argentina

piden acelerar juicios a represores

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La Comisión de la Memoria se entrevistó con la Comision Interpoderes. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex fiscal Hugo Cañón se entrevistaron con la comisión creada a instancias de la Corte Suprema y pidieron la centralización de las causas por delitos de lesa humanidad y la elevación a juicio del caso Patti.

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[Argentina] La Comisión Provincial por la Memoria bonaerense se reunió ayer con miembros de la Comisión Interpoderes, creada a instancias de la Corte Suprema con el fin de acelerar el proceso de justicia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, para expresar su preocupación por la demora en la instrucción de las causas. Encabezado por sus copresidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el organismo pidió poner fin a la dispersión de causas y al juzgamiento por casos aislados, planteó la necesidad de garantizar la amplia publicidad de los procesos y concretar en el corto plazo el juicio al torturador Luis Patti, y expresó su preocupación por la parálisis de la investigación por la desaparición de Julio López, radicada en el juzgado de Humberto Blanco. "Es preciso reafirmar en esta coyuntura electoral la necesidad del compromiso con la justicia por los crímenes de lesa humanidad como una política de Estado, inamovible e irrenunciable", solicitó el Premio Nobel de la Paz.
El nombre completo de la Interpoderes es Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Nació en abril impulsada por Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, con el fin de remover obstáculos, acelerar nombramientos, facilitar infraestructura y recomendar directivas generales al alto tribunal. La Corte dispone además de una Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad. Como informó Página/12, la Procuración General de la Nación le reclama que instruya a los jueces para impedir que los represores cumplan prisión preventiva en cuarteles, para que tomen recaudos básicos a la hora de citar testigos y se establezcan mecanismos eficaces para cubrir vacantes en tribunales.
La Comisión pidió celeridad para evitar que las causas "caigan en un camino de denegatoria de justicia debido al retardo de elevaciones e imputaciones", y que represores identificados continúen en libertad o mueran impunes. Citó como ejemplo al ex jefe de La Cacha Julio Barroso. El fiscal Sergio Franco pidió su detención en 2005, la Comisión aportó informes de inteligencia que confirmaron relatos de sobrevivientes, pero el juez Manuel Blanco se niega a ordenar su detención.
El organismo reclamó poner fin a la dispersión de causas y a la instrucción por víctimas, como ocurre en la megacausa Campo de Mayo a cargo del juzgado de San Martín. "Implica dilapidar esfuerzos" y "lleva a la paradoja de sentar como testigos a personas con responsabilidad probada respecto de otras víctimas", apuntó. Sobre la jurisdicción La Plata, planteó la necesidad de avanzar con un criterio de concentración. Precisó que las causas Comisaría 5ª y parte de Arana estarían en condiciones de ser elevadas y sólo restaría que la Sala I de la Cámara Federal liberara la causa Brigada de Investigaciones, para poder concretar un juicio acorde a las dimensiones del ex circuito Camps. También reclamó poner fin a las demoras en la tramitación de causas en Mar del Plata, por dificultades en cubrir vacantes en la Cámara Federal y el Tribunal Oral.
La Comisión Provincial expresó finalmente su preocupación por los criterios de integración y designaciones por parte del Consejo de la Magistratura. "No llegan los mejores, no se atienden criterios de idoneidad", cuestionaron. Como contracara citaron el caso de Pedro Hooft, en funciones pese a su actuación durante la dictadura.

25 de junio de 2009
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quedarse en la calle

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Vivió durante cinco años en la calle, sin techo y durmiendo con un ojo abierto.Se llama Horacio Ávila y se quedó sin techo y obligado a vivir en la calle en 2002, porque no podía pagar el alquiler. Alternó changas y trabajos semiestables. Es uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización que ayuda a los que viven en la calle.

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[Gustavo Veiga] Argentina. Pensó que nunca le sucedería, pero se convirtió en un mutante urbano, como el título del documental que protagoniza. Léase: mutante, persona en situación de calle, último eslabón de la escala social, desecho humano en el que nadie repara. Horacio Ávila tiene 46 años y las marcas en el rostro de una vida complicada. Entre 2002 y 2007 durmió en plazas y umbrales de edificios. Alternó changas y ocupaciones estables, supo de solidaridades y maltratos, de ranchadas donde compartir todo y operativos policiales donde también se perdía todo. Sus experiencias son como capas geológicas que brotan del asfalto, ese asfalto que para él se volvió tan familiar como una cama caliente para quien descansa en su casa.
Hace dos años recuperó la posibilidad de disfrutar esa cotidianidad que para muchos ciudadanos sería insignificante. "Hoy, para mí, cerrar la puerta del baño y encender la luz, orinar, afeitarme, apagar la luz de nuevo y que mi compañera me traiga el mate a la cama es una fiesta enorme. Son cosas que antes no valoraba", dice Avila, uno de los fundadores de Proyecto 7, la organización que ayuda a quienes viven en la calle.

¿Podría sintetizar su historia antes de transformarse en esa persona que perdió todo, incluido el techo?
Es la historia de una vida normal, de alguien que nació laburante. Mi viejo había sido metalúrgico y mi vieja ama de casa. Yo soy el cuarto de siete hermanos. Hice la escuela primaria bien, me crié bien, como corresponde. Pasé mi infancia en San Justo, partido de La Matanza y comencé a trabajar desde muy chico, a los once años en un taller mecánico. Yo no lo veía nunca a mi viejo porque tenía como tres laburos para mantenernos. Por eso, me empezó a picar la idea de aportar unas monedas en mi casa con el propósito de verlo más, de que estuviera más tiempo con nosotros.

¿Cómo siguió su adolescencia?
Yo nací en 1963 y cuando los militares dieron el golpe del 24 de marzo del ’76, hacia dos años que venía trabajando. Había pasado como ayudante por una fábrica de candados, un laburo que me había conseguido mi viejo. Ya vivía en Florida y estaba estudiando la secundaria en Villa Martelli, muy cerquita de los departamentos donde mataron a Santucho. Después formé mi primera familia, de la que nació mi hijo Nicolás. Un capo total. Sabe inglés, dibujo, está en la Facultad. Y de mi segundo matrimonio tengo una hija, Lucía, que es una princesita de nueve años.

¿Tiene algún oficio o profesión?
Sí, hace más de veintidós años que soy tapicero de muebles y de automóviles. Hago equipamientos, soy carrocero. Siempre había tenido mi propio local en Laferrere, donde todavía vive mi hijo con la madre, que es psicóloga y una excelente mujer, una madre mejor todavía.

¿Cuándo percibió que podía quedarse en la calle?
Nunca lo pensé ni lo percibí. Si a mí en aquel momento me hubieran preguntado qué era vivir en situación de calle, respondía que ni idea. Para mí existía el concepto de ciruja, de linyera.

¿Cómo fue su último día bajo techo?
En la casa de los padres de un amigo. Mi hija y su madre ya estaban a resguardo con los abuelos. Yo sabía que no me quedaba otra, lamentablemente no tenía dónde estar porque me era imposible pagar el alquiler. Hubo cuestiones personales o familiares que me sobrepasaron. O me endeudaba más y quedaba enterrado al punto de no poder salir, o paraba la pelota. La decisión fue la que tomé. Mi amigo Humberto y su esposa Nelly que viven en Lomas del Mirador me preguntaron si tenía adónde ir. Yo por vergüenza les dije que sí, pero la respuesta era no. Por una cuestión de instinto y de supervivencia me vine para la Capital Federal. Acá hay vida toda la noche, en la provincia no.

¿Se fue con lo puesto?
Sí, porque cuando uno no tiene adónde ir, ¿para qué va a llevarse sus cosas? Yo las repartí en distintos lugares. Fue como vivir una película de ciencia ficción. Imagínese que usted sale de la redacción y cuando llega a su casa lo perdió todo. Se pregunta: ¿y ahora qué hago? Mi historia en situación de calle empezó en el Congreso y terminó también en el Congreso. Increíblemente, después de haber deambulado por muchos lugares de la ciudad.

¿Qué experiencias lo marcaron en esos cinco años de intemperie?
Hubo dos momentos muy claros. Una mañana, en la plaza 1º de Mayo, en Yrigoyen y Pasco, fui a despertar a uno de los abuelos y se me cayó. Cuando me di cuenta, estaba muerto. Se había muerto sentado. Tenía 70 y pico de años. La otra experiencia sucedió durante la Navidad de 2004 cuando hicimos la huelga de hambre en la Plaza de Mayo. En mi vida hubiera imaginado que estaría haciendo eso para que alguien se dé cuenta de cómo tantas personas viven o mueren como perros. Unas trescientas personas de distintas ranchadas y paradores tomamos la decisión de salir a pelear.

¿Cuándo percibió que podía comenzar a revertir su situación de calle?
Desde un primer momento mi idea fue revertirla. Jamás pensé que me quedaría así, por eso nunca fui a un parador, ni a un comedor, que para mí son lugares donde a uno lo inducen a aceptar su condición y si la acepta lo quiebran. Esos sitios están para quebrarlo, para formalizar la situación y estancarla. Por eso, en cinco años habré ido dos veces a bañarme a un lugar así. Por una necesidad de higiene.

¿Está en contra de ese tipo de asistencialismo?
Sí, porque es un negocio millonario. Hay hogares que cobran 85 mil pesos mensuales por atender a cuarenta personas. Saque la cuenta. Tener que ir a comer y hacer una cola ante todo el mundo es humillante. Eso va socavando y uno acepta que lo llamen indigente. La situación de calle es un compendio de todas las situaciones sociales. En ella y solo frente al mundo, uno pasa por lo peor. Es la condición más baja a la que puede llegar un ser humano. El simple hecho de cómo ir al baño, cómo higienizarse... de dormir con un ojo abierto. La cabeza de uno no descansa en la calle. Se duerme con la luz de mercurio, los ruidos de los autos, los colectivos, la gente que viene y va. Es muy difícil mantener un estado de coherencia viviendo en la calle. Y estar muy fuerte anímica y mentalmente.

Usted dice que nunca durmió en los paradores del gobierno porteño. Cuando juntaba unos pesitos, ¿se alquilaba una pieza de hotel?
Sí, una vez al mes y cuando ya tenía un laburo formal, el sábado y el domingo me quedaba en un hotel, aislado de todo. Más que nada por la intimidad, por el hecho de cerrar la puerta y que todos quedaran afuera. Era muy necesario para mí.

Hay algo que las personas con un hogar propio o alquilado consideran indispensable en sus días de descanso: el esparcimiento. ¿Es posible recrearlo cuando se vive en la calle?
Depende de la situación. Para mí tener la radio y pilas todos los días era un acto imprescindible. Así me evadía. Otro puede ser escribir. Hay muchos que dibujan. El fútbol en la calle es importante. Hay campeonatos zonales, por ejemplo. Yo tengo compañeros que jugaron en el Mundial de fútbol callejero para homeless. También hay un lugar que se llama Arte sin techo. No sé si llamarlo esparcimiento. Es escape.

¿Cómo logró salir de la situación de calle?
Trabajando, con el apoyo de la gente que después se fue sumando a Proyecto 7. Apostando a que se podía. Siempre se puede.

22 de junio de 2009
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piden perpetua para genocidas

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El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el asesinato del Negrito Avellaneda fue "parte de un plan sistemático y del genocidio". Coincidió con Liliana Mazea, de Justicia Ya!, en la solicitud de la pena para los responsables del hecho.

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[Adriana Meyer] Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que el caso del asesinato de Floreal ‘Negrito’ Avellaneda, y el secuestro de su madre Iris Pereyra, fue "parte del plan sistemático y del genocidio". Lo expresó en su alegato Ciro Annicchiarico, abogado querellante de ese organismo en el juicio oral y público en el que están imputados los autores materiales y mediatos de esos crímenes, entre ellos el genocida Santiago Omar Riveros. También alegó la abogada Liliana Mazea, querellante por el colectivo Justicia Ya!, quien destacó que el Estado argentino está en mora respecto de incorporar la figura de genocidio al Código Penal. El lunes será el turno de la fiscalía, el miércoles de la defensa y para los primeros días de julio el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dictaría sentencia.
Mazea recordó que por el caso 103 Iris Pereyra de Avellaneda, los tormentos, la privación ilegal que sufrió y el robo de sus bienes, fue condenado el dictador Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas. En su alegato, que desplegó con puntillosa precisión las argumentaciones estrictamente jurídicas, la abogada destacó que la Convención para la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio fue ratificada por ley en 1958 y aún no se incorporó a la legislación interna el delito de genocidio, entendido como el ataque "discriminado" a determinados grupos de una población para lograr su destrucción, lo que produce con su ausencia la transformación de la sociedad de acuerdo a los valores que querían implantar los represores. Algo que se aplica, según Mazea y el abogado Carlos Slepoy, al caso argentino donde "un grupo nacional decidió la destrucción de otro, que era la mayoría del pueblo en cuanto a su oposición a la dictadura y sus concepciones filosóficas".
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos hizo reflexiones de carácter histórico y destacó que "no hubo absolutamente ninguna guerra, ni tampoco dos bandos equivalentes enfrentados o ‘dos demonios’, si no baste preguntarse ¿qué clase de peligroso guerrero demoníaco implicaría un joven de 14 años como fue Floreal Edgardo Avellaneda?". Agregó Annicchiarico que "no existió causal legal alguna de justificación para los aberrantes delitos cometidos por el Estado", y que estos crímenes "son y serán siempre perseguibles mientras vivan sus responsables porque ya en el momento de su comisión las conductas aquí enjuiciadas formaban parte del concierto de delitos de lesa humanidad". El abogado afirmó que "todos los autores responsables, por la índole de las torturas infligidas, o por el conocimiento de que ellas le serían aplicadas han tenido plena determinación y cabal conocimiento sobre el destino fatal que le esperaba a Floreal Avellaneda", y por lo tanto pidió la pena de reclusión perpetua para los seis genocidas, "en cárcel común". Lo mismo habían solicitado Mazea y el resto de los querellantes.

20 de junio de 2009
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confirman perpetua para ex dictadores

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Decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal. Confirmaron la condena a cadena perpetua de Videla y Massera. Fue al ratificarse la inconstitucionalidad de los indultos del ex presidente Menem.

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Argentina. La Cámara Nacional de Casación confirmó la inconstitucionalidad de los indultos otorgados durante el menemismo a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, quienes deberán seguir cumpliendo las penas a reclusión perpetua recibidas en el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura.
El tribunal se basó en fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia que sentaron jurisprudencia a la hora de establecer la imposibilidad de otorgar el indulto presidencial en casos de delitos de lesa humanidad.
"Surge clara la imposibilidad sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dictar indultos sobre hechos calificados como delitos de lesa humanidad", sostuvo la sala II de Casación.
El máximo tribunal penal del país aclaró expresamente que en el caso de Massera la condena sigue vigente más allá de que el ex almirante fue declarado "incapaz" en otras causas abiertas en su contra, donde está procesado con prisión preventiva.
En todo caso, de ocurrir lo mismo en la llamada "causa 13", la pena podrá completarse en un "establecimiento especial, médico psiquiátrico" que designe el juzgado de Ejecución penal encargado de hacer cumplir las condenas.
Los camaristas rechazaron los recursos presentados luego que la Cámara Federal porteña dictó la inconstitucionalidad del decreto 2741 mediante el cual en 1990 el ex presidente Carlos Menem indultó a Videla y Massera, condenados en el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura.
A los ex dictadores sólo les quedaría ahora recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal del país ya sentó precedente en fallos anteriores al advertir que no puede haber indultos en causas por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.
"Los indultos dispuestos entre otros, a favor de Videla y Massera entraron en colisión al momento de su dictado con el ordenamiento jurídico entonces vigente", consideraron los camaristas Guillermo Yacobucci, Luis García y Eduardo Riggi.
Por ello "desde ese mismo momento carecieron de validez para imponerse", pese a que en un fallo dictado por la Corte Suprema en su antigua composición se los consideró válidos, aclaró Casación.
El fallo se basó en jurisprudencia de la actual Corte que fijó la inconstitucionalidad de indultos en causas por delitos de lesa humanidad, como el caso ‘Mazzeo’ y además en pactos internacionales a los que el país adhirió de manera vinculante en la reforma constitucional de 1994-
La causa será remitida ahora a un juzgado de Ejecución penal para que se instrumente la manera en que ambos continuarán cumpliendo la pena a perpetua impuesta en el juicio a las juntas en 1984.

19 de junio de 2009
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candidato sólo a la cárcel

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La Cámara Nacional electoral vetó la postulación del represor Luis Patti a diputado nacional. Fue en respuesta a una impugnación realizada por familiares de sus víctimas y organismos de derechos humanos. El tribunal valoró la obligación internacional de evitar la obstrucción de las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

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[Adriana Meyer] Fuera de juego. Así quedó el represor Luis Abelardo Patti tras el fallo de la Cámara Electoral que ayer vetó su candidatura a diputado nacional por estar procesado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En un fallo en el que se hace eco de las impugnaciones realizadas por familiares de sus víctimas y por organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS e HIJOS, el tribunal dictaminó que no puede ser candidato "hasta tanto se resuelva la situación penal y sea liberado" en ese expediente. "Ahora el mensaje es más claro y coherente, antes había una situación esquizofrénica entre la justicia electoral y la penal, porque la misma semana en que la Cámara le negaba la excarcelación, el juez Manuel Blanco decía que podía ser candidato", dijo a Página/12 Juana Muniz Barreto, familiar de una de las víctimas del fallido postulante.
La hija del ex diputado de la Tendencia Revolucionaria Diego Muniz Barreto no daba crédito a los trascendidos. "No lo podíamos creer, pero luego, cuando vimos el fallo, sentimos alivio, ahora la causa va a ir más rápido", relató en referencia al expediente que llevó a Patti a la cárcel de Marcos Paz y que podría llegar a juicio oral antes de fin de año.
Patti está procesado con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal de San Martín por los secuestros del ex diputado Diego Muniz Barreto y su colaborador Juan José Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Ariosti, hechos cometidos entre 1976 y 1977, cuando era oficial subinspector de la Policía Federal y prestaba servicio en la comisaría de Escobar. Su detención no impidió que en las últimas semanas hiciera campaña desde un teléfono del penal conectado a un altoparlante en varios actos organizados por sus hijos Ignacio y Maximiliano, candidatos y funcionarios políticos de Pilar y Escobar. Sin embargo, ayer los jueces de la Cámara Nacional Electoral Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné lo sacaron de la competencia electoral, a la que se había presentado como candidato de la duhaldista alianza Con Vos Buenos Aires, que lidera Daniel ‘Chicho’ Basile, y de los carapintadas del Movimiento por la Dignidad y la Independencia.
Los tres magistrados fundamentaron su veto en dos razones: por un lado expresaron que "un ciudadano que, como Patti, está impedido de ejercer el cargo de diputado por haber sido separado de la Cámara de Diputados a partir de la detención que sufre en un proceso penal, no puede competir para acceder a ese mismo cargo, que no podrá desempeñar hasta tanto no se resuelva definitivamente su situación penal; y por el otro valoraron "la obligación internacional asumida por el Estado argentino de evitar cualquier medida que pudiera obstruir de algún modo la investigación y el juzgamiento de los hechos calificados como violaciones a los derechos humanos, lo cual podría ocurrir en la hipótesis de que se invoquen los fueros parlamentarios para liberar a quien está detenido en un proceso judicial de esta naturaleza". Es decir, los camaristas ponderaron que Patti está preso y desaforado y, por lo tanto, sería un "contrasentido", tal como lo expresaron en el fallo, que la Constitución exija desaforar a un diputado para que sea arrestado y que al mismo tiempo admita que quien ya fue separado de su cargo y está detenido pueda postularse para ejercer las mismas funciones de las que fue apartado. Por lo tanto, concluyeron que "la única interpretación aceptable es que el legislador que se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y permanece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional no puede postularse a la reelección para ese cargo hasta tanto no se resuelva su situación penal y sea liberado".

Mi Pasado Me Condena
El represor que supo elogiar la tortura como método para esclarecer delitos, y que sigue ganando adhesiones con su prédica de mano dura, había sido electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en octubre de 2005. Los camaristas interpretaron que ahora se postula para lo que hubiera sido su reelección. Pero Patti no pudo asumir en dos ocasiones, por diferentes motivos. El 23 de mayo de 2006 la Cámara de Diputados rechazó su incorporación por "inhabilidad moral". El represor apeló y la Cámara Electoral en aquella oportunidad resolvió que los diputados no podían rechazarlo porque no había sido impugnado antes de que el pueblo lo eligiera. La Corte Suprema ratificó esa decisión. Pero cuando se produjo esa sentencia, en abril de 2008, Patti tampoco pudo asumir porque ya estaba detenido desde noviembre de 2007 por el asesinato y desaparición de militantes justicialistas, entre ellos Muniz Barreto, Gonçalves y otros. Logró que lo liberaran pero sólo por unas pocas horas, que no le alcanzaron para quedarse con la banca porque el 17 de abril de 2008 el juez de la causa pidió su desafuero, y la Cámara de Diputados lo votó, por lo tanto volvió al ‘pabellón de lesa’ que comparte con represores de toda calaña.
La Cámara resaltó la naturaleza de los delitos que se le imputan a Patti y estableció que como su elección podría provocar su liberación, en razón de los fueros parlamentarios que podría obtener, los tres poderes del Estado "tienen la responsabilidad de actuar en forma coordinada para cumplir con las normas internacionales que le imponen al Estado argentino evitar cualquier medida que pudiera entorpecer la investigación de esta clase de crímenes y su juzgamiento". Además, hizo un llamado al Poder Legislativo para que avance en la sanción de una ley específica que regule estos casos. Así, Patti no podrá ser candidato aunque hoy mismo los abogados del represor presenten una apelación para tratar de revertir el fallo en la Corte Suprema: los plazos para resolverla colocan cualquier improbable modificación más allá del 28 de junio y un recurso ante el máximo tribunal no tendría efectos suspensivos.
Los camaristas Corcuera, Munné y Dalla Vía dejaron aclarado que su sentencia no afecta el principio de inocencia del que aún goza Patti, que no tiene ninguna sentencia firme en la media docena de causas que cosechó debido al contexto de impunidad que persiste. Sus víctimas esperan que para 2011 ya tenga alguna.

19 de junio de 2009
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piden perpetua para asesinos de floreal

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Pidieron perpetua para los seis represores acusados por el asesinato del niño Floreal Avellaneda. Las tres querellas acusaron a los imputados de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio y allanamiento ilegal agravados "cometidos conformando parte del obrar genocida". Murió empalado.

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[Adriana Meyer] Argentina. "Desde hace 33 años, Iris Avellaneda lucha contra la impunidad: por su hijo, el Negrito, que le fue arrancado; por ella misma; por sus compañeros de cautiverio; por los 30 mil compañeros; con todo el dolor y con todo el horror, con su condición de madre, militante y ex detenida-desaparecida Iris Avellaneda rompió con el mandato de los represores. Hoy es este Tribunal el que tiene que romper con el mandato de la impunidad." Con estas palabras cerró su alegato Myriam Bregman, una de las abogadas querellantes en el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra. Así, el proceso oral y público que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín inició a fines de abril entró en su fase final.
Bregman destacó que este juicio demostró la necesidad de unificar las causas en circuitos represivos en lugar de juzgar casos individuales "que no dan cuenta del genocidio y revictimizan a los sobrevivientes". Las tres querellas acusaron a los seis represores imputados, entre ellos el general retirado Santiago Omar Riveros, por privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio y allanamiento ilegal agravados "cometidos conformando parte del obrar genocida descripto por el artículo segundo de la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio", y solicitaron la pena de reclusión perpetua para todos.
"Iris Pereyra de Avellaneda nació en Entre Ríos. A los 11 años viajó a Buenos Aires, donde trabajó con su hermano en un restaurante. Hasta que en 1958 conoció a Floreal, su marido. Tuvieron dos hijos, el Negrito y Teda. Iris tuvo que salir a trabajar en una fábrica. Hasta que el 24 de marzo de 1976 los secuestraron y la llevaron a la cárcel de Olmos por pertenecer a un partido de izquierda (significa que pensaba diferente). Cuando salió en libertad empezó su lucha por los derechos humanos. Al poco tiempo tuvo otro hijo, Marcos, que es mi papá." Con la historia familiar escrita por el nieto de Iris, Nicolás, de 8 años, terminó su alegato Sabrina Dentone, abogada de los Avellaneda.
Los acusadores que querellaron en nombre de la familia, del Partido Comunista (PC) y la Federación Juvenil Comunista y de Justicia Ya! pudieron expresar cosas de las que no fueron autorizados a hablar durante las audiencias porque "no era pertinente" o "no tenía que ver con el objeto procesal". Jorge Brioso, también querellante de la familia, aplicó a su alegato el enfoque histórico-político que no había podido desplegar. "Ante el aplauso del público al heroísmo de algunos testigos víctimas, la señora presidente señaló que esto es un juicio y no un show, sin embargo tuvimos varios días en esta sala el show de los olvidos, las sorderas, la amnesia y la memoria selectiva", manifestó el letrado en referencia a los policías que incurrieron en flagrantes contradicciones. Brioso destacó como "bien probados" los hechos: el allanamiento y destrucción de la casa de los Avellaneda, el reconocimiento de los invasores por las cuñadas de Iris y por su hija, el calvario de esta mujer torturada en dos centros clandestinos y dos cárceles, sin saber el destino final de su hijo adolescente de quince años mientras duró su prisión.
Bregman enfatizó el rol de los civiles en el plan de exterminio cuando recordó que en el juicio los policías declararon que la zona fabril de los hechos era "conflictiva", y que las empresas llamaban a los militares para poner fin a los conflictos con los trabajadores.
Los seis acusados –Riveros, Fernando Verplätsen, César Fragni, Osvaldo García, Raúl Harsich y Alberto Aneto– presenciaron los alegatos. El que más luchó durante el juicio por despegarse de los hechos fue Aneto, ex policía de la comisaría de Villa Martelli. Ayer, cuando los abogados describieron cómo terminó autoincriminándose, bajó la cabeza. Brioso rechazó la idea sembrada por la defensa en cuanto a un posible exceso que hubiera causado la muerte "no deseada" del Negrito. Está probado, dijo Brioso, "que la intención que los animaba era la de aniquilar, a través de métodos inquisitoriales como el empalamiento, para crear un nuevo sujeto occidental y cristiano".
A su turno, Sabrina Dentone dijo que los genocidas en el banquillo "son ancianos porque la Justicia llega tarde, pero por ancianos no son menos peligrosos", y mencionó la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato del prefecto Héctor Febres, las amenazas e intimidaciones. También definió las preguntas de la defensa y del tribunal a las testigos-sobrevivientes como "claros ejemplos de revictimización". Para cerrar, Pedro Dinani citó a Pablo Neruda. "Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo." Esta vez, a pesar de los pedidos de silencio de la presidenta del tribunal, los aplausos duraron cinco minutos.

18 de junio de 2009
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prisión domiciliaria para represor

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Anticipo: Habilitaron la prisión domiciliaria de Luciano Benjamín Menéndez. Lo decidió el Juzgado Federal de San Juan, aunque la fiscal analiza un exhorto de un magistrado de San Luis para trabar la decisión. El represor está encarcelado desde hace casi un año tras ser condenado por delitos de lesa humanidad.

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[Marta Platía] Córdoba, Argentina. La Justicia habilitó esta mañana la prisión domiciliaria al represor Luciano Benjamín Menéndez. Desde el Juzgado Federal de San Juan de Leopoldo Rago Gallo, quien lo indagó el 3 de junio en Córdoba, informaron a Clarín que se hizo lugar "a la prisión domiciliaria bajo la guardia de Edith Abarca de Menéndez".
Se trata de un beneficio que la Cámara Nacional de Casación le había otorgado hace pocas semanas en razón de sus 82 años, ya que el fallo que lo condenó por la causa ‘Brandalisis’, el 24 de julio pasado, aún no está firme. Menéndez por ahora se encuentra en la prisión de Bouwer.
Por su parte, la fiscal Graciela López de Filoñuk acaba de adelantar a este diario que analiza un exhorto de un Juzgado Federal de San Luis que impediría que Menéndez regrese a su casa.
Está previsto que para el 8 de julio se comiencen a analizar los fundamentos del fallo en la Cámara de Casación que dejarían firme o no la sentencia del caso Brandalisi.
Menéndez fue el jefe del III cuerpo del Ejército desde 1976 a 1979 y tuvo bajo su jurisdicción diez provincias argentinas.

18 de junio de 2009
©clarín

dictador bignone dilata juicio

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Bignone logró dilatar el inicio del juicio. El Tribunal Oral Federal número 3 aceptó la recusación del juez Oscar Alberto Hergott para integrar el cuerpo que deberá juzgar al dictador Reynaldo Antonio Bignone por delitos de ‘lesa humanidad’ cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar.

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Argentina. En una resolución de dos carillas, los camaristas José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María Cristina San Martino, hicieron lugar a un planteo del abogado Juan Aberg Cobo (h) para lograr que se aparte a Hergott por temor de "haber perdido la imparcialidad".
En lo que aparece como una medida tendiente a dilatar el inicio del juicio oral y público contra Bignone, habida cuenta que los camaristas Miguel Pons y Gerardo Larrambebere están excusados, el letrado también logró el apartamiento de Hergott por lo que la Cámara Nacional de Casación Penal deberá sortear a los magistrados que los reemplacen.
Sin embargo, los camaristas que hicieron lugar al planteo del abogado del ex Comandante del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" aclararon que la resolución "no debe ser confundida con una agresión a la honorabilidad y honestidad" de Hergott, "conservando el más elevado concepto en cuanto a su integridad moral y rectitud profesional" de su colega.
En esta causa el represor está imputado por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Policlínico Posadas, en la localidad bonaerense de Haedo, donde fue designado interventor a partir del 28 de marzo de 1976, en tanto también tiene procesamiento confirmado por el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio.
Bignone fue responsabilizado por su carácter, entonces, de Delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social y fue -según el juez federal Daniel Rafecas al dictar su procesamiento- quien "comandó personalmente la toma del mencionado Hospital", donde se produjeron las ilegales privaciones de la libertad.
Como consecuencia de la irrupción armada en el centro asistencial se tomó prisionera a "cuatro decenas de personas, en su mayoría profesionales de la salud", que "luego de permanecer cautivas en el mismo Hospital durante algunas horas fueron trasladadas a distintos lugares como ser la Superintendencia de Seguridad Federal, distintas Comisarías y las Unidades Penitenciarias de Devoto y Olmos.
El ex dictador, inclusive, al prestar declaración indagatoria imputado de la privación ilegal de una veintena de personas, admitió que cuatro días después del golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, dispuso la intervención de ese centro de salud "motivada en informes de inteligencia que daban cuenta de la frecuente atención a supuestos guerrilleros".
En aquella audiencia del 19 de noviembre de 2007 Bignone afirmó ante Rafecas que "estuvo menos de 48 horas al frente del Posadas, y la mayoría de la gente detenida recuperó inmediatamente su libertad" a excepción de 12 que fueron apresados luego de su partida para regresar al Ministerio de Acción Social.
En este expediente tanto los camaristas Pons como Larrambebere se habían excusado, en tanto ahora Aberg Cobo también logró el apartamiento de Hergott argumentando que "ha perdido imparcialidad para conocer y sentenciar", ya que con anterioridad había afirmado que los episodios bajo investigación constituyen "hechos aberrantes" cometidos durante el "conflicto histórico que imperó en la Argentina en la época de terror".
"Tales afirmaciones me persuaden que el juez aquí recusado ha perdido su objetividad, no es ni será confiable en la realización de la Justicia, y su actuación será parcial, evento éste que no asegurará los valores de la libertad y la dignidad humana de mi pupilo", sostuvo Aberg Cobo.
El letrado también expresó que "lamentaba" que Pons se hubiese excusado, que la inhibición de Larrambebere la solicitó porque fue juez de instrucción cuando la causa (antes de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final) tramitó en Morón y que la recusación de Hergott obedeció, además, "por sus argumentos en su voto del Plenario Díaz Bessone y por no respetar la abundante jurisprudencia internacional de magistrados imparciales".

16 de junio de 2009
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