argentina

recuperan a nietos secuestrados

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Dos hijos de desaparecidos recuperaron su identidad y ya hay 92 casos resueltos. La hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, nacida en cautiverio, y el hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrado junto a sus padres, fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo.

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[Victoria Ginzberg] Argentina. Verónica Castelli y Emilio Goya tratan de hacer equilibrio entre la emoción y la prudencia. Militantes de HIJOS, ambos acaban de encontrar a sus hermanos secuestrados durante la última dictadura. Ante todo, quieren preservar esa relación que está renaciendo después de treinta años. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue la encargada de dar la noticia oficialmente: dos nuevos nietos, dos nuevos jóvenes, recuperaron su identidad. Y sus hermanos fueron protagonistas de la búsqueda.
Los dos nuevos nietos recuperados son la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli y el hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya. Ella nació durante el cautiverio de su madre, a fines de abril o principios de mayo de 1977, y el viernes pasado supo que era hija de desaparecidos. El fue secuestrado junto a sus padres en 1980. El juez federal Ariel Lijo le contó su historia el martes.
La casa de las Abuelas de Plaza de Mayo se llenó ayer a las cuatro de la tarde. Camarógrafos, fotógrafos y periodistas esperaban el inicio de la conferencia de prensa en la que también participó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Puertas adentro, el lugar estaba lleno de treintañeros. Verónica Castelli se sentó al lado de las Abuelas Estela de Carlotto y Rosa Rosinblit. Dos compañeras le sostenían la espalda, como ella lo había hecho con otros. Cuando la presidenta de Abuelas nombró a sus padres, no pudo contener las lágrimas. "Esperamos poder seguir haciendo estos anuncios tan rápido y seguido como la historia lo requiere", aseguró Carlotto. Hasta el momento, son 92 los niños secuestrados o nacidos en cautiverio que recuperaron su identidad.

María Teresa y Roberto
María Teresa Trotta nació el 14 de julio de 1950 en la provincia de Buenos Aires. Roberto nació en la Capital Federal el 28 de diciembre de 1946. En 1974 nació su primera hija, Verónica. Fueron secuestrados el 28 de febrero de 1977, él en Merlo y ella, embarazada de seis meses, se presume, cerca de San Antonio de Padua. Fueron vistos por sobrevivientes en el centro clandestino de detención Sheraton y en El Vesubio.
Los testimonios obtenidos en la investigación indican que María Teresa fue llevada al sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo para dar a luz. Según la pesquisa, la niña fue adoptada a través del Movimiento Familiar Cristiano que, aparentemente, durante la última dictadura entregaba bebés en adopción sin investigar el paradero de su familia. Esta misma organización estuvo involucrada en el caso de Belén Altamirano Taranto, otra nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
"Tengo una sensación similar al momento en que nació mi hijo. Por primera vez me siento plena. Dediqué mi vida para esto. Estoy muy feliz", dijo Verónica en la conferencia de prensa. Emilio, motor de la búsqueda de Jorge Guillermo, prefirió no participar del anuncio público sobre la recuperación de su hermano.

María Lourdes y Francisco
Francisco Goya nació en Resistencia. Tuvo dos hijos –Juan Manuel, en 1972, y Emilio, en 1974– con su primera mujer. Militó en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la Juventud Peronista y en Montoneros. Durante su exilio en México conoció a María Lourdes Martínez, ciudadana de ese país y militante del Partido Comunista. En marzo de 1979 la pareja se fue a España y el 31 de julio del mismo año nació su hijo Jorge Guillermo.
Lourdes y Francisco volvieron a la Argentina en el marco de la Contraofensiva. Los tres fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en Mendoza. A partir de un dato de un "arrepentido" el juez Lijo pudo encontrar al niño, hoy un joven.

31 de julio de 2008
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verdugo confesó atrocidades

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Un represor de la ESMA confesó las atrocidades que cometían. El suboficial de la Marina Víctor ‘Lindoro’ Olivera, detenido en Devoto, se quebró en la indagatoria y contó cómo eran torturados y desaparecidos los secuestrados en la ESMA. Dijo que dependía de Cavallo, Azic, Capdevilla y Febres.

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[Adriana Meyer] Argentina. Entre llantos no paraba de hablar, de confesar atrocidades, ni su abogada podía frenarlo. El represor Víctor ‘Lindoro’ Olivera fue indagado el martes pasado en la megacausa ESMA y se quebró. "Los hacían desaparecer", respondió entre sollozos cuando el juez le preguntó qué pasaba con los detenidos en ese centro clandestino. ¿De qué manera?, quiso saber el magistrado. "Con humor se referían al asadito", contestó este suboficial retirado de la Armada. "¿Se refiere al procedimiento mediante el cual deliberadamente se quemaban cuerpos en dependencias de la ESMA?", inquirió el juez. "Sí, supongo que era eso", fue la respuesta de Lindoro Olivera, una de las tantas de un interrogatorio en el que intentó demostrar que nunca se manchó de sangre, aunque las repreguntas del juzgado lo fueron acorralando. Según algunos sobrevivientes de la ESMA, su declaración tiene una dimensión similar a la confesión del ex marino Adolfo Scilingo sobre los ‘vuelos de la muerte’.
Olivera es uno de los siete represores de la ESMA identificado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y Justicia Ya!, que aportó los datos para que fueran encarcelados. Y sucedió lo que sospechaban podía pasar por ser todos de rango inferior, con escaso o nulo apoyo de la oficialidad de la Armada. "Se cayó el muro de silencio, por eso lo tuvieron que mandar a (la cárcel de) Devoto", dijo a Página 12 Carlos Lordkipanidse, de la AEDD y sobreviviente de ese centro clandestino.
El suboficial primero retirado, con 57 años y domicilio en Pilar, escuchó la descripción de los 101 casos que le imputaron. Cuando el tribunal le concedió la palabra, dijo que no fue "voluntariamente" a la Escuela de Mecánica. "Me presenté, me llevaron al subsuelo de la Casa de Oficiales y en el camino me dijeron que no tenía que decir nada de lo que viera o escuchara; cuando llegué al lugar me sorprendí al ver a gente encapuchada", empezó. "Esa noche recuerdo que trajeron a una señora de apellido Cabezas, me hicieron que la ate a la cama... cómo me impresionó eso... Mi función era llevar detenidos de un piso a otro", continuó. Muy nervioso, aseguró que no participaba de los operativos ni en las torturas, que cuando podía les daba comida o golosinas a los detenidos.
Uno de los casos por los que tuvo que responder Olivera es el de Raimundo Villaflor, que fue secuestrado el 4 de agosto de 1979 junto a su esposa, María Elsa Martínez, trasladado a la ESMA (donde también estuvieron su hermana Josefina, su cuñado y su prima que tenía 2 años), y sometido a torturas durante tres días. "En el caso del señor Villaflor me dijeron que lo suba al altillo, que lo hiciera bañar, pero como casi no podía moverse yo mismo lo sequé", describió. Según su relato, el detenido se descompuso, llamaron "al médico Capdevilla", y después se enteró de "que el hombre había fallecido". Su hija, Laura Villaflor, ratificó a Página 12 que Olivera fue uno de los tres guardias que mataron a su padre, en una golpiza posterior a la sesión de tortura, y no luego de tomar agua de un inodoro, según otra versión. "Todo el tiempo se contradice, pero va reconociendo, dice ‘yo llevaba y traía detenidos, yo llevé a Raimundo Villaflor que tomó agua, pero no lo vi’, pero mi papá no murió por eso, él salió de una sesión de tortura que conducía (Héctor) Febres, mordió a un guardia y por eso lo golpearon", dijo la mujer.
Al momento de las preguntas, los funcionarios del juez federal Sergio Torres le pidieron detalles sobre la mujer que ató a la cama, Telma Jara de Cabezas. "Recuerdo que estaba desnuda, que era en el subsuelo, en el lugar que llamaban huevera, había ocho o nueve personas en las mismas condiciones y había oficiales vestidos de civil", indicó el imputado. "Me enteré de que a algunos los torturaban para sacarles información, que usaban picana eléctrica, decían que eran montoneros pero no sé qué criterio tenían", precisó Olivera. Preguntado por Su Señoría para que diga de qué personas recibía órdenes, respondió que "de uno que llamaban Marcelo (Ricardo Cavallo), de Febres, de un tal Colores (Antonio del Cerro, fallecido), de (Juan Antonio) Azic". La memoria del represor no le falló al describir que "en el altillo estaban en colchonetas, esposados, con grilletes y capuchas", y también demostró conocer el lugar que denominaban "pecera" donde "trabajaban". Entre los detenidos dijo recordar al grupo Villaflor, a Víctor Basterra y a Carlos Lordkipanidse. "Lo vi en televisión por estos días, por eso me acordé de él", acotó. Antes de terminar la declaración, le preguntaron a la abogada Julieta Marchesse si deseaba hacerle alguna pregunta a su defendido, a lo que la letrada respondió que no "debido al estado en que se encuentra (llantos y nervios)". ¿Quiere usted agregar algo más?, le dijeron a Olivera. "Nada más, quiero terminar con esto ya", contestó antes de partir hacia Devoto.

31 de julio de 2008
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recompensa por rata fugitiva

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Buscan al represor que se fugó en Bahía Blanca y ofrecen una recompensa de $ 150.000. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que recibirá ese dinero quien aporte datos sobre el paradero del represor Julián ‘Laucha’ Corres. El fiscal federal de Bahía Blanca teme que el detenido haya logrado salir del país.

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Argentina. El fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, admitió hoy su temor por una eventual salida del país del ex teniente coronel Julián ‘Laucha’ Corres, quien se fugó el sábado de una delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, y calificó como "inaceptable" el trato que el detenido mantenía allí con sus guardias.
Por su parte el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anticipó que se ofrecerá una recompensa de "150.000 pesos" a las personas que pudieran aportar datos sobre el paradero de Corres.
Por otra parte, el ministro ratificó que se investigará a fondo a todas las personas que estaban a cargo de la vigilancia de Corres y que se los castigará de acuerdo a las responsabilidades que se detecten.
En declaraciones radiales, el fiscal Cañón evaluó como "inaceptables las versiones que se dan" en la comisaría de Bahía Blanca, donde estaba detenido Corres.
"Es inaceptable que no existiera un libro de guardias donde se asentaran las visitas, es inaceptable que tuvieran una promiscuidad total policías y represores, tomando mate en conjunto cocinando en un lugar abierto", prosiguió.
Cañón se quejó de que se enteró de la fuga "muchas horas después de ocurrido el hecho. No se ha determinado con precisión a qué hora ocurrió, si a la 1 o 2 de la mañana, o a las 6 de la mañana", y ratificó que se detuvo "a dos de los policías más involucrados".
También se preguntó "por qué motivo estuvo acá en Bahía Blanca después de tres meses de haber sido indagado. El 25 de junio se ordenó su traslado a institutos penales de Campo de Mayo. Pasó un mes sin que se efectivice esto".
"Algunos lo atribuyen al Servicio Penitenciario Federal, que carecía de móviles, pero es esa suma de circunstancias que se van sumando que coinciden con el comienzo de la feria judicial, con el comienzo de las vacaciones de invierno, con que el juez está de licencia, con la condena a (Luciano Benjamín) Menéndez, y yo, a esta altura de mi vida, creo cada vez menos en las casualidades y más en las causalidades", dijo.
En tanto, el Gobierno decidió anoche relevar a la delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca que estaba a cargo de la seguridad en la comisaría donde estaba detenido Corres.
Corres, de 56 años, había sido detenido en la Capital Federal por Interpol el 3 de abril, luego de permanecer prófugo durante casi 18 meses, cuando salía de un edificio de Uruguay y Córdoba, en la zona de los Tribunales porteños.
Tras su apresamiento, el ex militar fue llevado a Bahía Blanca, pues, según admitió ante la Justicia, durante el año 1976 fue el encargado del centro clandestino de detención ‘La Escuelita’, que funcionó en el Comando del V Cuerpo del Ejército de aquella ciudad bonaerense.

28 de julio de 2008
©clarín

jefe de la triple a en cárcel común

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Le revocaron el arresto domiciliario al ex jefe de la triple a y lo llevaron a la carcel de marcos paz. La Cámara Federal señaló que el hecho de tener más de setenta años no es suficiente para beneficiarse con el arresto domiciliario. Esperan nuevos exámenes médicos sobre la salud del ex lugarteniente de López Rega.

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Argentina. El ex jefe de la Triple A Rodolfo Eduardo Almirón será alojado en el penal de Marcos Paz. Así lo dispuso el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi después de que la Cámara Federal porteña señalara en un fallo que no corresponde mandar a los presos a su casa por el simple argumento de ser mayor de setenta años.
Almirón está procesado como partícipe de una asociación ilícita y por asesinatos cometidos entre 1973 y 1975 por la Alianza Anticomunista Argentina, la organización de ultraderecha que lideraba el ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, José López Rega. Fue extraditado desde España, donde vivió durante 31 años sin ser molestado. Apenas pisó suelo argentino denunció problemas de salud y logró que lo beneficiaran con la prisión domiciliaria. De hecho, ni siquiera fue indagado debido a que una junta médica todavía está evaluando su estado físico. Los primeros estudios comprobarían algunos de los achaques, pero el fallo de la Cámara, en el voto del juez Eduardo Freiler, señaló que la salud del preso debe ser crítica para que amerite que se vaya a su casa.
"Hasta tanto se completen los informes médicos y psicológicos recomendados por el Cuerpo Médico Forense doy mi voto por revocar la resolución impugnada, haciendo saber que deberán realizarse todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y de salud del imputado", señaló en su voto el juez Horacio Cattani. El tercer juez que firmó el fallo, Eduardo Farah, consideró que dada la edad y estado de salud de Almirón, éste debía continuar bajo arresto domiciliario. Por el momento, el represor dormirá en Marcos Paz, según lo ordenó Martínez Di Giorgi, que reemplaza interinamente a Norberto Oyarbide.
En la investigación que llevó adelante Oyarbide está acreditado que la Triple A ideó y y ejecutó los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña y de Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi, entre otros. El magistrado consideró que se trató de crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles. La Cámara confirmó el criterio.

26 de julio de 2008
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perpetua para represor argentino

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Condenaron a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores y los enviaron a la cárcel. El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército deberá cumplir prisión perpetua por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en La Perla.

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[Diego Martínez] Córdoba, Argentina. Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.
Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó "¡Por fin justicia!". Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.
El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras. En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.
Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de "operativos especiales" (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un "operativo ventilador", como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).
La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. "Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más", celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.
A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.
Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció que los fundamentos se conocerán el 31 de julio y comenzó a leer. En los ocho primeros puntos de la resolución, que fue unánime, rechazó planteos de los defensores. Cuando llegó el noveno, consciente de que iba a leer la sentencia más importante de su vida, hizo una pausa y respiró hondo. Una mano sabia apagó el aire acondicionado para que todos escucharan. "Noveno. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable (ayastrando la eye cordobesa) de los delitos", y enumeró: "privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad de partícipes".
Y siguió: "imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua". Y la sala explotó en un aplauso que se mezcló con abrazos y llantos. Pero faltaba la frutilla: "En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba".
El tribunal leyó por orden de jerarquías. Dictó cinco prisiones perpetuas, por los mismos delitos que a Menéndez, para los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y para el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, todos ex miembros del OP3. Al coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta los condenó a 22 años de prisión y al suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años, porque para las fechas de los homicidios habían cambiado de destino. Los cuatro años a favor de Vega son por su jerarquía, menor a la de los oficiales. El tribunal resolvió que todos cumplan su condena en la cárcel de Bower, la más moderna de la provincia. Hasta el comienzo del juicio, cuando por seguridad el tribunal concentró a los imputados en el Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación. "Señores, el juicio ha terminado", cerró Díaz Gavier, quien miró a los ojos a cada imputado mientras leía las condenas. La sala se puso de pie, los H.I.J.O.S. levantaron sus pañuelos, los familiares las fotos de sus víctimas, y a coro entonaron "como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar". Fue entonces cuando Díaz, el torturador de cogote macizo, se dio vuelta, sonrió y levantó los brazos con los dedos en V. Nadie le respondió. La música siguió con "Siga el baile siga el baile, al compás del tamborín, que tenemos la cabeza, de Luciano Benjamín". Mientras las cámaras de concentraban en el gobernador Schiaretti, con lágrimas en los ojos, Orosz arengó para salir a la calle "donde está la gente que hizo posible este juicio". Toda Córdoba lo siguió.

25 de julio de 2008
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rastros de un pasado indeleble

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Descubrieron en la ESMA inscripciones hechas por un desaparecido. Los responsables del mantenimiento del ex centro clandestino de detención descubrieron en una viga de hierro dos firmas de Horacio Domingo Maggio, un desaparecido que se fugó de la ESMA y luego fue recapturado.

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[Diego Martínez] Argentina. Treinta años después de su muerte, Horacio Domingo Maggio sigue dando batalla. El delegado bancario y militante montonero que en 1978 se fugó de la ESMA para denunciar ante el mundo las torturas y crímenes de la Armada en el corazón de Buenos Aires también dejó sus huellas en las vigas de hierro de la ‘Pecera’, un sector del Casino de Oficiales donde los marinos obligaban a trabajar a los secuestrados. Miembros del equipo de conservadores del Instituto Espacio para la Memoria, responsables del mantenimiento del ex centro clandestino, descubrieron a principios de mes dos inscripciones con su firma. En la primera se leen las últimas tres letras de su nombre, luego su apellido y la fecha "27/12/77", cuando ya llevaba diez meses en cautiverio. En la segunda apuntó sus iniciales y "3/3/78", dos semanas antes de su fuga.
Maggio nació el 5 de enero de 1948 en Santa Fe. Miembro de la comisión interna del banco provincial, su militancia comenzó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, luego de la fusión de las dos organizaciones, continuó en Montoneros. Fue secuestrado en Santa Fe el 15 de febrero de 1977. Desde allí fue trasladado a la ESMA.
Jaime Dri lo había dado por muerto pero para su sorpresa volvió a verlo en la ESMA, luego de su secuestro, en diciembre de 1977. "Era de cuerpo pequeño y magro y tenía un rostro discepoliano, que adornaba con una sonrisa constante", le describió Dri al periodista y diputado nacional Miguel Bonasso, que desmenuzó su relato en Recuerdos de la muerte.

–La tortura se aguanta. Te juro que se aguanta –le repetía el Nariz, como apodaban a Maggio. Dri relató que, lejos de comportarse como un condenado a muerte, parecía "un ser todopoderoso", capaz de sembrar esperanzas en el contexto más horroroso.

–Hay que ganar, ¿entendés? Hay que ganarles la batalla –le explicaba Maggio a Dri, que meses después también logró burlar la inteligencia del capitán Jorge Acosta y fugarse de la ESMA.

El 17 de marzo de 1978, dos semanas después de escribir sus iniciales en la viga de la Pecera, le pidió permiso a uno de sus captores para ir al baño del Correo, adonde lo habían enviado, y logró fugarse. Durante los meses siguientes se dedicó a denunciar todo lo que vio y supo durante su cautiverio, a informar a las familias de los secuestrados dónde estaban sus seres queridos, y ni siquiera se privó de llamar a los marinos que lo habían torturado para insultarlos.
"Con los bolsillos llenos de cospeles y monedas, llamaba a sus verdugos, se identificaba, los insultaba y les preguntaba cuánta gente más habían matado desde que él no estaba en la ESMA. Y como una premonición, decía al teléfono: ‘Va a haber un Nuremberg para todos ustedes, asesinos’", escribió Bonasso.
El testimonio de Maggio fue fundamental en varias causas judiciales, incluido el juicio de Italia contra los marinos de la ESMA. Ma-ggio relató que en la ESMA conversó con las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes le relataron el secuestro en la iglesia de la Santa Cruz, y tras varios días de tortura fueron trasladadas "no sé dónde". También contó que Norma Arrostito había soportado "heroica y estoicamente durante más de un año de cautiverio la tortura y presión física y psíquica de los oficiales de la Marina" hasta que la inyectaron y murió en el Hospital Naval, según contó el Tigre Acosta a sus víctimas.
De boca del prefecto Gonzalo Sánchez, alias Chispa, hoy prófugo de la Justicia, supo los métodos de los marinos para deshacerse de los cadáveres. "Se les coloca una inyección (somnífero), se los envuelve en una lona y se los tira al mar", escribió en abril de 1978. Poco antes del mundial de fútbol su testimonio recorrió el mundo gracias a una entrevista que le realizó el subdirector de la agencia Associated Press.
Convertido en objetivo prioritario para los militares, volvió a caer el 4 de octubre de 1978. Pero no lograron secuestrarlo con vida. Estaba desarmado pero se resistió a piedrazo limpio hasta que una patota del Ejército lo asesinó. Su cadáver fue trasladado a la ESMA, donde Acosta lo expuso como trofeo de guerra ante el resto de los cautivos. "El que lo imite va a terminar como él", sonreía el Tigre. Un año después, el 11 de septiembre de 1979, fue secuestrada la esposa de Maggio, Norma Valentinuzzi, docente de 28 años que permanece desaparecida. Le sobreviven sus hijos Facundo y María Eva.

23 de julio de 2008
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encerrados dizque por su propio bien

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Niños encerrados y sin derechos. Impiden a la asesora tutelar porteña controlar las condiciones de chicos en institutos nacionales. Un conflicto entre funcionarios nacionales y de la ciudad tiene como resultado que decenas de chicos privados de su libertad por "protección judicial" estén privados de derechos.

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[Pedro Lipcovich] Argentina. Se ha planteado una discusión entre la titular de la asesoría de menores porteña y la Secretaría Nacional de la Niñez sobre si la primera tiene autoridad para controlar las condiciones de los menores encerrados en institutos: lo notable es que, según admiten todos los funcionarios, en realidad esos chicos deberían estar libres. La Argentina es el único país de América latina donde chicos de hasta 15 años, que han sido, no causantes, sino víctimas de delitos, son detenidos por jueces de menores, "para su protección", porque sus familias no tienen dinero. Esas detenciones se sustentan en un decreto-ley de la dictadura cuya permanencia, según admiten esos mismos funcionarios, puede vincularse con dos motivos: "El lobby de los jueces de menores para conservar su poder sobre esos chicos" y "que los legisladores no logran acuerdo sobre los alcances de la imputabilidad y las penas" para menores.
Entretanto, una ONG solicitó a la Corte Suprema una audiencia pública en la causa donde ese tribunal debe expedirse por los chicos presos en el Instituto San Martín. Además se reabrió el caso de un chico de 16 años, "suicidado" hace un año y medio en el Instituto Rocca: según una pericia, lo habrían violado.
Laura Musa es titular de la Asesoría General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, un organismo de la Justicia porteña que está a cargo de proteger los derechos de niños y adolescentes.
"La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaff) me niega el ingreso a los lugares de internación compulsiva de menores en la ciudad", denunció Musa.
"Los tratados internacionales dicen que, en los lugares de privación de la libertad, deben poder entrar funcionarios de otras áreas para verificar si se cumplen los estándares de derechos humanos. Se me ofreció acompañar, como agregada, a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pero soy funcionaria pública y debo ir públicamente", agregó.
Gabriel Lerner, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, contestó que "las facultades que invoca la doctora Musa son opinables, pues es autoridad porteña" y que "hemos ofrecido que ella misma o su personal ingrese a los establecimientos acompañando a la Defensoría Nacional".
Musa puntualizó que "esos chicos están privados de su libertad por el decreto-ley 22.278, de la última dictadura militar, que autoriza al juez de menores a actuar discrecionalmente con chicos involucrados en la comisión de delitos, aunque sea como víctimas. El juez puede tomar medidas ‘de protección’ ante un ‘peligro material’, que suele ser simplemente la pobreza: la ‘protección’ consiste en internarlo en un instituto".
En 2005, la Ley 26.061 puso fin al sistema de patronato, que atribuía poderes discrecionales a los jueces de menores, pero se mantuvo el decreto-ley 22.278, que mantiene esa discrecionalidad para chicos vinculados a causas penales.
"Todos los países de América latina, menos la Argentina, han derogado las leyes de ese tipo, que se oponen a la Convención Internacional de los Derechos del Niño", advirtió Musa. Lerner, también, observó que "el decreto-ley 22.278 está reñido con la Constitución Nacional y debe ser modificado".
La derogación del 22.278 se liga con la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, que otorgue a los menores imputados de delitos los derechos a defensa en juicio que tienen los adultos. Según Musa, a esto "se oponen corporativamente los jueces de menores, que procuran preservar su poder y jamás plantearon la inconstitucionalidad de ese decreto de la dictadura".
Lerner agregó que "cuesta lograr acuerdos en el Congreso porque es un tema muy ideologizado: algunos plantean bajar la imputabilidad a los 14 años, otros nos negamos; tampoco hay acuerdo sobre las penas para menores que cometan delitos".
La ONG Fundación Sur presentó un hábeas corpus por los niños –de hasta 15 años– encerrados en el Instituto San Martín, de la ciudad de Buenos Aires: en diciembre del año pasado, la Cámara de Casación hizo lugar y dispuso la liberación progresiva, en un plazo de 90 días, de los menores allí apresados.
El fiscal apeló ante la Corte Suprema, que, en marzo, suspendió el fallo mientras se pronuncia sobre la cuestión de fondo. El presidente de la Fundación Sur, Emilio García Méndez –ex asesor de Unicef y actual diputado nacional por el SI–, observó que "desde diciembre, la cantidad de chicos encerrados en el San Martín había bajado a la cuarta parte, pero, con la suspensión del fallo, empezó a subir de nuevo". Fundación Sur pidió a la Corte una audiencia pública, y la entidad internacional Human Rights Watch pidió ser parte en el juicio.

19 de julio de 2008
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aniversario del atentado contra amia

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En el 14º aniversario del atentado contra la mutual judia, hoy se realizaran actos conmemorativos. El fiscal Alberto Nisman fundamenta la acusación contra Irán y un diplomático de ese país rechaza los cargos y da una versión inédita del atentado.

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[Raúl Kollmann] Argentina. Hoy, a las 9.53, se cumplirán catorce años del atentado contra la AMIA. Frente al predio de la mutual judía, en Pasteur 633, se recordará a esa hora a las 85 víctimas. Desde el punto de vista de la investigación, el centro de la polémica está en la acusación de la Justicia argentina contra Irán, a cuyo Estado se le imputa haber decidido y organizado el ataque. En dos entrevistas exclusivas realizadas por Página 12, el fiscal Alberto Nisman fundamenta las acusaciones contra Teherán y el Encargado de Negocios de Irán, Mohsen Baharvand, rechaza los cargos. Por primera vez, el representante iraní da una versión inédita del atentado: sostiene que fue perpetrado por un grupo relacionado con el tráfico de armas y drogas y tuvo que ver con una supuesta venganza.
Serán oradores centrales del acto de esta mañana Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Luis Czyzewski, en representación de los Familiares de las Víctimas, y Guillermo Borger, presidente de la AMIA. A las 18, en la esquina de Pasteur y Corrientes, realizará un acto de denuncia la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre impune de la AMIA, encabezada por Laura Ginsberg. En esa concentración hablará también Adriana Calvo, del Encuentro Memoria Justicia y Verdad.
Los referentes de la agrupación Familiares estuvieron ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien les adelantó que no va a concurrir hoy al acto de la calle Pasteur. La primera mandataria señaló que a la misma hora recibe al presidente de Lituania. "Fue un encuentro muy positivo –señalaron a este diario Sergio Burstein y Czyzewski–. Hubo un compromiso de la Presidenta de avanzar en el reclamo contra Irán y de alguna manera trazamos con ella y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, un plan de trabajo para los próximos meses. La verdad es que a la Presidenta la vimos muy enérgica y conoce muchísimo de la causa."
En el acto de hoy frente al predio de la AMIA, la conducción estará a cargo de Mónica Gutiérrez, cantarán Julia Zenco y Juan Carlos Baglietto, se leerá un mensaje de la canciller israelí Tzipi Livni y estará presente el vicecanciller, Majalli Whbee, un druso que no profesa la religión judía.
La investigación por el atentado tiene hoy dos vertientes:

- Por un lado, sobre la autoría del ataque, existe un dictamen del fiscal Alberto Nisman, refrendado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. A raíz de la imputación contra Irán, rigen seis órdenes de captura, con alerta roja, convalidadas por Interpol en su último congreso. Irán rechaza la acusación, sostiene que no tiene ninguna relación con el ataque y, por primera vez, vincula oficialmente el atentado con una venganza por operaciones de espionaje realizadas sobre un grupo de traficantes de armas y drogas. Esa acusación, vertida en exclusiva para este diario por el Encargado de Negocios de Irán en la Argentina, no precisa nombres de la supuesta organización que perpetró o pagó el atentado ni de los funcionarios argentinos relacionados con esa operación de espionaje.

- El segundo aspecto de la pesquisa tiene que ver con las irregularidades cometidas en la investigación del atentado. El juez Ariel Lijo elevó a juicio la causa por el desvío intencionado de la investigación y el pago ilegal de 400 mil dólares al principal imputado, Carlos Telleldín. En el banquillo de los acusados se sentarían el ex juez Juan José Galeano, los fiscales, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y otros protagonistas del caso AMIA. La agrupación Memoria Activa respaldó las acusaciones y recientemente lo hizo también Familiares, mientras que la AMIA y la DAIA no parecen dispuestos a acusar, entre otros, a su principal ex dirigente. De todas maneras, la decisión no está tomada. Sí se pronunció por la acusación el Ministerio de Justicia, a través del responsable del caso, Alejandro Slokar.
Además del acto de esta mañana, a las 18, será la concentración de Apemia, en Pasteur y Corrientes. La agrupación que lidera Ginsberg acusa también a los Kirchner por encubrimiento en la investigación. El lunes, a las 9.53, realizarán su acto los familiares y amigos agrupados en Memoria Activa. Será en la plaza Lavalle, frente a Tribunales. Hablarán el titular de Missing Children, Juan Carr, y el rabino Daniel Goldman, además de un familiar de Memoria Activa.

18 de julio de 2008
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