chile

verdad al servicio de la injusticia

---

Colega del periodista asesinado por la dictadura, Pepe Carrasco, denuncia la protección que brindan elementos pinochetistas enquistados en poder judicial a procesados por delitos de lesa humanidad.

---

[Patricia Collyer] El reciente fallo de la Corte Suprema respecto del asesinato de José Carrasco Tapia sólo reafirma la postura de ese tribunal frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar que rigió los destinos de Chile entre 1973 y 1990. Una vez más se rebajaron las condenas de primera y segunda instancia, de modo que -en este caso- casi la totalidad de los 15 ex agentes de la CNI que integraron los comandos que asesinaron a Carrasco y a otros cuatro militantes de izquierda durante las madrugadas del 8 y 9 de septiembre de 1986, podrán cumplir sus condenas en libertad remitida.
Lo anterior, pese a que esos agentes fueron condenados por homicidios calificados, lo que significa que secuestraron "a personas desvalidas, impedidas de repeler cualesquier agresión", "armados y en horas de la noche, constituidos en un grupo capacitado para estas acciones, disciplinado y sujeto a mando militar", creando "las mejores condiciones de desprotección para desarrollar exitosamente su designio criminoso, al extremo que las víctimas fueron retiradas violentamente desde sus hogares para ser trasladadas a lugares solitarios, donde inmediatamente fueron baleadas numerosas veces (…)", según señaló el fallo en primera instancia del ministro Haroldo Brito, refrendado por la Corte de Apelaciones.
Duele la injusticia que está imperando en este tipo de crímenes. Más aún, si los jueces cuentan con tanta verdad. Como en este caso, en muchos otros los asesinos han utilizado la confesión como una herramienta para atenuar las penas. Así lo prueba, por ejemplo, el que el ex agente Jorge Vargas Bories, quien sacó a Pepe Carrasco de su dormitorio junto al jefe del operativo, Iván Quiroz, negara por más de 14 años su autoría en el crimen -aun al ser careado con Iván Carrasco, el hijo de Pepe- y confesara sólo cuando ello podría actuar como atenuante.
La Corte Suprema también ha sido reiterativa en aducir como atenuantes la "irreprochable conducta anterior". Es fácil tenerla cuando se actúa en la impunidad. Por ejemplo, Vargas Bories, aunque fue citado por la muerte en torturas del profesor Federico Álvarez Santibáñez, a inicios de los ’80, nunca fue procesado. O la "obediencia debida", un atenuante del Código de Justicia Militar; o la "media prescripción", a pesar de tratarse de crímenes imprescriptibles.
Duele tanta injusticia. Más aún si se sabe la verdad: que la orden de asesinar a José Carrasco, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y Gastón Vidaurrázaga fue dada en La Moneda, donde se instruyó "cobrar 2 por 1".
Duele tanta injusticia habiendo tanta verdad.

La autora fue compañera de trabajo de José Carrasco en revista Análisis, coautora del libro ‘Asesinato de un periodista’ y actual consejera nacional de Colegio de Periodistas de Chile.

7 de septiembre de 2009
©la nación

la victoria de dubois

---

Este viernes los pobladores de mítica población La Victoria, en la comuna Pedro Aguirre Cerda, recibieron de vuelta al sacerdote que acompañó sus pasos en los años más duros de la dictadura. A sus 78 años, con mal de Parkinson, su voluntad está intacta. Su lucha, hoy, es contra la droga.

---

[Carolina Rojas] Santiago, Chile. La imagen del padre Pierre Dubois, con sus brazos abiertos en cruz, avanzando sereno al encuentro de un bus policial de Fuerzas Especiales, en medio de una noche iluminada sólo por barricadas, dio la vuelta al mundo. Era el 27 de marzo de 1984 y al sacerdote francés avecindado en Chile para hacer trabajo pastoral entre los pobres le costó siete horas de detención y varios golpes en el cuerpo. No era la primera vez, ni la última, que el párroco intercedía entre pobladores y fuerzas represivas predicando la no violencia, como una forma casi desesperada de evitar mayores tragedias.
En esa misma cruzada andaba la noche del 4 de septiembre de 1984 en medio de una de las más grandes protestas populares registradas en ese tiempo. Cuando volvió a su casa, su compañero de labores pastorales, el padre André Jarlan, le esperaba sentado en su mesa de trabajo, con su cabeza recostada sobre el Salmo 129. Un hilo de sangre ya había detenido su fluir desde su cuello. Jarlan estaba muerto.
Este viernes se cumplieron 25 años de ese episodio. Y Pierre Dubois lo pudo conmemorar junto a los vecinos de La Victoria, población a la que regresa después de 20 años. El régimen militar se ensañó con él y con lo que representaba. En septiembre de 1986, horas antes de decretarse el estado de sitio tras el atentado contra Augusto Pinochet, Dubois fue detenido junto a otros dos misioneros franceses y obligados a abandonar el país tres días más tarde. Se les acusó de subversivos, de portar panfletos y de insultar a las autoridades. Pero tuvieron mejor suerte que Pepe Carrasco, Fernando Videuzárraga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit, que fueron ejecutados en la vía pública la misma noche en que los sacerdotes fueron detenidos.
Dubois regresó en 1990, pero no le fue permitido radicarse nuevamente en La Victoria. La derecha seguiría la labor de amedrentamiento y odiosidad emprendida por la dictadura. En octubre de 2000, votando el bloque, senadores de RN y la UDI le negaron la nacionalidad por gracia que solicitaban parlamentarios de la Concertación por considerarlo "una figura conflictiva y no unitaria". Tres meses después, le fue concedida, tras una nueva votación en la cámara alta -esta vez secreta- en la que diez honorables se opusieron.
Pierre Dubois nació el 17 de octubre de 1931, en Plombieres, Francia, hijo de Maurice Jean Baptiste Dubois Moutenot, empleado en una casa de venta de neumáticos y dirigente parroquial y deportivo, y de Madeleine Louise Desvignes Noirot, dueña de casa y trabajadora del campo. Llegó a Chile en septiembre de 1963 para asesorar al Movimiento Obrero de Acción Católica y a la Juventud Obrera Católica en Barrancas (hoy Pudahuel) y Quinta Normal. A La Victoria llega en 1983, como párroco titular, acompañado de André Jarlan.
Cuando volvió a Chile con la democracia, en 1990, la fiesta fue en grande. Tras una hora de lenta caminata entre su auto y un humilde escenario, retornó a su entrañable población. "He vuelto a casa", fue la breve frase que el padre lanzó con emoción a los victorianos que, sin tomar aire, replicaron al unísono: "a tu casa".
El viernes recién pasado, a su regreso como pastor de la población, Dubois recorrió las calles y pasajes de La Victoria recordando con emoción ese reencuentro con los vecinos que lo abrazaban y lo besaban como un niño falto de cariño. Todos querían estar cerca de él, contarle sus historias e invitarlo a sus casas. Aún hoy, Dubois no deja de conmoverse con esas imágenes.
Dubois es de los que cree que de una mala experiencia siempre se saca algo bueno. Por eso, para el padre Dubois, el asesinato de su gran amigo fue una especie de justa resurrección. "La muerte de André denunció la represión hacia los pobladores durante la dictadura. Permitió que mucha gente se enterara de que en las poblaciones se estaba matando. Hasta antes de su muerte, se creía que los asesinatos eran un invento, incluso así lo creían algunos sacerdotes. Recuerdo que después de la muerte de André, hasta la gente del barrio alto creyó en lo que pasaba. Se hizo justicia con los pobres que morían en manos de uniformados, aunque la misma muerte de André no se haya esclarecido aún", dice lamentándose de la indiferencia judicial.
Hoy el padre Pierre se apoya en su bastón, encogido por el avance del mal de Parkinson que sufre. Pero sus ideas claras y certeras y su gran fuerza de voluntad no se aplacan. Para buena parte de La Victoria sigue siendo "ese compañero" y "hermano mayor" de los tiempos difíciles, como lo definen los vecinos de La Victoria, protagonistas de la primera toma de terreno en Latinoamérica. Hoy, la población tiene los mismos problemas que enfrentan las entonces poblaciones de la resistencia. Si antes fueron las balas, para Dubois hoy existe otra clase de violencia que los está matando. La indiferencia, el discurso de la delincuencia y la estigmatización social los relega como un ghetto. Citando a Eclesiastés, el padre dice que con la indolencia de los chilenos hacia los pobres también se derrama sangre.

¿Por qué lo cree así?
La falta de trabajo es una de las principales causas de pobreza que conlleva otras consecuencias. La gente tiene sed de dinero, algo que conduce al individualismo. En las poblaciones, esto lleva a las drogas y a la delincuencia, algo que se mete en la gente... Un empleador que no paga sueldos justos es tan violento como un golpe militar.

Dubois quiere seguir con su movimiento pastoral, obrero y católico, lejos de la figura del párroco de los ricos del que siempre dijo avergonzarse. "Es ahora que quiero volver a La Victoria porque hay un lazo fuerte que se creó entre nosotros, un lazo fuerte entre La Victoria y nosotros dos, y quiero seguir con la gente de la población", dice con su voz temblorosa pero potente.

¿Justifica la violencia con la que se enfrentan hoy los pobladores?
No se justifica ni de un lado ni del otro. Prefiero la paz, tal como lo hacía antes. Recuerdo cómo calmaba a la gente en los tiempos de protesta, en los ochenta. En esos años, apaciguaba a los pobladores para que no atacaran a las fuerzas policiales que no hacían más que reprimirlos. Les decía que no atacaran con bombas molotov o piedras y ellos me respondían que habían sido atacados primero. Pero ahí, había que hacerles entender que la única defensa era respetar al hombre.

Los empresarios que viven su cristiandad a través de donaciones, ¿los aprueba?
Ellos necesitan una reconversión más profunda. Lo que donan no es suficiente, sólo vale hasta que les duela.

Dubois está nuevamente en su parroquia. En primera fila, Nelly Gallegos se distinguía por su cabellera color ceniza. Está emocionada no sólo por la alegría de volver a escuchar los mensajes pastorales del padre Pierre Dubois en la población, también lo está por el retorno de los recuerdos que ella creía enterrados. Como la muerte de su hijo de 24 años, Andrés Zabala, en las protestas de la población para recuperar la democracia. Un poco más allá, Hortensia, la viuda de Zabala, observa la conversación.
Los gritos de "hola Pierre" apenas dejan escuchar a sus feligreses, pero a él no le importa. Están todos los viejos amigos, también la Biblia y la toga de Jarlan. Atenta lo escucha Luisa Ovalle. Ella tiene 68 años y hace 47 que vive en la población. Confiesa que con el regreso de Dubois, la población está completa. Tiene esperanzas de que un nuevo orden social se pueda trabajar entre sus vecinos. Luisa recuerda cuando el padre curaba y escondía a los pobladores en su casa de la calle Ranquil. "Su regreso ha sido maravilloso, lo único que nos faltaba, estamos realmente felices", comenta. De fondo suena una canción y el padre sigue escuchando uno a uno a sus feligreses con una fuerza que sorprende e inspira.
Este viernes hizo frío, pero a los vecinos que llegaron hasta la parroquia Nuestra Señora de La Victoria no les importó. El lugar estaba enteramente decorado con corazones alados y carteles de cartulina con consignas de bienvenida y amistad. El padre Dubois está de vuelta.

6 de septiembre de 2009
©la nación

criminales en servicio activo

---

Lista del Ejército sobre ex Dina incluye a militares activos. En la nómina, solicitada tras el reportaje de LND sobre la presencia de ex agentes de la DINA en las filas del Ejército, aparece también en esa condición el coronel Marco Bustos, procesado por el caso de los cinco frentistas.

---

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Los custodios en Uruguay del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos, suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, forman parte de la lista de 13 procesados que el Ejército entregó esta semana al ministro de Defensa Francisco Vidal, a raíz de la inquietud que ha generado la recontratación de ex agentes por parte de la institución castrense. No es todo: los dos uniformados permanecen en la planta de activos. En esa misma condición se encuentra el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco, procesado por el ministro Mario Carroza como uno de los autores del secuestro y desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Según antecedentes obtenidos por LND, el general en retiro Miguel Trincado Araneda, encausado en 2007 por el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de los 26 asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama, también se encuentra entre esos 13 nombres en calidad de recontratado. Tanto la lista del personal de planta como la de los funcionarios a contrata permanecen "limitadas" al acceso público en la página electrónica del Ejército, protegida por la "Seguridad del Estado y la Defensa Nacional", en virtud del artículo 436 del Código de Justicia Militar.
ImagenLa lista no se ha hecho pública, pero ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, en una ceremonia con motivo del Día del Reservista, en el Regimiento Buin, dijo que concurrirá esta semana al Congreso, en compañía del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. "Estamos convocados el día martes y miércoles a tres comisiones, las dos de Defensa y la de Derechos Humanos (de la Cámara Baja). Se ha hecho por parte de la institución la evaluación y se daría a conocer a los señores parlamentarios las decisiones que se han tomado sobre esta materia", sostuvo.

De Planta
Hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva la condición de activos de los dos suboficiales que participaron en la salida clandestina de Berríos del país en 1991, que se efectuó con el fin de evitar que el químico declarara en procesos por delitos de lesa humanidad. Su calidad de activos se develó durante la reciente fase probatoria del juicio por el crimen de Berríos, que instruye el juez Alejandro Madrid.
El 3 de marzo de este año, el abogado Gustavo Menares, defensor del coronel (R) Manuel Pérez Santillán, uno de los procesados en la misma causa, solicitó a Madrid que citara a declarar al "suboficial de Ejército en servicio activo Marcelo Ariel Sandoval Durán" y al "suboficial de Ejército en servicio activo, Nelson Román Vargas". Sorprendidos por la permanencia de los custodios de Berríos en las filas del Ejército, los abogados querellantes, según la documentación recopilada por LND, pidieron la confirmación de este hecho a Madrid en la misma audiencia. El magistrado ratificó el estatus de Sandoval y Román.
Román y Sandoval están procesados y formalmente acusados por este crimen. En 1991, ambos integraban la Unidad de Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encargó de sacar clandestinamente de Chile no sólo a Berríos, sino también a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros. Los dos suboficiales pertenecieron a la CNI antes de 1990. Román era el número 492 y Sandoval el 526, según la lista que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
El 17 de julio de 2008, el coronel Marco Antonio Bustos fue procesado en el caso de los cinco frentistas en 1987. Era agente de inteligencia del Ejército e integraba el llamado comando G4, un grupo operativo especial dependiente del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que a su vez dependía de DINE. Bustos reconoció en el proceso que durante el tiempo que la CNI mantuvo secuestrados a los frentistas, operó "como enlace entre la CNI y el BIE", organismos que fraguaron el crimen.
El general Miguel Trincado, otro que aparece en la lista que tiene el ministro Vidal en su escritorio, ya está en retiro. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006, como comandante de la II División del Ejército en la Región Metropolitana y juez militar de Santiago. Meses antes, Trincado había visitado en su casa al ex director de Investigaciones, Arturo Herrera, para pedirle que ordenara el cambio de un informe policial que lo vinculaba al desentierro de los cuerpos de Calama en 1976 y su lanzamiento al mar. Herrera accedió, pero sus oficiales se negaron a alterar el documento. El 23 de noviembre de 2007, la jueza de Antofagasta, Rosa María Pinto, lo procesó como autor del desentierro y desaparecimiento de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte.

6 de septiembre de 2009
©la nación 

recuerdan asunción de allende

---

Un grupo cercano a las treinta personas, ligadas al ámbito de los derechos humanos, acudió hasta el busto que recuerda al ex presidente Salvador Allende Gossens, para así conmemorar los 39 años desde el asunción del primer gobernante marxista chileno. Su gobierno fue el primer intento de socialismo en libertad.

---

Iquique, Chile. La actividad que concluyó con una ofrenda florar, reunió a quienes quisieron recordar y manifestar la gratitud con el ex presidente socialista.
En la ceremonia participaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos; la Corporación de Presos Políticos de Pisagua; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y también la Central Unitaria de Trabajadores.
En este sentido, los asistentes quisieron resaltar sobre todo los avances en materia económica que se logró en ese entonces.
Al respecto, el vicepresidente de la agrupación de presos políticos de Pisagua, Rigoberto Pizarro Prado, dijo que "este día es significativo porque recordamos la fecha en que el pueblo chileno obtuvo un gobierno democrático y en ese entonces tuvimos un gran avance en materia económica" precisó.

6 de septiembre de 2009
©estrella de iquique 

homenaje a pepe carrasco

---

Rinden homenaje a periodista asesinado tras atentado a Augusto Pinochet. Representantes del gremio y la vocera de Gobierno, Carolina Tohá, llegaron al lugar exacto en que José Carrasco fue acribillado en 1986.

---

Santiago, Chile. A un costado del Cementerio Parque del Recuerdo y con la presencia de la ministra secretaria general de gobierno, Carolina Tohá, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, realizó un acto donde unas setenta personas rindieron un homenaje en memoria del asesinato del periodista José Carrasco Tapia ocurrido hace 23 años.
Exactamente en el lugar en que fue acribillado a balazos durante la madrugada del 8 de septiembre de 1986, en el muro exterior del lado sur del camposanto ubicado en la comuna de Huechuraba se realizó la ya tradicional romería en homenaje al profesional.
Los dirigentes del gremio emitieron emotivas palabras en el mismo lugar donde agentes del Estado cometieron los crímenes, en represalia por el atentado ejecutado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra Augusto Pinochet.
La vocera de gobierno aseguró que "estamos aquí para recordar lo que (Pepe Carrasco) fue para una generación como la mía, su figura después de su muerte. Lo que representó como un camino para despertar y darse cuenta lo que representaba la profesión del periodismo en ese y en todos los tiempos". Además agregó que "en dictadura se expone la vida, pero en democracia es fácil que algunos olviden lo importante que es tener profesionales serios y comprometidos con el sentido de su labor".
Tohá dijo que "en el Chile de hoy y del futuro, no podemos permitir nunca más que las personas tengan que exponer su vida para cumplir con su labor. Pero tampoco podemos permitir que a través de otros medios, quizás más sutiles y elegantes, se retroceda en esto tan importante y difícil en que hemos dados pasos adelante, que es ser una sociedad libre, donde todo el mundo se pueda expresar y nadie tenga miedo a decir su opinión y tener derecho a estar informado".
Recordando que hace un año celebraban la aplicación de justicia en el caso contra los asesinos, la Orden lamentó en esta oportunidad que la Corte Suprema decretara la rebaja en las condenas para el ex director operativo de la disuelta CNI, Álvaro Corbalán Castilla de 18 a 12 años de presidio efectivo y de 13 a 7 años de reclusión efectiva para Iván Quiroz Ruiz y el ex capitán de Carabineros Jorge Vargas.

6 de septiembre de 2009
©la tercera 

avances en caso riggs

---

Riggs: Garín coordinaba declaraciones de testigos. Los antecedentes surgieron en los alegatos en los que se revocó la libertad del último procesado en la causa, el general (R) Sergio Moreno Saravia, y dejaron al descubierto una presunta maniobra que, a juicio del CDE, entorpeció las diligencias.

---

[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. Un revelador testimonio surgió ayer en medio de los alegatos por la libertad del recién procesado general (R) Sergio Moreno Saravia, a quien se le imputa haber malversado cerca de US$100.000 a favor del fallecido dictador Augusto Pinochet Ugarte.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, señaló que en el proceso judicial consta la declaración del funcionario de la casa militar, Miguel Ángel Avello, quien comentó que Moreno lo llamó una vez y le dijo que si era llamado a testificar en el denominado caso Riggs debía ir antes a hablar con el entonces vicecomandante del Ejército, Guillermo Garín, quien coordinaba las declaraciones judiciales "para unificar los criterios de la declaración que debían prestar ante la justicia", señaló el jurista ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta actitud fue leída por el CDE como una forma de entorpecer las diligencias y por lo mismo fue ocupada como argumento por el fisco para oponerse a la libertad de Moreno quien finalmente quedó en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad.
El miércoles pasado el general (R), quien se desempeñó como secretario de la comandancia fue procesado como autor del delito de malversación de caudales públicos por haber servido a Pinochet de enlace para sacar del país dinero de los gastos reservados del Ejército que luego fueron a parar al bolsillo del fallecido dictador.
Tras notificarse de esta resolución dictada por el ministro Juan Manuel Valderrama, este último le otorgó su libertad bajo el pago de una fianza de $500 mil. Sin embargo ayer la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha resolución y mantuvo la prisión para el ex edecán del dictador.

Matemática Sencilla
Tras esta resolución el abogado del CDE se manifestó satisfecho asegurando que Moreno Saravia como "secretario general de la comandancia en jefe, desvió de alguna manera estos recursos, y eso constituye un delito de malversación de caudales públicos, lo piensa el consejo y lo piensa el ministro (que instruye la causa)".
En tanto su contraparte, el abogado Luis Valentín Ferrada, quien representa al general (R) Moreno, cuestionó la cuantía del monto que se le atribuye a su cliente haber malversado.
"Yo digo bueno, pero cómo se llega a un millón de dólares al año, a 20 millones malversados sacándolos de gastos reservados. Es que entonces lo habrá sacado de la Presidencia de la República pero no de la comandancia en jefe del Ejército (…) ocho años, serían ocho millones, no llega a los veinte millones por ninguna parte, es cuestión de matemática sencilla", aseguró.

5 de septiembre de 2009
©la nación 

piden investigar situación de ex agentes

---

AFDD pidió que Contraloría investigue pagos del Ejército a ex agentes. Presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, criticó actitud del gobierno. Carabineros descartó mantener contratos similares con quienes pertenecieron a la DINA o CNI.

---

Santiago, Chile. Hasta la Contraloría General llegaron las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para solicitar que el organismo asuma una investigación sobre los casos de ex agentes de organismos de represión de la dictadura contratados a honorarios por el Ejército, aún estando procesados por delitos de violaciones a los derechos humanos.
La situación denunciada por la La Nación Domingo, amerita que se genere una indagatoria formal y se revise el cumplimiento de los requisitos en las contrataciones del Ejercito, según planteó la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.
La dirigenta sostuvo que fue necesario recurrir a la Contraloría luego de la actitud que ha adoptado el gobierno ante el tema. "Cuando vemos a un ministro Viera-Gallo que presiona al parlamento para que no se cree una comisión investigadora, lo único que uno le quiere preguntar al ministro es a quién está protegiendo ¿Sigue protegiendo y amparando a genocidas de comandos siniestros que tuvo el Ejército en la dictadura?", manifestó.
El abogado patrocinante Hiram Villagra explicó que hay incompatibilidad en la contratación de los ex agentes, pues "cualquier persona que quiere entrar a la administración pública necesita certificado de antecedentes exento de reproche y ellos no lo tienen"

Carabineros
"No hay nadie contratado en estos momentos en ninguna modalidad", dijo al ser consultado por la materia, a la salida del concierto de la Orquesta Juvenil de Santiago, en el marco del inicio de la conmemoración del Bicentenario.
Precisó que existen casos de personal de planta procesados por hechos "propios de la función policial", pero que se cotejó la lista de los 120 procesados por el juez Víctor Montiglio descartando que alguno de ellos tenga vínculos laborales con Carabineros.
El caso que afecta al Ejército pone en duda lo que ocurre con otras ramas uniformadas, por lo que el General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, negó que exista una situación similar en la institución que encabeza.

5 de septiembre de 2009
©la nación

procesan a carabineros por asesinato

---

Procesan a 2 carabineros por muerte de líderes frentistas. Juan Riera Iratchet y Walter Soto Medina serían responsables de los fallecimientos del comandante Raúl Pellegrín y su pareja Cecilia Magni Camino, ocurrido luego que estos atacaron el retén de Los Queñes en 1988.

---

Rancagua, Chile. La Corte de Apelaciones de Rancagua, a través de su Segunda Sala, decidió detener y someter a proceso a 2 carabineros involucrados en la muerte de los entonces líderes de una de las facciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el comandante Raúl Pellegrín y de su pareja Cecilia Magni Camino, ocurrido a fines del mes de octubre en 1988.
Ambos uniformados, Juan Riera Iratchet y Walter Soto Medina, los que estaban encargados de su custodia, serían responsables de ocasionarles golpes muy fuertes en zonas vitales mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos.
Ambos frentistas, que el 21 de octubre de 1988 protagonizaron un ataque al retén del poblado de Los Queñes, Región del Maule, en donde murió un carabinero, recibieron lesiones mortales y sus cuerpos fueron arrojados al río Tinguiririca, para simular una muerte por inmersión.

4 de septiembre de 2009
©la nación