un amigo de lópez rega
El tribunal federal de Mar del Plata procesó con prisión preventiva al ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Raúl Rogelio Moleón, al imputarle delitos de lesa humanidad ocurridos en la ciudad balnearia durante la dictadura militar y en el fallo describió el accionar de la organización peronista vinculada a la Triple A.
Argentina. Moleón está acusado por los delitos de "asociación ilícita" y "homicidio calificado". Fue detenido a principios de febrero, luego de que el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por "facilitar las fugas" el juez federal Rodolfo Pradas, quien había ordenado siete detenciones de integrantes de la CNU y hasta aquel momento solo se habían producido dos.
El ex integrante de la CNU y vínculo con el Ministerio de Bienestar Social conducido por José López Rega está acusado por homicidio calificado de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, realizados el 21 de marzo de 1975.
En cuanto al delito de asociación ilícita, Moleón es investigado por formar parte de la CNU, acusada de actuar en amparo del terrorismo de Estado de la mano de la Triple A y después del golpe de 1976. "Se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad", indica la resolución acerca de la CNU.
Y agrega la participación en otros delitos como "robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y credenciales falsas, intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos".
La resolución también analiza al proceder de la organización ilegal y precisa que "existían grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en ciertos casos, también de la inteligencia previa".
Además, se agrega la participación de Gustavo Demarchi, también detenido a principio de febrero en Colombia, indicando que "estos cuadros operativos tenían una cobertura `legal´ en el marco de la Universidad Provincial de Mar del Plata, donde Demarchi era coordinador docente; en la Fiscalía Federal, que también ocupó Demarchi; fuerzas policiales y sindicatos".
Demarchi aún está en una cárcel colombiana, luego de permanecer prófugo por varios meses, a la espera de que finalice el trámite de extradición para su traslado a Mar del Plata, donde quedará a disposición del Tribunal Oral Federal.
Los otros detenidos son Mario Durquet, Patricio Fernández Rivero y Fernando Otero. Siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.
17 de marzo de 2011
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Argentina. En el marco de la causa Díaz Bessone, declaró durante la tarde de ayer Mirta Wurm, hermana de Hilda Juana Wurm. Hilda fue secuestrada a los 36 años en octubre de 1976 y permanece desaparecida. "Ella era profesora de filosofía y militaba en Montoneros. Una vez me comentó que trabajaba con Lescano en la educación de adultos así que cuando mataron a Lescano y a Rodríguez Araya ella dijo, "ahora me toca a mí", relato Mirta Wurm en referencia a Eduardo Luis Lescano quien fue docente y secretario del Ministerio de Educación de la Provincia, asesinado en septiembre de 1975, y a Felipe Rodríguez Araya abogado de presos políticos asesinado en la misma fecha.
[Sonia Tessa] Argentina. José Francisco Reydó fue secuestrado el 14 de octubre de 1976 en su casa, en Balcarce 712. Su ex esposa, Alicia, estaba ayer entre el público que fue a escuchar su testimonio en la causa Díaz Bessone. Entonces era su novia. Ella les abrió la puerta, pero los represores no la reconocieron. Se lo llevaron a él. Por ella le preguntaron esa madrugada, y durante los 32 días que duró la tortura. Los dos eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista, y él se enorgullece porque Alicia jamás cayó. Cuando Francisco lo cuenta, se le llenan los ojos de lágrimas, igual que cuando recuerda a Eduardo Lauss, una de las víctimas de la masacre de Los Surgentes. Francisco pudo ver a Lauss y a José "Ciruja" Oyarzabal en el Servicio de Informaciones, en el sector llamado La Favela. Los tres eran estudiantes de derecho. Lauss y Oyarzábal fueron sacados del SI para la masacre de la localidad cordobesa.
[Alejandra Dandan] Argentina. Durante los alegatos, las querellas ya habían dicho que una de las secuelas de la dictadura era obligarlas a montar no sólo la estructura de las pruebas, sino a desmontar cada una de las mentiras que se habían construido para aniquilarlas. Cuando se pronuncian los alegatos de las defensas en los juicios orales de estos días, suele parecer que todo ese mismo proceso sigue poderosamente en pie. En José León Suárez, ayer se escuchó el alegato de la defensa oficial de Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Martín "El Toro" Rodríguez. El abogado Juan Carlos Tripaldi intentó mostrarse deferente con las víctimas, pero una y otra vez hizo una marcha atrás en el tiempo para cuestionar la legitimidad del Estado como ámbito de recolección de pruebas en los procesos de verdad y justicia. Y como si no hubiese habido causa 13, con cierta ironía criticó el valor de los relatos aportados por los testigos: "Les propongo a cualquiera de ustedes –dijo– que intenten recordar dónde y cómo festejaron sus cumpleaños cuatro años atrás".
[Horacio Verbitsky] Argentina. El gobierno bonaerense separó de sus cargos a la cúpula del complejo penitenciario de José León Suárez, donde tres personas privadas de su libertad denunciaron, por separado y ante distintos funcionarios judiciales, que las autoridades de la U48 los sacaban a la calle para robar. Debido a la opaca política de comunicación oficial, se ignora qué ocurrirá con los sancionados ni si se instruye un sumario administrativo. El gobierno también clausuró el pabellón 12, donde estaban alojados los denunciantes, luego de que el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, constatara en persona condiciones alucinantes de superpoblación y violencia, que la Comisión Bonaerense por la Memoria denunció a la Justicia. Durante una visita conjunta con el CELS, la Comisión entrevistó a cincuenta reclusos, la mitad de los cuales tenían lesiones, que en diez casos "eran gravísimas y se vislumbraban marcas de palos, patadas, ojos morados y heridas". Estos hechos "fueron denunciados a sus juzgados de origen, pero dan cuenta de una práctica sistemática", de la que nadie se hace cargo. El Comité contra la Tortura que depende de la Comisión presentó 28 recursos de hábeas corpus, por 35 detenidos en el pabellón 12. Los profesionales que participaron en la visita afirman que "los detenidos mostraban un nivel de miedo que otras veces no percibimos, debido a las prácticas sistemáticas y aleatorias de castigo violento". Tres de ellos parecían en riesgo de perder un ojo por los golpes recibidos. En junio del año pasado, el Consejo de Defensores Generales calculó que, de acuerdo a los estándares internacionales que obligan a la Argentina, la U48 podía alojar un máximo de 240 detenidos. El SPB le asignaba el doble, 480 plazas, pero el jueves había alojados 554 seres humanos, es decir un 25 por ciento más que el ya mezquino cálculo oficial. La Comisión Provincial por la Memoria y el CELS comprobaron que en ninguna de las celdas con dos camastros había menos de tres detenidos, en varios casos había seis y en una había ocho. Estaban encerrados las 24 horas, sin acceso a duchas, aire libre ni agua, y se turnaban para dormir. Hacía días que no les entregaban los bidones de agua que ordenó la justicia, de modo que debían consumir el agua contaminada por el basural del Ceamse sobre el que se construyó la cárcel. Hay varios inodoros tapados, a punto de rebalsar de agua y materia fecal, lo cual obliga a los detenidos a orinar en botellas. "El olor era irrespirable, también perdían agua por lo cual el piso se encontraba constantemente mojado, lo cual sumado a las precarias instalaciones eléctricas constituían un grave peligro. A simple vista se podía apreciar al lugar infectado de cucarachas. Las ventanas tenían todos sus vidrios rotos", cuyos pedazos estaban esparcidos en el suelo. Durante la inspección del jueves, el SPB repartió dos colchones por celda. Los detenidos se turnaban para ocuparlos. El resto se tendía sobre el piso mojado de inmundicias. Varios detenidos dijeron que en los patios contiguos existía una "zona liberada desde donde eran agredidos y robados por otros detenidos en connivencia con personal del SPB", sostiene el recurso presentado por la Comisión por la Memoria en el juzgado de ejecución penal Nº 1. La mayoría de los arrumbados en ese pabellón de castigo no tenían ninguna sanción o ya la habían cumplido. Estaban allí porque los habían trasladado desde otras unidades, en aplicación del sistema de separación de condenados de procesados, del que las que el gobierno provincial se jacta. Mientras la delegación de las organizaciones entrevistaba a los detenidos, el personal penitenciario comenzó a pintar las paredes, en un vano intento por tapar lo inocultable. Cuenta una de las abogadas que participó de la visita: "Entramos y el pabellón era cremita con puertas grises. Salimos y la mitad ya era gris, con las puertas oscuras". En las celdas los visitantes vieron un teléfono celular y varias facas y recibieron confirmación por parte de varios detenidos, de que algunos de ellos eran obligados por las autoridades a salir del penal para robar. Este horror sucede a veinte minutos de dos departamentos judiciales, los de San Martín y San Isidro, poblados de jueces, fiscales y defensores. La abrumadora mayoría de ellos no se sienten interpelados por este rostro de la inseguridad. En diciembre, durante el acto de egreso de 300 nuevos penitenciarios, el gobernador Daniel Scioli los describió como "promotores de valores, del respeto a la ley, y el respeto a los Derechos Humanos en el marco del Estado de Derecho".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La justicia logró devolverle el nombre al cuarto desaparecido de los ocho encontrados en una tumba clandestina en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, cerca de Laguna Paiva. Se trata de Carlos Alberto Bosso, un militante del peronismo revolucionario que cayó en Rosario en setiembre de 1977, junto a su esposa, María Isabel Salinas, quien ya había sido identificada a principios de febrero último. Los otros dos son: María Esther Ravelo y Gustavo Pon, desaparecidos también en Rosario, en la misma época, por lo que ahora faltan identificar otros a cuatro: tres hombres y una mujer. Una de la hipótesis de la investigación judicial es que todos ellos pasaron por el centro clandestino La Calamita antes de ser ejecutados. "Después de tantos años de búsqueda y lucha por la verdad, hemos podido reencontrarnos con ellos, saber dónde estaban y comenzar a reconstruir que pasó en estos años tan horribles y tremendos para nuestra sociedad. Ahora reclamamos justicia", dijo Liliana Salinas, hermana de María Isabel y cuñada de Bosso, en un diálogo con Rosario/12.
[José Maggi] Argentina. En sólo ese mes hubo casi una treintena de detenciones y otras tantas desapariciones de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo en Rosario. Incluso cuatro mujeres embarazadas fueron "chupadas" en esa época. El voluminoso expediente -al que tuvo acceso Rosario/12- servirá para abrir una causa completa.
[Osvaldo Bayer] Nunca hubiera imaginado que el destino me llevara a ser testigo de un hecho pleno de las fantasías que siempre contiene la realidad humana. En Bad Bramstedt, una pequeña ciudad del norte alemán, se llevó a cabo un acto de homenaje a Kurt Gustav Wilckens. Sí, nada menos. ¿Quién fue Kurt Gustav Wilckens? El obrero alemán que, en enero de 1923, mató al teniente coronel Varela, en Palermo, frente a los regimientos 1 y 2 de Infantería. El teniente coronel Varela había sido el ejecutor del fusilamiento de centenares de peones patagónicos en las huelgas rurales de 1921-22, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.