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seis años de changüí

mqh - 13 de junio de 2009 - 00:27 - argentina

Detención en Estados Unidos.

[Diego Martínez] Argentina. Luego de tres años y medio prófugo de la justicia, fue detenido en Estados Unidos el gendarme retirado Juan Miguel Méndez, alias Nelson, ex segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo. El represor se había refugiado en Estados Unidos hace seis años, cuando se reabrió la megacausa Primer Cuerpo de Ejército, y tenía pedido de captura del Juzgado Federal de Daniel Rafecas desde mediados de 2005.
La detención de Méndez, que según oficios de Interpol fue localizado en Florida hace tres años, se relaciona con la intención de la administración Obama de cambiar la imagen de su país como refugio de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. También en Florida pasa sus días el fusilador de la Masacre de Trelew, teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, dueño de una empresa que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas. Su pedido de captura no logra superar desde hace 16 meses las exigencias del agregado del Departamento de Justicia de la embajada de los Estados Unidos.
Méndez fue destinado luego del golpe de Estado al escuadrón móvil de Campo de Mayo, donde secundó a Guillermo Cardozo, alias Cortez. La relación entre nombre y alias la confirmó el fallecido Juan Antonio del Cerro, alias Colores. "Nelson recorría el centro clandestino pero no teníamos contacto directo. Él y Cortez estaban por encima de los guardias", recordó Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de El Olimpo. "Gendarmería tenía guardias jodidas. Eran los responsables de seguridad del campo, lo cual no implicaba que no participaran en operativos. Nelson no tenía una presencia fuerte en Olimpo", coincidió Enrique Guezán.
En 2003, cuando ingresó a Estados Unidos con visa de turista, declaró que no estaba imputado por violaciones a los derechos humanos. La megacausa se acababa de reabrir y aún no tenía pedido de detención, aunque sabía que sólo era cuestión de tiempo. Su pasado lo obsesionó desde el retorno de la democracia. Surge de su legajo que, cuando comenzó a ver su alias en notas de prensa, adujo problemas de depresión por tareas relacionadas en el marco de "la lucha contra la subversión" y pidió la baja. Fuentes con acceso al expediente aseguran que admitió por escrito haber torturado a prisioneros.
En agosto de 2005, cuando Rafecas ordenó su detención, le llevaron a un gendarme homónimo. Dos guardias ratificaron la confusión. El juez analizó los legajos, dictó la falta de mérito del homónimo y pidió la captura de "Nelson". En 2006 Interpol notificó que vivía en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente para que lo detuvieran.
Fuentes de trato regular con organismos de gobierno norteamericanos sugieren que, tras la asunción de Obama, los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior comenzaron a revisar pedidos de captura de acusados de graves violaciones a los derechos humanos con el fin de cambiar el perfil de su política ante crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos del resto del mundo. El tono del comunicado de la embajada ratifica el diagnóstico. "El arresto testimonia que no hay refugio seguro para violadores a los derechos humanos o para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y otras atrocidades", dijo el encargado de negocios Thomas Kelly. El tiempo que demore la captura de Bravo, dueño en Miami de RGB Group, podrá confirmar o desmentir las buenas intenciones.

12 de junio de 2009
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la otra rata que murió

mqh - 12 de junio de 2009 - 16:39 - argentina

La otra baja reciente en la vieja Triple A. A un mes de su muerte, nadie reclamó el cadáver de Felipe Romeo, fundador de la revista El Caudillo. Fue militante de Tacuara, cuadro del Comando de Organización, vocero de López Rega desde su revista, editor de Camps y vendedor de cocaína. Prófugo en la causa por los crímenes de la Triple A, murió solo y bajo custodia policial en el Hospital Fernández.

[Sergio Kiernan] Argentina. Felipe Romeo murió solo, bajo custodia policial y como un indigente en un hospital público en el que se entregó en enero, después de casi tres años prófugo. Su bajo perfil se había acabado en 2006, cuando Página/12 lo encontró viviendo en una cúpula de Congreso, dedicado a restaurar edificios antiguos. Eterno militante de derecha, tacuarista juvenil, fundador de la revista El Caudillo, cuadro de López Rega, amigo y editor de Ramón Camps, vendedor de cocaína arrestado, terminó su vida de un modo inesperado. No fue en un tiroteo contra "la sinarquía", como se auguraba en su exilio español, sino en el pasado mes de abril, por las complicaciones respiratorias y cardíacas que le causó el sida.
Curiosamente, este símbolo del nacionalismo argentino era extranjero: había nacido en 1945 en la Italia arrasada por la guerra. Su familia lo trajo en brazos y el pequeño se crió en Florencio Varela, se hizo argentino y nunca aprendió la lección de lo que el fascismo podía hacerle a un país. Romeo fue un derechista desde la adolescencia, cuando comenzó a militar en el primer Tacuara. En una vida de violencia, su único gesto de moderación fue optar por la rama "revolucionaria" del tacuarismo cuando el grupo se dividió entre nazis de fuste y fascistas populistas. El anónimo militante saltó a la fama, sin embargo, con la vuelta de Perón del exilio: sus contactos con Alberto Brito Lima, jefe del Comando de Organización, y figuras como el coronel Osinde, lo colocaron entre los fundadores de la Juventud Peronista de la República Argentina, la "jotaperra", y lo llevaron a José López Rega. De ahí vinieron el respaldo y los fondos para hacer política en un alto perfil.
Su instrumento fue la revista El Caudillo, que lanzó el 16 de noviembre de 1973, con 28 apenas cumplidos, bajo la divisa "El mejor enemigo es el enemigo muerto". La publicación funcionaba abiertamente como órgano de la Triple A y la única firma era la del director, siempre al pie del editorial. El Caudillo bajaba línea contra la izquierda peronista, divagaba entre antisemitismos diversos y "doctrinas" de derecha, y emitía los "pedidos de castigo" a figuras políticas y culturales. A medida que la violencia de la Triple A aumentaba, la revista de Romeo simplemente emitía condenas a muerte que se cumplían con gran regularidad.
Una vez que El Brujo asumió en el Ministerio de Bienestar Social, la revista se pobló de interminables, amplios y repetidos avisos de diversos programas oficiales financiados por esa repartición. A partir de la muerte de Perón, en julio de 1974, aparecen anunciantes como ELMA, la desaparecida empresa naval estatal; el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Caja Nacional de Ahorro, el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Social de Córdoba y, poco antes del golpe, la municipalidad porteña. Nunca hubo un anunciante privado.
La identidad política de Romeo y de El Caudillo queda en claro no sólo por sus odios, sino por sus amores: Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, Jorge Camus, Raúl Lacabanne, Oscar Ivanissevich, Ricardo Otero –"a todos hemos apoyado y todos tienen la confianza de la compañera Isabel"–, las 62 Organizaciones y la Falange Española, citada como ejemplo "de revolución nacional". El Caudillo saludó alborozado el nombramiento de Ivanissevich como ministro de Educación y la intervención a la UBA del todavía más desatado Alberto Ottalagano, que apareció en la tapa de la revista Gente haciendo el saludo nazi y con el título de "Sí, soy fascista, ¿y qué?"’. Tanto le gustó el reportaje al interventor universitario que lo mandó a reeditar en un librito con el mismo título.
El golpe militar no encontró a Romeo en Argentina. Previsor, ya estaba instalado en Madrid, donde se reunía regularmente en un restaurante con viejos amigos como Herrera y el ex custodio presidencial y miembro de la Triple A Rodolfo Almirón, y soñaba en voz alta con tiroteos. La vuelta se dio después de Malvinas, cuando renació El Caudillo como parte de la campaña electoral. La derrota de Italo Luder significó el cierre definitivo de la revista, pero la actividad electoral continuó editando los libros del general Ramón Camps bajo el sello RO-CA, Romeo-Camps.
La siguiente novedad pública fue el 26 de octubre de 1988, cuando la División Moralidad de la Policía Federal detuvo a Romeo en el bar de una persona "con antecedentes de delitos contra la propiedad y robo de automotores", en Gascón 1460. Según la causa, Romeo tenía "entre sus ropas" 110 gramos de cocaína de alta pureza. Después de seis días preso fue liberado bajo fianza de 50.000 australes y acusado de tenencia de estupefacientes, sin que se le pudiera probar que intentaba traficar.
Según personas que lo conocieron, en los años que siguieron Romeo sufrió recurrentes problemas de salud por su estilo de vida, que culminaron en un infarto en 2006 y la instalación de dos stents, a los 61 años de edad. Ya formaba parte hace años –en carácter de socio, amigo o acreedor, de acuerdo con distintas fuentes que se contradicen– de la empresa "CR", dedicada a las restauraciones y que tiene como sede el último piso y la cúpula gaudiesca de Ayacucho y Rivadavia. El inesperado restaurador solía desconcertar a sus albañiles con arengas como "¡sean valientes!"
Para la misma época en que se agudizaban sus problemas de salud, Romeo volvía a ser mencionado por la reapertura de la causa criminal de la Triple A en la que figura en forma prominente su camarada Almirón. Al ser descubierto por Página/12, huyó del país, en apariencia al sur de Brasil y luego a otros rumbos más seguros. Prófugo, reapareció solo en el Hospital Fernández en enero de este año, con un cuadro agudo de problemas respiratorios y cardíacos. Los médicos pronto descubrieron la causa del colapso: un cuadro avanzado de sida. Romeo pasó los últimos meses de su vida en un estado casi comatoso, bajo custodia, y murió en abril. Todavía nadie reclamó su cuerpo.

12 de junio de 2009
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rata anticomunista murió impune

mqh - 12 de junio de 2009 - 16:24 - argentina

Murió el ex subcomisario Rodolfo Almirón, ex jefe operativo de la Triple A. El represor falleció a los 73 años, sin haber sido indagado por la Justicia, pese a su responsabilidad en más de un millar de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1976. Sólo queda un imputado vivo en la causa Triple A.

[Diego Martínez] Argentina. Formalmente insano y sin haber llegado a prestar declaración indagatoria, murió impune a los 73 años el ex subcomisario Rodolfo Eduardo Almirón, ex mano derecha de José López Rega y jefe operativo de la Alianza Anticomunista Argentina, responsable de un millar de asesinatos políticos entre fines de 1973 y 1976. Con su muerte, sumada a las de Juan Ramón Morales, en agosto de 2007, y Felipe Romeo, el mes pasado, el octogenario Miguel Ángel Rovira es el único imputado del expediente Triple A, que agoniza en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa, denunció ayer la existencia de "una estrategia concertada entre los represores, sus abogados y una parte sustancial del Poder Judicial, para atrasar los juicios hasta que los genocidas mueran o sean declarados insanos".
Almirón tenía orden de captura desde 1984, pero fue detenido el 28 de diciembre de 2006, tras una investigación del diario El Mundo, de España, impulsada por exiliados argentinos, que denunció que vivía en las afueras de Valencia. Recién entonces, un año después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el juez Oyarbide dispuso reabrir la causa y pidió su extradición. Llegó al país en marzo del año pasado. El Cuerpo Médico Forense admitió sus problemas de salud, pero dictaminó que conservaba las facultades mentales como para comprender y responder preguntas. Sin embargo, el juez no dispuso su indagatoria.
Oyarbide ordenó apresar a Almirón en el penal de Marcos Paz y luego le concedió el arresto domiciliario en la casa de su hermana, privilegio que revirtió la Cámara Federal. Un mes y medio atrás sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. La Comisión de Homenaje creada para recordar a los siete desaparecidos que trabajaban allí repudió su presencia con un escrache atípico, desde el interior del hospital. "Estoy libre y seguiré libre", desafió a una médica el ex ladero de López Rega. La semana pasada fue declarado insano y, por ende, inimputable. El jueves, Oyarbide suspendió el proceso en su contra. Murió el viernes, aunque la noticia se conoció ayer.
La causa Triple A está paralizada. La Cámara Federal confirmó en marzo de 2008 que los crímenes cometidos por los lugartenientes del ex ministro de Bienestar Social eran delitos de lesa humanidad, por eso imprescriptibles. Pero la investigación, que el juzgado no delegó, nunca avanzó. El 30 de diciembre el fiscal Taiano propuso ampliar la investigación, que abarcaba una docena de asesinatos, a 628 crímenes y cuarenta casos de amenazas de muerte. También sugirió al juez Oyarbide ochenta medidas de prueba: recopilar los expedientes judiciales dispersos, recibir infinidad de declaraciones testimoniales, convocar a la Universidad de Buenos Aires para que realice una pormenorizada reconstrucción histórica y a la sociedad para que aporte información, entre otras. Hasta ayer Taiano no fue notificado de que el juez hubiera ordenado producir ninguna prueba.
De los cuatro imputados que la causa tenía a fines de 2006, sólo sobrevive Rovira. El ex comisario Morales también fue detenido a partir de una investigación periodística que lo descubrió tomando aire, en pijama, en el balcón de su departamento de Carranza 2336. Llegó a ser indagado, pero murió con arresto domiciliario siete meses después, el 24 de agosto de 2007. Tenía 88 años. Felipe Romeo salió del país luego de que Página/12 revelara, en enero de aquel año, que vivía en Buenos Aires, reciclado como restaurador de edificios antiguos. El ex director de El Caudillo, desde donde señalaba a las futuras víctimas, estuvo prófugo en Brasil dos años. Familiares y amigos lo ingresaron al país a principios de enero y lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso. El suboficial Rovira, ex jefe de seguridad de Metrovías, se entregó voluntariamente y goza de arresto domiciliario en su casa de Pasco 1032, barrio de San Cristóbal. Tampoco López Rega llegó a ser condenado: murió en prisión en 1989.
Almirón fue exonerado de la Policía Federal en los años ’60 por connivencia con delincuentes. López Rega lo reclutó en 1973. La marca registrada de las patotas que comandó se caracterizaron por "exhibir los cuerpos torturados, destrozados" luego de los asesinatos, apuntó Taiano en su dictamen. A mediados de 1975, una movilización gremial y las investigaciones judiciales desbancaron a López Rega y lo obligaron a abandonar al país. Los granaderos desarmaron a sus custodios en la quinta de Olivos. Almirón, Morales y Rovira, entre otros, acompañaron al Brujo en su exilio madrileño.
Almirón estaba acusado formalmente por una decena de crímenes, entre otros el del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el abogado Silvio Frondizi y su yerno Luis Mendiburu, el abogado Alfredo Curuchet, el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Pablo Laguzzi, un bebé de cinco meses hijo del entonces decano de la Facultad de Farmacia de la UBA. En marzo del año pasado, cuando llegó a Ezeiza y quedó detenido, un periodista alcanzó a preguntarle: "¿Se arrepiente?". "¿De qué me tengo que arrepentir?", desafió el homicida, encorvado y con esposas.

12 de junio de 2009
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huellas policiales del fascismo

mqh - 12 de junio de 2009 - 16:08 - argentina

Encontraron el archivo de inteligencia de la policía santafesina de la época de la última dictadura. Una fiscal recuperó el material de inteligencia de la policía de Santa Fe elaborado antes y durante el terrorismo de Estado. Hay seguimientos a dirigentes políticos y pruebas de detenciones de personas que luego desaparecieron.

[Victoria Ginzberg] Argentina. María Teresita Serra está desaparecida. Fue secuestrada en Rosario en agosto de 1976. El hallazgo del archivo elaborado por la policía de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura permitió obtener detalles sobre su detención. Sobre todo, proporcionó una prueba documental elaborada por la represión ilegal que establece que una "comisión policial" se la llevó del edificio ubicado en Paraguay 1572.
El descubrimiento fue anunciado ayer por el procurador general de la Nación, Esteban Righi; Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y Maco Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense. Fue la fiscal de Santa Fe Mabel Colalongo quien encontró la documentación hace diez días. En rigor, el material estaba en el archivo provincial pero nadie se había dado cuenta de su importancia. Colalongo, que había colaborado con la Conadep y el Juicio a las Juntas, recordaba su existencia y fue a revisarlo. Así se topó con información potencialmente valiosa para las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en su provincia. Se trata de un hallazgo similar al archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también fue recuperado. Ahora, la procuración comenzará a digitalizar el material y solicitará que quede a disposición de la Justicia y se preserve. "Recién cuando terminemos de analizarlo vamos a saber su valor exacto. Todavía falta el 95 por ciento del trabajo", explicaron ayer Auat, Parenti y Righi.
Los papeles llenan un cuarto de cuatro por cuatro. Son los partes diarios de la Dirección de Inteligencia de la policía de Santa Fe. Dan cuenta del seguimiento a militantes, dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles antes (hay bastantes memos del año 1975) y durante la última dictadura en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército. Además, como en el caso de Serra, pueden aportar pruebas sobre secuestros y desapariciones. La información permitirá pofundizar en el entendimiento de las distintas estructuras de inteligencia que operaban en la provincia (Ejército, Policía provincial, Policía Federal, la SIDE) y sus interralaciones.
El documento que se refiere a Serra está fechado en Santa Fe el 11 de agosto de 1976. Tiene un sello que informa que es "estrictamente confidencial y secreto" y lleva por título ‘Informe de Inteligencia Diario Nº 3106/76’. Allí se explica que el administrador del edificio en el que vivía la mujer llamó a la policía porque escuchó ruidos extraños y una voz que "expresaba ‘te vamos a fusilar’". Después bajó al primer piso y encontró el departamento B con las puertas abiertas, desordenado y con una leyenda en la pared que decía "por aquí pasó la muerte". El memo continúa así: "Es de mencionar que en dicho departamento se domiciliaban una pareja joven y el hermano de la mujer. Posteriormente se hizo presente en el lugar una comisión policial, que procedió a requizar (sic) el edificio y detuvo a la llamada María Teresa Serra, de 26 años, soltera, que ocupa en el edificio el Dpto 2 del Piso 1. A la misma se le secuestró gran cantidad de libros, panfletos y obleas pertenecientes al ERP y un tubo de pintura en aerosol color rojo usado y pastillas que serían drogas". En el mismo papel se deja asentado que, un día antes, el 10 de agosto de 1976 "en horas de la mañana las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un allanamiento en la finca de la calle Valparaíso 2017 de la ciudad de Rosario, con la finalidad de detener a Víctor Hugo Spina, responsable político del ERP (PRT), quien se resistió siendo muerto en las acciones".
En relación con los seguimientos de inteligencia, en el archivo hay un largo informe pedido a la policía de Santa Fe por sus colegas de Misiones vinculado al dirigente radical Marcelo Stubrin. Allí se menciona que en 1968 fue detenido "por arrojar petardos en una manifestación" y que en 1969 "usa la palabra en una asamblea que se realiza en la Facultad de Derecho, donde se resuelve la realización de actos relámpagos y un paro relacionado con la visita de Nelson Rockefeller a ésta". Se agrega que "visitó a presos políticos y gremiales" y que "preconiza la unidad obrero-estudiantil, pero no la violencia para el logro de los objetivos".
Entre los documentos hay un parte sobre un encuentro de dirigentes de la Juventud Radical y Franja Morada en la casa de Alberto Luis ‘Changui’ Cáceres. "La reunión aludida –dicen los espías– se habría realizado para tratar problemas de la conducción de la Juventud Radical y Franja Morada en la provincia de Córdoba, por existir en esta provincia una fractura dentro de los cuadros de ambas agrupaciones".
La clausura del periódico Estrella de Cañada de Gómez y la detención de su director por publicar una caricatura de Jorge Rafael Videla y los seguimientos a organismos de derechos humanos a raíz de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también fueron registrados por la policía santafesina.
"El archivo es el reflejo de la labor documental de la policía y de otros organismos estatales. Pero se pueden encontrar allí huellas de la actividad ilegal del Estado", explicó Parenti. "La tarea de inteligencia suele ser el hilo de Ariadna de un caso. Muestra cómo una persona entra en un grado de sospecha y luego su seguimiento. Esa persona puede ser luego detenida o secuestrada. Aunque aquí no conste su destino final, es una prueba documental que no admite dudas", agregó Auat.
Righi concluyó que el material es de utilidad en dos aspectos: "Da una sensación clara del estado policial que se vivía en la dictadura y proporciona evidencia utilizable en los juicios. Un acta en la que figura que una persona fue detenida es irrefutable y como en estos procesos es tan difícil obtener evidencias, para nosotros es muy importante".

12 de junio de 2009
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murió rata de la triple a

mqh - 12 de junio de 2009 - 02:57 - argentina

Murió Rodolfo Eduardo Almirón, ex jefe de la Triple A. Cumplía una condena por delitos de lesa humanidad.

Argentina. El ex jefe operativo de la Triple A, Rodolfo Eduardo Almirón, murió en el hospital porteño Ramos Mejía donde estaba internado, tras haber pasado más de un año detenido en la cárcel de Marcos Paz por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que pesaban en su contra.
El fallecimiento del ex comisario de la policía federal, de 73 años, se produjo el viernes último pero recién fue revelado. Almirón estaba procesado por algunos de los asesinatos que la Triple A perpetró de 1974 a 1976, por ejemplo, del bebé de seis meses Pablo Laguzzi -hijo de Raúl Laguzzi, entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; y del subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler.

11 de junio de 2009
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un capítulo vergonzoso

mqh - 11 de junio de 2009 - 00:54 - argentina

"Un capítulo vergonzoso". Entrevista con Nilda Garré, ministro de Defensa, de Argentina. En Página 12.

Argentina. "Hay algunos que creen que salvan a las Fuerzas Armadas mediante un comportamiento solidario y corporativo con los terroristas de Estado", dijo la ministra de Defensa, Nilda Garré, en alusión al pedido de pase a retiro del general Jorge Enrique Altieri porque se le prohibió despedir con honores al represor Rodolfo Wehner. En diálogo con el programa ‘El nombre de las cosas’, de Radio Nacional, Garré destacó que "la justicia es la única forma de cicatrizar las heridas y de acercar a las Fuerzas Armadas con la sociedad".

¿Cómo se llega a la decisión de ordenar que no se le realizaran honores a este general que falleció el viernes en Salta?
Este general era, en el momento del Proceso, coronel y estaba a cargo del Regimiento de Granaderos a caballo de manera que era la guardia presidencial, incluso en el momento del golpe de Estado. Estaba ahora procesado por graves delitos, en la causa en la que están también procesados el general Olivera Rovere, que es la causa del Primer Cuerpo del Ejército. Atento que tenía que estar haciendo diálisis dos o tres veces por semana, el tribunal entendió que había que suspender ese juicio para que pudiera atenderse de su problema de salud adecuadamente. No era posible tener una persona en las audiencias en la medida en que tuviera que ser retirada todo el tiempo para ser llevado a diálisis. Realmente por un tema de caridad, un tema humanitario, el tribunal suspendió el juicio. Es decir, que además de los múltiples obstáculos que se pusieron para que en tiempo y forma estuviera condenado por estos hechos aberrantes, hubo una situación en la que por el verdadero y profundo respeto por los derechos humanos que tiene hoy esta sociedad, se determinó que no estuviera todavía condenado. Pero su situación en ese juicio era muy comprometida. En medio de esta situación, se produce su muerte. Obviamente no íbamos a facilitar un regimiento para que fuera velado y le rindieran cualquier tipo de homenajes porque entendemos que es una persona que estaba sometida a juicio por hechos gravísimos y no podíamos ser tan incongruentes frente a esta acción de la Justicia que se interrumpe nada más que por razones humanitarias. De manera que dimos esa orden que motivó el pedido de retiro del jefe de la unidad. El retiro no está fundado, pero uno podría deducir que ha sido por discrepar con esa orden.

Sí, al parecer ha dicho que él no iba a ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas.
No conocía sus declaraciones ¿Qué no iba a ser funcional a qué?

A la destrucción de las Fuerzas Armadas.
Hay algunos que creen que salvan a las Fuerzas Armadas mediante un comportamiento solidario y corporativo con los terroristas de Estado, con aquellos que incurrieron en gravísimas violaciones a los derechos humanos, hechos que le produjeron a las Fuerzas Armadas un deterioro, un desgaste, un alejamiento de la sociedad y que las hicieron incurrir en los hechos más aberrantes, desde robarse chicos, hasta torturar a mujeres embarazadas. Algunos creen que rindiendo honores a los que hicieron esas cosas prestigian a las Fuerzas Armadas. Por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas entiende que ése es un capítulo vergonzoso y que hay que cerrarlo con justicia, es la única forma de cicatrizar las heridas y poder iniciar un proceso de acercamiento y de definitiva reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

¿Cómo analiza que se juzgue a militares que torturaron o habilitaron torturas en Malvinas?
Es otra deuda pendiente, lamentablemente. Siempre se ha juzgado el acierto o el error de la decisión de la Guerra de Malvinas, se han juzgado también a través del informe Rattenbach, los errores de tipo profesional, de tipo táctico. Pero había un capítulo que era el del tratamiento de los soldados conscriptos tanto en la guerra como después de la guerra. Se los trajo casi escondidos y se los ocultó como si los culpables de haber perdido la guerra fueran ellos. Con eso se agudizaron las situaciones de stress postraumático y seguramente, este tratamiento tuvo mucho que ver con los suicidios que se produjeron postguerra. De manera que tanto el tema de juzgar los abusos, como el de reparar el olvido y los agravios que recibieron estos muchachos eran asignaturas pendientes de esta sociedad.

En otro sentido, pero también con rémoras del pasado, usted tomó una decisión hace pocos meses de pedirle a la misión oficial militar de los Estados Unidos que tenía oficinas en el Ejército y la sede del actual Ministerio de Defensa que buscaran otro lugar donde alojarse.
Parece una lógica obvia que no puede haber presencia de fuerzas extranjeras, de ninguna fuerza extranjera en el área de la Defensa argentina. Esos eran viejos convenios muy marcados por los principios y los criterios de la guerra fría. Había dependencias, primero en las tres fuerzas, incluso había una oficina de investigaciones de cooperación científica tecnológica en el propio Ministerio de Defensa y entendimos que eso no correspondía. Lo conversamos con las autoridades norteamericanas, con el propio embajador. Entendieron que esas cosas no son lógicas, más aún cuando no existe un mecanismo de reciprocidad.

No hay militares argentinos en el Pentágono.
No, claro. Y es lógico. Porque son áreas en las que no es razonable que haya fuerzas extranjeras presentes. Era algo de fuerte sentido simbólico y nos parecía razonable, en un ejercicio de nuestra soberanía, que fueran así las cosas. Las autoridades norteamericanas lo comprendieron. Y dijimos que si ellos no tenían donde ubicarse, podíamos dar alguna instalación por algunos meses en alguna de las áreas civiles del ministerio, pero de ninguna manera en las áreas militares. Las relaciones con Estados Unidos son de cooperación, de amistad, de intercambio y eso de ninguna manera lastima esos vínculos.

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con una ayudita de sus amigos

mqh - 10 de junio de 2009 - 15:49 - argentina

Luis Patti va a juicio oral por encubrimiento. La Corte Suprema rechazó un recurso del represor, que ahora irá a juicio. Además, está pendiente el inicio del proceso por crímenes de lesa humanidad.

[Adriana Meyer] Argentina. Ante todos los micrófonos que tuvo a su alcance el represor Luis Patti repetía "no tengo causas abiertas", y cuando fue preso por delitos de lesa humanidad cambió a "tengo esta sola causa". Pero se va quedando sin libreto porque ahora la Corte Suprema envió a juicio oral otro de los procesos que el ex comisario preso en Marcos Paz tiene en su contra. El aspirante a candidato será juzgado por encubrir a los ex militares Luis Arias Duval y Jorge Granada, que estaban prófugos en una causa donde se los investigaba por su actuación en la represión de la "contraofensiva" de Montoneros en plena dictadura. Ayer, el máximo tribunal rechazó el último recurso de queja del torturador confeso.
Luis Abelardo Patti, quien supo jactarse de que para esclarecer un delito había que cometer al menos cuatro o cinco y entre ellos apremios ilegales, busca desde hace años volver a conchabarse en la política para obtener los fueros que lo protejan de las numerosas acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos. En las sucesivas campañas electorales, cada vez que algún cronista lo interrogaba respecto de sus cuentas pendientes con la Justicia él repetía que no tenía ninguna. Incluso en 2005 mostró un certificado que carecía de antecedentes penales, pero luego Página/12 comprobó que el Registro Nacional de Reincidencia lo había emitido sin tener el dato del procesamiento del represor en la causa sobre la desaparición de los montoneros que protagonizaron la "contraofensiva" porque la Justicia no lo había informado al organismo.
El 26 de agosto de 2003 el juez federal Claudio Bonadío consideró que el represor había cometido el delito de encubrimiento porque descubrió que le hizo llegar dinero al teniente coronel retirado Jorge Granada, que tenía pedido de captura en la causa que investiga la de-saparición y muerte de militantes montoneros en 1980. En su indagatoria, Patti reconoció su amistad con Granada, pero dijo que no sabía que estaba prófugo. Sin embargo, los investigadores probaron lo contrario: el juzgado grabó una conversación en la que Granada le decía a Patti: "Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme". A través de otro imputado, el juez supo que el ex intendente de Escobar habría recomendado al prófugo que "arreglara con Mónica", una colaboradora suya, cuáles serían los mecanismos para obtener protección. En una charla con alumnos del Taller Escuela Agencia (TEA), Patti reconoció que le dio 500 pesos a Granada, y dijo que "se los volvería a dar" porque lo conoce "desde hace 20 años".
El abogado Silvio Duarte apeló la medida en nombre de Patti, pero el 15 de diciembre de 2003 la Cámara Federal rechazó la apelación y confirmó el procesamiento de Bonadío, aunque decidió que Patti podía esperar en libertad que se concrete el juicio oral, ahora más cercano. El juez había dictado un embargo sobre los bienes de Patti de tres mil pesos. Su sucesor, el juez Ariel Lijo, dispuso cerrar la investigación y enviar la causa a sorteo para que se asigne el tribunal encargado de juzgar al ex intendente de Escobar por este hecho ocurrido en el 2002, cuando todavía ocupaba ese cargo comunal. Pero los recursos interpuestos por la defensa de Patti en todas las instancias judiciales demoraron el juicio, hasta ayer que la Corte removió el último escollo. Para los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay la presentación de Patti no cumplió con los requisitos para ser aceptada. Como se trata de un delito correccional y corresponde un tribunal unipersonal será el juez Lijo quien juzgue a Patti.
Granada fue apresado en julio de 2003 por su participación en el secuestro de montoneros que en 1979 y 1980 regresaron a Argentina para desplegar una contraofensiva contra la dictadura. Entre los desa-parecidos estuvieron Angel Carbajal, Matilde Rodríguez de Carbajal, Jorge Benítez, Ricardo Zucker, Raúl Milberg y Julio Genoud. En esa causa llegaron a estar presos los ex jefes de esa organización Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. En diciembre de 2007 el acusado Arias Duval fue condenado a 25 años de prisión, mientras que Granada sigue en condición de prófugo, con orden de detención de noviembre pasado por una causa en Bahía Blanca. Patti está preso desde abril del año pasado por haber secuestrado al ex diputado justicialista Muniz Barreto y su colaborador José Luis Fernández, por el homicidio del ex militante de la Juventud Peronista Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico, y por la detención ilegal de Osvaldo Arriosti. Su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín y la causa fue elevada a juicio. El ex comisario volvió a postularse para ver si logra una banca en el Congreso. Pero la candidatura fue objetada por sus víctimas y organismos de derechos humanos, y está a estudio de la Cámara Nacional Electoral.

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razones para un velorio deshonroso

mqh - 10 de junio de 2009 - 15:24 - argentina

Defensa prohibió que el general Altieri brindará homenajes fúnebres a un represor y el militar fue pasado a retiro. Recia y encomiable decisión de gobierno argentino.

[Nora Veiras] Argentina. El jefe de la V Brigada de Montaña de Salta, general Jorge Enrique Altieri, pidió el pase a retiro porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, no lo autorizó a velar con honores al general retirado Rodolfo Wehner, procesado por 154 secuestros. Altieri había sido ascendido en diciembre pasado y le había ofrecido a la familia de Wehner realizar el velorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 ‘General Güemes’. Una resolución firmada por Garré establece que ese privilegio está vedado para los imputados en causas por delitos de lesa humanidad. Los allegados a Altieri hicieron trascender que estaba "harto de ser funcional a la destrucción de las Fuerzas Armadas". En el Edificio Libertador evaluaron como "exagerada e impropia" la reacción del general. Un camarada interpretó que "es evidente que es una muestra de rechazo a la política de derechos humanos del gobierno". Garré dijo que "por suerte la gran mayoría de las Fuerzas Armadas cree que éste es un capítulo vergonzoso que hay que cerrar con justicia".
Altieri fue uno de los coroneles propuestos para ser ascendidos a general por el ex jefe del Ejército Roberto Bendini y por su sucesor, Luis Pozzi. "Es un hombre poco flexible, pero hasta ahora podíamos decir que ideológicamente no estaba en ningún lado", comentó un alto oficial que creía conocerlo. Altieri le pidió autorización al comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Carlos Pedro Artuso, para realizar el velatorio con honores. La respuesta fue que se comunicara directamente con el Estado Mayor Conjunto. En un par de horas, Altieri recibió la orden de no avanzar en esa ceremonia.
Guillermo Wehner, el hijo de uno de los jefes de las siete áreas en que se dividió la represión ilegal en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, calificó como "una gran injusticia" la decisión de Garré. En diálogo con Radio 10, Wehner dijo que "es un orgullo" contar con generales como Altieri pero que le causó "dolor perder hoy a un general".
La esposa de Wehner, Lucrecia Milagro Grande, fue quien pidió la ceremonia con honores. Reina de Belleza en su juventud y perteneciente a una de las familias tradicionales de Salta, daba por descontado el beneplácito de las autoridades. El apoyo de los militares retirados y el acompañamiento de la prensa local tornaban inconcebible un rechazo. Para entender lo que estaba pasando, su hijo recomendó un artículo de El Tribuno, titulado ‘La montonera que se hizo jefa’, en alusión a Garré.

Prontuario
Wehner es uno de los seis acusados por 154 secuestros en la causa a cargo del Tribunal Oral Federal 5 en la que el principal imputado es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del I Cuerpo y jefe de la subzona Capital de la represión ilegal durante la última dictadura.
Como ex jefe del Regimiento de Granaderos ‘General San Martín’ y del área militar III desde el golpe de marzo de 1976 hasta fines de 1977, a Wehner se le imputaban 51 privaciones ilegales de la libertad. Bajo esa jurisdicción represiva funcionaron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio como los denominados Club Atlético, El Banco y Olimpo.
El 24 de marzo de 1976, Wehner estaba al frente de los Granaderos que custodiaban a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. No intervino en su detención porque la sacaron de la Casa Rosada directamente en helicóptero y la recluyeron en la residencia de descanso oficial El Mecidor, en Villa La Angostura.
El proceso contra Wehner estaba suspendido por razones de salud. En realidad, había sido recluido con prisión domiciliaria, pero a raíz de su tratamiento de diálisis había sido beneficiado. Altieri habría discutido con su superior directo, el jefe del III Cuerpo, porque alegó que tiene que primar la presunción de inocencia. "No tuvo en cuenta que estaba procesado por más de cincuenta secuestros", señaló un abogado que recordó la responsabilidad como responsable de área de Wehner.
El protocolo castrense sigue vigente aunque ha sido restringido en los últimos años. En 2003, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue velado con honores y despedido por el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien lo definió como "un soldado disciplinado". Murió mientras cumplía prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, pero como mantenía el grado y no tenía una condena firme cumplieron con el ritual vigente. Desde la asunción de Garré se prohibió el reconocimiento a los imputados en causas por violaciones a los derechos humanos. Hasta el planteo de Altieri no habían aparecido reclamos de familiares que querían despedir con honores a los represores pese a que fueron varios los que fallecieron en los últimos años.
La inhumación de los restos de Wehner en el cementerio privado Virgen de la Misericordia fue acompañado por unas 160 personas, entre ellos cinco oficiales en actividad y varios retirados. Todos vestían uniforme, tal como lo estipula el reglamento vigente. El general Altieri asistió junto a un grupo de camaradas.
El desenlace del caso Wehner puso en evidencia que todavía quedan pendientes privilegios que sólo se justifican como una rémora del pasado. Garré repite que los militares son ciudadanos que visten uniforme. Ningún otro empleado público recibe honores por el sólo hecho de morirse.

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