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servel vende base de datos


Dicom, bancos, universidades e inmobiliarias han comprado base de datos del registro electoral. Incluye nombre completo, profesión, fecha de nacimiento, domicilio, RUT, e indicación de discapacidad.
[Sebastián Rivas y Pamela Aravena] Santiago, Chile. Instituciones financieras, inmobiliarias, empresas que realizan estudios y proyectos urbanos y la firma que administra el Dicom han comprado en los últimos 18 meses la base de datos de inscripciones vigentes del Servicio Electoral, según informó esa repartición a El Mercurio.
La lista de datos completa -que contiene información sobre más de 8 millones de chilenos- incluye, además de la inscripción electoral, el nombre completo, la nacionalidad, profesión, fecha de nacimiento, domicilio, RUT e indicación de discapacidad. El padrón total, según estimaciones, tendría un valor de más de $40 millones, fijado a partir de la ley 18.768.
Tras una consulta hecha a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entidad respondió con un oficio de tres páginas fechado el 9 de septiembre y firmado por su director, Juan Ignacio García.

Solicitantes
En el texto se indica que durante el período se han realizado 62 ventas de esa base de datos, la mayoría de ellas acotadas a comunas específicas.
El único caso en que se vendió la actualización a nivel nacional desde julio de 2005 fue a la empresa Equifax, que administra el Dicom chileno.
Otro solicitante de información es el Banco Ripley, que -a través de un representante identificado como Mauro Becerra- compró el padrón de las comunas de San Felipe, Quillota, La Calera, Curicó, Talcahuano, Osorno y Punta Arenas.
La Inmobiliaria Hippocampus, de Viña del Mar, en tanto, adquirió la base de datos de Quillota, mientras que la empresa Atisba -que realiza estudios y proyectos urbanos para empresas públicas y privadas- compró la de Llay Llay, y la firma V y V Paisajismo Ltda. pidió las bases de datos de Maipú, la misma zona donde tiene sus oficinas.
En otro rubro hay una casa de estudios superior que también compró datos del Servel. La Pontificia Universidad Católica solicitó en 2008 los padrones de las regiones XV, I y II.
Además, el padrón electoral ha sido adquirido por municipalidades, partidos políticos y candidatos.
Aunque el tema ha generado polémica a nivel ciudadano y de las organizaciones pro transparencia, la venta de las bases de datos es legal, y el Servel afirma que está obligado a entregar la información, dado que ésta, según la Constitución, tiene carácter público.
Sesenta y dos veces fueron compradas bases de datos de inscripciones electorales vigentes del Servel en los últimos 18 meses, por personas jurídicas o naturales.
Cuarenta millones de pesos es el monto estimado para adquirir la totalidad del padrón, algo que en los últimos dos años sólo hizo Equifax (administradora de Dicom).

La Fundamentación del Servel y el Debate Ciudadano
Según explicó la semana pasada el Servel a El Mercurio, la entidad está obligada a entregar los datos del padrón por el artículo 8 de la Constitución, que consagra que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".
Sin embargo, hay cuestionamientos por el hecho de que la repartición entrega datos como el RUT, el domicilio y la condición de discapacidad, que -según explican en el Servel- son imposibles de separar del padrón electoral.
Hace dos semanas, un fallo del Consejo para la Transparencia estableció que el RUT debe ser secreto, y la venta de datos por parte de entidades públicas a particulares ha motivado una serie de cartas a este diario en los últimos días criticando el tema, por la desprotección en que quedan los antecedentes personales de los ciudadanos.
El lector Claudio Seebach afirmó en una carta del 4 de septiembre que "lo que hace el Servel es una flagrante violación de la privacidad", mientras que Patricio Herman planteó tres días después que "se trata de información personal que le pertenece a cada uno de los ciudadanos", e indicó que había hecho una presentación ante el Consejo para la Transparencia.
Federico Allendes, presidente de la organización Pro Acceso, afirma que "el Servicio Electoral no está recolectando mi información de forma pública, sino que yo se la estoy entregando para ejercer un derecho ciudadano", por lo que, en su visión, sería información personal, la que está protegida por el artículo 4 de la Ley 19.812 de Protección de Datos Personales. "La ley no los habilita a ellos para entregar datos para ser usados en temas ajenos a la finalidad del Servicio", señala.
Allendes plantea que es una situación que se debe frenar. "Que el Servel esté facultado para vender sus bases de datos con fines de lucro es algo que no corresponde".

Los Otros Compradores: Partidos Políticos y Candidatos
El año pasado, varios candidatos a alcalde -quienes finalmente resultaron triunfadores- compraron el padrón de las comunas donde competían. Son los casos de Luis Plaza, en Cerro Navia; Graciela Ortúzar, en Lampa; Cristián Balmaceda, en Pirque, además del alcalde Manuel José Ossandón, en Puente Alto.
Hubo también varios compradores que finalmente perdieron su postulación, como Carlos Navarro, quien capotó en su intento de llegar al sillón edilicio de Papudo.
En 2008 aparecen varios municipios comprando el padrón de sus electores (Renca, Lo Prado, San Antonio, Vitacura, Pirque y Ñuñoa), y el PRSD adquirió el padrón de Talca.
Algunos diputados también han solicitado bases de datos. En 2008, Denise Pascal Allende (PS) compró el padrón con las inscripciones vigentes en las comunas de su distrito (Talagante, El Monte, Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Melipilla y Curacaví), y este año, Felipe Harboe (PPD) hizo lo mismo con la comuna de Santiago.
En tanto, el Partido Comunista adquirió el padrón de los distritos 2, 5, 28 y 46, donde van como candidatos Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona, Guillermo Teillier y Cristián Cuevas.

El Rol del Consejo de Transparencia
El Consejo para la Transparencia es el organismo que puede dilucidar la polémica sobre si los datos del padrón electoral pueden ser vendidos, por ser públicos, o son información sensible y personal de los ciudadanos.
La Ley de Transparencia establece que el Consejo es también el órgano encargado de velar por la protección de datos personales y resolver las presentaciones en ese sentido, algo que quedó de manifiesto en el fallo contra Fonasa y el Ministerio de la Vivienda, en que, si bien el Consejo ordenó entregar las calificaciones de sus funcionarios, dijo que debían hacerlo sólo con el nombre, excluyendo al RUT por ser un dato personal y del que se garantiza su reserva. La entidad presidida por Juan Pablo Olmedo recibió la semana pasada una presentación sobre el tema de la base de datos del Servel, por lo que su fallo dilucidará cuál es el uso que se le puede dar al padrón.

14 de septiembre de 2009
©el mercurio
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