Blogia
mQh

chile

uruguayos tienen miedo


Uruguayos se reunieron con ex agentes para que mintieran. Los coroneles (R) Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli pidieron a ex represores de la inteligencia del Ejército que se desdijeran de sus declaraciones, para que los favorecieran desvinculándolos del crimen. Los chilenos se negaron.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Los tres militares uruguayos que hoy declararán ante el juez Alejandro Madrid, que han sido procesados y formalmente acusados por el crimen del químico de la DINA Eugenio Berríos, intentaron que ex agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la CNI, cambiaran sus declaraciones en el proceso para favorecerlos y desligarlos de su participación en el secuestro y posterior asesinato de Berríos.
La Nación fue informada por ex agentes acerca de reuniones que los coroneles (R) Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Coppola y Wellington Sarli Pose, sostuvieron a comienzos de agosto pasado con ex integrantes de estos organismos, a quienes las defensas jurídicas de los uruguayos habían citado a prestar declaraciones en su favor en la fase probatoria y pública del juicio.
La información aportada a nuestro diario, coincide con lo que a última hora ocurrió en esa probatoria como fue el curioso retiro de todos estos ex agentes por parte de las defensas de los militares uruguayos.
El motivo de este retiro para que no declararan, fue, según los informantes, que los ex agentes visitados por los uruguayos se negaron a mentir en su favor.
Los ex agentes que los días 12 y 13 de agosto pasado debían declarar en la fase probatoria del proceso a petición de los militares uruguayos son: los mayores (R) Arturo Silva Valdés y Arturo Sanhueza Ros, el coronel (R) Manuel Pérez Santillán, y los suboficiales en servicio activo Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas.

Evitar Que Declarara
Eugenio Berríos fue sacado por la DINE, en forma clandestina, el 26 de octubre de 1991. Se le trasladó a Argentina y luego a Uruguay para evitar que declarara en los juicios que se instruían por los crímenes del ex canciller Orlando Letelier, y el diplomático chileno-español Carmelo Soria.
A Berríos se le mantuvo secuestrado en Montevideo para impedir que regresara a Chile a declarar como era su intención. Finalmente fue asesinado, encontrándose su cuerpo en una playa cerca de Montevideo en abril de 1995.
De acuerdo a las declaraciones procesales de dos de los custodios de Berríos en Montevideo, los suboficiales Sandoval y Román, cuando ellos fueron enviados en esa misión por Silva Valdés que era el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la DINE encargada del operativo, éste les dijo que su contacto en Montevideo era el entonces capitán Eduardo Radaelli, a quien debían informar los detalles de lo que acontecía.
A su vez, el ex agente de la CNI, Arturo Sanhueza, dijo en el proceso que la noche del 14 de noviembre de 1992, él se encontraba junto a su esposa alojado en la casa del entonces capitán Wellington Sarli en el balneario uruguayo de Parque del Plata. La casa vecina era la del capitán Radaelli.
Según Sanhueza, al día siguiente "cuando volví de misa" se encontró con que en la vivienda de Sarli estaba Silva Valdés y el mayor de la DINE Jaime Torres Gacitúa, reunidos con Sarli y Radaelli.
Todos se recriminaban mutuamente porque esa mañana Berríos se les había escapado, refugiándose en un cuartel policial hasta donde llegó gritando que el dictador Pinochet había ordenado matarlo. Y no estaba equivocado.

"Traición" al Pacto de Honor
El problema de los uruguayos es que, hasta ahora, se han mantenido en la versión de que no tuvieron nada que ver con el secuestro y crimen de Berríos. Y estos ex agentes los involucran directamente en todos los hechos.
Se sabe que los uruguayos colaboraron activamente con Pinochet en la operación Berríos, pero bajo un pacto de honor por el que ellos nunca aparecían involucrados.
Pero ahora en Chile estos ex agentes los "destapan" para tratar de obtener penas más bajas por su colaboración con el juez Madrid.

29 de septiembre de 2009
©la nación
rss

el oro de pinochet


Pese a haber vuelto a enviar este año antecedentes sobre la posible posesión de 9,62 toneladas del metal a nombre del fallecido Augusto Pinochet dice no haber sido requerido para ninguna diligencia. Está dispuesto a venir a Chile y declarar en la causa, pero advierte que la desidia frente a su indagatoria lo ha hecho desechar algunos datos.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. Según los nuevos antecedentes, la Iglesia Ortodoxa Rusa, o alguien que ocupó su nombre, sería el nuevo dueño de esta reserva en metal precioso que el HSBC Shanghai pasó a la sede de Londres.
A nueve meses de haber denunciado un supuesto nuevo intento de venta de 9,62 toneladas de oro, presuntamente de propiedad del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, el broker Alan Landry habla desde Pacific Palisades, en Los Ángeles, sobre las dos denuncias que en tres años ha realizado frente a las autoridades chilenas.
"A fines del año pasado y comienzos de éste empecé los intentos para contactarme con las autoridades chilenas para entregarles esta nueva información y cada una de la documentación que el contador Eddy Cools me había entregado y que tenían el nombre de Pinochet", asegura Landry.
Estos son los documentos que en marzo pasado el juez del caso Riggs, Manuel Valderrama, adjuntó al expediente reservado de esta arista del caso y que señalan que un belga a nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa intentó vender este metal con documentación a nombre del fallecido dictador.
Pese ha haber realizado todas las gestiones dice que sólo ha mantenido contactos informales con autoridades del Consejo de Defensa del Estado (CDE), pero nunca ha sido requerido para una diligencia legal.
El consultor de The CCI Group señala que "durante diciembre llamé varias veces a Mariano Fernández (quien se desempeñaba como embajador en EEUU) y posteriormente le envié un memo donde le comentaba lo sucedido. Mi último intento de llamado fue este año y no recibí respuesta. En ese momento tenía chequeado el monto y el valor mercado del oro".
Todas estas gestiones y la nula respuesta por parte de los chilenos dice que lo han decepcionado.
"Me ha desencantado la falta de interés en este oro que les pertenece y que podrían recuperar", asegura.

Frente a la Crítica
Asimismo, enfrenta las críticas de quienes han dicho que todo lo que él declara es mentira, luego que tras su denuncia en 2006 tanto la aseguradora alemana Schell Security S.A. negara la veracidad de los documentos, al igual que el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) que aseveró no tener cuentas de reservas de oro a nombre de ningún Pinochet.
"Entiendo porqué el HSBC niega la veracidad y existencia del oro, porque al guardarlo está claro que infringió la ley, y respecto a Schell no me consta que hayan declarado la falsedad de los bonos", dice Landry.
Además asegura que todos los papeles pasaron por la certificación de la empresa compradora de oro CCI Group para la cual trabaja y quienes también creen que los bonos y depósitos son reales y no se trata de falsificaciones.

¿Qué busca con estas denuncias?
Ayudar a que el pueblo chileno recupere lo que es suyo. Como la vez pasada yo les ofrezco mis servicios y les aseguro que CCI Group tendrá la capacidad monetaria para comprar la inmensa fortuna tras este oro una vez que ustedes lo recuperen.

¿En estos últimos meses ha vuelto a saber de estos vendedores del oro?
Intenté contactarlos, pero no quisieron discutir conmigo la proveniencia de éste. Cuando traté de conversarles se negaron, especialmente cuando les dije que pudiera pertenecerle a Chile. Nunca más supe del contador que me trajo la oferta y me entregó los documentos, ni de quien representaba.

¿Qué piensa que pasó en todos estos meses?
Más que pensar si los documentos son falsos como dicen esas instituciones, lo principal es que ellos trataron de vender el oro y probablemente a esta altura ya lo hayan hecho. Porque el problema mayor es que esta vez el metal estaba en formato "bonos al portador" lo que es muy extraño en el mundo de las transacciones de oro. Además este metal ahora está a nombre de la Iglesia y fue movido del HSBC Hongkong al de Londres.

¿Está dispuesto a declarar y entregar toda esta información?
Seguro que sí, incluso viajar a Chile si mis horarios de trabajo me lo permiten. Ahora no sé si tengo toda la información porque luego que nadie prestara interés durante tanto tiempo me hizo a mí también perderlo, pero puedo volver e intentar buscar esos archivos y reconstituir los contactos de las personas que están intentando vender el oro. Pero debo decir que yo creo que me he deshecho de buena parte del material debido a la falta de respuesta de las autoridades chilenas.

29 de septiembre de 2009
©la nación 
rss

condenan a militares por torturas


Condenan a ex Fach por torturas contra 17 personas en AGA. La resolución definitiva de la Corte Suprema caratuló por primera vez a las torturas como crímenes de lesa humanidad.
Santiago, Chile. Tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, recibieron como sentencia definitiva el comandante (r) de la Fach Edgar Cevallos Jones y al comandante de escuadrilla (r) Ramón Cáceres Jorquera, en el caso de 17 personas torturadas en la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.
La Corte Suprema emitió la sentencia en fallo dividido, por los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Sergio Muñoz y Carlos Künsemüller.
Los ministros Segura y Ballesteros fueron partidarios de aplicar la figura de la prescripción de la acción penal y absolver a los dos imputados. No obstante, por mayoría fue rechazado el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La resolución determina por primera vez que las torturas son crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos de secuestros y homicidios calificados que "atendida la naturaleza de los hechos investigados y de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente concluir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica ha dado en denominar delitos contra la humanidad".
Añade que "en efecto, el presente ilícito fue efectuado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas", dice el fallo.
Los afectados en el proceso que fueron identificados fueron Bernardo Pizarro Meniconi, Ignacio Puelma Olave, Gastón Muñoz Briones, María Marchi Badilla, María Padilla Contreras, Margarita Iglesias Saldaña, Sergio Castillo Ibarra, Carmen Díaz Rodríguez, Liliana Mason Padilla, Patricio Rivas Herrera, Sergio Santos Señoret, Ricardo Parvex Alfaro, Cecilia Olmos Cortés, Belarmino Constanzo Merino, José Carrasco Oviedo, Manuel López Oyanedel y Gustavo Lastra Saavedra.
En el aspecto civil, el condenado Cevallos Jones debe pagar una indemnización de $10 millones a cada una de las víctimas.

25 de septiembre de 2009
©la nación
rss

igualdad sexual de homosexuales


Solicitan eliminar del Código Penal exigencia de consentimiento sexual a partir de los 18 años para homosexuales.
Valparaíso, Chile. El proyecto deroga el artículo 365 del Código Penal, que establece una edad distinta de consentimiento para las relaciones homosexuales -18 años-, mientras que para aquellas heterosexuales se fija en 14 años.
El texto legal (boletín 6685) fue presentado por los diputados Guillermo Ceroni (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Fulvio Rossi (PS), María Antonieta Saa (PPD), Gabriel Silber (DC) y Ximena Valcarce (RN).
La moción tiene por objeto terminar con la discriminación legal que afecta a jóvenes homosexuales, hombres y mujeres, quienes son estigmatizados con una norma especial que los criminaliza. Este es el articulo 365 del Código Penal, del cual se desprende una edad de consentimiento sexual de 18 años, mientras que para los heterosexuales está fijada en 14 años.
Si bien las relaciones homosexuales entre mayores de 18 años dejaron de ser un delito, el artículo 365 del Código Penal continuó con su nueva redacción manteniendo una ley especial para los jóvenes que aman a otros de igual sexo, situación que según los autores de la moción violenta derechos humanos básicos garantizados en diversas leyes y tratados internacionales que han sido ratificados o respaldados por Chile.
En la actualidad, el artículo 365 indica que quien acceda carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación, será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años).
El problema de esta disposición se suma al hecho de que cada vez son más las personas, en especial los jóvenes, dispuestas a expresar su orientación sexual distinta, según arrojó la quinta Encuesta Nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV 2006). De acuerdo a este estudio, en Chile 213 mil 500 hombres y mujeres de entre 15 y 29 años tienen una orientación sexual diversa (homosexual o bisexual) que ya han iniciado con prácticas sexuales.
El artículo 365 del Código Penal aparece, entonces, como un estigma contra miles de jóvenes con prácticas homosexuales o bisexuales, que impiden, obstaculizan e incluso sancionan con cárcel. Así, por ejemplo, un joven de 19 años que tiene relaciones consentidas con otra persona de igual sexo de 17 años puede ser encarcelado, lo cual no ocurre con jóvenes heterosexuales.
El proyecto sostiene además que la vigencia de la norma tiene consecuencias desastrosas en jóvenes que van asumiendo una sexualidad diferente a la mayoritaria, pues al considerar ilegal su ocurrencia, en clara desigualdad con el derecho sí reconocido a quienes son heterosexuales, esto afecta la concepción de sí mismos, incrementado las culpas y mermando la autoestima a partir de la categoría de delincuentes con que son tachados por el Estado.
Es por esto que la iniciativa propone derogar el artículo 365 del Código Penal, para terminar con esta exigencia considerada discriminatoria para aquellos que poseen una orientación homosexual. El texto será analizado por la Comisión de Constitución.

24 de septiembre de 2009
©diario de la cámara 
rss

proponen legalizar marihuana terapéutica


Moción permite uso terapéutico de marihuana y aumenta penas por microtráfico.
Valparaíso, Chile. El proyecto de ley plantea autorizar el uso de la marihuana sólo con fines terapéuticos, en la medida que tres médicos receten su utilización. De esta manera, se permitirá a los pacientes la tenencia de una planta para estos efectos.
Puesto que la compra y cultivo de la marihuana está penado como delito y, en consecuencia, el paciente para adquirir las dosis recetadas incurriría en las conductas que la ley castiga (plantar, sembrar, cosechar o comprar), se propone complementariamente autorizar la plantación, siembra y cosecha de una planta por paciente, de manera que no incurra ni fomente el tráfico de marihuana.

Aumento de Penas para el Microtráfico
Considerando que existirán vías lícitas para obtener y consumir marihuana, se propone aumentar las penas del microtráfico de marihuana, como una manera de obstaculizar y terminar con el ilegal negocio de la venta de este tipo de sustancia.
Es así como se permitirá sembrar, cultivar y cosechar sólo una planta de marihuana, previo depósito de los certificados médicos originales en la tenencia o comisaría de Carabineros de Chile del domicilio del paciente.
Por último, se aumentan las penas del microtráfico de marihuana, que actualmente son de 5 a 15 años y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales ($1.485.600 a $14.658.000), a presidio mayor en sus grados medio a máximo (10 a 20 años) y multa de 80 a 800 UTM ($2.931.600 a $29.316.000)
El texto legal (boletín 6686) fue presentado por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Guido Guirardi (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Juan Lobos (UDI), Fernando Meza (PRSD), Marco Antonio Núñez (PPD) y Laura Soto (PPD) y será analizado por la Comisión de Constitución.

24 de septiembre de 2009
©diario de la cámara
rss

descubren otras matanzas de la cni


CNI organizó operación similar a Albania en el sur. Entre el 23 y 24 de agosto de 1984, siete personas, en cinco ciudades del sur, fueron asesinadas en supuestos enfrentamientos. Hoy se sabe que fue un montaje contra el MIR.
[Luis Narváez] Chile. Desde su creación, en 1977, la CNI arreciaba contra dirigentes e infiltraba organizaciones para reprimir y asesinar a dirigentes muy puntuales. Fueron víctimas emblemáticas, Tucapel Jiménez y el transportista Mario Fernández.
Pero lo ocurrido entre el 23 y 24 de agosto de 1984, inauguró la escalada más sangrienta del organismo represivo.
En esa fecha, siete militantes del MIR fueron asesinados a sangre fría en supuestos enfrentamientos que fueron montados por la dirección metropolitana, al mando de Álvaro Corbalán, en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco, La Unión y Valdivia.
Una práctica que se creía sólo había sido  aplicada en la caso de la Operación Albania, en 1987.
A primera hora de hoy miércoles, el ministro de la Corte Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, realizará la primera reconstitución de escena de este brutal caso, en los tres sitios de la capital de la Región del Biobío, donde fueron detenidos y posteriormente acribillados los miristas Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera y Mario Lagos
Tal como ocurrió en esos años, el caso está provocando un gran revuelo en la ciudad, ya que uno de los episodios ocurrió en la Vega Monumental, un sitio de alta afluencia de público.
La diligencia será realizada con la presencia de un fuerte contingente policial (carabineros y detectives), encabezado por la Brigada Investigadora de Delitos contra los DDHH de la PDI, que custodiarán la presencia de cerca de 30 ex agentes de la CNI, algunos de los cuales están procesados.
Sin embargo, en los últimos meses, el juez Aldana, quien recibió el caso de manos de la justicia militar recaratuló el caso y ahora los procesados y mandos de la CNI se enfrentan a la posibilidad de ser acusados por homicidio calificado y asociación ilícita.
La misma figura se aplicó en el caso de la Operación Albania, ocurrida en 1987 (ver recuadro), que terminó con 15 agentes condenados, entre ellos el director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, a presidio perpetuo simple.

Alfa y Carbón 1
Aedo, Herrera y Lagos pertenecían al aparato militar del MIR. Junto a ellos, durante el 23 y 24 de agosto, fueron asesinados Mario Mujica Barros, en Los Ángeles; Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala, en Valdivia.
La investigación ha establecido que los crímenes fueron planificados y coodinados desde el Cuartel Borgoño de la CNI, en Santiago, al mando de Corbalán y Marcos Derpich con las unidades regionales del denominado Teatro de Operaciones Sur.
Dicho plan tenía como objetivo, detectar y eliminar la presencia de elementos subversivos del MIR, desde las regiones Octava a la Décima.

Operación Albania
Entre los días 15 y 16 de junio de 1987, 12 jóvenes del FPMR fueron asesinados simultáneamente en tres puntos de la capital simulando tiroteos. Después de ser detenidos, la CNI asesinó a Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Juan Henríquez, Wilson Henríquez, Julio Guerra, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Hernán Rivera, Ricardo Silva, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy. El montaje se realizó con medios de comunicación y periodistas afines a la dictadura, para encubrir el crimen.

23 de septiembre de 2009
©la nación
rss

datos para comisión rettig


Campaña del SML genera datos para Comisión Rettig. Cruzada de toma de muestras para identificar a detenidos desaparecidos -que registra importante avance a la fecha- está generando información de eventuales víctimas que no figuran en informes oficiales.
[Carlos González Isla] Santiago, Chile. El Director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, informó a La Nación que apenas se reabra la Comisión Rettig le harán entrega de más de cien nombres de personas que han llamado a la institución asegurando ser familiar de detenidos desaparecidos, lo que deberá ser cotejado por dicha instancia.
Los antecedentes llegaron al SML a raíz de la campaña de toma de muestras para identificar a víctimas de la dictadura "Vives en nosotros. Te llevamos en la sangre", que se lanzó el 11 de agosto y que concluirá en noviembre próximo.
El director del SML explicó que antes de tomar una muestra para engrosar el banco de datos de ADN, se verifica que la personas efectivamente esté vinculada a algún detenido desaparecido o ejecutado político cuyo cuerpo no haya sido encontrado, y es en este proceso donde comenzaron a aparecer los casos indocumentados.
"Cuando se reabra el Informe Rettig nosotros vamos a poner a disposición de ellos la información de eventuales víctimas no calificadas que se han comunicado con el SML", señaló Bustos.
El gobierno dio a conocer el pasado 11 de septiembre que probablemente en noviembre se reabrirán por seis meses las comisiones Rettig y Valech para recabar más antecedentes sobre víctimas del régimen de Augusto Pinochet.
La primera recopiló en 1991 los antecedentes de detenidos desaparecidos mientras que las segunda, en 2003, informó sobre los casos de tortura y prisión política.

Fuerte Repunte
En torno al avance de la campaña, hasta el día de ayer, Bustos se manifestó conforme porque se han logrado tomar 232 muestras, lo que permitió aumentar el banco de ADN de 2 mil 126 a 2 mil 358, un crecimiento de más de un 10%, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía afectada a colaborar.
"Si las personas tienen dudas de ser familiares de una víctima de la dictadura que nos llamen. Si se confirma que son familiares, que colaboren con la búsqueda de otros parientes que puedan ayudar a identificar a sus seres queridos", indicó Bustos.
La autoridad recordó que esperan contar con un universo de 3 mil 500 muestras, cifra que resulta de la necesidad de contar con alrededor de dos o tres familiares de las 1.500 víctimas que tienen contabilizadas.
Pero pese a los progresos experimentados, en el SML saben que este camino tiene muchos obstáculos, ya que se desconoce la residencia de más del 47% de los parientes que interesa ubicar.
"Esto se produce porque militaban en una ciudad antes del golpe, después se fueron a otra, luego la detuvieron en otra y la desaparecieron en una distinta. También se genera por los efectos de la Operación Cóndor y no sabemos en qué lugar del continente terminaron las víctimas", explicó Bustos.
Además, otra de las dificultades es la edad de los familiares directos. Se estima que más del 33% tiene más de 60 años y al ir falleciendo se requerirán más de dos muestras para una eventual identificación porque el parentesco es más lejano.

¿Dónde Llamar?
El 31 de agosto de 2007 se inauguró el Centro de Toma de Muestras de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sin Entrega de Restos. Esta unidad tiene como objetivo crear un banco de perfiles genéticos, que contribuya al proceso de identificación ante actuales y futuros hallazgos.
Por primera vez en agosto pasado se lanzó una campaña para difundir su misión, la que se extenderá hasta noviembre. Las muestras, además, se pueden tomar en todas las sedes del SML. Para consultar llamar a la línea gratuita 800 440 700.

22 de septiembre de 2009
©la nación
rss

dónde está lópez 33


A tres años de su desaparición. Marchas y reclamos por Julio López. Diferentes agrupaciones de derechos humanos marcharán esta tarde en La Plata para reclamar la aparición del albañil Jorge Julio López, al cumplirse tres años de su presunto secuestro, tras declarar como querellante en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.
Argentina. La desaparición de López ocurrió en las proximidades de su casa del barrio platense de Los Hornos y sus familiares denunciaron que "la Justicia no nos escucha".
Esta tarde, se anunciará la creación de una fundación que llevará el nombre de Jorge Julio López, para capacitar en artes y oficios a desempleados, en el Centro Cultural de Los Hornos ubicado en calles 137 y 64.
Su hijo, Rubén López dijo que "a tres años de la desaparición de mi padre, todo sigue igual, no hay novedades, lo que nos lleva a pensar que una justicia que no respeta los tiempos, no es justicia".
Coincidentemente la abogada Guadalupe Godoy dijo que la investigación por la desaparición de Julio López, "tiene un movimiento prácticamente simbólico" y agregó que los magistrados "se pelean por no tener la instrucción a su cargo, porque nadie quiere pagar costos políticos, los costos que implican haber permitido que en este momento tengamos que hablar de encubrimiento e impunidad".

19 de septiembre de 2009
©página 12 
rss