investiguemos la versión de cheney
24 de julio de 2009
Es demasiado fácil asumir lo peor sobre el ex vicepresidente Dick Cheney. Su expediente de engaños y manipulaciones hace más plausible que haya instruido impropiamente a funcionarios de inteligencia a ocultar a los comités parlamentarios informaciones pertinentes sobre un programa secreto de la era de Bush para capturar o matar a terroristas.
Menos claro es si la ley exigía que esta información fuera compartida. Según la Ley de Seguridad Interior de 1947 y sus abundantes enmiendas, el director de la Central de Inteligencia "mantendrá informado a los comités parlamentarios completa y oportunamente de todas las operaciones encubiertas que son responsabilidad" del gobierno. El programa descrito por fuentes de inteligencia -crear equipos paramilitares capaces de perseguir a dirigentes de al Qaeda en Afganistán y Pakistán- ciertamente requería notificación parlamentaria si se convertía en operacional, pero los sumarios informes de momento no respondían definitivamente la pregunta de si había sobrepasado las discusiones internas para convertirse en ‘acción encubierta’, como anticipa la ley. Aparentemente, se había gastado dinero en el programa y dedicado esfuerzos a su desarrollo, sugiriendo que la notificación era justificada, pero los equipos mismos nunca estuvieron siquiera al borde de ser desplegados, alegando que la notificación puede haber sido prematura.
Esa suerte de ambigüedad exige una investigación. Felizmente, este caso se presta para una pesquisa razonable: el Comité de Inteligencia del Senado, que está investigando el uso de la tortura durante el gobierno de Bush, debería agregar este tema a su programa de trabajo. El comité debe actuar con prudencia, tanto para salvaguardar la seguridad interior como para conservar la posibilidad de la persecución criminal. No es el momento de convocar audiencias ni de inmunizar a testigos. Como observamos antes, eso corrompería un juicio futuro, y mientras exista la posibilidad de que se hayan cometido delitos, el celo parlamentario y la oportunidad política deben ceder el paso a los fiscales que pueden encontrar, en los mismos expedientes, violaciones de la ley.
El fiscal general Eric H. Holder Jr. parece estar avanzando metódicamente. Ha declarado su voluntad de asignar un fiscal prosecutor ante las acusaciones persistentes de que algunos operativos pueden haberse excedido en su autoridad legal al torturar a detenidos. Ese es también el curso de acción correcto. Si se han cometido delitos, los fiscales deberán estudiar las evidencias y tomar una determinación sobria sobre si presentar o no cargos. Entretanto, el Congreso tiene la oportunidad de evaluar las acciones de Cheney y, si lo encuentra necesario, entregar las evidencias al ministerio de Justicia. Aunque el presidente Obama prefiere no mirar hacia atrás, hay una diferencia entre concentrarse en el futuro y hacer la vista gorda con el pasado.
15 de julio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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