criminal enterrado sin honores
9 de junio de 2009
Argentina. El comandante de la V Brigada de Montaña, general Jorge Altieri, pidió el pase a retiro, que fue aprobado por el Ejército, tras no acatar una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe velar en unidades militares y con honores aquellos fallecidos involucrados en causas de delitos de lesa humanidad.
El jueves pasado murió en Salta el general retirado de división Rodolfo Wehner, vinculado con crímenes realizados en la dictadura, y Altieri ordenó que se realizará el velatorio en el Regimiento de Caballería Ligero 5 "General Guemes", lo que no se pudo realizar a raíz de la resolución de Defensa.
Altieri se hizo cargo a principios de año de la V Brigada de Montaña del Ejército ‘General Belgrano’, con asiento en la capital salteña, y que tiene jurisdicción en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca.
Según se informó, Wehner murió el jueves último en el hospital militar de Salta y su familia tenía la intención de que se levantara una capilla ardiente en las instalaciones del Regimiento de Caballería 5.
Por tal motivo, Altieri accedió a que realizara el velatorio, pero esa determinación chocó con una contraorden directa de la ministra Garré, quien ordenó que se suspendiera cualquier ceremonia o acto relacionado con el militar fallecido.
Fuentes del Ejército explicaron "que desde hace años existe una resolución del Ministerio de Defensa que prohíbe honores" al personal fallecido involucrado en delitos de lesa humanidad.
Altieri recibió la comunicación que no se podía hacer el velatorio en el regimiento en momentos en que los restos de Wehner eran trasladados desde el hospital militar hacia la capilla ardiente.
Como consecuencia de la orden ministerial, los restos del general tuvieron que ser trasladados nuevamente al centro asistencial y luego de algunas horas los familiares consiguieron que sean velados en una sala del centro de la ciudad de Salta.
Trascendió que Altieri se hizo presente en el lugar y, tras pedir disculpas a los familiares, le comunicó a la viuda su decisión personal e irrevocable de pedir su retiro de la fuerza a raíz de lo sucedido. Altieri, quien pertenece al arma de artillería, fue ascendido el 31 de diciembre de 2008 de coronel al grado de general de brigada, siendo designado por resolución de Garré para desempeñarse como comandante de la V Brigada de Montaña.
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[Gustavo Veiga] Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino son víctimas del terrorismo de Estado: estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los tres hermanos, que hoy superan los sesenta años, eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares. Como todo pago, le entregaron a la familia unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, Córdoba, que se encuentra en manos de una sociedad civil. Los hermanos reclaman ahora su devolución. En el lugar habitan familias de posición desahogada que ven cómo, treinta años después, sus legítimos dueños buscan una reparación histórica que también conlleva una reparación moral: "Nos cortaron el proyecto de vida", explica Carlos, el menor de los tres hermanos.
Argentina. El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el represor Juan Antonio Azic por la sustracción de una niña nacida en cautiverio en la Escuela Superior de la Armada (ESMA), en 1977, y que resultó ser la actual diputada nacional Victoria Donda Pérez.
[José Maggi] Argentina. La tristemente célebre Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó la libertad de José Rubén Lofiego, alias el Ciego, uno de los más emblemáticos represores rosarinos, por haber pasado más de cuatro años detenido sin sentencia. Además, le fijó una fianza de 100 mil pesos, más tres fiadores cada uno de los cuales debe acreditar ese monto. En este trámite se encuentra ahora quien se hiciera conocido por el apodo ‘Dr Menguele’. Las querellas por su parte apelaron la decisión, y será la Corte Suprema de la Nación la que decida. José Rubén ‘el Ciego’ Lofiego fue encontrado responsable de 17 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y otros 40 casos de secuestros agravados por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, junto a 2 casos de secuestro y amenazas en concurso real con desaparición física, y la figura de la asociación ilícita.
[Mariana Carbajal] Argentina. La capital pampeana daba anoche un paso significativo para enfrentar a las redes de trata que comercializan cuerpos de mujeres en su territorio. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza impulsada desde la intendencia que prohíbe el funcionamiento de whisquerías, nombre con el que se habilitaban locales que en la práctica trabajan como prostíbulos regenteados por proxenetas. Las tres que están habilitadas en la actualidad deberán cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, lo que sucederá a lo largo de este año, explicó a Página/12 la concejal oficialista Alicia Iribarren. La iniciativa –destacó– se empezó a analizar cuando desde el municipio se detectó que Santa Rosa se había constituido en un lugar de destino de mujeres reclutadas, muchas veces con engaño, por mafias de rufianes.
Argentina. En un espejo del caso Patti, la Justicia de Salta habilitó al ex comandante de Gendarmería Jorge Folloni, secretario de Estado del gobernador de facto Roberto Ulloa, a participar como candidato a diputado por el Partido Renovador, del que fue miembro fundador en 1982. Folloni está imputado por la desaparición en 1978 del escribano Aldo Melitón Bustos. Dos meses antes del secuestro le negó por decreto la habilitación para ejercer en base a "los antecedentes ideológicos suministrados". El juez Julio Bavio destacó que el decreto es un "ejemplo paradigmático de discriminación ideológica contrario a nuestro derecho", pero que "escapa de la esfera de control de la Justicia federal con competencia electoral", dado que Folloni ni siquiera fue indagado por la Justicia. El ex gendarme fue impugnado por los abogados David Leiva y Tania Kiriaco, de la Red de Derechos Humanos.
[José Maggi] Argentina. Carlos Ulpiano Altamirano, ex miembro del Servicio de Informaciones de la policía fue procesado por el juez federal Marcelo Bailaque como coautor de tres casos de secuestros y seis casos de secuestros y torturas. Sin embargo se le dictó falta de mérito en otros siete casos, medida que ya fue apelada por la abogada Gabriela Durruty y la fiscalía. Altamirano fue procesado como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra Ángel Ruani, Gregorio Larrosa y Marcos Alcides Olivera. También como coautor de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos contra Eduardo Nassini, María de las Mercedes Sanfilippo, Marcelo de la Torre, Néstor Vivono, Estela Maris Hernández y Laura Torresetti.
[Adriana Meyer] Argentina. Orlando Argentino González tenía que declarar ayer en un juicio por delitos de lesa humanidad en los tribunales federales de Tucumán, pero nunca llegó. En su condición de sobreviviente de la dictadura es un testigo clave contra el comisario retirado Francisco Orce, detenido desde abril, y como había sido víctima de amenazas e intimidaciones, al igual que todos los demás testigos e incluso los abogados del caso, pensaba pedir ser incluido en un programa de protección. Al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Gendarmería y por las policías federal y tucumana, mientras los organismos de derechos humanos se preparaban para diferentes actividades de "alerta y movilización". "Estamos desesperados pero queremos ser cautos, nos queda la esperanza de que las amenazas lo hayan hecho esconderse por miedo", dijo a Página/12 la abogada Laura Figueroa, querellante en este proceso judicial en el que también estaba imputado Mario "Malevo" Ferreyra, que se suicidó el 24 de noviembre de 2008.