argentina

retiran a cura demoníaco

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La ministra Garré ordenó el retiro o la baja del cura que actuó en la ESMA. La titular de Defensa dispuso que el presbítero Alberto Angel Zanchetta dejara la actividad. Además le ordenó a Godoy que sancionara a los responsables de no haber cumplido hace un año con su decisión.

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[Nora Veiras] Argentina. La ministra de Defensa, Nilda Garré, le ordenó al jefe de la Armada, Jorge Godoy, que "disponga el retiro o la baja obligatoria del capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta al 14 de julio de 2008". La resolución a la que accedió Página/12 también dispone que Godoy "inicie las actuaciones disciplinarias que correspondan por haberse omitido" la decisión de retirar de la actividad al presbítero que confortaba a los pilotos de los vuelos de la muerte. Una alta fuente de Defensa dijo a este diario que "parece que la conducción de la Armada la quiere transformar en un aguantadero y eso no se va a permitir porque la Armada pertenece a la Nación y a su pueblo, que la gobierna por medio de su Estado a través del Ejecutivo nacional".
Godoy fue citado ayer al Edificio Libertador para dar explicaciones sobre la permanencia de este cura con grado de capitán de fragata en situación de disponibilidad y cobrando alrededor de 5000 pesos por mes. Hace más de un año Garré había ordenado el pase a retiro de los sacerdotes que habían actuado durante la dictadura en centros clandestinos. Los marinos eludieron el trámite. Los argumentos que dio el jefe de la Armada no convencieron: tras su partida la ministra firmó la resolución intimando a la Marina. Nadie sabe todavía si, como el retiro es retroactivo a julio de 2008, el presbítero tendrá que devolver los haberes que embolsó como capitán de fragata durante más de un año. El sacerdote es un hombre pendiente de sus ingresos terrenales: en 2001 le inició juicio al Estado por la liquidación en negro que suponía la aplicación de suplementos no remunerativos ni bonificables en su sueldo.
En los fundamentos de la medida, Defensa recordó que, "en julio de 2008, el administrador diocesano (Pedro Candia) cesó en sus funciones al presbítero Zanchetta", por lo tanto "carece de objeto la relación de empleo público militar, habida cuenta de que con el cese dispuesto resulta jurídicamente imposible el desempeño de funciones pastorales en el ámbito de las Fuerzas Armadas". Candia está a cargo de la diócesis castrense desde la jubilación del obispo Antonio Baseotto, a quien el ex presidente Néstor Kirchner había desconocido como arzobispo luego de que propusiera tirar al mar al ex ministro de Salud, Ginés González García, por reivindicar la despenalización del aborto. En 2007 Defensa, junto con las secretarías de Culto y de Derechos Humanos, acordó con Candia el discreto pase a retiro de los curas que habían actuado en centros clandestinos. El lunes pasado este diario reveló que Zanchetta había sorteado esa orden y seguía en disponibilidad, es decir, cobrando como activo aunque sin destino pastoral. El cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana y compartió la ordenación de obispos con Zanchetta en la Catedral.
Egresado del Seminario Metropolitano y de la Universidad Católica, Zanchetta se ordenó sacerdote en 1973. Fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaba encargado de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.
En el Edificio Libertad la conducción de la Marina inició ayer otra búsqueda al margen de las cadenas de responsabilidades reclamada por Defensa: puso la lupa sobre cómo se había filtrado esa información y ordenó un sumario interno. El jefe de Personal de la Armada, almirante Enrique Salvador Olmedo, dispuso que a partir de ahora en la "Lista de Precedencia", el registro que detalla la situación de cada oficial de la fuerza, figuren sólo desde capitanes de navío hasta almirantes. Zanchetta ostenta el cargo de capitán de fragata, el máximo grado al que puede ascender un cura y el último para el que no se necesita acuerdo del Senado.
Hace menos de un mes, este diario publicó que el contraalmirante retirado en servicio (recontratado) Edgardo Campiantico, a quien la Armada había designado como director de la sede naval del Centro de Estudios Estratégicos, que preside Garré, era un activo militante de la defensa de los represores. Campiantico se desempeñó hasta el año pasado como vicepresidente del Foro de Almirantes Retirados que se declaró "identificado" con la actuación de los camaradas procesados y detenidos por delitos de lesa humanidad. Defensa dispuso el retiro efectivo del contraalmirante y la intervención de la sede. A tres semanas salió a luz el caso de Zanchetta. Demasiados fallidos para que sean sólo atribuibles a coincidencias casuales.

12 de agosto de 2009
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esta vez no lo salva ni dios

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Defensa le pidió explicaciones a la armada por el cura Zanchetta. La ministra Nilda Garré espera las explicaciones de la Marina sobre la continuidad como capitán de fragata del presbítero Alberto Ángel Zanchetta. Hace dos años ordenó el pase a retiro de los curas que actuaron durante el terrorismo de Estado.

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[Nora Veiras] Argentina. La ministra de Defensa, Nilda Garré, intimó a la Armada a informar por qué el presbítero Alberto Ángel Zanchetta sigue ostentando el grado de capitán de fragata en actividad. Tal como reveló Página/12, el sacerdote que confortaba a los pilotos de los vuelos de la muerte no fue pasado a retiro sino que sigue en disponibilidad cobrando unos 5 mil pesos. Los hombres del almirante Jorge Godoy estaban ayer tratando de encontrar algún argumento para justificar el incumplimiento a la orden ministerial que data del 2007. "Esto es un desafío a la política de derechos humanos del gobierno", comentó un funcionario cansado ya de los artilugios de los marinos para rescatar a camaradas vinculados con los años de plomo.
Entre el ’75 y el ’77, Zanchetta cumplió funciones en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En el ’81 lo cambiaron de destino y reportó al Ejército para volver a la Marina en el ’84. El presbítero que recién en el 2008 fue pasado a disponibilidad siguió ascendiendo en su carrera militar a pesar de sus funciones en el centro clandestino de la ESMA: el grado de capitán de fragata lo alcanzó hace siete años. En 2004, la revista del Centro Naval publicó su ensayo "¿Necesita un comandante de consejo?", y al reseñar los antecedentes del cura dice que "ingresó a la Armada en 1984", una verdad a medias para ocultar su trabajo en el centro del poder dictatorial liderado por el ex almirante Emilio Eduardo Massera.
Zanchetta eligió como epígrafe inicial de su escrito de estrategia militar una frase de Sun Tzu, el autor de ‘El arte de la guerra’: "Los guerreros antiguos no quedaban victoriosos porque tuviesen una sabiduría infinita ni porque tuvieran un valor sin límites. Lo que hacían era no cometer errores. Todas sus estrategias presagiaban la victoria". Un consejo, quizás, para sus superiores de armas.
Defensa junto con las secretarías de Culto y de Derechos Humanos decidió en 2007 terminar con la sobrevivencia en el arzobispado castrense de curas que bendijeron el terrorismo de estado. Luego de la jubilación del obispo Antonio Baseotto, quien había propuesto tirar al mar al entonces ministro de Salud Ginés González García por coincidir con la despenalización del aborto, el Gobierno –con la anuencia del presbítero Pedro Candia, quien quedó de hecho a cargo del arzobispado– trabajó en pasar a retiro sin estridencias a los pastores que asistían espiritualmente a los represores. Zanchetta es uno de los paradigmáticos que, a la luz de los hechos, sigue contando con influyentes protectores.
Egresado del Seminario Metropolitano y de la Universidad Católica, Zanchetta se ordenó sacerdote en 1973. Fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaba encargado de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.
En el Edificio Libertad, la cúpula de la Marina recibió más de un llamado de Defensa. "El ministerio está estudiando cuidadosamente la situación", dijo a este diario una alta fuente de esa cartera a la espera de una respuesta oficial de los hombres de Godoy. En el ‘Libro de Precedencia’, que refleja con minuciosidad el estado de revista de cada oficial, aparece Zanchetta con la sigla 7K1, que significa en disponibilidad. El jefe de Personal de la Armada, el almirante Enrique Salvador Olmedo, es el responsable directo de la elaboración de ese registro. Ese limbo le permite a Zanchetta seguir cobrando como capitán de fragata en actividad con destino en la Dirección General de Personal. En la práctica, el cardenal Jorge Bergoglio lo acogió en la diócesis metropolitana. En octubre del año pasado Zanchetta ofició junto a Bergoglio la ceremonia de ordenación del obispo Enrique Eguía Seguí en la Catedral.

11 de agosto de 2009
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realidad del matrimonio homosexual

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Un dictamen del procurador de la corte reconoce que es discriminatorio negar el matrimonio a los gays. Dos mujeres lesbianas recurrieron a la Justicia para casarse. La causa llegó a la Corte. Antes del fallo, se expidió el procurador: dijo que no se puede desconocer la realidad de las personas homosexuales.

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[Soledad Vallejos] Argentina. "Ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos", concluyó el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien agregó: la "clarificación" de la situación legal que atraviesan las parejas de gays y lesbianas que quieren casarse "es una deuda que el sistema político-jurídico debe saldar". La declaración forma parte del extenso dictamen en el que evalúa el pedido de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que la dirigente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) María Rachid y su mujer Claudia Castro elevaron a la Corte Suprema, tras un fallido intento por convertirse en esposas ante la ley. El informe que Righi presentó a los jueces de la Corte Suprema, y que Página/12 pudo conocer en exclusiva, es terminante: el máximo tribunal debe arbitrar los medios y mecanismos ya usados en el caso Badaro (ver aparte) para que la demanda de matrimonio legal para gays y lesbianas sea debatida en el Congreso de la Nación.
En febrero de 2007, María Rachid y Claudia Castro quisieron casarse como cualquier pareja heterosexual, pero la misma jueza del registro civil que, años antes, las había unido civilmente, debió negarse. "Me encantaría pero no puedo. La ley no me lo permite", explicó, por lo que las mujeres convirtieron el matrimonio frustrado en un pedido de inconstitucionalidad de esa ley, por considerarla discriminatoria. A mediados de 2007, la jueza María Bacigalupo encontró que esa negativa era de lo más acertada (ver aparte), lo cual motivó otro recurso judicial de Rachid y Castro, esta vez ante la Cámara de Apelaciones, que también rechazó la solicitud. Así, se llegó a la Corte Suprema. Es a esa demanda que viene a responder el dictamen de Righi.
"Muchas veces el contenido de las sentencias expusieron a la ‘luz pública’ realidades sociales que, si bien existieron siempre, no fueron –por la causa que fuere– previstas (ni, agrego ahora, resueltas) por el legislador que entonces sí se vio compelido a considerarlas", recuerda –citándose a sí mismo, en una evaluación anterior– Righi al fin del dictamen "Rachid, María de la Cruz y otro c/ Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas".

Autodeterminación
Dar respuesta a una demanda de transformación legal no es sencillo. En principio, el dictamen de la Procuración subraya la importancia que los contextos históricos particulares tienen a la hora de definir el marco legal para las uniones matrimoniales. A ello, dice Righi, debe sumarse otro marco, dado por los acuerdos y pactos internacionales con rango constitucional. Y sin embargo la experiencia internacional demuestra que son los propios Estados los que deben determinar qué "modelo matrimonial" concuerda, bajo "garantía de igualdad", con su propia sociedad.
"Indudablemente, el ejercicio de la autodeterminación individual es un valor que rescata el Derecho contemporáneo, con su mirada puesta en el respeto por la condición humana. Esta perspectiva tiene directa relación con el derecho a la igualdad (y su contracara, la no discriminación)." Righi también rescata que, como sostiene la Organización de Naciones Unidas, "no cualquier distinción es discriminatoria; sólo lo son aquellas que incurren en arbitrariedad", lo cual, sumado al hecho de que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema reitera que la Constitución "asegura un trato legal igualitario para quienes se hallan en similares condiciones", lleva a replantear la validez de algunos criterios.

Un Debate Inminente
El dictamen refiere la necesidad de que el Estado responda a una demanda cuya falta de respuesta afecta a un número importante de ciudadanas y ciudadanos. Esa dimensión numérica convierte una cuestión privada en cuestión de interés público. Que haya parejas formales compuestas por personas del mismo sexo, y que esas personas deseen el reconocimiento legal de esas uniones significa que algo ha cambiado desde que se redactó la ley de matrimonio civil. Por ello, lo cuestionado "es la potestad estatal de restringir la libertad de consentimiento en punto a la complementariedad sexual, por la vía del diseño matrimonial imperativo", es decir, el heterosexual.
"La determinación del modelo matrimonial es un problema que excede" a la propia Corte, dictaminó el procurador: al tratarse de un cuestionamiento al modelo familiar a partir del cual se diseñó un modelo estatal, corresponde "adentrarse en la actividad normativa de la Nación" con el pedido. La demanda, que ha cosechado respuestas disímiles en todo el mundo, roza "la trascendencia institucional del matrimonio" y define su fisonomía en función de los rasgos de cada sociedad. Esa base de lo usual y lo innegable de la existencia real de nuevas familias cuyos derechos se encuentran desprotegidos (especialmente en lo patrimonial), define "el delicado conflicto traído a juzgamiento".
¿Lo que hay por delante? La misión institucional de saldar "una deuda" mediante "una labor interdisciplinaria", porque se trata de una demanda que "reclama, principalmente, un debate en el seno de nuestra sociedad". Como "no corresponde a los jueces sustituir al Parlamento", esa discusión debe tener lugar "en la iniciación de un profundo proceso en el que tenga lugar la discusión pública, con participación de todos los sectores, los aportes técnicos y el estudio de los antecedentes a nivel mundial".

8 de agosto de 2009
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esperan despenalización

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Aníbal Fernández reclamó a la corte la sentencia pendiente sobre despenalización de la tenencia de drogas. En un congreso sobre drogas, el jefe de Gabinete coincidió con el juez Eugenio Zaffaroni en la necesidad de descriminalizar al usuario. El magistrado confirmó que el fallo "va a salir". Fernández dijo que busca "terminar con la política represiva de los últimos 20 años".

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Con la antesala desbordada de periodistas y camarógrafos, una asistente apuntalaba la llegada de dos personalidades que inaugurarían la séptima Conferencia sobre Drogas de la asociación civil Intercambios: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de la Nación. "No se encimen", "nada de grabadores en la boca", "pregunten de a uno", indicaba la joven, conteniendo sus nervios y la emoción. La imagen era inusual para este tipo de reuniones, que no suelen ser multitudinarias. Había una razón: Fernández y Zaffaroni son personajes clave en la trama que derivaría en la modificación de la actual ley de drogas. De hecho, el primero le pidió ayer al segundo que el tribunal emita el fallo, ya redactado, que sienta una postura favorable de la Corte sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal.
Pese a las indicaciones de la joven, los movileros se abalanzaron sobre Fernández, quien habló sin esperar preguntas. "Nuestra postura no ha cambiado, queremos terminar con la criminalización de los adictos y la política represiva de los últimos 20 años", dijo el funcionario. Cuando le pidieron su opinión sobre el vínculo entre drogas y delincuencia, respondió que según las cifras de la Corte la incidencia "es mínima". Mientras un movilero lo intimaba por el aumento del gas, Zaffaroni miraba la escena sonriente desde la otra punta del subsuelo del anexo del Congreso.
Este cronista se acercó al juez e interrumpió su diálogo con Graciela Giannettasio, otra de las presentadoras del encuentro y presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados.
–¿En qué estado se encuentra el fallo sobre la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal? –fue la pregunta para Zaffaroni.
El magistrado contó que el fallo está siendo revisado por varios letrados, "todos especialistas en el tema penal". La idea, agregó, es "armonizar" las distintas posturas de los integrantes de la Corte antes de que se emita la sentencia favorable a los usuarios de drogas.

–¿Cuándo va a salir?
–Va a salir, es todo lo que puedo decir –dijo.

El auditorio estaba repleto. En las primeras filas se sentaron los invitados de otros países de la región, algunos diputados y varios jueces federales. También estaban Stella Maris Martínez, a cargo de la Defensoría General de la Nación, y Mónica Cuñarro, la secretaria ejecutiva del Comité Científico que asesora a Aníbal Fernández sobre el tema drogas, que tiene en preparación tres proyectos de ley (uno penal, otro sanitario y un tercero sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico). Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, abrió el evento destacando que se trata del primer encuentro latinoamericano en la materia. Hubo y habrá panelistas de Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y México.
"Sabemos que las políticas de control de drogas expresan tensiones, contradicciones y conflictos acerca de la manera de regular su producción y consumo", dijo Touzé. Luego pidió una reforma que combine la despenalización de la tenencia para consumo personal con un sistema de tratamiento y prevención de las adicciones. Por último enumeró las consecuencias del prohibicionismo: "El aislamiento y encarcelamiento desproporcionado de usuarios de drogas y ‘mulas’, la persecución y empobrecimiento de poblaciones campesinas sometidas a la erradicación forzada de cultivos sin alternativas sustentables, la violencia social y los violaciones de derechos humanos básicos".
Aníbal Fernández dedicó casi media hora a su discurso. Después de los saludos de rigor a los embajadores de Holanda y Gran Bretaña y uno especial y afectuoso a Milton Romani, de la Junta de Drogas de Uruguay, el funcionario habló de un artículo aparecido en Página/12 el pasado lunes, que da cuenta del juego Chaps from Amsterdam. Un juego en el que gana quien sepa sacar la mejor diferencia en la compra y venta de drogas ilegales. "En mi época había juegos como el Cerebro Mágico, por lo menos tenían intenciones didácticas –comentó Fernández–. Pero pontificar sobre este tema sería llorar sobre la leche derramada. Vivimos en una sociedad policéntrica en la que política o el Estado ya no configuran el eje de la vida de los ciudadanos; por el contrario, debemos competir con cosas tan superficiales como el negocio del entretenimiento o la moda. Pero cuando imperan la necesidad, el temor o la preocupación, las miradas siempre rotan hacia el Estado; no hago juicio de valor en esto, cuento cómo es y digo que uno tiene que trabajar en la conciencia de que no habrá una situación ideal para la generación de políticas y programas."
Luego de mencionar que hay más de 30 mil muertos ligados a la violencia y al crecimiento del narcotráfico en la región, el funcionario consideró probada la necesidad de nuevos paradigmas "que rectifiquen la guerra a las drogas concebida a partir de la administración (del presidente norteamericano Richard) Nixon". También habló de la región como una futura productora de drogas sintéticas, como el éxtasis, y del crecimiento del consumo de cocaína de mala calidad y de paco. Mostró preocupación por el tráfico de precursores químicos en la Argentina y de los puertos locales que sirven como salida de la cocaína a Europa.
En medio del discurso, mientras reconocía el fracaso de la ley actual de drogas, Fernández pidió a Zaffaroni que se tapara los oídos (cosa que el juez no hizo), y le aclaró que no quiere comprometer su voto... "Pero mentiría si no digo que esperamos casi con impaciencia un fallo muy importante, un fallo que no va a despenalizar nada, en el mejor de los casos va a elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado". Y reconoció: "Ese fallo para nosotros sería muy importante, sería una guía hacia un objetivo que estamos persiguiendo".
Por último, el jefe de Gabinete lamentó que haya "mucho dinero para corromper a todo nivel" e informó que una tonelada de efedrina en China cuesta 50 dólares, mientras que una tonelada de metanfetamina (preparada con efedrina) cuesta en Estados Unidos 50 mil dólares. Lo que se dice, "un negoción". Este último punto fue central en el discurso de Zaffaroni. "Esto es economía, no hay nada que hacerle. Si no hablamos de economía, estamos perdidos", dijo el juez, que prefirió en lugar del término "crimen organizado" (como refirió en un momento Fernández) el concepto de "criminalidad de mercado".
"Estamos ante el ofrecimiento de servicios o de objetos ilícitos. Por la prohibición, objetos de valor banal adquieren, por el enrarecimiento en la oferta de mercado, un altísimo precio y detrás de eso se genera una altísima rentabilidad", aclaró Zaffaroni. Las millonarias ganancias de los narcotraficantes, continuó, hacen que éstos posean un enorme poder de corrupción. "No hay crimen organizado sino un cónyuge inseparable que es la corrupción de determinados estamentos estatales", aclaró después, al tiempo que aseguró que el sistema penal es parte de "ese círculo vicioso".
En su discurso, el juez de la Corte Suprema reparó en la situación de los usuarios de drogas ilegales. Primero al diferenciar uso, abuso y dependencia de una sustancia, considerando estos dos últimos consumos como un problema de salud. Luego al afirmar que "el propio uso hay que discutirlo en muchísimos casos", es decir, no siempre es problemático. "De todas formas, en el imaginario popular se identifica a todo usuario con un dependiente. Y la construcción mediática de la realidad va más allá e identifica a cualquier usuario con un delincuente", criticó.
Zaffaroni también se tomó el tiempo, pese a las interrupciones de un grupo de jóvenes de extrema derecha, de discurrir sobre la ley. Explicó que cuando a un tema de salud se lo saca de su ubicación natural y se le quiere dar una solución por una vía artificial, al problema se le da "una naturaleza artificial". "Y así nunca lo vamos a resolver. La naturaleza penal siempre es artificial, no hay algo que sea esencialmente penal. Convertir un problema de salud en penal es no resolverlo", destacó el magistrado.
En todo su extenso discurso, que incluyó menciones sobre el paco, varias críticas a la ley actual y sondeó el origen racista de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, no mencionó el fallo que le solicitó Fernández. Sin embargo, criticó las penas que impone la Justicia a los usuarios. Dijo a modo de conclusión: "Si el enfermo no se cura, se lo pena. Es lo que manda la ley. Es una impotencia legislativa muy particular, que nos ha llevado a un dispendio policial y judicial absolutamente ineficaz".

7 de agosto de 2009
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dos juicios con fecha

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Los crímenes de los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y El Vesubio. Uno de los procesos empieza el 15 de octubre e involucra a quince represores. El otro arrancará en diciembre y tiene ocho acusados. Además, también en octubre, comenzarán el juicio por la ESMA y el tercero contra Menéndez.

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[Diego Martínez] Argentina. Dos nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad, ambos por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, tienen fecha confirmada. El 15 de octubre, una semana después del arranque del proceso a Astiz, Acosta & Cía., el Tribunal Oral Federal 2 comenzará a juzgar a quince secuestradores y torturadores del circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo, en su mayoría ex oficiales de la Policía Federal. Dos meses después, el 15 de diciembre, también hará su debut en causas de lesa humanidad el TOF-4, responsable de juzgar a ocho represores del centro clandestino El Vesubio encabezados por su jefe, el violador Pedro Alberto Durán Sáenz, coronel retirado del Ejército Argentino.
A un tercio de siglo del comienzo de la dictadura y a más de un lustro de la reapertura de causas a los ejecutores de la represión ilegal, octubre de 2009 marcará un hito en la historia del proceso de justicia. El martes 6 comenzará el primer juicio por crímenes en la ESMA, con 18 imputados frente al TOF-5, único tribunal del país que prohíbe el trabajo de los reporteros gráficos y que hasta hace apenas cinco años contaba en sus filas con Guillermo Federico Madueño, hoy prófugo por su complicidad con crímenes similares en Bahía Blanca cuando era juez federal. Dos días después, en Córdoba, el condenado Luciano Menéndez afrontará su tercer juicio y, si se concretan las elevaciones previstas, el dictador Jorge Rafael Videla se sentará ante un tribunal junto a una treintena de militares de La Perla y policías del Departamento de Informaciones.
En ese contexto arrancará el juicio por el circuito Atlético-Banco-Olimpo, centros de detención que compartieron represores, víctimas, muebles y picanas. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Los grupos de tareas y algunos secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras en Lacarra y Ramón Falcón se acondicionaba El Olimpo, que funcionó hasta fines de 1979, cuando terminó el ciclo de Carlos Suárez Mason como jefe del Primer Cuerpo.
El TOF-2 juzgará a quince imputados, la mayoría por 181 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. El más conocido es el único civil, Raúl Guglielminetti, ex agente del Ejército y la SIDE que mostró sus dotes en varias salas de tortura del país, fue custodio del presidente Raúl Alfonsín y concluida la guerra sucia se dedicó a los secuestros extorsivos. El único militar será el capitán retirado Enrique José Del Pino, alias ‘Miguel’, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo. Lo acompañarán diez oficiales de policía: Samuel Miara (apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa), Óscar Augusto Rolón, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa (de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en el caso de protección de prostíbulos), Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei (detenido y extraditado desde España, donde vivió veinte años) y Julio Simón, ‘el Turco Julián’, con dos condenas en el haber. Completan el cuadro los gendarmes Guillermo Víctor Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui, y el agente Juan Carlos Avena, del Servicio Penitenciario Federal.
El Vesubio funcionó a metros de El Banco entre 1976 y noviembre de 1978, también bajo el mando de Suárez Mason, quien murió impune. Por sus calabozos pasaron, entre otros 400 secuestrados, el historietista Héctor Germán Oesterheld y el escritor Haroldo Conti. Su jefe era el entonces mayor Durán Sáenz, alias ‘Delta’, que de lunes a viernes sometía sexualmente a prisioneras en su residencia y en el Regimiento de La Tablada, y los fines de semana asistía a misa y visitaba a su familia en la ciudad de Azul. Durán Sáenz será de la partida junto al general de brigada Héctor Gamen, el coronel Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán (alias ‘Pancho’), Roberto Zeolitti (‘Zapo’), Diego Chames (‘Polaco’), Alberto Neuendorf (‘el Alemán’) y José Maidana (‘el Paraguayo’).

6 de agosto de 2009
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de 32 desaparecidos no se sabe nada

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Sin investigación de su muerte. El objetivo fue armar las denuncias de desaparecidos en Santa Fe en aquellos casos que aún no habían sido denunciados en sede judicial. Se investigaron documentos del Registro Civil, hospitales, morgues, archivos policiales y fotografías.

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[José Maggi] Argentina. La justicia federal de Santa Fe abrió 15 nuevas causas para establecer el destino de 32 desaparecidos durante la última dictadura. Lo hizo tras el aporte de un grupo de investigación compuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), militantes y la agrupación HIJOS. Beatriz Pfeiffer, Valeria Silva, Víctor Salami y Lydia Vieyra son los denunciantes con el patrocinio de la abogada Lucila Puyol, quienes serán recibidos hoy por el juez federal Reynaldo Rodríguez para comenzar con sus testimonios, que se sumarán a los documentos ya entregados del Registro Civil y cementerios, archivos policiales, fotografías y entrevistas con familiares, testigos, sobrevivientes y militantes. "Este es un trabajo hecho por fuera de lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos provincial y la fiscalía", se encargaron de remarcar.
Puyol explicó a Rosario/12 que "en marzo de 2009 nos juntamos un grupo de militantes para trabajar coordinadamente con el EAAF, con Miguel Nievas a la cabeza, en las caídas de compañeros muertos y desaparecidos durante la última dictadura militar e incluso anterior al golpe".
"Nuestro propósito fue armar las denuncias de todos los casos que aún no habían sido denunciados en sede judicial; por un lado caídas que no estaban registradas como por ejemplo el asesinato de Nilda Elías, militante montonera, hecho ocurrido en barrio Santa Rosa de Lima y por otro aportar a las causas que estaban incompletas, por ejemplo en la causa de Adriana Bianchi no se encontraba el requerimiento fiscal de sus compañeros asesinados y desaparecidos junto a ella: María Josefina Mujica y José Pablo Ventura".
Una vez denunciado esto, la Fiscalía Federal realiza el requerimiento de instrucción y se elevan al Juzgado y hoy se encuentran acumuladas en dos grandes causas: 16/08 y 05/09.
"Con el acumulado de años de trabajo en la recuperación histórica de los hechos, tenemos soporte digital de los relevamientos realizados en Registro Civil, archivos policiales, cementerio, diarios y entrevistas con familiares, testigos, sobrevivientes y militantes", indicó la letrada. El objetivo es "aportar a las causas, en algunas acompañamos a los familiares a través de la constitución en querellantes, aportando el trabajo técnico y jurídico".
En abril de 2009 el equipo de investigación concretó 15 presentaciones referidas a 32 personas y un no nacido: 13 desaparecidos, 16 asesinados, 3 desaparecidos restituidos más un bebé. De las mismas hay seis causas nuevas en Juzgado Federal Nº 1: Causa acumulada en Expte. 05/09: ‘Elías, Nilda N. s/investigación de su muerte’; ‘Fadil, Luis A.; Ramírez, Alicia B.; Galuppo, Mario Oreste s/investigación de sus muertes’; ‘Peters, Nilda s/investigación de su muerte’; ‘Meurzet, Nora G.; Mendicute, Antonio M. s/investigación de sus muertes’.
En el mismo juzgado también se abrieron dos causas sueltas: ‘Lera, Domingo F. s/presunta desaparición forzada’ Expte. 13/09 y ‘Nicolini, Ricardo s/investigación de su desaparición’ Expte. 07/09.
Otras cinco causas se suman a la causa acumulada en Expte. 16/08: ‘Ventura, José Pablo y Mujica, María Josefina’ con Bianchi, Adriana; ‘Saur de Galuppo, Graciela s/presunta desaparición forzada’ con Belmont; ‘Ameri, Héctor Raúl; Guastavino, Enrique G.; Silva, Antonio Inocencio s/presunta desaparición y De Leonardi, Elena Yolanda s/su muerte’ con Livieres Bank, Finsterwald y Angerosa; ‘Coria, Silvia E.; Fontana, Alfredo; Trossero, Susana; Ángel, Adriana A. y su hijo no nacido s/investigación de sus muertes’ relacionado con causa Ferraza, Horacio pareja de Adriana Angel; ‘Fiocchi, Angel Eduardo; Pepe, Carlos Miguel; Partida, Aldo Alberto; Verdú, Luis Alberto; Velzi, Alberto Tomás; Sole, Alberto s/desaparición forzada y Elsa Raquel Díaz s/investigación de su muerte’ con Cherry.
Finalmente en la causa Expte. Cabral, Eusebio se suman ‘Cattáneo, Carlos y López, Lucio s/investigación de sus muertes’ Expte. 19/09
En tanto en el Juzgado Federal Nº 2 se abrieron tres causas: ‘Seggiaro, Osvaldo Angel s/investigación de su desaparición’; ‘Goicochea, Luis A. s/investigación de su muerte’ y ‘Ponti, Yolanda Rosa s/investigación de su muerte’.
La comisión investigadora realizó distintas tareas: entre ellas el relevamiento de documental existente en distintas dependencias oficiales y que actualmente se encuentran en custodia de la Fiscalía Federal Nº 1.

* Cementerios: relevamiento de libros y archivos de los cementerios de las ciudades de Santa Fe, Coronda y Rafaela.

* Registro Civil: relevamiento de partidas de defunción de causa de muerte no natural.

* Hospitales públicos: estudio de libros e historias clínicas de los hospitales Cullen (ex Piloto) e Iturraspe, correspondientes a Maternidad, Sala Policial y Morgue.

* Archivos policiales: mediante la autorización del Ministerio de Gobierno de la Provincia, se procedió al retiro de más de quinientos libros de seccionales policiales.

* Fotografías: se encontraron en la División Fotografía Policial los negativos relacionados al accionar represivo, identificados con número y fecha registrados en un cuaderno que a tal efecto se llevaba en esa dependencia policial. Se encontraron fotografías tomadas a personas muertas en operativos pero que figuran como desaparecidas ya que sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares sino que se inhumaron como NN. El hallazgo de estas fotografías permitió en algunos casos la posterior identificación de algunas personas exhumadas en el Cementerio Municipal de Santa Fe por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

5 de agosto de 2009
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30 mil víctimas en argentina

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Duhalde: "La cifra de 30 mil desaparecidos no es arbitraria ni caprichosa". El secretario de Derechos Humanos de la Nación aseguró hoy que la cifra de 30 mil desaparecidos no es "caprichosa ni arbitraria", a través de una carta abierta enviada a Graciela Fernández Meijide, quien había dicho que el número real de desaparecidos durante la última dictadura militar era menor a los ocho mil.

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Argentina. "La cifra de 30.000 no es ni arbitraria ni caprichosa, aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable", apuntó el funcionario, y aclaró "que no hay un censo nacional completo sobre el número de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo".
En cuanto a la cantidad de desaparecidos registrados por la Conadep, Duhalde explicó que cuando concluyó el trabajo de ese organismo "algunos familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la motivación de expresarse ante la Comisión".
"La euforia que precedió al juicio de los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta con el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales por más de 20 años", añadió el secretario de Derechos Humanos, y se preguntó: "¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos–desaparecidos que no habían hecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía a los criminales?"
En ese sentido, manifestó que "recién a partir del año 2004, con el fin de la impunidad, al amparo de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta el presente".
"En consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los posteriores de la Secretaría de Derechos Humanos como registros totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de 1000", advirtió Duhalde.
Duhalde insistió con que "el carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad".
Por eso, cuestionó las declaraciones de Fernández Meijide: "Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un error esencial: creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles".
"El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue `justo y en defensa de la patria´ ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal", aclaró.

5 de agosto de 2009
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digitalizarán archivos ideológicos

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La tarea estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos.

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Argentina. Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, firmaron ayer una resolución por la cual el Archivo General de la Provincia entrega a la Secretaría de Derechos Humanos, para ser destinada al Archivo Provincial de la Memoria, la totalidad de la documental correspondiente a la Dirección General de Informaciones creada en 1966 y suprimida en 1983, también denominada ‘Archivos ideológicos o de la Represión’. Por otra parte, la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, suscribió con el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un convenio de cooperación para la catalogación, clasificación y digitalización de este material; entre otras tareas que incluyen la capacitación de los equipos técnicos de la Secretaría provincial.
Los llamados ‘Archivos Ideológicos’ contienen esencialmente información de inteligencia sobre militantes políticos, gremiales o sociales desde 1966 hasta 1983, en especial sobre empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, o aspirantes a serlo, como así de diversas personas con actuación en entidades intermedias, clubes y asociaciones. Actualmente se encuentran en la órbita del ‘Archivo Intermedio’, que depende del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
Según la resolución firmada, serán trasladados al Archivo Provincial de la Memoria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de préstamo. Y una vez finalizadas las tareas de digitalización, investigación y sustanciación de los juicios de lesa humanidad, serán reintegrados al Archivo General.
Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta suscribió un convenio de colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Del acto participó el secretario Eduardo Luis Duhalde, entre otros funcionarios.
Ahora las partes desarrollarán un programa de colaboración para que el Archivo Nacional de la Memoria obtenga, analice, clasifique, duplique, digitalice y archive el acervo fotográfico, audiovisual, de documentación y de testimonios orales que obran en el Archivo de la Memoria de la provincia.
El convenio fue firmado durante un acto en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, donde antes funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Estuvieron presentes, además de Rosa Acosta; el subsecretario Gustavo González y el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza. En tanto por la Nación participaron Duhalde, Ramón Torres Molina y Carlos Lafforgue, presidente y secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria.
Previo a este acto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, mantuvo una reunión con las autoridades provinciales en las que se abordaron líneas de cooperación entre ambas jurisdicciones ante la inminencia de los juicios de lesa humanidad en Santa Fe.
Entre otros temas, en la oportunidad, se evaluó la situación de la justicia federal en las ciudades donde se llevan adelante las causas Reconquista, Rosario y Santa Fe y la apoyatura para la investigación de amenazas y amedrentamientos contra testigos y querellantes.
El Archivo Provincial de la Memoria contiene informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos para consulta de los interesados. Funciona en una sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe, con la misión de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.

31 de julio de 2009
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