cae represor de policía federal
24 de julio de 2009
Jorge Alberto Soza, de 72 años, era reclamado por las autoridades judiciales argentinas por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ostentaba el cargo de subcomisario de la Policía Federal argentina y segundo jefe de la Delegación de Neuquén, entre septiembre de 1975 y principios de 1977.
El represor está procesado por su presunta implicación en 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas, según consignó la policía española en un comunicado difundido hoy.
La orden de captura internacional y demanda de extradición en su contra había sido emitida por el Juzgado Federal de Neuquén a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que sea investigado y juzgado en esa ciudad.
Según trascendió, el represor se había instalado en 1992 junto a su familia en el pequeño municipio valenciano de Carcaixent y había conseguido tramitar la nacionalidad española pero sin renunciar expresamente a su origen argentino.
El pasado 7 de julio fue detenido en una localidad cercana, Ontinyent, en el domicilio de un familiar, precisaron fuentes policiales.
Ahora, el represor se encuentra en una prisión de Madrid a disposición de la Audiencia Nacional de España, encargada de tramitar su entrega a las autoridades argentinas.
La detención fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Ontinyent, en Valencia.
Una de las víctimas de Soza fue el docente Orlando "Nano" Balbo, quien fue detenido en el centro de la capital neuquina en la mañana del 24 de marzo de 1976 por un grupo de tareas encabezado por el ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, procesado con prisión preventiva en la misma causa junto a otros 29 represores.
Balbo fue torturado e interrogado en instalaciones de la delegación local de la Policía Federal durante varios días y, por la noche, era trasladado a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén.
Testimonios de otras víctimas acreditan el funcionamiento de una sala de torturas en esa delegación y el traslado de detenidos-desaparecidos en los primeros meses de 1976, hasta que se puso en marcha el centro clandestino de detención ‘La Escuelita’ en el batallón militar de Neuquén.
El expediente en el que está incluido Soza comprende a 39 víctimas con 29 represores acusados de delitos de lesa humanidad.
La primera parte de la investigación fue a juicio oral el año pasado, instancia en la que fueron condenados ocho ex jefes militares y ex agentes de inteligencia del Ejército por 17 víctimas.
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