uribistas quieren impunidad
14 de septiembre de 2009
Colombia. Al director del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, no se le podía haber ocurrido un peor momento para avalar una propuesta como la de crear un tribunal especial para juzgar a los congresistas. El objetivo no es otro que quitarle a la Corte Suprema las investigaciones que adelanta en este momento contra 34 congresistas por la para-política. La mayoría de ellos de la alianza de gobierno.
Si alguien en verdad está pensando en el bien supremo del Estado, no se le puede ocurrir reformar algo que hasta los uribistas reconocen que está funcionando bien. El despropósito es tal, que aliados de Restrepo salieron a controvertirlo en público. El senador Armando Benedetti, por ejemplo, se declaró defensor de la Corte Suprema y concluyó: "En este momento en el que todo está bien caliente, ¿por qué van a retar a la Corte? ¿Por qué van a mostrarle los dientes a la Corte?"
La reacción de ésta no se hizo esperar. Y por primera vez en los últimos años, el vocero de turno del alto tribunal se pronunció con frases de alto calibre: "Si lo que se quiere es la impunidad, que cierren la Corte Suprema", dijo el vicepresidente, Jaime Arrubla. Y lanzó una advertencia: "Una propuesta de esta naturaleza puede ser leída internacionalmente como un palo en la rueda de los congresistas para doblegar a su juez natural".
El procurador general, Alejandro Ordóñez, también reaccionó fuerte. "Pasamos de la Patria Boba a la patria loca", dijo al calificar la propuesta. Y añadió: "Yo no quiero administrar ese manicomio".
¿En qué consiste el cambio? La idea del senador Manuel Enríquez Rosero, de la U, es crear un Tribunal Nacional Especial para que se encargue de investigar tanto a los congresistas, lo que hoy hace la Corte Suprema, como a los altos dignatarios del Estado, que hoy son investigados por la Comisión de Acusaciones.
Su propuesta tiene dos problemas. El primero es que deja un sabor de retaliación de parte del Congreso. Pues es una respuesta al cambio de jurisprudencia que decidió la Corte la semana anterior, con el que le puso freno a la maniobra que estaban empleando los congresistas para evadir la jurisdicción del alto tribunal. La Sala Penal dijo que el hecho de que un congresista renuncie a su curul no es razón para que la Corte no lo investigue. De esa manera cerró la puerta por la que ya se habían evadido 45 legisladores para dejar sus casos en manos de la fiscalía.
El segundo problema es que la elección de los magistrados quedaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el tribunal más criticado hoy de las altas cortes, porque siete de sus 13 miembros son elegidos por el Congreso y más que juristas han sido seleccionados políticos de carrera. El senador Rosero defiende su proyecto diciendo que el Consejo de la Judicatura sólo elegirá de un ramillete de candidatos que le presenten las universidades. Pero sin duda, y lo ha demostrado la Comisión Nacional de Televisión, poner a la academia de mampara no garantiza que los congresistas no impongan sus cuotas.
Pero más allá de los detalles, este nuevo ataque contra la Corte Suprema deja al descubierto lecciones preocupantes de la realidad política de Colombia.
En primer lugar, que un sector importante del uribismo está decidido a socavar a la Corte Suprema de Justicia a como dé lugar. Esta no es la primera propuesta que hace Luis Carlos Restrepo en ese sentido. La primera fue en mayo, apenas dos meses después de haber dejado su cargo en el sanedrín del presidente Álvaro Uribe. En esa ocasión, propuso abrir un debate sobre la necesidad de reformar la Constitución "para retomar esa figura tan importante de la inmunidad parlamentaria". Hizo esa propuesta tras una reunión con el Presidente y en momentos en que el uribismo estaba adolorido pues acababa de ser detenida una de sus congresistas más apreciadas, Zulema Jattin.
Y hace poco menos de un mes, la senadora también uribista Nancy Patricia Gutiérrez se fue lanza en ristre contra la Corte Suprema y con lágrimas en los ojos, en el recinto del Senado dijo, refiriéndose a la Corte: "No puede ser que el Congreso se vea sometido a más atropellos". Estaba hablando del allanamiento que la Corte había ordenado al senador Alirio Villamizar, con tal mala suerte para ella, que horas después se supo que en la casa del congresista encontraron cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo.
Es preocupante, por decir lo menos, la insistencia en el tema. A casi seis meses de las elecciones parlamentarias y con un partido como el de la U, que espera ganar un número significativo de curules, produce cierta desazón pensar qué puede ocurrir si logra fortalecer más su músculo en marzo.
La segunda enseñanza de este episodio es que la reacción de los congresistas investigados por la Corte ha sido tan desmedida, que tiende un manto de duda sobre el desempeño de la fiscalía en esta materia. Sería injusto generalizar porque hay valerosos fiscales que han expuesto su vida para sacar adelante casos muy complejos. Pero en ciertos procesos puntuales, la fiscalía no sale muy bien librada.
En el caso del ex presidente del Senado Humberto Gómez Gallo, por ejemplo, la Fiscalía le precluyó la investigación días antes de que se diera vencimiento de términos. En el del representante William Montes, el juez lo absolvió porque no consideró que fuera delito el hecho de firmar el pacto secreto de Ralito, que proponía refundar la patria con un grupo que para entonces (2001) no sólo era ilegal, sino responsable de múltiples masacres. Y el caso del representante de Sucre de la U Jairo Merlano, en el cual la juez que lo absolvió le dijo en su momento a esta revista que el fiscal del caso no se preocupó por llevar al expediente el testimonio de alias el ’Oso’, paramilitar protagonista de este caso.
El fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, consultado al respecto por SEMANA hizo una defensa vehemente de la institución. "La fiscalía sí ha cumplido. Ha habido casos en los que hemos acusado con pruebas procedentes de la Corte y otros en los que jueces han anulado lo realizado por la Corte. Es un problema que no está centrado en la fiscalía, hay que buscarlo en el sistema judicial".
La semana pasada cuatro jueces, atendiendo el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema, devolvieron al alto tribunal sendos procesos de políticos que estaban en la etapa de juicio. Entre tanto, el fiscal Mendoza dijo a SEMANA que por ahora no va a devolver ninguno y que prefiere que los procesos se queden en la fiscalía. En sus manos está uno de los más espinosos, el del ex senador Mario Uribe, primo del presidente. "Estamos en un limbo jurídico -explicó Mendoza-. La ley dice que para que exista una jurisprudencia obligatoria se deben dar pronunciamientos reiterativos de la Corte. Hasta ahora sólo hay uno. Esperamos que se dé un pronunciamiento que aclare el panorama. Mientras esto ocurre, la fiscalía continuará con las investigaciones".
Este lunes, precisamente, la Sala Penal de la Corte tiene programado tomar dos decisiones: si recibe los casos que le remitieron los jueces y si le pide a la fiscalía que le envíe los que ella tiene. No es un asunto fácil. En parte porque muchos de los implicados reclaman que no se le puede aplicar retroactividad a esta jurisprudencia de la Corte y deben seguir siendo investigados por la fiscalía.
Esa polémica jurídica es válida y hay que darla. Lo que si no tiene presentación es que el Congreso adquiera la costumbre de ir cambiando instituciones con una historia de más de 200 años porque de repente sus miembros sienten que les estorban a sus propósitos particulares.
©semana 
0 comentarios