chile

frei propone nueva constitución

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Se avanzaría hacia un sistema semipresidencialista y de mayor participación ciudadana. El senador planteó equilibrio entre atribuciones del Congreso y el Ejecutivo, permitir compatibilidad entre ser legislador y ministro, elección de autoridades regionales y de ‘súper’ alcaldes y abandonar sistema binominal para contar con uno más representativo.

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[Ivonne Toro] Valparaíso, Chile. El senador de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, puso sobre la mesa una de sus principales cartas a jugar en su propuesta programática al país y a las fuerzas políticas de la Concertación como presidenciable: una nueva Constitución para Chile en el marco del bicentenario.
En ella plantea volver a 5 o 6 años de periodo presidencial, equilibrar las atribuciones del Ejecutivo con el Congreso, darle al Presidente la facultad de disolver las cámaras y llamar a elecciones parlamentarias por una sola vez durante su mandato, cambiar el sistema binominal por uno más representativo y eliminar la incompatibilidad entre ser parlamentario y ministro de Estado.
En ese camino, junto con la pretensión de dejar definitivamente atrás la Carta Magna heredada de la dictadura, Frei apuesta a una profunda modernización de la institucionalidad chilena que apunta a un sistema semipresidencialista.
"Una reforma constitucional sustancial que pueda cerrar la transición a la democracia y que sea expresión de las aspiraciones y necesidades de todos los chilenos", dijo.
La propuesta de Constitución Bicentenaria incluye un "equilibrio entre el Presidente de la República y el Congreso", de modo tal que el parlamento pueda intervenir con mayor poder en la agenda legislativa; la regionalización política y administrativa que crea un nuevo gobierno regional y un "alcalde mayor" para las grandes urbes, elegidos de modo directo; una reforma al régimen binominal que permita "una efectiva representación de los chilenos"; la inscripción automática y el voto voluntario y derecho a sufragio de los chilenos residentes en el extranjero; posibilidad de que dirigentes sindicales y sociales sean electos al Parlamento.
Un tópico considerado polémico del planteamiento de Frei es la premisa de que "por una sola vez durante su mandato" el presidente de la República cuente con la facultad de disolver las cámaras y llamar a elecciones parlamentarias generales, como una forma de evitar el obstruccionismo a la hora de gobernar.
Varios de los puntos son un claro guiño al progresismo e incluso la izquierda extraparlamentaria que vienen hace tiempo reivindicando varias de las propuestas de Frei Ruiz-Tagle.
El presidenciable DC entregó el documento a la Comisión de Estudio del régimen político chileno de la cámara baja, como un primer paso de formalización de su propuesta.
No queda establecido en el proyecto el mecanismo que se usaría para adoptar la Constitución Bicentenario, aunque el senador estaría inclinado por una Asamblea Constituyente, como ha ocurrido en otros periodos en el país.
Este documento se someterá no sólo al análisis en el ámbito legislativo, sino al interior de la Concertación y de otras fuerzas políticas.

Principales Propuestas Políticas
1.-Voto voluntario e inscripción automática en los registros electorales.

2.-Derecho de sufragio de los chilenos en el extranjero.

3.-Igualdad efectiva entre independientes y Partidos Políticos.

4.-Terminar con la exclusión de las minorías.

5.-Reemplazar el sistema electoral binominal por un sistema que establezca una efectiva representación de los chilenos.

6.-Introducir la idea de otorgar representatividad parlamentaria a todos los grupos que superen el 5% de la votación aunque ellos no obtengan la mayoría en ninguna de los escaños al Parlamento.

7.-Modificar el período presidencial a cinco o seis años.

8.-Otorgar al Presidente de la República la facultad de disolver las Cámaras y llamar a elecciones parlamentarias generales por una sola vez durante su mandato.

9.-Eliminar la incompatibilidad entre el cargo de Parlamentario y el de ministro de Estado.

10.-Derogación del Artículo 23 de nuestra Constitución, que establece la incompatibilidad de cargos entre dirigentes gremiales y políticos.

11.-Primarias obligatorias para todos los cargos elección popular.

12.-Creación del cargo de Alcalde Mayor elegido en votación directa, con atribuciones amplias para que ejerza sus funciones en grandes zonas urbanas, tales como Santiago, Valparaíso y Concepción.

13.-Fomentar la realización de referéndum o plebiscitos comunales.

14.-Fusión de ministerios políticos.

4 de diciembre de 2008
©la nación

reparación para familias de asesinados

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Estado pagará $780 millones a familia de profesionales asesinados tras atentado a Pinochet. Entre ellos figura la descendencia del director de la revista Análisis, José Carrasco Tapia.

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Santiago, Chile. Estado pagará $780 millones a familia de profesionales asesinados tras atentado a Pinochet. Entre ellos figura la descendencia del director de la revista Análisis, José Carrasco Tapia.
Una indemnización de $780 millones deberá pagar el Estado a la familia de cuatro profesionales que aparecieron muertos tras el atentado contra el fallecido general Augusto Pinochet.
Los asesinatos fueron ejecutados en septiembre de 1986, en represalia al atentado que un día antes había sufrido el uniformado en el Cajón del Maipo. Ese día resultaron muertos cinco escoltas de Pinochet.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los demandantes acordaron un pago de $780 millones a repartir entre los familiares del periodista José Carrasco Tapia, del artista plástico Gastón Vidaurrázaga, del publicista Abraham Muskatblit y de Felipe Rivera. El profesional de la prensa fue director de la revista Análisis.
Según informa la página web del poder judicial, se aprobó la transacción económica por los homicidios ocurridos entre el 8 y 9 de septiembre de dicho año en la Región Metropolitana.
Ante el ministro de la Segunda Sala del máximo tribunal  Nibaldo Segura Peña, las partes en el proceso aprobaron la indemnización mediante la cual el Fisco se compromete a pagar una indemnización total de $780 millones que serán distribuido de la siguiente forma: $270 millones para los familiares de Muskablit Eidelstein, $90 millones para la descendencia de Rivera Gajardo, $210 millones para las familias de Vidaurrága Manríquez y Carrasco Tapia.
El acuerdo implica que los demandantes deben desistirse de toda las acciones judiciales civiles que existan en la materia. El pago se concretará una vez que sea aprobado por el Ministerio de Hacienda, trámite que de acuerdo a lo expresado en la audiencia de conciliación se tardaría aproximadamente un mes.

3 de diciembre de 2008
©la tercera

acciones contra falso desaparecido

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Consejo de Defensa del Esyado adoptará acciones legales en caso ‘falso desaparecido’. Sólo se está a la espera del total de antecedentes.

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Santiago, Chile. El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney, aseguró hoy que una vez que se remita la totalidad de los antecedentes referentes al caso del ‘falso desaparecido’ Germán René Cofré Martínez (65), se van a adoptar las acciones legales y sanciones que correspondan.
Cofré regresó al país donde figuraba como víctima del régimen militar de Augusto Pinochet luego de haber vivido 35 años en la ciudad argentina de Mendoza.
En relación a lo anterior, Mackenney sostuvo que "estamos esperando que se nos remita la totalidad de los antecedentes, este es un hecho que tiene un par de semanas o tres semanas de desarrollo, y en cuanto recibamos esos antecedentes vamos a (adoptar las medidas pertinentes)".
Confesó que "yo ya hice algo al respecto con el Comité Penal del Consejo que está analizando información pública que ha salido respecto del tema, pero además vamos a esperar la concreción de los informes específicos de los distintos servicios públicos".
Por otra parte, la autoridad afirmó que en la decisión adoptada por el CDE en el caso  del secuestrado y asesinado periodista José Carrasco Tapia a manos de agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) responde a una gestión de conciliación hecha por las respectivas salas de la Corte Suprema.
Tras esto, calificó el dictamen del Tribunal de alzada, el cual determinó el pago de una indemnización por $780 millones de pesos a cuatro familias de militantes de izquierda como una "gestión exitosa donde se fueron acercando las posiciones".
"Esto (la resolución) corresponde a una sentencia de segunda instancia que había acogido la demanda y en consecuencia yo percibo como ’muy conveniente’ habiendo acogido el llamado a conciliación hayamos logrado con nuestras contrapartes en el juicio civil un acuerdo conveniente".
Añadió que "creemos que esto (los $780 millones) cubre más allá de las alegaciones concretas que hizo el CDE en el transcurso del juicio. Las transacciones y las conciliaciones responden efectivamente a una renuncia de las posiciones y se ha logrado arribar a este acuerdo", dijo.
Según se informó, el Estado deberá pagar $270 millones a la familia de Abraham  Muskatblit; a la familia de Felipe Rivera $90 millones de pesos; a los familiares de Gastón Vidaurrázaga la suma de $210 millones, mientras que para la familia del periodista José Carrasco Tapia el monto asciende a $210 millones.
En tanto, al ser consultado respecto si el CDE formará parte de las acciones legales en contra de los funcionarios involucrados en la desbaratada red de corrupción de la Policía De Investigaciones (PDI), el presidente del órgano del Estado manifestó que sus abogados se encuentran trabajando en la recopilación de datos y antecedentes a fin de determinar si es posible llevar a cabo un proceso judicial.
"Nuestros abogados están trabajando en eso, yo no puedo conocer el detalle de la totalidad de las causas del Consejo, pero sí entiendo que hay abogados asignados que tendrán que hacer llegar al Comité Penal la respectiva estrategia sugerida para que adoptemos la decisión", sentenció.

3 de diciembre de 2008
©la tercera

clan pinochet no paga contribuciones

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Más de $2 millones debía familia Pinochet en contribuciones.

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[Andrea Chaparro] Iquique, Chile. Una deuda de $2.352.402 tenía la familia Pinochet con el fisco por concepto de contribuciones impagas, según informó la Tesorería General de la República al ministro del caso Riggs Manuel Valderrama, quien solicitó los antecedentes tras alzar parcialmente el embargo que pesaba sobre los dineros incautados al fallecido Augusto Pinochet.
La resolución del juez -respecto de cancelar la deuda que los Pinochet mantenían con el fisco- permitió paralizar el remate de cinco propiedades que poseía la familia del fallecido general en Iquique.

Lujoso Departamento
Tres de estas propiedades se encuentran en una de las torres del exclusivo condominio Portal del Pacífico de Iquique. Son tres departamentos ubicados en el mismo piso que fueron remodelados para convertirlos en uno solo, cuya planta bordea los 400 metros cuadrados.
La subasta había sido ordenada por el Primer Juzgado de Letras de esa ciudad y se realizaría el próximo 9 de diciembre.

Otros Alzamientos
Pero esta no es la primera vez que un juez a cargo de la investigación decide levantar el embargo decretado sobre los dineros incautados a Pinochet.
En septiembre pasado, la jueza Helga Marchant -quien reemplazó al ministro Carlos Cerda, entonces instructor del caso Riggs- también había liberado fondos para el pago de contribuciones.
En esa oportunidad, la deuda por contribuciones correspondía a cerca de una treintena de propiedades.
El tribunal canceló $21 millones 600 mil por 27 casas, parcelas y departamentos de la familia, evitando así el remate de bienes de la familia Pinochet. En ese fallo, la magistrada fundó su decisión en la protección de "los intereses fiscales" pues las deudas impagas han sido contraídas justamente con el fisco. Además, si se acredita que los dineros tienen un origen ilegal, las propiedades serían igualmente incautadas.

3 de diciembre de 2008
©la nación

memorial por desaparecidos y ejecutados

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Monumento rescata los nombres de 177 personas de la región, víctimas de la dictadura.

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[Susan Rojas] Valparaíso, Chile. El ‘Monumento a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por la dictadura militar’, primera iniciativa de esta envergadura realizada en la zona, fue inaugurado ayer con la presencia de autoridades y familiares de las víctimas.
El memorial recuerda los nombres de 177 personas, originarias de la región, que murieron o desaparecieron entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en un esfuerzo por mantener vigente el pasado del país.

Testimonios de Familiares
La ceremonia contó con la participación de representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Ejecutados Políticos.
En la ocasión, hijos y hermanos de las víctimas compartieron sus experiencias, y además enfatizaron la importancia de recordar lo ocurrido.
Representando a la AFDD, el ex intendente regional Gabriel Aldoney manifestó su orgullo por la construcción de esta obra y valoró el esfuerzo de quienes "han hecho posible que en nuestro país no se olvide lo que pasó en 1973".

Rescate de la Memoria
El alcalde Aldo Cornejo agradeció la posibilidad de participar, antes de dejar su cargo, en la inauguración de este monumento, que calificó como "un aporte a la ciudad, especialmente a las nuevas generaciones".
"Es algo que nos lleva al pasado pero también nos proyecta al futuro", agregó, destacando la necesidad de no olvidar "a quienes dieron su vida por ideales que son universales".
Por su parte, el gobernador provincial, Ricardo Bravo, dijo que el memorial es "una muestra de lo que significó la represión en Chile, pero también un homenaje a las personas que dieron su vida por construir una sociedad más justa, más igualitaria, con más libertad".
"Hoy es un día dedicado a la memoria", concordó también la secretaria ejecutiva del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rosemarie Bornand.
Según explicó, esta iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que gestiona la edificación de obras de reparación simbólica.
"Estamos cumpliendo con una de las recomendaciones efectuadas en el informe de la comisión Rettig, con el objeto de dignificar a las víctimas, recuperar su buen nombre y permitir que las sociedades conozca lo ocurrido para que no se repita".

Momento Histórico
El sacerdote José Gutiérrez, el ‘Padre Pepo’, bendijo el memorial aclarando que se trata de un homenaje dirigido no sólo a las víctimas sino también "a los familiares que tantas humillaciones sufrieron en la búsqueda de sus seres queridos".
Por último, leyó una carta del obispo de Valparaíso, monseñor Gonzalo Duarte, en la cual el prelado celebraba lo que calificó como un "histórico momento".

2 de diciembre de 2008
©mercurio de valparaíso

irracionalidad de campaña antidrogas

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Diputado Lobos: "Campaña antidrogas se debe centrar en el alcohol". El parlamentario sostuvo que es un error focalizar el esfuerzo público en el consumo de la marihuana.

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Valparaíso, Chile. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Lobos (UDI), afirmó que "el gobierno se equivoca al centrar su campaña antidrogas en el consumo de marihuana, cuando el principal peligro para nuestros jóvenes, y que incluso hoy los está matando, es el alcohol".
El parlamentario precisó que "no se trata de defender a la marihuana, por el contrario, ésta también es una droga que daña la salud y hay que combatirla, pero estimo que es urgente iniciar una campaña agresiva contra el alcohol".
Juan Lobos precisó que, de acuerdo a estudios del Conace, la prevalencia de alcohol sólo entre los escolares es de 44%, mientras que la marihuana llega al 6,5%. "Ésa es la dimensión del problema y que el Gobierno no está considerando en forma adecuada", indicó.
Citó también datos que indican que anualmente 4.500 personas mueren por patologías vinculadas directamente al consumo de alcohol. "A esto hay que sumar las muertes y los lesionados en accidentes de tránsito provocados por el consumo abusivo del alcohol", señaló.
Detalló que, "de los 53 mil accidentes de tránsito que se registraron en 2007, en el 69% tuvo participación jóvenes de entre 19 y 33 años, de ambos sexos, y el 13% de los que fallecieron en estos hechos, estaban bajo el efecto del alcohol".
El diputado agregó que "el argumento que da el Gobierno para centrar su campaña antidrogas en la marihuana es que se trata de la puerta de acceso a drogas más fuertes, pero quiero decir que la realidad es otras, el 80% de las personas que accede al drogas duras parte por el consumo del alcohol".
Criticó además que "a pesar que existe una ley que prohíbe la venta a menores de 18 años, esta norma no se cumple, y lo que es peor parece que nadie está interesado en hacerla cumplir".

1 de diciembre de 2008
©emol 

quieren museo de la independencia

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Cincuenta mil firmas para crear Museo de la Independencia de Chile. El próximo paso será reunirse con la presidenta, Michelle Bachelet, para que el gobierno le de prioridad al proyecto.

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Talca, Chile. Desde el 12 de octubre de 2007 que la agrupación de Amigos del Museo O’higginiano y de Bellas Artes de Talca se encuentra recolectado firmas para crear el Museo de la Independencia de Chile.
Más de 50 mil personas han se han comprometido hasta la fecha, hcho que al director de la agrupación, Juan Carlos Araya, lo llena de orgullo puesto que "hemos tenido un apoyo tremendo por parte de la comunidad y nos tiene muy contentos".
Debido a lo anterior, es que a partir de la fecha señalada se han ubicado todos los sábados en la mañana en un sector estratégico del centro de la capital regional con el propósito de informar sobre el proyecto a los ciudadanos y de captar el apoyo de los mismos. Para Araya esto tiene una gran importancia, ya que "entre todos debemos darle la importancia para la región y la ciudad sobre lo que significa llevar a cabo un proyecto de esta magnitud".
Dentro de las firmas más relevantes, se encuentran todos los candidatos a alcalde y concejal, senadores y diputados de la zona e incluso de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, han puesto su firma para apoyar el proyecto. Araya agrega que la firma de Jiménez es un gran espaldarazo, ya que "la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) depende directamente del ministerio de la cartera".

30 de noviembre de 2008
©el centro 

corrupción entre detectives

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Los casos desconocidos que complican al director de la Policía de Investigaciones. Ya son 50 los policías sorprendidos en acciones ilegales. De esos, 11 ya fueron formalizados y 39 suspendidos. Esta será la semana más dura de Arturo Herrera, a un año del término de su mandato.

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[Luis Narváez] Santiago, Chile. Un vehículo Hyundai Sonata se moviliza principalmente por las calles del sector oriente de la capital. En el asiento trasero va sentado un anciano que se conserva bastante bien y que luce anteojos oscuros a donde quiera que vaya. El automóvil es conducido por un asistente de la Policía de Investigaciones (PDI). El asiento de copiloto lo ocupa un detective, armado, atento a lo que ocurre en las calles. El equipo cumple la función de PPI (protección de persona importante) y tiene como misión desde hace varios años, trasladar sin costo alguno, a cualquier hora, día y lugar, al general (R) del Ejército Fernando Paredes Pizarro. El servicio fue asignado por el actual director de la PDI, Arturo Herrera, quien enfrenta por estos días la peor crisis desde que asumiera el mando de la institución en 2006. La lista es larga y antigua, aunque sólo unos pocos casos ocurridos en las últimas semanas son los que más han captado la atención de la opinión pública y, especialmente, de parlamentarios que quieren citar esta semana al jefe policial a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja.
Pero no ha sido el único ‘cariño’ expresado por Herrera hacia el ex uniformado, quien fuera su superior y jefe directo, cuando Paredes fue nombrado director de Investigaciones por la dictadura, en 1980. Herrera era su ayudante y luego fue nombrado por él como jefe de la comisaría de Papudo.
Tras finalizar la dictadura y recomenzando la democracia, el director de la policía civil, nombrado por el presidente Patricio Aylwin, Nelson Mery, no sólo expulsó de la institución a policías corruptos y drogadictos. También limpió las filas de la institución de policías que hubiesen tenido alguna participación en violaciones de los derechos humanos o que hubiesen trabajado en organismos de seguridad del régimen militar. Por ello es que en las posteriores ceremonias protocolares, nunca se vio como invitados a los ex directores (Ernesto Baeza ni Fernando Paredes) nombrados por Pinochet y la Junta Militar.
Esto hasta la llegada de Herrera, porque desde ese momento Paredes Pizarro, no sólo usa auto institucional y personal que lo protege, sino que ha sido, nuevamente, invitado a estos eventos y se le ha visto en varias ceremonias institucionales ocupando asientos de visita ilustre. También, Paredes goza de los servicios de la Clínica de Investigaciones.

Estilo de Vida
Arturo Herrera partió su gestión imprimiendo su sello: exigió la compra de dos vehículos BMW, nuevos para su uso personal, los que debieron ser pedidos especialmente a Alemania por la empresa que los representa en Chile (Williamson Balfour). Los autos sólo tienen un blindaje parcial y entre ambos, el fisco debió desembolsar casi 300 mil dólares. La razón era que el vehículo asignado al director tenía demasiados años de uso.
Pero no fue sólo eso. La casa asignada para el director de la PDI, que estaba ubicada en la calle Juan de Austria, en La Reina, fue descartada por Herrera. Semanas después de asumir, el jefe policial se trasladó hasta una casa en el sector Los Dominicos, la que es arrendada por más de 2 millones de pesos mensuales hasta la fecha. Al tiempo, dicha propiedad -con piscina incluida- fue declarada "cuartel", por lo tanto, a la guardia asignada se agregó tecnología de vigilancia y los gastos básicos de la propiedad -agua, electricidad y gas- también corren con dineros del fisco.
Altas fuentes policiales contaron a LND que el último episodio relativo al estilo de Herrera fue una acalorada discusión que se registró a fines de septiembre durante una reunión del Departamento de Bienestar de la PDI, entre los asesores legales de la unidad y representantes del alto mando. El motivo era que algunos prefectos generales y prefectos inspectores habían solicitado que la institución -el fisco- financiara la membresía de los altos mandos en un club de golf, cuyo costo era de 50 millones de pesos por cada uno.
Los asesores legales estimaron inviable esta "regalía" porque el presupuesto proviene del descuento que se le hace a cada uno de los funcionarios, por lo que el beneficio debería ser extendido a todos los miembros de Investigaciones. Arturo Herrera juega golf en el Marbella Resort, en el balneario de Maitencillo, hasta donde se le ha visto llegar en un helicóptero institucional.

Las Creencias
Durante las últimas semanas, Arturo Herrera no sólo ordenó la baja inmediata de 11 policías involucrados en la red de protección, orquestada por ex funcionarios judiciales que colaboraban en la emisión de contraórdenes para dejar en libertad a delincuentes condenados. También presentó una inédita querella a título personal.
La última acción ha sido tratar de "sinvergüenza" a Trevor Oyarzún, ex jefe de la Brigada de Robos (BIRO), quien enfrenta cargos por parte del Ministerio Público por quedarse con parte de los 922 millones de pesos obtenidos como botín en el llamado "robo del siglo". Sin embargo, Oyarzún fue nombrado en el cargo hace pocos años por el mismo Herrera, y quienes conocen esa brigada indican que "hace mucho tiempo que se conocía la fama de él (Oyarzún). Era fresco y en esa unidad siempre se escuchó de ese tipo de cosas".
En círculos policiales medios y bajos de la PDI ha llamado la atención el silencio guardado por Herrera frente a la detención de Jorge Donoso, jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico. El subprefecto enfrenta cargos por haber "quemado" -según su propia declaración- las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas. El Ministerio Público investiga delitos cometidos por la adjudicación de una de las etapas de modernización, por más de 80 millones de dólares, a la empresa india Tata.
LND quiso consultar directamente a Herrera por este y otros casos. Sin embargo Asuntos Públicos de la PDI se excusó argumentando que "en virtud de que hay indagaciones en curso y de que el director general ya entregó su visión al respecto, no se entregarán mayores antecedentes".
Donoso era un funcionario que dependía directamente de Herrera. El vínculo entre ambos es antiguo y fue generado por el ex director de Inteligencia Policial (Jipol) Luis Alarcón.
Donoso se desempeñó durante varios años en esa repartición realizando labores técnicas. Nunca tuvo funciones operativas, sino que se especializó en electrónica, como interceptaciones telefónicas.
Fue desde ese momento que Donoso propuso, a instancias de Herrera, la creación de una unidad que centralizara todo el trabajo de interceptaciones telefónicas. Así nació la Unidad de Monitoreo Telefónico. En los organigramas públicos de la institución no figura en ninguna parte. Por ello, fuentes de la fiscalía indagan en la actualidad quién y cómo se contactó a Donoso para que destruyera la evidencia del caso.
El policía detenido no tuvo el mismo trato que otros oficiales que en las últimas semanas se han visto involucrados en casos de corrupción, incluso de menor penalidad. A diferencia de los 11 policías mencionados en la red de protección de delincuentes, Donoso no fue dado de baja automáticamente. El subdirector operativo, recién asumido, Óscar Gutiérrez, le dio la posibilidad de que renunciara para no ser dado de baja. De esta forma, Donoso no sólo se va con todos los beneficios económicos de la institución sino que también, en el futuro, puede optar a cargos públicos
Nadie en la institución quiso explicar este trato especial. Pero lo que sí es conocido es que en el alto mando institucional es público y notorio que el recién asumido director de Inteligencia, Osvaldo Rubilar Rodríguez, lo había elegido para que fuera subjefe de la Jipol. El cargo, incluso, tiene la misión de reemplazar al director en las reuniones del Comité de Inteligencia de la ANI. Si se hubiese concretado esa designación, Donoso habría tenido acceso a información clasificada del gobierno.

Responsabilidad de Mando
Dentro de la institución hay mucha inquietud debido a los sumarios que lleva a cabo, con más fuerza desde abril, el Departamento de Asuntos Internos. El caso descubierto en abril de un policía que había pagado 300 mil pesos por beneficiar a un narcotraficante inició una cadena de indagaciones que dieron pie a la aparición de más casos de corrupción, que luego pasaron a formar parte de una investigación criminal del Ministerio Público.
Un total de 11 detectives ya fueron dados de baja por diversas infracciones. Antes de que fuera detenido el ex prefecto Trevor Oyarzún, también se descubrió que éste había pagado para alterar una alcoholemia, tras chocar ebrio un auto policial.
Pero lo que aún preocupa es que el sumario interno continuó y los casos suman y seguirán aumentando.
Fuentes confirmaron a LND que, hasta principios de noviembre, son 39 los oficiales que están actualmente suspendidos de sus funciones por ser autores de irregularidades. Todos esos casos también están siendo analizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con el objetivo de determinar si tienen responsabilidades penales.
Una alta fuente policial sostuvo que con el tiempo se han relajado las medidas internas en la institución a tal punto que es prácticamente imposible de determinar si los funcionarios incurren en el uso de estupefacientes. "Los controles de droga que se aplicaban en forma aleatoria y sorpresiva en todas las unidades ya no se hacen porque se consideró que dañaban la imagen institucional", sostiene un detective de la policía civil. Actualmente, el control sólo se realiza a funcionarios de quien existen sospechas que pueda ser consumidor o tener vínculos con el narcotráfico.
Con el último cambio en el alto mando institucional, en todo caso, las piezas se movieron también en el ámbito de las investigaciones internas.
El oficial que estaba a cargo de este mega sumario, Patricio Morales (ex jefe de la Bridec) fue ascendido y nombrado jefe de la Primera Región Policial de Tarapacá y la PDI no quiso informar acerca del nuevo fiscal que quedó a cargo de esta investigación.
Por otro lado, como jefe de la Inspectoría General, bajo cuya jurisdicción están los sumarios internos, quedó el prefecto inspector Héctor Soto Candia.
Otro de los aspectos que inquieta el clima interno de la PDI es el tema salarial. Al respecto se menciona reiteradamente que a todos estos funcionarios aún se les adeuda el 35% extra de sueldo.
Todo esto se ha dado por el dictamen 19.870 de la Contraloría General de la República, de abril de 2004 que reconoció el derecho de los detectives de percibir "asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales". Este beneficio fue otorgado a Carabineros en 1999. Pero tras un reclamo efectuado por un oficial de la PDI que se acogió a retiro, el organismo administrativo resolvió que la Ley Orgánica de Investigaciones, hace que sea extensivo ese beneficio. Pero para esto, señala la Contraloría, se requiere de un reglamento que debe "necesariamente dictarse" y que establecerá sus requisitos y definirá las unidades operativas, por lo que mientras no entre en vigencia el mencionado acto administrativo no resulta posible el pago de dicha asignación".
Desde esa fecha, dicho cuerpo administrativo no ha sido dictado.

La Citación
Ante la citación de Herrera al Congreso, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, advierte que "los hechos recientes no tendrían por qué empañar el proceso de modernización que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, que ha sido reconocido también a nivel internacional".
Dijo que los controles internos han funcionado y que son éstos los que han permitido que se descubran los casos. Sobre los test de droga, Navarrete explicó que nunca se han dejado de hacer y que son los "más rigurosos, los más exhaustivos que ha habido nunca antes. Eso es lo que ha hecho posible que esta institución sea reconocida por organismos internacionales. Es una institución pública que avanza, que se aparta de los índices de corrupción".
El diputado Patricio Hales (PPD) destacó que la gestión de Herrera ha sido buena. Pero advirtió que "si han disminuido los controles de droga me parece mal. Habría que confirmar si eso es verdad. Creo que sería bueno que desde la Comisión de Defensa, nosotros preguntáramos cómo están esos controles".
Sobre la situación y a la citación de Herrera al Parlamento, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Cristián Monckeberg, dijo que, pese a que los controles internos están funcionando, "la paciencia tiene límites".
Asimismo fue enfático en aclarar que, una vez en la instancia "si se demuestra que hay antecedentes graves como los que se han conocido, lo que corresponde es que la responsabilidad del mando se ejecute y si tiene que salir su máxima autoridad, todos tienen que estar disponibles.

30 de noviembre de 2008
©la nación