chile

piden reconstruir muerte de tohá

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La solicitud la hizo el abogado querellante Nelson Caucoto. La petición fue formulada al juez Jorge Zepeda el viernes 12. En la investigación se han acumulado numerosas contradicciones que impugnan la versión oficial de un suicidio en el antiguo Hospital Militar.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Son demasiadas las contradicciones acumuladas en la investigación por la muerte del ministro del presidente Salvador Allende, José Tohá.
Por ello, para el abogado querellante, Nelson Caucoto, llegó la hora de efectuar por primera vez la reconstitución de lo que ocurrió el 15 de marzo de 1974 en la habitación 303 del entonces Hospital Militar.
El lugar, que hoy es el Hospital Metropolitano, está igual que entonces en su estructura e incluso queda parte del mismo mobiliario.
Caucoto pidió el viernes 12 al ministro Jorge Zepeda que efectúe a la brevedad la reconstitución del extraño suicidio de quien fuera ministro de Interior y Defensa de la Unidad Popular.
"Realizar esta reconstitución es extraordinariamente valioso, porque permitirá al juez situar a todas las personas en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Hay muchas versiones contradictorias y existen en la investigación múltiples antecedentes que apuntan al homicidio del ministro Tohá, por eso la hemos solicitado al juez", explicó Caucoto a La Nación.

Discrepancias y Extrañezas
Serias contradicciones entre algunos médicos militares y civiles. Profundas discrepancias entre funcionarios policiales de ese tiempo y el médico criminalista de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, Alfonso Chelén, respecto de la apreciación del lugar del hallazgo del cuerpo sin vida de Tohá.
Discrepancias entre informes policiales actuales y médicos militares de la época en cuanto al lugar donde se realizó la autopsia al cadáver. Señas de estrangulamiento que a juicio del doctor Chelén presentaba el cuello, versus la versión oficial del suicidio por ahorcamiento con su propio cinturón.
Además, desaparición de las fotos policiales tomadas ese día a la habitación y el cuerpo aún dentro del diminuto clóset donde se habría ahorcado un hombre de un metro noventa de estatura.
Un nudo en el cinturón que no resistió el primer tirón del médico criminalista para descolgar el cuerpo.
Un expediente perdido en el que quedaron registradas las diligencias realizadas por el fiscal militar de la época, Rolando Melo Silva, que hoy afirma no recordar casi nada de lo que hizo entonces por "lagunas mentales".
Desfile de militares y médicos castrenses ingresando frecuentemente a la habitación de Tohá vistos por soldados que montaban guardia al ingreso del cuarto, mientras los visitantes identificados lo desmienten.
La ficha clínica de Tohá desaparecida. Versiones absolutamente contradictorias entre algunos médicos militares acerca del estado físico del ministro: mientras uno dice que se encontraba en "muy buen estado físico", otros sostienen que "apenas podía caminar".

Sospechoso Contradictor
Al perito Chelén, la Brigada de Homicidios de Investigaciones, dirigida por el general en retiro Ernesto Baeza, le presentó para que firmara un informe pericial no redactado por él acerca del hallazgo del cuerpo.
En el texto, lo obligaban a concluir que Tohá se suicidó por ahorcamiento, cuando Chelén sostuvo que lo mataron estrangulándolo. Por ello a Chelén lo echaron de la policía.
El entonces fiscal Melo afirma en el proceso que, a poco andar, sobreseyó la investigación de acuerdo con el dictador Augusto Pinochet, que ejercía como comandante en jefe del Ejército.
Melo sostiene con insistencia que la autopsia se efectuó en el Servicio Médico Legal de avenida La Paz, pero el médico que la hizo, Alfredo Vargas Baeza, señaló en el proceso que la realizó en el mismo Hospital Militar.
Cuando el perito criminalista Chelén se negó a firmar el informe que le pusieron en su escritorio con el "suicidio" de Tohá, convencido de que lo que vio fue un crimen, su principal contradictor en la apreciación del día de la muerte en el Hospital Militar fue el entonces funcionario de la Brigada de Homicidios Juan Saldías Valdés.
En los procesos por violaciones de los derechos humanos que instruía el juez Juan Guzmán, Saldías fue reconocido años después por sobrevivientes del MIR que estuvieron en centros clandestinos de detención como un comisario de Investigaciones y agente DINA, integrante de las agrupaciones Tigre y Vampiro con el alias de ‘Harry el sucio’.
El doctor Chelén fue el primero en ingresar a la habitación donde estaba el cuerpo de Tohá, aún dentro del clóset, "colgado", pero con las piernas flectadas y los pies apoyados en el piso debido a su altura. Las primeras observaciones las realizó solo en la pieza antes de que llegaran los otros funcionarios de la Brigada de Homicidios.

Cercano a Allende
José Tohá, más que un militante del Partido Socialista -que sin duda fue su tienda política-, era un fiel aliado de Salvador Allende. El Presidente lo escogió en 1970 como su primer ministro del Interior y fue objeto de la primera acusación constitucional que hubo durante el régimen de la Unidad Popular. Más tarde, el Jefe de Estado lo puso en Defensa.
Fue llevado a la isla Dawson y después trasladado al Hospital Militar. Tohá, padre de la ex diputada y hoy ministra portavoz, Carolina Tohá, pertenece a una tradicional familia de Chillán. Por ello fue, en 1969, candidato a senador por la entonces circunscripción de Ñuble, Concepción y Arauco. Sin embargo, no fue elegido. Uno de sus hermanos, Isidoro, fue en 1990 diputado por Chillán, mientras que otro de ellos, Jaime, es hoy intendente de la Región del Biobío.

Coroneles Procesados por Tortura
Actualmente, en la causa están procesados por el delito de tortura en contra del ex ministro Tohá los coroneles (R) de la FACh Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías. Ambos torturaron al colaborador de Allende en la Academia de Guerra Aérea (AGA), adonde Tohá fue llevado en reiteradas oportunidades desde el Hospital Militar, regresando en muy malas condiciones físicas y sicológicas de acuerdo a lo dicho por testigos.
Los mismos coroneles aparecen vinculados con múltiples casos de tormentos en el proceso que se instruye por los crímenes cometidos en la AGA, los mismos que causaron la muerte del general Alberto Bachelet.
Sin embargo, al juez Zepeda le resta establecer lo más importante en el caso: si al ministro Tohá lo mataron o se suicidó.

15 de junio de 2009
©la nación

la mujer que encontró a víctor jara

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La historia de Mónica Salinas, la persona que halló su cadáver. La mujer contó en exclusiva a La Nación cómo el 18 de septiembre de 1973, junto a una amiga hoy fallecida, dieron con el lugar donde la noche anterior una patrulla militar había arrojado cuatro cadáveres.

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[Luis Narváez] Santiago, Chile. Era fría la mañana y no había pan para el desayuno. Ambas mujeres, cada una en su casa, miraban nerviosas un rato hacia la ventana, otro hacia el reloj.
A las 08 horas, por fin terminó una noche más de toque de queda. La Mónica y la Maiga se juntaron, como siempre, en lo que hoy es la Avenida Central, en plena Población José María Caro.
La Mónica se sorprendió cuando su amiga la tomó del brazo y, a tirones, la condujo en dirección al peladero que estaba al final de la Población Lo Sierra.

¿A dónde me llevai, Maiga?, le preguntó.
Vamos a ver si es cierto que están botando muertos atrás del cementerio, le contestó.

Mónica Salinas (hoy de 69 años) no sabía en ese momento que pocos minutos después de cruzar corriendo, y a veces gateando, los montículos de tierra que separaban la población de la línea del tren, encontraría cuatro cadáveres tirados entre piedras y maleza. Tampoco olvidaría que uno de ellos era el de Víctor Jara.
La mujer es hoy la única testigo presencial del hallazgo de los restos del renombrado artista. LND la encontró. O, para ser justos, ella nos buscó.
Hasta ahora, tanto para la policía como para la justicia, era un misterio cómo se supo que el cantante había terminado tirado atrás del Cementerio Metropolitano, en la comuna de Lo Espejo.
Sólo se sabía que un trabajador del Servicio Médico Legal, había dado el aviso para que la familia concurriera a la morgue a reconocerlo entre las decenas de cadáveres acribillados, que eran recogidos de la calle.
Cuando el abogado de la viuda de Víctor Jara, Joan Turner, supo que esta testigo había aparecido, reaccionó con sorpresa. "¿Pero dónde está?", preguntó Nelson Caucoto.
"Una de las primeras diligencias que solicitamos cuando se abrió la investigación por el crimen de Víctor fue que se ubicara a las personas que habían visto los cuerpos atrás del cementerio, pero nunca encontraron a nadie", comentó el profesional.
La señora Mónica recuerda como si fuera hoy esa mañana de septiembre. "Era una cosa que yo me guardé dentro de tantos dolores que se me vinieron en esos tiempos. Al principio todo nos daba miedo, después pasaron tantas cosas que me lo guardé. Mis hijos siempre me decían que por qué no contaba lo que había visto, pero no podía".
Un sorpresivo encuentro la hizo cambiar de opinión: "Un martes, creo, me llevaron el diario La Nación y me impactó mucho el titular que traía sobre los asesinos de Víctor Jara. Leí entero el reportaje y ahí me decidí, busqué un teléfono y llamé".

La Mañana Fría
La mujer, bajita y canosa, representa más edad de la que tiene. Pero pese a su aspecto de anciana temprana, camina y habla con agilidad. Mónica cuenta que su vida "se dividió entre las labores que por obligación a las mujeres nos tocaba como madres, dueñas de casa, esposa de obrero, y el trabajo como dirigente vecinal". Toda la vida fue del MAPU.
El 11 de septiembre de 1973, a las nueve de la mañana, lejos de esconderse, Mónica Salinas partió a pie hacia el centro de Santiago donde se encontraba la sede del MAPU.
"Los militares se habían levantado y nosotros no sabíamos qué hacer. Por eso yo decidí ir al partido a pedir instrucciones".
Después de hacer dedo y caminar durante dos horas, al llegar al recinto ubicado en calle Dieciocho, todo era caótico.
"Me preguntaron qué hacía ahí y me dijeron que me fuera pa’ mi casa y quemara toda la documentación que comprometiera al partido. Así que vuelta de nuevo". Esta mujer caminó e hizo dedo hasta llegar otra vez a su hogar, dos horas después. Ya era pasado el mediodía.
Cuando volvió, su marido lloraba sentado en el piso. Nadie podía creer lo que sucedía.
"A mí me acusaron algunos vecinos de comunista, de que en mi casa se hacían reuniones con importantes dirigentes del MIR y del Partido Comunista (PC). Pero cuando los militares me llevaron al lado de un camión y me interrogaron, yo les negué. Era tan ridículo que me acusaban de regalar remedios. Entonces, yo le preguntaba al suboficial cuál era el delito o lo malo de entregar remedios, si yo era conocida como una dirigente vecinal. Al rato me dejaron libre y no me molestaron más", cuenta.
La casa de Mónica Salinas, en realidad, fue lugar de encuentro de los dirigentes de varios partidos.
"En mi casa estuvo el Miguel Enríquez y el Pascal Allende comiendo porotos, al igual que muchos otros. Y a mí me encantaba ese tiempo, que teníamos tanto que hacer y se estaban logrando muchos beneficios para nosotros, que éramos los más pobres de Santiago".
Fue así como llegó la mañana del 18 de septiembre. A una semana del golpe de Estado asestado por el general Augusto Pinochet, noche tras noche se escuchaban las ráfagas y se hacían más intensos los allanamientos y las detenciones arbitrarias.
"La Maiga me pasó a buscar como todos los días para ir a comprar el pan, pero fuimos hacia otro lado, porque a ella le habían dado el dato de que esa noche los milicos habían ido a botar unos muertos atrás del cementerio", relata.
La casa de la señora Mónica se ubica a unas 12 cuadras de la línea del tren. Pese a sus años y nuestro ofrecimiento de hacer el recorrido en auto, prefiere rehacer a pie el doloroso camino que hizo el día del hallazgo.
"Yo me pegaba estas caminatas muchas veces para ir a comprar o cuando iba a reuniones. Esta ruta que vamos a hacer es la que seguía la gente que acortaba camino para ir al cementerio", aclara.
En la actualidad, el lugar está más poblado: "en ese tiempo no estaban estas calles y Lo Sierra llegaba hasta aquí y luego empezaba el peladero".
El recorrido comienza en Avenida Central con calle Pegaso. Después de varias cuadras y de pasar una pequeña plazoleta, enfilamos por Venus, una estrecha callecita.
"Aquí terminaba la población y empezaba un terreno donde no había nada más que montículos de tierra, pasto y piedras. Esa mañana encontramos a un hombre que estaba sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en las rodillas, que tenía un bolso al lado. Pensamos que estaba durmiendo. La Maiga le pegó un empujoncito en el brazo para ver si despertaba, pero se cayó para el lado. Estaba muerto y en la espalda tenía varios hoyos".
A ratos, pareciera que Mónica Salinas se transporta en el tiempo, acelerando el paso y mirando hacia todos lados, como si en cualquier momento fuese a aparecer una patrulla militar.
Ahora todo el sector está densamente poblado. La calle Venus, en dirección este-oeste, tiene largas cuadras de pasajes y al frente una hilera de edificios de departamento de cuatro pisos, que están vacíos y custodiados por carabineros para evitar tomas.
Al final, topamos con la avenida Ferrocarril, que corre paralela a la línea del tren. Hay que atravesar los rieles por un pequeño paso, dejado por la entrada del puente que atraviesa la Circunvalación Américo Vespucio.
"Ya está, por aquí es la cosa. ¿A ver? Déjeme mirar un poquito", pide la anciana. Estamos a la entrada de una franja de unos 30 metros de ancho, que separa la pared poniente del Cementerio Metropolitano y la línea férrea. Hoy es un lugar seco, pedregoso e irregular, transformado en un basural clandestino.
"En ese tiempo aquí no había basura, sólo había un pasto largo y verde y tierra", aclara.
Se toma cerca de tres minutos para recordar y sola comienza a subir y bajar el terreno con asombrosa agilidad. Nunca trastrabilla, pese a las piedras filudas que hay en el suelo, dejadas por el paso de cada convoy.
De pronto se detiene y se queda petrificada mirando uno de los muros del campo santo: "Aquí estaban".

Sangre y Pasto
Mónica Salinas, la mujer que temerosa salió esa mañana a comprar el pan, sintió un frío penetrante. "Los cuerpos estaban en el suelo, boca abajo y alineados uno junto a otro, separados así tanto (con las manos dibuja en el aire una huincha de medir imaginaria, que simula un metro)".
Ella reconoce que la más audaz era su amiga. "Era del PC y estaba casada con un dirigente del comité central", recuerda. Su nombre era Margarita Riquelme y no sabe cuándo falleció.
"Mi amiga me dice que los demos vuelta, y que cortáramos pasto húmedo para limpiarles la cara".
La señora Mónica conocía perfectamente al cantautor. Sólo dos meses antes lo había visto, guitarra en mano, interpretar su música frente a un grupo de pobladores.
"Yo ubicaba a Víctor Jara y le dije a la Maiga que lo conocía. Le limpiamos bien la cara, porque la tenía llena de sangre seca, roja oscura. Tenía puesto, no recuerdo bien si era un chaleco o algo parecido, de color verde, y se notaban agujeritos en la ropa, de donde le había salido sangre".
Entonces, "le revisamos las manos para ver si le encontrábamos una argolla o algo y no podíamos creer cómo se las habían dejado: las tenía todas hechas tira y yo le movía los dedos, pero era como si no tuviera hueso. La cabeza la tenía hecha tira también".
Comenta luego que "no estaban tiesos, porque los dimos vuelta con facilidad. No vimos balas en el suelo, porque había mucho pasto".
Las mujeres siguieron con el segundo cuerpo, el que resultó ser de Litré Quiroga, ex director de Prisiones.Al tercero no lo pudieron identificar. Al ver el siguiente cadáver, relata Mónica, "mi amiga me dice que era el del Coco (Paredes), que tenía un hoyo en el estómago, de donde se le salían las tripas".
Hasta ahora, se sabía que después de ser detenido en La Moneda, el otrora director de la Policía de Investigaciones fue conducido al Regimiento Tacna, y asesinado junto a los miembros del GAP en Peldehue.
Pero el abogado Nelson Caucoto dice que "no es la primera vez que escucho acerca de esto, habría que verlo".
El panorama era dramático. Las mujeres habían confirmado el rumor que les llegó durante la madrugada y el peligro de que apareciera alguna patrulla a retirar los cuerpos era inminente.
"Decidimos dejar los cuerpos boca arriba, para que si alguien los veía los pasara a buscar. Luego buscamos un negocio o una casa con teléfono, y lo encontramos a media cuadra de la panadería. La Maiga le habló a un contacto que tenía con un nombre en clave para que le avisaran a la Joan (Jara) que Víctor estaba en ese lugar", relata.
Mónica Salinas acaba así con el secreto que guardo durante 36 años. Después de relatar, sin pausas, qué sucedió esa mañana y de indicar la manera en que estaban los cuerpos, se aleja con calma, y su ausencia transforma otra vez el terreno en un basural, fétido y pedregoso. Allí no hay cruces ni animitas que recuerden a Víctor Jara.

14 de junio de 2009
©la nación

reconstitución de crímenes de mulchén

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En jornada de dos días. Reconstituyen escena por 18 detenidos desaparecidos de Mulchén. Muy temprano, comenzaron ayer las diligencias del ministro en visita Carlos Aldana, quien investiga la desaparición y muerte de campesinos en sectores cordilleranos de Mulchén. Particularmente, las reconstituciones se centraron en tres lugares de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue.

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El ministro en visita Carlos Aldana encabeza las diligencias de las reconstituciones de escena por la desaparición y muerte de 18 personas, todos campesinos de Mulchén, en el marco de la 'Operación Retiro de Televisores', que habría sido ordenada a comienzos de 1979 con la finalidad de desenterrar los cuerpos de los prisioneros, para hacerlos desaparecer definitivamente.
Según información proporcionada a La Tribuna por Pedro Roa, presidente de la agrupación de detenidos desaparecidos de Mulchén, la mayoría de los cuerpos exhumados desde fosas clandestinas en esa zona cordillera fueron traídos a Los Ángeles, y quemados en hornos y tambores dentro del Regimiento.
"Ese, habría sido el final de nuestros detenidos desaparecidos", lamentó, al rememorar las conversaciones y testimonios logrados durante todos estos años entre los mismos familiares.

Fusilamientos
Según testimonios de la época, añadió, los prisioneros en octubre de 1973 fueron fusilados en tres lugares puntuales de los fundos El Morro, El Carmen-Maitenes y Pemehue.
Días después, sus familiares, una vez que se aseguraron que los victimarios habían abandonado el lugar, se atrevieron a salir de sus casas en busca de las víctimas. Encontraron cuerpos en la ribera de los ríos, semitapados con unas pesadas piedras. Presentaban evidentes huellas de tortura y numerosos impactos de balas.
Por el tiempo transcurrido, estaban destrozados y mostraban mordeduras de perros y roedores. Los árboles del entorno, recuerda, presentaban numerosos impactos de bala en sus troncos.
Los familiares cavaron en el mismo lugar una fosa, de más o menos un metro de profundidad, donde colocaron los cuerpos que habían encontrado, cubriéndolos con tierra. Procedieron a marcar el lugar con piedras, o con cercas de madera.
En el caso del fundo El Morro, este se ubica a más de 50 kilómetros de Mulchén; El Carmen-Maitenes, a más de 80 kilómetros; siendo el fundo Pemehue el más apartado y cercano a la alta cordillera, situado cerca del Río Negro, a una distancia que supera los 100 kilómetros desde la ciudad del Bureo.

Diligencias de Hoy
La reconstitución de escena se centraría hoy al interior del regimiento de Los Ángeles. El ministro Aldana ahora interrogaría a ex militares y carabineros, al igual que a civiles citados en la investigación judicial por causas de detenidos desaparecidos, con el fin de establecer responsabilidades en la detenciones, reclusión, ejecución e inhumaciones ilegales de los campesinos.
Los detenidos desaparecidos de esa comuna son los hermanos Alberto, Alejandro, Daniel, Felidor y Guillermo Albornoz González; Miguel Albornoz Acuña; Luis Godoy Sandoval; José Gutiérrez Ascencio; Juan Laubra Brevis; Juan Roa Riquelme; Florencio Rubilar Gutiérrez; José Liborio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; Jerónimo Sandoval Medina; Domingo Sepúlveda Castillo; Edmundo Vidal Aedo; Celsio Vivanco Carrasco y José Yáñez Durán.

11 de junio de 2009
©la tribuna 

rechazan desaparición forzada

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Senado rechaza proyecto que establece figura de desaparición forzada de personas. Senadores pinochetistas se oponen a iniciativa.

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Valparaíso, Chile. La iniciativa deberá esperar un año para insistir ante el Congreso. Por no alcanzar el quórum correspondiente (22 votos), el Senado rechazó en el último trámite constitucional el proyecto de la Comisión Mixta de Derechos Humanos que establece la figura legal de la declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, y que apuntaba a dar una solución a los aspectos de familia y patrimoniales de los parientes de detenidos desaparecidos
La iniciativa obtuvo 21 votos favorables, nueve en contra y dos abstenciones, por lo que el Ejecutivo deberá esperar un año para insistir nuevamente ante el Congreso.
Al inicio del debate el senador Jaime Naranjo solicitó el aplazamiento de la votación de la iniciativa. Sin embargo, el presidente del Senado, Jovino Novoa y el senador Sergio Romero hicieron ver que el proyecto se encontraba con urgencia de discusión inmediata, es decir, de tres días para ser despachada por cada rama legislativa, por lo que posteriormente el legislador PS retiró su solicitud y se procedió a votar.
Cabe señalar que la Comisión Mixta integrada por los senadores Hosaín Sabag, Carlos Kuschel, Jaime Naranjo y Guillermo Vásquez, además de los diputados Ximena Vidal, Gabriel Ascencio, Carlos Jarpa y Felipe Salaberry  se abocó a resolver la diferencia suscitada entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa y que a su juicio radicaba en que el Senado, en segundo trámite, rechazó el proyecto en general por no haber reunido el quórum constitucional requerido.
El senador Jorge Arancibia hizo presente que el informe de la Comisión Mixta no entró en el fondo del debate ya que con esta iniciativa se crea la nueva figura de la desaparición forzada para declarar la muerte de una persona. "Esto no me parece porque bastaría con ceñirse a la definición de desaparición forzada y estar en alguno de los informes Rettig o Valech para tener respaldo jurídico, y todos sabemos que dichos informes han cometido errores en la definición de personas desaparecidas".
Por su parte, el senador Naranjo apeló "a una apertura de espíritu de los parlamentarios para acoger esta iniciativa que favorecerá a los familiares de las personas detenidas desaparecidas a fin de resolver conflictos de patrimonio". Agregó que si el día de mañana "me pidieran apoyar  una ley para favorecer a los hijos del general Manuel Contreras yo lo haría, porque se trata de personas que no tienen que ver con las acciones de sus padres", dijo.
En la misma línea, el senador Hosaín Sabag precisó que la Comisión de Hacienda aprobó en forma unánime esta iniciativa, cuando analizó las normas de su competencia. Aclaró que es importante que exista esta legislación porque muchas familias podrán regularizar sus temas patrimoniales.

11 de junio de 2009
©la tercera 

enríquez-ominami desarchiva mociones

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Desarchivan mociones que establecen el referendo revocatorio y plebiscitos vinculantes.

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Valparaíso, Chile. A solicitud del diputado Marco Enríquez-Ominami, la Sala acordó hoy, por 37 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, desarchivar cuatro mociones que, entre otras materias, limitan la reelección de diputados y permiten que los parlamentarios puedan presentar proyectos sobre materias que actualmente son de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República.
Las mociones desarchivadas son:

1. Reforma la Constitución Política de la República estableciendo la obligatoriedad de realizar plebiscitos vinculantes antes de la enajenación de patrimonio estatal de clara identificación local, regional o nacional. Boletín N° 2555-07.

2. Limita la reelección de diputados e impide la de senadores. Boletín N° 2652-07.

3. Reforma constitucional que establece un referendo revocatorio. Boletín N° 4.330-07.

4. Reforma constitucional con el objeto de permitir que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley que contengan materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, para el solo efecto que sean remitidas a dicha autoridad, previo acuerdo de la Sala de la respectiva Cámara. Boletín N° 4.428-07.

11 de junio de 2009
©diario de la cámara 

policías en red de comercio sexual infantil

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Ex jefe de Valparaíso supo de la denuncia contra detectives y no ordenó sumario. También sancionó a subcomisario que indagaba a policías corruptos. El director Arturo Herrera, por su parte, conocía hace tres meses la denuncia. Diputados piden salida de subsecretario de Investigaciones y fiscalía apunta a posible encubrimiento.

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[L. Narváez/ L. Ayala/ A. Chaparro] Valparaíso, Chile. Un grupo de mujeres denunciaron a mediados de 2007, en los propios cuarteles de la PDI de Valparaíso, que detectives abusaron de ellas cuando eran menores de edad y que las amenazaron para que no hablaran.
Pero nadie hizo nada. Los detectives mencionados no fueron investigados en un sumario y sólo fueron trasladados desde la Brigada de Delitos Sexuales a la Brigada de Robos, pero se mantuvieron en el puerto.
Eso bien lo sabe el prefecto general Alfredo Jiménez Ogalde, quien a esa fecha era el jefe de la Región Policial de la zona. Hoy es el segundo hombre de la PDI y sobre quien pesan las graves denuncias mostradas el martes por el programa ‘Contacto’ de Canal 13.
Todo comenzó el 2007, cuando cayó una red de trata de personas que llevaba mujeres a España para explotarlas sexualmente. El líder Carlos Parra Ruz, alias ‘Charly’, fue condenado.
Pero el oficial a cargo de la investigación, subcomisario Héctor Guzmán Godoy, no se quedó ahí. El propio condenado le relató que funcionarios de Investigaciones eran clientes.
Guzmán Godoy volvió a hablar con las mujeres afectadas, quienes confirmaron lo dicho por ‘Charly’, pero agregaron otro dato: varias de ellas eran menores de edad cuando esto sucedió.
Como indica la ley, el subcomisario partió, entonces, a notificar estos nuevos hechos al fiscal del Ministerio Público José Uribe Ortega. Así, tomó declaración a María Elena Delgado López y Gloria Valenzuela García. Pero nada sucedió, pese a la gravedad de la denuncia.
Gloria Valenzuela le dijo a la policía y al fiscal que "eran también clientes habituales y que se acostaban con las menores de edad unos funcionarios de Investigaciones. Solamente me recuerdo bien de tres de ellos.
De hecho, yo tuve relaciones sexuales con los tres, tenía 12 ó 13 años. Los funcionarios de Investigaciones tenían 30 años aproximadamente". La mujer agregó que los policías también consumían droga.
Asegura que en esos mismos días comenzó a recibir amenazas de muerte tanto del ‘Charly’ como de un detective que dijo ser sobrino del proxeneta, motivo por el cual regresó a la cercanías de Osorno, donde vivía su familia, lugar en el que estuvo oculta hasta hace pocas semanas, cuando fue ubicada por periodistas de Canal 13.
Los dichos de Gloria Valenzuela fueron ratificados por María Delgado López, quien trabajaba con el ‘Charly’. Esta mujer es la madre de Sabina Bustos, la menor que también denunció abusos de detectives de la PDI.

Perseguido
El subcomisario Guzmán Godoy dijo en febrero a La Nación que "yo mismo llevé a las mujeres para que estamparan la denuncia en la fiscalía y en la PDI, pero nadie hizo nada. Yo temí por la vida de Gloria, porque no he vuelto a saber de ella".
La denuncia de las mujeres contra funcionarios de Investigaciones fue informada en el cuartel de la calle Uruguay, en el puerto. El domicilio corresponde a la Jefatura de la Región Policial y centro de operaciones de Jiménez Ogalde, cuando éste era la autoridad máxima.
Fuentes policiales informaron que el prefecto general nunca ordenó un sumario ni tampoco llamó al Departamento de Asuntos Internos para que investigara las denuncias. Hasta donde se sabe, tampoco puso en conocimiento al director Arturo Herrera acerca de esta situación.
Guzmán Godoy también se entrevistó con el entonces subdirector operativo, René Castellón (hoy en retiro). Al ex jefe policial le relató los hechos y acusó una persecución por haber denunciado a sus colegas de Valparaíso.
Cuando el entonces subcomisario fue calificado en 2008 en ‘lista 4’ (para ser expulsado), como última instancia, apeló al presidente de la Junta de Apelaciones de la PDI: el director institucional, Arturo Herrera.
De la lectura de dicho recurso, al cual este medio tuvo acceso, se comprueba que Herrera tomó conocimiento, al menos, hace tres meses de la misma denuncia contra sus funcionarios. Nadie sabe hasta hoy, si ordenó un sumario o si puso en conocimiento de la justicia dicha información.
Lo que sí se sabe es que el actual fiscal de la causa, Pablo Avendaño, anunció que se investigará si el alto mando de la época pudo cometer el delito de encubrimiento.
El ex subcomisario también acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ante esa instancia, el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR) negó irregularidades. Por ello es que hoy, diputados de ese comité piden su renuncia.
Sergio Aguiló (PS) dijo que "resulta evidente que ha faltado a la verdad, por lo que estimamos que el gobierno debe adoptar las medidas necesarias".
El diputado Fidel Espinoza (PS) fue más allá y pidió que Herrera asuma su responsabilidad, "tomando en cuenta los distintos hechos de corrupción que se han dado a conocer últimamente".
Sin embargo, tras reunirse con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en La Moneda, Herrera se limitó a decir que "voy a esperar hasta poder tener antecedentes y evidencias que demuestren efectivamente que hay un delito para poder darlos de baja de la PDI, tal como ha sido la línea nuestra de tolerancia cero contra este tipo de actuaciones y esperamos que podamos conseguir las evidencias suficientes para darlos de baja".
Rosende, en tanto, advirtió que "si hay funcionarios de la PDI en estos hechos, tienen que ser sancionados de la manera más severa y más ejemplificadora posible".

PDI al Banquillo
Mujeres denunciaron a funcionarios de la PDI de Valparaíso haber sido abusadas cuando eran menores de edad y formaban parte de una red de explotación sexual comercial.
La fiscalía local investiga el posible encubrimiento del ex jefe de policial de la región, y actual segundo hombre de la PDI, Alfredo Jiménez. Éste no habría ordenado sumario y sancionó al subcomisario que investigaba a otros policías implicados.
El director institucional, Arturo Herrera, supo hace tres meses de los hechos. Diputados pidieron la renuncia de subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, y que Herrera asuma responsabilidad.
El gobierno, en tanto, se reunió con el director de la PDI. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que "todos estamos sometidos a la misma ley".

Gobierno: "Gravísimo e intolerable"
Como "gravísimo" e "intolerable" calificó ayer el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma la presunta vinculación de un grupo de detectives de la Policía de Investigaciones con una red de explotación sexual infantil.
El secretario de Estado manifestó que esta denuncia debe ser indagada en profundidad y si se determina que "hay culpables, (éstos) serán severamente sancionados".
Sin embargo, la autoridad pidió "cautela, porque hay muchos problemas internos". Probablemente, en alusión a los últimos escándalos que han afectado a funcionarios de la institución.
En ese sentido, sostuvo que hoy la PDI ha reforzado sus controles internos, pero -dijo- que siempre hay que estar alerta.
Asimismo, expresó que "este tipo de cosas son intolerables (...) verdaderamente hay que aplicar la mano muy muy dura".
En tanto, el ex subsecretario de la cartera, actual diputado PPD Felipe Harboe, también reaccionó ante la denuncia y explicó que -a su juicio- lo más grave es que "un conjunto de niñitas (...) que ejercían la prostitución infantil hicieron una denuncia que nadie acogió o investigó con el celo debido".
También recalcó que resulta "inaceptable que un fiscal encargue o encomiende la diligencia de ubicar a una de las testigos del caso y no la encuentren por uno o dos años y resulta que un programa de televisión la encuentra en un par de semanas. Eso resulta inexplicable".
Por su parte, los miembros de la Comisión de Defensa de la cámara alta senadores Jaime Gazmuri (PS) y Baldo Prokurica (RN) dijeron que era necesaria una investigación a fondo y fuertes sanciones para quienes resulten responsables de los delitos que se indagan.
Consultado por el caso, el fiscal nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo de los investigadores porteños y aunque admitió que "siempre se puede perfeccionar. Creo que lo importante es que hay una investigación, que ha adoptado un curso concreto".
Y, aclaró, que aquí lo que se indaga es a un grupo de personas y no a la institución.

11 de junio de 2009
©la nación 

recrean crimen de dictadura

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Diligencia se realiza entre ayer y hoy bajo la orden del ministro instructor Carlos Aldana. A comienzos de 1979 se inició en la precordillera, entre las regiones del Biobío y de la Araucanía, la Operación Retiro de Televisores, ordenada por el dictador Augusto Pinochet mediante un criptograma enviado a los cuarteles.

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[Jorge Escalante] Comenzaba 1979 cuando el suboficial de la Sección de Inteligencia del regimiento Húsares de Angol, Juan Carlos Balboa Ortega, recibió el criptograma categoría A-1 que indicaba "máxima urgencia".
Lo descifró veloz y corrió a avisar a su comandante, el coronel Alejandro Morel Donoso. La orden del dictador Augusto Pinochet era clara: desenterrar los cuerpos existentes en la jurisdicción y hacerlos desaparecer.
Recién, en noviembre de 1978, habían descubierto los cuerpos de 15 campesinos asesinados de Lonquén, al sur de Santiago, y la alarma sonó en la comandancia en jefe del Ejército. Temieron que comenzaran a aparecer otros entierros clandestinos.
Morel hizo las indagaciones y se dio cuenta de que lo que existía "de interés" para la orden de Pinochet en la zona de su regimiento, no correspondía a su jurisdicción apenas por pocos kilómetros.
Los 18 campesinos asesinados días después del golpe militar en los fundos El Morro, Los Maitenes y en las cercanías de las termas de Pemehue, en el límite de las regiones del Biobío y la Araucanía en la precordillera, pertenecía al ámbito geográfico del regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Ángeles.
Su personal, junto a Carabineros de Mulchén y civiles terratenientes de la zona, habían dado muerte a los campesinos.
Morel llamó al comandante del regimiento Los Ángeles, Jaime García Zamorano, y le explicó lo del criptograma. Todo se trasladó a esa unidad.
Por la mañana, García reunió a la Sección de Inteligencia del cuartel en su oficina. El teniente Julio Reyes Garrido, jefe, y los suboficiales José Puga Pascua, Mario Contreras Brito, Luis Palacios Torres, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga y Juan Cares Molina.
Se resolvió el desentierro de los cuerpos. Al día siguiente salieron en dos vehículos a la precordillera el teniente Reyes y los suboficiales de inteligencia.
Desde Concepción se les unió el suboficial de Inteligencia, Eduardo Paredes Bustamante. Este era experto en quemar cuerpos hasta convertirlos en ceniza, lo que aprendió en un curso en Alemania durante la década de los años setenta. Al equipo se unió Balboa.
Su padre vivía en la zona y tenía información exacta de los tres entierros, como carabinero ya retirado. Sólo hallaron 12 cuerpos que sacaron con pala y picota. Los pusieron en sacos paperos. Subieron los bultos en una camioneta y partieron al regimiento Los Ángeles.

En el Infierno
Allí el espectáculo fue aterrador, como lo recuerdan en el proceso por estos crímenes varios de los nombrados, que además entregan en él detalles precisos de lo que entre ayer y hoy se reconstituye bajo la orden del ministro instructor de la causa de la Corte de Valdivia, Carlos Aldana, con presencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
En la recreación del desentierro e incineración de los cuerpos en el cuartel, participan integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI de Santiago.
Fueron algunos de sus cuadros especializados como Abel Lizama, Sandro Gaete, Claudio Pérez, José Soto, Rodrigo Neira, y Alfonso Miranda, quienes por primera vez desentrañaron la llamada Operación Retiro de Televisores en 2004, nombre con que el Ejército llamó al desentierro y eliminación de los cuerpos por el sur, centro y norte del país.
A medianoche arribaron al cuartel. El gran horno de ladrillos estaba preparado. Allí fueron lanzando los cuerpos. El olor era insoportable.
Lo recuerdan los suboficiales (R) Palacios y Cares, quienes tiraron los cadáveres al horno ardiente. "Iban cayendo con sus cráneos, huesos y las botas de goma que utilizan los hombres del campo", recordó el suboficial Palacios en sus declaraciones del proceso.

11 de junio de 2009
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generales en cana por tráfico de armas

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Dos generales irán a prisión por tráfico de armas a Croacia. Corte Marcial confirmó condenas contra ocho oficiales. El máximo tribunal castrense sentenció a tres años y un día de cárcel al ex director de Famae, Guillermo Letelier Skinner, y al general (R) de la FACh, Vicente Rodríguez.

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[Luis Narváez] Santiago, Chile. Fue el incidente internacional más grave que recuerde la diplomacia chilena en los primeros años de la recuperada democracia. Cuando el entonces ministro de Defensa Patricio Rojas recibió la noticia de que en Budapest, Hungría, un avión cargado con supuesta ayuda humanitaria había sido confiscado por transportar armamento, explotó en furia.
Bien lo sabe el general (R) del Ejército Guillermo Letelier Skinner, presente en la ocasión. Hoy, este ex director de Famae deberá ir a prisión junto al general (R) de la FACh, Vicente Rodríguez Bustos como los autores del delito de exportación ilegal de material de uso bélico, hecho conocido popularmente como tráfico de armas.
La Corte Marcial dictó ayer la sentencia que confirma, casi en todo, lo resuelto el año pasado por el ministro en visita Alejandro Solís, designado para reabrir la investigación sobre la venta ilegal de armas a Croacia.
Junto con la fallida operación para comercializar bombas ‘avispa’ (de racimo) a Irán en 1986, Croacia se transformó en el segundo intento de negocio ilegal, ordenado según confirma el máximo tribunal castrense por el ex dictador Augusto Pinochet.
En noviembre de 1991, un avión de la compañía Florida West despegó desde Santiago con un itinerario inicial que tenía como escala Panamá y como destino Nigeria.
El objetivo era llevar armamento que había sido dado de baja por el Ejército para ser vendido a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Pero dicho objetivo nunca se cumplió.
El avión siguió rumbo a Miami y tras hacer una escala en ese lugar, siguió rumbo a Europa del Este, despertando las sospechas de las autoridades estadounidenses.
La nave aterrizó en Budapest, Hungría, y pese a que los embalajes y los documentos consignaban que eran propiedad del ‘Hospital Militar del Ejército de Chile’ que contenían "humanitarian aid" (ayuda humanitaria), al abrirlos se encontraron con un verdadero arsenal de guerra que tenía como destino Croacia, la nueva república balcánica.
La guerra que enfrentaba a las naciones de la ex Yugoslavia llevó a la ONU a decretar un embargo de armas y la prohibición de venta a ese país.

Casos Reabiertos
De allí lo incómodo de la situación para Chile, que en ese momento aún tenía a Pinochet al mando del Ejército. Inicialmente, en manos de la justicia militar, el caso fue cerrado estableciendo como responsable sólo a suboficiales.
Sin embargo, la aparición de nuevos testimonios y el nexo con el crimen del coronel Gerardo Huber, llevó a que se reabriera y fuera entregado al juez Solís para que se investigara.
Dentro de los testimonios que cambiaron el rumbo del juicio estuvo el del general (R) Florencio Tejos, ex jefe de Material de Guerra del Ejército, que confirmó que Pinochet estuvo al tanto de la operación y que dio la orden para dar curso a la venta. Asimismo, sostuvo que el tema fue discutido en el consejo de Famae y que los responsables eran Letelier y Rodríguez.
Ambos generales fueron condenados como autores a tres años y un día de presidio, pero el ex director de Famae, además deberá cumplir una pena de 541 días de presidio como autor del delito de falsedad, ya que ordenó confeccionar en documentos falsos para que los aprobara el Ministerio de Defensa de la época y la Aduana.
Por el mismo delito, pero a 541 días de pena remitida (no van a prisión), fueron condenados el suboficial (R) Ramón Pérez, el capitán (R) Pedro Araya, David Fuenzalida, Carlos Sepúlveda y Patricio Pérez.
En tanto como cómplices, fueron sentenciados a 300 días remitidos, la ex secretaria de Famae Carmen Molina, Antonio Sahd Salomón y Sergio Pollmann Müller.
Se espera que todos los condenados pidan el último resquicio legal, un recurso de casación, para intentar revertir en la Corte Suprema esta sentencia.

Los Pertrechos
Las 36 cajas incautadas en Budapest como "humanitarian aid", contenían:

- 300.100 cartuchos 7,62 mm.
- 02 fusiles SG-542, 7,62 mm.
- 302 fusiles Imbel.
- 10 cohetes Law.
- 02 misiles Blow Pipe.
- 10 misiles Mamba.
- 21 bombas mortero de 60 mm.
- 05 morteros 60 mm.
- 02 subametralladoras Famae.
- 04 cascos antibala.
- 06 chalecos tácticos.
- 300 bayonetas.
- 607 cargadores 7.62 mm.
- 300 depósitos de cargador.
- 300 estuches para accesorios de limpieza.
- 300 ajustadores de dispersión.

El Prontuario de Famae
La Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae) se transformó en una de las instancias más investigadas por la justicia, a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesaban sobre Pinochet, sus familiares y algunos de sus más cercanos colaboradores.
En el caso, conocido como Riggs, se han indagado a todos los directores del organismo así como su estructura financiera. Se pudo establecer que la empresa operó con redes similares a las que estableció Pinochet para ocultar su fortuna, calculada en US$26 millones, con filiales en paraísos fiscales y cuentas en bancos de EEUU y Europa.
Tanto para Pinochet como para Famae, el autor de la inteligencia financiera utilizada para crear la estructura fue el abogado Óscar Aitken.
Pocos años después, en 1995, el organismo se vio envuelto nuevamente en una polémica al descubrirse una venta de "pertrechos" a Ecuador, mientras Chile era garante del conflicto bélico de ese país con Perú.

10 de junio de 2009
©la nación