settel. El abogado pidió el arresto domiciliario de Arrieta y de Diab por razones de edad -uno tiene 82 años y el otro 72 y los problemas de salud de ambos.
Morales cerró la ronda de los militares el jueves a la tarde. ¡Dale, sácame un primer plano!, se enojó cuando un reportero de Rosario/12 lo apuntó con su cámara. Y el reportero registró la foto que ilustra la tapa.
En las indagatorias, el juez imputó a los mandos de la dictadura "la totalidad de los hechos ocurridos en la llamada represión ilegal entre 1976 y 1983", explicó Oroño. Todos negaron los cargos.
El teniente coronel Diab "era un oficial del Destacamento de Inteligencia Militar 122, que no tenía funciones operativas", relató Oroño. "El juez le atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer estos hechos, que también fue negado y que jamás tuvo ningún acuerdo con ningún otro integrante de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en tal sentido y tampoco tenía conocimiento de algún plan sistemático destinado a la represión ilegal, según sus expresiones", agregó el abogado.
Morales repitió el mismo libreto, dijo que "no participó en ninguno de los hechos" que le imputan. "Su tarea era de Inteligencia, clasificación de información y todo ese tipo de actividades dentro del Destacamento 122. Lo único que aclaró es sobre un hecho ocurrido (el 24 de marzo de 1977) en Javier de la Rosa y G³emes, que luego de un enfrentamiento, él fue comisionado para que levante un croquis del lugar y describa la situación que había quedado después del tiroteo. Pero fue con posterioridad y la única actividad que realizó en ese hecho fue la que le encomendaron de describir el lugar, nada más. Explicó que ya habían retirado los cuerpos de las personas que resultaron muertas, entre ellos un policía. Y que no vio los cuerpos ni armas, es decir que el lugar ya había sido limpiado", dijo Oroño.
La caída del 24 de marzo de 1977 es una de las que se investiga en la megacausa, donde murieron tres militantes políticos: Norma Meurzet, Silvia Wollert y José Luis Gómez, "en un operativo realizado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía provincial", según el requerimiento de instrucción de la Fiscalía Federal. "Los restos de Gómez fueron identificados y entregados a sus familiares y los de Meurzet y Wollert fueron inhumados como NN el 2 de abril de 1977 en el cementerio de Santa Fe por orden del del Area 212 y recién identificados en 1998.
En el juicio oral y público a los represores, Diab fue acusado por Perizzotti de haberle entregado diez mujeres que estaban secuestradas en un centro clandestino de detención en Santo Tomé a fines de marzo de 1977 y Morales por haber torturado a una joven embarazada de 17 años en la comisaría 4ª, pero el juez no los indagó por esas denuncias. "No hubo preguntas sobre estos temas", concluyó Oroño.

4 de octubre de 2009
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el piloto homicida


Arrestaron a otro piloto de los ‘vuelos de la muerte’. El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío "como hormiguitas". Página/12 publicó su historia hace tres semanas.
[Diego Martínez] Argentina. Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y "con una bolsa en la cabeza", y desde la cabina veía que "iban cayendo como hormiguitas". En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.
A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.
La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.
Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.
En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.
"Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban", declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. "Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados", contó ante el juzgado de Juan José Galeano.
Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. "Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado", recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.
–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. "No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval", lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.
La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. "Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos", le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.
En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.
El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y "manuscritos", aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.

3 de octubre de 2009
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continúan intimidaciones


Robaron un auto de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Hace una semana, robaron un auto oficial de una playa de estacionamiento en Rosario. El lunes, en Santa Fe, dejaron un anónimo en la secretaría de Derechos Humanos: "¿Se dan cuenta de lo que podemos hacer? Hoy desaparece un auto, ¿mañana?"
Argentina. Un auto oficial utilizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe fue robado de un estacionamiento céntrico de Rosario, el último viernes. Sin embargo la policía lo encontró, 12 horas después, a un kilómetro del lugar de sustracción. La situación que podría pasar por un hecho policial más tuvo correlato el lunes cuando apareció un escrito anónimo en la sede central de la Secretaría en la capital santafesina: "¿Se dan cuenta de lo que podemos hacer? Hoy desaparece un auto, ¿mañana?" rezaba el texto.
Una fuente oficial reveló a Rosario/12 que "se trata de dos hechos distintos: un robo al voleo, ocurrido en Rosario el viernes, en cuyo esclarecimiento intervino una cantidad importante de policías, y el anónimo dejado en Santa Fe el lunes, que para nosotros se trató de un aprovechamiento posterior del episodio. No se explica sino por qué dejaron el texto en la capital provincial".
El auto oficial del gobierno de Santa Fe, al servicio de la Secretaría de Derechos Humanos, fue sustraído el viernes de estacionamiento ubicado en Balcarce al 900. Hasta allí habían llegado en un auto Chevrolet Corsa (patente HOV 490) la secretaria del organismo, Rosa Acosta, el subsecretario Gustavo González y una funcionaria del ministerio de Justicia. Dejaron el vehículo a las 9.50, y se fueron a una entrevista con autoridades judiciales federales, cuya sede está a unos doscientos metros del estacionamiento. Como es usual en algunas playas, dejaron las llaves del vehículo, para que fueran utilizadas en caso de tener que mover del lugar el coche.
El auto estaba identificado con una bandera nacional y otra santafesina colgadas de uno de los espejos retrovisores, y no tenía placa alguna que lo relacionara con la Secretaría. El grupo regresó a las 12.50 al estacionamiento. González pidió las llaves en recepción y le dijeron que "estaban puestas en el auto". Pero el coche no estaba. Se lo habían robado. Según publicó el portal Notifé "los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos primero denunciaron informalmente el episodio e inmediatamente arribaron patrulleros y varios jefes de la Unidad Regional II. Pidieron al encargado del estacionamiento que emita la sábana de tickets que se había facturado hasta el momento. El rollo con los detalles determinó que al auto se lo llevaron a las 12.10 del lugar, sin violencia.
La policía ordenó un operativo cerrojo en la ciudad y envió un radiograma a todas las comisarías informando el episodio. "Es el primer robo que tenemos así en Rosario", intentó apaciguar los ánimos el jefe de la División Sustracción de Automotores, que logró el efecto contrario. Gustavo González hizo la denuncia en sede policial y regresó a Santa Fe. Por la noche recibió un llamado telefónico de un número sin identificar que fue a parar al buzón de mensajes de voz. Se escuchaban disparos y explosiones, nada más, nada menos. Horas más tarde le informaron desde Rosario que el auto había aparecido en Montevideo y San Nicolás, sin la batería y sin la rueda de auxilio. La esquina donde estaba aparcado el Corsa está a 12 cuadras de donde fue sustraído.

3 de octubre de 2009
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cae otro piloto de la muerte


Arrestan a otro presunto piloto de ‘vuelos de la muerte’ en Argentina. El ex capitán de la Armada, Emir Sisul Hess, es investigado por su responsabilidad en varios casos de detenidos desaparecidos.
Argentina. El ex capitán de la Armada, Emir Sisul Hess, fue detenido en Bariloche (sur de Argentina) por haber participado en los ‘vuelos de la muerte’ perpetrados por el último gobierno militar (1976-1983) y hoy fue trasladado a los tribunales federales de Buenos Aires.
El arresto se produjo el martes pasado y fue ordenado por el juez federal Sergio Torres, quien investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura.
En los denominados "vuelos de la muerte", prisioneros de la ESMA eran dopados o drogados para luego ser arrojados vivos desde aviones a las aguas del Río de la Plata o el océano Atlántico.

Delito
Sisul Hess, de 60 años, es responsabilizado por casi 900 casos, según informa la agencia estatal Télam, que reveló que el magistrado habría secuestrado en su vivienda "manuscritos con inscripciones relativas a los ’vuelos de la muerte’".
Aviador naval y paracaidista, habría formado parte entre 1976 y 1977 de la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y abandonó la actividad militar en 1991, con el grado de capitán de corbeta, para dedicarse a la actividad comercial.
Según los testigos que declararon en la denominada ‘megacausa ESMA’, el ex capitán reveló a sus compañeros su participación en los ‘vuelos de la muerte’ y se "ufanaba" de su actuación al afirmar que los detenidos "no sufrían porque estaban dopados, iban cayendo como hormiguitas".
La detención se produjo una semana después del arresto en España del ex militar argentino Julio Alberto Poch, piloto de la línea aérea holandesa Transavia, también presuntamente implicado en los ‘vuelos de la muerte’ durante la dictadura militar argentina. Su extradición ya fue solicitada a España por el juez Torres.

2 de octubre de 2009
©la tercera
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prisión domiciliaria de 25 años


El general retirado Juan Carlos Colombo fue condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Formosa falló que el ex gobernador de facto de esa provincia integró una asociación ilícita, fue coautor de nueve privaciones de la libertad y de dos casos de torturas seguidas de muerte.
[Diego Martínez] Argentina. –Esperá que me peino –bromeó el general retirado Juan Carlos Colombo ante el fotógrafo de Página/12 dos minutos antes de escuchar por videoconferencia su sentencia por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando era gobernador de facto de Formosa.
–Es arresto domiciliario –fueron las primeras palabras de su esposa, por si el militar de 85 años no había entendido, un minuto después de escuchar la condena a 25 años de prisión hogareña como miembro de una asociación ilícita, coautor mediato de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, y de dos tormentos seguidos de muerte.
Las escenas transcurrieron en una oficina diminuta del Consejo de la Magistratura, frente a un plasma y una cámara, a 1191 kilómetros del Colegio de Escribanos de Formosa, donde el Tribunal Oral Federal local lo juzgó en ausencia. Gracias a sus problemas de salud, el ahora condenado no pisó la sala de audiencias durante los siete meses que duró el juicio, que tuvo más de 150 testigos, y donde un centenar de personas escuchó ayer la lectura del fallo del juez Eduardo Belforte. Colombo sólo debió trasladarse tres veces al microcentro: una para escuchar la acusación, otra para desentenderse de los crímenes de sus su-bordinados y reivindicar a su compañero de promoción Jorge Rafael Videla –"un ferviente cristiano y un hombre de bien", en sus palabras–, y ayer para escuchar el veredicto.
El fallo del TOF, que también integran Norberto Giménez y Gladys Yunes, no conformó a los querellantes: habían pedido reclusión perpetua, en cárcel común, y que se considerara que los crímenes no fueron aislados sino parte de un genocidio. Formosa no tiene un solo represor preso. Pedro Velázquez Ibarra, víctima y abogado querellante, lamentó "que el acusado no quebró el pacto de silencio y no dijo dónde están los cuerpos de los desaparecidos formoseños". Admitió que "si bien no salió la reclusión perpetua, estamos satisfechos porque, por los tiempos biológicos, los 25 años significan lo mismo". También el representante del Ministerio Público había pedido la máxima pena. Organismos de derechos humanos y miembros de HIJOS escucharon el fallo en la vereda del Colegio de Escribanos.
Colombo es el decimosexto imputado que escucha una sentencia por delitos de lesa humanidad en 2009. Antes fueron condenados cinco represores de San Luis, el apropiador Víctor Rei, dos carceleros de Misiones, el general Pedro Mansilla en Mar del Plata (en el mismo juicio fue absuelto el coronel Alejandro Duret) y en agosto, en San Martín, el general Santiago Riveros y cinco de sus su-bordinados de Campo de Mayo.
Según registros del programa Lucha Contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, sobre 54 condenados por crímenes durante la dictadura hay ahora 15 que gozan de arresto domiciliario. Menos de la mitad (24) están en cárceles comunes. Diez están en la unidad penal de Campo de Mayo, donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular. Y cinco están en libertad, incluidos los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, jefes de Mansión Seré. La próxima sentencia sería la del TOF-5, que juzga al general Jorge Olivera Róvere y a cuatro ex jefes de áreas militares. Si el tribunal no modifica su criterio, pasarán a ser diez los condenados que siguen caminando por la calle.

2 de octubre de 2009
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con una planta en el balcón


El juez Zaffaroni, a favor de la marihuana. Consideró que con el cultivo personal de cannabis "no hay riesgo de distribución" y que "los esfuerzos deben concentrarse en perseguir traficantes".
Argentina. El ministro también advirtió que, a partir de ahora, sería sano que el Congreso reformara la ley de drogas "para que sea más racional y permita una lucha eficiente contra el narcotráfico".
El juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni reiteró este viernes su posición a favor de la despenalización de la droga y afirmó este viernes que "si cada consumidor tuviera una planta de marihuana en el balcón" de su casa, "entonces no habría tráfico. De allí ¿qué se puede sacar?, un cigarro solamente, porque no hay riesgo de distribución".
Zaffaroni se expresó de esa manera tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en agosto último despenalizó la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en ámbitos privados, al tiempo que sostuvo que los esfuerzos deben concentrarse de ahora en más en perseguir judicialmente a los traficantes.
El ministro de la Corte, en declaraciones al sitio Centro de Información Judicial , señaló: "En lo práctico, lo que estamos haciendo con esta sentencia es tratar de eliminar una serie de esfuerzos inútiles tanto policiales como jurisdiccionales respecto de la represión de la circulación de tóxicos prohibidos".
Luego, el juez consideró que "las sentencias por tenencia eran pocas y las pocas que había prescribían antes de llegar a la Corte, a tal punto que nosotros tuvimos que elegir entre seisfallos porque no había más, el resto había prescripto. Todo era un enorme papelerío, esfuerzo y era además una fuente de recaudación ilícita. Todo esto ahora hay que dedicarlo ahora a reprimir el tráfico" de drogas.
Zaffaroni aseguró que el riesgo verdadero está en otro lado: "Fundamentalmente, desde mi punto de vista, en este momento hay una seria emergencia que es el paco y hay que concentrarse en erradicarlo. El paco no es un tóxico común, es un veneno", dijo.
"Podríamos centralizar el trabajo en un lugar, en una villa por ejemplo, pero el paco se nos desplaza; lo que habría que hacer quizás entonces es coordinar la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y el gobierno nacional y entre los tres llevar adelante una acción conjunta".
El ministro también advirtió que, a partir de ahora, sería sano que el Congreso reformara la ley de drogas "para que sea más racional y permita una lucha eficiente contra el narcotráfico".

2 de octubre de 2009
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procesada por apología del crimen


Directora de escuela de la localidad de Susana. Procesada por apología del delito.
Argentina. Un juez de Rafaela procesó por presunta apología del delito a la directora de la escuela que durante un acto dedicado a recordar el Golpe del 76 impidió que se proyectara un video elaborado por los propios estudiantes argumentando que "había dos verdades", y que "se trató de una guerra con bajas de los dos lados y hay que escuchar a todos". Según publicó el diario La Opinión, el magistrado Osvaldo Carlos dictó el procesamiento de la directora de la Escuela 504 de la localidad de Susana, Patricia Guntern bajo una figura penal que establece de un mes a un año de prisión para el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito. Para el denunciante, Gustavo Nieto, padre de una alumna, la decisión judicial "genera satisfacción en torno al rol de la Justicia y a un juez valiente que ha actuado con celeridad".
Nieto dijo que aún espera la resolución de la cartera educativa "a quien le corresponde la parte política del asunto. Creemos y esperamos que aún estan debatiendo sobre si dejan en funciones a una directora autoritaria o reconocen que nuestras escuelas deben ser lugares de convivencia, de encuentro, de diálogo, donde impere el respeto, la amistad y la solidaridad".
Nieto se mostró preocupado por "la falta de plazos" para pronunciarse planteada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. "Creemos en la legítima defensa pero dilatar los tiempos no le hace bien a nadie, y mucho menos a la acusada que ve en juego su ’buen nombre y honor’. Por lo pronto seguimos esperando esperanzados en una pronta resolución", argumentó.
El hecho ocurrió el 25 de marzo en la Escuela 504 de Susana, durante las actividades organizadas para conmemorar el Golpe. Alumnos de 2º año elaboraron videos que se difundieron para todos los alumnos del colegio en una jornada especial. En aquella oportunidad Nieto relató a Rosario/12, que "antes de la finalización de la proyección, la directora Patricia Guntern se dirigió al profesor que organizaba el acto y le dijo que dejara de pasar el video porque podía haber gente que pensara distinto y se sintiera ofendida por el contenido del mismo. Ante la negativa del profesor de apagar el trabajo realizado por los alumnos, la directora tomó el control remoto del DVD, expulsó el disco sin siquiera haber terminado la reproducción y se dirigió a los alumnos diciendo que aunque algunos la podían tildar esto como un caso de censura, había apagado el video porque había dos verdades".

1 de octubre de 2009
©página 12
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