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cómo proteger a los testigos

mqh - 04 de julio de 2007 - 17:15 - argentina

[Adriana Meyer] Cortocircuitos a un día del juicio a von Wernich. La superposición de programas de protección de testigos genera inconvenientes. El presidente del tribunal que juzgará a Von Wernich alertó de un caso. Apartaron a un funcionario.

A pocas horas del inicio del juicio contra el ex capellán Christian von Wernich, sobrevuela como un fantasma la desaparición del testigo Jorge Julio López y sus consecuencias. Y a pesar de la existencia de programas de protección de testigos en todas las jurisdicciones, aún se producen superposiciones que dejan al desamparo a sobrevivientes que están a punto dar su testimonio contra quien fuera el confesor del genocida Ramón Camps. Como el programa nacional creado para coordinar a los otros programas existentes –Verdad y Justicia– aún no está en marcha, los funcionarios deslindan la responsabilidad entre sí. De hecho, el director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia fue relevado tras una denuncia que le hizo el presidente del tribunal que juzgará a Von Wernich, Carlos Rozanski, que lo acusó de desproteger a una testigo.
Un ejemplo de este 'agujero negro' ocurrió hace dos semanas, cuando una testigo del caso Von Wernich cuestionó la manera irregular que tenía de custodiarla el policía que le habían asignado: a veces estaba en su lugar de vigilancia, otras no; en ocasiones dormía adentro del auto que le asignaron o llevaba visitas al vehículo. Intervino el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata para solicitar que la mujer y su familia sean incorporadas al programa nacional que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Ungar, "a fin de garantizarle la seguridad que el Estado se comprometió a brindarle". Según la denuncia realizada por el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, a la que tuvo acceso este diario, Ungar respondió que, dada la creación del programa Verdad y Justicia, él carecía de "competencia para intervenir en el caso". Y agregó que "como se trata de inconvenientes en la prestación de la custodia asignada los reclamos deben canalizarse a través del Ministerio del Interior".
El juez Rozanski recordó que la ola de atentados e intimidaciones ocurrida antes y después de la desaparición de López "permitió identificar a un grupo de la población en grave riesgo para su vida o integridad física" conformado por testigos, víctimas, defensores de los derechos humanos, abogados y funcionarios judiciales. También subrayó que el programa existente, pensado para la protección de testigos en casos vinculados al narcotráfico, había sido extendido a los protagonistas de los procesos por violaciones a los derechos humanos mediante una resolución ministerial. Y en un párrafo destacó que esa resolución "tendrá vigencia hasta tanto se instrumente la creación de un programa u organismo en el que se coordinen las actividades que en la materia presten los distintos ministerios nacionales involucrados".
En este sentido, el magistrado enfatizó que "el cese de competencia del señor Ungar y de intervención ante el reclamo de seguridad de la señora y su familia, sólo se puede producir a partir del efectivo funcionamiento del nuevo programa creado y nunca antes". Consultado por Página/12, Ungar manifestó que "no se dejó desamparado a nadie", y que a los tres días del reclamo la testigo fue incorporada al programa que dirige.
De todos modos, en el Ministerio de Justicia que conduce Alberto Iribarne decidieron que Ungar pasara a revistar como número dos del programa, y pusieron al frente al conocido penalista y actual director de Política Criminal Mariano Ciaffardini. "Está claro que hasta que Sain tenga su estructura los organismos que están deben seguir recepcionando todo lo vinculado con los casos de derechos humanos", dijo a este diario una alta fuente del ministerio. Sin embargo, la fuente destacó que el programa de Saín actuará como "coordinación" de los demás planes. El punto es que el programa Verdad y Justicia fue lanzado hace un mes y medio, pero Sain aún no sólo no tiene oficina, sino tampoco dotación de personal ni presupuesto asignado.
Tanto es así, que fuentes allegadas al coordinador de Verdad y Justicia aseguraban ayer que estaría más cerca de renunciar que de su confirmación en el cargo, en caso de persistir esta situación.
Antes de pedir que la actuación de Ungar sea investigada por la Justicia, el juez Rozanski sintetizó que "una ciudadana, querellante en un juicio donde se investigan graves violaciones a los derechos humanos y que está próximo a realizarse, carece de protección integral que el Estado le debe y se comprometió a brindar porque un funcionario designado específicamente para incluirla en un programa plenamente vigente ha decidido no intervenir".
Más allá de que la Justicia encuentre reproche en la actitud de Ungar, y de que el ministerio haya reaccionado, la mejora en la protección policial de la testigo ha sido satisfecha, incluso con el agregado de custodia ambulatoria para ella y su familia. Sin embargo, la mujer que pronto se sentará ante el tribunal que juzgará a Von Wernich sigue sintiendo miedo.
Mientras tanto, el TOF 1 aceptó los programas de asistencia ofrecidos por la ONG Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh) y el Centro de Atención de los Derechos de la Víctima de la provincia de Buenos Aires, que brindarán contención emocional y psicológica no sólo a testigos y querellantes, tal como establecen las Naciones Unidas para evitar la "revictimización", sino también a los funcionarios judiciales "se trata de procesos en los cuales el personal y los funcionarios del Tribunal se ven sometidos a un alto grado de stress producido por la complejidad implicada en la organización de los debates, así como por el dramatismo de la propia temática que los origina". Todo esto a la luz de la experiencia anterior que pasó ese mismo Tribunal, que juzgó el represor Miguel Etchecolatz y que tiene a uno de sus testigos aún desaparecido.

4 de julio de 2007
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un comisario en la cárcel

mqh - 02 de julio de 2007 - 20:44 - argentina

[Adriana Meyer] La vida de Fanchiotti en la cárcel evangelista.

El ex comisario condenado por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán está en una prisión de seguridad atenuada y autodisciplina. Estudia y hace ejercicio.
Anda cabizbajo, casi encorvado, por los pasillos de la Unidad 25 de Olmos y su figura parece aún más pequeña de lo que es. El ex comisario Alfredo Fanchiotti, uno de los policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, es parte de la población carcelaria de esa prisión de seguridad atenuada y autodisciplina, la primera íntegramente evangelista de Argentina. Los 212 internos gozan de derechos que, en comparación con la situación de los tumberos de otros penales, aparecen como privilegios: visitas frecuentes sin requisa violenta, y seguridad para su propia integridad física. A cambio deben cumplir una estricta e intensa rutina de ejercicios religiosos, salvo Fanchiotti, que no participa de las actividades colectivas. Uno de sus actuales compañeros lo reconoció como "el cana" que lo "molió a palos varias veces en la comisaría de Avellaneda". Sólo el espíritu evangélico que se respira allí lo salvó de una venganza, algo que no pudo evitar durante su encierro en la cárcel de Magdalena.

El Represor
Fanchiotti integra un grupito de presos que cursan estudios universitarios. Además, mata el tiempo haciendo ejercicio: corre por el patio vestido con ropa deportiva. El sitio donde cumple su condena podría definirse como VIP, no por lujoso sino por cómodo. No hay celdas sino habitaciones y el ex comisario comparte una de ellas sólo con un preso. Toma mate y mira los juegos de pelota-paleta que se arman en una cancha de cemento. No participa de ninguno de los rituales religiosos de la cárcel, que son obligatorios para todos los demás.
En su paso por la cárcel de Magdalena se habría querido hacer el ‘poronga', y otros policías presos allí le recordaron a cachetazos que ya no es comisario. Otra versión recogida por Página/12 relata que los presos lo reconocieron y le dieron una paliza. En cualquier caso, le sirvió para obtener el traslado. En la U25 también lo reconocieron. "Este tipo me cagó a palos mil veces en mi vida, y en la cárcel común ya lo hubiéramos liquidado, pero ya me curé de mi revanchismo", le contó un interno a otro. Tras la masacre, un decreto del ministro León Arslanian lo dejó sin destino en las filas policiales. Recién dentro de 20 años estará en condiciones de pedir su libertad.

El Profesor
El traslado le dio a Fanchiotti el ámbito propicio para estudiar Derecho. Pero el docente que le iba a tomar su primer examen se negó a hacerlo.
Esteban Rodríguez Alzueta acudió puntual al Centro Universitario que funciona en la cárcel de Olmos. Miró la lista de alumnos inscriptos para ser evaluados y cuando llegó a la letra F no lo pudo creer. El ex policía estaba esperándolo en la oficina de guardia, conversando con los empleados del servicio. Cuando llegó el profesor, le tendió la mano pero Rodríguez Alzueta se quedó paralizado, y al instante siguió de largo. Unos minutos después decidió llamar a la coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y le explicó que no podía tomarle examen a Fanchiotti por ser integrante de una ONG (el Centro de Investigación y Acción Jurídica), que había intervenido en el juicio por la masacre del Puente. La coordinadora le respondió que comprendía la situación y agregó que la Universidad pondría otro profesor. "No le voy a tomar examen, no corresponde y estoy comprendido en las generalidades de la ley...", explicó el profesor. Fanchiotti se iba transformando a medida que escuchaba cómo se desvanecían sus expectativas. Era su primera materia y se había puesto traje para la ocasión. "¡Usted no tiene moral! ¡¿Cómo puede ser profesor?!", le gritó el ex policía cuando reaccionó, y le agregó varias puteadas. El docente se fue de la cárcel con imágenes del pasado: la creación del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, donde conoció a Darío Santillán.

La Cárcel
A las seis de la mañana los presos se arrodillan, gritan "aleluya" y dan gracias a Dios por un nuevo día. La escena se repite varias veces al día. En Cristo, la única esperanza, tal el nombre de la Unidad 25 de Olmos, hay condenados por delitos ‘pesados', que en el resto del penal llaman "los hermanitos". El alcohol y las drogas están ausentes, tanto como la televisión y la radio. Las reglas son diferentes y el sistema de castas no se define por el delito cometido, sino por el fervor religioso y el cumplimiento de las tareas que imponen los pastores. Una organización piramidal de siervos mantiene a los evangelistas informados de cualquier violación a las normas. Y si esto ocurre el destino no es una celda de castigo sino la expulsión de la unidad.
Los beneficios no tienen que ver tanto con el acceso a telefonía celular, televisión o Internet sino con un régimen de visitas flexibles, que en algunos casos no son requisadas, apenas un vistazo al bolso o cartera. Saben que algo ilegal, como drogas, significaría el traslado inmediato del novio o familiar detenido. La tumba de los hermanitos es una cárcel donde los presos estudian teología bíblica, limpian y cocinan, donde se fabrican guantes, se producen hortalizas y funciona una escuela primaria. En medio de ellos, pasa Fanchiotti y saluda entre tímido y miedoso.

2 de julio de 2007
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crímenes de la triple a

mqh - 02 de julio de 2007 - 18:24 - argentina

[Irina Hauser] La Cámara Federal dirá que los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad.

El fallo saldría antes de la próxima feria judicial. Avalará el criterio del juez Oyarbide de considerar imprescriptibles los delitos de la banda de ultraderecha. Y permitirá que se amplíe la investigación judicial.
En diciembre del año pasado, una investigación periodística española descubrió que en un pueblito apacible de Valencia vivía con total tranquilidad Rodolfo Eduardo Almirón. Había llegado a ese país custodiando a José López Rega en su huida, en 1975. Había sido, de hecho, jefe de la Triple A. Cuando fue desenmascarado, emergió desde el olvido una causa judicial archivada a fines de los '80. Pero, sobre todo, se abrió una oportunidad histórica: la de esclarecer todos los crímenes cometidos por aquella organización terrorista. La Sala I de la Cámara Federal está muy cerca de dar un paso decisivo para derribar ese cerco de impunidad que aún subsiste. Para eso prepara un fallo que establecería que los crímenes cometidos por aquella banda de ultraderecha durante el gobierno de Isabel Perón no prescriben, por ser delitos de lesa humanidad.
El tribunal, según pudo saber Página/12, tomaría esa decisión en las próximas semanas. Será –si no hay escollos sorpresivos– antes de la feria judicial, que empieza el 23 de julio. Lo que tiene que resolver puntualmente es un planteo de Juan Ramón Morales, otro de los líderes de la banda de López Rega, que fue encontrado casi un mes después que Almirón, cuando tomaba aire en el balcón de su departamento en Carranza y Charcas, en Palermo. Morales, que ahora cumple arresto domiciliario, sostiene que los homicidios de los que está acusado prescribieron.
El fallo que prepara la Cámara Federal llevaría las firmas de los camaristas Eduardo Freiler y también de Eduardo Farah, que ocupa transitoriamente un lugar en la Sala I. Gabriel Cavallo está excusado, ya que como juez de primera instancia intervino en una causa asociada, sobre la banda del fallecido agente de inteligencia Aníbal Gordon.
Todo indica que los camaristas avalarán los conceptos centrales de una resolución que el año pasado firmó el juez Norberto Oyarbide poco después de reabrir la causa sobre el grupo paraestatal, a raíz de la aparición de Almirón. Oyarbide sostuvo que los ataques, secuestros y asesinatos ocurridos durante el gobierno de la viuda de Perón son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, por haber sido cometidos desde el aparato del Estado "bajo su amparo y garantía de impunidad". Representaron, dijo, "la antesala del plan sistemático" que luego desarrolló la última dictadura militar. Bajo estos conceptos también pidió la detención y extradición de la ex presidenta.
El expediente judicial sobre los crímenes de la Triple A surgió en 1975, pero estaba olvidado. El fiscal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en 2005, pero no tuvo respuesta. Sólo la publicación del diario El Mundo, de Madrid, hizo aflorar ese pasado. Más aún: en ese momento, Oyarbide se dio cuenta de que desde 1984 había un pedido de captura pendiente, jamás ejecutado, contra los ex policías Almirón y su ex suegro Morales, guardaespaldas de Isabel y López Rega.
Ahora los legajos amarillentos desbordan el despacho de Freiler. La Cámara busca sumar elementos que ilustren cómo operó la estructura terrorista desde el Ministerio de Bienestar Social, que encabezaba El Brujo López Rega. Para esto, los camaristas también están haciendo una investigación propia.
La decisión en puerta tendrá efectos ‘prácticos' de gran importancia:

- Despejará el camino para que avance el enjuiciamiento de los personajes que a partir de diciembre último fueron imputados por el juez Oyarbide por los delitos de asociación ilícita y homicidio: Almirón e Isabel Perón, que enfrentan el juicio de extradición en España, él preso, ella en libertad; también el ex comisario Morales y un tercer ex policía, Miguel Angel Rovira, ambos con arresto domiciliario.
Todavía no fue hallado, pese a que desde mediados de enero tiene orden de captura internacional, Felipe Romeo, que dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A, una de cuyas sedes incluso se usó como pantalla de un depósito de armas y centro de operaciones. Este diario reveló a principio de año que Romeo vivía en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos. Por esos días, sospechan los investigadores judiciales, se habría ido del país.

- Permitirá que se amplíe la investigación a todos los crímenes de la Triple A, más allá de los seis que la integran desde su inicio: los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del abogado de presos políticos Alfredo Curutchet, del ex jefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, del académico Silvio Frondizi, del periodista Pedro Barraza y de su amigo Carlos Laham. Por estos casos fue extraditado en 1986 López Rega. Fue preso, pero murió antes de recibir condena, y en ese punto quedó estancado el expediente.
Desde que fue desarchivado se presentaron infinidad de familiares de víctimas, damnificados, partidos políticos y organismos de derechos humanos que nunca antes habían encontrado el contexto ni la predisposición judicial para ser escuchados. Una decena de organizaciones ya fueron admitidas como querellantes, pero muchos otros piden ser parte a título individual. Taiano espera el fallo de la Cámara para firmar un dictamen que extendería la causa por lo menos a 600 crímenes más, de acuerdo a un listado de la agrupación Justicia Ya! (que nuclea a varios organismos de derechos humanos).
La meta de la fiscalía, de todos modos, iría más lejos: apuesta, según fuentes judiciales, a esclarecer cuántas víctimas se cobró la banda fascista de El Brujo, ya que hay quienes hablan de cientos y quienes hablan de unas 2000. También pretende identificar a todos los responsables. Un verdadero desafío histórico que llega después de treinta años.

2 de julio de 2007
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la violación como costumbre

mqh - 02 de julio de 2007 - 17:34 - argentina

[Mariana Carbajal] La dirigente wichí que acusa a la Corte salteña por discriminación.

Octorina Zamora denunció a la Corte provincial ante el Inadi por anular el procesamiento de un hombre wichí que violó a una menor bajo el argumento de que "es una costumbre de la comunidad".
"Es realmente una aberración pensar que el pueblo wichí acepta el abuso sexual de las niñas como una costumbre ancestral", dice con voz firme, cargada de indignación, Octorina Zamora, autoridad de una comunidad wichí y la única dirigente indígena que levantó la voz para denunciar a los jueces de la Corte de Salta, luego de que anularan el procesamiento de un hombre de la misma etnia imputado de violar y dejar embarazada a una nena, hija de su concubina, y ordenara que debía tenerse en cuenta para juzgarlo "la aceptación social que en esos grupos tiene que las mujeres mantengan relaciones desde temprana edad". Zamora estuvo por Buenos Aires y, antes de subirse a un micro rumbo a su tierra, expresó su temor de que la sentencia del alto tribunal sea un precedente para dejar impunes otras violaciones a chicas wichís. "Yo estoy defendiendo a los niños y a las niñas, que son la esperanza de mi pueblo y a la vez a mi cultura", aseguró en una entrevista con Página/12.
A Octorina no le gusta que la llamen cacique, aunque ésa es una traducción aproximada de su cargo de niyat en la comunidad wichí Honhat Le'les de la localidad salteña de Embarcación, ubicada a unos 265 kilómetros de la capital provincial, en la que viven 58 familias. Prefiere que le digan "autoridad de la comunidad". Es corpulenta, de cabellos bien oscuros y tez cobriza. Como dirigente wichí, en enero denunció a los miembros de la Corte salteña ante el Inadi. El organismo, que todavía no se expidió, está trabajando en el caso.
"Para mí fue muy vergonzoso que dirigentes indígenas defendieran a un violador", dice Octorina. Se refiere a los cortes de ruta que hubo en Tartagal y que protagonizaron integrantes de la comunidad wichí de esa localidad en la que viven la nena abusada y su familia, y a la que pertenece el imputado, pidiendo su libertad.

¿Es una costumbre ancestral que las mujeres puedan mantener relaciones sexuales consentidas a partir de su primera menstruación, como sostiene la defensa de José Fabián Ruiz?
En cualquier lugar del mundo, las mujeres desde la primera menstruación están en condiciones de tener vida sexual, pero son niñas y no quiere decir que se consienta su abuso sexual o violación. Yo me eduqué con otra concepción con respecto al sexo. A nosotros nos educan a través de la religión wichí, a través de mitos. Y hay uno en el que se prohíben terminantemente las relaciones incestuosas y prematuras. Esto es religioso. Lo otro es defender a un sinvergüenza. Yo lo sabía, pero para confirmarlo me acerqué a otras mujeres y hombres para preguntarles si era así, y me lo confirmaron. Lo que me contaron es que en la antigüedad, cuando pasaban casos así, al hombre se lo sacaba de la comunidad y si la mujer lo quería seguir, lo podía seguir, pero no podía volver nunca más. Generalmente la familia de la nena terminaba matando al violador y si el hecho había ocurrido con el consentimiento de la madre de la niña, también la mataban a ella por entregar a su hija. Curiosamente salieron todos a defender a Ruiz, pero nadie hablaba de la niña.

La chica, que hoy tiene entre 11 y 13 –su edad no se sabe con precisión– tiene un bebé de unos ocho meses.
Después del polémico fallo de la Corte, Ruiz volvió a ser procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado. Y está preso. Pero la dirigente wichí teme que finalmente el mismo alto tribunal lo deje en libertad. Por eso no se calla.

¿Hay otros casos de violaciones de niñas en comunidades wichí?
Sí. Y tampoco son castigados. Conozco chicas que fueron abusadas y cuyos violadores entraron a la comisaría por una puerta y salieron por la otra. Los defienden los mismos dirigentes aborígenes que defienden a Ruiz. Eso a mí me preocupa mucho, por eso levanto mi voz en nombre de las mujeres indígenas. Yo sé que hay hermanos indígenas que están confundidos y han empezado a juntar firmas para desautorizar lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy defendiendo a los niños y las niñas, que son la esperanza de nuestro pueblo. Si nosotros aceptamos que el abuso sexual es una pauta cultural, como dice la Corte, estamos aceptando que somos seres bárbaros y pervertidos. Y no es así. Mi pueblo es gente humilde, que ha sobrevivido a masacres, usurpaciones e invasiones y que en 13 mil años de existencia conservamos en el siglo XXI valores que nos hacen humanos. Es realmente una aberración pensar que mi pueblo acepta la violación o el abuso de menores. Las mujeres wichí venimos del cielo, somos celestiales. En nuestra religión, el hombre es terrenal; alguna vez fue animal y para convertirse en humano tuvo que unirse con las mujeres. Ese es el valor que tiene la mujer dentro de la concepción wichí. De ninguna manera va a permitir el abuso sexual.

¿Por qué cree que defienden a Ruiz con ese argumento?
Creo que con esos argumentos quieren favorecer a otros que están encarcelados por violación. Por ejemplo, recuerdo el caso del empresario Simón Hoyos, preso por violar a una nena de 9 años: él tiene cara de indígena, podría decir que es wichí y que abusó de ella por una costumbre ancestral. ¿Y qué le va a decir la Corte? La ley de protección a la niñez va más allá de cualquier derecho consuetudinario. Suponga que en algún pueblo del mundo matan chicos para ofrendar... porque es una costumbre ancestral. ¿Se va a permitir? Parece que la Justicia se iluminó y dijo: "Ahora les vamos a valorar la pauta cultural". Mi comunidad necesita 2 mil hectáreas para que podamos desarrollarnos y dejar de andar mendigando tierras. Entonces, hace cuatro semanas recuperamos un territorio en Embarcación, estuvimos 12 días ocupándolo y nos mandaron 450 policías para desalojarnos. Ahí ningún juez pensó en nuestra pauta cultural.

2 de julio de 2007
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jubilan a capellanes de la dictadura

mqh - 01 de julio de 2007 - 18:58 - argentina

[Nora Veiras] Un discreto pase a retiro para los amigos de Baseotto. Trabajo conjunto de defensa, cancilleria y derechos humanos.

En silencio, se dio de baja a los capellanes militares que actuaron durante la dictadura. Los retirados ‘por edad' incluyen a Zanchetta, que reconfortaba a los navales luego de los vuelos de la muerte, a Mecchia, creador de doctrina, y a Mafezzini, capellán mayor de la Armada.
"Se unió lo útil con lo agradable y, sobre todo, con discreción." Bajo esa premisa y con la irrefutable documentación de archivos, funcionarios de Cancillería, Defensa y Derechos Humanos lograron que los capellanes militares que habían cumplido tareas durante la última dictadura fueran desplazados. La longevidad fue la excusa formal para que Alberto Zanchetta, uno de los curas que "reconfortaban" a los oficiales de la Armada tras los vuelos de la muerte, tuviera que jubilarse. La misma suerte corrió Luis Mecchia, quien desde 1961 participó en el Ejército en la implantación de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria y bajo la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla prestó servicio en Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros de torturas y exterminio. Angel Mafezzini, capellán mayor de la Armada e integrante del primer grupo que desembarcó en Malvinas, también fue sumado a la unidad de retirados. La continuidad de los sacerdotes vinculados al terrorismo de Estado pone en evidencia que la Iglesia sigue siendo la corporación más refractaria a revisar sus conductas. Con un prontuario todavía más aberrante, esta semana empieza el primer juicio a un sacerdote por delitos de lesa humanidad: Christian Von Wernich. Moldeado por los mismos preceptos, de la mano de Ramón Camps, le había tocado recalar como asistente espiritual de la Policía Bonaerense.
La relación del obispado castrense con el gobierno de Néstor Kirchner se tensó a principios del 2005 cuando Antonio Baseotto apeló a una parábola bíblica para sugerir que habría que tirar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por su discurso pro despenalización del aborto. El presidente desconoció desde entonces la autoridad del obispo castrense como tal y le quitó por decreto el rango de subsecretario de Estado y su consiguiente asignación mensual de 5000 pesos. La inédita embestida no pudo sin embargo con la férrea resistencia eclesiástica y la letra del acuerdo con el Vaticano: el obispo sólo puede ser separado del cargo por el Papa. Baseotto pasó a segundo plano y mantuvo su trinchera en la catedral Stella Maris, la sede del obispado castrense en territorio de la Armada. Recién cuando cumplió 75 años presentó la renuncia ante Benedicto XVI, la cual le fue aceptada el pasado 15 de mayo. Quizá su mayor fracaso haya sido no haber logrado el objetivo de persuadir a los ministros de la todavía Corte Suprema del menemismo de ratificar la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El presbítero Pedro Candia, quien se desempeñó como vicario general bajo el mandato de Baseotto, quedó a cargo del obispado hasta tanto Roma eleve al gobierno nacional la terna para designar al nuevo obispo. Candia fue oficial del Ejército y tras el levantamiento carapintada pidió la baja para enrolarse como seminarista. Esta vocación la realizó y logró unir ambos amores: religión y milicia. Pragmático, el hombre se avino al planteo de la ministra de Defensa Nilda Garré para poner orden administrativo y dejar fuera del púlpito a los capellanes cuyos antecedentes figuraban en el Archivo Nacional de la Memoria y reaparecían en las causas del terrorismo de Estado.
El objetivo de la Iglesia es mantener la institución: el obispado castrense, una rémora que muy pocos países tienen. En rigor, es la diócesis más grande del país, con sede en cada una de las provincias y más de ochenta capellanes dedicados al adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas. Al estallar el affaire Baseotto, quien se sumó a las plegarias por la "libertad de los presos políticos", entendiendo como tales a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, se analizó en el Gobierno la posibilidad de denunciar el concordato con el Vaticano. En ese momento, la senadora oficialista Adriana Bortolozzi presentó un proyecto para eliminar la vicaría castrense. La iniciativa duerme en la Cámara alta. "Hasta octubre no va a pasar nada", repetía ante Página/12 un funcionario que confirmó el desplazamiento de los capellanes pero se incomodó porque "lo hicimos con discreción para no generar más ruido".

Largo Camino
El presbítero Alberto Zanchetta es quizás el personaje más paradigmático de ese sólido vínculo entre religión y milicia que signó gran parte de la historia argentina. Zanchetta fue denunciado por el entonces capitán de la Armada Adolfo Scilingo como uno de los sacerdotes que en 1977 estaban encargados de asistir espiritualmente a los oficiales de la ESMA, integrantes de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y tiraban vivos al mar a los prisioneros de ese campo clandestino. La eficiencia en esa labor lo tuvo siempre en el corazón del arma que comandaba con mano de hierro Eduardo Emilio Massera. A partir de la recuperación democrática supo mantener su trinchera: se desempeñó como jefe del Servicio Religioso del Comando de Operaciones Navales de la Base de Puerto Belgrano y ocupó hasta diciembre del 2004 el cargo de canciller y secretario general del obispado castrense.
El papel del capellán formó parte de la queja de un grupo de querellantes de la causa ESMA, encabezados por el abogado Rodolfo Yanzón, pidiendo la recusación de varios miembros de la Cámara de Casación por la dilación en la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos. En la presentación, se recuerda que la Cámara de Casación tiene un convenio con la Armada para que los empleados del fuero federal puedan utilizar los servicios del comedor y gimnasio del edificio Libertad. El fiscal Carlos Rívolo usufructuaba esas instalaciones hasta que en noviembre de 2002 no lo dejaron entrar al lugar. Le dijeron que había un problema con su tarjeta magnética, pero a nadie le pasó inadvertido que pocos días antes había impulsado la acción penal por delitos cometidos dentro de la ESMA y había solicitado la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La misma Cámara había organizado una misa en la catedral Stella Maris para escuchar las homilías de Baseotto y Zanchetta.
Conocedora de los subterfugios para evitar exposiciones públicas que hicieran insostenible la continuidad de sus ‘pastores', la Iglesia decidió sacar a Zanchetta de la estructura jerárquica del obispado castrense. En diciembre del 2004, Baseotto lo envió a asistir espiritualmente a las fuerzas especiales de paz que mandó la Argentina a Haití. Después de tan loables servicios le llegó el turno de pasar a retiro.
El capellán del Ejército Luis Mecchia consiguió, con el aval de la jerarquía eclesiástica, mantenerse en funciones hasta que las normas le pusieron un límite solo fundado en la biología. Documentos del Archivo Nacional de la Memoria dan cuenta de que se desempeñó al frente de los 33 capellanes que prestaron servicios en el Comando de Institutos de Campo de Mayo, donde funcionó la Zona de Seguridad 4 y uno de los mayores centros de exterminio del país. Desde 1967 fue capellán del Comando de Institutos. Su jefe era el general Santiago Omar Riveros, procesado por su participación en el Plan Cóndor y en el de apropiación de bebés. El cura justificó el golpe de 1976, cuando sólo "una pequeña fracción" castrense "defendía aquello que se llamaba el Estado constitucional".
En la Escuela de Inteligencia, Mecchia predicaba la inminencia de una guerra civil. "Muchos me creyeron", se jactó. "Lo discutimos en el nivel superior. Varias veces me llamaron para saber en base a qué elementos sostenía esa tesis. Los altos mandos coincidieron con el diagnóstico. Les costaba quebrar la estabilidad institucional, hasta que alguien les hizo entender que una cosa es la legalidad y otra la justicia." Como era preciso "salvar al país y al sentido argentino de la existencia" se adoptaron "métodos expeditivos", para "frenar a los extremistas y a la guerrilla internacional". Las operaciones fueron clandestinas. "Digamos así, con la discreción de quien sabe interpretar lo que digo: si alguien es sorprendido armado, más le vale olvidar su nombre. Cuando nos encontramos ante un hombre armado, la regla es disparar primero. Gana la guerra quien comete menos errores." Al describir al oponente, Mecchia dice que son aquellos que "tienen ideologías marxistas, organizan huelgas, arrojan volantes, siembran clavos en las calles o lanzan bombas de humo". El tratamiento que se les da difiere según las zonas. "En el interior los rebeldes capturados son enviados a institutos de reeducación. Es mejor no preguntar dónde. En la zona metropolitana, se hace lo posible para no capturarlos." Mecchia reivindicó también lo que llamó "propaganda gris", destinada a destruir "no a ellos sino a sus familias" y dijo que había organizado un "programa de reeducación filosófica, cristiana, social de esa gente". Su conclusión era que "antes de pronunciarse sobre los famosos derechos humanos hay que conocer muchas cosas".
El caso de Miguel Regueiro, quien cumplió 31 años de servicio, es menos conocido pero no por ello menos llamativo. En marzo de este año, el ex capellán del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y actual párroco de un barrio de la ciudad de Córdoba declaró en los Tribunales Federales de San Nicolás por su presunta vinculación con la desaparición de personas. La detención del sacerdote se produjo por orden del juez Carlos Villafuerte Ruzo. El sacerdote, de 73 años, está involucrado en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas cuando se desempeñaba como capellán en distintas unidades militares, entre ellas la del batallón del Ejército que funcionaba en San Nicolás.
El abogado Claudio Orosz precisó que se trata de la causa "Alvira María Cristina y otras víctimas de desaparición forzada", en la que se investigan hechos ocurridos entre mayo y junio de 1977 cuando un grupo de jóvenes de entre 16 y 25 años, de militancia católica en el colegio Don Bosco, fueron secuestrados y desaparecidos. Regueiro se ordenó sacerdote en 1972, fue destinado al obispado castrense y en 1977, al entonces batallón del Ejército en San Nicolás, hasta que en 1980 fue enviado al Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba. Según fuentes vinculadas a organismos de derechos humanos nicoleños, durante la dictadura Regueiro revistaba en sectores de la Iglesia enfrentados con el obispo de San Nicolás Ponce de León, cuya muerte es investigada por el fiscal Juan Murray.
A la luz de los antecedentes, el cumplimiento de las normas burocráticas, es decir haber llegado al límite de los 75 años, es la única regla que conmueve los principios de la Iglesia.

1 de julio de 2007
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despenalizar las drogas

mqh - 29 de junio de 2007 - 20:20 - argentina

"Mientras esté prohibida, no se reducirá la droga". Dos expertos canadienses explicaron por qué el prohibicionismo hace fracasar el combate al narcotráfico. Fue ante funcionarios, jueces y académicos que debatieron cambios a la ley de drogas.

Fue a puertas cerradas y con compromiso de confidencialidad. En el viejo hotel Castelar, medio centenar de funcionarios, jueces, fiscales, académicos, diputados y senadores se reunieron ayer en un "segundo encuentro de diálogo sobre políticas de drogas". Convocado por un grupo de legisladores y jueces –encabezados por el diputado y ex ministro de Salud santafesino Juan Sylvestre Begnis y el juez Martín Vázquez Acuña–, los expositores debatieron sobre posibles modificaciones a la ley de drogas, la ya polémica 23.737, con miras a la despenalización de la tenencia para el consumo. El evento comenzó con un plato fuerte, la disertación del experto canadiense Eugene Oscapela –invitado por la Embajada de Canadá en Buenos Aires–, un criminólogo que argumentó a favor de la despenalización y contra el sistema de prohibición global. "El uso de la ley penal no solo es ineficaz, sino que causa un daño principalmente con el fortalecimiento de las organizaciones criminales", le dijo a Página/12 Oscapela, en una impasse durante la larga jornada en la que los representantes de la Justicia argentina se mostraron mayoritariamente a favor de esa postura.
De hecho, tras la conferencia de Oscapela, quien viajó junto al senador por Otawa, Pierre Claude Nolin, los asistentes escucharon la disertación del titular de Sedronar, José Ramón Granero. Fue la primera ocasión para el debate y la crítica. Granero despuntó el vicio de las estadísticas y las encuestas sobre consumo. Aseguró que el 25 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años consumen marihuana, según contaron a este diario algunos de los asistentes al encuentro. "Se le planteó abiertamente que sus estadísticas son importantes, pero no deben repercutir sobre el derecho penal, sino que deben servir para buscar soluciones en el campo de la salud", contó un funcionario nacional.
Reacios a dar información sobre lo ocurrido en el encuentro, los organizadores prefirieron alejar al cronista de los hechos. El derrotero de las discusiones, sin embargo, quedó claro en el off the record para media docena de asistentes. "Tanto el senador Nolin como el experto se mostraron en contra de la política de la represión de la tenencia para el consumo. En Canadá, contaron, entre el 47 y el 50 por ciento de la población probó marihuana y el hecho de que alguien dé una pitada a un porro no lo convierte en un adicto, ni en un delincuente, ni en un sujeto peligroso", contó una fuente que pasó el día entero en el evento, con brindis final en la sede de la embajada canadiense.
Sin embargo, los convocantes aceptaron una corta entrevista con los invitados especiales. Así, el senador por Otawa, Pierre Claude Nolin, un hombre alto y grueso, de impecables tiradores sobre una camisa clara, señaló ante Página/12 la estrategia global por la legalización del mercado de drogas. "Estamos cuestionando la eficacia de usar el poder penal del Estado para regular los fenómenos sociales. El fenómeno social no es el tráfico, sino el uso de drogas ilegales o legales. El Estado debe intervenir sobre el problema de salud independientemente del penal. Es más difícil encarar una política así, pero mucho más efectivo", dijo. Nolin, vehemente, es uno de los máximos líderes mundiales que se opone al sistema de prohibición total. En su país presidió la comisión parlamentaria que aconsejó a los legisladores legalizar la marihuana y regular su venta para terminar con el mercado ilegal del cannabis.

Aquí el ministro del Interior ha dicho que por perseguir consumidores no se ha combatido a las grandes bandas. ¿Cree que es una lectura lógica? –le preguntó Página/12 a Eugene Oscapela.
No, hay que separar los dos aspectos. Estados Unidos logra secuestrar el diez por ciento de lo que entra al país. El incentivo económico que es el resultado de la prohibición es simplemente demasiado poderoso para que sea derrotado por ninguna ley. La ley de la economía es más poderosa que la ley penal. En tanto se prohíban las drogas no habrá ningún gobierno democrático que tenga esperanza razonable de reducir la oferta de drogas. Y aunque se reduzca, la ley de la economía volverá a ganar. Al frenar al tráfico con lo penal se puede generar escasez de un producto: ante eso el mercado eleva el valor para no perder.

Usted plantea lo opuesto al Informe Mundial de Drogas de la ONU divulgado anteayer –le dijo este diario al senador Nolin.
Hace diez años, esa misma organización emitió una declaración diciendo que con el combate prohibicionista la producción o venta sería eliminada en todo el mundo para el 2008. En estos diez años la producción de heroína llegó al máximo. La de cocaína bajó en Colombia, pero aumentó en Bolivia y Perú. Ellos son optimistas porque están más preocupados por proteger su trabajo. Suena cínico, pero el hecho es que el método que respaldan, la prohibición total, es un fracaso absoluto.

Fueron varios los discursos que descollaron en la reunión del Castelar. Más cerca de la posición canadiense que de lo esbozado por Granero se mostraron la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo; el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín; los jueces Luis Niño y Abel Cornejo –del juzgado federal de Salta–, la camarista federal Lucila Larrandart; las defensoras oficiales Patricia Bassi y Matilde Bruera, la fiscal Mónica Cuñarro y los organizadores. Tanto Vázquez Acuña como el diputado Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud, ya estuvieron en Canadá en una reunión con magistrados de Norte y Latinoamérica que buscan un camino alternativo a la prohibición global. "Queremos constituir una comisión que ejerza su influencia para desafiar el sistema actual –explicó el senador Nolin–. La prohibición genera el mercado negro. La ilegalidad se transforma en la fuente principal de ingreso para muchas organizaciones criminales, por eso sería mejor una alternativa a la salida penal."

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un padre obligó a su hijo a matarlo

mqh - 28 de junio de 2007 - 19:30 - argentina

[Juan Carlos Tizziani] Es un policía santafesino. El chico, de 9 años, contó que el hombre le dijo: "O me matás vos a mí, o te mato yo a vos".

Santa Fe, Argentina. Un suboficial de 33 años que había sido separado hace muy pocos días del grupo de elite de la policía santafesina –las Tropas de Operaciones Especiales– y trasladado a la Unidad Regional I, en la capital de la provincia, apareció muerto en el dormitorio de su casa, con un balazo en el pecho. A un costado del cuerpo estaba su pistola reglamentaria, humeante. Y a pocos metros, la esposa y su hijo de 9 años en estado de shock. Con esta tragedia familiar se encontró el juez de Instrucción de Santa Fe José Manuel García Porta, que después se convirtió en el primer destinatario de un relato que lo conmovió: el hijo del policía le confesó, aún desbordado por el terror y el llanto, que su padre lo había presionado para que lo matara. "O me matás vos a mí, o te mato yo a vos", fue la orden que recibió el pequeño. Y él la cumplió: empuñó el arma y disparó.
Más tarde, una prueba de dermotest reveló rastros de pólvora en la mano del chico. "Si bien el chiquito me dijo en el lugar del hecho que él mató a su padre porque éste se lo exigió, como es menor, un inimputable absoluto, vamos a esperar los estudios psicológicos para ver la veracidad (del relato) porque a veces el comportamiento de los menores no es igual al de los adultos", dijo García Porta. Ahora, el chico es asistido por psicólogos del Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños Orlando Alassia.
El drama se desencadenó el martes alrededor de las 13, en una modesta casa del barrio Los Hornos, en el cordón oeste de Santa Fe, donde el suboficial Miguel Angel Echagüe vivía con su esposa y su hijo. Fue ella la que escuchó el disparo en el dormitorio, abrió la puerta y encontró a su marido, recostado en la cama matrimonial, con el pecho ensangrentado. La mujer llamó inmediatamente a la policía.
El pedido de auxilio movilizó no sólo a socorristas del servicio de emergencia y a investigadores. Uno de los primeros en llegar a la casa del barrio Los Hornos fue el propio jefe de la Unidad Regional I, comisario Juan Faustino Ruiz, a quien acompañaba el juez García Porta. "Fuimos al mediodía con un grupo de mujeres y hombres policías. En un primer momento, pensamos que era un suicidio", dijo Ruiz por una emisora de Rosario. "Pero después vino el nene llorando, desesperado, a hablarme. Lloraba y se tomaba sus manitos. Y nos habló al juez García Porta y a mí. Nos dijo, en medio del llanto, que su padre le ordenó y lo presionó para que lo matara", agregó.
Ese mismo martes, pero a la tarde, el comisario Ruiz tenía una entrevista con el suboficial Echagüe para evaluar su traslado desde las Tropas de Operaciones Especiales a la Policía de Santa Fe.
La oficina de prensa de la Unidad Regional I calificó al drama como "un grave incidente en el cual se halla involucrado un menor de nueve años de edad, del grupo de familia del policía fallecido".
El juez García Porta coincidió con el relato del comisario Ruiz, pero aclaró que la veracidad de la historia será puesta a prueba en entrevistas que el chico tendrá con un equipo de psicólogos. Hoy, el pequeño es asistido por el Comité de Maltrato Infantil del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe. "Vimos al nene muy triste, compungido, hablaba poco, pero prima facie lo que nos dijo tiene asidero. Estaba muy shockeado y esto habla a las claras de un grave trauma familiar", señaló el magistrado, que admitió que en sus 30 años de carrera judicial éste es uno de los casos que más lo conmovieron: "Nunca me tocó un caso así".
"Se hizo la autopsia y se comprobó que este agente de las TOE murió en su casa por disparo de arma de fuego en el pecho. Respecto a la intervención de un tercero, en este caso un menor, hay que tomarlo con mucha cautela y prudencia", dijo García Porta por LT9. "Si bien el chiquito me dijo que él mató a su padre porque éste se lo exigió, como es menor vamos a esperar los estudios psicológicos para ver la veracidad del relato porque a veces el comportamiento de los menores no es igual al de los adultos. Y una vez finalizados todos los estudios veremos si realmente él esta involucrado o hay alguien más. Vamos a esperar los resultados", insistió el magistrado.
"Se trata de un niño de 9 años, un inimputable absoluto que está shockeado. Fue atendido por la psicóloga de la policía y ahora es asistido en el hospital de Niños Orlando Alassia, donde hay un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales. De manera que vamos a esperar los resultados de tres o cuatro entrevistas que le hagan los psicólogos y entonces yo podré emitir un dictamen", concluyó el juez.

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archivos sobre dictadura son del mundo

mqh - 21 de junio de 2007 - 07:18 - argentina

[Victoria Ginzberg] Los archivos sobre la ultima dictadura fueron reconocidos por la UNESCO. Todo está guardado en la memoria.

La Unesco incorporó al registro de Memoria del Mundo 29 archivos vinculados con la última dictadura argentina. Hay documentos de organismos de derechos humanos y del Estado nacional y provinciales. Implica un reconocimiento de su importancia y de la necesidad de preservarlos y difundirlos.
Los seguimientos de los militares a los militantes sociales y políticos. Los secuestros y desapariciones. La resistencia a la dictadura. Las denuncias en democracia: la historia del terrorismo de Estado en Argentina se pueden narrar a través de 29 archivos de organismos de derechos humanos y del Estado que ayer fueron declarados ‘Memoria del Mundo'. Este reconocimiento, otorgado por la Unesco, equivale a estatus de patrimonio de la humanidad.
El anuncio fue realizado ayer por la Secretaría de Derechos Humanos, que informó que el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, aprobó la inscripción del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos de la Argentina relativo al período 1976-1983 al registro de Memoria del Mundo. Para que el organismo internacional acepte incluir en esta categoría a un archivo se debe demostrar su autenticidad, importancia, singularidad e imposibilidad de ser reemplazado mundialmente.
"Es una distinción a la lucha de los organismos de derechos humanos y a la responsabilidad y compromiso del Estado por la defensa de la memoria. Por otra parte, implica valorar el patrimonio documental en un país en que eso no es lo más habitual. Ahora hay que hacer hincapié en facilitar el acceso y en la preservación de estos documentos", señaló a Página/12 Graciela Karababikian, coordinadora del área de patrimonio documental de Memoria Abierta, una organización de la que forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Servicio Paz y Justicia.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, coincidió en que la incorporación de este material al programa de la Unesco implica "el reconocimiento por las políticas de preservación de la memoria" y recordó que es la segunda vez que documentación argentina se suma a este registro internacional. En 1996 fue incluido allí el archivo del Virreinato del Río de la Plata del Archivo General de la Nación.
El programa Memoria del Mundo fue creado en 1992. "Se basa en el supuesto de que algunos elementos, colecciones o fondos de patrimonio documental forman parte del patrimonio mundial, a semejanza de los sitios de notable valor universal incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Se considera que su importancia trasciende los límites del tiempo y de las distintas culturas y que deben preservarse para las generaciones actuales y futuras y puestos de alguna forma a disposición de todos los pueblos del mundo", explicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Los registros que se presentaron ante el organismo internacional son de tres tipos:

- Los producidos por organismos de derechos humanos y los personales: Como los de la APDH, Serpaj, CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación Anahí o el de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Alaye. También hay documentos que no fueron elaborados por esas organizaciones pero que ellas consiguieron o tienen en custodia. Por ejemplo, Memoria Abierta posee el archivo con el que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo trabajó durante el Juicio a las Juntas. Entre estos documentos donados por el actual fiscal del Tribunal Penal Internacional hay informes de inteligencia de la policía y el Ejército, copias de legajos de juicios y sus sentencias y fotografías. "Boletín informativo para los obispos nro. 11/81", es uno de los miles de papeles con los que Moreno Ocampo preparó la acusación contra los ex comandantes. Se trata de recomendaciones de las fuerzas de seguridad a la Iglesia "para proporcionar elementos de juicio para las conversaciones que de los contactos ordenados en la DECJE nro 506/77 mantengan las autoridades militares con los señores obispos".

Los organismos de derechos humanos, a su vez, aportaron las denuncias que ellos mismos hicieron, comunicados de prensa y solicitadas con los que se puede rearmar la historia de la resistencia a la dictadura y la búsqueda de los desaparecidos. Además hay cartas, poemas y fotos de las víctimas así como dibujos de los nietos que fueron recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. "La información pública y las cartas que llegan diariamente a la Asamblea para su información –y que ponemos a vuestra disposición– hablan de personas desaparecidas, de sometidos a torturas, de saqueos que se efectúan en domicilios allanados por las fuerzas que se presentan como fuerzas de seguridad", dice, por ejemplo, un memorial de la APDH al dictador Jorge Rafael Videla el 7 de septiembre de 1978.

- Los elaborados por el aparato represivo del Estado y recuperados para su análisis histórico o como prueba judicial: el de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), los archivos del Servicio de Inteligencia de Chubut; los archivos de inteligencia, de la policía y del Servicio Penitenciario de Santa Fe, el del Departamento de Inteligencia de Mendoza y las fotos y documentos del Museo de la Memoria de Rosario.

Entre estos papeles, los 410 mil legajos de la ex Dipba dan cuenta de más de cuarenta años de persecuciones políticas. La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que custodia este archivo, analizó cómo la Policía Bonaerense fue catalogando a través de los años a sus perseguidos como "delincuentes sociales, políticos o subversivos".

- Los producidos por el Estado en democracia: el archivo de la Conadep, que contiene las denuncias de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que fueron la base para juzgar a los ex comandantes e investigar al resto de los represores. También se sumaron el archivo de la comisión bicameral investigadora de las violaciones de los derechos humanos de Tucumán y el fondo documental de pruebas que integran las denuncias hechas por la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho.

Los organismos de derechos humanos y el Estado hicieron la presentación conjunta ante la Unesco –anunciada por Página/12– a principios del año pasado con el objetivo de garantizar la preservación de estos documentos y la difusión de su contenido. En ese momento resaltaron que, si bien no existe un archivo que dé cuenta qué paso con cada uno de los desaparecidos, la información reunida en todos estos registros permite reconstruir los planes y metodología de la última dictadura, así como la resistencia y la búsqueda de verdad y justicia.

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