argentina

tirano hondureño expulsa a diplomáticos

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El gobierno desconoce la expulsión de diplomáticos argentinos de Honduras. El canciller Taiana aseguró que los funcionarios "no tienen ninguna fecha para retirarse" de Tegucigalpa. Y reiteró su respaldo al depuesto mandatario Zelaya.

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Buenos Aires, Argentina. El gobierno desconoció esta tarde la orden de expulsión contra los diplomáticos argentinos en Honduras, anunciada más temprano por el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti, al tiempo que ratificó su respaldo al depuesto presidente Manuel Zelaya.
"Los diplomáticos argentinos no tienen ninguna fecha para retirarse de Tegucigalpa", aseguró el canciller Jorge Taiana desde México, donde encabeza una misión comercial. "Nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con el gobierno constitucional de Manuel Zelaya", agregó.
El gobierno de facto hondureño decidió expulsar a los diplomáticos argentinos, en respuesta al apoyo que manifestó el gobierno de Cristina Kirchner al depuesto presidente Manuel Zelaya y luego de que Buenos Aires desconociera a la embajadora hondureña, Carmen Eleonora Ortez Williams.
"La relación diplomática entre Honduras y Argentina se canalizará a partir de esta misma fecha por medio de la embajada de Argentina en Israel", señaló la Cancillería hondureña en un comunicado.
"En lo que se refiere al personal argentino destacado en Tegucigalpa y que por ende termina sus funciones en Honduras, se le otorgará igual trato, plazo y facilidades al que se conceda a los funcionarios hondureños acreditados en Argentina, con base al principio de la estricta reciprocidad", añade el texto.
Así, el gobierno de facto de Roberto Micheletti le dio a los diplomáticos argentinos 72 horas para que abandonen Tegucigalpa, tal como hizo el Palacio San Martín con la embajadora Ortez Williams la semana pasada, después de que ésta expresara su apoya a Micheletti. La decisión argentina fue comunicada por el canciller Jorge Taiana tras una reunión que mantuvo en Quito con Zelaya.
El mandatario depuesto desacreditó a unos 20 diplomáticos por respaldar a Micheletti, desde que fue derrocado el 28 de junio, especialmente en Estados Unidos, México y Centroamérica.
La Cancillería hondureña dijo que ya notificó al ministerio de Relaciones Exteriores y la oficina de Comercio Internacional de la Argentina. Es el segundo país al que Honduras aplica la misma medida; el primero fue Venezuela, que aún mantiene a uno de sus funcionarios en Tegucigalpa porque alega que reconoce como presidente a Zelaya y no a Micheletti.

19 de agosto de 2009
©clarín 

deuda pendiente de la democracia

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Piden que se apruebe la ley que impide presentarse a elecciones a represores. El diputado provincial del Frente para la Victoria, Gerardo Rico, señaló que la falta de sanción de la norma permite que Pedro Pili Rodríguez, procesado por privación ilegítima de la libertad, sea candidato a concejal en San Lorenzo.

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[José Maggi] Pocos días antes del comienzo de los juicios por terrorismo de estado Quinta de Funes y Fábrica Militar en Rosario y la causa Brusa en Santa Fe , la provincia aún no tiene una ley que inhabilite para ejercer cargos públicos electivos a imputados, procesados y condenados por delitos de violación a los derechos humanos. Tal es el caso de Pedro Alberto Rodríguez, alias Pili, ex funcionario de la dictadura en San Lorenzo quien oficializó su candidatura a concejal por el Partido Unión Vecinal, para las elecciones del próximo 27 de septiembre. "Rodríguez tiene auto de procesamiento firme confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos de Manuel Casado y otros, habiendo estado prófugo de la Justicia", señaló indignado el diputado provincial kirchnerista Gerardo Rico quien encendió esta semana la luz de alerta.
El diputado santafesino del Frente para la Victoria, consideró que el Poder Legislativo tiene "una deuda" ante "las instituciones de la democracia" porque desde noviembre de 2008 se encuentra pendiente en la Cámara de Senadores la sanción definitiva de un proyecto de su autoría, por el cual se intenta evitar que se produzcan situaciones en la que represores sean candidatos en los comicios provinciales, municipales o comunales.
"Los casos (de Luis Abelardo) Patti en provincia de Buenos Aires, y otros similares en Tucumán o Salta nos enfrentan con una dolorosa realidad. En nuestra propia provincia asistimos indignados a la oficialización de la candidatura de Rodríguez para las próximas elecciones, por el Partido Unión Vecinal de San Lorenzo. Este candidato que tiene un auto de procesamiento firme confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos de Manuel Casado y otros. Además, estuvo prófugo de la Justicia hasta no hace mucho?, expresó.
Para Rico, "la inminencia del inicio de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario y en Santa Fe nos exige como representantes del pueblo de la provincia un acto de ejemplaridad con la verdad histórica, para paliar parcialmente estos tremendos agujeros negros en la legislación, que absorben despiadadamente las autodefensas jaqueadas del sistema constitucional".
De igual modo, el legislador y dirigente del Movimietno Evita manifestó que "más de 30 años de mora son más que razonables para que las instituciones de la democracia den pasos a normas y acciones en su propia defensa, y solidifiquen el verdadero estado de derecho que todos merecemos".
Por eso, apeló a "los señores senadores para que en sintonía con estas expresiones se dignen a dar tratamiento preferencial a esta norma, provocando así un testimonio contundente de transitar verdaderamente los caminos de una definitiva reconciliación con la memoria histórica, por la verdad y la justicia".
Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto que había presentado Rico y que en la discusión en comisiones llegó a una síntesis con los que en su momento habían presentado Alicia Gutiérrez, del SI y Lucrecia Aranda del Partido Socialista, ambos acompañados por la firma de otros legisladores.
El proyecto original prohibía a los interesados en ser candidatos a cargos públicos electivos que hubieran estado involucrados en delitos de violación a los derechos humanos. También se incluía a quienes hubiesen "usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983".
Esa última condición quedó sin efecto, como así también el punto que hablaba de la inhabilitación para quienes hubiesen ocupado cargos de ministro, secretario, subsecretario, director general o las responsabilidades equivalentes en dependencias del Estado.
El proyecto con media sanción plantea que "las listas de candidatos/as que presenten los partidos políticos, confederaciones o alianzas electorales, para elecciones provinciales, municipales, comunales y/o convencionales constituyentes, no estarán integradas por quienes se encuentren condenados o procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique".
Asimismo, se establece que "la inhabilitación se extiende a aquellas personas imputadas en causas o partícipes en violaciones graves de los derechos humanos que puedan implicar crímenes de lesa humanidad, en tanto no sean desvinculadas de las mismas". El segundo artículo especifica que "no serán oficializadas por el Tribunal Electoral de la provincia todas aquellas candidaturas" que queden alcanzadas por el punto anterior.
Por si caben dudas vale recordar los resultados de las primarias abiertas en San Lorenzo: el Frente Cívico, con su candidato, Gustavo Oggero, fue la fuerza más votada con poco más de 8000 votos sobre 5800 de la sumatoria justicialista, y 3500 del vecinalismo encabezado por el ex diputado, Pedro Alberto Rodríguez. Es decir que el Pili parece ser la tercera fuerza política en la ciudad más importante del cordón industrial. Con lo cual, la ley es un paso, pero también hace falta trabajar para lograr la condena judicial y social.
Rodríguez estuvo preso 102 días y está procesado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, torturas y amenazas al dirigente gremial Manuel Casado en plena dictadura, cuando ocupaba la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio. En rigor, la ley actual no prohíbe que vote y que sea candidato.
En la causa judicial el testimonio más contundente es el de Manuel Casado, que es la víctima por la cual Rodríguez sigue procesado. El expediente tuvo entre las medidas más relevantes un careo entre ambos, realizado el 4 de Junio de 2004, cuando Rodríguez estaba detenido. Durante el careo, Casado recordó que había visto a Rodríguez en tres oportunidades. "La primera vez fue en la Municipalidad, cuando estaba tirado en el piso y me golpeaba el cabo primero Pintos. Entonces llegó Rodríguez junto a (Rubén) Cervera y (Horacio) Maderna. Yo le pedí por mí, y le dije que no tenía nada que ver con lo que me decían, y él me contestó: ’Esta es la última, de ésta no te salvás’. Esto fue el 25 de marzo de 1976. La segunda vez fue en el Batallón 121, dos o tres días después y la tercera vez en el altillo de la Jefatura. Pero también otras veces lo vi en la Municipalidad junto a Maderna", recordó Casado en su testimonio.
El ex sindicalista señaló además que el 20 de diciembre de 1991 tuvo una conversación con Rodríguez, durante la cual le recordó estos episodios. "El me contestó que no viviera de recuerdos", señaló. Entre marzo y junio de 1976, Cervera era intendente de facto de San Lorenzo; Rodríguez era director de Asuntos Jurídicos; y el ex capitán Horacio Maderna, prófugo en España, e imputado en estas causas, se desempeñaba como secretario de Gobierno. Lo cierto es que Pedro Rodríguez tiene hoy un auto de procesamiento confirmado por la Cámara Federal en el caso Casado, y le cambió la figura a partícipe necesario, en lugar de autor. La misma Cámara lo desprocesó por el caso Avalos.

18 de agosto de 2009
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fayt a favor de la despenalización

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Tenencia de drogas para consumo personal.

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Argentina. El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt consideró que sería "un acto de inhumanidad" marcar judicialmente a un individuo, en particular a un menor de edad, por haber consumido alguna droga. Fayt coincidió así con su colega Eugenio Zafaroni en el tema de la despenalización del consumo individual de drogas, asunto sobre el cual la Corte deberá expedirse en forma inminente.
El decano del máximo tribunal, en declaraciones a la radio La Red, advirtió sin embargo que el tema "tiene aristas sumamente delicadas" y citó ejemplos en otros países, desde Suecia, que penaliza el consumo porque intenta liberar a todo el país de la droga, a otras naciones que no condenan la portación individual. Dijo que hay que analizar "los límites de razonabilidad" del caso.

18 de agosto de 2009
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tenencia no debe ser delito

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Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, habla de tenencia, derechos individuales, el consejo y el fallo del adn. Con gran claridad, explica la sutil diferencia que hace la figura constitucional de "las acciones privadas", que distingue entre lo que se hace "en casa" de lo que "se hace en una plaza y con un cartel".

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[Irina Hauser] Argentina. Tener el Corriere della Sera en el medio de su escritorio, fumar cigarrillos largos, tomar mate con su equipo e ir a trabajar cada tanto con buzo y pantalones cargo son algunos de los hábitos que Raúl Zaffaroni cultivó en los cinco años que lleva en el entorno señorial de la Corte Suprema. "No, no me voy a postular para jefe de gobierno porteño", es un chiste que anticipa últimamente en cuanto le ponen un grabador delante. "No quisiera tener funciones ejecutivas, porque en Argentina cuando uno termina esas funciones lo procesan, es algo casi folklórico", sigue con la broma ya avanzada la entrevista con Página/12. Para hablar sobre la tenencia de droga para consumo personal se pone más serio. A diez días de la fecha que puso el Alto Tribunal para pronunciarse sobre el tema, el juez supremo anticipa los ejes del fallo y denuncia la existencia de "maniobras distractivas" que "criminalizan al consumidor de drogas" para quitar la atención de "la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco". También da su diagnóstico sobre las fallas en el Consejo de la Magistratura y explica por qué le parece problemática la presencia de políticos en el organismo.

Vida Privada
En estos días en la Corte se escuchó mucho la frase "no vamos a despenalizar" (la tenencia de droga). ¿Qué van a hacer entonces?
Despenalizar es suprimir un tipo penal y eso sólo puede hacerlo el Poder Legislativo. Lo que se está haciendo (en la Corte) es una interpretación constitucional de la ley diciendo que la tenencia para consumo personal puede ser tipificada sólo cuando haya un peligro concreto para terceros. Si yo voy por la calle dándome un nariguetazo con un cartel que dice "I love coca" estoy afectando un bien jurídico ajeno, pero si lo hago en mi casa, no. Es una vieja interpretación correcta del artículo 19 (que habla de las acciones privadas de los hombres) de nuestra Constitución que está mucho más allá del problema de la droga. José Manuel Estrada decía que era el eje del constitucionalismo argentino. El Derecho en la Argentina no está al servicio del Estado sino de la persona. No se puede poner el Derecho al servicio de cualquier mito sino que debe respetar el ámbito de autodeterminación moral. Pasaron 150 años desde que Carrara escribió que el matrimonio es muy sagrado, pero yo por más que esté casado no puedo sacar la cama a la calle. En mi casa puedo hacer lo que quiera. Es una cuestión de privacidad.

Más allá de la sutileza semántica, ¿no es lo mismo que propiciar la despenalización?
Y... yo creo que sería bueno que el Legislativo precise el alcance de la prohibición en términos constitucionales. Yo en mi función me limito a decir que en el ámbito de la moral privada no hay que meterse.

¿Por qué cambiaron el expediente en que basarán el fallo? El anterior aludía a dos jóvenes sorprendidos con un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. El nuevo implica a gente fumando marihuana en una casa.
Hay un problema, que explica por qué esta sentencia se viene demorando tanto, que es que la última ley de drogas redujo la pena a una pena corta. En consecuencia, casi todas las causas que nos llegan están prescriptas, como la que íbamos a resolver (conocida como Villacampa). Realmente no hay nadie preso por mera tenencia y yo diría que casi no hay condenas.

Entonces, ¿cuál es la necesidad de pronunciarse sobre el tema?
La necesidad de pronunciarse es otra: como están las cosas, se habilita una intervención policial en el ámbito privado. El ámbito formal del derecho nos impone penas, pero además se está autorizando al Ejecutivo, a la policía, a meterse en un ámbito de moral privada de las personas. El hecho de interrogar a una persona, allanarle el domicilio, secuestrarle un tóxico es en el ámbito privado.

Pero el ámbito privado, ¿es exclusivamente una casa? ¿Fumar marihuana en una plaza y sin molestar a nadie no es una acción privada?
Las acciones privadas transcurren en un lugar en que no las haga públicas. Es una cuestión de interpretación. Depende de las circunstancias. Si yo estoy en una plaza fumando un porro a las tres de la mañana y no hay nadie, es una acción privada. Si lo hago en medio de una multitud con un cartel, no. Habrá que ver en cada caso si hay un riesgo de imitación o de promoción. En el que vamos a resolver no hay dudas de que se trata del ámbito privado.

Hay grupos conservadores que buscan instalar la idea de que legalizar el consumo personal de droga es promoverlo.
Acá hay una decisión que hay que tomar y no se puede actuar como el avestruz en este momento. Hay una maniobra de distracción que es centrar todo sobre el consumidor y distraernos de la cosa fundamental que tenemos que afrontar, que es la lucha contra el tráfico de paco. No podemos perder el tiempo en tonterías. Llegó la hora de la verdad: hay un tóxico terrorífico que está incidiendo sobre las capas más pobres de la población, que es destructivo y mata. Al lado de gente que piensa de buena fe que esto va a traer consecuencias terroríficas, hay otra que quiere seguir distrayendo la atención. De todos modos, esas supuestas consecuencias no existieron nunca: estamos hablando del mismo criterio sobre tenencia que tuvo la Corte Suprema desde 1984 hasta 1990 y no pasó nada. En la medida en que se siga criminalizando o haciendo que se criminaliza, lo que se hace es distraer esfuerzos para combatir el tráfico.

¿Nadie hace nada al respecto?
Se están haciendo cosas, pero quizá las estamos haciendo en forma sectorial. Se necesita un director de orquesta.

¿Quién debería tomar las riendas, el gobierno?
Sí, alguien con poder de ejecución. Yo no lo tengo. Igual he hablado con los jueces federales y con los fiscales. Algunos se han puesto en campaña con esto, pero no es lo suficiente. Se necesita centralizar. Yo creo que en combatir el tráfico de paco podemos tener éxito porque no nos estamos enfrentando a un cartel. No es un gran negocio. Es un tráfico pequeño que tiene el inconveniente de que las bocas de expendio son muchas. Pero con una buena inteligencia se puede. No es lo mismo una toxicodependencia corriente que la que genera el paco. Yo convengo que todo tóxico es negativo, pero una cosa es que mate en diez o quince años y otra es que te mate en uno.

¿Qué intereses se juegan detrás de las maniobras distractivas que menciona?
No tengo idea, pero me parece evidente que es una tontería. En toda la región la tenencia no está penada. Si yo voy por la calle o tengo en mi casa cinco porros y me detienen como imputado, yo tengo derecho a decir lo que quiera en la indagatoria, o negarme a declarar. Que me encontré el cigarrillo en la calle, o me lo dejaron en el umbral de la puerta. Si no me imputan y me citan como testigo, tengo obligación de decir la verdad, si no incurro en un falso testimonio. Me parece tan absurdo penalizar algo que nunca llega a sentencia, sin contar la ridiculez de la ley que somete la sentencia a que si el sujeto es dependiente tiene que hacer un tratamiento, y si no se cura lo penan. Esto es un derecho que no es racional. Si alguien está enfermo hay que tratarlo. No porque no se pueda curar hay que penarlo. ¿Voy a penar a un tipo que toma vino? Bueno, que tome menos. Tampoco se puede penar a un tipo que se fuma un cigarro de marihuana por semana.

¿El fallo va a hacer referencia a otras drogas?
No hay diferencia entre tóxicos, siempre que la cantidad sea razonable para el consumo y, por ende, no sea una exageración que crea peligro de distribución. Se habla de la marihuana por ser el más corriente, pero puede ser cualquier otro, eso no cambia la cuestión de la privacidad del consumo.

¿Qué consecuencias han traído todos estos años de criminalización de la tenencia?
Lo que sucede es que el tóxicodependiente, que es una minoría entre los consumidores, como con el alcohol, tiene una personalidad obsesivo-compulsiva y lo importante para sacarlo del tóxico es que deje de autopercibirse en función del tóxico. Toda intervención penal es estigmatizante, dificulta relaciones laborales, quiebra relaciones sociales. En lugar de favorecer un cambio de autopercepción, lo fija en la que tiene. En síntesis: la clave es decirle al dependiente "vos no sos un drogadicto" y no insistirle en "vos sos un drogadicto".

Un Juez Que Da Consejos
¿Qué falla con el Consejo de la Magistratura?
Yo veo un problema de ingeniería institucional. Las dificultades del Consejo son más bien estructurales. La reforma del ‘94 no dejó clara la delimitación de funciones entre el Consejo y la Corte, entre administración y gobierno. Crear un reglamento de Justicia es un acto de gobierno, comprar una bombita de luz es un acto de administración. Del océano que queda entre medio no está nada claro. En segundo lugar, el Consejo nunca llegó a constituirse como cuerpo, con vocación de poder. Cada uno va ahí representando a su agencia, los jueces, los políticos, los abogados, pero no se siente parte de un cuerpo.

¿La composición no es un problema?
Sobre la constitucionalidad de la composición me reservo la opinión. Pero hay un factor, desde el punto de vista de la ingeniería institucional que distorsiona al Consejo, que es la presencia de legisladores. Es cierto que allí tienen que participar los representantes de los cuerpos electos popularmente. Pero una cosa son representantes y otra cosa son los mismos legisladores.

¿Cuál es el problema de la presencia de legisladores?
Primero, que el día de todos nosotros tiene veinticuatro horas, y no se puede estar haciendo política y administrando el Poder Judicial a la vez. El Consejo requiere dedicación casi exclusiva, es un problema práctico. Y veo otra dificultad: lo que es bueno en el Poder Legislativo, no es bueno en el Consejo de la Magistratura. La característica de un buen legislador es saber negociar. Tiene que ir a la comisión, charlar, juntarse con el otro a tomar café, yo te voto esto vos me votás aquello. Es sano en tanto no haya intereses corruptos de por medio. Así es la negociación política. En el Consejo, ¿qué vas a intercambiar? ¿Un corrupto por un secretario? No hay espacio de negociación así. Personalmente defiendo la existencia de partidos políticos fuertes y por ende con una disciplina de bloque. En el ámbito legislativo eso es lo deseable. Pero que alguien con disciplina de bloque venga y se siente en el Consejo de la Magistratura no me parece deseable.

¿Por qué?
Porque tiene que cumplir órdenes, lo cual está bien en el Legislativo, pero no para elegir o sancionar a un juez. En el Consejo italiano, por ejemplo, lo que hay son representantes de los legisladores.

¿Eso es garantía?
Mandan a los juristas del partido a que se sienten en el Consejo. Eso unifica bastante el lenguaje y favorece otro el nivel de diálogo.

En Italia el presidente del Consejo es el presidente de la República.
Sí. El presidente de la República es una garantía, es jefe de Estado, no es jefe de gobierno. Eso le da una jerarquía al Consejo, pero es un sistema parlamentario. De todas formas, salvo (Francesco) Cosiga que armó un revuelo tremendo, muy excepcionalmente va a las reuniones del Consejo. Prescindiendo de nombres o personas, en una reforma constitucional aquí quizá habría que pensar en poner a alguien.

¿Usted es de los que piensan que el titular de la Corte Suprema tendría que volver a presidir el Consejo, como antes de 2006?
Sería bueno que haya un puente, si no es un semillero de pleitos permanente. Que el presidente del Consejo sea el de la Corte o alguno de los otros jueces que la integran.

Para esto haría falta una nueva reforma de la ley.
Y sí, haría falta una nueva reforma.

¿Qué otro defecto le ve a la reforma de hace tres años que achicó el Consejo?
No estoy pensando en un tema de porcentaje de integración. Hay que atender a estas cosas más funcionales. En realidad, es un organismo que hay que ponerlo en funcionamiento, no ha logrado constituirse como cuerpo. Es cierto que quedó un engendro porque la Constitución no precisa cómo se integra, yo lo dije incluso como diputado constituyente y critiqué la oscuridad que dejaba en la delimitación con la Corte, pero en ese momento no se pudo tocar nada. Después de quince años tenemos los problemas. Lo único que logré bajar fue una categoría (prevista para integrar el organismo): el proyecto original hablaba de incluir personalidades distinguidas. Yo dije que el padrón era muy grande porque los porteños desde que nacemos somos todos personalidades distinguidas.

¿Las demoras en la selección de jueces o la disputa para sancionarlos también las atribuye a cuestiones de ingeniería?
Sí, a problemas funcionales. Quizá la composición tenga algo que ver, pero lo que prima es la falta de un lenguaje común. No sólo se juegan intereses sectoriales sino que no hay una práctica o una cultura común que permita discutir en el mismo lenguaje.

Pero los intereses sectoriales son los que vienen marcando el debate. Los jueces quieren más bancas, los abogados también, y los políticos defienden su mayoría.
Está planteado así, y de esa manera estamos equivocados. Acá la cuestión es que hay un órgano constitucional y deberíamos ver cómo hacemos para que funcione. Hay que hacer unos ajustecitos, pero un representante más para uno u otro no va a resolver el problema de fondo. En Italia también hay codazos entre poderes, pero el Consejo de la Magistratura tiene un espíritu de cuerpo del demonio.

¿La Corte va a fallar sobre la constitucionalidad de la composición?
Los casos que tenemos se los mandamos al procurador para que dictamine. No hay urgencia en entrar en el tema. Cuando vuelvan los expedientes de la Procuración veremos. También vamos a ver qué hacen los políticos.

Eventualmente un fallo podría colaborar con ideas como las que usted propone.
No lo creo, son ideas que tienen que tomar los políticos. Uno se las tira.

Esta Corte firmó varias resoluciones tendientes a señalar políticas de Estado o empujando a que el Congreso haga determinadas reformas.
Un fallo de la Corte a lo sumo podrá decir si el número es o no equilibrado, o si tal sector tiene que tener más representantes. Pero hasta ahí llega. Yo estoy hablando a ver si alguien me pone la oreja en otro poder. Hay otros países que tuvieron Consejo de la Magistratura y por un exceso del Poder Ejecutivo lo hicieron casi desaparecer, como Francia. En España metieron la pezuña los políticos.

Bueno, hace poco la diputada Diana Conti, harta de las críticas, llegó a sugerir volver al sistema anterior, cuando no había Consejo y los jueces se elegían a dedo.
No podemos borrar una institución que está en la Constitución, para eso hay que reformarla. Si reformamos la Constitución, para mí tenemos que ir a un sistema parlamentario.

Hace un tiempo usted dijo que en cuanto pudiera firmar ciertos fallos importantes, como el de drogas, se iría de la Corte. ¿Ya definió cuándo se va?
No, no tengo fecha. Algún día me iré, pero no tengo decidido cuándo.

17 de agosto de 2009
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después del terrorismo de estado

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Después del terrorismo de estado en la Argentina. Una reflexión crítica sobre las memorias y sobre los olvidos contribuye a indagar de qué maneras, en la Argentina, se demanda memoria acerca de un pasado reciente y traumático.

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[Hugo Vezzetti] Argentina. "Memoria, verdad, justicia": son términos que en la Argentina integran una serie establecida y repetida. Exponen una agenda de los problemas abiertos en torno del pasado reciente y, a la vez, se proponen como una constelación de valores y esperanzas en la reparación de las heridas que se reactivan en el presente. En verdad, cada uno de esos términos arrastra una densidad particular que se acrecienta con su combinación y superposición. ¿Qué es una verdad para la memoria y cuáles son las diferencias respecto de una verdad para la historia? ¿Cómo pensar las relaciones entre verdad y justicia, entre memoria y justicia? Desde hace veinticinco años, en nuestro país se eligió, de diversas formas, recordar.
Los variados proyectos de olvido y amnistía terminaron cediendo frente a una voluntad de rememorar una experiencia focalizada en el terrorismo de Estado. Oscar Terán lo señalaba y exponía un ideal de memoria: "Lo que sutura aquel hilo de sentido brutalmente cortado". Pero también puntualizaba las condiciones de una crisis presente que ha impedido una fácil restauración de las seguridades perdidas: la "demanda de memoria" ha coincidido con tiempos de incertidumbre, con creencias fracturadas, en fin, con el derrumbe de las utopías. Ofrecía así una imagen elocuente de los problemas de una memoria ética y política que debe curar las heridas, en un tiempo que ha trastrocado el horizonte de representaciones e ideales capaces de reactivar las esperanzas del pasado. Donde ya no queda el reaseguro de aquellas utopías, decía Terán, la certidumbre que nos convoca reside en el rescate de las víctimas; la memoria se reúne con el duelo: es el deber de reintegrar a los muertos insepultos, los desaparecidos, y los niños "des-identificados"; el "reclamo de Antígona", que coloca el trabajo de la memoria bajo el sino de la tragedia.
Quiero partir de esa indicación problematizada de la memoria, concebida en una relación inherente de responsabilidad hacia el pasado y, sobre todo, hacia las víctimas. No hay memoria plena ni efusiones combativas que puedan suprimir el peso de lo irreparable. El trabajo que busca tramitar la pérdida de tantos cuerpos asesinados, torturados, exiliados, apropiados, debe hacerse cargo también de renovar las ideas y las pasiones, de recuperar y revisar las promesas fracasadas de un tiempo dominado por la furia de los combates y lo irreversible de la muerte.
Ni pura repetición, ni presente fracturado respecto del pasado; la memoria está a la vez en el pasado y en el presente, y ese doble horizonte habilita diversas transacciones frente a las herencias recibidas: entre las formas compactas de un pasado que se impone como un velo que cubre el presente, y las expresiones, igualmente ilusorias, que buscan alinear y borrar el pasado fracturado desde la perspectiva de un presente reconciliado.
Las apuestas se desplazan al presente, pero en un tiempo en movimiento en el que los cambios en la memoria replican y revelan la radical historicidad de la democracia, un régimen falto de fundamento y a la vez condenado a construir las bases de una vida en común que reconozca las diferencias y admita la alteridad.
Una condición del derecho reside en la voluntad colectiva, en el presente, de permanecer abiertos espacios y prácticas de liberación sobre el pasado. Si se puede hablar de memoria social, el fundamento social de la memoria (es la primera enseñanza de Maurice Halbwachs) es lo que se construye como pasado compartido. Esto no excluye las divergencias, pero, si las disputas se ahondan y rompen ciertos marcos, las diferentes formaciones del pasado se hacen incomunicables y las memorias sociales estallan: ése es el problema mayor en la dimensión política de la memoria. Siempre hay conflictos y también hay criterios o soportes (narraciones, imágenes, símbolos) que habilitan un suelo común. La dinámica de la memoria política depende, entonces, de la estructura básica del lazo social que Freud ilustraba con la parábola de los puercoespines en una noche de frío: un movimiento de reunión/separación en busca de la distancia justa.

Lo Inolvidable
Hay olvidos memoriosos que, en su persistencia, son la base de un recuerdo intensificado. Se lee mal a Freud y se abusa del psicoanálisis cuando se señalan patologías del olvido que serían la expresión de un déficit simple en oposición a los deberes de la memoria. En principio, no hay memoria total, salvo en la figura monstruosa de Funes. No se trata, por lo tanto, de establecer una exigencia de transparencia y completud en las prácticas de recuperación y acción sobre el pasado: el olvido no es simplemente el fracaso de la memoria. La tópica freudiana (que permite plantear que hay formaciones de la memoria, así como represión y retorno de lo reprimido) sitúa el olvido en un lugar central: no hay trabajo de memoria que no sea al mismo tiempo trabajo de olvido. Es la paradoja inherente al concepto freudiano de represión: en la dinámica de lo reprimido, lo que se manifiesta como olvido (nunca definitivo), en la conciencia, permanece como recuerdo, incluso intensificado, en el inconsciente.
Interesa recuperar lo productivo del concepto de trauma de un modo distinto del que habitualmente se aplica cuando se trata de acontecimientos que golpean la conciencia colectiva. En el uso habitual, el trauma vale como la representación de una irrupción violenta e inesperada que se impone por su propia fuerza a un sujeto, o a un grupo, que lo sufre en condiciones de pasividad e indefensión. Así entendido, se ha convertido en un lugar común aplicado a las formaciones de la memoria y la conciencia histórica de la experiencia argentina. En la figura de la víctima y en la exposición de los agravios se condensan los sentidos de un pasado "traumático", focalizado en los crímenes del terrorismo estatal. Pero ese pasado ofrece aristas más complejas e ingredientes menos tolerables para la conciencia de la sociedad, ya que no hubo sólo víctimas, y los usos retrospectivos de una figura simplificada del trauma, cuando se extiende hasta abarcar la entera sociedad, terminan sirviendo a una estrategia general de victimización.
Esa figura ampliada de la víctima se define por una posición de ajenidad y exterioridad respecto de aquello que le acontece, de modo que, en esos modos del reconocimiento social de un pasado atroz (que no son exclusivos de la experiencia argentina), la extensión con que la comunidad asume para sí la posición de víctima pasiva de los acontecimientos es correlativa a una operación no menos amplia de rechazo de la responsabilidad por el pasado. Muy distinta es la intelección que, admitiendo que en los crímenes masivos hay una extensa producción de víctimas, está dispuesta a reconocer que en materia de posiciones y de responsabilidades, como lo señalaba Primo Levi para el campo de concentración, no existe una nítida separación entre el blanco de las víctimas y el negro de los victimarios, sino, más bien, una zona gris.
Es mucho más productiva e incitadora, en la idea freudiana del trauma, la relación inherente a la acción de la memoria: el trauma es lo inolvidable, es decir, lo que retorna y queda a la vez impedido de una completa rememoración. Pero, aun como un fragmento separado, en la medida en que retorna está disponible para imponer nuevos reconocimientos, significados y olvidos. No es fácil encontrar en Freud el sustento para una noción que se ha impuesto en los "estudios de memoria", una suerte de sacralización del trauma como acontecimiento compacto y cerrado, un bloque separado, imposibilitado para siempre de una tramitación por la palabra. Es la idea prefreudiana de la histeria traumática la que parece proporcionar el modelo para una suerte de hiperrealismo de la memoria, que se expone en el nuevo vocabulario del postrauma y la posmemoria, incluso en una suerte de metafísica de la historia que, a partir del Holocausto, postula que hemos entrado en una era "postapocalíptica".
En Freud, el primer concepto de trauma encuentra su fórmula en el estatuto de lo reprimido y no se focaliza en un acontecimiento único. Justamente lo que separaba su idea de "histeria corriente", respecto de la histeria traumática de Charcot, es que hay muchos traumas, siempre incorporados en una trama interrumpida que, sin embargo, no está excluida de la posibilidad de ser recuperada por la palabra y la historia.
La cuestión más relevante que se plantea, en relación con las significaciones del pasado como trauma, es la condición activa o pasiva de la memoria: hay, en cierto modo, una oposición entre la figura del trauma (sufrido pasivamente) y la idea de un trabajo de la memoria. Cuanto más se destaca la figura del pasado traumático, menos recursos quedan para las formas de rememoración que impliquen una renovación del pasado.
Este es el punto en el que debe reconocerse una dinámica, una tensión permanente entre lo que se impone del pasado y los modos de elaborarlo y darle sentido. Las huellas de la violencia y las heridas irrumpen; pero, al mismo tiempo, si puede hablarse de un trabajo de la memoria, si puede haber responsabilidades por el pasado, es porque hay acciones posibles sobre esas huellas. Ese es el sentido del retorno: su fuerza está tanto en el acontecimiento como en la formación que lo admite y lo reconoce desde el presente.
Es claro que en esa formación, y en esa distancia intrínseca con el acontecimiento, hay siempre algo de olvido; ante todo, por la forma narrativa de la memoria, que construye tramas diversas. Pero, además, si se trata de la memoria y el olvido públicos, sobre esa cualidad selectiva, inherente a la memoria, se agregan diversas operaciones de los actores que buscan apropiarse del pasado significativo para un grupo o una comunidad: allí nacen los usos y abusos de la memoria histórica, incluso diversas formas de manipulación ideológica o política. Ricoeur introduce allí la dimensión de la identidad: no como una verdad esencial, a nivel personal o colectivo (clase, partido), sino como efecto de esa trama que sostiene la pregunta "¿quién soy?" y, sobre todo, "¿qué puedo hacer?".

Texto extractado del libro ‘Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos’, de reciente aparición (Ed. Siglo XXI).

15 de agosto de 2009
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hienas invocan a la virgen

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Riveros y García hablaron antes del fallo. Con invocaciones a Dios y a la Virgen.

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[Diego Martínez] Argentina. Ni arrepentimiento, ni admisión de los crímenes. Sólo reclamos de ser juzgados por "nuestros jueces naturales", cuestionamientos al "foráneo concepto de crímenes de lesa humanidad" e invocaciones a "Dios y la Virgen Inmaculada", que ayer en San Martín no lograron despegarse de quienes los invocaron. Las "últimas palabras" previas a la sentencia, por la mañana, estuvieron a cargo de los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García. Fernando Verplaetsen optó por el silencio y fue autorizado a dejar la sala. Los otros imputados habían declarado el viernes.
"Ustedes son jueces de la democracia, no pueden ser jueces de militares, no nos conocen bien, no saben lo que sufrimos", dijo. Como ejemplo de la dedicación que exige convencer a un civil sobre la legitimidad de los métodos castrenses, citó a su ex abogado Florencio Varela, "que estuvo seis años hasta que pudo entenderme". Más tarde admitió a su manera las dificultades para comprender las reglas del estado de derecho. "Hace 26 años padezco el tormento de recorrer estrados judiciales y en ninguno reconocí la competencia de los jueces", dijo. "Durante cuarenta años de vida militar me dijeron que esos señores de gorra roja, los generales, eran mis jueces naturales", agregó. "El Estado nos engañó. Nos formó para obedecer órdenes y ahora aparecen señores que hablan de órdenes inmorales. Las órdenes son órdenes, no se analizan, se cumplen", predicó.
También renegó del "foráneo concepto de crímenes de lesa humanidad", que "ni Alfonsín, ni los fiscales del Juicio a las Juntas aplicaron", y reclamó que se analizara el contexto de "guerra revolucionaria contra el agresor marxista". Agradeció "a mi querida esposa, fiel compañera" y "a mis dos amados hijos". "Mis familiares son mis verdaderos jueces naturales", dijo, contrariando el discurso previo, aunque están por debajo "del juez superior, en el cielo". Cerró con "mi sincero respeto a la familia Avellaneda, por lo que sufren, por lo que han sufrido y por lo que seguirán sufriendo en su búsqueda de la verdad".
"Me siento una víctima, un preso político", arrancó García. Dijo haber participado de "una guerra declarada por el gobierno constitucional" y "continuada en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976". El proceso de justicia está plagado de "sentimientos de venganza y odio, inspirado por la mentirosa propaganda de ex integrantes de organizaciones terroristas devenidos en autoridades enquistadas en todos los niveles de gobierno", afirmó. "Se intenta reescribir la historia con políticas educativas de tinte gramsciano", dijo, y aseguró que "ya hay dos generaciones formadas en la calumnia y la mentira". Lamentó la pasividad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado, "entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces", a quienes "no se les pide adhesión, pero sí memoria".
Cerró con un pedido de "reconocimiento a todos los caídos en esta guerra, sin distinción de ninguna naturaleza, y a quienes aún sufren las consecuencias de tanta violencia demencial", y manifestó su deseo de "que la sociedad argentina pueda interpretar con madurez y objetividad los hechos de la década del ’70". "Ruego a Dios nuestro Señor que ilumine las decisiones del tribunal y que la Virgen Inmaculada nos proteja con vuestro sagrado manto", concluyó.

13 de agosto de 2009
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condenan a represores

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Seis represores condenados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

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[Diego Martínez] Argentina. A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que "por la sistematicidad y gran escala" de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de "crímenes de lesa humanidad", como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en "El Campito", en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: "No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso". Horas antes, ante Página/12, recordó que "los juicios siguen" y consideró "fundamental que todos los responsables sean condenados".
La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las "últimas palabras" de Riveros y García, hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.
El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como "de humor negro" la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. "Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos", dijo. El tribunal destacó el valor de la "prueba indiciaria" frente a crímenes signados por "la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas".
A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a "prisión perpetua" a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.
La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la "disfunción y trastornos psicogénicos" invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que "previo examen médico y psicológico" podría beneficiarse con el arresto domiciliario.
La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un "acta de detención" labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en "algunas operaciones de la guerra contra la subversión". Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.
Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por "inverosímil" la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

13 de agosto de 2009
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inminente juicio en santa fe

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El gobierno aportó nuevas pruebas a la justicia.

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Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe presentó en la justicia federal nuevos escritos adjuntando documentaciones probatorias obtenidas de los archivos de la memoria, en el marco de causas que investigan delitos de lesa humanidad en Rosario y Santa Fe. Asimismo, el gobierno provincial ha ofrecido colaboración en materia de seguridad, difusión, retransmisión de los juicios y protección de testigos.
El jueves pasado se realizaron presentaciones en distintas causas que tramitan en primera instancia del fuero federal de la ciudad de Santa Fe, y el viernes presentaciones en los Tribunal Oral Nº 2 y el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Rosario. Desde la Secretaría de Derechos Humanos explicaron que su equipo de investigadores trabaja sobre una serie de archivos: los ideológicos, correspondientes a la Dirección General de Informaciones creada en 1966 y suprimida en 1983; los Legajos Conadep, remitidos oportunamente bajo formato digital por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; libros policiales, relevamientos de libros de cementerios, legajos militares, expedientes judiciales, documentación administrativa provincial y municipal, documentación del Registro Civil, crónicas periodísticas y archivos particulares, entre otros. Los investigadores estudian los archivos, cotejan distintas informaciones y fuentes, y de allí surgen los aportes que se presentan como prueba.
Además el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia viene contestando numerosos oficios de la justicia federal que requieren información sobre víctimas del terrorismo de Estado y continúa a disposición de los requerimientos de la justicia federal y de los abogados querellantes en esta materia.
Estas acciones se enmarcan en las políticas de colaboración del gobierno provincial con la justicia federal para la sustanciación de los juicios por delitos cometidos por el terrorismo de Estado. En ese sentido, pueden citarse la creación del programa de protección a testigos y querellantes, el cual tiene ya 90 personas ingresadas; y este año la puesta en marcha de una Comisión de apoyo a los juicios de lesa humanidad, establecida por decreto del gobernador Hermes Binner y presidida por la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. Esta Comisión se ha constituido en los últimos meses en Rosario, Santa Fe y Reconquista, para articular acciones con la justicia federal, el Ministerio Público y las municipalidades donde se sustancian este tipo de causas.
El gobierno provincial ha ofrecido colaboración en materia de seguridad, difusión, retransmisión de los juicios y protección de testigos, entre otros aspectos que hacen a la trascendencia social, política e histórica de estos procesos judiciales.
Con respecto a presentaciones de la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario, se destaca:

* En la causa ‘Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ homicidio, violación y torturas’, cuyas audiencias de debate tienen fecha de comienzo el 9 de febrero de 2010, que tramita ante el Tribunal Oral Nº 2, se presentaron diez documentos encontrados en el Archivo Intermedio de la Provincia.

* Se aportó ante el juez Federal Nº 4 Marcelo Martín Bailaque prueba para la causa ‘Feced, Agustín y otros s/ homicidios, violación y torturas’, documentación referente a diversas detenciones y homicidios de militantes.

* Se aportó documental a la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derecho Humanos durante el Terrorismo de Estado (a cargo de la fiscal Adriana Saccone) relativa a diversas víctimas.

12 de agosto de 2009
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