argentina

atentado que huele mal

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[Irina Hauser] Ataque a un médico de la dictadura reivindicado por un ‘Comando López'. Una balacera con tufo a los servicios.

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La Plata, Argentina. Cerca de las tres de la mañana de ayer, en La Plata, llovieron al menos doce balazos en la fachada del edificio donde vive Néstor Siri, un médico denunciado por haber colaborado con los partos de detenidas desaparecidas en la cárcel de Olmos, durante la última dictadura. Después de la balacera, quedaron desparramados unos volantes que decían "cinco por uno, no va a quedar ninguno", una consigna que Montoneros adoptó de un discurso de Juan Domingo Perón. Los panfletos iban firmados por el "Comando Julio López". Los organismos de derechos humanos calificaron lo ocurrido como una "operación de inteligencia" destinada a generar un "clima enrarecido" ante la proximidad de los alegatos y la sentencia en el juicio contra el ex capellán Christian von Wernich, que serán los días 8 y 9 de octubre.
"No es casual que así como en la víspera de la sentencia al ex comisario (Miguel) Etchecolatz desaparece López, en vísperas de la finalización del juicio a Von Wernich aparezcan estas operaciones con tufillo de los sectores vinculados con la dictadura", sostuvo el fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. "Es una típica operación de inteligencia de las fuerzas represivas. Me hace acordar a las descripciones del general (Adel) Vilas de lo que era la acción psicológica: lo opuesto de lo presentado ante la sociedad", explicó Cañón.
El papel de Siri como médico en la cárcel de Olmos y en el centro clandestino La Cacha durante la última dictadura fue señalado en el Juicio por la Verdad de La Plata por los testimonios de Perla Diez y Nelfa Suárez, que en 1975 eran presas políticas y habrían sido atendidas por él. Diez lo reconoció en democracia atendiendo en la guardia del Hospital de Niños platense, donde era jefe de servicio. HIJOS La Plata y ATE-CTA lograron que lo separaran del cargo. Como médico en centros clandestinos determinaron que asistió, entre otros, el nacimiento de los mellizos Reggiardo Tolosa, apropiados por Samuel Miara.
Cinco de los proyectiles impactaron en la vivienda de Siri y otros siete dieron en la casa del primer piso, la casa de una vecina de 74 años que lo ha rechazado por su vinculación con el terrorismo de Estado. No hubo heridos. Por radio, el médico se mostró conmovido y dijo –previsiblemente– que "las imputaciones" en su contra "no tienen asidero". Pero lo que más llamó la atención de los organismos de derechos humanos fue que afirmara que había ido a declarar "espontáneamente el año pasado" ante la Comisión por la Memoria. "Jamás estuvo en la comisión, es sospechoso que nos mencione", dijo el fiscal Cañón.
"La aparición en los últimos días de estos comandos buscan crear un ambiente enrarecido en la última etapa del juicio a Von Wernich. Este hecho (los balazos) no puede haber sido realizado por nadie del campo popular", dijo a Página/12 la ex detenida Nilda Eloy, de Justicia Ya!. Myriam Bregman, abogada de la agrupación, añadió: "Estas acciones, de bandas fascistas o servicios de inteligencia, se ven alentadas por la impunidad en la causa por la desaparición de López. Además, estamos llegando a la sentencia de Von Wernich con los militares confesos en libertad".

27 de septiembre de 2007
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menéndez detenido

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Por una causa que tramita en Jujuy.

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Jujuy, Argentina. El ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez se negó ayer a declarar en la causa penal iniciada por la desaparición y asesinato de la maestra jujeña Dominga Álvarez de Scurta durante la dictadura y quedó preso en la Alcaidía Federal de San Salvador de Jujuy. Centenares de militantes de organismos de derechos humanos que realizaban un ruidoso escrache al represor en las puertas del Juzgado Federal 2 fueron disueltos con gases lacrimógenos por la policía jujeña.
Menéndez "quedó detenido por violación de domicilio, secuestro y tortura seguida de muerte" y se va a pedir que sea encuadrado en el "delito de genocidio", afirmó Pablo Pelazzo, uno de los abogados querellantes. El propio juez Carlos Olivera Pastor confirmó que Menéndez "no declaró" y que su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz (un ex fiscal de Estado que fundó la filial jujeña de Fuerza Republicana y que también representa a Antonio Bussi en esta misma causa), no presentó ningún escrito. El magistrado tienen diez días para resolver la detención original, ya que Menéndez –que tiene abiertas otras 50 causas por violación a los derechos humanos en la provincia– gozaba de arresto domiciliario en Córdoba.
Álvarez de Scurta fue secuestrada en mayo de 1976 por fuerzas del Ejército –cuando Menéndez comandaba la represión ilegal en todo el norte argentino– y la policía provincial y llevada a la jefatura policial para torturarla. Luego fue trasladada al penal de Barrio Gorriti, en donde desapareció. El cuerpo de la maestra fue encontrado en el cementerio de la localidad de Yala en 1984, donde había sido sepultada como NN. Antes –según pudo reconstruir la Justicia– su cuerpo estuvo enterrado en un predio del Ejército, frente al Regimiento de Artillería de Montaña 5.
Pero el escrache al represor terminó mal. La policía dispersó violentamente a centenares de manifestantes, cuando éstos advirtieron la maniobra de ‘distracción' con que el Servicio Penitenciario trató de sacar a Menéndez y se abalanzaron contra el camión celular en el que viajaría el represor. La policía jujeña, que había montado un fuerte y numeroso operativo de seguridad sobre el juzgado, comenzó a disparar gases lacrimógenos para disolver a los manifestantes y liberar el camino para trasladar a Menéndez hasta su nuevo lugar de detención.

27 de septiembre de 2007
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bignone con arresto domiciliario

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[Adriana Meyer] En la causa del Hospital Posadas. El dictador era delegado de la Junta Militar en Bienestar Social y comandó la toma del hospital, pocos días después del golpe.

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Buenos Aires, Argentina. También detuvieron al médico Di Benedetto, ex interventor. El abogado de Bignone pidió la detención de Isabel Perón, Luder y Ruckauf.
El dictador Reynaldo Bignone fue indagado ayer, y quedó detenido con arresto domiciliario, en el marco de la megacausa sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército, acusado de 18 casos de detenciones ilegales ocurridas en el Hospital Posadas. El último presidente de facto negó su responsabilidad en el secuestro de estas personas, en su mayoría profesionales de la salud, que tuvo lugar a pocos días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando Bignone era delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social y comandó en forma personal la toma de ese hospital. También fue detenido el coronel médico Agatino Di Benedetto, que había sido nombrado por el dictador como interventor del Posadas. Al término de la indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas, el abogado defensor de Bignone, Juan Aberg Cobo, pidió al magistrado que disponga la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, del ex candidato presidencial Italo Luder y del ex ministro y ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.
Cuando a Bignone le leyeron los hechos que se le imputaban y le mencionaron el decreto firmado por Isabel, Luder y Ruckauf que ordenaba combatir la subversión, Aberg Cobo entendió que ese pudo haber sido el "origen" de la intervención dispuesta por su asistido en el Hospital Posadas. Y con ese argumento, repetido por parte de otras defensas de represores, el letrado solicitó que se ordenara la detención de los ex funcionarios (otros firmantes del decreto han fallecido), pero le sugirieron que lo hiciera por escrito, lo que el abogado prometió concretar en los próximos días.
A lo largo de la investigación llevada adelante por Rafecas quedó acreditado que, en el marco de la toma militar del policlínico Posadas, ubicado en Haedo y que sigue funcionando como tal, fueron detenidas en forma ilegal cuarenta personas, todos empleados del hospital y en su mayoría médicos. Luego de permanecer cautivas en ese lugar durante algunas horas, fueron trasladadas a distintos sitios tales como la Superintendencia de Seguridad Federal, distintas comisarías y las unidades penitenciarias de Devoto y Olmos.
Durante la declaración indagatoria de ayer, cuando le imputaron al dictador su autoría en la privación ilegal de la libertad de dieciocho personas que trabajaban en el hospital Posadas, admitió que el 28 de marzo de 1976 dispuso la intervención de esa institución a partir de "informes de inteligencia de la época que daban cuenta de la frecuente atención a supuestos guerrilleros que se prestaba allí", según indicó a Página/12 una alta fuente judicial. Además, Bignone reconoció que "el operativo se llevó a cabo con personal del Ejército que actuó bajo sus órdenes y que él solicitó especialmente al Colegio Militar" y que "en el marco de tal procedimiento se efectuaron detenciones" que, según expuso, "tenían en miras la identificación e inmediata libertad de las personas". Finalmente, mencionó que "no pudo comprobarse que en el seno del hospital se haya prestado asistencia médica a guerrilleros".
Por otra parte, Di Benedetto fue imputado como autor de la privación ilegal de la libertad de treinta y tres personas, ocurridas entre el 28 y el 31 de marzo de 1976, también en su mayoría médicos.
Al finalizar la indagatoria, que duró algo más de dos horas, Bignone fue trasladado bajo custodia a su domicilio.

27 de septiembre de 2007
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criminal es candidato a gobernador

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[Victoria Ginzberg] Familiares de desaparecidos impugnan la candidatura de Patti a la gobernación. Un reclamo en defensa de todos.

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Buenos Aires, Argentina. La presentación se realizará hoy ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Se recordará que compromisos internacionales asumidos por el Estado impiden que personas sospechadas de participar en crímenes de lesa humanidad ocupen cargos públicos. Se pedirá una investigación sobre el rol de Patti en la dictadura.
Manuel Gonçalves para todos los días en el peaje de la autopista que va a Ezeiza. Se topa con un cartel gigante con la cara del ex subcomisario Luis Patti. "Vote en defensa propia", es el lema. Todos los días, cada vez que pasa por ahí, piensa en su papá. Gastón Gonçalvez fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Fue visto por última vez en la comisaría de Escobar, donde trabajaba Patti. El fiscal que investiga este hecho pidió que el ex intendente sea citado a declarar como sospechoso. Mientras, el ex intendente quiere ser gobernador. Manuel le reclamará a la junta electoral de la provincia de Buenos Aires que impugne esa candidatura. Lo hará hoy junto a los familiares de Eduardo Pereyra Rossi, Osvaldo Agustín Cambiasso y Diego Muniz Barreto, otras víctimas del represor.
Pereyra Rossi y Cambiasso fueron secuestrados en Rosario el 14 de mayo de 1983. La versión oficial fue que murieron en un enfrentamiento, pero las pericias indicaron que fueron torturados y asesinados. Al ex diputado Muniz Barreto se lo llevaron de una carnicería de Escobar el 26 de febrero de 1977. En todos estos hechos, según lo investiga la Justicia, estuvo involucrado Patti.
La presentación en la que se reclamará formalmente que el represor no sea habilitado para presentarse como candidato a gobernador estará patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la agrupación HIJOS y se realizará ante la Junta electoral de la provincia. Este organismo, encargado de resolver las impugnaciones, deberá definir si Patti tiene idoneidad ética y moral para ejercer la representación política.
El año pasado, el Congreso impidió que el ex subcomisario asumiera como diputado nacional por considerar que era responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El buscó la revancha y se anotó para gobernador. Mientras, la Corte Suprema aún debe expedirse sobre la banca legislativa. Al fallar en un caso similar, referido a Antonio Domingo Bussi, el tribunal dijo que la Cámara de Diputados no podía impedir el juramento de un legislador y advirtió que el mecanismo correcto para cuestionar una candidatura era el de realizar una presentación antes de las elecciones.
"Aunque no compartimos la jurisprudencia de la Corte en ese caso, ésta fue clara al fijar el mecanismo idóneo para las impugnaciones y en este caso se trata de recurrir a la Junta Electoral. Este organismo debe revisar sus decisiones, ya que en 1999 rechazó un planteo que, en el mismo sentido, había hecho el CELS", explicó a Página/12 Andrea Pochak, directora adjunta de ese organismo de derechos humanos.
La abogada destacó "la excepcionalidad" de la presentación, ya que se trata de una persona sobre la que hay sobradas pruebas de su participación en graves violaciones a los derechos humanos. "La Justicia está actuando, deben dejarla actuar", dijo Pochak.
Formalmente, para que una persona sea inhibida para presentar una candidatura debe haber sido condenada. Pero los represores de la última dictadura no pudieron ser juzgados, ni siquiera investigados, hasta hace poco tiempo, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En la presentación ante la junta, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de Patti recordarán que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideró que el Estado argentino debía adoptar "las medidas necesarias para la exclusión de cargos estatales de personas sospechadas de participación en graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar a fin de modificar la ‘sensación de impunidad'".
"Para que el Estado argentino dé cumplimiento con las obligaciones asumidas y no incurra en responsabilidad internacional, deberá realizar todas las medidas de investigación que correspondan a efectos de recabar pruebas suficientes de participación del candidato impugnado en graves violaciones de derechos humanos y determinar su legitimidad constitucional para eventualmente asumir el cargo electivo al que aspira", señalará el escrito con el que se reclamará que la junta electoral recopile información acerca de Patti y el estado de los distintos expedientes en los que se ventila su participación en el terrorismo de Estado.
"Estamos trabajando en el plano judicial para que sea condenado, aunque es difícil porque es claro que es una persona que sigue teniendo poder. Pero seguimos buscando respuestas en las instituciones del Estado para terminar con la impunidad en general, y en particular con personajes que buscan intervenir en la vida pública", explicó Ana Oberlin, abogada de HIJOS.
La presentación del CELS, HIJOS y los familiares de algunas de las víctimas de Patti se sumará a otras impugnaciones con las que ya cuenta el represor, como la de Luis Gerez, quien declaró en su contra en el Congreso y luego fue secuestrado, y la del diputado y candidato del MST Carlos Tinnirello.
El escrito mencionará también las causas judiciales en las que estuvo involucrado Patti en democracia. En una de ellas fue procesado por encubrir a un represor prófugo de la Justicia. La otra es la que lo hizo conocido y dio inicio a su carrera política: dos hombres acusados de robo lo denunciaron porque los llevó a una casa en las afueras de Pilar, los sometió a submarino seco, sofocación con una bolsa de plástico y les aplicó corriente eléctrica en los testículos. Por este hecho, Patti fue arrestado por el juez de San Isidro Raúl Alberto Borrino. Pero el ex subcomisario logró que sacaran al magistrado del caso, que dejaran dormir la causa y que lo sobreseyeran por prescripción.

27 de septiembre de 2007
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en el campo argentino

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[Monte Reel] El legado de la emigración. El éxodo hacia las ciudades deja a los que se quedan expuestos al hambre, mala atención médica y aislamiento.

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Chorotis, Argentina. Este es un viejo pueblo junto a la línea del tren, con cables del telégrafo cortados colgando de postes de madera y una cochera donde los rayados son el único signo evidente de alguna actividad reciente.
Han pasado más de tres años desde que un tren parara aquí, pero una mañana del mes pasado ese mismo tren volvió: tres vagones de trenes de Buenos Aires llenos de doctores y dentistas haciendo voluntariado en el campo argentino, donde los servicios básicos de salud son difíciles de encontrar.
El último dentista dejó el pueblo hace años, y la clínica de salud es atendida por un doctor itinerante unas veces a la semana. Los doctores que llegan por tren constatan que la enfermedad más extendida es la desnutrición, pese al hecho de que el país es uno de los principales productores de carne y habas de soja.
El aire rústico y somnoliento aquí sugiere un pueblo de otra época, pero avanzadas como esta entregan una mirada del futuro rural del mundo. Mientras la vida moderna ha hecho al planeta más pequeño, áreas rurales en países como Argentina parecen incluso más grandes y más aislados.
Se espera que la población del globo pase de la categoría ‘en gran parte rural' a ‘en gran parte urbana' el próximo año, gracias casi exclusivamente a la rápida emigración a las ciudades en los países en desarrollo. América Latina ya es la región más urbanizada del mundo, y para 2030 cerca del 84 por ciento de sus habitantes vivirán en ciudades.
Los expertos dicen que aunque la urbanización trae ciertos beneficios, los gobiernos ya están luchando por proporcionar servicios médicos a los que se quedan en el campo.
"En la mayoría de los casos, la única vez que un niño en esas áreas ve a un profesional medico, es cuando pasa nuestro tren", dijo Óscar Algranti, director de Fundación Alma, que organiza el viaje a Chorotis.
El aislamiento de los pequeños pueblos ha llamado la atención en Argentina no solamente como una tendencia demográfica sino como un tema de derechos humanos. Miles de manifestantes de provincias se reunieron en Buenos Aires este año blandiendo letreros que proclamaban ‘El Hambre Es un Crimen'. Aquí en la norteña provincia del Chaco, durante un período de cinco semanas que terminó el mes pasado, murieron once personas debido, según activistas de aquí, al hambre. El mes pasado una organización sin fines de lucro llamada Responde lanzó una campaña nacional para mejorar la entrega de alimentos a regiones rurales donde ha descendido la población.
De acuerdo a esa organización, unos ochocientos pueblos chicos en Argentina corren simplemente el riesgo de desaparecer.
"Los hijos que viven en regiones remotas son desnutridos, lo mismo que sus padres, y lo que está pasando ahora es una tragedia humanitaria", dijo Rolando Núñez, director del Centro Nelson Mandela, una organización de derechos humanos en Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. "Y se está haciendo peor".

Pocas Razones para Quedarse
El tren acondicionado para servir como clínica móvil llegó a este pueblo a eso de las seis de la mañana un día de semana hace poco. Tres pediatras, dos dentistas, una enfermera, una asistente social y técnicos de laboratorio esperan en los vagones a que se acerquen los vecinos. Las calles estaban tranquilas esa mañana, excepto por los ocasionales ladridos y un anillo de metal colgando en una cuerda y golpeándose contra un asta de bandera.
Chorotis es uno de esas pequeñas ciudades que perdieron su razón de ser económica en 1993, cuando Argentina vendió sus ferrocarriles y los trenes de pasajeros dejaron de servir en gran parte del país. Los trenes proporcionaban trabajos para los vecinos y vínculos vitales con otras partes del país.
Los que se quedan son gente como Daniel Hofstatter, 38, unos de los varios administradores del pueblo. Oyó hablar de la llegada del tren y fue uno de los primeros en cruzar las pedregosas vías del tren y miar en el último vagón del tren, unas seis horas después de que llegara.
Su esposa, Lilian, llevaba a su hijo de un año, Diego, que había estado con diarrea durante varios días. Hofstatter le dijo a los doctores a bordo que le gustaría que lo examinaran y quizás le hicieran un análisis de sangre para saber si tiene parásitos.
"Aquí no hay pediatras", explicó mientras esperaba junto a las vías los resultados del análisis de sangre, que detectaron la presencia de un parásito en el niño. "Este es la única manera. De otro modo, habríamos tenido que ir a Charata", a más de ochenta kilómetros.
La ausencia de esos servicios significa que los que no tiene lazos familiares aquí sólo tienen dos motivos para quedarse, dijo.
"Se ha ido un montón de gente, especialmente jóvenes", dijo Hofstatter. "Ven la tele y ven cómo es la vida en las ciudades y se quieren marchar todos".
Entre los dos últimos censos, en 1990 y 2001, noventa ciudades se cayeron del mapa en la Argentina rural, de acuerdo a Responde, que se dedica a ayudar a los pueblos en proceso de desaparición. Marcela Benítez, ex investigadora geográfica que fundó la organización en 1999 después de alarmarse de lo que estaba viendo durante viajes de estudio, ha identificado 602 pueblos con tendencias demográficas descendientes que los ponen en riesgo de extinción, y calcula que otros 200 están en un peligro similar.
El hecho de que las pequeñas ciudades surgen y decaigan de acuerdo a oportunidades económicas temporales no es nada nuevo -pensemos en los pueblos fantasmas del Oeste americano, por ejemplo. Pero un montón de pequeñas ciudades basadas en el ferrocarril en Estados Unidos encontraron otras fuentes de vida después de que los trenes dejaran de ser motores económicos importantes, dijo. Eso, sin embargo, todavía no ha ocurrido aquí.
Benítez dice que esas transformaciones son posibles en Argentina con un mínimo de inversiones, y rechaza la idea de que la emigración a ciudades pequeñas y medianas tenga que ser una parte necesaria del desarrollo económico del país. Las partes de mayor crecimiento de las grandes ciudades en la región son sus barrios bajos, dijo, que considera como prueba de la importancia de convertir las comunidades rurales de los países en desarrollo.
"La gente me ha preguntado: ‘¿Queréis que la gente se quede en esos lugares? Si se marchan, encontrarán oportunidades'", dijo Benítez. "Eso puede haber sido verdad hace unos años en Estados Unidos y en Europa, pero no lo es ahora ni aquí".
Incluso así, quedarse en las áreas rurales se está convirtiendo en una opción cada vez más difícil para muchos. Los problemas de salud, especialmente los relacionados con la desnutrición, son tan urgentes en algunas áreas que dijo que ha visto vaciadas la energía y voluntad de comunidades enteras, lo que sólo intensifica los problemas para generaciones sucesivas.
La agricultura es todavía una parte importante de la economía, pero su significación ha cambiado. Los grandes cultivos comerciales de habas de soja modificadas genéticamente han remplazado a las granjas más pequeñas de algodón, tabaco y alimentos. Estas pequeñas granjas empleaban a una persona cada ocho hectáreas, mientras que las granjas de habas de soja emplean a una persona por cada doscientas hectáreas, de acuerdo a un informe del Banco Mundial sobre la pobreza rural en Argentina.
Algranti y otros han sugerido que los habitantes rurales deberían aprender a usar las habas de soja y productos relacionados para complementar sus dietas, pero eso no ha ocurrido en la mayoría de las comunidades. Algunos nutricionistas han advertido que en los lugares donde sí ha ocurrido, las habas de soja han demostrado ser un magro substituto de la carne y productos lácteos, y han agravado los problemas de desnutrición.
Mientras las aisladas comunidades tratan de responder a los cambios, los profesionales de la salud en el tren hospital han observado que necesidades de salud fundamentales reducen la importancia otorgada a otros servicios.
"Yo dirá que cerca del treinta por ciento de los niños van a la escuela por la educación, y setenta por ciento van sólo por el alimento", dijo Algranti.

Acusaciones de Abandono
El tema del extremo aislamiento rural llegó a las primeras planas durante el colapso financiero de Argentina en 2001, pero ha persistido incluso después de un remonte económico que hizo crecer a la economía en un siete por ciento al año en los últimos cuatro. Esos factores contradictorios -la prosperidad general y las privaciones particulares- provocaron la marcha a Buenos Aires de este año.
Entretanto, las once muertes en el Chaco -junto con imágenes de diarios y televisión de los demacrados cuerpos de las víctimas- han alimentado crecientes preocupaciones por el hambre y el abandono en el campo. La mayoría de los muertos pertenecían a la tribu india toba, que viven en pequeñas comunidades en la parte norte de la provincia.
El mes pasado, diarios y canales de televisión en el país mostraron imágenes de Rosa Molina, una mujer de 56 que viajó a Resistencia a pedir ayuda en una iglesia de la localidad después de que una clínica de salud local se negara a admitirla. Según la prensa, pesaba 23.5 kilos, y su cuerpo severamente demacrado se convirtió en un símbolo de lo que el diario de Buenos Aires, La Nación, llamó una "situación crítica" de desnutrición en varias provincias rurales.
Funcionarios de la salud locales se han defendido de las acusaciones de abandono. Dicen que han hecho importantes avances en extensión médica, que han invertido en nuevas ambulancias, sistemas de comunicación y trabajadores de la salud para servir a sus comunidades. Ricardo Mayol, ministro de Salud del Chaco, dijo que ninguna de las once muertes se debía a la desnutrición exclusivamente, sino más bien por una combinación de males, incluyendo la tuberculosis y el mal de Chagas, una enfermedad transmitida por un insecto que es común en la región.
"Nadie puede negar que estos son casos de desnutrición, que se puede constatar simplemente mirando las pruebas fotográficas, pero no son casos de desnutrición en primer lugar", dijo Mayol. "No se trata de personas que no recibieron ninguna ayuda de la comunidad, del estado o de la familia. Sufrían de enfermedades crónicas que, en algunos casos, dejan a la gente desnutrida en sus últimos días".
Alejandro O'Donnell, director del Centro de Estudios sobre la Desnutrición Infantil, reconoció la presencia de otros factores en una columna que escribió en La Nación, pero dijo que los casos ilustraban las imperfecciones de los servicios disponibles en el campo del país.
"Todos estos casos pudieron prevenirse si el sistema básico de salud los hubiese detectado a tiempo", escribió O'Donnell. "Es decir, los casos revelan ineficiencias de los agentes de salud y los centros de salud".
Núñez, del Centro Mandela, visitó hace poco a seis mujeres que dijo estaban hospitalizadas por desnutrición en el Chaco. Tres murieron semanas después.
"Nada de lo que haga el gobierno para aliviar la vida en las comunidades rurales -ambulancias, doctores, cualquier cosa- tendrá éxito si no tienen un plan para tratar seriamente el problema de la desnutrición y hambre en esas áreas", dijo. "Los problemas se ven en todas partes. Primero se derrumbó el sistema socioeconómico, luego siguió el sistema de salud. Y ahora estamos empezando a ver las consecuencias".

25 de septiembre de 2007
14 de septiembre de 2007
©washington post
©traducción mQh

la raptó cuando era niña

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[Carlos Rodríguez] Ahora es madre de sus dos hijos. La Gendarmería encontró ayer a la chica que había sido raptada hace cinco años por un amigo de sus padres..

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San Rafael, Argentina. Una joven que hoy tiene 18 años y que había sido raptada en 2002, en la ciudad mendocina de San Rafael, fue encontrada ayer en el partido bonaerense de Moreno, donde convivía con el autor del secuestro, un hombre de 43 con el que la chica tiene dos hijos, uno de dos y otro de cuatro años. Sandra Amestay, la mamá de la joven, le dijo a la prensa que si bien hay "muchas preguntas sin respuestas" sobre la actual relación de su hija con el hombre que la raptó cuando ella tenía 13 años, su única intención es "darle un fuerte abrazo" porque siente "una emoción inmensa" por haberla encontrado. A nivel judicial, la situación planteada es compleja. Daniel Suárez, el hombre con el que vivía la joven, fue detenido por la Gendarmería y está acusado por los delitos de "estupro y privación ilegítima de la libertad".
En abril de este año, la víctima del rapto se había comunicado con su familia para decirle que "estaba bien" y que no la buscaran más. Pensaba en un reencuentro cuando ella tuviera 21 años, es decir cuando fuera mayor de edad. Era claro que quería evitar la detención de quien hoy es su pareja.
"Es un caso de difícil resolución porque la Justicia llegó tarde. Ahora se corre el riesgo de desarmar un nucleo familiar que, a lo mejor –esto habrá que determinarlo– estaba consolidado y era armónico. Por otro lado, no se puede dejar de lado el hecho de que una menor de 13 años fue raptada por un adulto y que hubo estupro. A los 13 años no se puede dar el consentimiento para una relación de ese tipo y es muy difícil que se hayan casado. El adulto tiene que responder por lo que hizo y habrá que tener en cuenta lo que opina la chica que hoy tiene 18. Todo es muy complejo". La opinión, a grandes rasgos, fue compartida por una abogada y por una jueza de menores que no interviene en la causa.
Los padres de la chica, Lucio del Colle y Sandra Amestay, llegaron a San Rafael en el año 2002, procedentes de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Daniel Suárez, el hombre que fue detenido ayer, era muy amigo de la familia. Habían vivido juntos en Ciudad Evita y se trasladaron a Mendoza para un emprendimiento laboral, en calidad de socios. Suárez raptó a la chica de su casa en un poblado rural llamado Cuadro Nacional, a 11 kilómetros del centro de San Rafael.
El conflicto había comenzado un tiempo antes del rapto, cuando los padres de la chica sorprendieron a Suárez cuando la tenía abrazada. Al día siguiente, la joven partió rumbo al colegio, pero ya no regresó a su casa. Los padres hicieron la denuncia policial y judicial. Una fuente de Missing Children confirmó que "no hubo novedades hasta el mes de abril de este año, cuando la chica se comunicó con sus padres para pedirles que no la buscaran más, que ella estaba bien". Además, les prometió que iba a reanudar la relación con ellos "cuando cumpliera los 21 años; estaba claro que ella no quería comprometer al hombre con el que estaba conviviendo".
La joven también mantuvo una conversación similar, en el mismo mes de abril de 2007, con miembros de Missing Children, que la estaban buscando en forma paralela a la investigación del Juzgado Penal Número Tres de Mendoza y del juez de menores Juan Fanjul. La chica llamó por teléfono a Missing Children luego de ver su foto en un envase de cartón de leche, como parte de las campañas que hace la institución para ayudar a dar con el paradero de niños y adolescentes desaparecidos.
Como resultado de la investigación judicial, la chica secuestrada fue hallada en una casa ubicada en Fray Cayetano Rodríguez al 100, en La Reja, partido de Moreno. El hallazgo y la detención de Daniel Suárez estuvo a cargo de personal de la Gendarmería Nacional. Intervino la Unidad Especial de Inteligencia Criminal de Campo de Mayo. Suárez llegará hoy a Mendoza, donde lo reclama la Justicia, mientras que la chica y sus dos hijos, quedaron bajo custodia judicial hasta que lleguen los padres, que anoche estaban viajando a Buenos Aires, por vía terrestre.
Sandra Amestay, madre de la joven, dijo ayer que sentía "una alegría inmensa" por la aparición de su hija y que su intención era la de "verla, hablar con ella y darle un gran abrazo". Admitió que la situación "es muy difícil" porque hay "muchas preguntas por hacer que todavía están sin respuestas, pero en este momento lo importante para nosotros es verla y hablar con ella. Necesitamos una larga conversación y cuando estemos más tranquilos hablaremos con todos", dijo Amestay. El padre de la joven, Lucio del Colle, confirmó anoche a Página/12 que se encontraban en la ruta, viajando hacia Buenos Aires. "Todavía es prematuro hablar sobre qué puede pasar, hay que esperar", dijo Del Colle y pidió tiempo.
Juan Fanjul, titular del Juzgado de Familia Número 1 de San Rafael, informó ayer que "se presumía que la chica se había ido con esta persona, pero desaparecieron del mundo hasta hoy, que la joven apareció con su vida cambiada". Fuentes judiciales y de Gendarmería señalaron que el paradero de la joven pudo establecerse mediante el seguimiento de las llamadas que hizo a su familia y a Missing Children.
Desde hace alrededor de un mes se sabía el lugar donde se encontraría la pareja, pero se hizo un seguimiento más largo para lograr "una confirmación y certeza absoluta sobre la identificación del secuestrador", explicaron a este diario fuentes de la fuerza de seguridad. En la casa, además de los dos hijos de la joven secuestrada, vivían otros tres de un matrimonio anterior de Suárez. Cerca de la medianoche, el detenido fue trasladado a San Rafael, con custodia de la Gendarmería Nacional.

22 de septiembre de 2007
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tras ser violada, podrá abortar

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[Mariana Carbajal] El máximo tribunal de Entre Ríos falló a favor del derecho al aborto no punible. "El Poder Judicial debe aplicar la ley".

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La Corte sostuvo que no es necesaria una autorización judicial para un aborto no penado por el Código. Así, abrió la puerta para que pueda interrumpir el embarazo una chica con discapacidad que fue violada. El fallo limitó la patria potestad del padre de la joven que se había opuesto al aborto. Velada crítica a sectores católicos.
El Superior Tribunal de Entre Ríos se pronunció ayer a favor de los derechos de MFC y allanó el camino para que a la joven de Paraná, que tiene una discapacidad profunda y fue violada, se le haga el aborto no punible que reclama hace más de un mes su madre. La Sala 2 dejó firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil –que había levantado la prohibición para la práctica médica–, al rechazar en forma unánime el recurso presentado por el padre biológico, quien planteó su oposición a la intervención. La Corte provincial no sólo descalificó la legitimidad del hombre para opinar, dado que se "olvidó de su hija durante más de 15 años", sino que además objetó su sorpresiva aparición en la causa judicial para obstaculizar la interrupción del embarazo "ante la presión de ‘factores exógenos'", en clara alusión a los intereses de su abogado, un conocido militante católico de Paraná. Con extensa fundamentación, el Superior Tribunal ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, que define los abortos no punibles, y destacó que no se requiere autorización judicial para realizarlos. Y que en el caso de MFC, sólo su madre, que es la representante legal, tiene atribuciones para decidir. En síntesis: cuestionó la judicialización del acto médico.
El drama de MFC todavía no terminó. Falta aún la realización del aborto. "Esta semana, el Comité de Bioética del Hospital Materno Infantil de Paraná se pronunció a favor de la realización de la intervención, pero quedaron en reunirse nuevamente mañana (por hoy) una vez conocido el fallo del Superior Tribunal", contó ayer a Página/12 Marta Aguilar, de la organización Mujeres Tramando, una ONG de Paraná que viene acompañando junto a la delegación local del Inadi a la familia de MFC desde que el caso llegó a la Justicia, hace ya más de un mes. En diálogo con este diario, el ministro de Salud provincial, Gustavo Bordet, aseguró que garantizará la concreción del aborto no punible "previo dictamen médico sobre la factibilidad de la intervención sin poner en riesgo la vida de la adolescente". Según pudo saber este diario, Bordet ha tenido contacto con autoridades sanitarias de la Nación por este tema. Se buscará realizar la práctica en estricto secreto para evitar presiones y amenazas de sectores fundamentalistas sobre el cuerpo médico, como ocurrió en casos similares en el último año en un hospital público de la ciudad de Mendoza y en otro de La Plata.
"Yo sigo adelante con mi decisión mientras ella no corra peligro", dijo ayer a este diario Marta Gauna, la madre de MFC, en diálogo telefónico desde su casa en el humilde barrio Humito, de las afueras de Paraná. La Corte provincial ratificó ayer su "indiscutible legitimidad" para decidir en relación con el aborto no punible de su hija. MFC es la cuarta de sus diez hijos. Los cuatro mayores los tuvo con Colman, quien en los últimos 16 años no tuvo ningún contacto con ellos. Ni se ocupó de pasarles una cuota alimentaria ni se preocupó por su educación. MFC ni siquiera lo reconoce. Estos hechos fueron enumerados por el defensor oficial de Gauna, Pablo Barbirotto, para descalificar los intentos del padre biológico de bloquear la intervención médica. Concretamente, Barbirotto argumentó que Colman había perdido el ejercicio de la patria potestad de MFC, y la Corte provincial le dio la razón. Es destacable la actuación en el caso de este joven defensor oficial. Vale recordar que Barbirotto asumió la representación de Gauna con menos de diez días de antigüedad en el cargo, al que accedió como suplente.
El fallo del Superior Tribunal fue firmado ayer por los integrantes de la Sala 2 en lo Civil y Comercial, Juan Carlos Ardoy, Emilio Castrillón y Leonor Pañeda. Al rechazar de plano el recurso del padre biológico, los vocales de la Corte entrerriana dejaron firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que había revocado la prohibición para practicarle el aborto no punible a MFC dispuesta por la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón, a pedido de una defensora oficial en representación del feto. Después vendría otro obstáculo más: la sorpresiva oposición del padre biológico.
En toda esta maraña judicial se perdieron cinco semanas, en un caso en el que el paso del tiempo es un factor fundamental y puede convertirse en el principal obstáculo para el acceso al derecho que tiene MFC para interrumpir ese embarazo, producto de una relación forzada. Hoy, la jovencita, cuya edad mental es la de una nena de 5 años y tiene dificultades para controlar esfínteres, lleva 18 semanas y media de gestación.
Ardoy, uno de los vocales del Superior Tribunal, no pasó ese aspecto por alto y cuestionó en duros términos la actitud del padre biológico, que representado legalmente por el abogado Mario Martínez, un activo militante católico –tal como reveló Página/12– "esperó hasta el octavo día para deducir el recurso que aquí trato, cuando es evidente que con esta demora se desprotegía a la menor violada (...) dada la continuidad obligada del período de gestación". Ardoy también fustigó la actitud de Colman de presentarse en la causa, para oponerse a un aborto no punible, cuando se trata de "un progenitor que olvidó de su hija discapacitada – profundamente discapacitada– durante más de 15 años y que, ante la presión de ‘factores exógenos', que son prácticamente de conocimiento público, aparece ofreciendo la afiliación de la menor –y eventualmente– del futuro nieto, a su obra social, como si ese hecho alcanzara para proteger a un niño en su asistencia diaria".
A lo largo del fallo de 21 páginas, al que accedió este diario, la Corte entrerriana ratificó que "no es necesaria autorización alguna" para la concreción de un aborto no punible, contemplado en los supuestos definidos en el artículo 86 del Código Penal, esto es, cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o "el embarazo es producto de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente". Además, tomando en cuenta los argumentos ya vertidos en el fallo de segunda instancia, defendió extensamente la constitucionalidad de esa norma. Esta es la tercera Corte provincial que se pronuncia en el mismo sentido en ambos puntos en el último año: antes lo hicieron los máximos tribunales de Buenos Aires y Mendoza.
Entre tantos términos jurídicos, el vocal Castrillón se ocupó de recordar la tragedia de MFC, una menor "sometida brutalmente por un extraño aprovechando una madurez de una niña de tres a cinco años, cuyo principal juguete es una bolsa de ladrillos Rasti".

21 de septiembre de 2007
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tienen que volver al calabozo

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[Mariana Carbajal] Los condenados por el asesinato del fotógrafo José Luis cabezas volverían a prisión.

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Buenos Aires, Argentina. La Suprema Corte bonaerense revocó la sentencia del Tribunal de Casación, que había rebajado las penas. El ex jefe de custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, podría perder el beneficio de prisión domiciliaria. Los horneros y policías que salieron en libertad volverían a la cárcel. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación.
Con un fallo de más de 300 páginas, la Suprema Corte Bonaerense abrió ayer la puerta para que los culpables de la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas vuelvan a prisión. La Corte provincial revocó la sentencia del Tribunal de Casación que les había rebajado las penas –en una polémica resolución– y confirmó la calificación legal y las condenas aplicadas por la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Dolores. A pesar de que puede ser recurrida ante la Corte nacional, fuentes judiciales señalaron a Página/12 que a la luz de esta sentencia puede producirse un "cambio brusco en la situación procesal" de Gregorio Ríos, quien actualmente se encuentra en su casa bajo un régimen de prisión morigerada. El ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán podría perder ese beneficio debido a que en función de esta nueva resolución "crece la expectativa de pena para él y se puede prever que hay un mayor riesgo de fuga que determine que regrese a la cárcel". También permite que se pida que vuelvan tras las rejas los horneros José Luis Auge, Gustavo González y Horacio Braga, ahora nuevamente condenados a prisión perpetua, y los ex policías Sergio Cammaratta y Aníbal Luna, otra vez con reclusión perpetua: con estas condenas recién podrán pedir el beneficio de la libertad condicional al cumplir 20 años de prisión efectiva. Y ni siquiera el cómputo de la llamada ley del 2 x 1 los salvaría esta vez del calabozo.
El expediente del caso Cabezas estaba en la Corte provincial hace más de tres años. La sentencia es de suma importancia porque deja sin efecto el fallo del 13 de noviembre de 2003 de la Sala 1ª del Tribunal de Casación bonaerense, que había rebajado considerablemente las condenas, y confirma la decisión que en su momento había tomado la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Dolores en relación a los culpables del asesinato de Cabezas.
Al fotógrafo lo mataron en la noche del 25 de enero de 1997, en una cava de General Madariaga. El tribunal de Dolores concluyó que Cabezas fue llevado hasta allí después de ser secuestrado a la salida de una fiesta en Pinamar por el ex policía Gustavo Prellezo y los horneros. Lo llevaron esposado, lo hicieron arrodillar y le dispararon dos balazos en la nuca. Luego lo quemaron junto al automóvil. Según lo que surgió de las audiencias orales en la ciudad de Dolores, el ‘capataz' del asesinato fue el ex policía Prellezo, quien reclutó a los horneros, los llevó hasta la costa, los alojó en un departamento que alquiló a Camaratta, otro policía bonaerense, y le pidió a Luna, también efectivo provincial, que les marcara a los horneros quién era Cabezas, ya que los platenses nunca lo habían visto. En el juicio se llegó a la conclusión de que la idea de "hacerse cargo de Cabezas" le fue sugerida a Prellezo por Ríos, entonces jefe de la custodia de Yabrán.
El juicio duró cincuenta días y terminó en febrero de 2000 con ocho de los acusados condenados: los horneros Auge, González y Braga a prisión perpetua, mientras que Prellezo, Cammaratta y Luna, a reclusión perpetua, una pena más grave por considerarse un agravante que fueran policías. Ríos fue condenado a prisión perpetua por "ser el instigador" del homicidio de Cabezas.
La sentencia del Tribunal de Casación Penal revocada ayer había reformado el modo en que se habían tenido por acreditadas las circunstancias que rodearon la muerte del fotógrafo, así como la calificación legal de los hechos y las penas impuestas a los imputados en el proceso. Aquel polémico fallo fue firmado por los jueces de la Sala 1ª, Horacio Piombo, Benjamín Sal Llargués y Carlos Natiello, quienes cambiaron la calificación de "sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio simple con dolo eventual" y la convirtieron en "privación ilegal con violencia en concurso real con homicidio". En consecuencia, rebajaron considerablemente las penas: a Ríos a 27 años, a los "horneros" González y Braga, a 20 años y a Auge a 18 años. También habían beneficiado a Cammaratta, Luna y Prellezo con significativos acortamientos de sus condenas.
Por mayoría de sus integrantes, la Corte provincial aceptó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal de Casación Penal y de esa forma "se volvió al fallo de la Cámara de Dolores", resumió a Página/12 anoche una fuente del alto tribunal.
Además, la Corte bonaerense, entre otros planteos, desestimó en el acuerdo de ayer los cuestionamientos que las defensas de los imputados habían realizado respecto del modo en que había sido formulada la acusación, a la valoración de los hechos y su calificación legal. Y resolvió que no se habían producido agravios de naturaleza constitucional a los acusados. La posición minoritaria fue sustentada en el voto de Negri, quien propició la anulación de las actuaciones.
De esta forma, las condenas para los acusados por el crimen perpetrado contra Cabezas vuelven a ser las que oportunamente aplicó la Cámara de Apelaciones de Dolores.
¿Cómo cambia este fallo la situación actual de los condenados?
Salvo Prellezo, que está en prisión porque su defensor no llegó a apelar el fallo de la Cámara de Dolores, y el cuarto hornero, Héctor Retana, que murió en prisión, los demás acusados fueron recuperando la libertad y hoy están fuera de la cárcel, gracias a las rebajas de Casación y tras la aplicación de la ley 23.390, conocida como 2 x 1, que computa doble cada día de detención sin sentencia firme. Apenas pasaron en prisión nueve años. A partir del fallo de la Corte provincial, Ríos podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria que tiene desde octubre de 2006. "La expectativa de pena crece en función de esta resolución y entonces se puede prever que existe un mayor riesgo de fuga para determinar que vuelva a la cárcel, aunque el fallo sea recurrido ante la Corte Nacional", explicó una fuente judicial a este diario. Tanto Ríos como los horneros y los ex policías acusados recién podrán pedir el beneficio de la libertad condicional al cumplir veinte años de condena. Es así para los casos de reclusión y prisión perpetua. En las demás penas se puede pedir ese beneficio al cumplir los dos tercios de la condena: la reducción de penas de Casación fue la llave para que recuperaran la libertad, accediendo a ese beneficio con menos de una década encerrados. Estos aspectos deberán ser resueltos por la Cámara de Dolores.
"Es presumible que el caso no termine acá y que vaya a la Corte Federal", estimó la fuente. ¿Cómo puede seguir entonces? Una alternativa es que el flamante fallo sea recurrido y la Suprema Corte bonaerense conceda el recurso extraordinario. En ese caso, los efectos de la sentencia quedan suspendidos. Sin embargo, la misma fuente –conocedora del expediente–consideró que "en principio lo que habría que juzgar no daría lugar a una cuestión federal que es lo que habitualmente habilita el recurso ante la Corte Nacional". De todas formas, no descartó que los defensores de los imputados encuentren algún motivo para llegar al máximo tribunal del país. Otra opción es que no se conceda el recurso extraordinario, ante lo cual se puede ir directamente en queja a la Corte. En ese caso no se suspenderían los efectos del fallo bonaerense.

21 de septiembre de 2007
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