[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Como en el himno de su campaña, que en 1964 lo llevó a la victoria, en la investigación sobre la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva en 1981, "la noche muere en el ayer" y comienza a brillar el sol.
Todas las piezas encajan. El juez Alejandro Madrid ya no tiene dudas que aclarar, salvo algunas contradicciones secundarias entre quienes resultarían implicados: el ex líder democratacristiano fue envenenado. Además de elementos químicos componentes del gas mostaza, las pericias y chequeos científicos realizados en Chile y el extranjero arrojaron ahora que el ex mandatario también fue asesinado con talio.
Se trata de un metal blando con un punto de fusión bajo para licuarlo, que entre otros se utiliza en raticidas. Con talio fue eliminado en 1990 en Estados Unidos el maestro espiritual hindú Bhagwan Shree Rajneesh, conocido como Osho. Y en 2006 lo fue en Londres el teniente coronel del KGB, Aleksandr Litvinenko.
Con las indagatorias ya bastante avanzadas, el juez se enfrentará por primera vez en toda la investigación a tener que decidir acerca de los procesamientos de los médicos del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri. Ambos realizaron la extraña y precipitada autopsia a Frei, que permaneció oculta por 20 años.
Aunque ellos lo niegan, las evidencias judiciales apuntan a que la apurada autopsia realizada a las 18 horas del 22 de enero de 1982, cuarenta minutos después de su muerte, se hizo para ocultar rastros del envenenamiento. Incluso, el procedimiento se realizó en la misma habitación de la Clínica Santa María y no en un pabellón quirúrgico como correspondía.
Los antecedentes que comienzan a cerrar el círculo conducen además a los médicos Patricio Rojas Saavedra y Patricio Silva Garín, respecto de cuyos encausamientos el ministro Madrid también deberá resolver en su momento.
Entre estos últimos y los autores de la autopsia, se han generado en el último tiempo una gran cantidad de contradicciones judiciales que el juez Madrid está pronto a resolver.
Silva niega conocer a Rosenberg, pero éste sostiene que Silva sí estuvo presente junto a Rojas y un tercer médico al momento en que él les entregó los resultados de la autopsia. Fuentes judiciales afirmaron a La Nación Domingo que "ha llegado el momento en que cada uno comienza a intentar salvar su propio pellejo ante las claras evidencias del crimen".
Las pruebas indican que fue Patricio Rojas quien pidió la autopsia a los médicos de la UC, sin informar ni consultar la opinión de la familia del líder de la Marcha de la Patria Joven.
Carmen, hija del facultativo de la UC Roberto Barahona (fallecido), afirma judicialmente que fue testigo cuando Rojas llamó a su padre para demandarle la intervención. Y Barahona se lo ordenó así a Rosenberg y González.
Pero si la autopsia fue realizada para ocultar evidencias del asesinato, tesis jurídica cada vez más demostrable de acuerdo a los antecedentes de la causa, ésta no fue hecha de manera ‘limpia’ porque quedaron rastros de los órganos extraídos.
Y fue gracias a estos restos y cabellos de Frei, que las pericias científicas lograron establecer en ellos la presencia de talio y elementos componentes del gas mostaza.
La investigación judicial pudo acreditar que entre los amigos del doctor Rosenberg se encuentra el médico de la secta Colonia Dignidad Hartmut Hopp, uno de los personajes más oscuros del clan alemán. De acuerdo a las indagatorias de los juicios en su contra, éste experimentó con seres humanos en el hospital de Dignidad al interior del fundo, 40 kilómetros al este de Parral en la Región del Maule.
Hopp fue alumno de Rosenberg durante su estudio de medicina en la Universidad Católica, donde trabaron una amistad que permanece hasta hoy.
El juez Madrid pudo acreditar además que, en la década de los años 80, Hopp mantuvo un estrecho vínculo con el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, donde se generó un masivo flujo de elementos tóxicos durante la dictadura.
Fue allí que el químico de la DINA Eugenio Berríos, asesinado en 1995 en Uruguay por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), obtuvo la toxina botulínica con que infectó tarros de conserva.
El 8 de diciembre de 1981, Berríos los ingresó a la Cárcel Pública de Santiago para intentar matar a los militantes del MIR Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara. Ellos resultaron envenenados, pero salvaron con vida. Sin embargo, dos reos comunes que compartían alimentos con los miristas Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz murieron intoxicados.
La participación de Berríos en este crimen frustrado, así como su vínculo con el envenenamiento del ex presidente Frei Montalva, lograron ser igualmente establecidos en el proceso por el ministro Madrid y el equipo de la Policía de Investigaciones que le colabora.
Información relevante acerca del caso de los miristas la entregó al juez Madrid el ex agente Raúl Lillo Gutiérrez, quien custodió en Uruguay a Berríos cuando permaneció secuestrado por la inteligencia del Ejército luego de ser sacado de Chile clandestinamente el 26 de octubre de 1991.
Allanada a comienzos de los ’90, en la casa de Berríos en Santiago se hallaron elementos que lo vinculan estrechamente a la muerte del ex presidente Frei.
Con Lutz y ToháLos avances de la investigación aportaron un nuevo nombre y conexiones. El del médico anestesista Pedro Cubillos Mahana, quien participa al menos en dos de las tres operaciones de Frei.
Es el médico Patricio Silva quien arma el equipo quirúrgico de estas tres intervenciones postoperatorias, incluyendo a Cubillos. Ambos también toman parte en la intervención operatoria del general Augusto Lutz en el Hospital Militar.
Lutz murió en noviembre de 1974 fulminado por una septicemia generalizada muy parecida a la del ex presidente Frei Montalva, después de pelearse a gritos con el ex dictador Augusto Pinochet criticándolo por los crímenes de la DINA.
"A tu padre lo ayudaron a morir en el Hospital Militar", dijo hace un tiempo un renombrado general de Ejército en retiro a la hija del alto oficial, Patricia Lutz. Era la confesión que ella buscó por más de 30 años para terminar de convencerse que a su padre lo mataron por venganza. "Dame tiempo para investigar, Patricia", le dijo cuando ella le pidió ayuda. Y el hombre indagó entre las redes militares. Un segundo oficial (R) le confirmó a Patricia la información, como en su momento ella lo relató a LND, cuando se publicó un reportaje sobre la sospechosa muerte de su padre.
El nombre del médico y coronel (R) del Ejército Patricio Silva Marín se repite también en el extraño suicidio en el Hospital Militar del ex ministro de Allende José Tohá, ocurrido el 15 de marzo de 1974.
En el proceso por esta muerte, Silva, quien era subdirector de ese hospital a la fecha, admitió que entró a ver varias veces a Tohá pero sólo para "conversar amablemente" con él. No obstante, acerca de este controvertido coronel de sanidad que judicialmente reconoce que en 1980 el Ejército le encargó una "comisión extrainstitucional" (como en las hojas de vida militar se designa a las tareas de inteligencia), existen algunos datos en los expedientes de la muerte de Tohá. Y no lo sindican precisamente como un amable médico castrense.
Un día de marzo de 1974, Raquel Morales Etchevers (Moy), esposa del ex ministro de Allende, llegó al Hospital Militar junto a su hija, la actual vocera de gobierno Carolina Tohá, para visitar al ex ministro de Allende.
En junio de 1990, Moy de Tohá declaró a la Comisión Rettig que entonces "el doctor Patricio Silva nos comunicó que a José se lo habían llevado a la Academia de Guerra Aérea y que iba en mal estado". Relató que Silva les dijo que su marido le pidió un valium para tranquilizarse con el traslado, pero que el médico les informó que se lo negó, "porque nos dijo que él era un político y como tal tenía que soportar" lo que vivía.
"Esto que vivimos es el fascismo, y si usted no lo respeta, se le va a detener", amenazó Silva a Moy de Tohá, según la declaración, al informarle que a partir de ese momento se le prohibían las visitas a su marido y ella insistió en verlo.
A la misma Comisión Rettig, Miriam Huidobro Reichhardt, esposa de Osvaldo Puccio Giesen, secretario personal de Allende que llegó al Hospital Militar prisionero junto a Tohá, entregó otra información sobre la personalidad de Patricio Silva, transformado hoy en uno de los personajes "ancla" del proceso por la muerte de Frei Montalva.
Afirmó que según les confidenció a ella y su marido en ese hospital "el cabo Lara", uno de los custodios de los detenidos que allí permanecían internados, "el hospital fue utilizado para interrogatorios y torturas". Y agregó a los comisionados que "el cabo Lara relató su preocupación por el hecho que un dentista cuyas manos estaban quebradas seguía siendo sometido a torturas bajo la directa vigilancia y dirección del doctor Patricio Silva, quien se encargaba de revivir al dentista para continuar los interrogatorios".
Presencia PeligrosaDurante la permanencia del ex presidente en la Clínica Santa María, un amigo de la familia recibió una llamada anónima informando que a Frei se le estaba envenenando por un enfermero de apellido González. Pero ello no se ha confirmado judicialmente pues no existía entonces en esa clínica un enfermero con ese apellido. En todo caso, aquella llamada misteriosa cobra ahora validez y es coherente con los antecedentes del proceso.
Donde sí operó un enfermero agente DINA y luego CNI de nombre Bernardo González, años antes de la muerte de Frei, fue en las clínicas de ese órgano represivo, Santa Lucía y London en Santiago.
La investigación pudo establecer que durante la estadía del líder DC en la Santa María, quien ingresó con frecuencia a su habitación fue el médico cirujano que trabajó con los servicios de inteligencia, Pedro Valdivia Soto. Éste permanece procesado por el mismo juez Alejandro Madrid por el crimen del agente DINA Manuel Leyton Robles, cometido con ayuda de gas sarín el 29 de marzo de 1977 en la Clínica London, de calle Almirante Barroso en la comuna de Santiago.
Un elemento que aporta otra pieza al convencimiento del juez Madrid respecto de que Frei Montalva fue asesinado es la disputa que mantiene en el proceso el coronel (R) Patricio Silva con el ex médico cirujano de la DINA, Sergio Vélez Fuenzalida.
En dos declaraciones ante la Policía de Investigaciones, Silva sostuvo que Vélez estuvo con él en las intervenciones postoperatorias del ex mandatario. Sin embargo, después cuando fue citado para ratificar judicialmente esos relatos policiales ante el juez Madrid se desdijo sobre la presencia de Vélez.
Este último niega haber estado presente en las tres intervenciones quirúrgicas efectuadas a Frei, tras la primera operación efectuada por el doctor Augusto Larraín debido a una simple hernia al hiato.
Bien InformadosEntre las pruebas que se conectan en la investigación judicial con la muerte del ex presidente Frei Montalva, está la información que su viejo amigo y chofer desde comienzo de los años sesenta, Luis Becerra, aportaba a la CNI y la inteligencia del Ejército sobre sus movimientos y hábitos.
Su "confidente" fue el agente Raúl Lillo Gutiérrez, el único "estable" que espió a Frei Montalva y al Partido Demócrata Cristiano, integrando siempre la estructura dedicada a ello tanto en la DINA como después en la CNI y la DINE, una vez recuperada la democracia en 1990.
Lillo, de chapa ‘Manuel Arriagada’, permanece procesado por el ministro Madrid en calidad de coautor del crimen de Eugenio Berríos.
Fue de esta manera que los servicios represivos de Augusto Pinochet estuvieron siempre bien informados acerca de las actividades del líder DC, lo que en la investigación judicial se aprecia como un elemento de fundada sospecha para preparar su eliminación.
Desde mediados de 1981, la CNI y la inteligencia del Ejército ya sabían que el ex mandatario preparaba su arribo a la Clínica Santa María por las molestias constantes que sentía producto de su hernia al hiato.
Decisión de MatarMotivos para eliminar a Frei, quien emergía entonces como líder indiscutible de recambio opositor, el régimen opresor tenía de sobra. De acuerdo a un informe de 1978 de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE), existente en el proceso del juez Madrid, el 14 de agosto de 1976 fue hallada en Santiago una bomba adherida al auto del ex presidente.
El documento lo transmitió a la inteligencia militar chilena, el 21 de marzo de 1978 desde Buenos Aires, ‘Copihue’. Una de las chapas usadas en la capital argentina por el agente civil DINA-CNI, Enrique Arancibia Clavel, quien fue el único condenado en Buenos Aires por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido el 30 de septiembre de 1974 por agentes DINA, mediante un artefacto explosivo adherido a su automóvil.
El 8 de julio de 1981, Frei asistió junto al líder de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, a la primera asamblea en que el movimiento sindical, los partidos de oposición al militarismo, ex parlamentarios y representantes sociales demostraron que juntos eran una amenaza seria al régimen de Pinochet.
Tucapel Jiménez, líder que se perfilaba como otro cuchillo, porque estaba logrando la unificación de la dispersión sindical contra la dictadura, fue eliminado por agentes de la CNI y la inteligencia del Ejército veintitrés días después de la muerte de Frei.
Escenario Judicial¿De dónde provino el talio y los compuestos del gas mostaza hallados en los restos peritados del ex mandatario? La interrogante aún no está respondida con plena certeza en la investigación del juez Madrid.
Pero de acuerdo a lo indagado por LND, es muy probable que el magistrado recalifique el caso Frei Montalva como "homicidio" y conceda los procesamientos que le serán pedidos por primera vez.
Fuentes de tribunales muy cercanas a la investigación manifestaron a LND que "los antecedentes existentes en la causa son tan contundentes, a pesar de no haber aún ninguna confesión directa de la autoría del envenenamiento del ex presidente, que resulta muy difícil pensar que el juez Madrid no vaya a procesar".
Si los dos autores de la extraña autopsia son sometidos a proceso, quedarían bastante expuestos a correr el mismo destino los médicos Patricio Rojas y el coronel (R) de Sanidad del Ejército, Patricio Silva. Y de la misma manera, los facultativos de la DINA-CNI Pedro Valdivia y Sergio Vélez.
Quienes llevan la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva aseguran que está aclarada en un alto porcentaje. Ahora ello debe ser respaldado mediante resoluciones judiciales que se esperan.
Documentos Atribuidos a la CIAEn su última edición, el semanario ‘El Siglo’ informó acerca de la existencia de una serie de documentos atribuidos a la CIA, mantenidos en los archivos de la embajada de Estados Unidos en Santiago.
Entre ellos, según ‘El Siglo’, existen antecedentes que revelarían que este organismo de inteligencia conocía de los planes ‘Coihueco’ para asesinar al líder sindical Tucapel Jiménez; ‘Valquiria’, para matar al ex presidente Eduardo Frei Montalva, y ‘Cóndor 2’, para eliminar al químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Los ex agentes militares y civiles que, según ‘El Siglo’, aparecen mencionados en los documentos como participando en estas operaciones, coinciden en un alto porcentaje a los nombres registrados en los procesos que se instruyen por los casos Berríos y Frei Montalva, a cargo del juez Alejandro Madrid, como también a la causa que investigó el juez Sergio Muñoz respecto del crimen de Tucapel Jiménez, ya resuelto y cerrado.
8 de junio de 2009
©la nación
[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso no aplicó el derecho penal internacional que declara inamnistiables e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y dejó libre a los siete secuestradores del regidor socialista Jaime Aldoney Vargas, cuyo cuerpo fue, presumiblemente, lanzado al mar por los mismos oficiales de la Armada liberados.
Santiago, Chile. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución de primera instancia y condenó al contraalmirante (R) Ernesto Huber Von Appen a la pena de tres años y un día de pena remitida (que no implica cárcel) por la desaparición del ex regidor de Limache, Jaime Aldoney Vargas, detenido en 1973.
Valparaíso, Chile. El comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, señaló este lunes que la institución no tiene que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.
Valparaíso, Chile. A la Comisión del ramo asistió el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien dio a conocer el informe de la ONU respecto a la situación de los derechos humanos en nuestro país, que abarca materias como la situación carcelaria, el combate a la violencia intrafamiliar y la desigualdad en materia laboral entre hombres y mujeres.
[Eleazar Salinas G.] Iquique, Chile. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, Afepi, conmemoró ayer los 19 años del hallazgo de los 19 cuerpos de los ejecutados políticos encontrados en la fosa de Pisagua, en 1990.
Santiago, Chile. El abogado querellante en la causa que investiga el asesinato de Víctor Jara, Nelson Caucoto, descartó que el Ejército haya colaborado en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, como planteó hoy el ministro de Defensa Francisco Vidal.
Santiago, Chile. Rechazo provocaron las reiteradas declaraciones del abanderado presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, en cuanto a que si llega a la Presidencia cerrará el diario La Nación.