chile

amplían cargos en caso riggs

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La resolución afecta al general (r) Sergio Moreno Saravia quien ahora enfrenta el cargo estafa en perjuicio del fisco en la investigación por el origen de la oscura fortuna de Augusto Pinochet.

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Santiago, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago en fallo unánime amplió los cargos en contra del general (r) Sergio Moreno Saravia procesado por el delito de malversación de caudales públicos por el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama en la investigación conocida como Caso Riggs.
Las ministras de la Quinta Sala del tribunal de alzada Dobra Lusic, María Eugenia Campo y el abogado integrante Patricio González determinaron agregar el delito de estafa en perjuicio del Fisco al imputado.
En el dictamen se indica "que los antecedentes que dan cuenta del hecho establecido en el considerando IX, relacionado con el depósito en el Barklays Bank del capital inicial pagado de la recién creada sociedad chilena Inversiones Belview Internacional S.A., subsidiaria de Belview Internacional Inc. –cuyas acciones pertenecían en su totalidad a Augusto Pinochet Ugarte- ascendente a $ 35.394.000, materializado parcialmente mediante depósito de cheque del Barklays Bank por la suma de US$ 100.000, efectuado el año 1991 por Moreno Saravia, reúnen los requisitos ordenados en la disposición precedentemente indicada para tener con su mérito configurado el delito de estafa en perjuicio del Fisco, previsto en el artículo 468 del Código Penal, y sancionado en el inciso final del artículo 467 del mismo cuerpo legal, existiendo asimismo presunciones fundadas para estimar al expresado inculpado como autor del mismo".
Asimismo se confirmó la resolución del ministro Valderrama por el delito de malversación de caudales públicos.

17 de septiembre de 2009
©la nación

detenido por crimen en 1973

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Caso de Jorge Parra Alarcón. En el Pudeto permanece detenido ex coronel procesado por crimen.

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Punta Arenas, Chile. En instalaciones del Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto, permanece detenido el ex coronel de Ejército procesado por el homicidio del funcionario de Enap Jorge Parra Alarcón.
La decisión de mantenerlo en la unidad militar de calle Zenteno fue confirmada ayer, 24 horas después que el ex teniente del Regimiento Caupolicán de Porvenir se entregara de manera voluntaria a la justicia, en la Corte de Apelaciones.
Por otro lado, se estima que la apelación presentada en contra del auto de procesamiento podría ser vista mañana en el Tribunal de Alzada. De no ser así, y considerando el festivo, aquello recién ocurriría la próxima semana.
Eduardo Rafael Mancilla Martínez llegó la mañana del lunes de manera voluntaria hasta la Corte para notificarse del auto de procesamiento. Pasadas las 12,40 de la tarde fue llevado hasta el Pudeto para quedar en calidad de procesado sujeto a prisión preventiva.
Mancilla aparece como el autor material de la muerte a balazos de Parra Alarcón, hecho ocurrido en octubre de 1973, cuando el ex militante comunista era llevado desde Cerro Sombrero a Porvenir.

17 de septiembre de 2009
©prensa austral

condenas por crimen de sacerdote

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Suprema condenó a ex carabineros por crimen de sacerdote.

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Iquique, Chile. En una sentencia definitiva los ministros de la Corte Suprema condenaron a dos ex carabineros por el crimen del sacerdote Gerardo Poblete Fernández, ocurrido el 21 de octubre de 1973 en Iquique.
Se trata de los ex suboficiales Blas Barraza Quintero y Froilán Moncada Sáez, quienes recibieron cada uno la pena de seis años de prisión sin beneficios por el delito de homicidio calificado del sacerdote.
Ambos deberán a cumplir la pena en forma inmediata o cuando sean hallados.
Esta es la sentencia definitiva, ya que en junio del año pasado la Corte de Apelaciones condenó a Blas Barraza y Froilán Moncada a la pena de 10 años y un día. En esa oportunidad también sentenciaron a Enzo Meniconi Lorca. Sin embargo, este murió el 12 de enero de este año.

Informe
En un informe oficial, inserto en los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se señala que el padre Poblete se cayó y se lesionó de tal forma que fue encontrado muerto en el interior del calabozo hasta donde fue conducido luego de haber sido sacado desde el Colegio Don Bosco.
Múltiples declaraciones que están en el expediente indican que no se cayó al pavimento desde el furgón, sino que fue golpeado en el interior de la comisaría hasta morir.
El padre Poblete fue detenido luego que una persona lo denunciara ante el Ejército, acusándolo de espía.
En la resolución final se señala que los acusados son responsables, en calidad de autores del delito de homicidio calificado, sancionado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.
Sin embargo, debido a que los ex suboficiales de Carabineros cuentan con irreprochable conducta anterior, es que la pena se rebajó en un grado, quedando ésta en presidio mayor en su grado mínimo.
En fallo fue dividido. Los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller los condenados.
Mientras que los ministros los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por aplicar la figura de la prescripción de la acción penal.
El condenado Blas Barraza está radicado en la Segunda Región, mientras que Froilán Moncada vive en Iquique.
Este medio de comunicación llegó hasta su domicilio donde indicaron que estaba realizando trámites en el centro.
En la tarde señalaron que viajó a Santiago para presentarse ante la justicia y cumplir la condena.

16 de septiembre de 2009
©estrella de iquique

ex agentes fuera del ejército

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Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército. El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.

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Santiago, Chile. Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.
Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo ‘Cacho’ Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.
Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.
La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que "los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución".
De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.
El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.
Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje ‘La DINA a honorarios’ publicado el pasado 30 de agosto.
Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.

Quedan Algunos
En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como "analista en seguridad".
Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.
En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.

15 de septiembre de 2009
©la nación 

suprema dicta nueva condena

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En caso de derechos humanos.

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Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los homicidios calificados de Juan Bautista Fierro Pérez, Pedro Robinson Fierro Pérez y José Inostroza Ñanco, ocurridos el 25 de octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.
En fallo dividido los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo, determinaron la siguiente sanción:

- Rubén Darío Aracena González: 6 años de presidio. Sin beneficios.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la prescripción de la acción penal.
En primera instancia, el ministro Joaquín Billard había determinado la absolución del imputado. Sin embargo, en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago había sancionado el ilícito con presidio perpetuo.

15 de septiembre de 2009
©la nación 

recuerdan 11 de septiembre

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Partido Comunista y agrupaciones de DD.HH. conmemoran el 11 de septiembre.

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Copiapó, Chile. Con una marcha en dirección al Cementerio General de Copiapó, que estuvo encabezada por la diputada y candidata a senadora por Atacama, Isabel Allende, el Partido Comunista y diversas agrupaciones vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos pusieron fin a los actos de conmemoración de un años más del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las que se iniciaron el viernes con la colocación de una ofrenda floral en el Memorial de Detenidos y Ejecutados Políticos.
Dicha actividad, en la que también participó la ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la Unidad Popular, Mireya Baltra, se inició a las 11:00 horas de ayer con el objeto de "recordar a los compañeros caídos y ser un homenaje a Salvador Allende" a 36 años de su muerte, instancia que el secretario regional del Partido Comunista, Edgar Varas, aprovechó para reiterar el compromiso de su colectividad con la lucha por la búsqueda de la verdad y la justicia.
En la ocasión, Varas reiteró "mientras no haya verdad, no vamos a descansar en la tarea de saber el paradero de nuestros muertos, saber que pasó y cómo y por qué fueron asesinados", por lo que agregó que insistirán en dicho objetivo mientras no se sepa el devenir "de todos nuestros compañeros", por lo que tanto dicha colectividad como las agrupaciones de Derechos Humanos de Copiapó y los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos seguirán en la "búsqueda de la verdad".
El secretario regional del PC agregó que los militantes de su partido continuarán su lucha "porque se castigue a los responsables del genocidio ocurrido en Chile a partir del golpe militar, en el que participaron militares y civiles que aún no han sido parte de ningún juicio en su contra", hecho que -a su juicio- resulta "indispensable para profundizar la democracia" en el país a través, por ejemplo, del término de la exclusión que impone el sistema binominal.
En tal sentido, la militante comunista y ex secretaria de Estado durante el gobierno de la UP, Mireya Baltra, señaló que "no es posible hablar de reconciliación mientras exista la exclusión", la que -a su juicio- impide "instaurar un sistema democrático en el que estén todos los sectores representados" y, con ello, poner fin a "una democracia que es causante de la mala distribución del ingreso, de la mala calidad de la educación y de que las minorías del actual sistema no tengan participación".
Baltra agregó que el programa de gobierno de Allende "buscaba grandes transformaciones", las que luego de mil días de gestión fueron -a su juicio- acalladas por el temor y el prejuicio de algunos sectores que no comprendieron el verdadero sentido de dicha revolución a la que hace alusión, graficado en preceptos tales como "preparar al hombre para el socialismo" expresados en, por ejemplo, el plan y reforma educacional que se esperaba implementar en aquella época.
Por su parte, la hija del ex presidente Salvador Allende, la diputada Isabel Allende, señaló que este acto se enmarca en una fecha en que "hay que recordar a todos los que entregaron su vida y a lo mucho que se hizo para levantar la democracia en este país", al tiempo que se busca "acompañar el sentimiento de los familiares de las víctimas y reiterar el compromiso de luchar por la justicia, de no a la impunidad, de ampliar la democracia y acabar con la exclusión".

14 de septiembre de 2009
©chañarcillo

servel vende base de datos

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Dicom, bancos, universidades e inmobiliarias han comprado base de datos del registro electoral. Incluye nombre completo, profesión, fecha de nacimiento, domicilio, RUT, e indicación de discapacidad.

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[Sebastián Rivas y Pamela Aravena] Santiago, Chile. Instituciones financieras, inmobiliarias, empresas que realizan estudios y proyectos urbanos y la firma que administra el Dicom han comprado en los últimos 18 meses la base de datos de inscripciones vigentes del Servicio Electoral, según informó esa repartición a El Mercurio.
La lista de datos completa -que contiene información sobre más de 8 millones de chilenos- incluye, además de la inscripción electoral, el nombre completo, la nacionalidad, profesión, fecha de nacimiento, domicilio, RUT e indicación de discapacidad. El padrón total, según estimaciones, tendría un valor de más de $40 millones, fijado a partir de la ley 18.768.
Tras una consulta hecha a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entidad respondió con un oficio de tres páginas fechado el 9 de septiembre y firmado por su director, Juan Ignacio García.

Solicitantes
En el texto se indica que durante el período se han realizado 62 ventas de esa base de datos, la mayoría de ellas acotadas a comunas específicas.
El único caso en que se vendió la actualización a nivel nacional desde julio de 2005 fue a la empresa Equifax, que administra el Dicom chileno.
Otro solicitante de información es el Banco Ripley, que -a través de un representante identificado como Mauro Becerra- compró el padrón de las comunas de San Felipe, Quillota, La Calera, Curicó, Talcahuano, Osorno y Punta Arenas.
La Inmobiliaria Hippocampus, de Viña del Mar, en tanto, adquirió la base de datos de Quillota, mientras que la empresa Atisba -que realiza estudios y proyectos urbanos para empresas públicas y privadas- compró la de Llay Llay, y la firma V y V Paisajismo Ltda. pidió las bases de datos de Maipú, la misma zona donde tiene sus oficinas.
En otro rubro hay una casa de estudios superior que también compró datos del Servel. La Pontificia Universidad Católica solicitó en 2008 los padrones de las regiones XV, I y II.
Además, el padrón electoral ha sido adquirido por municipalidades, partidos políticos y candidatos.
Aunque el tema ha generado polémica a nivel ciudadano y de las organizaciones pro transparencia, la venta de las bases de datos es legal, y el Servel afirma que está obligado a entregar la información, dado que ésta, según la Constitución, tiene carácter público.
Sesenta y dos veces fueron compradas bases de datos de inscripciones electorales vigentes del Servel en los últimos 18 meses, por personas jurídicas o naturales.
Cuarenta millones de pesos es el monto estimado para adquirir la totalidad del padrón, algo que en los últimos dos años sólo hizo Equifax (administradora de Dicom).

La Fundamentación del Servel y el Debate Ciudadano
Según explicó la semana pasada el Servel a El Mercurio, la entidad está obligada a entregar los datos del padrón por el artículo 8 de la Constitución, que consagra que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".
Sin embargo, hay cuestionamientos por el hecho de que la repartición entrega datos como el RUT, el domicilio y la condición de discapacidad, que -según explican en el Servel- son imposibles de separar del padrón electoral.
Hace dos semanas, un fallo del Consejo para la Transparencia estableció que el RUT debe ser secreto, y la venta de datos por parte de entidades públicas a particulares ha motivado una serie de cartas a este diario en los últimos días criticando el tema, por la desprotección en que quedan los antecedentes personales de los ciudadanos.
El lector Claudio Seebach afirmó en una carta del 4 de septiembre que "lo que hace el Servel es una flagrante violación de la privacidad", mientras que Patricio Herman planteó tres días después que "se trata de información personal que le pertenece a cada uno de los ciudadanos", e indicó que había hecho una presentación ante el Consejo para la Transparencia.
Federico Allendes, presidente de la organización Pro Acceso, afirma que "el Servicio Electoral no está recolectando mi información de forma pública, sino que yo se la estoy entregando para ejercer un derecho ciudadano", por lo que, en su visión, sería información personal, la que está protegida por el artículo 4 de la Ley 19.812 de Protección de Datos Personales. "La ley no los habilita a ellos para entregar datos para ser usados en temas ajenos a la finalidad del Servicio", señala.
Allendes plantea que es una situación que se debe frenar. "Que el Servel esté facultado para vender sus bases de datos con fines de lucro es algo que no corresponde".

Los Otros Compradores: Partidos Políticos y Candidatos
El año pasado, varios candidatos a alcalde -quienes finalmente resultaron triunfadores- compraron el padrón de las comunas donde competían. Son los casos de Luis Plaza, en Cerro Navia; Graciela Ortúzar, en Lampa; Cristián Balmaceda, en Pirque, además del alcalde Manuel José Ossandón, en Puente Alto.
Hubo también varios compradores que finalmente perdieron su postulación, como Carlos Navarro, quien capotó en su intento de llegar al sillón edilicio de Papudo.
En 2008 aparecen varios municipios comprando el padrón de sus electores (Renca, Lo Prado, San Antonio, Vitacura, Pirque y Ñuñoa), y el PRSD adquirió el padrón de Talca.
Algunos diputados también han solicitado bases de datos. En 2008, Denise Pascal Allende (PS) compró el padrón con las inscripciones vigentes en las comunas de su distrito (Talagante, El Monte, Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Melipilla y Curacaví), y este año, Felipe Harboe (PPD) hizo lo mismo con la comuna de Santiago.
En tanto, el Partido Comunista adquirió el padrón de los distritos 2, 5, 28 y 46, donde van como candidatos Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona, Guillermo Teillier y Cristián Cuevas.

El Rol del Consejo de Transparencia
El Consejo para la Transparencia es el organismo que puede dilucidar la polémica sobre si los datos del padrón electoral pueden ser vendidos, por ser públicos, o son información sensible y personal de los ciudadanos.
La Ley de Transparencia establece que el Consejo es también el órgano encargado de velar por la protección de datos personales y resolver las presentaciones en ese sentido, algo que quedó de manifiesto en el fallo contra Fonasa y el Ministerio de la Vivienda, en que, si bien el Consejo ordenó entregar las calificaciones de sus funcionarios, dijo que debían hacerlo sólo con el nombre, excluyendo al RUT por ser un dato personal y del que se garantiza su reserva. La entidad presidida por Juan Pablo Olmedo recibió la semana pasada una presentación sobre el tema de la base de datos del Servel, por lo que su fallo dilucidará cuál es el uso que se le puede dar al padrón.

14 de septiembre de 2009
©el mercurio

marcha por los detenidos desaparecidos

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Incidentes en marcha al Memorial del Cementerio General. Enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes se concentraron cerca de Mapocho. Arrate y AFDD acusaron represión policial injustificada.

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Santiago, Chile. Algunos incidentes perturbaron la marcha conmemorativa organizada por los familiares de las víctimas de la dictadura, cuyo golpe de estado cumplió esta semana 36 años.
Los incidentes afectaron al candidato presidencial de la izquierda, Jorge Arrate, quien tomó parte en la movilización.
La manifestación se inició con poco más de 500 personas en la Alameda, pero sus filas se engrosaron en el trayecto, de unos 3,5 kilómetros, para culminar en el Cementerio General de Recoleta.
Cerca de Mapocho ya eran casi 3.000 manifestantes quienes desfilaban pacíficamente, hasta que, por motivos no explicados, la policía, que mantenía una estrecha vigilancia, trató de dispersar a los participantes.
Fuentes policiales señalaron que los efectivos actuaron después de que algunos de los manifestantes lanzaron piedras contra vehículos y edificaciones.
Jorge Arrate, que marchaba en el frente, se alejó de ella, indignado por lo que consideró una represión injustificada y achacó la responsabilidad al intendente Igor Garafulic.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmó que "así como se criminaliza a quienes se manifiestan, quisiera pedir que el Gobierno persiga las responsabilidades en carabineros, porque éstas no fueron disturbios, sino fue una clara agresión contra manifestantes que estaban de manera tranquila rindiendo honor a las víctimas del terrorismo de Estado", responsabilizando así a los uniformados de los desmanes en las afueras del Cementerio.
El conflicto indígena que tiene lugar en La Araucanía se hizo presente en la manifestación de este año a través de pancartas y consignas a favor de los mapuches.
La marcha culminó con un acto en el monumento a la memoria de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura que se levanta en el Cementerio General.

13 de septiembre de 2009
©la nación