abrir los archivos del terror
28 de julio de 2009
[José Maggi] Argentina. El juez federal Carlos Vera Barros le ordenó al Ministerio de Gobierno santafesino -de quien depende el ‘Archivo Intermedio’- que autorice a la fiscal federal Mabel Colalongo a ingresar a esta dependencia así como al personal del Ministerio Público Fiscal para obtener copias de la totalidad de las documentación allí obrante, es decir partes de inteligencia diarios que datan de la última dictadura. El fallo pone fin a la polémica instalada por el acceso a los partes de inteligencia diarios redactados por la ‘comunidad informativa’, en rigor la suma de todos los servicios de espionaje interno de las tres fuerzas armadas, más las policías provincial y federal, el Servicio Penitenciario, la Gendarmería y la Prefectura. Colalongo había solicitado las copias pertinentes para ser usadas en los juicios por terrorismo de estado, puntualmente en las causas Guerrieri o Quinta de Funes y en la de Jordana Testoni o Fábrica Militar de Armas, pero la cartera política había requerido que primero individualice qué expedientes requería. Un eufemismo teniendo en cuenta que se trata de centenares de carpetas apiladas en estanterías sin índice ni inventario alguno. "Hay muchos casos en que la negativa a suministrar una copia sería equivalente a la negativa de presentar el original, es decir que equivaldría a una denegación de justicia", sentenció Vera Barros.
La inexistencia de una guía del material archivado, condición excluyente para individualizarlo, fue sustentada en el fallo Vera Barros con declaraciones de la propia vicegobernadora Griselda Tessio, ex fiscal federal.
En su presentación la fiscal Colalongo argumentó que "en el mes de junio de 2009 he tenido acceso a documentación confeccionada por la llamada ’comunidad informativa’ integrada por partes diarios de inteligencia en su mayoría producidos durante la dictadura, que dan cuenta de detenciones ilegales de personas que aún permanecen en condición de desaparecidos, falsos enfrentamientos, seguimientos de personas que luego fueron detenidas, tal el caso de Eduardo Toniolli, una de las víctimas privadas de libertad en la Quinta de Funes y más tarde asesinado tal como da cuenta la copia del parte Nº 166 del 26 de julio de 1976".
La fiscal agrega que "los partes que obran en el Archivo Intermedio también contienen información determinante a la hora de reconstruir la relevancia de las áreas de inteligencia durante la dictadura, en el caso las dependencias de las fuerzas de seguridad locales y nacionales de los Comandos del Ejército. Uno de los ejemplos de esta situación lo brinda el parte Nº 173 del 3 de agosto de 1976, en el que se observa que bastaba entonces con ’solo pegar una oblea para justificar la detención ilegal de una persona’".
En su presentación ante el juez Vera Barros, Colalongo remarcó que "el Ejecutivo provincial impide y dificulta el acceso a dicha documentación". Lo hizo haciendo referencia la exigencia previa de individualizar y especificar cada documento que recién entonces sería fotocopiado por personal del propio archivo. Pero para la fiscal era imposible concretar este requisito ya que no había siquiera un índice las carpetas archivadas.
Sumado a las trabas burocráticas, Colalongo dejó sentado que "en los últimos días (previos a la presentación realizada durante la feria judicial) se me ha informado que un grupo de personas se encontraba manipulando el Archivo Intermedio, algo inusual en anteriores oportunidades".
Por eso urgía al juez federal ha "disponer las medidas necesarias para preservar las constancias obrantes y autorizar la extracción de copias de la totalidad de la documentación", a la vez que "resguardar el material indicado ya que no existe un inventario de los partes de inteligencia, fichas, informes y otros documentos, lo que favorece desde la manipulación inapropiada de la información hasta la posibilidad de sustracción y desaparición de documentación sin que pueda ser detectada por la ausencia de registros".
©página 12 
[Adriana Meyer] Argentina. La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su sustento doctrinario y su metodología del terror. Uno de ellos, referido a las "operaciones psicológicas", establece como medios "ocultos" de acción psicológica la "tortura, el secuestro y el terrorismo". Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por los sicarios del Estado, como el ‘Plan del Ejército, operaciones contra elementos subversivos’, que describe las acciones concretas para la toma del poder y habla de "aniquilar la subversión". Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas en acciones ilegales. Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el contenido "explícitamente delictivo" de este manual, que estuvo vigente hasta 1997.
Como ocurre desde hace seis años, la Asociación Civil Intercambios organiza su conferencia anual sobre políticas de drogas, aunque esta vez el encuentro trascenderá el plano nacional y, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se convertirá en la primera conferencia latinoamericana sobre el tema. Según comentó a Página/12 Pablo Cymerman, uno de los organizadores, la expansión era inevitable: "Antes los invitados esporádicamente eran extranjeros, pero la temática era siempre de interés local. Ahora hay mesas y debates con intereses regionales". En este sentido, el 6 y 7 de agosto, en el anexo del Congreso, podrá escucharse a especialistas y funcionarios de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y México. Entre los locales, disertarán el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni.
[Fernando Cibeira] Asunción, Paraguay. En un contundente gesto de rechazo, los países del Mercosur anticiparon que no considerarán válido ningún acto unilateral de parte del gobierno golpista de Honduras, ni siquiera el llamado a elecciones. Así quedó consignado en el documento final de la cumbre que se realizó ayer en Asunción. La propuesta partió de Cristina Kirchner: "No podemos tolerar lo que sería una ficción de un gobierno de facto que destituye a un gobierno democrático, luego se compromete a llamar a elecciones y entonces se reconoce ese proceso electoral posterior", sostuvo durante el plenario. Luego de su intervención, Cristina Kirchner recibió un llamado del destituido presidente Manuel Zelaya, quien le agradeció sus palabras y, todavía en Nicaragua, le anticipó el recorrido que realizaría hasta la frontera: poco después ingresó a Honduras simbólicamente por espacio de una hora.
Argentina. El ex subcomisario Jorge Alberto Soza, procesado delitos de lesa humanidad, fue detenido el 7 de este mes en la localidad valenciana de Ontinyent, en el nordeste de España.
[Óscar Ranzani] Argentina. En diciembre de 2001, mientras el país estallaba con la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa, Pablo Torello concluía un ciclo lectivo más del Seminario de Producción Documental que dicta todos los años en la Universidad Nacional de La Plata. Justo al finalizar la cursada, dos alumnos oriundos de localidades de la Costa Atlántica se acercaron al docente para proponerle realizar una investigación con testimonios sobre la aparición de cuerpos en las playas de Santa Teresita, Mar de Ajó y San Clemente entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. A Torello le interesó la propuesta y, a través del Centro de Producción Audiovisual de la UNLP, decidió poner en marcha la investigación junto a un equipo, con la idea de realizar un documental sobre los cuerpos que devolvía el mar después de ser arrojados por los militares desde aviones en los denominados "vuelos de la muerte". Así surgió la posibilidad de "armar una película sobre la dictadura con algunas características distintas: en principio, regionalizada y contada a través de personajes costeros, con algunas características muy particulares, pero que no eran aquellas voces de organismos de derechos humanos que hasta ese momento venían contando la historia, al menos en los pocos documentales que había hasta esa época", relata Torello en diálogo con Página/12.
Argentina. La resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la dictó la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata y alcanzó también al ex subjefe de la policía provincial Rodolfo Aníbal Campos, al comisario Fernando Svedas, al cabo Julio César Argüello, al sargento primero Mario Víctor Sita y al oficial subinspector Raúl Orlando Machuca.
[Mariana Carbajal] Argentina. No soportó que su novia lo dejara. Y como reacción, creó un blog con la intención de vengarse de ella. Ahí colgó imágenes –fotos y videos– que le había tomado mientras vivían un dulce romance y que la mostraban desnuda, en situaciones de intimidad, y le agregó comentarios difamatorios. La venganza se gestó en Tucumán a través de Blogger.com, el servicio gratuito de Google para crear y alojar blogs. Pronto, la dirección del sitio se diseminó por la capital provincial y sus alrededores con la velocidad a la que corren las malas noticias y otros varones despechados se sumaron a desprestigiar, insultar, agraviar y ofender a ex parejas, amparados en el anonimato que les brinda Internet. Unas 250 jóvenes tucumanas, algunas de ellas adolescentes, resultaron víctimas en el último año y medio de un grupo cada vez más numeroso de autodenominados "vengadores".