argentina

murió nélida chidichimo

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El adiós a una Madre.

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Argentina. Nélida Chidichimo, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, murió ayer. Chidichimo perteneció al grupo de familiares y madres que inició las denuncias sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue testigo del operativo en la iglesia de la Santa Cruz, donde, en base a la infiltración del ex marino Alfredo Astiz, fue secuestrada una decena de militantes de derechos humanos.
"Nos arrancaron los pañuelos de la cabeza, con pelos y todo. La iglesia estaba repleta, porque era 8 de diciembre y los chicos tomaban la comunión. Pude ver cómo se llevaban a Alice (Domon)", contó en tribunales al dar su testimonio en el juicio contra los represores de la ESMA. Nélida Chidichimo se unió a las Madres luego de la desaparición de su hijo Ricardo, ocurrida el 20 de noviembre de 1976.
4 de febrero de 2011
28 de enero de 2011
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los últimos días de walsh 2

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La declaración de Jorge Pinedo, yerno de Rodolfo Walsh cuando lo asesinaron. Jorge Pinedo acompañó a Lilia Ferreyra y a Patricia Walsh, mujer e hija del escritor, a San Vicente. Allí se encontraron con las consecuencias del operativo que se realizó en el lugar, después de que el periodista fuera secuestrado en la esquina de San Juan y Entre Ríos.

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[Alejandra Dandan] Argentina. La que entonces era la mujer de Rodolfo Walsh escuchaba del otro lado del vidrio. Jorge Pinedo ya había contado que esa mañana del 26 de marzo del ’77 había pasado a buscarla; que todavía estaban mudando cosas para la casa de San Vicente; que en el auto iba él, su mujer, Patricia Walsh, los dos hijos –entre ellos el primer nieto varón de Rodolfo– y Lilia Ferreyra. Que se atrasaron un poco, pero que todo estaba bien, que iban a llegar a tiempo, que Rodolfo los esperaba a comer un asado. "Fue tremendo –se escuchó en la sala de audiencias–. Habíamos ido a una reunión feliz con Rodolfo y volvíamos con una viuda, una huérfana y dos nietos que habían perdido a su abuelo."
Jorge Pinedo es psicoanalista y antropólogo, pero en los primeros años de la dictadura, con poco más de veinte años, trabajaba como periodista del diario La Opinión. Ayer dio su tercera declaración judicial por lo que después se conoció como el bombardeo a la casa del periodista, escritor y militante. La primera vez que declaró lo hizo ante la Conadep. La segunda, si es que puede decirse que fue una declaración, dijo, se trató más bien de un interrogatorio ante dos militares sentados al otro lado de un escritorio, alumbrados por una lámpara, en un garaje del Consejo de Guerra. "Pese a ser el año ’85, me preguntaron por mi declaración en Conadep, por el terror que tenía no recuerdo ni lo que dije". Ayer, después de declarar en la audiencia del juicio por los crímenes de la ESMA, mientras bastón en mano bajaba las escaleras de los Tribunales de Comodoro Py, murmuró: "Esperé más de treinta años para esto".
"El 26 de marzo del ’77 con mi mujer de entonces, Patricia Walsh, con la hija de ella, María Eva, y nuestro hijo Mariano, de diecisiete días, partimos rumbo a la Capital Federal para buscar a Lilia Ferreyra para ir a San Vicente, donde íbamos a comer un asado para que él conociera a su primer nieto varón."
Lilia estaba en el departamento que compartía con Rodolfo en Ugarteche y Las Heras, desde donde cargaron las cosas que estaban mudando al departamento a San Vicente, la casa que acondicionaban para vivir. "Partimos en un Ami 8 verde, yo manejaba –dijo–, a mi derecha iba Lilia y atrás estaba Patricia con los dos chicos." Cerca de San Vicente, Lilia tomó el volante porque conocía más el camino. "Pasamos por una cantidad de calles de tierra y llegamos a una casa; había un terraplén a la izquierda, terrenos con pocas casas y, a medida que nos aproximábamos, a Lilia le llama la atención que en ese momento no se veía el humo del asado, eran las doce del mediodía o algo por el estilo, con un arribo que teníamos previsto una hora antes, y tampoco estaba el Fiat 600."
Antes de ingresar a la zona había una casa blanca con cortinas amarillas y un bosquecito de eucaliptos. Al no estar el coche, Lilia dejó el volante, bajó, entró al predio. "La veo alarmada; ingreso detrás de ella, Lilia sale muy nerviosa: ‘¡Vámonos, vamos!’, decía. ‘¡Vamos!’ Y yo alcanzo a ver en el terreno una cantidad de objetos domésticos dispersos. La casa como bombardeada, impactos de bala, restos de explosiones y recuerdo perfectamente un artefacto sanitario: el inodoro en medio del jardín. Y luego, marcas de explosiones sobre el pasto, e inmediatamente nos hicimos la idea de que algo grave había pasado, salimos de ahí manejando, no sé cómo salimos, creo que cometí algunas infracciones de tránsito, agarramos la ruta y volvimos a Capital Federal."
Durante el regreso, "conversando en un estado de mucha tensión y de mucha tristeza y dolor y mucho miedo, sobre todo, Lilia comentó cómo había sido la partida de San Vicente del día anterior. En la estación se habían encontrado con el martillero que les vendió el terreno con la casita y les entregó la escritura. Rodolfo se la guardó en el portafolio, se fueron a Constitución, donde se despidieron. Rodolfo se iba a encontrar con un par de personas, no sabíamos con quién".
La seguridad de Rodolfo ya estaba sumamente comprometida, explicó. Ninguno ignoraba que lo estaban buscando. Había vuelto a escribir ficción, sabían que estaba escribiendo la Carta a la Junta Militar. Y también sabían que como oficial segundo de Montoneros había criticado a la conducción y optado por intentar retirarse y camuflarse, para lo cual compró la casa de San Vicente, con la idea de que su hija construyera algo en el fondo para vivir ahí, cultivar la tierra y tratar de sobrevivir la embestida de ese momento.
La querella le preguntó entonces por las gestiones que siguieron. Jorge mencionó algunas de las puertas golpeadas: la visita de Patricia al tío Carlos Washington Walsh, que era oficial de la Marina en retiro, a quien le pidió que averiguara algo, "pero tengo entendido que no averiguó nada, ni lo intentó". También, de Catalina, la hermana monja de Walsh que intentó interceder a través de la Iglesia, otro camino infructuoso. De los hábeas corpus en el Juzgado de Oscar Salvi, y de la 1ª de San Vicente.
Para la primavera de ese año, volvió a San Vicente en un Fiat 128 azul. Pudo entrar a la casa con Patricia, simularon ser eventuales compradores. "Pudimos observar el cielo raso del techo, se habían llevado hasta las aberturas, estaban los restos de las explosiones, recorrimos el terreno, nos aproximamos –yo adelante y Patricia atrás– hasta un alambrado que lindaba con el terreno de la casa de las cortinas amarillas." Había un señor y una señora, y a través del alambrado, mientras hablaban de sembrar papas y tomates, preguntaron qué había pasado.
Los vecinos contaron entonces lo que otros vecinos narraron en alguna de las audiencias del juicio. Dijeron que "una noche a la madrugada vinieron una cantidad de camiones militares, autos de policía, autos particulares sin identificar que rodearon e ingresaron primero en la casa de ellos, tenían dos o tres chicos pequeños. Los intimaron violentamente y luego, cuando cayeron en la cuenta de que lo que estaban buscando no estaba ahí, rodearon la otra casa y, por lo que esta gente decía, acribillaron a balazos la casa y la bombardearon".
Otra de las cosas que supo, dijo, es que esa noche al parecer no había nadie en la casa, porque como en la zona no había luz, si alguien anda despierto se notaba a la distancia porque solía haber algún sol de noche encendido. También les dijeron, como si fueran extraños, que la pareja que vivía ahí no había vuelto. Que esas fuerzas se habían ido varias horas después del amanecer, con lo que, dijo Jorge, "caímos en la cuenta de que nosotros habíamos llegado poco después de que esto ocurriera".
Rodolfo había alquilado antes una casa en el Tigre, sobre el río Carapachay, en el muelle Liberación, como lo nombraron unos inquilinos anteriores. Esa casa fue allanada supuestamente por la Armada un día que llegaron en varias embarcaciones particulares. Pese a que la familia la había vaciado varios meses antes, explicó, desvalijaron lo que quedaba y se llevaron un gomón con motor de cinco caballos. "Desde la muerte de Vicky, la hermana de Patricia, ya la situación era muy comprometida y peligrosa. Ese allanamiento resultó un claro indicador de que, para esta gente, Rodolfo y todos nosotros éramos un objetivo militar."
Jorge era editor de Vida cotidiana, Arquitectura y Ciencia y Técnica en La Opinión. Después de la caída de una de sus compañeras, Vicky lo llamó para avisarle y advertirle que corría peligro. Al día siguiente, allanaron un departamento que él tenía en la calle Paraguay.
Durante la audiencia, del lado de los represores sólo se sentó Ricardo Cavallo, como suele suceder. "¿Usted tenía relación con Walsh?", preguntó su abogado a Pinedo. "¡¡Era mi suegro!!", bramó Pinedo. "Tenía una relación entrañable con Rodolfo Walsh." El hombre enfiló entonces hacia una de las coartadas de la defensa, quiso saber hasta qué punto Pinedo estaba seguro de que todo lo que había sucedido con Walsh no fue urdido por Montoneros. ¿No le dijo que tenía temor? ¿Que quería abrirse de la Organización? "¡No!", respondió Pinedo, más tajante todavía. Y mientras alguna de las querellas levantaba la mano para pedirle al Tribunal que anulara la pregunta, Pinedo agregó: "De ninguna manera".
Antes de terminar, cuando el presidente del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, le preguntó si quería decir algo más, Jorge Pinedo miró el crucifijo que está arriba de todo, colgado en una de las paredes, encima de las cabezas de los que suelen ocupar los asientos destinados a los camaradas de los represores. Pidió, entonces, que lo retiren, que "resulta muy intimidante" porque los imputados invocaban una presunta relación con esas fuerzas divinas para hacer lo que desearon hacer. También aclaró que haría una convocatoria inútil, pero que incluso ellos, que eran los peores genocidas, tenían la oportunidad de decir "dónde están los cuerpos, dónde están los hijos arrancados de sus madres, dónde está la obra de Rodolfo Walsh: en ese orden".
A Rodolfo Walsh le dispararon durante una encerrona en la esquina de San Juan y Entre Ríos el 25 de marzo de 1977 cuando iba a una cita cantada. Llegó muerto o casi muerto a la ESMA. Pinedo supo qué había pasado recién años más tarde.
4 de febrero de 2011
28 de enero de 2011
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los últimos días de walsh

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"Parecía bombardeada, con sus paredes acribilladas a balazos, todo tirado y hasta el inodoro estaba en el jardín".

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Argentina. El periodista Jorge Pinedo, ex pareja de Patricia Walsh, describió así las condiciones en las que encontró, el 26 de marzo de 1977, la casa del periodista desaparecido Rodolfo Walsh. Un día antes, Walsh fue baleado en la esquina de San Juan y Entre Ríos por un grupo de tareas que lo trasladó a la ESMA. Pinedo dio su testimonio hoy ante el tribunal que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionaba en el instituto naval durante la última dictadura.
El ex yerno del periodista fue el único testigo que declaró hoy en el juicio oral y público que el Tribunal Oral en lo Federal 5 (TOF5). En su testimonio recordó que al llegar a la casa de Rodolfo en San Vicente, junto con la última mujer de Walsh, su hija y su nieto recién nacido entendieron que "algo muy grave había sucedido. Ibamos a una reunión muy feliz y volvíamos con una viuda, una huérfana y un nieto que no había conocido a su abuelo".
"La relación era entrañable, era mi suegro y el abuelo de mi hijo", dijo visiblemente molesto el testigo cuando el defensor de uno de los represores le preguntó "si hablaba" con su suegro y cuál era el contacto que ambos tenían ya que el testigo había asegurado que el escritor era un "objetivo militar".
En esa línea el ex compañero de Patricia Walsh, quien hoy presenció la audiencia en los tribunales de Comodoro Py, narró que también fue saqueada la casa que el escritor alquilaba en el Delta del Tigre, "cuyo muelle se llamaba ’Liberación’".
El testigo estimó que "la seguridad de Walsh estaba sumamente comprometida porque estaba escribiendo la carta" a la junta militar que hacía un año había usurpado el poder y por ello se "camuflaba intentando aparecer como un profesor jubilado y envejecía su aspecto".
Pinedo señaló que los "hijos y nietos de los imputados" tienen la posibilidad de decir "dónde están los cuerpos" de los desaparecidos y "la obra de Walsh" saqueada durante los allanamientos posteriores a su secuestro; y los instó a hacerlo.
Para esta jornada también estaba previsto escuchar los testimonios de Roberto Sartori y Rafael Elía, familiares de desaparecidos pero sus declaraciones fueron postergadas para una próxima audiencia, indicaron fuentes allegadas al proceso.
Los represores en este tramo de la "megacausa ESMA" son Jorge "el tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
A los ex jefes navales procesados se los acusa por un total de 85 delitos de lesa humanidad, entre ellos, además de la desparición de Walsh y el apropiamiento de sus bienes, los secuestros de las fundadoras de "Madres de Plaza de Mayo" Azucena Villaflor y Esther Careaga, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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plazo para las perpetuas

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La CIDH da plazo al estado para resolver los casos de adolescentes con prisión perpetua. Un informe de la Comisión Interamericana de DD.HH. analiza los cinco casos y determina que el Estado violó los tratados internacionales de protección a la niñez y adolescencia. Debe revisar sus condenas, indemnizarlos y sacar una ley que evite nuevas aberraciones.

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[Horacio Cecchi] Mientras la polémica desatada por el caso de Tolosa estaciona un nuevo debate sobre la edad de aplicación de la ley penal a adolescentes, un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa luz sobre los resultados de aplicar linealmente respuestas urgentes a esos reclamos espasmódicos. El informe, al que tuvo acceso Página/12, durísimo en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, recorre la historia de cinco casos de adolescentes condenados a perpetua en el país que llegaron con su reclamo a la CIDH y da un plazo para que el Estado argentino resuelva esas situaciones.
Igual que una condena a muerte, uno de los casos podrá tener solución sólo formal, ya que el adolescente Ricardo David Videla murió ahorcado en junio de 2005, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos en Mendoza, en condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico. De los cinco casos, dos (Videla y Saúl Roldán Cajal) fueron condenados en Mendoza en 2002, y los otros tres (César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza) por tribunales porteños en 1999. La Justicia tiene esos bemoles: los cinco fueron condenados a perpetua durante el menemismo y la debacle del 1 a 1 que provocaron en conjunto en diciembre de 2001 casi 40 homicidios policiales y ninguna perpetua. La CIDH dio un plazo de dos meses, vencido hace una semana, para que el Estado informe cómo solucionará la situación de los cuatro jóvenes. Si no hay solución Argentina recibirá sanciones.
Los cinco casos fueron analizados por los jueces desde la perspectiva de la Justicia de adultos. Claudio Núñez y Lucas Mendoza, detenidos en el ’97, fueron condenados en abril de 1999, por los jueces del Tribunal Oral de Menores 1 porteño, Eduardo Albano, Marcelo Arias, y el juez subrogante Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que ni siquiera era especialista del fuero (pertenecía al penal económico). Cuatro meses más tarde, los mismos jueces aplicaban la misma condena a César Mendoza, detenido en 1996.
Entre marzo y noviembre de 2002, los jueces Eduardo Brandi, Carlos Parma y Oscar León, del Tribunal en lo Penal de Menores de la 1ª Circunscripción Judicial de Mendoza, aún en funciones, condenaron a perpetua a Saúl Roldán Cajal y luego a Ricardo David Videla.
El plazo de dos meses se inició el 19 de noviembre pasado, con la recepción del Informe de Fondo sobre el caso 12.651, que reúne las cinco denuncias, y recomienda que los cuatro jóvenes puedan interponer recursos judiciales, que les fueron negados en su momento, con el fin de obtener una revisión amplia de las sentencias. Que dicha revisión aplique los estándares internacionales de Justicia juvenil, tal como ahora se presenta en el dictamen favorable de Diputados. Se llega al absurdo de recomendar que mientras continúen presos cuenten con atención médica. También se dirige al Legislativo, recomendando sancionar leyes que apliquen los estándares internacionales (es el caso del proyecto con dictamen en Diputados). También avanza sobre una investigación acerca de las responsabilidades por la muerte de Videla (no se menciona pero esto incluye tanto penitenciarios como funcionarios judiciales). También, investigar las denuncias de torturas de Lucas Mendoza y Claudio Núñez, en cárceles federales. Además recomendó indemnizar las violaciones a los DD.HH. declaradas en el informe.
La situación de los cuatro adolescentes condenados puede resolverse por vía de la conmutación de penas, un resorte del Poder Ejecutivo mendocino o nacional según los tribunales actuantes. Sería el mecanismo más directo e inmediato. Es uno de los resortes del Ejecutivo, que ya reconoció la errónea situación en los cinco casos. Una ley de fondo, como la que aguarda en Diputados, dará una solución en adelante, pero mantendrá injustamente a los cuatro condenados hasta que se vote. Si se aprueba la ley, automáticamente tendrán cumplida la pena.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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nuevo paradigma sobre drogas

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Cómo impacta en Argentina la declaración de Ginebra.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Para el sociólogo Alberto Calabrese, vicepresidente de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas sobre Drogas del gobierno nacional, las declaraciones surgidas en Suiza ayer, tras la reunión de distintas personalidades políticas, configuran un gran avance. "Les dan más credibilidad y peso a muchas cosas que decimos los técnicos, que a veces nos acusan de ‘zarpados’ o de ‘transgresores’ para descalificarnos", le dijo ayer a este diario el especialista, para quien sólo "los idiotas" pueden apoyar la llamada guerra contra las drogas.
"Hace años que pedimos un cambio de paradigma con el tema drogas y planteamos la despenalización de la tenencia para consumo personal, sabiendo que es lo que se puede hacer, pero que este cambio debe terminar en la legalización de todas las sustancias", comentó Calabrese. Este sociólogo trabaja en la comisión junto a la jueza Patricia Llerena, integrante argentina –también formaba parte el fallecido escritor Tomás Eloy Martínez– de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia encabezada por los tres ex presidentes que hablaron ayer.
Calabrese aseguró que hay un punto "que se les escapa a todos" dentro de la discusión sobre la prohibición absoluta de las drogas, que rige en casi todo el planeta: "Cuando el vulgo, la gente común, empieza a aceptar un tema como usual, este caso la droga, se terminó la prohibición, básicamente, por falta de cumplimiento. Hace 25 años, el 99 por ciento de la población creía que el uso drogas estaba mal y debía ser combatido, pero hoy hay un sector enorme, gente de menos de 30 años, que en su mayoría entiende que no es tan grave".
Reprimir es una forma cómoda de no dar el debate, dijo el especialista, quien entiende que una buena parte de la sociedad y de los gobiernos latinoamericanos siguen apostando a la solución violenta del conflicto. "Yo creo que Lula (Da Silva) pudo tener la mejor de las intenciones al aprobar que se entre militarmente a tres favelas para perseguir a los narcos, pero son mil las favelas en Río de Janeiro. El tema es más complejo de lo que se piensa", aseguró. La otra parte del problema sigue siendo económica: "La guerra siempre es un negocio".
2 de febrero de 2011
26 de enero de 2011
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fracasa guerra contra las drogas

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Ex presidentes latinoamericanos por la despenalizacion del consumo de sustancias ilícitas. El brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo se unieron para impulsar la "regularización" de las drogas.

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Varios ex presidentes latinoamericanos y europeos junto a otros funcionarios y especialistas crearon ayer la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, tras dos días de reuniones en Ginebra, Suiza. Primó la postura de reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas y reclamar la descriminalización de los usuarios de todas las sustancias ilegales. "La plata de esa guerra está mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, sería mucho mejor", dijo el ex mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso al criticar abiertamente la política represiva impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. La comisión propone una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol.
"Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años, la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no sólo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política", expuso otro ex presidente, César Gaviria, quien gobernó Colombia entre 1990 y 1994 y luego fue, durante diez años, secretario general de la Organización de Estados Americanos. "Hay que abandonar esa idea de que los consumidores de drogas son criminales", agregó.
Entre los participantes también estuvo Ernesto Zedillo, ex mandatario de México, donde hubo más de treinta mil muertos desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006. El negocio de las drogas ilegales en México mueve, según el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 60.000 millones de dólares al año. Y esto sin contar el dinero de las armas que los capos narcos de los distintos carteles compran legalmente en Estados Unidos y contrabandean luego a su país.
Las personalidades europeas que asistieron a Ginebra fueron la ex presidenta suiza Ruth Dreifuss, el noruego Thorvald Stoltenberg, ex alto comisionado de la ONU para los Refugiados, y el español Javier Solana, ex alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Richard Bransen, dueño de la multinacional Virgin, también fue de la partida. Aunque no participaron de las reuniones el último Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, y el escritor mexicano Carlos Fuentes forman parte de esta nueva comisión.
"Estados Unidos ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados", afirmó Gaviria ayer en conferencia de prensa. Cardoso puso los números de esta política: "En Estados Unidos hay quinientas mil personas presas por delitos de drogas, la mayoría son pobres y negros, lo que también demuestra los prejuicios asociados".
El ex mandatario brasileño reclamó más información y educación "de forma que la gente disponga de elementos para usar su libertad y para saber que la droga hace daño". En este sentido, insistió en que el usuario problemático de drogas debe ser tratado como "un enfermo al que hay que ofrecerle salud". Y en este diagnóstico coinciden todos los integrantes de esta nueva comisión, quienes sostienen que las evidencias empíricas y las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños derivos del uso de drogas.
Los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo encabezan desde abril de 2008 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Desde entonces insisten en lo que la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas admitió recién el año pasado: el fracaso de la guerra contra las drogas. "El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado", dice una de las evaluaciones de esta comisión latinoamericana.
El lunes pasado, antes de la primera reunión en Ginebra, los organizadores comentaron que entre los temas por analizar estaba la eliminación de "las sanciones penales por la posesión de marihuana para uso personal". También se buscaba resolver "la polarización" que divide "los bloques de la legalización y la prohibición", en torno de "una discusión esclarecedora". Otro punto fue el debate sobre los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala.
En Brasil, este último punto motivó la semana pasada la salida del funcionario designado por Dilma Rousseff para conducir la Secretaría Nacional de Políticas Sobre Drogas, Pedro Abramovay. Como ocurrió en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa liberó a miles de "mulitas", Abramovay también propuso excarcelar a pequeños traficantes de drogas. Sólo que a él le costó el cargo.
"En muchos países el daño causado por la prohibición de las drogas en términos de corrupción, de violencia y de violación de los derechos humanos supera con creces el daño causado por las drogas", consideraron los organizadores de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas el mismo lunes. También se instaron a revisar "el sistema de control de drogas de la ONU" y "las diferentes respuestas nacionales", teniendo en cuenta los "desafíos de la Justicia penal" si asume que "erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo".
Otro de los objetivos de la reunión en Ginebra fue recabar datos sobre los cambios en los últimos 50 años en la producción, transporte y venta de drogas ilegales, a partir del enfoque meramente represivo, y los delitos asociados: "El blanqueo de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y el riesgo de socavar instituciones democráticas". Mientras se debatía en Suiza, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, viajó a México para apoyar económica e ideológicamente al gobierno local en su guerra contra las drogas.
2 de febrero de 2011
26 de enero de 2011
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el crimen de paco urondo

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Proyecto para que Mendoza tenga su primera casa de la memoria.

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Argentina. Mañana se reanudarán las audiencias en Mendoza por el homicidio del poeta y militante Francisco ‘Paco’ Urondo y otras 23 víctimas de la última dictadura. El Tribunal Oral Federal N°1 mendocino le tomará declaración a uno de los testigos más esperados de la causa: Javier Urondo, el hijo del poeta y uno de los impulsores de la investigación que logró la reapertura del proceso judicial.
Con su testimonio, el debate oral ingresará en el primer día de análisis de cada uno de los casos y empezará a abandonar la etapa de testigos contextuales. Paco Urondo fue trasladado en mayo de 1976 por Montoneros a Mendoza con la misión de rearmar una regional devastada. Cayó el 17 de junio en una cita cantada en Guaymallén, cuando iba en el Renault 6 verde de su compañera Alicia Raboy, también con Angela, la hija de ambos, y otra militante.
Por razones de salud, el Tribunal tomó declaración domiciliaria al propietario de un corralón de Guaymallén que vio la persecución a Raboy, el secuestro y a quien ella alcanzó a darle a Angela, que finalmente también fue secuestrada y trasladada a Casa Cuna.
[La foto viene de aquí.]
1 de febrero de 2011
25 de enero de 2010
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tributo a victorio cerutti

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Proyecto para que Mendoza tenga su primera Casa de la Memoria. La familia del empresario secuestrado por la Marina en 1977, a quien le hicieron ceder sus bienes, empezó una campaña para lograr que la casa donde vivió se convierta en Museo de la Memoria. Falta que el Congreso nacional apruebe la expropiación.

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[Laura Vales] Argentina. Las nietas de Victorio Cerutti, desaparecido en 1977, relanzaron una campaña para juntar firmas en reclamo de que la casa donde vivió el empresario mendocino –y en la que fue secuestrado– se convierta en un Centro Cultural y de la Memoria. Está ubicada en Chacras de Coria, Mendoza, provincia que por su perfil conservador todavía no tiene ningún centro de este tipo. Cerutti era el presidente de la firma Cerro Largo cuando, en enero de 1977, fue secuestrado junto a su yerno, Omar Masera Pincolini, por el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Los marinos desaparecieron también al abogado de la firma, Conrado Gómez, y a su administrador, Horacio Palma, y se apropiaron de las tierras de la familia. El caso llegará a juicio oral este año, como parte de la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA.
"La casa ya fue declarada patrimonio histórico por la Legislatura provincial, pero falta que el Congreso (nacional) sancione la ley de expropiación", señaló Mariana Masera, nieta de Victorio, que impulsa la campaña junto a su prima Mónica Cerutti. El pedido de adhesiones (que pueden hacerse a través de la página www.barriocasagrande.com) tiene urgencia porque el proyecto de ley quedó trabado en Diputados. Había logrado la media sanción en Senadores, pero ahora está a punto de perder estado parlamentario.
La idea de que la casa –que tiene diez habitaciones, un patio central y un jardín– sea un espacio de referencia de los derechos humanos para Mendoza es apoyada por todos los organismos de la provincia. Comenzó a tomar forma en 2006. Dos años más tarde, con el apoyo del gobierno kirchnerista y la firma de la entonces senadora por Mendoza, Marita Perceval, el proyecto ingresó a la Cámara alta. Allí fue aprobado por unanimidad. Mónica Cerutti detalló lo que siguió después: "En Diputados, Vilma Ibarra se ocupó de que fuera aprobado en la comisión de Legislación General y Victoria Donda en la de Derechos Humanos. Pero quedó trabada en la comisión de Presupuesto, en las últimas sesiones del año pasado, cuando la oposición bloqueaba el tratamiento del Presupuesto nacional. En esa lógica de no trabajo que se dio en el Congreso, el proyecto terminó congelado".
Cerutti fue secuestrado el 12 de enero de 1977. Hombres del grupo 3.3.2 de la ESMA, que actuaba bajo las órdenes del almirante Emilio Massera, entraron a las tres de la madrugada a la vivienda, forzando las puertas con golpes y patadas, y se llevaron al empresario, que tenía 75 años. En otro sector de la misma finca, conocido como ‘La Casita’, dormía su yerno, Oscar Masera Pincolini, de 41 años, junto a su mujer y sus tres hijos. También se lo llevaron, después de golpearlo hasta dejarlo inconsciente.
Cerutti provenía de una de las familias fundadoras de Chacras de Coria, donde se dedicaba a la vitivinicultura; su yerno Omar era ingeniero agrónomo. Unos días antes de que los secuestraran habían sido desaparecidos en Buenos Aires, también por la Armada, los otros dos socios de la empresa Cerro Largo, el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. Los llevaron a todos a la ESMA, donde luego de meses de cautiverio fueron obligados a transferir las tierras de Cerro Largo a la sociedad Wil-Ri. El nombre de esta SA estaba formado por la conjunción de las sílabas iniciales de los nombres de dos represores, Wil por Federico Williams, nombre falso del torturador de la ESMA, Francis William Whamond; y Ri por Héctor Ríos, nombre falso de Jorge Rádice, otro torturador del centro clandestino.
Wil-Ri tenía sede legal en Cerrito 1136, 10º piso, Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio legal del Partido para la Democracia Social del almirante Massera. En los ’80, la SA fue comprada por una nueva empresa, perteneciente al hijo del represor Eduardo Massera y su tío Carlos Massera.
La casa no fue apropiada por los marinos, aunque sí malvendida por la esposa de Cerutti, a raíz de numerosas amenazas. La intención del proyecto es que funcione un museo, pero que también tenga aulas para dar clases, una biblioteca y un lugar para exposiciones y otras actividades culturales.
En Chacras de Coria, el proyecto tiene el apoyo de los vecinos, que ya en el ’99 evitaron que el lugar fuera demolido, frenando un intento de que se construyera ahí un supermercado. Junto con la iniciativa por el Centro de la Memoria, también se está impulsando el reclamo de que el loteo apropiado por los marinos y denominado desde entonces Wil-Ri cambie su nombre y el de sus calles por los de Honor por Victorio Cerutti, Justicia por Omar Masera, Equidad por 30 mil desaparecidos, Caridad por Conrado Gómez y Amistad por Horacio Palma.
"Los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad han luchado para que en Mendoza pudieran comenzar los juicios por los crímenes de la dictadura", señaló Mónica Cerutti. "Fue una lucha muy grande, porque hubo jueces y otros funcionarios que desde dentro del poder judicial se oponían, por haber sido cómplices de los militares. La provincia se merece tener u n espacio para la memoria y la defensa de los derechos humanos."
1 de febrero de 2011
25 de enero de 2010
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