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murió hortensia bussi


Falleció Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende. Ex primera dama murió en su casa poco antes de las 2 de la tarde. Deceso fue sorpresivo señalaron cercanos a ‘la Tencha’.
Santiago, Chile. A la edad de 94 años, y acompañada por su familia, falleció a las 13:45 de este jueves en su casa de Providencia la viuda del ex presidente Salvador Allende, Hortensia Bussi Soto.
Cercanos señalaron sorpresa por el deceso, cuyas razones aún no se han detallado, por estimar que en los últimos días se encontraba en buenas condiciones generales de salud lo que no hacía temer por su muerte.
También conocida como ‘la Tencha’, Bussi nació el 22 de julio de 1914 en Valparaíso, se tituló como profesora de Historia y Geografía en la Universidad de Chile y en 1940 se casó con el doctor Allende, por entonces ministro de Salubridad Pública en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.
Bussi acompañó al ex mandatario, con quien tuvo tres hijas, Beatriz, Carmen Paz e Isabel (hoy diputada), hasta el día de su muerte durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Ese día ella se encontraba en la casa familiar de Tomás Moro que fue bombardeada por aviones de la Fuerza Aérea.
La dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet la detuvo, le permitió asistir al secreto y vigilado funeral del fallecido presidente en Valparaíso y luego la exilió junto a sus hijas. Partió a México en donde se unió a la denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos en Chile en manos de los militares.

18 de junio de 2009
©la nación
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remezón en policía de investigaciones


Herrera llama a retiro a altos jefes policiales, y Comisión de Derechos Humanos los cita a la Cámara. Se alejan dos miembros del alto mando. Parlamentarios se declararon insatisfechos por las explicaciones de la institución. Niegan relación con red de prostitución infantil.
[M. Gálvez, P. Lezaeta y X. Pérez] Valparaíso, Chile. Dos miembros del alto mando de la Policía de Investigaciones y dos prefectos de la institución fueron removidos ayer por el director nacional de la PDI, Arturo Herrera.
Se trata de los prefectos inspectores Héctor Soto Candia, a cargo de la Inspectoría General; y Julio Ibáñez Burgos, jefe de la V Región Policial de Valparaíso; de los prefectos Víctor Avellaira Torres, jefe de la Región Metropolitana, y Paulo Portorelli Palacios, jefe de la Prefectura Provincial de Valparaíso.
El anuncio institucional fue hecho sólo una hora antes que Herrera y el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, comparecieran ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que investiga una red de prostitución infantil donde estarían involucrados funcionarios de la policía civil.
De inmediato aparecieron versiones que vinculaban los llamados a retiro de los dos prefectos inspectores con el caso denunciado por el programa "Contacto". Ello porque Soto Candia, quien era el cuarto en la línea de mando, tenía a su cargo la Inspectoría General, de la cual dependen los organismos de control interno de la PDI, entre ellos el Departamento V, que hizo la cuestionada investigación que no estableció antecedentes concretos sobre vínculos entre detectives y la red de prostitución infantil. Mientras que Ibáñez era jefe de la Región de Valparaíso y sexto en la línea de mando de la institución.
Las mismas versiones señalaban, en cambio, que los prefectos Avellairas y Portorelli eran llamados a retiro tras cumplir sus años de servicio y no tener el perfil que el director esperaba para su alto mando.
Arturo Herrera, sin embargo, tras declarar en la Cámara de Diputados, negó relación entre los retiros y el caso Valparaíso. Según el máximo jefe policial, los cuatro funcionarios fueron llamados a retiro por "término de gestión" y anunció que después del 19 de junio hará lo mismo con otro grupo de funcionarios, cuyo número no especificó, "para darles paso a las nuevas generaciones de detectives que egresan este año".
Esta versión fue avalada por el ministro de Defensa, Francisco Vidal, quien señaló que en el transcurso del día de ayer el Gobierno fue informado de la medida. "Es una decisión soberana del director, está en su atribución, y no dice relación con el tema que estamos hablando (red de prostitución infantil); es un tema de evaluación de gestión".
Ante la insistencia respecto de la coincidencia de estos hechos, al estar involucrados dos altos funcionarios de la Región de Valparaíso donde se denunciaron estos delitos, Vidal respondió rotundo que "si el director (Herrera) me dice que es por evaluación de gestión, es evaluación de gestión".
Los dos prefectos inspectores ocupaban sus cargos desde hace siete meses.

Cámara Disconforme
Esa misma versión entregó Arturo Herrera a los miembros de la comisión de DD.HH, quienes le preguntaron en tres ocasiones por las causales del llamado a retiro. Como no quedaron conformes con las razones esgrimidas por el director, al término de la sesión acordaron citar a los cuatro jefes llamados a retiro para escuchar su versión de la dimisión, según confirmó su presidente, el diputado Sergio Ojeda (DC).
El resto de las explicaciones dadas en la sesión de ayer tampoco dejó conformes a los parlamentarios. El diputado Ojeda dijo que siguen las contradicciones entre el informe presentado por el subsecretario Navarrete y la denuncia hecha por el programa de Canal 13. "Mientras existan estas contradicciones, nosotros vamos a intentar, en lo posible, de despejarlas todas", señaló.
Un antecedente nuevo que apareció durante las tres horas que duró la sesión lo aportó el director de la PDI. Arturo Herrera denunció que el programa ‘Contacto’ pagó a las testigos. El subsecretario Navarrete informó que estos antecedentes serán entregados a la justicia.
A propósito de la actuación del subsecretario, quien avaló el informe de la PDI que negó la participación de funcionarios de la institución en los hechos denunciados, éste reiteró que lo que hizo fue transmitir "rigurosa, fehaciente y exhaustivamente" los antecedentes que le entregó la institución. Ayer, Herrera insistió en que no hay funcionarios involucrados en los delitos denunciados.
El ministro Vidal, al comentar lo ocurrido ayer en la comisión, dijo que no hay que olvidar que lo grave y lo que hay que perseguir es que hubo una red de prostitución infantil. "Eso es intolerable; si hay detectives, civiles o lo que sea en esa red, a la cárcel", señaló.

18 de junio de 2009
©el mercurio
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diputados aprueban estatuto del tpi


Pese a rechazo UDI, Chile ratifica Corte Penal Internacional. Con la aprobación de la Cámara de Diputados se completó la tramitación en el congreso, quedando listo para ser promulgado el proyecto mediante el cual Chile se hace parte de la CPI. Canciller destacó "momento histórico" para el país.
[Angélica Meneses] Valparaíso, Chile. Con los votos en contra de 9 diputados de la UDI y la abstención de Alberto Cardemil, se aprobó, con 79 votos favorables, el proyecto mediante el cual Chile adhiere al Estatuto de Roma, quedando bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) que falla en casos de delitos internacionales, como genocidio, lesa humanidad y guerra. 
El canciller Mariano Fernández destacó que se trata de "un momento histórico para Chile en los avances que hemos hecho en asuntos relativos a los derechos humanos", subrayando que "el TPI no solo va a tener una gravitación importante respecto de crímenes, sino que también va a terminar con los tribunales ad hoc que se preparaban a propósito de tragedias o crímenes como fueron Nüremberg, Tokio y recientemente Yugoslavia y Ruanda". 
Los diputados gremialistas que votaron en contra argumentaron que se produciría una cesión de soberanía a favor de un organismo internacional. Iván Moreira planteó que "se está sentando un precedente internacional grave porque se le está dando soberanía a un órgano internacional que va a terminar politizándose".
El punto fue desestimado por el canciller, quien sostuvo que "uno puede decir que se cede soberanía en muchas cosas, pero aquí nosotros le entregamos voluntariamente a un tribunal internacional el derecho a procesar crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra, que no están en condiciones de procesar tribunales nacionales".
La iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley por la presidenta Michelle Bachelet. El texto señala que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponderá a cada Estado y sólo supletoriamente a la CPI, que tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto.

17 de junio de 2009
©la nación 
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museo de derechos humanos


El espacio que reivindicará memoria del Chile torturado. Bachelet recibió donaciones para Museo de Derechos Humanos.
[Lorena Ferraro L.] Santiago, Chile. Más de 5 mil metros cuadrados para cobijar la historia testimonial del Chile torturado bajo la dictadura y reivindicar la memoria de las víctimas del régimen.
Así se terminará de levantar, en noviembre, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet "para mirarnos con la grandeza que supone la autocrítica y decirnos sinceramente que hay errores que no queremos repetir" y que ayer recibió donaciones que conformarán parte del legado documental del recinto.
Parte de las obras Bicentenario, el museo, que se ubicará en Matucana con Catedral, será una de las obras clave de la gestión Bachelet, un legado para no olvidar el respeto a los derechos fundamentales.
"Nadie puede negar, desconocer, minimizar o banalizar la tragedia de las violaciones a los derechos humanos en Chile; de que la memoria la vamos recuperando con el aporte de múltiples vestigios, relatos, para que cada cual haga su propia lectura del pasado y reflexione sobre la necesidad de mejorar nuestra convivencia, para que nunca más se repita una tragedia semejante en nuestra patria", explicó la mandataria.
El convenio firmado ayer por diversas fundaciones permitirá preservar, cuidar y dar a conocer los bienes entregados por entidades, organizaciones y, especialmente, por los propios ciudadanos.
El objetivo es -en base a experiencias como las del Museo del Apartheid en Sudáfrica; del Holocausto en Washington, y de la Cruz Roja en Ginebra (Suiza), entre otros-, reconstruir la memoria histórica del Chile de 1973 a 1990.
Son miles de piezas, obras de arte, objetos personales, archivos, relatos, producciones literarias, afiches, dibujos, folletos, documentales que junto con reflejar las violaciones de derechos humanos y la lucha paralela por su defensa, buscan "enriquecer el alma de Chile", dijo el ministro de Obras Públicas -cartera que gestiona la construcción del museo-, Sergio Bitar.
Tocado por la obra, debido a las torturas recibidas durante el régimen militar, Bitar vislumbra que el museo "será una de las obras de la presidenta Bachelet que quedará en el corazón de los chilenos, que tiene un gran significado para el alma de Chile porque la enriquece; nos hace un país mejor recordar y saber lo que vivimos".
La construcción del recinto, que implicará una inversión cercana a 11 mil 270 millones de pesos -y que fue diseñada por un equipo de arquitectos brasileños que contempló, además del edificio del Museo, estacionamientos subterráneos, la Plaza de la Memoria y conexión subterránea a la estación del Metro Quinta Normal-, será "una estructura transparente, luminosa, amplia.
No oscura, no de tristeza, sino una señal de vida, de cómo el dolor la transforma en alegría de vivir", adelantó el secretario de Estado, que estuvo detenido en Isla Dawson.
Una obra, cuya primer piedra colocó la mandataria el 10 de diciembre de 2008 que espera también mirar al futuro, para que "no haya espacio para la exclusión, sea por razones políticas, religiosas, socio económicas, étnicas, de género, o de cualquier tipo, la discriminación debe ser desterrada".

Los Objetivos
Convocar a los chilenos a la reflexión sobre las consecuencias de la intolerancia; incentivar la resolución pacífica de conflictos; dar cuenta de las violaciones cometidas entre 1973 y 1990 y reivindicar la memoria de las víctimas del régimen militar son algunos de los objetivos con que se comenzó a erigir el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que debiera inaugurar la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en noviembre de este año.

17 de junio de 2009
©la nación 
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acuerdo contra la exclusión política


El pacto Concertación-Juntos Podemos apunta a superar la exclusión de una franja importante de izquierda que tiene una larga encarnación en el movimiento popular chileno. Editorial de La Nación.
Santiago, Chile. Después de varios meses de negociaciones -marcadas como toda tratativa por avances y retrocesos-, la Concertación y Juntos Podemos han logrado un pacto para enfrentar unidos las elecciones legislativas de diciembre. El procedimiento acordado determina que, en un conjunto de distritos, el segundo cupo de la coalición gubernamental será ocupado por un integrante del bloque extraparlamentario, cuya columna vertebral es el Partido Comunista. El mecanismo se aplicará en lugares donde históricamente la izquierda tiene una importante fuerza propia, pero que debido al binominalismo no ha podido expresarse en el Congreso. De hecho, si la distribución de escaños se hiciera a través del método proporcional -que encarna mejor la realidad partidaria del país-, este sector habría conseguido representación en alguno de los cinco comicios materializados desde 1989.
El entendimiento Concertación-Juntos Podemos apunta a superar la exclusión de una franja importante de izquierda clásica que tiene una larga encarnación en el movimiento popular chileno. Se trata, además, de una cultura política severamente reprimida por la dictadura. A la violencia ejercida por el autoritarismo militar se ha sumado durante veinte años de democracia la marginación del Congreso, por efecto de un mecanismo electoral que la derecha se ha negado a modificar y que durante los primeros años de transición incluso la sobrerrepresentó. De hecho, el pacto suscrito el lunes 15 fue presionado por el incumplimiento del candidato presidencial de derecha, Sebastián Piñera, y de su partido, Renovación Nacional, que en la campaña pasada le garantizaron al PC que darían sus votos para reformar el binominalismo. Sin embargo, la promesa no la cumplieron. Este antecedente resulta relevante para entender la alianza en su carácter instrumental y no programático, pues la derecha -fiel a su estilo conservador- ha comenzado a agitar el fantasma del anticomunismo.
Naturalmente el trato también será útil a la Concertación para obtener doblajes que permitan recuperar la mayoría en la cámara baja. Otro supuesto del acuerdo es el apoyo de Juntos Podemos al abanderado de la Concertación en segunda vuelta. Con todo, hay que advertir que la aparición de fórmulas minoritarias podría afectar la eficiencia del pacto. Por lo tanto, es deseable que en esta materia haya responsabilidad histórica en el espacio de quienes también se reclaman progresistas.
Aunque la negociación haya llegado a buen puerto, esto no debe omitir la cuestión central: el agotamiento del mecanismo electoral heredado de la dictadura. Una imprescindible renovación de la democracia demanda como elemento clave un nuevo modelo que oxigene la competencia y mejore sustancialmente la pluralidad. Lo ha subrayado ayer el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que una vez más ha emplazado a los actores políticos a dar una respuesta de Estado y no de interés de corto plazo.

17 de junio de 2009
©la nación
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ratifican proyecto de aprobación de tpi


Comisión de Relaciones Exteriores ratifica proyecto aprobatorio del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
Valparaíso, Chile. La iniciativa busca que nuestro país adhiera finalmente a dicha Corte Internacional, que regula los delitos contra los derechos humanos, tema que ya ha sido ampliamente discutido tanto en la Cámara como el Senado.
El 17 de julio de 1998, se adoptó en la ciudad de Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), instrumento que consta de 128 artículos, aprobado por una mayoría de 120 Estados de entre los más de 150 presentes en la Conferencia Diplomática de Roma.
Durante muchos años se buscó establecer un órgano jurisdiccional penal permanente de carácter internacional destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.
Nuestro país participó desde sus inicios en los referidos trabajos, apoyando claramente el establecimiento de este órgano. La Corte Penal Internacional cuenta con una fiscalía que investiga los delitos que le competen, una Asamblea de los Estados Partes cuyo fin es político y tiene competencia en crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra.
Hoy el Estatuto de Roma cuenta con 108 Estados partes, lo que es evidencia de su vocación universal. El proyecto aprobatorio, presentado por el Ejecutivo, agrega que es por esto "que esperamos que Chile al más breve plazo posible se convierta el país parte número 109".
El Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, quien asistió a la sesión, manifestó la importancia de que nuestro país avance en esta materia, debido a que pese a que Chile fue uno de los primeros países en apoyar la creación de este organismo internacional, la firma de este tratado ha demorado prácticamente 11 años, por diversas discusiones de tramitación que se han dado en el Senado y la Cámara.
Asimismo, explicó que con la aprobación del tratado se mejora la política exterior del país. "Chile hoy día es un país que está muy considerado, se nos pide opinión, participamos en muchos fueros internacionales, tenemos chilenos a cargo de muchas organizaciones y el tema de los derechos humanos, particularmente los mencionados en la Corte Penal son materia cotidiana".
"Cuando usted es un actor importante internacionalmente, el no tener aprobada la Corte es una limitación en su opinión política sobre temas actuales muy significativas, por lo tanto creo que esta aprobación es un aporte muy significativo para Chile", añadió el Canciller.

Pese a la aprobación casi unánime del texto legal, el diputado UDI, Iván Moreira, manifestó su voto en contra debido a que "aquí se esta volcando la igualdad de los estados, acá los países más importantes que son cuestionados por la violación a los derechos humanos están al margen porque no han suscrito ni van a suscribir este Tribunal Penal Internacional, de tal manera que no existe el concepto de justicia universal".
El parlamentario añadió que su planteamiento va dirigido a que Chile está sentando un precedente porque está cediendo soberanía internacional y "además resulta de mucha preocupación el hecho de que todos estos órganos internacionales se transforman más que en organismos jurídicos, en organismos políticos que terminan siendo manejados", concluyó.
La iniciativa (boletín 6560) será informada en la Sala por el diputado DC, Renán Fuentealba.

17 de junio de 2009
©diario de la cámara 
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al ministro tohá lo asesinaron


Dice el ex perito de la Brigada de Homicidios, doctor Alfonso Chelén: "No tengo duda de que a Tohá lo estrangularon". El médico fue el primero en examinar en 1974, en el Hospital Militar, el cuerpo del ministro de Allende, presenciando en su cuello los signos que deja una muerte por estrangulamiento.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. "Yo voy encantado cuando me citen a la reconstitución de escena, porque no tengo duda de que a José Tohá lo estrangularon y en el Hospital Militar acomodaron el cuerpo para que pareciera un suicidio", dijo a La Nación el ex perito criminalista de la Brigada de Homicidios, doctor Alfonso Chelén.
El fue quien primero auscultó y descolgó el cuerpo del ministro del Interior y Defensa del Presidente Salvador Allende aquel 15 de marzo de 1974.
El abogado querellante Nelson Caucoto pidió el viernes por primera vez al juez Jorge Zepeda que ordene la reconstitución de escena de aquel día en la habitación 303 del entonces Hospital Militar. "Estoy muy interesado en que esto se aclare, aunque creo que en opinión del señor ministro Jorge Zepeda ya está aclarado que lo de José Tohá no se trató de un suicidio, sino de un estrangulamiento", agregó el doctor Chelén.
El médico manifestó que "he declarado varias veces en el juicio y siempre me mantengo en lo mismo. Yo no tengo ninguna duda de que fue un estrangulamiento. Lo estrangularon y acomodaron el cuerpo al interior de un clóset que era más bajo que él que medía casi dos metros".
Expresó que su seguridad de un crimen se debe a que presenció "un surco completo alrededor del cuello, y cuando alguien se cuelga se forma un círculo incompleto que es anterior y bilateral: no se forma ese círculo en la parte posterior del cuello, en la región cervical, en la nuca".
Además, dijo que era imposible que colgándose con un cinturón "que apenas estaba atado con media vuelta que no resistiría el peso de su cuerpo" se le haya roto a Tohá "un quiste cebáceo que tenía en la nuca, porque el lazo de un ahorcado no cubre todo el cuello".

Fotos No Aparecieron
Sostuvo que hizo entonces tomar varias fotos de todo lo que vio "pero las fotos nunca aparecieron". Dijo que "el estado cadavérico" en que se encontraba en vida el ministro de Allende "nunca pudo permitirle hacer todo lo que la versión oficial sostiene que hizo para colgarse. No tenía fuerzas para levantarse. Además, el cuerpo tenía los pies apoyados en el suelo porque era más alto que el clóset".
Respecto de la diligencia solicitada, el abogado Caucoto afirmó que "ésta es una diligencia imprescindible para aclarar el tan extraño suicidio del ex ministro José Tohá". Caucoto indicó tener plena confianza en el éxito de esta diligencia, "porque la causa está en manos de un juez que es un muy buen investigador, y las mismas características tiene el equipo de la policía civil que le colabora".
Añadió que "se hace estrictamente necesario avanzar en esclarecer la gran cantidad de contradicciones que existen en el proceso entre los soldados que custodiaban la habitación del ex ministro y los enfermeros que lo atendían, quienes conocían su rutina diaria y real estado, y médicos que ahora aparecen como quienes trataban a Tohá de algo que nunca se conoció, porque su ficha clínica desapareció o nunca existió".

16 de junio de 2009
©la nación
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recurso por presos en calabozos


Presentan recurso en favor de reos en celdas de aislamiento. El diputado DC, Gabriel Silber, interpuso un recurso de amparo por 200 reclusos de la ex Penitenciaría.
Santiago, Chile. El diputado Gabriel Silber (DC) y el abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez interpondrán un recurso de amparo en favor de 200 internos de la ex Penitenciaría de Santiago que están confinados a celdas de aislamiento.
La acción judicial se concreta tras la visita inspectiva que realizó el parlamentario junto a los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al mencionado recinto penal.
"Quedamos impresionados con estas verdaderas "mazmorras", de 2 x 2 metros , sin luz, ni agua, ni cama ni baño, en las cuales están confinados esos internos, que si bien cometieron un delito, y por ello están pagando su deuda con la sociedad, sólo tienen conculcado el derecho de libertad, pero no el resto de sus derechos" dijo Silber.
La presentación pretende que la justicia obligue a Gendarmería y al Ministerio de Justicia a suprimir este tipo de celdas.

15 de junio de 2009
©la tercera
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