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las sombras del capitán


La historia dice que Osvaldo Heyder fue asesinado por agentes de la dictadura debido al trato humano que brindó a los detenidos en Valparaíso. Pero en su hoja de vida aparece una felicitación por su colaboración con la DINA en 1975 y una ex prisionera lo identifica en una sesión de torturas.
[Jorge Escalante y Javier Rebolledo] Santiago, Chile. El capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea era un hombre de la inteligencia militar. Así lo sorprendió el golpe de 1973. Murió en forma misteriosa dos años después, el 5 de julio de 1975, en Talca, y en la memoria popular pasó a la historia como una víctima de la DINA. Algunos dicen que, cuando era jefe de la Sección de Inteligencia (S-II) en el Regimiento Maipo de Valparaíso, fue un ejemplo de bondad en su trato hacia a los prisioneros, y que por ello habría entrado en conflicto con la gente de Manuel Contreras.
Pero su hoja de vida cuenta otra cosa. Heyder fue destacado por su comandante en el Maipo, el coronel Eduardo Oyarzún Sepúlveda, por haber trabajado codo a codo con la DINA en enero de 1975 capturando "gracias a su entusiasmo y dedicación y en largos períodos de trabajo" a toda la dirección clandestina del MIR en la Quinta Región. En esa misión, que terminó con ocho desaparecidos y un asesinado Alejandro Villalobos, el ‘Mickey’, participaron el capitán Heyder y sus hombres.

Tortura en el Maipo
El 17 de enero de 1974, la militante del MIR Rina Medina Bravo fue detenida en Santiago junto a otros integrantes del movimiento. El grupo fue trasladado a Villa Grimaldi, donde fueron interrogados, entre otros, por la ex mirista Marcia Alejandra Merino, la ‘Flaca Alejandra’, primero en colaboradora y luego en activa agente, responsable de la detención y desaparición de decenas de sus compañeros.
Los servicios de seguridad seguían desde hacía tiempo los pasos de la dirección clandestina del MIR en Valparaíso, que había llegado a dirigir Villalobos desde Santiago. Medina y la ‘Flaca Alejandra’ fueron llevadas al Puerto en un operativo a cargo de la agrupación Vampiro de la DINA, comanda por el teniente Fernando Lauriani. Es el comienzo de la redada.
Entre el 17 y el 28 de enero, más de veinte integrantes del MIR son detenidos en Valparaíso. Los llevaron al Maipo, en el Cerro Playa Ancha, donde Lauriani y sus hombres instalaron su cuartel general, con ayuda de Heyder y sus hombres de la sección de inteligencia de ese cuartel.
Una de las sobrevivientes de aquella razzia, Walkiria Jorquera, declaró en la investigación judicial por los ocho desaparecidos del MIR que "mientras la Flaca Alejandra era la encargada de tomar mis declaraciones, uno de esos interrogatorios los efectuó el capitán Heyder junto a su equipo del Regimiento Maipo, los que consistieron en maltrato físico y aplicación de corriente".
Otros ex prisioneros sostienen que recibieron buen trato de parte de Heyder. Pero lo que hasta ahora no está en discusión es lo que dice su hoja de vida. "En un operativo realizado por DINA en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, entre el 17 y 28 de enero de 1975, tuvo a su cargo personal de inteligencia de la unidad para actuar en conjunto". Se le destacó incluso por extender su jornada laboral "en horas fuera del servicio", y porque "se logró destruir la organización del MIR, capturándose a varios extremistas, entre ellos al cabecilla apodado ‘El Mickey’".
Fuentes policiales vinculadas a la indagatoria afirman que el conflicto de Heyder con la gente de la DINA, más que por cuestionar los crueles métodos usados, fue por el celo en la cadena de mando: él era un capitán de inteligencia, pero en el operativo debió actuar bajo las órdenes del joven teniente Lauriani.
En medio de toda esta agitación, un helicóptero se posó en el patio del regimiento. De él bajó Marcelo Moren Brito, el ‘Ronco’, a la fecha jefe de Villa Grimaldi. Fue el enviado del ‘Mamo’ Contreras para supervisar a los encargados de desbaratar al MIR también en Valparaíso.

Autopsia Desaparecida
Oficialmente, Heyder es una víctima de la violencia política. Su muerte ha sido atribuida a la DINA, pero los antecedentes judiciales hoy cuestionan esta versión.
El 6 de febrero de 1975, Heyder fue trasladado desde el Maipo al Regimiento Reforzado de Montaña en Talca, también como jefe de la sección de inteligencia. Cuatro meses más tarde fue hallado muerto dentro de su automóvil en el cerro La Virgen, en las afueras de la ciudad. El protocolo de la autopsia original, practicada en las horas posteriores a su muerte por el médico legista Tarcisio Guerrero, simplemente desapareció, junto al resto del expediente de la primera investigación del caso, realizada durante la dictadura por el fiscal militar Helmuth Steuer. Pero éste último declaró, en la causa iniciada en 2002 en el Tercer Juzgado del Crimen de Talca, a raíz de una querella interpuesta por la familia, que la mencionada autopsia indicaba "que la muerte de este oficial de Ejército fue producto de un suicidio".
Como conclusión, el fiscal afirmó: "Puedo manifestar en forma fehaciente que la muerte del capitán Heyder se debió a un suicidio, sin haber antecedentes que terceros hubieran cooperado para que este oficial tomara esa drástica decisión".
Pero el informe de las nuevas pericias a los restos de Heyder, realiazas en diciembre de 2003 por el Servicio Médico Legal, sostiene otra cosa: "Presenta un traumatismo cránico por bala, y un corte en el tórax no autoinferido atribuible a un tercero".
Durante el velatorio de Heyder en 1975 en el casino de oficiales del regimiento Talca, Moren Brito y su gente irrumpieron y se llevaron el ataúd, con la excusa de realizar una nueva autopsia. "Esto se estimó necesario para despejar cualquier duda respecto de la muerte de este oficial. El resultado señaló que la causa de muerte fue una herida de tipo suicida. No recuerdo cual fue el resultado de la primera autopsia ni quien la realizó", declaró Moren en la causa abierta en Talca por la familia.
A pesar de todo esto, el Ejército entregó oficialmente una tercera versión: Heyder fue asesinado por un comando del MIR mientras vigilaba unas antenas telefónicas. Así aparece en su hoja de vida: muerte en acto de servicio.

Acosado por las Deudas
Los testimonios casi todos similares que entregaron en las indagatorias los oficiales del regimiento Talca interrogados apuntaron a que Heyder mal utilizó dinero de los pagos de los conscriptos, y fue sorprendido sin poder devolverlo en el plazo que le fijó su comandante. Algo similar indica un informe policial. Antecedentes ligados a la causa señalan que Heyder intentó saldar su deuda recurriendo a distintos agentes financieros, pero no logró recolectar el dinero dentro del plazo, lo que podría haber precipitado su suicidio. ¿Cómo murió Heyder? Hasta ahora es una incógnita. De lo que sí hay suficientes antecedentes es de que Osvaldo Heyder fue un protagonista activo en la razzia del MIR en Valparaíso.
Algunos de quienes fueron sus subordinados en la S-II del Maipo, como el suboficial (R) Víctor Hidalgo Pereda, confirman la causa de la felicitación a Heyder en su hoja de vida, y admiten que sí trabajaron en ese operativo junto a la gente de Vampiro. Hidalgo Pereda sostiene además que Heyder fue designado "como el oficial coordinador entre el regimiento y la DINA". Otro ex integrante de la S-II en ese cuartel, el suboficial (R) Osvaldo Aguayo Quiñones, declaró judicialmente que su compañero Reinaldo Pulgar Garrido "se jactaba de haber participado junto a la DINA en operaciones de inteligencia donde se detuvo a personas".
Algunos de sus subordinados en Valparaíso han dicho que no recuerdan algún conflicto de Heyder con la gente de la DINA, y que siempre se mostró "contento" por su traslado a Talca. Pese a las incógnitas del caso, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación -continuadora de la Rettig asumió en 1996 que Osvaldo Heyder Goycolea "fue víctima de la violencia política, por estimar que su muerte sólo pudo ser provocada por estas circunstancias, habiéndose descartado todo otro móvil posible". De acuerdo a las múltiples contradicciones no aclaradas en la causa por su muerte, esta afirmación no parece tan concluyente.

8 de diciembre de 2008
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con protestas reciben al esmeralda


Con protestas de grupos de derechos humanos reciben al ‘Esmeralda’ en Valparaíso. Agrupaciones de derechos humanos recibieron con manifestaciones el buque escuela ‘Esmeralda’, que concluyó hoy su quincuagésimo tercer crucero de instrucción en el puerto de Valparaíso.
Valparaíso, Chile. Cerca de una treintena de personas, pertenecientes a las agrupaciones de ex Presos Políticos Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión Ética Contra la Tortura y el Grupo de Familiares y Amigos de Miguel Woodward (sacerdote británico muerto a bordo del buque en 1973), se congregaron en el acceso al muelle Prat, gritando consignas contra la Armada y la embarcación.  
Javier Rodríguez, vocero del Grupo de Familiares y Amigos de Miguel Woodward formuló un llamado a la Armada a entregar los antecedentes que posee sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, y sobre todo lo ocurrido a bordo del navío.  
Rodríguez señaló que "la Armada tiene que revisar el rol del buque Escuela Esmeralda", indicando que pese a que se han reunido con el alto mando naval "hasta ahora no ha pasado nada".  
"La Armada no ha entregado la información necesaria, y no ha asumido su responsabilidad en los hechos", precisó.
La manifestación de carácter pacífico se prolongó por espacio de una hora, sin que se registraran incidentes durante su desarrollo.  
El buque escuela recaló en el puerto poco antes del mediodía, poniendo fin así a su crucero de instrucción número 53, en donde recorrió más de 26 mil millas náuticas, en un viaje que duró 217 días, visitando 14 puertos extranjeros.

7 de diciembre de 2008
©la nación
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condena por secuestro y asesinato


Esta es la undécima condena que dicta la el tribunal de alzada de la capital de La Araucanía en causa por violaciones a los derechos humanos y la decimotercera desde 2004.
Temuco, Chile. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia por el secuestro calificado del ex diputado radical Luis Lobos Barrientos, ocurrido tras el golpe militar en la localidad de Pitrufquén, Región de la Araucanía.
En fallo unánime los ministros Héctor Toro, Víctor Reyes y Julio César Grandón ratificaron el dictamen del ministro Fernando Carreño, quien el 29 de agosto pasado condenó a ocho años de presidio a Gonzalo Arias González, Eduardo Riquelme Olivares y a Juan Fritiz Vega.
Esta es la undécima condena que dicta la Corte de Apelaciones de Temuco en causa por violaciones a los derechos humanos y la número 13 desde 2004.
Lobos Barrientos fue detenido por primera vez el 13 de septiembre de 1973 por efectivos de carabineros de la comisaría de Pitrufquén, en su domicilio.
Fue conducido directamente a esa unidad policial, desde donde fue trasladado a Temuco, y de allí al Regimiento Tucapel.
En esa oportunidad, el otrora fiscal militar Alfonso Podlech - actualmente preso en Europa - autorizó para que fuera llevado a su domicilio de Pitrufquén, con arresto domiciliario.
En esa condición permaneció hasta el 5 de octubre, fecha en que se presentaron en su domicilio funcionarios de Carabineros, al mando del entonces teniente Carlos Moreno, trasladándolo a la Segunda Comisaría de Temuco y luego, por orden del fiscal de Carabineros Gonzalo Arias González fue llevado a la Cárcel Pública de la capital regional.
Permaneció en ese penal hasta el 11 de octubre, día en que, fue llevado a la fiscalía de Carabineros, donde se le otorgó la libertad incondicional por falta de méritos.
La libertad se le dio a las 19:40 horas y el toque de queda empezaba a las 20:00 horas, por lo que contaba con 20 minutos para llegar a Pitrufquén, distante a 30 kilómetros de Temuco, sin portar dinero, documentos, ni reloj.
Sin embargo, su libertad fue sólo un trámite administrativo; versiones de testigos que resultan verosímiles afirman que el afectado fue subido a un helicóptero con destino desconocido.

5 de diciembre de 2008
©la nación
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seis años para ex jefe de cni


Caravana: Suprema condena a seis años a ex jefe de la CNI. El general (R) Odlanier Mena cumplirá pena efectiva por su responsabilidad en la muerte de tres dirigentes socialistas, cuando era coronel y comandante del Regimiento Rancagua de Arica.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a seis años de cárcel al ex jefe de la CNI, general (R) Odlanier Mena Salinas, por su responsabilidad en el crimen de tres dirigentes socialistas ocurrido en octubre de 1973, capítulo conocido como el episodio Arica del caso Caravana de la Muerte.
El triple homicidio de Óscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso se produjo cuando el comandante del Regimiento Rancagua de Arica era Mena.
El dictamen también sentenció a la misma pena a René Bravo Llanos y Luis Carrera Bravo, quienes entonces eran suboficiales del regimiento a cargo de Mena.
Sólo el general (R) Sergio Arellano Stark fue absuelto por falta de participación.
Este último fue indagado por el ministro Víctor Montiglio -quien investigó la causa en primera instancia- ya que en la fecha de los crímenes él y su comitiva recorrían Iquique, Pisagua y Arica.
Al cerrar el caso, el magistrado resolvió aplicar la amnistía a todos los involucrados.
En 2007, la Corte de Apelaciones revocó esta resolución y estableció que en esta causa no correspondía aplicar amnistía ni declarar prescritos los hechos, pues se trataba de delitos de lesa humanidad.
El tribunal impuso, en esa oportunidad, una pena de 10 años a los involucrados.

Votación Dividida
Las condenas se dictaron con los votos a favor de los ministro Jaime Rodríguez, Hugo Dolmetsch y Carlos Künsemüller.
Estos últimos dos también estuvieron por conceder la indemnización solicitada por los familiares de las víctimas.
Por su parte, los jueces Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros votaron por absolver a los tres sentenciados, aplicando el principio de la prescripción de la acción penal.
Asimismo, rechazaron -junto con Rodríguez- la reparación económica que demandaban los parientes de los dirigentes socialistas ultimados.
Según el registro del Poder Judicial, esta es la duodécima condena por violaciones de los derechos humanos que se dicta en 2008.

5 de diciembre de 2008
©la nación
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prohíben mirar feo a carabineros


Aprueban sanción a maltrato de palabra.
Valparaíso, Chile. Por 44 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, la Cámara aprobó el proyecto que sanciona el maltrato de palabra a Carabineros, incluso cuando no se produzcan lesiones. El proyecto modifica el Código Penal para disponer una sanción monetaria y de cárcel para quienes ofendan con palabras a los efectivos policiales, mientras éstos realizan sus funciones, que serán castigados con pena de prisión (1 a 60 días) y una multa de seis a diez UTM.

4 de diciembre de 2008
©mercurio de valparaíso 
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condenas en caravana de la muerte


Condenan a pinochetistas: Odlanier Rafael Mena Salinas, René Iván Bravo Llanos y Luis Guillermo Carrera Bravo.
Arica, Chile. La Corte Suprema decidió condenar al ex comandante del Regimiento Rancagua Odlanier Rafael Mena Salinas, y a René Iván Bravo Llanos y Luis Guillermo Carrera Bravo a las penas de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El fallo incluye también el pago proporcional de las costas y especifica que las penas deberán ser cumplidas con presidio efectivo, aunque les servirá de abono el tiempo que han pasado privados de libertad durante el proceso.
La condena es por el delito de homicidio calificado, en las personas de Oscar Walter Pedro Ripoll Codoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastías y Manuel Francisco Donoso Dañobeitía, perpetrados el día 20 de octubre de 1973, en el marco de la visita a Arica de la llamada Caravana de la Muerte.

4 de diciembre de 2008
©estrella de arica
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fiscal podlech encabezó persecución


Viuda de asesinado sacerdote acusó a Podlech de encabezar "persecución personal". Fresia Cea señaló que el ex fiscal "a chutes tiró abajo la puerta" tras el golpe de Estado.
Santiago, Chile. Fresia Cea Villalobos, viuda del asesinado ex sacerdote Omar Venturelli Leonelli, acusó a Alfonso Podlech de encabezar "personalmente" la persecución en contra de su pareja tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, al prestar declaración ante el fiscal italiano Giancarlo Capaldo.
"Yo acuso a Podlech, dado que él era miembro del movimiento Patria y Libertad antes del golpe de Estado, de haber dirigido personalmente la persecución en contra de mi marido Omar Venturelli", indicó la mujer.
Agregó que fue Podlech quien "a chutes (patadas) tiró abajo la puerta de la Universidad Católica el día 12 de septiembre de 1973 vestido con uniforme de combate y armado".
Capaldo está a cargo de la investigación de la Fiscalía de Roma por la desaparición de 25 italianos durante la Operación Cóndor, como se denominó a la acción conjunta de las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia contra opositores en las décadas de los setenta y ochenta, según informó Radio Cooperativa.

4 de diciembre de 2008
©la tercera 
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quitarán beneficios a algunos exonerados


Comisión de la Cámara acordó envío de proyecto de ley. En el caso del ‘aparecido’ Germán Cofré, el subsecretario de Interior Felipe Harboe anunció que el gobierno ordenó suspender los beneficios económicos y de salud a los hijos del retornado desde Argentina.
[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad de sus integrantes impulsar un proyecto de ley para quitar la calidad de exonerados políticos y los beneficios económicos y previsionales que estén recibiendo, a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas (R) y civiles que hayan participado en las violaciones de los derechos humanos.
La decisión la adoptó la comisión al término de la sesión en la que se trató tanto las probables irregularidades en este proceso de calificación, como el caso de Germán Cofré Martínez, la persona que regresó a Chile desde Argentina y que en 1994 fue calificada como un detenido desaparecido.
En la decisión de impulsar el referido proyecto de ley aportaron su voto tanto los diputados de la Concertación como los de los partidos de derecha. La reunión fue presidida por la diputada RN, Karla Rubilar, presidenta titular de esta instancia.
A su vez, el subsecretario de Interior Felipe Harboe invitado a exponer en ambos asuntos, anunció a los parlamentarios que respecto del ‘aparecido’ Germán Cofré, el gobierno instruyó a los ministerios de Educación y Salud para suspender todo tipo de beneficios económicos (como becas de estudio) y atención de salud gratuita a los hijos de Cofré, que ya no es más una víctima desaparecida.
En esta materia Harboe también expuso que, si bien hasta ahora el gobierno no se ha formado la convicción de que en este caso haya existido el delito de fraude al fisco u otro ilícito, "nuestra investigación sigue adelante y tendremos un resultado en los próximos días, por lo tanto si llegamos a concluir que sí existió mala fe al obtener beneficios porque los hijos sabían que su padre estaba vivo, estamos obligados a pedir al Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones legales que correspondan".
Los diputados de la comisión, entre ellos su presidenta Rubilar, Felipe Salaberry (UDI), Sergio Ojeda (DC), Tucapel Jiménez (Ind-PPD), Sergio Aguiló (PS), Gabriel Ascencio (DC), Gastón von Mühlenbrock (UDI), Lily Pérez (RN) e Iván Paredes (PS), escucharon las intervenciones de los invitados en ambas materias, autoridades máximas de las distintas instituciones del Estado relacionadas con los servicios e instancias que tienen intervención en estos dos casos.
El subsecretario Harboe defendió la transparencia y efectividad del sistema de calificación de los 145 mil 286 exonerados políticos, de los cuales dijo que sólo reciben beneficios económicos 67 mil 496, correspondiente al 46,5%.
Hasta ahora son casi 250 mil quienes han solicitado esta calidad, pero no todos han obtenido tal categoría. Sólo algunos exonerados obtienen además beneficios económicos.

Con la Misma Decisión
Lo que más recibió el fuerte rechazo de los integrantes de la comisión fue el hecho de que quienes participaron en violaciones de los derechos humanos o tomaron parte activa en el golpe de Estado de 1973, hayan obtenido el estatus de exonerado político y varios de ellos reciban hoy pensiones que van desde los 450 mil pesos hacia arriba.
Fueron mencionados los casos que denunció La Nación el viernes pasado y La Nación Domingo en su última edición, como los ex agentes Rafael González Berdugo, procesado por el crimen del estadounidense Charles Horman, Enrique Cruz Laugier, quien bombardeó La Moneda el día del golpe con piezas de artillería, y Patricio Kellet Oyarzún, ex jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia responsable de decenas de detenciones y malos tratos.
Algunos diputados plantearon que si a Edwin Dimter Bianchi, el supuesto ‘Príncipe’ del Estadio Chile donde asesinaron a Víctor Jara, se le quitó la categoría de exonerado político que se le había otorgado luego de conocerse sus antecedentes personales vinculados a la represión y a un frustrado golpe de Estado el 29 de julio de 1973, en los otras situaciones similares también debiera actuarse de la misma manera por parte del Ministerio Interior, de quien depende el Programa de Exonerados Políticos.

Afdd
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, presente en la sesión, expresó que la situación generada en la reaparición de Germán Cofré fueron varios los organismos del Estado que fallaron. "El Estado nos sigue ofendiendo en democracia", dijo.
La dirigenta criticó a los parlamentarios expresando que los proyectos de ley que favorecen la persecución de los crímenes de lesa humanidad "demoran 3 y más años" en el Parlamento, mientras, dijo, "el secreto por 50 años de la identidad de los criminales en la Comisión Valech, fue aprobado en 24 horas".

4 de diciembre de 2008
©la nación
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