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en feria del libro no existe el olvido


Editorial Lom publica textos sobre DDHH disponibles en la Estación Mapocho. Se trata de ‘Mi hijo Raúl Pellegrin’, de Judith ‘Tita’ Friedman, ‘Desde el túnel, diario de vida de un detenido desaparecido’, de Manuel Guerrero, ‘¿Y qué hiciste con tu hermano?’, del obispo Carlos González Cruchaga y ‘La gran minería y los derechos indígenas’, de Nancy Yáñez y Raúl Molina.
[Juan Podestá B.] Santiago, Chile. La editorial Lom apostó en este segundo semestre por una serie de libros que abordan el tema de las violaciones de los derechos humanos. Los textos, que han sido publicados en la colección septiembre, ya están disponibles en la Feria del Libro, que se realiza en la Estación Mapocho. Cuatro diversos acercamientos a la problemática de la persistente agresión que la dictadura de Pinochet propinó a los derechos humanos.
Los libros publicados son: ‘Mi hijo Raúl Pellegrin’, de Judith ‘Tita’ Friedman, ‘Desde el túnel, diario de vida de un detenido desaparecido’, de Manuel Guerrero Ceballos, ‘¿Y qué hiciste con tu hermano’, del obispo Carlos González Cruchaga y ‘La gran minería y los derechos indígenas’, de Nancy Yáñez y Raúl Molina.
El primero de ellos cuenta la historia del que fuera conocido como ‘Comandante José Miguel’, quien en 1988, siendo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, participó en una serie de ofensivas de la agrupación subversiva. Su cuerpo, junto al de la ‘Comandante Tamara’, llamada Cecilia Magni, apareció el 31 de octubre del año en cuestión en el río Tinguiririca.
El segundo es un texto en el que se revive la voz del profesor degollado por la DINA Manuel Guerrero. Mientras que el texto del sacerdote González es un trabajo que vuelve sobre el tema de la Iglesia y su defensa de los derechos humanos, y ‘La gran minería y los derechos indígenas’ es un revelador libro sobre la descarada explotación de nuestros recursos naturales y el daño causado a las FOTO_02 W:170 H:297 15 kbetnias originarias.

Detención y Tortura
"Su madre reconstruye en este libro una vida breve. Apenas 30 años. Nos muestra la etapa de formación de Raúl, su carácter y sus sueños. Judith Friedman no hace concesiones apologéticas ni da respuestas que desconoce. No acepta verdades reveladas ni utiliza el cartón piedra. No pretende tener la última palabra", afirma la abogada Carmen Hertz en el prólogo del libro.
Y continúa: "Ha escrito un texto emocionante y necesario. Quiere pelear contra el olvido, quiere que recordemos la existencia generosa de su hijo".
La autora, Judith Friedman (1934), es arquitecto y desde 2002 dirige el taller literario ‘Tira p’ arriba’ para enfermos ambulatorios de la Unidad Alivio del Dolor, del Hospital San José, de Santiago. Ha vivido en Cuba entre 1960 y 1964, y entre 1976 y 1984, y el año 2004 se jubiló como funcionaria del Ministerio de Obras Públicas de Chile.
‘Desde el túnel, diario de vida de un detenido desaparecido’ es un polémico libro que se abre con un breve prólogo de Manuel Guerrero Antequera (hijo), en donde describe la muerte de su padre, quien una vez tomado preso, fue injustamente asesinado. Luego, la voz central, el propio Manuel Guerrero Ceballos, hará un recuento que irá narrando las atrocidades por las que tuvo que pasar en el centro de detención y tortura Los Álamos.
"Este libro de Manuel Guerrero, simplemente, trata de exigir y practicar nuestro derecho ciudadano a construir una memoria social, a no dejar nunca de conmovernos con lo ocurrido", dice el hijo.

3 de noviembre de 2008
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chacal se refugia en clínica geriátrica


Arellano Stark ‘refugiado’ en clínica geriátrica. El condenado general (r) fue notificado de su pena de seis años de presidio, sin embargo permanece en un centro para el adulto mayor y no en el Penal Punta Peuco.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Una peculiar situación judicial vive en estos momentos el general (r) Sergio Arellano Stark quien se bien fue notificado de una condena por el caso de desaparecidos de Linares se ha virtualmente atrincherado en una clínica geriátrica.
Cuando la Policía de Investigaciones concurrió hoy a notificar al ex uniformado se encontró con la sorpresa que ya no estaba en su residencia particular sino que en la Clínica Geriátrica Villa Soleare  ubicada en calle Río Maule esquina Paul Harris.
Ante este panorama,  el ministro a cargo del proceso Victor Montiglio optó por trasladarse hasta este recinto y notificarlo de su condena a seis años de  presidio por el episodio Linares -San Javier de la denominada Caravana de la Muerte.
De inmediato la defensa del ex oficial -a cargo de su sobrino Claudio Arellano Parker- indicó que la medida fue adoptada por el estado mental de su representado,  asegurando que se encuentra con sus facultades perturbadas por lo que no podría ser llevado a un penal.
Para el abogado querellante en el proceso Hugo Gutiérrez estos argumentos por si solo no son válidos y detalló que el tribunal debe ordenar su detención y posterior traslado a Punta Peuco y luego efectuar los exámenes mentales para revisar los dichos de la defensa.
Y siguiendo el ejemplo  de Arellano Stark el otro condenado en la causa el  entonces al fiscal militar, Carlos Romero Muñoz,  que también enfrenta una sanción de seis años de presidio, se trasladó al Hospital Militar para operarse de cáncer. Hasta este recinto llegó el magistrado quien lo notificó de su pena.
La condena contra Arellano Stark es por el denominado episodio San Javier, por donde pasó la Caravana de la Muerte. En esa localidad fueron fusilados Teófilo Arce Tolosa, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez, todos miembros del PS.  Los crímenes se cometieron el 2 de octubre de 1973. Arellano Stark y su comitiva llegaron a la Escuela de Artillería de Linares, donde instruyeron al coronel Gabriel del Río para ejecutar a los cuatro detenidos a lo cual el oficial se negó.

3 de noviembre de 2008
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crean archivo testimonial


Crean primer archivo testimonial de víctimas de la dictadura militar. La iniciativa fue impulsada por la Fundación Universidad y Desarrollo (FUD), la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
Santiago, Chile. Con el propósito de dar a conocer una realidad que fue parte de la historia reciente del país, crear conciencia en las nuevas generaciones para que los hechos ocurridos bajo la dictadura militar no se vuelvan a repetir, se dio inicio al proyecto que crea el ’Archivo Testimonial de Víctimas de La Represión en Chile 1975-1990.
La iniciativa impulsada por la Fundación Universidad y Desarrollo (FUD), la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) pretende tomar registro de los cerca de cuatro mil testimonios que se encuentran actualmente archivados en FASIC y que son parte de las personas beneficiadas que pasaron por la institución.
El FASIC informó que cuando se invitó a Carena Pérez a participar de la iniciativa para hacer público el testimonio que hace más de 30 años dio a la institución como beneficiada, aceptó inmediatamente.
Contactada por la psicóloga del organismo, Valeria Moscoso y movida por el interés "que tienen algunas personas por cerrar la memoria y que han trabajado incansablemente por instalar el olvido y la impunidad", Carena volvió a revivir dolorosos episodios de su vida bajo la dictadura y que estaban calmos en su interior.
Fue detenida en 1975 en Osorno por un operativo conjunto del Servicio de Inteligencia Militar de Osorno y la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Luego de ser llevada a un recinto clandestino en los alrededores de la ciudad, fue trasladada a la Villa Grimaldi en Santiago. Allí permaneció 11 días, luego fue llevada a 4 Álamos, donde estuvo incomunicada otros 20, y posteriormente pasó a libre plática en 3 Álamos, siendo liberada tras 7 meses de reclusión.
Según el testimonio dado por Carena, "ser mujer y resistente resultaba ser doblemente transgresor para los ojos de la dictadura, por ello se encargaron de castigarnos de manera ejemplificadora. Uno de los lugares en los que el patriarcado se instala para ejercer la presión contra las mujeres es en nuestros cuerpos. Quizás por esa razón los agentes del Estado violaron con especial saña nuestros cuerpos. El abuso sexual fue una práctica permanente a la que fuimos expuestas las mujeres y también algunos hombres detenidos".
Carena recuerda que "en uno de esos interrogatorios irracionales, donde se mezclaban las preguntas por personas, por actividad política con cosas como ¿cuántas relaciones sexuales había tenido? ocurrió que un agente me golpeó muy fuertemente en la cara solamente por tener los pechos chicos. Sentí mucha impotencia y rabia contenida, sin embargo después en la soledad de mi celda, pensé que bueno que mis pechos sean pequeños, así estos cerdos no tienen mucho que mirar, tocar ni fantasear. Ahora con el tiempo me parece increíble haber hecho esa reflexión. Los tipos trataron de apropiarse de mi cuerpo y yo más que centrarme en la tocación lasciva, me centré en que mi cuerpo fue capaz de negarles el placer de su morbo. Creo que en ese momento, sin saberlo fui altamente feminista".
Su historia junto a la de una centena de personas será parte del primer Archivo Testimonial de Víctimas de la Represión Dictatorial en Chile 1975-1990. Un proyecto impulsado por la Fundación Universidad y Desarrollo (FUD), la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y FASIC, y pretende tomar registro de los testimonios legalmente autorizados de ser públicos, que se encuentran actualmente archivados en FASIC y que son parte de las personas beneficiadas que pasaron por la institución.
Carena tomó la decisión, por que cree "que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y que cualquier iniciativa que rescate la memoria de lo ocurrido en el país contribuirá a impedir que atrocidades como la tortura, la ejecución y desaparición vuelvan a repetirse".
Señala que no fue fácil repasar, remover y evocar los momentos de la tortura, donde el dolor y el miedo la llevaron al límite que desconocía ser capaz de soportar, sin embargo al revisar su testimonio se agolpan recuerdos que considera importantes compartirlos.
Testimonios como el suyo serán parte del archivo. Historias igual, menos o más dolorosas estarán plasmadas en este gran proyecto con el fin de dar a conocer una realidad que fue parte de nuestra historia reciente, de crear cultura y conciencia en las nuevas generaciones para que los hechos ocurridos bajo la dictadura de Pinochet no se vuelvan a repetir.
Hasta la fecha se han ubicado alrededor de 600 testimonios de beneficiados que pasaron por FASIC, de estos se han contactado a cerca de 160, de los cuales 61 han autorizado su publicación.
Pese a que la respuesta de la gente ha sido positiva, la principal traba con la que se han encontrado para contactar a las personas, según explica Valeria Moscoso, psicóloga del proyecto, ha sido que por el paso del tiempo muchos números teléfonos y direcciones ya no están vigentes. A esto se suma el que un número importante de los testimoniantes ha fallecido.
Valeria, explica que el proceso de solicitar las autorizaciones para publicar los testimonios, el cual se hace en una primera etapa de manera telefónica y posteriormente presencial, ha tenido una gran carga emocional para estas personas, sobre todo para quienes por primera vez se reencuentran con su relato "para ellos (testimoniantes) que se han ido reencontrando con sus relatos no ha sido fácil volver a enfrentarse con esta parte de la historia, estas memorias no sólo son bastante traumáticas y dolorosas para las personas, sino que han sido invisibilizadas en la versión oficial. Por lo tanto son memorias que han estado negadas, ocultadas y reprimidas durante mucho tiempo", expresa la psicóloga.
A esto se suma que muchas de las demandas y necesidades de la gente aun continúan insatisfechas. "Son muchas las críticas que nos han plateado a nivel gubernamental por el Informe Valech, en donde los testimonios fueron editados por un tercero y donde los nombres de los torturadores fueron sacados y sujetos a un resguardo por un lapsus de 50 años. Esto no es lo que las personas esperaban".
A diferencia del Informe Valech, en el Archivo Testimonial irá todo lo que la persona o sobreviviente autorice que se publique. Habrá sólo ediciones de redacción y ortográficas y si es parte del relato, los nombres de quienes torturaron y ejecutaron si estarán publicados.

1 de noviembre de 2008
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presos políticos en huelga de hambre


Una semana en huelga de hambre cumplirán hoy cinco ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mapu-Lautaro y del MIR, en demanda de la reubicación en la Cárcel de Alta Seguridad de todos los prisioneros con antecedentes subversivos.
Santiago, Chile. Según una publicación del Centro de Investigación Periodística (Ciper), son "una quincena de ex subversivos que cumplen penas por delitos comunes en la ex Penitenciaría de Santiago, la más poblada cárcel chilena. Aunque permanecen segregados, en condiciones de cuidado especial, se han organizado y proponen un alto el fuego a cambio de rebaja de penas".
Entre los huelguistas se cuenta el ex FPMR Jorge Jara Jara. En abril de 2004, mientras permanecía en la cárcel de Coronel, Jara intentó escapar disfrazado de mujer, con vestido, taco alto, peluca y maquillaje. Ya casi estaba afuera, cuando una niña en brazos de su madre pasó a llevar la peluca y el plan quedó al descubierto. Jara fue derivado a la cárcel de El Manzano y de ahí, por "motivos de seguridad", a la capital.
Los otros huelguistas son Marcelo Patricio Zuluaga Salgado (ex FPMR), Alberto Olivares Fuenzalida (ex FPMR), Omar Cifuentes M. (ex MJL) y Óscar Mundaca Mantero (ex MIR).

31 de octubre de 2008
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quedan mil homicidios por investigar


Familiares afirman que más de mil homicidios no estarían siendo investigados. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) pidió al pleno de la Corte Suprema que informe acerca de esta situación, y demandó a la presidenta Bachelet recursos para perseguir a los culpables.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Un nuevo y conflictivo escenario se generó en materia de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, dado que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) sostiene que mil 164 homicidios no estarían siendo investigados por los tribunales, incluyendo las víctimas de las protestas iniciadas en 1983.
Ayer esta agrupación que preside Marta Godoy, representada por los abogados Hugo Gutiérrez, Rubén Jerez y Rodrigo Román, solicitaron al pleno de la Corte Suprema que informe respecto de cuántos procesos se instruyen por crímenes en los cuales los cadáveres fueron entregados a sus familiares, casos que en el Informe Rettig y complementación posterior de 1996 figuran como "muertos", diferenciándolos de los "detenidos desaparecidos".
Los demandantes criticaron a la presidenta Michelle Bachelet por negarles, dijeron, "en cuatro oportunidades" una entrevista para plantearle la situación, y en una carta entregada en La Moneda insistieron en ser recibidos y escuchados.
El problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de estos delitos, no contemplan hacerlo respecto de las víctimas con categoría de ejecutados, como sí sucede con los desaparecidos. Los recurrentes sostienen que tampoco existen recursos profesionales y financieros para esa tarea.
Expresaron que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de víctimas.
En el mismo sentido, manifiestan que tampoco el Estado ha recopilado información acerca de los ejecutados, como sí existen para los detenidos desaparecidos. Y que la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad no mantiene información sistematizada acerca de estas víctimas, como lo hace con los desaparecidos cuyos datos aporta a los tribunales que instruyen estos juicios.
La AFEP simbolizó su presentación al pleno de la Corte Suprema en los casos de Guillermo Zamorano Díaz, Arnaldo Flores Echeverría, Marisol Vera Linares, Mauricio Maigret Becerra, Sergio Aedo Guerrero, Iván Aqueveque Antileo, Eduardo Vielma Luengo, Silvia Orellana Pino, Héctor Queglas Maturana, Luis Saavedra González, Manuel González Allende, Simón Allende Fuenzalida y Alamiro González Saavedra.

Más Condenas por Violaciones de los Derechos Humanos
La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a cinco años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda y a tres años a Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff por el secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, ocurrido el 30 de julio de 1974, en Santiago.
Además, los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández ordenaron al fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a los hijos de la víctima. El ministro Ballesteros estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal y, junto a Rodríguez, en contra en el aspecto civil.

Primera Instancia
En tanto, el ministro en visita de la Corte de Temuco, Fernando Carreño, condenó a cinco años y un día de presidio efectivo a los funcionarios de Carabineros en retiro sargento primero (R) Eudocio Díaz Ibacache y al suboficial (R) Edgardo López Cofré por los secuestros calificados de Segundo Barriga Gutiérrez y Hernán Catalán Escobar ocurridos a partir de noviembre de 1975 en Pitrufquén, IX Región.

31 de octubre de 2008
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exigen investigar casos de ejecutados


Familiares exigieron a la Suprema investigar 14 casos de ejecutados políticos. Las víctimas eran en su mayoría campesinos sin militancia.
Santiago, Chile. Miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentaron en una carta dirigida al pleno de la Corte Suprema 14 casos inéditos de víctimas de la dictadura, en el marco de la conmemoración del Día de los Ejecutados Políticos.
Marta Godoy, presidenta del grupo, cuestionó la violencia de los represores del régimen militar, contra quienes piden condenas como la recientemente dictada contra el general Jorge Arellano Stark, con una pena efectiva de cárcel de seis años por el homicidio calificado de Teófilo Arce Toloza, José Sepúlveda Baeza, Leopoldo González Norambuena y Segundo Sandoval Gómez el 2 de octubre de 1973.
"No sé si ellos cuando actuaron en dictadura consideraron que a veces se trataba de gente de mucha edad, gente enferma, mujeres embarazadas y en ese caso no tuvieron ninguna consideración", dijo Godoy.
"En el caso de Arellano Stark, después de 35 años recién se le condena a seis años sin beneficios, nosotros estaremos en Lacalle y exigiremos que se cumpla la sentencian como tal", añadió la dirigenta del organismo, cuyos miembros protestaron con pancartas y fotografías de sus deudos.
Al respecto, el vocero y presidente subrogante de la Suprema, ministro Milton Juica, aseveró que "nadie puede decir que en la hora actual que los tribunales de justicia se niegan a investigar delitos relacionados con los derechos humanos".
"Todas las investigaciones se están realizando y cualquiera denuncia nueva que haya sobre la materia de asuntos que no han sido materia de investigación se van a seguir haciendo", añadió la dirigenta, recalcando que "creo que en la hora actual no hay deuda pendiente de la justicia en la investigación", informó Radio Cooperativa.

31 de octubre de 2008
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nueva condena para jefe de la dina


Ex jefe de la Dina suma nueva condena por caso de Derechos Humanos. Asimismo, la Sala Penal acogió la demanda de indemnización de perjuicio y se condenó al Fisco a pagar una indemnización de cien millones de pesos a cada uno de los demandantes.
Santiago, Chile. La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó una nueva condena contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general Manuel Contreras, implicado en la investigación por el secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, ocurrido en julio de 1974.
En el fallo, los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández acogieron por mayoría el recurso de casación presentado y se dictó las condenas para Manuel Contreras Sepúlveda de 5 años de presidio; Marcelo Moren Brito con 3 años de presidio y Miguel Krassnoff Martchentko con 3 años de presidio.
Asimismo, la Sala Penal acogió la demanda de indemnización de perjuicio y se condenó al Fisco a pagar una indemnización de cien millones de pesos a cada uno de los demandantes: Ruth y Hugo Lazo Pastore, hijos de la víctima.
La decisión contó con la decisión en contra del ministro Ballesteros, quien estuvo por aplicar la figura de la prescripción de la acción penal; mientras que en el aspecto civil, el fallo fue con la decisión en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez.

Otra Condena
Asimismo, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño Ortega dictó condena de primera instancia en la investigación por los secuestros calificados de Segundo Barriga Gutiérrez y Hernán Catalán Escobar ocurridos a partir del mes de noviembre de 1975 en la localidad de Pitrufquén, región de la Araucanía.
El magistrado determinó las siguientes sanciones contra miembros en retiro de Carabineros, el sargento Primero (r) Eudocio Díaz Ibacache: 5 años y un día de presidio efectivo; y suboficial (R) Edgardo López Cofré: 5 años y un día de presidio efectivo.

31 de octubre de 2008
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piden acelerar juicios


Familiares de ejecutados políticos piden a la Suprema acelerar juicios. En tribunales, la Agrupación solicitó a los magistrados ordenar que se agilicen los procesos y a la vez -en La Moneda- pidieron al gobierno que entregue asesoramiento legal a las víctimas.
Santiago, Chile. El abogado Hugo Gutiérrez acompañado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), solicitó a la Corte Suprema indagar la muerte de 14 personas durante el régimen militar.
Gutiérrez que existen mil 164 asesinatos producidos durante la dictadura, procesos que no han sido aclarados por los tribunales.
"Hemos considerado pertinente, adecuado y correcto preguntar al Estado de Chile y principalmente al Poder Judicial que ha ocurrido con más de 1.164 casos de Ejecutados Políticos que están dentro del Informe Rettig, de los cuales hoy no tenemos información alguna", aseguró el jurista.
"Son víctimas que están señaladas en el Informe Rettig, o sea, son víctimas que el mismo Estado de Chile estimó que habían sido objeto de violencia política, que habían sido objeto de persecución y víctima del horror de la dictadura militar", agregó.
Agregó que "hemos indicado en esta presentación 14 casos que creemos que son emblemáticos y que dan cuenta de la inexistencia de voluntad de parte del Estado chileno, y principalmente del Poder Judicial de indicarnos que es lo que ha ocurrido con la muerte de estas personas", deslindó.
El otrora candidato a alcalde por Estación Central  indicó que corresponde "exigir una respuesta, son investigaciones inconclusas, investigaciones en muchos casos inexistentes que hoy requerimos que el Estado y el Poder Judicial nos den la respuesta adecuada a fin de que estos familiares que han bregado tanto años por justicia, hoy tengan cumplida la exigencia que tiene todos Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos en este país".
Por su parte la presidenta de la AFEP, Marta Godoy, afirmó que entregarán copia de su demanda en La Moneda solicitando al gobierno asesoría jurídica gratuita para las familias de las víctimas de los casos que aún se investigan.

31 de octubre de 2008
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