el regreso de una nieta
Carla Rutila Artes dejó España y se radicará en la Argentina. Apropiada por el parapolicial Eduardo Ruffo, quien la sometió a toda clase de vejámenes, Carla recuperó su identidad en 1985. Dos años más tarde, su abuela Matilde la llevó a España. El sábado regresó al país corrida por la crisis económica.
[Juan Carlos Martínez] Argentina. Carla Rutila Artés (35), aquella niña que en 1976 fue apropiada por el parapolicial Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la banda de Aníbal Gordon que actuaba en el centro de tortura y muerte que fue Automotores Orletti durante la dictadura militar, acaba de regresar a la Argentina.
Rodeada por sus tres hijos y todavía con las huellas del viaje que emprendieron en Madrid el viernes 6 de mayo, Carla sintetizó las razones que determinaron su decisión de abandonar España después de casi veinticinco años de residencia en aquel país, al que había llegado en julio de 1987 con su abuela, Matilde Artés.
"La situación económica en España es muy grave. Hay cinco millones de parados. Yo soy uno de ellos, tengo tres hijos y no me quedó otra opción que venir a la Argentina, donde me han prometido un trabajo", explicó Carla a poco de su arribo.
Carla llegó al país el sábado pasado junto con sus hijos, Graciela (16), Anahí (12) y Enrique (7), todos ellos nacidos en España. Había estado en la Argentina en agosto del año pasado, cuando vino para dar testimonio en la causa por la que acaban de ser condenados el nombrado Ruffo (25 años de cárcel), el general Eduardo Rodolfo Cabanillas (perpetua), Honorio Carlos Martínez Ruiz (25 años) y Raúl Antonio Guglielminetti (20 años).
Carla fue recuperada el 24 de agosto de 1985 en un operativo en el que se detuvo a Ruffo y a otros miembros de la banda en una quinta cerca de Pilar. La niña fue restituida en la madrugada del 25, exactamente nueve años después de su secuestro en Bolivia.
Dos años después, su abuela Matilde Artés escapó con ella a España por temor a que Carla, que entonces tenía diez años, pudiera caer nuevamente en poder de Ruffo, quien había quedado en libertad merced a las leyes de punto final y obediencia debida dictadas durante el gobierno de Alfonsín tras el levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1987.
"Yo soy chef, preparaba comidas y las llevaba a domicilios de personas mayores, pero no podía sostener los gastos de la casa. La situación familiar se agravó tanto que en los últimos tiempos tenía que ir a buscar comida a centros de ayuda social", reveló Carla.
"Hablé con Estela de Carlotto y le pedí que intercediera y de esa manera pude lograr que me enviaran los pasajes para viajar con mis tres hijos con la promesa de un trabajo", expresó Carla. Ella y sus hijos están momentáneamente alojados en un hotel a la espera de una solución concreta en materia laboral, lo que le permitirá comenzar una nueva etapa de su agitada vida.
"Yo agradezco a las Abuelas por su intervención y lo mismo a Enrique Borcel, presidente del Observatorio Hispano Argentino de Madrid, quien hace poco le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haciendo referencia a mi situación. No dudo de que la Presidenta intervino, cosa que debo agradecerle en nombre de mis hijos y del mío propio", dijo Carla.
La Odisea de Carla
Carla nació el 28 de junio de 1975 en Lima, Perú. No era su lugar de residencia, pero allí se produjo el parto porque sus padres eran militantes populares que recorrían la geografía latinoamericana luchando contra las dictaduras. De Perú pasó con su madre, Graciela Rutila, a Bolivia, donde su padre fue asesinado por la dictadura de Hugo Banzer y allí comenzó para ella una odisea interminable. Graciela, quien era estudiante, había apoyado una huelga de trabajadores mineros en Oruro. Fue el comienzo del fin para aquella joven. La detuvieron el 2 de abril de ese año, la torturaron y junto con su pequeña hija la trasladaron a la Argentina en el marco del Plan Cóndor. Ambas fueron confinadas en Automotores Orletti, donde la niña fue apropiada por el torturador Eduardo Alfredo Ruffo. Carla tenía un año y tres meses cuando la separaron de su madre, cosa que recordó durante su testimonio en agosto pasado frente al Tribunal Oral que juzgó los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese campo de concentración.
Mientras permaneció en Orletti, la niña fue sometida a vejámenes delante de su madre para que ésta proporcionara información que sus verdugos trataban de sacarle sometiendo a la criatura a lo que se conocía como el submarino: la sumergían en un recipiente de agua caliente para pasarla de inmediato a otro de agua fría.
El martirio para Carla continuó durante los nueve años que permaneció en el hogar de los Ruffo. La propia Carla, en su declaración de agosto, reveló que Ruffo no sólo la sometía a malos tratos, sino que abusaba sexualmente de ella desde los cinco años.
Los fantasmas del pasado siguieron rondando por su existencia. En 1987, una nueva odisea: la fuga de la Argentina porque la impunidad de asesinos y torturadores ponía nuevamente en riesgo su libertad.
En España comenzó una nueva vida. Fue madre a los veinte años. Tuvo otros dos hijos, a los que crió con la ayuda de su abuela por ausencia de apoyo paterno. Luchó a brazo partido para salir a flote. Pero la crisis económica de España la puso entre la espada y la pared.
En un viaje a Madrid, Néstor Kirchner le había dicho: "Carla, no podemos devolverte a tus padres, pero siempre te acompañaremos".
Por eso Carla está de vuelta en el país, ahora con tres hijos y con la esperanza de encontrar aquí el final de su larga e injusta odisea.
"Quiero darles la nacionalidad argentina y una educación basada en los valores de la libertad, la justicia y los derechos humanos, como querían mis padres, como me enseñó mi abuela", dijo Carla.
10 de mayo de 2011
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[Adrián Pérez] El cardenal Jorge Bergoglio se encuentra más cerca de rendir cuentas ante la Justicia por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores que se instauró durante la dictadura militar –y que comenzó a juzgarse a fines de febrero en Comodoro Py– después de que el Tribunal Oral Federal 6 hiciera lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Niklison y el abogado Alejo Ramos Padilla para que sea citado a declarar como testigo en relación al caso Barati-De la Cuadra. Así lo determinaron los jueces durante la audiencia de ayer, en el marco de la causa contra Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por el robo de bebés. El tribunal dispuso que se le envíe un oficio al cardenal para que exprese si desea declarar. Por un recurso del Código Procesal Penal, Bergoglio podría hacer uso del artículo 250 que establece un "tratamiento especial" para "altos dignatarios de la Iglesia". Según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, esa prerrogativa determina que los funcionarios podrán declarar "en su residencia oficial, donde el juez se trasladará, o por un informe escrito". No obstante, el artículo 250 también señala que los testigos pueden renunciar a ese tratamiento especial.
Argentina. El abogado Alan Iud cuenta que desde Abuelas de Plaza de Mayo están haciendo una investigación específica sobre el juzgado de Lomas de Zamora que estuvo a cargo de la fallecida jueza Delia Pons, ya que tienen pistas de que pudo haber dado la guarda de hijos de desaparecidos. Cuando las Abuelas visitaban los juzgados en busca de sus nietos secuestrados, la jueza Pons les decía, según cuenta el libro ‘Botín de guerra’: "Señoras, yo personalmente estoy segura de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. Sin ir más lejos, tengo en este momento en mis manos el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso (...) Ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé. Y tampoco me voy a pronunciar por la devolución de ninguno de sus pretendidamente nietos..."
Argentina. A fines de febrero comenzó en los Tribunales de Retiro el juicio oral por el plan sistemático de robo de niños. El Tribunal Federal Oral Nº 6 investiga en particular 35 expedientes, datos de niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. Los casos son sólo algunos de los más de 400 denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas de las víctimas recuperaron su identidad o, como dijo Victoria Montenegro –una de ellas–, "aparecieron". Otras, en cambio, permanecen desaparecidas, entre ellas sugestivamente los nietos de las tres primeras presidentas de las Abuelas de Plaza de Mayo: Alicia ‘Licha’ de la Cuadra, María Isabel ‘Chicha’ Chorobick de Mariani y Estela Carlotto. En el juicio, las querellas intentan probar no sólo los datos de cada caso sino la trama que construyó la sistematicidad. El papel de los jueces y la función de todo el sistema judicial en el blanqueo o legalización de esos robos son uno de los aspectos que se abordan. Aún aparecen en la etapa del caso por caso, pero ya empiezan a hablar de la sistematicidad.
[Irina Hauser] Argentina. La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado. Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones. El juez federal Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983 que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Quince mil o doce mil. Por esos números andaba el regateo entre los organizadores de la Marcha Mundial de la Marihuana y los periodistas. Nadie dudó de las cinco cifras: al menos 10.000 personas marcharon ayer desde Plaza de Mayo hasta el Congreso nacional al grito de "¡autocultivo!". El acceso legal a semillas de cannabis, el derecho a su cultivo y cosecha para uso personal, y el expendio legal para uso médico fueron las principales consignas. Hubo políticos y militantes de diversas fuerzas políticas que se sumaron al pedido de despenalización de la tenencia de drogas para uso personal y la tenencia simple, dos figuras "que violan el principio de inocencia y permiten apresar a usuarios y distraer la persecución de los narcos", como lo explicó el diputado nacional de Proyecto Sur Claudio Lozano.
Argentina. No obstante, la prioridad es la "urgente derogación" de leyes que castigan la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis para "terminar con la criminalización, discriminación y maltrato a los usuarios", afirmó a la prensa Matías Faray, que estuvo 15 días detenido por cultivar la planta.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La Cámara Federal de Rosario revocó el procesamiento del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Manuel Montti y dictó su "falta de mérito" por todos los delitos de lesa humanidad que pesaban sobre él, entre ellos los "apremios ilegales" al ex diputado justicialista Orlando Barquín, la omisión de denunciar tormentos que padecieron otros dos presos políticos, Roberto Cepeda y José Villarreal y negarle asistencia médica a Cepeda. En un fallo dividido, la Cámara exculpó a Montti por falta de pruebas, al considerar que Cepeda incurrió en "numerosas contradicciones", Villarreal dejó "dudas" en su relato y los dichos de Barquín "carece de credibilidad". Los tres se toparon con Montti en los centros clandestinos de la dictadura, entre ellos la comisaría 4ª, lo denunciaron durante 30 años y recién pudieron llevarlo a juicio cuando cayeron las leyes de impunidad y la causa avanzó a pesar de la excusación masiva de jueces y conjueces -hasta que quedó en manos del abogado Ricardo Lazzarini? y una supuesta "cosa juzgada" que protegía a Montti desde 1984, dictada por el ex juez federal Héctor Trippichio, quien lo benefició con el sobreseimiento sin siquiera indagarlo.