dónde está lópez 38
Afirman que a Jorge Julio López lo enterraron cerca de la estación de tren del Parque Pereyra Iiraola. La Justicia comenzó la búsqueda luego de recibir una declaración realizada ante el Ministerio de Seguridad bonaerense. Se utilizará un georradar para estudiar el terreno. "Los querellantes somos cautelosos", opinó la abogada Guadalupe Godoy.
[Adriana Meyer] Argentina. Otra vez la señal de esperanza, los móviles policiales y periodísticos en marcha, una nueva denuncia reabre la expectativa sobre el destino de Jorge Julio López. Un mediático abogado acudió el lunes al Ministerio de Seguridad bonaerense y afirmó que un cliente suyo tenía datos sobre el lugar donde habría sido enterrado el cuerpo del testigo desaparecido hace cuatro años y medio, tras haber declarado en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. El denunciante, que espera cobrar la recompensa de un millón y medio de pesos, señaló el Parque Pereyra Iraola como el sitio donde estarían los restos de López, y ayer la Justicia comenzó la búsqueda en la estación de tren de ese espacio verde, cerca de La Plata. Allí al anochecer se mezclaba la ilusión de Ruben López, el hijo del albañil que tenía 77 años cuando desapareció, con el escepticismo de los investigadores y de los abogados de la causa. Más temprano había sido el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien formuló el anuncio en la Casa de Gobierno provincial.
"Una persona pidió una entrevista conmigo y me informó que tenía datos para ubicar a Julio López, se realizó el protocolo y ahora se puso a disposición de la Justicia federal esta declaración con reserva", dijo Casal. El ministro informó que remitió la declaración al juez federal Manuel Blanco, que instruye la causa, y por la tarde se reunió con la esposa del albañil, su hijo y el abogado que representa a la familia. Luego del encuentro, Ruben López y el abogado Alfredo Gascón Cotti se dirigieron hasta la fiscalía federal que está a cargo del caso. Los recibió el fiscal Hernán Schapiro, que reemplaza a Marcelo Molina, y accedieron al testimonio. "Es escueto, sólo detalla el lugar del paradero de López, y dice que se enteró de eso por referencias", describió el letrado.
Para su abogado, la declaración incorporada en la causa "es un dato más como los que aparecieron en estos cuatro años", y expresó que sólo pidieron que sea verificada. Así lo dispuso desde temprano el fiscal Schapiro, que acudió al Parque Iraola con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la comisión López de la Policía Federal. Una vez en el lugar esperó a los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que manifestaron que ante el nivel de "imprecisión" de los datos era "inviable" iniciar la búsqueda. Sin embargo, solicitaron la utilización de un georradar, que hoy sería provisto por el Ministerio de Seguridad. Con esa herramienta estarían en condiciones de hacer una "mínima prospección" para el rastreo de restos humanos, según confió a Página/12 una fuente del caso. El predio sobre el que trabajan, que incluye la estación, mide unos 100 metros por 20. A última hora acudió el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien ordenó desalojar a la prensa y precintar el lugar. Las personas que viven en la estación fueron testigos del acta del procedimiento. Les preguntaron si en el lugar se produjeron reformas, ya que en la declaración se afirma que el cuerpo de López habría sido arrojado en ocasión de arreglos en la estación ferroviaria. Todos negaron que haya habido reformas en los últimos años.
También estuvieron presentes los guardaparques del Pereyra Iraola, que a pocas horas de la desaparición de López denunciaron el hallazgo de un cadáver en Punta Lara. Esa pista fue valorada por los abogados querellantes Guadalupe Godoy, Myriam Bregman y Aníbal Hnatiuk. Aunque las pruebas determinaron que no era el testigo desaparecido, jamás pudo ser identificado ni fue reclamado por nadie.
El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten –letrado que denunció al ex presidente Néstor Kirchner por la ley de medios, estuvo vinculado a una empresa contratista de la AFA y representa a uno de los implicados en la causa por la mafia de los medicamentos, el empresario Gabriel Brito– dijo haber sido el puente entre el "testigo en peligro" y el ministro Casal. "Dio datos concretos y categóricos, lo hizo para aliviar su conciencia, pero no quiere que lo maten", agregó. "Dice que López tuvo dos secuestros, uno con una pronta liberación, como una intimidación, y a la semana o a las dos semanas el secuestro y la desaparición", aseguró Sánchez Kalbermatten. Pero estos datos no constan en la declaración, según pudo saber este diario.
"Es una de las tantas líneas, 20 o 30 por año, que se investigan.
Aunque la causa parece silenciada estos movimientos son habituales, sólo que los querellantes somos cautelosos para no generar expectativa, ansiedad o angustia en la familia y en los compañeros militantes", opinó la abogada Godoy consultada por Página/12.
Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a las audiencias de alegatos en el juicio oral que se realizó en La Plata y por el que fue condenado a reclusión perpetua el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
6 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
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[Adriana Meyer] Argentina. Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse "desencantada y agotada del discurso armado de la universidad". En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.
Argentina. En un campo de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 140 trabajadores rurales que realizaban tareas manuales de desflore de maíz en condiciones de extrema insalubridad y precariedad en tres campamentos dentro de un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario. Los jornaleros llegaron desde Santiago del Estero para trabajar en el establecimiento de la firma cerealera Pioneer Argentina SRL. Sin embargo, no estaban registrados a nombre de esa empresa, sino que fueron empleados por Adecco Specialities SA, prestadora de servicio eventual. "Nos encontramos con empleadores que planifican nocivamente la relación laboral", subrayó el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, en diálogo con Página/12. Los resultados del allanamiento ya están a disposición del Juzgado Federal Nº 3 para avanzar en la investigación. A su vez, la AFIP presentará una denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.
Argentina. El fiscal federal Federico Delgado dio por "probado" que desde la base aérea de El Palomar partieron vuelos desde los cuales se arrojaron prisioneros a las aguas del Río de la Plata y del mar durante la última dictadura militar y le solicitó al juez Daniel Rafecas que ordene las diligencias que considere pertinentes. En el mismo dictamen, que se basa en la declaración de más de seiscientos ex conscriptos, Delgado reconoce que los testimonios no aportan precisiones sobre los responsables o las víctimas, lo que impide efectuar una imputación concreta contra los responsables militares de los testigos.
Argentina. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó la existencia de una persona con identidad reservada que dice conocer el paradero de Jorge Julio López, quien desapareció en 2006 mientras se realizaba el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. El abogado que representa al nuevo testigo indicó que en su declaración dio cuenta del lugar dónde enterraron a López, en el Parque Pereyra Iraola, y mencionó un primer secuestro ocurrido una semana antes del 18 de septiembre. La Justicia le dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense y ordenó la preservación del lugar.
[Nahuel Lag] Argentina. Dos años después de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de 2009, no hay imputados, pese a que hace más de un año que la propia fiscal de la investigación sostenía que "la hipótesis más firme es la de la responsabilidad policial". La causa no sumó ninguna prueba en ese sentido. Sin embargo, "en el expediente figura una cantidad de irregularidades por parte de la policía que se relacionan con la desaparición de Luciano", aseguró Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga. Entre las pocas medidas que se ordenaron en 2010 hubo una en la que se pidió a Mónica Alegre, mamá de Luciano, "recorrer las morgues judiciales para identificar cuerpos de jóvenes de entre 18 a 20 años", indicó Combi. "Se investiga el más alto delito contra los derechos humanos, mientras el gobierno bonaerense trata de invisibilizarlo", denunció Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se incorporó a la causa en noviembre. El organismo y la APDH participaron la semana pasada de la primera serie de peritajes solicitados en conjunto.
[Carlos Rodríguez] Mar del Plata, Argentina. En un operativo realizado en la zona de Chapadmalal, fueron clausurados dos talleres textiles clandestinos en los cuales 11 personas adultas, todas de nacionalidad boliviana, eran sometidas a trabajo esclavo. Las víctimas –ocho de las cuales carecían de documentación– trabajaban todos los días, de siete de la mañana hasta las nueve de la noche, a la vez que debían convivir en el mismo lugar, junto con sus hijos, cuatro chicos que tienen entre 3 y 5 años. El operativo fue ordenado por el fiscal Mariano Moyano, a raíz de denuncias presentadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones. Los talleres funcionaban en los fondos de algunas viviendas de la zona. Dos personas, también de nacionalidad boliviana, fueron detenidas por ser los encargados de los lugares. Ahora se investiga a dos empresas reconocidas, para las cuales se realizaban prendas de vestir, sobre todo pantalones y camperas.
[Alejandra Dandan] Argentina. Enriqueta Maroni acababa de llamarla. Aída Sarti con el teléfono en mano a su vez hacía otro llamado, conmovida, apresurada por la muerte de Nélida Chidichimo, pero detenida en esa otra cosa que aún desvela a estas mujeres: todo lo que todavía les queda por hacer. "Acabo de decirle a Enriqueta que no podemos perder más tiempo –dice–, tenemos que poner las cosas en orden."