chile

piden degradar a militares pinochetistas

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Proyecto de ley para degradar oficiales en retiro. El Código de Justicia Militar sólo permite un Tribunal de Honor para degradar a oficiales activos, por lo que sería necesario modificar ese cuerpo legal para aplicar el mismo castigo a aquellos en situación de retiro.

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[Jorge Escalante] Valparaíso, Chile. La posibilidad de someter a un Tribunal de Honor a los oficiales (R) condenados recientemente en primera instancia por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires, agregaría una nueva fuente de conflicto en materia de las violaciones de los derechos humanos durante la pasada dictadura.
El senador socialista Jaime Naranjo manifestó ayer que, tras entrevistarse con el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, le quedó claro que la única vía para lograr ese objetivo es reunir los votos necesarios para aprobar en el Parlamento una modificación al Código de Justicia Militar (CJM).
Esto es así debido a que sólo pueden resultar degradados mediante un proceso realizado por un Tribunal de Honor militar, perdiendo todos sus privilegios, aquellos oficiales que se encuentren en servicio activo, lo que no es el caso de los seis oficiales condenados por el doble homicidio de Prats y su cónyuge, los cuales desde hace años están en situación de retiro.
El asunto no sólo abrirá un debate político en el Parlamento, sino también, de prosperar la iniciativa legal, generará un nuevo frente de controversia entre las agrupaciones de oficiales en retiro y el propio Ejército, el cual, si el proyecto se transforma en ley, no tiene otra alternativa que cumplir con ella de acuerdo al CJM.
Y de ahí a que el mismo criterio de "degradar" vía Tribunal de Honor militar se pretenda luego aplicar a todos los oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, habrá sólo un paso.
El CJM contempla la formación de este Tribunal de Honor en sus artículos 203 y 204, estableciendo que "si algún oficial de cualquier jerarquía cometiere un acto deshonroso para sí o para la unidad, cuerpo o repartición en que sirva, podrá ser sometido a un Tribunal de Honor para que éste juzgue si puede continuar en el servicio".
El funcionamiento de este tipo de tribunales se rige por el Reglamento de Tribunales de Honor para las Instituciones de la Defensa Nacional aprobado por Decreto Supremo Nº 2076 del 27 de octubre de 1947.
Que se recuerde, en el Ejército no se tiene memoria de que en las últimas décadas se haya realizado un juicio de estas características en contra de algún oficial.
No obstante, tanto el senador Naranjo como los diputados Antonio Leal y Tucapel Jiménez, quienes buscan ahora nuevos partidarios de esta posición para tratar de convertir este proyecto en ley, sostienen que, más allá del castigo penal que los autores, cómplices y encubridores de este tipo de delitos deban sufrir, deben además ser castigados dentro de la institución con una sanción moral y ética mediante un Tribunal de Honor que los degrade.
En fuentes militares sostienen que para los oficiales, sean activos o pasivos, peor que una condena de prisión por la justicia penal, es ser juzgado y sentenciado a la degradación y pérdida de todos los privilegios por un tribunal del mismo Ejército, por el alto contenido moral y ético que ello conlleva.
Hay versiones opuestas sobre si una degradación conllevaría, por ejemplo, la pérdida de la pensión que reciben los oficiales que pasan a retiro.

Por el Senado
En su entrevista de ayer con el comandante en jefe, general Óscar Izurieta, el senador Jaime Naranjo le planteó al jefe militar el asunto, en principio sólo relacionado con el caso del general Prats y su esposa. El parlamentario expresó que "quedé muy satisfecho con la reunión en la cual el general Izurieta me manifestó que esos oficiales condenados aún en primera instancia, ya perdieron en todo caso su honor militar con el crimen que cometieron en contra de un comandante en jefe del Ejército".
Naranjo dijo que el general Izurieta le explicó la imposibilidad de degradar a un oficial retirado porque lo impide la ley "y por ello me quedó claro entonces que hay que redactar un proyecto de ley que resuelva ese problema, y eso es lo que vamos a hacer para ingresarlo por el Senado".

9 de julio de 2008
©la nación

fisco condenado por patio 29

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Caso Patio 29: jueza civil condena al fisco a indemnizar a familiares de víctima. En el fallo, la magistrada acoge la demanda indemnizatoria interpuesta por el abogado Nelson Caucoto, representante de las dos hermanas de la víctima.

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Santiago, Chile. La titular del Octavo Juzgado Civil de Santiago, Pilar Aguayo, condenó al fisco al pago de una indemnización de 40 millones de pesos, por concepto de daño moral, para la familia de Pedro Vargas Barrientos, cuyos restos encontrados en el Patio 29 del Cementerio General fueron erróneamente identificados a comienzos de los noventa por el Servicio Médico Legal (SML).
En el fallo, la magistrada acoge la demanda indemnizatoria interpuesta por el abogado Nelson Caucoto, representante de las dos hermanas de la víctima, quienes recibirían -de confirmarse el dictamen de primera instancia- 20 millones de pesos cada una.
Esta es la segunda sentencia que condena al Estado a reparar económicamente a los familiares de detenidos desaparecidos afectados por el error del SML.
En octubre de 2007, el titular del 23er Juzgado Civil de Santiago, Rubén Palma, dispuso que el fisco cancelara una indemnización de 100 millones de pesos a la familia del obrero agrícola Patricio Duque Orellana, una de las víctimas del caso Paine.
Al respecto, el abogado sostuvo que con este fallo "se ha comprobado que hubo un error en la identificación de restos que el Estado debe reparar".
Estos hechos se oficializaron en abril de 2006, cuando el organismo forense reconoció públicamente que 48 de las 96 identidades entregadas a los parientes de los detenidos desaparecidos hallados en ese lugar podían ser incorrectas.

Exhorto a Uruguay
En tanto, el ministro instructor del caso Patio 29, Carlos Gajardo, envió un exhorto al tribunal competente de Montevideo, Uruguay, solicitando se envíe una muestra de los restos del uruguayo Arazatí Ramón López López, desaparecido después del golpe militar en 1973.
Sus restos fueron hallados en el Patio 29 del Cementerio General y su repatriación se materializó en 1994, no obstante, tras detectarse los errores en la identificación se deberán hacer nuevas pruebas.

9 de julio de 2008
©la nación

pinochetistas rechazan reforma

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Por falta de quórum Senado rechaza cambios al binominal. El Senado rechazó por falta de quórum y con todos los votos de la derecha en contra, el proyecto de reforma constitucional.

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[Angélica Meneses] Valparaíso, Chile. Ninguno de todos los llamados a cumplir la palabra hizo eco en los oídos de los senadores de derecha, quienes votaron en bloque en contra de la iniciativa que pretende para eliminar el número fijo de 120 diputados y abrir con ello espacio a la elección de algunos parlamentarios al margen del sistema binominal.
Hubo 20 votos a favor de parte los senadores de la Concertación y los independientes, pero se requería un quórum mínimo de 23 aprobaciones, por lo que el proyecto quedó rechazado, pese a que los votos en contra fueron sólo 15, todos de la oposición.
De esta manera la derecha echó por tierra la opción de provocar un cambio en la forma de elegir a los representantes parlamentarios, en contra de lo que Sebastián Piñera comprometió siendo candidato a la presidencia.
El proyecto que ya había sido rechazado por la Cámara de Diputados, también con los rechazos de la UDI y RN, quedó ahora imposibilitado de ser presentado dentro de un año, pero el gobierno comprometió desde ya la presentación del mismo en ese plazo, lo que lo instalará el tema en el debate público en plena campaña electoral.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, dijo que con esto "se mantiene la exclusión", pero recalcando que el ánimo de cambio sigue arriba, por lo que "no desmayamos en la voluntad de cambiar el sistema, de terminar con la exclusión, de abrir las puertas del parlamento a todas las voces, y por lo tanto yo anuncio por parte del gobierno que en un año más volveremos a plantear esta discusión en plena campaña parlamentaria y presidencial".
El ministro destacó que "es muy importante que quienes se presenten a la elección, especialmente los candidatos presidenciales, puedan explicar por qué las personas que los sustentan no cumplieron con las promesas que ellos hicieron", recalcando que los senadores RN no cumplieron lo comprometido por Piñera en campaña.

Desalojo
"Piñera chanta" se leyó en las pancartas que levantaron representantes de la izquierda extraparlamentaria desde las tribunas del Senado, en medio del debate y en alusión al incumplimiento de la palabra empeñada por el empresario en las campañas electorales.
Los carteles fueron considerados ofensas por parte de la mesa presidida por Adolfo Zaldívar, quien llamó a bajarlos bajo amenaza de desalojo.
Lejos de obedecer, los manifestantes levantaron con más ganas las paletas y lienzos y comenzaron a gritar en contra del sistema binominal de elecciones y de la exclusión que este genera para los partidos al margen de los grandes conglomerados políticos.
Zaldívar ordenó entonces el desalojo de las tribunas con uso de la fuerza policial, demorando los efectivos al momento de llegar al lugar donde de encontraban ubicados el presidente del PC Guillermo Teillier, el ex juez Juan Guzmán y el presidente del PPD Pepe Auth, junto a otros dirigentes.
Todos ellos permanecieron inalterables, sentados, mientras los efectivos policiales sacaban a los jóvenes que habían protagonizado la manifestación.
La idea de sacar a todos los presentes desde las tribunas fracasó finalmente cuando los senadores Jaime Naranjo (PS) y Guido Girardi (PPD) subieron hasta donde estaban los dirigentes políticos y el ex magistrado, ubicándose justo detrás de ellos para blindarlos durante el desalojo.
La salida de los manifestantes se produjo sin mayores problemas y siguió la sesión con la presencia de estos dirigentes y de dos senadores ubicados en las tribunas.

Reacciones
Guillermo Teillier, presidente del PC: "Piñera y los caballeros de RN no cumplieron su palabra, porque el acuerdo estaba prácticamente hecho en un momento, entonces no sé qué cálculos mezquinos sacaron al final para rechazar".

Ex juez Juan Guzmán: "es un fracaso para la democracia, es increíble que 18 años después de la dictadura se esté hablando en los términos como se habló hoy, diciendo en algunos casos que no tienen prejuicios contra los comunistas. Yo le pregunté a Teillier por qué no daba las gracias. Por eso hasta el día de hoy nunca he hablado de que estamos en democracia, sino en un proceso a la democracia y esto mismo es una traba a la democracia".

Camilo Escalona, presidente del PS: "Sebastián Piñera se desprestigia solo. Nosotros no le hemos pedido que haga las afirmaciones que hace, no le hemos solicitado que se comprometiera a eliminar el sistema binominal, ni que concurra al momento en que se producía el deceso de Volodia Teitelboim a dar sentimientos de pesar y manifestar que estaba por terminar con el binominal, nosotros no le hemos pedido ese comportamiento hipócrita. Ese comportamiento hipócrita es de él, es de Sebastián Piñera".

Soledad Alvear, presidenta DC: "Una vez más hemos podido apreciar la incoherencia y la falta de compromiso de los senadores de la oposición frente a un tema en que su candidato Sebastián Piñera se ha comprometido frente al país. Incluso se comprometió cuando Volodia Teitelboim estaba muy grave y le señaló a Guillermo Teillier que su legado iba a ser precisamente el apoyo a esta reforma".

José Antonio Gómez, presidente del PRSD: "Cuando se dice que este es un proyecto demagógico para atacar a Sebastián Piñera, quien podría ser el próximo presidente de Chile -y yo que soy agnóstico espero que Dios no lo permita- tengo la impresión que no estamos hablando en serio".

Pepe Auth, presidente del PPD: "Esta es la prueba de que con el sistema binominal una minoría puede impedir los cambios, de eso se trata y esa es la motivación principal de la Alianza para no reformar el sistema binominal y no terminar con la exclusión. Uno puede reconocer que el sistema binominal le sirvió a la derecha como muleta para avanzar en democracia, pero si quiere aspirar al gobernar Chile con credenciales democráticas la derecha ya no necesita muletas para seguir caminando".

Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI: "Mientras el PC siga entendiendo que al final es un vaso comunicante en segunda vuelta con la Concertación nunca se va a diferenciar. Al final es una especie de parentesco, medio lejano a ratos, pero en período electoral muy cercano, muy amistoso, casi una relación turbulenta".

Alberto Espina, senador RN: "Si el propósito del gobierno fuera avanzar en el perfeccionamiento del sistema binominal, lo que hace un gobierno serio es presentar una iniciativa con una propuesta consensuada con los partidos de la Concertación y no la tiene porque nunca se han podido poner de acuerdo".

Carlos Cantero, senador independiente ex RN: "Ni en la Alianza ni en la Concertación hay interés real en modificar el sistema electoral porque les conviene, porque no sólo deja marginados a ciertos sectores políticos, sino que además desprecia en la forma más brutal la situación en que están las grandes mayorías de independientes que, queriendo participar en el acto electoral, no lo pueden hacer porque quedan en una condición desmedrada absoluta".

9 de julio de 2008
©la nación

todavía espera justicia

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Después de 14 años esperan que la Justicia se pronuncie. Se trata de José Miguel Larenas, un loíno que resultó con la amputación de una de sus extremidades producto de la detonación de un proyectil de artillería en el Valle de la Luna.

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[Paulo Alvarado H.] Calama, Chile. El 17 de diciembre de 1994 el joven loíno recién licenciado de enseñanza media, José Miguel Larenas, que tenía entonces 18 años de edad, sufrió la destrucción casi completa de su brazo izquierdo por la explosión de un proyectil de artillería, elemento que se encontraba bajo la camioneta en la que transitaba en el sector Valle de la Luna. En ese instante avanzó hasta el lugar para auxiliar a otro vehículo volcado a un costado del camino, a menos de 30 metros de un letrero que indicaba ‘Santuario de la Naturaleza’.
Luego de sus 14 primeras intervenciones quirúrgicas, su padre, el médico loíno Enrique Larenas, inició las acciones legales tendientes a establecer responsabilidades del Ejército de Chile y por tanto, del Estado de Chile en los hechos.
"Cuesta creer en la irresponsabilidad criminal de dejar abandonado en un lugar de acceso público un explosivo militar de alto poder, en la falta de advertencias en el lugar, en la carencia absoluta de medidas de protección sobre la población civil", expresa el profesional.

Pasa el Tiempo
A pesar de la trascendencia pública y del impacto que provocó el hecho en la comunidad, los organismos de justicia nunca se han pronunciado respecto a las responsabilidades que caben en el hecho a organismos del Estado. Para Larenas, esta situación le llama profundamente la atención, porque a pesar de las múltiples e irrebatibles pruebas encontradas en el lugar mismo de la explosión (donde José Miguel Larenas salvó la vida por milagro), no se ha logrado nada en incesantes años de lucha judicial.
"Diversos tribunales han obligado a más y más trámites, investigaciones y peritajes repetidos ya muchas veces, declaraciones de testigos que ya se cansan de declarar una y otra vez sobre el mismo asunto. Todas las pruebas son concluyentes en indicar que se trato de un proyectil militar abandonado en el lugar, lo que no sólo ha causado el accidente de José Miguel, sino de muchos otros loínos, algunos de ellos mutilados y otros muertos por esta misma causa en otros lugares y tiempos, sin lograr jamás que su desgracia haya sido reconocida", formula el galeno.

Caso
Actualmente el caso espera sentencia en un Tribunal de Antofagasta, donde se aguarda que finalmente se emita un pronunciamiento bien fundado sobre una larga historia que carga con un proceso que ya dura 14 largos años. "El Estado de Chile en realidad sólo se preocupa de proteger su burocracia y sus intereses, no los de los ciudadanos, que, como mi hijo, han sido directamente dañados por la negligencia del aparato estatal", sentencia.

El Afectado
José Miguel Larenas, actualmente radicado en la Quinta Región, más que hablar de su condición producto de la amputación de uno de sus brazos, se refiere a lo que ha significado el proceso judicial y el manejo del tema de las minas antipersonales, antitanques, proyectiles y material de guerra diseminado en nuestro país.

¿Cómo ha sobrellevado la vida sin una de sus extremidades. Nuestro país ha tomado en cuenta a las víctimas de las minas antipersonales?
No ha sido fácil, pero más que concentrarme en lo que me ocurrió, me centro en lo que nos ha ocurrido a muchos chilenos que producto del manejo negligente de explosivos sufrimos daños irreparables tanto física como emocionalmente, que se ve incrementado cuando la justicia parece ser esquiva y privilegio de algunos pocos.

¿Con tanta demora judicial, se siente frustrado, se pierde la confianza en el sistema?
Como manifestara el Presidente Ricardo Lagos, "la justicia que tarda no es justicia". Luego de casi 14 años de proceso en que el Consejo de Defensa del Estado ha utilizado cuanta artimaña legal existe para dilatar el juicio, no tengo ninguna confianza en la operación del sistema judicial, que permite estos prolongados procesos que se tornan en una eterna lucha entre David y Goliat. El CDE tiene recursos económicos y de capital humano ilimitados, configurados de esta manera se transforman en despiadados verdugos de las personas naturales, con recursos limitados o ninguno, que demandan justicia en un país que poco sabe de ella. Estoy seguro que la principal estrategia del CDE es prolongar ad eternum las causas de manera de liquidar emocionalmente a sus contendores con los evidentes perjuicios económicos.

¿Los organismos dedicados a la causa antiminas, son respetados en nuestro país?
El papel da para mucho, pero en la realidad, lo que los organismos internacionales opinen o lo que Chile suscriba, en lo que a víctimas de minas antipersonales o municiones de guerra se refiere, no es materia relevante para el Estado de Chile. Penoso ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la implementación de la Convención de Ottawa de la que Chile es Estado Parte, aquí, uno de los pronunciamientos dice relación con la asistencia a víctimas de minas antipersonales, hasta hoy, no han recibido ayuda alguna para paliar al menos en parte el daño infligido, de manera que los hijos de la Patria que derramaron su sangre sin haber estado en guerra alguna, continúan en abandono y permanecerán en el olvido.

8 de julio de 2008
©mercurio de calama

buscan en chile a criminal nazi

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Buscan en Chile a criminal nazi conocido como ‘Doctor Muerte’. Tendría 94 años y está acusado de matar a cientos de personas en campos de concentración.

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Santiago, Chile. Una delegación del Centro Simón Wiesenthan de Jerusalén llegó hoy a Chile en busca del doctor austríaco Aribert Heim, el criminal de guerra nazi más buscado y que se cree podría vivir en la Patagonia chilena o argentina.
Así lo reveló a los periodistas Sergio Widder, representante del Centro para América Latina, a su llegada a Santiago junto al director del centro cazanazis Efraim Zuroff.
Hace unos años el centro creó el programa denominado ‘Operación: Última oportunidad’, en donde se ofrece recompensas a cambio de información que facilite el procesamiento y castigo de nazis prófugos.
Según el organismo, Heim probablemente se encuentra en la Patagonia chilena o argentina, ya que una hija del también conocido ‘Doctor Muerte’ viviría en la ciudad chilena de Puerto Montt, situada a unos 1.044 kilómetros al sur de la capital, aunque su familia dice que falleció en 1993.
El doctor Heim, que ahora tendría cerca de 94 años mató a centenares de personas en el campo de concentración de Mathausen y está desaparecido desde 1962, cuando escapó de las autoridades de Alemania occidental que estaban a punto de arrestarlo.
Conocido por ser un pulcro doctor de la temida SS de Adolf Hitler, Heim se dedicaba en el campo de concentración de Mauthausen a extraer órganos de pacientes sin anestesia.

8 de julio de 2008
©la tercera

el montaje contra elena varela

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Elena Varela: presentan su caso ante la Corte Suprema.

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[Lucía Sepúlveda Ruiz] La Corte Suprema deberá pronunciarse próximamente sobre el caso Elena Varela, luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazara el recurso de amparo presentado en favor de la documentalista, según informó su abogado, Rubén Jerez El recurso se presentó el 26 de junio y fue suscrito por destacados documentalistas y cineastas tales como Francisco Gedda, Paola Castillo, Ignacio Agüero, Pablo Insunza, Peter Chaskel, Orlando Lubbert y Jaime Díaz. Según Jerez, la defensa no solicitó la revisión de la medida cautelar al juzgado de garantía de Rancagua porque fue este tribunal el que determinó la prisión preventiva de la cineasta en una audiencia plagada de graves irregularidades, y negándose a cumplir con su deber de fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.
El pasado miércoles 25 de junio, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, los ministros Carlos Bañados y Ricardo Pairicán de la tercera sala votaron por el rechazo al amparo, mientras que el abogado integrante, Mario Márquez Maldonado, estuvo por acoger el recurso señalando que "en la formalización no se entregaron los antecedentes concretos que fundamentaran la participación de la imputada en su participación en calidad de autora de los delitos de robo con homicidio y robo con violencia, planificando, reclutando y ocultando a los partícipes en los referidos delitos". La reclamación de la defensa denuncia la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que recuerdan la época oscura de la DINA, la CNI, DINACOS y el Fiscal Torres. Se lee en el recurso: "Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita. Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal". Y a continuación se afirma que las únicas bases de dichas acusaciones son los dichos del fiscal sobre la base de supuestas declaraciones de testigos que hasta la fecha permanecen anónimos.
Amnistía Internacional ha iniciado una campaña a favor de la libertad de Elena Varela, mientras que trabajadores del medio audiovisual y del periodismo dentro y fuera del país han calificado los hechos como un aberrante atentado a la libertad de expresión, exigiendo además la recuperación de los materiales filmados que fueron incautados. En un reportaje publicado por el diario La Nación Domingo con fecha 29 de junio, la cineasta, entrevistada por representantes de Amnistía Internacional y del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas expresó: "Estoy presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información que manejo, por interactuar con activistas mapuches que luchan por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades mapuches que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada, porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El pueblo mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto tanta gente aplastada emocionalmente, síquicamente, tanta gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa."

Denuncia Criminal por Tortura
Por su parte, el padre de Elena, don Héctor Varela Díaz – que vive en Santiago y es diácono en la iglesia católica – presentó en el Juzgado de Garantía de Rancagua una denuncia criminal contra funcionarios de la policía de investigaciones de Rancagua por tortura, detención ilegal y vejación, y contra el fiscal de Rancagua, Servando Pérez por amenaza y obstrucción a la investigación. De los cien policías que actuaron en los hechos denunciados, entre los que habría miembros de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), los únicos dos funcionarios que pudieron ser identificados son Juan Reyes Gutiérrez y Luis Albornoz Urra. En el mismo recurso, interpuesto por el abogado Hugo Gutiérrez de la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, se relata que luego de ser detenida Elena en su domicilio de la localidad de Lican Ray (Región de la Araucanía), fue conducida al Colegio Claudio Arrau de la comuna de Panguipulli (Región de los Lagos), donde la cineasta y profesora de música trabajaba dirigiendo una orquesta de niños. Llegó al colegio esposada, junto a 30 efectivos de seguridad que la urgían a que confesara públicamente que escondía armas ¡en los instrumentos musicales de los pequeños!
En la denuncia criminal se expone que las únicas armas encontradas en los allanamientos fueron fusiles de fantasía utilizados para un documental y se detallan las torturas y vejaciones sufridas por la cineasta, que permanece en prisión preventiva desde mayo en la Cárcel de Seguridad de Rancagua, en un régimen de aislamiento en que por ejemplo, ella no tiene acceso a periódicos ni radio, y tanto The Clinic como La Nación lograron acceso a ella burlando las medidas burocráticas impuestas por gendarmería para dificultar el trabajo de la prensa. Durante su detención a Elena se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado y "fue obligada a permanecer de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión… fue objeto de torturas como la incomunicación total y durante 24 horas no le permitieron comer ni beber, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija América. Fue interrogada por funcionarios desconocidos."

Jueza Impidió Denuncia de Torturas
La Corte de Apelaciones de Rancagua estimó que la actuación de la jueza de Garantía, Andrea Urbina Salazar se ajustó a la legalidad. Pero el abogado Rubén Jerez declaró a esta periodista: "La jueza de garantía faltó a la verdad en el informe evacuado a la Corte, ya que dijo que Elena Varela no le pidió hacer uso de la palabra y que nadie efectuó reclamaciones respecto de la legalidad de la detención. Eso es falso. Basta escuchar la grabación de la audiencia de formalización, donde en forma grosera, la jueza Urbina impide a Elena Varela denunciar el trato inhumano y la tortura inflingida. Habría sabido que fue expuesta a la prensa, esposada y acusada públicamente por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; y q obligada, bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido".
No es el primer montaje armado por la llamada "inteligencia nacional". Su calidad es similar a la utilizada en otros casos de represión al pueblo mapuche. Sin embargo el método ha resultado útil para mantener en prisión a luchadores sociales por tiempo indefinido, en el marco de la llamada "Operación Paciencia" diseñada por los perseguidores contra las comunidades en conflicto. Un caso ilustrativo es el juicio contra Héctor Llaitul y Roberto Painemil, en que luego de más de un año y medio de prisión preventiva, ambos imputados fueron absueltos de la acusación de incendio. En ese caso, la jueza de garantía de Nueva Imperial Claudia Sánchez también había desestimado la denuncia de tortura que Painemil intentó hacer previamente.

Urbina Es Juez y Parte
En el recurso que verá la Corte Suprema, la defensa asegura que durante la formalización el tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que a juicio de la defensa, por razones de imparcialidad, resulta impresentable que el mismo juez que decretó las aprehensiones, sea quien se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.
El abogado Jerez argumentó asimismo que la formalización y prisión preventiva que pesan sobre Elena Varela son abusivas y arbitrarias, porque la dejaron en la total indefensión, considerando que el fiscal Servando Pérez – que pidió la prisión preventiva - reconoció en la audiencia que los argumentos de la detención estaban en una carpeta reservada y fueron entregados por un testigo anónimo o sin rostro. De esta manera se vulneraron los derechos de la documentalista a la publicidad y a la defensa, pasando a llevar los artículos 83 de la Constitución y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones del fiscal que puedan afectar los derechos de los imputados.

Juicio Kakfiano en la ‘Dimensión Desconocida’
El profesional que defiende a Elena Varela considera "dignas de Kafka" las características de este juicio, en que las imputaciones vagas generan una total indefensión de los acusados.
La defensa argumenta que el fiscal y la jueza Urbina –que aceptó la versión del fiscal- situaron a Elena Varela en una "dimensión desconocida, ubicada fuera del tiempo y del espacio, y ajena a este mundo" ya que en las acusaciones no se menciona lugar, ni fecha ni circunstancias de los graves hechos que le imputan: planificar un asalto, ocultar a los asaltantes y reclutar gente para delinquir. En consecuencia, no hay cómo organizar la defensa.
El recurso también señala su extrañeza por el hecho de que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurridos en Loncoche, el año 2004, como si en esa ciudad del sur no existiera Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
También se argumentó que el tribunal imputó hechos y no delitos, es decir conductas penadas por la ley, al omitir mencionar las normas jurídicas que tipificarían los hechos supuestamente investigados.

La Jueza Urbina y la Ley
La Corte Suprema deberá entonces dirimir el planteamiento de fondo: según la defensa, el tribunal de garantía no cumplió su función esencial de fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable. Las siguientes son las acusaciones formuladas respecto de la jueza Urbina Salazar:

- No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.

- No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.

- No preguntó si se le respetó su derecho a guardar silencio.

- No preguntó si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

- No preguntó si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.

En el recurso se pidió a la Corte Suprema escuchar la grabación de la audiencia de formalización y así constatar que para vergüenza del Poder Judicial , la jueza de garantía no sólo le niega a Elena Varela, la oportunidad de expresarse después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal , sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente cuando, al pedirle la anuencia para aceptar a su defensora, Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida.
Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que "no discutiera la legalidad de la detención."

3 de julio de 2008
1 de julio de 2008
cc piensaChile

querella contra periodistas de la dina

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Familiares y abogados buscan que la justicia establezca su responsabilidad penal.La querella fue interpuesta en contra de los periodistas Claudio Sánchez Venegas, Julio López Blanco, Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. Por el grado de responsabilidad penal que les pueda corresponder en los delitos de homicidio calificado, torturas y asociación ilícita genocida, los familiares de los seis izquierdistas asesinados en Villa Grimaldi el 18 de noviembre de 1975 (hecho encubierto con un falso enfrentamiento en Rinconada de Maipú) se querellaron en contra de cinco periodistas de los canales 7 y 13 de televisión, donde trabajaban en esa fecha.
La querella patrocinada por el abogado Hugo Gutiérrez afecta a Claudio Sánchez Venegas, Julio López Blanco, Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán. El primero se desempeñaba entonces en Canal 13 y el resto en Televisión Nacional.
En el escrito se solicitó al ministro Alejandro Solís -que instruye el proceso por Rinconada- que interrogue a los cinco querellados en calidad de inculpados.
Hasta ahora en la causa sólo han declarado López y Araya, sin embargo el primero se excusó en sus dichos procesales de cualquier responsabilidad.
Pero al declarar en la investigación realizada por la fiscal Doris Jiménez para el Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas, López admitió que no confirmó la información oficial que le fue entregada por la DINA y que concurrió al lugar de Rinconada junto a Roberto Araya, luego de que agentes de la DINA los pasaron a buscar al canal para llevarlos donde debía filmar el falso enfrentamiento.
Sánchez por su parte aparece en un video que existiría hasta hoy en Canal 13, informando en vivo sobre el mismo montaje.
El video de TVN también muestra a López y Araya comunicando que las víctimas murieron enfrentados a tiros con agentes, y entregando además una serie de detalles para avalar su información, según los datos que les habían sido aportados previamente por el organismo de inteligencia que comandada Manuel Contreras y el dictador Augusto Pinochet.
Los abogados querellantes, entre los que también está Rubén Jerez, sostienen la tesis de que Rinconada no es un hecho aislado en cuanto a la colusión de periodistas con los órganos de seguridad, sino que algunos de ellos trabajaron coordinados con los agentes, o formando parte de la estructura represiva. Al menos así lo reconoció Araya ante la fiscal Jiménez en la indagatoria del Tribunal de Ética.
La acción penal fue interpuesta por Ofelia Moreno, Ester Torres y Aníbal Rodríguez, todos familiares de las víctimas.
Ester Torres relató ayer que fue testigo en Villa Grimaldi la noche en que asesinaron a sus familiares "escuché sus gritos, porque antes de matarlos les tiraron aceite hirviendo. También oí cuando Mónica (Pacheco) les gritaba que no le hicieran daño porque estaba embarazada".
Otros ex prisioneros que han declarado en el proceso también afirman haber sido testigos de los gritos en aquella noche de horror de Villa Grimaldi.
El Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas sancionó a los cinco querellados con expulsión (Araya) y suspensión temporal de la colegiatura y censura pública para los otros cuatro.

Las Seis Víctimas
Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres, militaban en el Partido Comunista y el MIR.
Testigo presencial del estado de los cuerpos de los prisioneros cuando permanecían en la morgue, fue el sacerdote jesuita José Aldunate. Además de las quemaduras y perforaciones de bala, este pudo comprobar que a Catalina Gallardo le faltaban los ojos.

3 de julio de 2008
©la nación

a la cidh caso de elena varela

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Recurren a Corte Interamericana de Derechos Humanos por caso Elena Varela. Con las firmas de personalidades como Faride Zerán, Orlando Lübbert, Ignacio Agüero y Pedro Chaskel, una serie de organizaciones pidieron medidas cautelares para resguardar a la detenida documentalista y su obra incautada.

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Santiago, Chile. Una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor de la detenida documentalista Elena Varela presentó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales junto a la Asociación de Documentalistas de Chile y el Observatorio de los Derechos de Pueblos Indígenas.
La documentalista fue detenida el pasado 7 de mayo mientras realizaba su película ‘Newen Mapuche’, con recursos del Fondart. Fue acusada de ser la autora intelectual de un asalto supuestamente perpetrado por ex miristas en la VI Región, y actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua.
El recurso ante la CIDH alega que la incautación del material fílmico y detención de Elena Varela "produce un efecto inhibidor en los demás artistas, los que por temor a ser objeto de las mismas represalias se abstendrán de dar cuenta de cualquier información que pueda relacionarlos con el conflicto mapuche".
El texto señala que el operativo mismo de la detención, en el cual participaron 450 efectivos policiales, "demuestra que el real objetivo fue amedrentarla a ella y a su equipo, y dar la señal para todo quien decida realizar un documental sobre el pueblo mapuche, que será sospechoso de participar en actividades ilícitas".
Añaden su preocupación por el material incautado. "La información disponible se sabe que dicho material está en posesión de la Policía de Investigaciones y que la Ministra de Cultura habría encargado su copia. Ello sin embargo, es una medida parcial que no asegura la integridad de la información incautada y menos la protección de las fuentes. Asimismo se desconoce el tiempo en que dicha información estará en manos de las autoridades, negando a su autora cualquier conocimiento y acercamiento a la misma", precisa.
Entre los firmantes figuran además Faride Zerán, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Orlando Lübbert, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, y destacados documentalistas como Ignacio Agüero y Pedro Chaskel.

3 de julio de 2008
©la nación