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mirar feo a fiscales será delito


Presentan proyecto de ley que proteja integridad física de los fiscales. Los diputados de RN Lily Pérez y Osvaldo Palma se reunieron con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para exponerle la iniciativa.
Valparaíso, Chile. En un intento por mejorar la seguridad de los fiscales, dos diputados de la alianza anunciaron una moción que proteja a los abogados de diversos tipos de agresión. Los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) Lily Pérez y Osvaldo Palma sostuvieron una con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para presentarle una moción que busca proteger a los fiscales que se encuentran investigando casos de connotación pública.
La diputada Pérez señaló que "nos parece que frente a la balanza que hemos tenido el último semestre de atentados contra la integridad física de personal de los fiscales, hemos presentado este proyecto de ley que busca darle protección de identidad, en algunos casos, a los fiscales cuando se encuentran investigando un caso que lo amerita y de protección de integridad física también a los casos que ello lo amerita".
Al legisladora agregó que "hemos visto ya demasiadas amenazas, golpes, intentos de secuestros y de problemas que dicen relación con fiscales que están investigando alguna causa y justamente hemos visto en forma paralela el auge que ha ido teniendo en Chile la presencia de narcotraficantes y de personas que dicen relación con delitos que están siendo investigados por el Ministerio Público".
De acuerdo a los parlamentarios el máximo representante del Ministerio Público recibió con gran expectativa y beneplácito el proyecto de ley, por lo cual adoptaron el compromiso sacarlo adelante a la brevedad.
La iniciativa asegura la protección para los prosecutores que lo soliciten al Ministerio Público protegiendo los datos personales de los fiscales, que actualmente son de fácil acceso, por el tiempo que la investigación esté en curso.

16 de diciembre de 2008
©la tercera
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presos en huelga de hambre


Ex frentistas y lautaristas llevan 52 días en huelga de hambre. Piden ser trasladados a la CAS y demandan "un trato humanitario". Los cinco antiguos militantes de izquierda cumplen condenas por delitos comunes, tras desvincularse de sus respectivos movimientos al término de la dictadura.
Santiago, Chile. Cinco ex militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Movimiento Juvenil Lautaro llevan 52 días de huelga de hambre en la ex Penitenciaria donde permanecen detenidos.
Todos ellos están cumpliendo condena debido a que cometieron delitos comunes luego de desvincularse de sus organizaciones con la llegada de la democracia.
Entre los delitos se incluyen robos con intimidación, con violencia y tenencia y porte de armas. Las condenas que cumplen van entre los tres y 29 años de presidio.

Reinserción
Agrupados en la Coordinadora de Ex Combatientes Políticos en Prisión, solicitan que se revisen sus condenas pues consideran que la excesiva cantidad de años que cumplen se debe a sus pasados políticos.
También piden que los trasladen a la Cárcel de Alta Seguridad, debido a que en ese recinto existen talleres de inserción laboral para así poder enfrentar la futura libertad con herramientas reales.
"Los que mantenemos la huelga estamos conscientes de que cometimos errores, faltas que también fueron cometidas por los partidos que nos formaron.
Nosotros queremos reinsertarnos y en la ex Penitenciaría lo único que se ve es la posibilidad de salir peor de cómo entraste. Estamos pidiendo un trato humanitario", dijo a La Nación el presidente de esa coordinadora, el ex frentista Jorge Jara.
Los prisioneros en huelga de hambre denuncian que su estado de salud es precario y que hace unos días el Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería, les tomó testimonio para conocer su situación. Varios de ellos manifiestan problemas renales, cardíacos y dificultades para caminar, pero sostienen que "no vamos a claudicar en nuestra huelga".
"El trato que recibimos de Gendarmería es pésimo. No dejan que tomemos agua hervida, ni mineral. Esto lo necesitamos debido a nuestro delicado estado de salud. Después de tanto tiempo en huelga de hambre el organismo se vuelve extremadamente delicado", agregó Jara.

Lautaristas en Argentina
Al movimiento de protesta se sumaron el sábado pasado los dos ex lautaristas presos en Argentina, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, que participaron en el asalto al Banco Security donde murió el cabo de Carabineros Luis Moyano.
El abogado Alberto Espinoza que interpuso a favor de los huelguistas un recurso de protección, afirmó que "lo que ellos están pidiendo es que se les de un trato humanitario por parte de Gendarmería, pues sabemos que las condiciones carcelarias son malas como lo han constatado los informes de derechos humanos realizados por la Universidad Diego Portales".
De acuerdo con Espinoza, "con ellos también hay problemas de la forma en que se les van sumando las condenas, donde a veces se cometen errores administrativos que les hacen perder beneficios carcelarios. Y por ello están pidiendo también que se les revisen sus procesos para determinar si se han cometido estos errores que los puedan estar afectando de manera injusta".
Por los huelguistas también ha intercedido el ex vicario de la Pastoral Social, sacerdote Alfonso Baeza.

16 de diciembre de 2008
©la nación
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en libertad ratas pinochetistas


Condenan a ex carabineros.
Santiago, Chile. La Corte Suprema entregó el fallo definitivo que dicta condena por el secuestro de Humberto Salas Salas, un ex militante del MIR desaparecido el 24 de septiembre de 1973 en Osorno, en un hecho de violación a los derechos humanos que involucró a carabineros de la Tercera Comisaría de Rahue, durante el pasado régimen militar.
El fallo señala que al capitán Adrián Fernández Hernández y el suboficial Rolando Becker Solís, se les concede el beneficio de libertad vigilada, en una causa por la cual fueron condenados a 5 y 4 años de cárcel, respectivamente.

16 de diciembre de 2008
©austral de osorno 
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crítico renuncia al mercurio


Se trata de Juan Pablo Vilches, hasta hace algunos días crítico de cine del suplemento Artes y Letras, y quien decidió dejar de colaborar en el diario debido a que éste no quiso publicar su artículo respecto al documental en cuestión.
Santiago, Chile. El documental ‘El diario de Agustín’, de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, y que trata de la forma en que El Mercurio colaboró en el ocultamiento de varios casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, ya causó la primera baja en el periódico de Avenida Santa María 5542.
Se trata de Juan Pablo Vilches, hasta hace algunos días crítico de cine del suplemento Artes y Letras, y quien decidió dejar de colaborar en el diario debido a que éste no quiso publicar su artículo respecto al documental en cuestión.
El propio Vilches, periodista y magíster en Ciencia Política de la UC, lo anuncia al publicar la crítica que escribió el sitio en que colabora habitualmente, Civilcinema.cl: "Éste es el texto exacto que pensaba a enviar al suplemento Artes y Letras de El Mercurio, como parte de mi colaboración habitual con ese medio.
El texto no fue recibido pues, según el editor del suplemento, es imposible tomar distancia del tema del documental. Que el lector juzgue si es así o no.
Por este episodio dejé de escribir para el diario en cuestión", señala. Vilches también dio luces de lo sucedido en otro concurrido blog de cine, Analízame.cl, donde se explaya un poco más en las razones que lo llevaron a no seguir colaborando en el diario: "Cuando quise escribir sobre la película me dijeron que no se iba a publicar nada sobre ella. Lo que me decidió a dejar de colaborar en Artes y Letras fue que ni siquiera iban a leer la crítica, la película era tratada como una especie de tabú".
Salvo en un pequeño comentario, ni en las páginas de El Mercurio ni en ninguno de los otros medios de la empresa se ha hecho mención al documental, que está en cartelera en dos cines de la capital.

14 de diciembre de 2008
©la nación 
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insisten en asesinato de allende


Luis Ravanal insiste en que Salvador Allende fue asesinado. El forense chileno instó a unasegunda autopsia del cuerpo del extinto presidente, para lo cual es necesario que un parlamentario o familiar reclame esta investigación, lo que parece poco probable.
Montevideo, Uruguay. El forense chileno Luis Ravanal, que desató un debate en su país por cuestionar la versión oficial sobre un suicidio del presidente constitucional Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado por Augusto Pinochet, impartió en Montevideo conferencias en la que desarrolló su teoría, rechazada por familiares del mandatario.
Tras estudiar el informe de la autopsia de Allende, Ravanal concluyó que presenta "falencias y omisiones que no permiten considerarlo certero en sus conclusiones", explicó en declaraciones reproducidas hoy por el periódico La Diaria.
Ravanal impartió conferencias en la capital uruguaya donde recibió el respaldo de sus colegas a su hipótesis desató un debate en su país que alcanzó a la familia de Allende, en especial su hija, la diputada Isabel Allende, quien rechazó la teoría que pone en duda la versión oficial.
En 2005 Ravanal estudió por su cuenta el informe de la autopsia realizada al exinto mandatario y concluyó que es posible que haya sido asesinado durante el golpe de estado que derrocó a su gobierno.
El forense chileno impulsa por ello una segunda autopsia del cuerpo del extinto presidente, para lo cual es necesario que un parlamentario o familiar reclame esta investigación, lo que parece poco probable.
Hasta ahora la versión oficial señala que cuando el palacio presidencial La Moneda ardía tras el bombardeo de los golpistas encabezados por Pinochet, Allende prefirió morir a rendirse y se disparó en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 con culata retráctil que le había sido obsequiado por el líder cubano Fidel Castro.

13 de diciembre de 2008
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niñas no denuncian abusos


Menos del 25% de los agresores termina detenido. Investigación del Cemera realizada en 225 niñas violadas revela los factores que inciden en la pasividad judicial de las víctimas: miedo y culpabilidad. El silencio también se asocia a la falta de confianza en la justicia.
[Leyla Ramírez] Santiago, Chile. El tío Juan era un guaguatero empedernido. La dedicación que le profesaba a su sobrinita Andrea era un regalo para su hermana. La bañaba y la llenaba de mimos. Su cariño no se diluyó cuando creció. Al contrario. Eran "yuntas". Todo cambió cuando la mamá de Andrea (hoy de 13 años) se dio cuenta que el vientre de su hija estaba más abultado. Sólo entonces la niña pudo verbalizar su drama: estaba embarazada de su tío, quien la violaba desde los seis años. Pero su desahogo cayó en el vacío. Su madre se negó a los hechos y tuvo que salir del hogar con un hijo y una familia destruida.
El caso es real y se repite más de lo se imagina. Andrea es sólo una de las 225 niñas violadas -entre 11 y 18 años- que fueron estudiadas por especialistas del Centro de Medicina Reproductiva para Adolescentes de la Universidad de Chile (Cemera).
Si bien todos los casos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 19.617 que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en materias relativas a la violación, los casos dan cuenta de una realidad que no ha cambiado mucho: la baja tasa de denuncias y de sanciones para los agresores. Eso sin contar la revictimización que sufren incluso en el actual sistema penal.

Enemigo en Casa
Al igual que el caso de Andrea en un 80% de las niñas estudiadas, el abuso quedó en evidencia por un embarazo. Como una de 11 años que en su primera ovulación quedó embarazada de su abuelo, su agresor sexual.
De hecho, los familiares lideran los ataques. Según el estudio, el 40% de los casos fue intrafamiliar.
Pero independiente del origen del ataque, la norma es que la denuncia y las sanciones para el victimario fueron bajas: en el 23,6% el agresor sexual fue detenido; en el 14,9% fue inubicable; en el 44,1% el proceso fue detenido por falta de pruebas; en el 4,3% se retiró la denuncia y en el 13% el caso fue sobreseído. (Según el Ministerio Público entre 2000-2004 sólo un 9,9% de los casos terminó en condena).
Según Electra González, autora del estudio, las bajas sanciones se explican en muchos casos porque la denuncia se realiza tardíamente perdiéndose pruebas indispensables.
González dice que este es un delito difícil de probar y aunque reconoce avances aún falta mucho por avanzar en el trato a la víctima. "Se llegan a acuerdos preliminares, lo que no me parece. Por ejemplo, que el agresor se haga cargo de costear el tratamiento sicológico a la menor", dice la experta del Cemera.
La falta de justicia y el descrédito en ella también inciden en la no denuncia. El 26,7% entregó esa razón para guardar silencio.

Las Razones del Miedo
Una razón importante que explica la demora está relacionada con la amenaza del agresor, que ocurre especialmente en la violación intrafamiliar (91,3%) que fue casi siempre reiterada, bajo intimidación y en el hogar de la adolescente. La familia hace un balance entre hacer o no la denuncia y si este es desventajoso puede influir en que ésta no se efectúe.
Pero el miedo no sólo se relaciona con el victimario. Con frecuencia se observó que las adolescentes experimentaron temor a enfrentar la reacción de padres o tutores porque pensaban que no les iban a creer, a que podían recibir castigo o ser culpadas por estimular la violación.
La estigmatización social, del barrio, del colegio, de los amigos, de la familia, también fue una razón.
El comportamiento insensible de las instancias judiciales, la actitud fría e impersonal del actuario, quien con frecuencia pone en duda sus declaraciones, muchas veces por inconsistencias propias de la situación traumática que vivió la menor que no les permitieron recordar los detalles, también asoma como una causa del escaso éxito de juicios de este tipo.

Datos
-23,6% de los agresores de las víctimas del estudio fueron detenidos
-44,1% de los procesos fueron detenidos por falta de pruebas
-13% de los casos fueron sobreseídos

Revictimización y sin Reparación
Según la Fundación Amparo y Justicia la reforma procesal penal revive la agresión sexual de la menor en múltiples ocasiones: entrevistas con médicos, carabineros, detectives, fiscal, sicólogos, etc. También hay quejas sobre el ambiente en que el Servicio Médico Legal realiza los peritajes. Las lesiones del niño además son fotografiadas. Finalmente, al menor no se le cree por defecto, por lo que la defensa lo está deslegitimando.
El estudio del Cemera indican también que la mayoría de las adolescentes no obtuvieron reparación, ya sea por las interminables causas, (algunas duraron años sin sanción), o porque se vieron presionadas a retirarla por amenazas o por el costo económico.
Por ello, Electra González plantea incrementar el volumen de las denuncias mejorando sus derechos en tres puntos: información adecuada; trato digno, una defensa jurídica eficaz y gratuita, asistencia integral, y una compensación real. "Dejar constancia del hecho, aunque no se llegue a sanción, es un gesto solidario indispensable para futuras víctimas", dice.

Secuelas de una Agresión
-Miedo a los hombres, a salir o a quedarse sola, a que el abuso se repita y a las represalias del agresor por haber descubierto el hecho.

-A sentirse como un producto dañado para siempre. Algunas manifestaron sus dudas de ser normales en la adultez.

-Culpabilidad por romper una promesa de secreto al denunciar el hecho, por no haberlo denunciado antes, por las consecuencias para la familia y la alteración de la dinámica familiar al revelarse el abuso.

-Aumento de la repitencia o deserción escolar. La adolescente que estudiaba al momento de la violación tiene mayor probabilidad de efectuar la denuncia.

Maternidad Forzada
En el caso de la maternidad incestuosa, el estudio arrojó que la mitad de las víctimas entregó los niños en adopción, pero las demás se quedaron con ese bebé, los que se ven expuestos a potenciales maltratos. "Hicimos seguimiento de varios de esos niños y podemos decir que ninguno ha tenido una historia muy feliz. Las niñas ven en sus hijos el recuerdo de la situación traumática en que fueron concebidos y no logran generar los apegos emotivos para ser sus madres adecuadamente".

12 de diciembre de 2008
©la nación
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suprema dicta nuevas condenas


Suprema dicta dos condenas por violaciones a derechos humanos.
Santiago, Chile. La Sala Penal de la Corte Suprema dictó dos nuevas condenas en causas ligadas a investigaciones por violaciones a los derechos humanos, correspondientes a casos de secuestros calificados ocurridos en Los Ángeles y Osorno.
En el primer dictamen se condenó a Óscar Humberto Medina a cuatro años de presidio, pero concediendo el beneficio de la libertad vigilada, por los secuestros de Nelson Almendras Almendras, José López López, Juan Briones Pérez y Victoriano Lagos Lagos, cometidos a partir del 17 de septiembre y 1 de octubre de 1973 en Los Ángeles. 
La decisión se adoptó en fallo dividido, donde los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Hernán Álvarez fueron partidarios de aplicar la sanción; mientras que los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros fueron partidarios de la absolución acogiendo la prescripción de la acción penal. 
En el segundo fallo se dictó condena por el secuestro de Humberto Salas Salas, ocurrido a partir del 24 de septiembre de 1973 en Osorno. 
Por este hecho fueron condenados Adrián Fernández Hernández, a cinco años de presidio, y Rolando Becker Soliz, a cuatro años de presidio, pero ambos con el beneficio de la libertad vigilada. 
En este fallo, los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Fernando Castro fueron partidarios de aplicar la condena; mientras que los ministros Segura y Ballesteros fueron partidarios de absolver aplicando la prescripción.

12 de diciembre de 2008
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deuda pendiente de la derecha


La derecha y su deuda pendiente en derechos humanos. No es extraño que el candidato empresario quiera dar vuelta la página, porque sus aliados están ligados a los momentos más oscuros de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Editorial de La Nación.
Santiago, Chile. Por más que la derecha (hoy representada en la Alianza) trate de blanquear su imagen vinculada a la violación sistemática de los derechos humanos en el país, sus intenciones no dan el resultado que ese sector desea.
El 60º aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se cumplió esta semana dio lugar a una situación de contrastes: mientras la Presidenta Bachelet ponía la primera piedra del Museo de la Memoria y recordaba a sus compañeros detenidos desaparecidos en el centro de torturas de Villa Grimaldi, el aspirante presidencial de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, llamaba a olvidar ese pasado desde la terraza de su edificio empresarial corporativo en la avenida Apoquindo.
Han transcurrido 20 años desde el fin de la dictadura, pero los delitos de lesa humanidad cometidos durante ella no se pueden ni se deben borrar de la memoria. No por un afán de venganza, sino porque es la única manera de evitar que esos acontecimientos se repitan en el futuro. El recuento de la situación de los derechos humanos en el mundo -donde el Estado ejecuta a mil 252 personas al año- es una señal de alerta para darse cuenta de que es imprescindible educar a las nuevas generaciones en valores como el respeto de la vida, de la integridad física, de la libertad, del imperio de la justicia. Y para ello es necesario mostrar cómo personas que hoy, en democracia, quieren olvidar el pasado ayer participaron del régimen político que violó sistemáticamente los principios de la vida y la libertad. Esas personas apoyan hoy mayoritariamente la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.
No es extraño que el candidato empresario quiera dar vuelta la página, porque sus aliados están estrechamente ligados a los momentos más oscuros de las violaciones de los derechos humanos en Chile.
Tampoco debe sorprender que mientras agrupaciones de derechos humanos de distinto signo piden que se anule la Ley de Amnistía de 1978, Piñera haya sido uno de los promotores de un intento de su extensión hasta 1990. La misma derecha que avaló las violaciones de los derechos humanos es la que se niega a aprobar el tratado de creación del Tribunal Penal Internacional (TPI): los amigos de Piñera son fervientes partidarios de la globalización económica, pero reniegan de universalizar la justicia en materia de las prerrogativas básicas de las personas.
La profundización de la democracia y su permanente enriquecimiento es condición necesaria para el respeto irrestricto de los derechos humanos. Ningún objetivo político, por transitorio que sea, puede justificar que sean vulnerados. Esa es la gran lección de la historia de Chile que la derecha se niega a asumir y recordar. Por eso es tan importante el Museo de la Memoria que esta semana comenzó a construirse.

12 de diciembre de 2008
©la nación 
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