chile

condenan a criminales pinochetistas

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Cinco ex uniformados fueron condenados por ejecuciones en Quillota. Sentencias corresponden al asesinato de ocho personas en 1974.

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Quillota, Chile. Cinco ex uniformados fueron condenados por los ocho asesinatos registrados en enero de 1974 en el puente San Isidro, en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.
El ex gobernador militar Angel Custodio Torres y el coronel en retiro Sergio Arredondo recibieron seis años de presidio; el general (r) Francisco Pérez Eghert y Leonardo Quilodrán Burgos fueron condenados a cinco años y Daniel Valderrama a tres años y un día.
En enero de 1974, fueron ejecutadas ocho personas, entre ellas el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado Rubén Cabezas Paredes y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho.
El caso fue dado a conocer como "asalto a la patrulla", en alusión a supuestos enfrentamientos entre extremistas y militares, versión que fue deslegitimada por el Informe Rettig tras el regreso a la democracia, informó Radio Cooperativa.

29 de octubre de 2008
©la tercera

quieren abolir pena de muerte

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Senadores presentan proyecto de ley para terminar pena de muerte en Justicia Militar. Chile abolió la pena de muerte en 2001, pero aún se encuentra vigente en casos de graves delitos cometidos en tiempos de guerra.

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Valparaíso, Chile. Parlamentarios socialistas presentaron hoy un proyecto de ley que elimina la pena de muerte como sanción máxima en la Justicia Militar.
Los senadores Carlos Ominami y Jaime Naranjo, precisaron que la iniciativa legal termina con esta drástica sanción aplicada en delitos como sublevación, sedición, rendición, traición, abandono del puesto, y desobediencia, entre otros.
La moción considera que durante 2007, Naciones Unidas aprobó una resolución contra la pena de muerte, que fue suscrita  por la Presidenta Michelle Bachelet en septiembre de este año.
Asimismo, indica que el 16 de octubre de 2008, el gobierno ratificó ante la OEA, el Tratado Continental en Contra de la Pena de Muerte.
Chile abolió la pena de muerte en 2001, pero aún se encuentra vigente en casos de graves delitos cometidos en tiempos de guerra.
Si bien el Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos contiene una reserva que permite a los países que lo ratifiquen, aplicar la pena capital en tiempos de guerra, el gobierno chileno se comprometió a eliminar esta posibilidad en el marco de una reforma integral de la Justicia Militar, lo que  no ha ocurrido, recordaron los parlamentarios.

29 de octubre de 2008
©la tercera

investigan tráfico de chinos

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Investigaciones sorprendió a 10 orientales que ingresaron de forma ilegal al territorio chileno.

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Calama, Chile. Los efectivos del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Calama están realizando las diligencias destinadas a conocer por qué ingresaron de forma ilegal los ciudadanos chinos.
No cabe duda alguna que el ingresó ilegal de bolivianos y peruanos es pan de todos los días en la Segunda Región. Pero cuando estos visitantes provienen de un lejano país asiático comienzan de inmediato las dudas y las especulaciones, más cuando cruzan la frontera en grupo, sin dinero y evitando cualquier contacto con los controles aduaneros... extraño, por decir lo menos.
Esta es la situación por la que se encuentran detenidos 10 ciudadanos chinos que ingresaron al territorio nacional en extrañas circunstancias, utilizando para ello un paso fronterizo no habilitado que se ubica en el sector de Hito Cajón, en San Pedro de Atacama.
Según los antecedentes entregados por el jefe de la Policía de Investigaciones en Calama, subprefecto Arturo Medina Pelliza, los extranjeros quedaron al descubierto en un control desarrollado a la salida sur de la capital de la Provincia El Loa, lugar donde los detectives controlaron un bus interprovincial que se dirigía a Santiago y que tenía entre sus pasajeros a los orientales.
Al solicitarle los documentos, los policías se percataron que no tenían autorización para ingresar al país, siendo detenidos por infracción a la Ley de Extranjería.
Posteriormente, fueron trasladados hasta la unidad policial y comenzaron a desarrollarse una serie de diligencias para establecer cuál era el objetivo de los extranjeros.
Si bien, en primera instancia la comunicación se tornó difícil por el idioma, uno de los involucrados manejaba medianamente el español y manifestó que su objetivo era conocer el país. Sin embargo, la respuesta llamó la atención de los detectives, ya que no es habitual que ese tipo de visitantes eludan los controles fronterizos y menos que lo hagan sin dinero.
"En un procedimiento de rutina, funcionarios de Extranjería y Policía Internacional controlaron un bus interprovincial con destino Calama - Santiago, donde se detectó 10 personas de chinas (4 mujeres y 6 hombres), los que iban con dirección a la capital. Estos habían salido desde Ecuador de forma ilegal, luego pasaron por Perú y Bolivia, ingresando a Chile por el sector de Hito Cajón, evadieron el control fronterizo de Chile y tomaron un bus en la ciudad de Calama. Por ello quedaron a disposición del Ministerio Público por infracción al artículo 69 de la Ley de Extranjería", comentó el subprefecto.
Respecto a las diligencias, Medina explicó que "estamos realizando una investigación para establecer si existe una red de tráfico de personas, ya que existe conocimiento de diferentes individuos que ingresan al país para trabajar de forma clandestina. Además, es la primera vez que detectamos ciudadanos chinos en esta situación". El oficial agregó que se realizaron las consultas y que los involucrados no tienen antecedentes en Interpol.

Gobernadora
La gobernadora de El Loa, Sandra Pastene, explicó que "es muy común el ingreso de personas indocumentadas al país a través de los pasos fronterizos habilitados y no habilitados de la provincia, sobre todo de ciudadanos bolivianos, argentinos, peruanos y sudamericanos en general, pero chinos, nunca, es algo muy inusual. Por ese motivo estamos revisando la situación".
Pastene agregó que los antecedentes serán entregados al gobierno y que, de acuerdo a los procedimientos, se evaluará la expulsión de los involucrados.
[Eduardo Campos Correa]
[29 de octubre de 2008]
[©estrella del norte]

interrogan a cinco generales

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Por el caso de los frentistas secuestrados y asesinados en 1987, en el marco del plagio del coronel Carreño. Las indagatorias corresponden a las últimas diligencias que cumple el magistrado antes de decretar el cierre de la parte investigativa del proceso que, hasta ahora, ya cuenta con 27 oficiales y suboficiales (R) procesados.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Cinco generales de Ejército en retiro fueron interrogados ayer por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza. Las diligencias efectuadas en dependencias del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército tuvieron relación con el crimen de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Éste fue cometido en un operativo conjunto entre el entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), la Central Nacional de Informaciones (CNI) y el Comando de Aviación del Ejército (CAE).
En una extensa jornada, el juez Carroza indagó a cada uno de los generales para que aporten antecedentes acerca de reuniones que estos y otros altos oficiales habrían sostenido entre septiembre y diciembre de 1987 con el vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair.
En estos encuentros se debatió acerca del secuestro por el FPMR del coronel Carlos Carreño, y el destino que tendrían los cinco frentistas capturados con miras a servir de posible canje para la entrega de Carreño.
Fuentes de tribunales informaron a La Nación que los oficiales generales interrogados fueron Juan Gillmore Stock, Daniel Carrasco Leiva, Roberto Guillard Marinot, Eduardo Avello Concha y Jorge Zincke Quiroz.
Zincke se encuentra procesado por el ministro Alejandro Solís en calidad de autor del secuestro y desaparición de la militante del MIR María Isabel Beltrán.
Guillard, ex intendente de la Región Metropolitana durante la dictadura, es aún investigado en el caso Riggs por el desvío de dineros fiscales provenientes de fondos reservados a las cuentas ocultas del dictador Augusto Pinochet.
El magistrado tiene bastante avanzada la investigación en la que, hasta ahora, hay 27 oficiales y suboficiales retirados procesados por sus distintos niveles de participación en el asesinato de los cinco militantes de izquierda. El único oficial en servicio activo encausado es el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco, actual jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
A pesar de que inicialmente la captura de los frentistas tuvo como fin ofrecerlos como canje por el coronel Carreño, según los antecedentes de la indagatoria éstos fueron muertos y sus cuerpos hechos desaparecer tras la liberación de Carreño en Sao Paulo, Brasil, el 3 de diciembre de 1987.

Cuartel Borgoño
Los militantes del FPMR Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, fueron detenidos entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 en Santiago.
Si bien entonces Sinclair, uno de los procesados, era el vicecomandante en jefe del Ejército, en la práctica era el jefe en ejercicio porque Pinochet se había arrogado el cargo de Presidente de la República. Los antecedentes del expediente indican que la suerte final de los cinco frentistas contó con la venia del dictador.
A los militantes del FPMR los mataron en el Cuartel Borgoño de la CNI, luego ensacaron sus cuerpos y les ataron trozos de riel para subirlos a bordo de un helicóptero Puma del CAE desde el cual los lanzaron al mar. La máquina fue pilotada por los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE a la fecha era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui. Los tres también están declarados reos.
Se espera que el ministro Carroza continúe en las próximas horas con nuevos interrogatorios y careos, antes de decretar el cierre del sumario o parte investigativa del proceso instruido por el antiguo sistema procesal penal.

23 de octubre de 2008
©la nación 

entregan isla a yaganes

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Entregan isla con valor patrimonial a yaganes.  "Queremos decir que somos un pueblo que no se va a extinguir".

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[Marisol Retamal G.] Punta Arenas, Chile. Con voz suave pero firme Violeta Balfor fue la vocera de la comunidad yagán en la ceremonia de traspaso de una isla con valor patrimonial para esa etnia austral.
La mujer valoró la actitud asumida por el Ministerio de Bienes Nacionales al oficializar la transferencia de 19,91 hectáreas de la isla ubicada en la caleta Wulaia, en la provincia Antártica. Señaló que hay una serie de temas pendientes en los cuales su comunidad quiere seguir avanzando con las autoridades correspondientes.
Una agradable brisa, cielo despejado, sol intenso y un paisaje cautivador fueron el escenario natural en que se realizó el sencillo pero significativo acto encabezado por la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt.
La isla Conejo, ubicada a unas tres horas de navegación desde Puerto Williams, fue el lugar elegido para concretar una entrega que tiene gran simbolismo para el pueblo yagán.
La autoridad ministerial destacó la política gubernamental que desde 1990 a la fecha ha permitido transferir unas 516 mil hectáreas a 36 mil familias pertenecientes a las distintas etnias.
Dijo que de esta manera se quiere reconocer el sentido de la multiculturalidad. También se trata de un gesto que favorece la mantención de las costumbres de los descendientes de pueblos originarios.

"Queremos Opinar"
A sus 80 años, Cristina Calderón es una de las integrantes de la comunidad yagán con más recuerdos vigentes del sistema de vida de sus antepasados.
Para ella los canales australes tienen un valor inmenso y, por lo mismo, sintió con especial emoción la entrega de parte de la isla Conejo.
Aunque su nieta Cristina Zárraga también reconoce el aporte del Ministerio de Bienes Nacionales, cree que "nuestra comunidad debe tener una participación más activa ya que queremos opinar y contar con terrenos que tengan agua y costa. De lo contrario no sirven".
Advierte que entre los yaganes persiste un espíritu realista pero no crítico. "Si nos ponemos a ver el mapa con los terrenos de los particulares y las empresas, esos son tremendos e inmensos y los que van a ser para la comunidad son del porte de una piedra. Entonces es fuerte, porque nosotros somos los yaganes", refuerza.
La comunidad yagán está trabajando en un censo que determine cuántos descendientes hay en Puerto Williams.
Según los registros de la Conadi, la cifra llega a 108 personas en todo el país, pero se estima que ésta es superior.

23 de octubre de 2008
©prensa austral 

reforma castiga favoritismo

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Presentan reforma que agrega nueva inhabilidad para ser parlamentario. El objetivo es evitar la repostulación al cargo de aquel parlamentario que vulnere el principio de probidad.

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Valparaíso, Chile. El proyecto corresponde a una moción de los diputados Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami, Gabriel Ascencio y Esteban Valenzuela, y está identificado con el boletín Nº 6133.
El texto recoge el planteamiento señalado por el Ejecutivo en la tramitación de la reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín Nº 4716), que incorporaba como nueva causal de cesación en el cargo de parlamentario, que un diputado o senador promueva o vote asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos o a sus parientes más cercanos.
Los autores de la moción recuerdan que dicha norma fue desechada del proyecto por la Comisión de Constitución y la Sala de la Cámara de Diputados.
Agregan que el proyecto se funda "en la convicción de que la probidad en el desempeño de la función pública no pasará de ser una declaración de buenas intenciones, si no va acompañada de una sanción que obligue a los parlamentarios a un comportamiento especialmente prolijo al momento de votar un determinado proyecto de ley".
El texto añade a las inhabilidades para ser diputado o senador, al legislador que, "en el ejercicio de su cargo haya promovido o votado asuntos que interesen directa o personalmente a ellos o a sus parientes más cercanos, según lo defina la respectiva Ley Orgánica del Congreso Nacional. Con todo, podrán participar en el debate, advirtiendo previamente el interés que ellos, o las personas mencionadas, tengan en el asunto".
La moción fue remitida a la Comisión de Constitución para su estudio. Se adjunta el texto del proyecto de ley.

23 de octubre de 2008
©diario de la cámara 

todavía quedan criminales en ffaa

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Ejército prolonga permanencia de Ewing. Con ello, el oficial podría suceder a Óscar Izurieta en la comandancia en jefe. Además, pasaron a retiro cinco generales, tres de ellos vinculados a derechos humanos.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un nuevo alto mando con cinco generales que pasan a retiro y siete coroneles que ascendieron a ese grado, es el que resolvió la junta de oficiales generales del Ejército la semana pasada, que fue ratificado el lunes por la Presidenta Michelle Bachelet y hecho público ayer por la institución.
De los cinco generales que cesarán en sus funciones en 2008, tres de ellos aparecen mencionados en procesos por violaciones a los derechos humanos: Julio Baeza von Bohlen (causa de Paine), Eduardo Aldunate Hermann (Paine y ex agente DINA-CNI) y Ricardo Ortega (caso Huber y 5 frentistas). Respecto de Ortega, La Nación Domingo publicó en su penúltima edición el artículo "El general que sabe demasiado", sobre el caso de los cinco militantes del FPMR asesinados en 1987.
Otro que dejará la institución es el general Luis Lobos, bajo cuyo mando reventó el caso de una cooperativa que recolectaba fondos de oficiales y suboficiales activos y en retiro en el extremo sur. El quinto general que abandona las filas es el comandante de Industria Militar e Ingeniería, Tulio Hermosilla.
Los siete coroneles ascendidos a general de brigada son Bosco Pesse, Juan Echaurren, Jozo Santic, Jorge Salas, Carlos Mezzano, Juan Biskupovic y Eleuterio Ramírez. Hasta ahora, que se sepa, ninguno estaría involucrado en causas de derechos humanos ni habrían sido ex agentes de los servicios represivos. Según trascendió en Defensa, se tuvo "especial cuidado" en estos ascensos para evitar problemas posteriores en la institución.
La situación extraordinaria surgida de este nuevo alto mando es la del general Alfredo Ewing, quien pese a cumplir en diciembre 38 años de servicio lo que activa su pase a retiro, se le aplicó el artículo 247 del Estatuto del Personal en concordancia con el 54 letra e) de la Ley Orgánica de las FFAA, que permite -hasta por tres años consecutivos- mantener a un general en servicio activo que ocupe -entre otros cargos- el de jefe de Estado Mayor General del Ejército que actualmente desempeña.
A partir de enero, Ewing será jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero con miras a convertirse en el próximo jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA, si es que prospera el debate del proyecto de ley que regirá al Ministerio de Defensa, o bien de ser el nuevo comandante en jefe del Ejército en marzo de 2010, cuando deje el mando el general Óscar Izurieta.
Aunque Ewing cuenta con una serie de factores que le permitirían dirigir la institución -liderazgo, buena relación con el Gobierno, formación militar y académica de excelencia- el que haya cumplido los 38 años en la institución es un factor que juega en contra, pues se convertiría en jefe castrense por una excepción. Sin embargo, agregan, este factor es menor ante lo que se denomina el requisito de mando, es decir, la diferencia generacional que se produce entre él y las otras antigüedades del alto mando.
Por ello, entran al ruedo otros oficiales como Fuente-Alba, quien -explican en el mundo militar- no sólo comparte con Ewing una formación de excelencia, sino que también es muy inteligente, muy riguroso y muy institucional.
De esta manera, el nuevo cuerpo de generales redujo considerablemente el nivel de posibles nuevos conflictos en los juicios que se instruyen por delitos cometidos durante la dictadura militar.
No obstante, se mantuvieron en servicio activo los generales Juan Miguel Fuente-Alba, Guillermo Castro y Cristián Le Dantec. Fuente-Alba se desempeñará como jefe del Estado Mayor General del Ejército, en reemplazo de Ewing.
Castro, quien fue agente de la CNI entre 1979 y 1982 -según admitió en su declaración judicial del 19 de junio de 2003-, aparece mencionado como probable partícipe en las ejecuciones de Paine, aunque hasta ahora no hay prueba de aquello. Ahora será el comandante de Institutos y Doctrina. Una situación similar enfrenta el general Le Dantec, aunque en menor grado.
El nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) reemplazando al general Ortega, será el actual jefe de la misión militar en Washington, el ascendido a general de división Andrés Avendaño.

Quiénes Son los Nuevos Generales
El coronel Juan Echaurren fue edecán del ex Presidente Ricardo Lagos, y hoy integra la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. El coronel Jorge Salas ocupa la agregaduría militar en Gran Bretaña y el coronel Jozo Santic es el actual Contralor General del Ejército, cargo que continuará desempeñando en 2009. El coronel Carlos Mezzano es el jefe del Departamento Comunicacional de la institución, y Juan Biskupovic es el comandante del comando de Infraestructura.
En tanto, el coronel Bosco Pesse forma parte del Estado Mayor del Ejército y el coronel Eleuterio Ramírez se desempeña en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

23 de octubre de 2008
©la nación 

asesinos de woodward seguirán presos

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Corte niega libertad a oficiales R de la Armada. Ocho de los cuatro acusados de la desaparición del ex sacerdote Miguel Woodward deberán seguir recluidos.

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Valparaíso, Chile. Finalmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió no acoger la petición de la defensa de ocho de los doce oficiales de la Armada en retiro, acusados de tomar parte en el secuestro calificado del ex sacerdote Miguel Woodward en septiembre de 1973. De esta forma la Corte les negó la libertad provisoria.
Sin embargo, el tribunal de alzada porteño dejó a firme la libertad provisoria de los otros cuatro acusados en el caso de torturas y desaparición del ex religioso de origen inglés.
Con una hora y media de retraso se iniciaron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso los alegatos para solicitar la libertad de ocho oficiales en retiro de la Armada, los últimos procesados por el caso Woodward.
De acuerdo a la parte querellante aún existían diligencias pendientes por lo cual no era prudente otorgar la libertad provisoria a los detenidos.
Como contrapartida, la defensa de los ocho oficiales enfatizó en que están privados de libertad sin que aún se determine su grado de culpabilidad, razón suficiente para establecer su libertad provisoria.
Finalmente primó la tesis de los querellantes, por lo que ocho de los 12 oficiales en retiro de la Armada deberán seguir recluidos en cuarteles de la Armada.
En la entrada a tribunales esta mañana se produjo un enfrentamiento verbal entre los representantes de los oficiales acusados y María Huerta, miembros del grupo de amigos del desaparecido ex sacerdote.

21 de octubre de 2008
©mercurio de valparaíso